Capítulo I hacia un concepto de política criminal, bajo el marco del Estado social y democrático de Derecho



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Los nuevos procesos penales…, op.cit., pp.31 y ss; y ARMENTA DEU, T., El nuevo proceso abreviado…, op.cit., pp.29 y ss.

941 En este sentido señalan MIRANDA ESTRAMPES, M. y HERNÁNDEZ GARCÍA, J., en AA.VV., La reforma del Proceso Penal, op.cit., p.28 que «ni la Exposición de Motivos de la Ley 38/2002, ni el contenido de los debates parlamentarios permiten identificar, con claridad, las razones que han llevado al legislador a la reforma del llamado procedimiento abreviado general, cuando, además, el resultado regulativo ni introduce grandes novedades ni tampoco mejora de manera sensible la regulación anterior».

942 En este sentido, RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’…, op.cit., pp.1455-1457, señala que las Leyes orgánica 8/2002 y ordinaria 38/2002, ambas de 24 de octubre, es una nueva muestra de lo que se puede calificar de «la técnica legislativa del ‘parcheo normativo’ en el marco del llamado ‘Pacto de Estado sobre la Justicia’, mientras seguimos a la espera de ver cumplido el compromiso de la promulgación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (…) Por tanto, tal y como se denunciara con ocasión de la instauración en 1988 del procedimiento abreviado, parece que sigue sin existir una política legislativa clara que primeramente reflexione sobre qué fines desea obtener y cuál es su objetivo, y que luego busque los medios o luego lleve a cabo la reforma pensando en dicho objetivo».

943 Así lo dice textualmente la Exposición de Motivos de la Ley 38/2002. Para un resumen de los aspectos novedosos incorporados por la Ley 38/2002, con el fin de superar los problemas que hicieron fracasar la legislación precedente en materia de juicios rápidos, vid los comentarios de FUENTES SORIANO, O., La investigación por el Fiscal en el proceso penal…, op.cit., pp. 153-156.

944 Para un análisis detallado de los juicios rápidos, vid, de entre otros, GIMENO SENDRA, V. (con LÓPEZ COIG, J.C.), Los nuevos Juicios rápidos y de faltas, op.cit..

945 Vid la crítica que hace FLORES PRADA, I., Los nuevos procesos penales…, op.cit., pp.20-24. En este sentido, señala RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’…, op.cit., p.1458 (nota 9), que «los comentarios negativos a esta reforma han sido y siguen siendo numerosos; así por ejemplo, un mes antes de su entrada en vigor la Junta General de la Fiscalía de Madrid ha tildado la reforma de innecesaria e irreal, que tiene déficits, que está abocada al fracaso al no existir medios para aplicarla, que es inconstitucional por concentrar en el Juez de Guardia funciones de instrucción y enjuiciamiento, como sucede cuando tenga que dictar sentencias de conformidad, etc., críticas que han derivado en que la Fiscalía General del Estado haya abierto diligencias informativas al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid». Anótese que ello, por otro lado, sirve para reforzar el argumento sostenido en el capítulo anterior de que la política de gobierno ni siempre coincide con la política criminal del Estado y, por tanto, demuestra que la tesis de la vinculación del MP al poder Ejecutivo, como órgano ejecutor de la política del Estado no atiende a la necesidad de potenciación de la independencia de este órgano, frente a las iniciativas manifiestamente populistas adoptadas en ocasiones por los gobernantes de turno.

946 En este sentido, advierte FLORES PRADA, I., Los nuevos procesos penales…, op.cit., pp. 22-23 que «hasta la saciedad se ha repetido que las soluciones parciales y urgentes no solventan la raíz del problema sino algunos de sus síntomas, y que han terminado por dibujar un panorama fragmentario, ineficaz, confuso y desordenado, en el que conviven muy distintos modelos de proceso penal, deudores en buena medida de los impulsos sucesivos y descoordinados del legislador». Por ello, concluye diciendo que «con estos antecedentes es lógico que la nueva reforma provoque un cierto escepticismo. La impresión de que el juicio rápido tiene más que ver con una operación de maquillaje que con una modificación rigurosa desde el punto de vista técnico-jurídico toma cuerpo, como decimos, desde el mismo planteamiento de la reforma, cuando se observa que el legislador, posponiendo la modernización procesal completa y aparcando problemas básicos de la justicia penal, propone por enésima vez una reforma provisional, limita su objetivo a la celeridad, la aplica únicamente en la respuesta procesal ante la pequeña delincuencia, mantiene en lo esencial el fracasado esquema de los juicios rápidos, y no garantiza suficientemente las dotaciones materiales y personales necesarias para que el juicio rápido cuaje y se consolide en el futuro».

947 En FLORES PRADA, I., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p.19.

948 En este sentido, vid FLORES PRADA, I., Los nuevos procesos penales…, op.cit., pp. 25-31. También RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’…, op.cit., pp. 1457-1458, adhiere a las razones que fundamentan la crítica a las últimas reformas, advirtiendo que «a pesar de que la Administración de Justicia se percibe negativamente con grandes carencias por el conjunto de la población, lo que genera una permanente e inquieta demanda popular que exige de modo inmediato una Justicia distinta, que sea honesta, transparente, independiente, comprometida, técnicamente competente, rápida, funcional, garantizadora de los derechos que los ciudadanos tienen reconocidos al más alto nivel, ello no empiece para que en ella depositen todas las esperanzas como última garantía del Estado de Derecho. Por ello, el primer objetivo a alcanzar es recobrar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, lo que intenta lograrse con el compendio de una serie de deseos bienintencionados como los contenidos en la “Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia”, dirigida fundamentalmente a proteger a los más desfavorecidos – víctimas de los delitos, sobre todo en los supuestos de violencia doméstica o de género, menores de edad, discapacitados y extranjeros inmigrantes –, o con medidas legislativas específicas como la que estamos comentando. A este respecto, es criticable que la justificación de esta reforma del procedimiento abreviado y los juicios rápidos pivote en pro del logro de la seguridad ciudadana, puesto que no debe ser la impotencia del Ejecutivo para garantizar ese derecho de los ciudadanos la que mueva a variar trámites, recortar plazos, modificar competencias…, sino el conseguir la efectividad del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Estamos, en definitiva, ante la enésima encarnación del dudoso paradigma deprisa, deprisa en materia de justicia penal, que una vez más identifica con atenuación de las garantías y ampliación del papel reservado a la policía en el proceso».

949 Para un estudio detallado de las condiciones para que se produzca el acuerdo de enjuiciamiento inmediato, con base en el art. 779.1.5ª LECrim, vid, de entre otros, MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., pp. 114-120; FUENTES SORIANO, O., La investigación por el Fiscal en el proceso penal…, op.cit., pp.122-129;

950 RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’ …, op.cit., p. 1479 (nota 76), señala que «incluso después de la reforma de la Ley 38/2002 pervive la disputa doctrinal acerca de si el ‘reconocimiento de hechos’ que antes se regulaba en el art. 789.5.5ª L.E.Cr., y ahora en el art. 779.1.5ª L.E.Cr., es uno más de los supuestos de conformidad, esto es, una ‘conformidad con los hechos’ como la calificó la Circular 1/1989, de 8 de marzo, de la Fiscalía General del Estado». Pero, según enseña ARMENTA DEU, T., El nuevo proceso abreviado…, op.cit., pp. 97-98, «el reconocimiento de hechos constituye un supuesto de enjuiciamiento rápido que se inicia, sin embargo, en el seno de un proceso abreviado. En tal sentido constituye un supuesto extravagante de enjuiciamiento rápido». Tratase, por tanto, de una figura peculiar, que no es un caso de conformidad, sino un presupuesto específico para que ésta pueda darse, si concurren los demás requisitos. Pero tampoco es un caso asimilable a otras formas de poner fin anticipadamente al proceso.

951 Señala FUENTES SORIANO, O., La investigación por el Fiscal en el proceso penal…, op.cit., p. 123, que «se trata, pues, de una manifestación del espíritu de celeridad que la reforma de 2002 quiso imprimir al procedimiento abreviado y a los denominados “juicios rápidos”». En el mismo sentido, señala MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 115 que el sentido de la norma es precisamente poner fin al proceso en cuanto fuera posible.

952 Según demuestra ARMENTA DEU, T., El nuevo proceso abreviado…, op.cit., p. 98, la principal ventaja de esta figura consiste en «que el imputado pueda disfrutar de las ventajas del enjuiciamiento rápido, singularmente de la conformidad incentivada, en aquellos casos en que por diferentes motivos ajenos a su voluntad (cualquiera de los que teóricamente tienen cabida en el tenor literal del art. 798.1.2º LECrim) se lo ha impedido la dinámica procesal (se han solicitado muchas diligencias, por ejemplo); lo que equivale a ofrecer un trato igualitario a quienes se ven sometidos a un proceso abreviado pudiendo haberlo estado a un enjuiciamiento rápido, abriendo así otro cauce de acceso a la resolución acelerada ante el propio Juez de Instrucción, aun cuando se hubiera rechazado de inicio. Piénsese que si concurren los presupuestos del art. 801 LECrim, sólo circunstancias específicas, singularmente la insuficiencia de las diligencias practicadas (art. 798.1.2º LECrim), habrán derivado hacia la tramitación del proceso abreviado».

953 Al respecto, advierte MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 115 que el mayor problema del temprano reconocimiento de los hechos consiste en la eventualidad de que se pueda «cerrar en falso» la instrucción de la causa. Por tanto, «un reconocimiento prematuro podría dificultar ulteriores instrucciones, empañadas o definitivamente ocultas bajo el manto de la previa sentencia dictada de conformidad por el reconocimiento de los hechos que aparecían en el comienzo de las actuaciones».

954 En MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 118. Por tanto, de ello deriva, conforme señala el autor, la necesidad de calificación previa de los hechos, pues su reconocimiento sólo producirá efectos si constituye delito castigado dentro del límite penológico de tres años. Anótese que se refiere a la pena en abstracto, pues, como advierte el autor, durante las diligencias previas, no se ha formulado acusación alguna, ni se ha pedido pena. Por tanto, conforme señala el autor «el desencadenamiento de las previsiones del art. 779.1.5ª debe hacerse a base de la pena que pudiera corresponder en abstracto al delito – prisión de hasta tres años, pena de distinta naturaleza de hasta diez años o multa – en el que encajen los hechos investigados».

955 Vid FLORES PRADA, I., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 29.

956 En este sentido, vid FUENTES SORIANO, O., La investigación por el Fiscal en el proceso penal…, op.cit., p.260.

957 En FLORES PRADA, I., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p.46.

958 En este sentido, MIRA ROS, C., Régimen actual de la conformidad (Incidencia de la LO 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, y de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el nuevo Código Penal), Colex, 1998, Madrid, pp. 197-198, advierte que «ciertamente, si se parte de un concepto estricto del principio de oportunidad, en contraposición al principio de legalidad retributiva, la conformidad, en la medida en que, ni evita de raíz la persecución penal, ni faculta al Ministerio Fiscal para prescindir, en determinados supuestos, de la formulación de la acusación, habría de permanecer, desde una perspectiva formal, alejada de dicha consideración. (…) No obstante estas consideraciones y la vigencia del principio de legalidad, lo cierto es que la conformidad ha venido consagrándose, desde su regulación originaria, como una “manifestación lícita” del principio de oportunidad». Pero, «con mayor rigor, la conformidad de los arts. 655 y 688 LECrim vendría a excepcionar, no tanto el carácter obligatorio de la acción penal, formalmente ejercitada, cuanto aquella otra garantía jurisdiccional que, incluida dentro de la formulación genérica del principio de legalidad e impeditiva, como la ha descrito GÓMEZ COLOMER, de la imposición de penas sin el seguimiento del proceso penal legalmente establecido (art. 1 LECrim)».

959 En este sentido, comenta RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’…, op.cit., pp. 1470-1471, que «la conformidad ha existido en nuestro sistema de enjuiciamiento criminal desde 1882 (arts. 655 y 688 y ss. LECrim), siendo revitalizada con motivo del diseño del procedimiento abreviado en la reforma de 1988, con la clara influencia de las declaraciones de culpabilidad del Derecho anglosajón (pleas of guilty), para cuya consecución se entablan negociaciones entre acusación y defensa (plea bargainning system); de esta forma, en la regulación de la conformidad del imputado en el procedimiento abreviado hay una voluntad de implantar la negociación, al establecerse oportunidades legales para el acuerdo, el pacto, el consenso, para la disponibilidad, con el fin último de potenciar el principio de economía procesal evitando la fase costosa y dilatoria del juicio oral. También en este sentido, vid MIRA ROS, C., Régimen actual de la conformidad…, op.cit., p. 199.

960 Vid GIMENO SENDRA, V., y LÓPEZ COIG, J.C., Los nuevos juicios rápidos y de faltas…, op.cit., pp. 214-215.

961 Al respecto, observa MIRA ROS, C. Régimen actual de la conformidad…, op.cit., p. 202 que «la aproximación de las nuevas conformidades a los sistemas de negociación de la justicia no ha tenido una unánime acogida. Sea suficiente con señalar manifestado por ORTELLS RAMOS ante el riesgo de que esta especie de “estajanovismo procesal-penal acabe por generar un ambiente constrictivo hacia la conformidad, de manera que ésta se halle continuamente rozando el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable” (art. 24.2 CE), así como el peligro, como expresa CALVO SÁNCHEZ, de que la conformidad, sobre todo cuando sea negociada, pueda ser forzada mediante la amenaza de sostener una acusación más grave, con el peligro que ello comporta en relación con los acusados inocentes».

962 Vid ALMAGRO NOSETE, El nuevo proceso penal, op.cit., pp. 143-144. Observa el autor que la conformidad, tal cual se encuentra regulada en los artículos 655 y 688 ss. LECrim, debería desaparecer, pues, al margen de no aportar ningún beneficio, implica a la postre la merma de garantías, sobre todo en lo que corresponde al derecho del imputado a un juicio completo y con todas las garantías no aporta ningún beneficio El autor sostiene la eliminación del instituto.

963 En este sentido, vid GIMENO SENDRA, V., y LÓPEZ COIG, J.C., Los nuevos juicios rápidos y de faltas…, op.cit., p.214.

964 En ARMENTA DEU, T., El nuevo proceso abreviado…, op.cit., p.129.

965 Así lo dice textualmente la STS de 24 de mayo de 2000: «la jurisprudencia de esta Sala ha venido interpretando la conformidad como una forma de terminación anormal del proceso, reconociendo un cierto carácter de disponibilidad del objeto del proceso que se ha visto ampliando al admitirse en el proceso penal la posibilidad de negociación entre acusación y defensa, evitando la celebración del juicio oral». En este sentido, SUBIJANA ZUNZUNEGUI, I. J., Los derechos de las víctimas…, op.cit., p. ¿??, señala que «en la Ley de Enjuiciamiento Criminal el único atisbo existente sobre la presencia de un cierto poder de disposición de las partes sobre la respuesta al hecho criminal viene constituido por la conformidad». ALMAGRO NOSETE, J., El nuevo proceso penal, op.cit., p.151, señala al respecto que su introducción en el sistema procesal penal español deriva de la Recomendación R (87), «(...) que aconseja a los Estados miembros, de conformidad con su constitución, la revisión de su legislación teniendo en cuenta las facultades que corresponden al ministerio fiscal “para que puedan transigir los asuntos penales”».

966 Al respecto, enseña DELMAS-MARTY, M., El proceso penal de Europa…, op.cit., pp.88-89, que «en la práctica se distinguen dos grandes tipos de negociación según que la víctima participe o no en el procedimiento. En el primer caso, se trata de una mediación, y por lo tanto de un verdadero mecanismo de reconciliación entre las personas implicadas en el asunto (…). La segunda forma es diferente, pues se corresponde con una negociación entre la acusación y la defensa, a veces directa (sobreseimiento bajo condición por el Ministerio Fiscal en derecho alemán, «plea bargaining» angloamericana), a veces controlada por el juez («patteggiamento» italiano o «correctionnalisation judiciaire» a la francesa – calificación como delito menos grave). El punto común con la mediación radica en que el descubrimiento de la verdad ya no es el objetivo primordial, pues ciertos procedimientos implican incluso el abandono de una parte de los elementos de prueba. (…) Lo mismo sucede con la mediación, en la que lo esencial no es la obtención de la verdad, sino la reconciliación, en su doble componente de perdón de la víctima y de resocialización del delincuente. En suma se trata de privilegiar la paz social, aunque el deseo de «desbloquear un sistema tradicionalmente caracterizado por la lentitud del proceso» no sea extraño a ciertas negociaciones».

967 En MIRA ROS, C., Régimen actual de la conformidad…, op.cit., p.200. Asimismo, señala la autora que «idéntica filosofía late en la introducción del patteggiamento italiano por el art. 444 del nuevo Código de Proceso Penal, entrado en vigor el 22 de septiembre de 1989, pues como pone de relieve CORBI y GAMBINI MUSSO, “al lado de la obligatoriedad de la acción penal, de la cual el Ministerio Fiscal no puede sustraerse existe un aspecto de discrecionalidad o, cuando menos, de valoración no rígida y al margen de un automatismo impuesto por la Ley, que se concreta en la elección del tipo de acusación susceptible de ser elevada al Juez”».

968 En este sentido, vid RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’…, op.cit., p. 1465.

969 En MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 127.

970 A este respecto, enseña MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 126, que, «cuando la conformidad se manifiesta en el escrito de defensa es una expresión de la conformidad espontánea, pues motu proprio el acusado se adhiere o acepta la calificación más grave, una suerte de allanamiento en la definición de ALCALÁ-ZAMORA, sin necesidad ni previsión de que previamente haya existido contacto o negociación con la acusación.

971 A este respecto, señala RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’…, op.cit., p. 1483, que «se deja bien claro lo que se desea: que la conformidad tenga lugar cuanto antes, que no se produzcan actuaciones innecesarias, que no haya ningún momento entre las calificaciones de las partes y el inicio de las sesiones del juicio oral con su lectura por parte del Secretario Judicial en el que no pueda ser presentado el escrito conjunto de las partes».

972 Vid RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’…, op.cit., pp.1481-1484. Advierte este autor, op.cit., p. 1483, que «en última instancia, y pese a que el legislador no concreta el contenido que debe tener el nuevo escrito de calificación, en el mismo no se pueden obviar las calificaciones que – en su caso – hayan podido hacer las diferentes acusaciones, o dicho de otro modo, consideramos que lo único que se puede hacer es plasmar en un único escrito – firmado por todas las partes – la voluntad del acusado de conformarse con la pena más grave de las pedidas por las acusaciones en sus respectivos escritos». Sobre el problema de la validez del escrito conjunto de acusación, advierte MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 127, que « el escrito debe contener desde luego la firma – la anuencia – de la acusación o de las acusaciones que hubieran pedido en su escrito una pena superior a la que figure en la nueva calificación conjunta, pero si alguna de las acusaciones hubiera solicitado una pena inferior a la conformada la falta de su firma en el nuevo escrito de calificación no invalidará éste, pues su inicial petición no había llegado a la pena con la que finalmente se conforma el acusado».

973 En MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 127.

974 A este respecto, señala MORENO CATENA, V., Los nuevos procesos penales…, op.cit., p. 128, que « en este momento, al inicio de las sesiones del juicio oral, es decir, cuando ya están en la sede judicial los testigos y peritos llamados al juicio, así como todas las partes del proceso, se produce una gran insatisfacción colectiva. Con la anterior regulación – que no preveía la presentación del escrito conjunto después de haber formulado la acusación y antes del juicio oral – era éste el momento en que habitualmente se producía la conformidad, con la consiguiente distorsión en el curso del proceso y el fundado reproche al funcionamiento del sistema judicial, pues ya entonces se había producido la escenificación del juicio y todos los convocados se veían obligados a abandonar la audiencia sin haber tenido oportunidad de intervenir; la perdida de tiempo y de expectativas era palmaria, de modo que se propugnaba un adelantamiento de esta conformidad para evitar tales perniciosos efectos. De elle se ha hecho eco la ley 38/2002, aun que se sigue autorizando que la conformidad se manifieste también en ese último momento, evitando la incertidumbre del resultado de las pruebas y de la decisión judicial».

975 Vid RODRÍGUEZ GARCÍA, N., Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’…, op.cit., p. 1488. Concluye el autor que «de no ser así, es difícil entender cómo a unos mismos hechos, sobre los cuales sólo se ha propuesto prueba pero no se ha practicado, pueden seguirle alternativas calificaciones, y menos que la modificación se plasma en un escrito de acusación ‘de complemento’, que lógicamente ya no va a tener que contener dos de las menciones esenciales marcadas por el art. 781.1 L.E.Cr.,».Señala el autor (nota 87) que «la propia Fiscalía General del Estado, en la Circular 1/1989, no oculta sus intenciones: ‘La Ley prevé aquí una nueva oportunidad para el acuerdo entre el Fiscal y la defensa…autorizando… a suavizar las peticiones de forma que sean más aceptables para el acusado…La sensibilidad y habilidad de los Sres. Fiscales debe ser utilizada para agotar al máximo el cumplimiento del espíritu de la ley, especialmente en los delitos de menor entidad, adoptando posiciones estratégicas en el proceso que fomenten la conformidad de los acusados y eviten la carga procesal de la celebración del juicio’».
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