Capítulo I hacia un concepto de política criminal, bajo el marco del Estado social y democrático de Derecho



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MORAL GARCÍA, A. DEL., 2002, Ministerio Fiscal y reforma de la justicia, en Jueces para la Democracia, marzo, nº 43, pp. 19-27.
MORENO CATENA, V., 1989, Algunos problemas del Derecho de Defensa, en AA.VV., La reforma del Proceso Penal. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León, Ministerio de Justicia, Madrid, pp.449 y ss.
___ 1997, MORENO CATENA, V., Las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal y el derecho de defensa, en AA.VV, Ministerio Fiscal, Estudios Jurídicos, VI, Servicio de Publicaciones de la Facultad Complutense de Madrid, Madrid, pp. 211-233.
___ 2000, Competencia y partes en el proceso penal español, en AA.VV., El proceso penal – Sistema Penal y Derechos Humanos, ZAFFARONI, E. R. (coord.), Porrúa, Argentina, pp. 25-104.
___ 2002, El papel del Ministerio Fiscal en el Estado democrático de derecho, en Cuadernos de Derecho Público, nº. 16, mayo-agosto, pp. 139-165.
___ 2002, El proceso penal español. Algunas alternativas para la reforma, en AA.VV., Sistemas penales europeos, CGPJ, Madrid, pp.15-62.
___ 2004, Algunas notas sobre la instrucción en el proceso penal y en el juicio por jurados, en AA.VV, La Ley del Jurado: problemas de aplicación práctica, Estudios de Derecho Judicial, n.º 45, CGPJ, Madrid, pp.23-57.
___ 2004, Los nuevos procesos penales (I) El procedimiento abreviado, Tirant lo blanch reformas, Valencia.
___ y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., 2004, Derecho procesal penal, Tirant lo blanch, Valencia.
___ 2006, El papel del juez y del fiscal durante la investigación del delito, en AA.VV., Hacia un nuevo proceso penal, CARMONA RUANO, M. (dir.), CGPJ, 32-2005, Madrid, pp.57-93.
MUÑOZ CONDE, F.,1999, La búsqueda de la verdad en el proceso penal, en Revista de Derecho y Proceso Penal, n.º 1, Aranzadi, pp.63-97.
___ (y GARCÍA ARÁN, M.), 2000, Derecho Penal. Parte general. Tirant lo blanch, 4ª ed., Valencia.
NAVÁEZ RODRÍGUEZ, A., 1995, El Fiscal en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado: su intervención en la fase de instrucción: Algunas cuestiones prácticas suscitadas, AA.VV, El Tribunal del Jurado, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, pp. 321-341.
NEUMAN, E., 1986, El sistema penal y sus víctimas, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Universidad Complutense, junio, pp. 483-499.
NIGRO MAZZILLI, H., 1996, Regime Jurídico do Ministério Público, Saraiva, 3ª ed., São Paulo.
NOBILI, M., 1998, Un «quarto potere»?, en AA.VV., Recenti orientamenti in tema di Pubblico Ministero ed esercizio dell’azione penale, TIRELLI, M. (coord.), Giuffrè, Milano, pp.29-43.
O. DOMINIONI, 1984, Per un collegamento fra ministro della giustizia e pubblico ministero, en Pubblico Ministero e accusa penale – problemi e prospettive di reforma, AA.VV, Giustizia penale oggi, n.º4, CONSO, G. (dir.), pp. 44 y ss.
ORTELLS RAMOS, M., 1991, Correlación acusación sentencia: antiguas y nuevas orientaciones jurisprudenciales, en Justicia, n.º III, Bosch, Barcelona, pp.529-550
ORTIZ ÚRCULO, J.C., 2006, El principio de oportunidad: naturaleza, ámbito de aplicación y límites, en AA.VV., El proceso en el siglo XXI y soluciones alternativas, Aranzadi, Navarra, pp. 115-135.

PALAZZO, F., 1986, Linee evolutive della legislazione penale italiana nell’ultimo decennio, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Universidad Complutense, jun., pp.517-524.
PASTOR PRIETO, S., 1993, ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y Económica, Civitas, Madrid.
___ 1986, Derecho penal. Política criminal y economía. Un intento de generalización, en Revista de la Facultad de Derecho Universidad Complutense Estudios de Derecho penal en homenaje al Profesor Luis Jiménez de Asua, Universidad Complutense, junio, pp. 525-540.
PAUNER CHULVI, C.,1999, El Ministerio Fiscal y la fiscalía en Francia: el proyecto de reforma sobre su dependencia jerárquica, en Poder Judicial, n.º 55, pp.189-227.
PECES BARBA, G.,1980, Derechos Fundamentales, Latina Universitaria, Madrid.
PEDRAZ PENALVA, E., 1996, El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, en Poder Judicial, nº 43-44, 2ª/3ª época (II), pp. 225-250.
___ 2004, Acerca del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (L 38/2002, de 24 de octubre), en CHOCLÁN MONTALVO, J. A. (dir.), Las reformas procesales, n.º 58, CGPJ, pp.239-257.
PEPINO LIVIO, 2003, Breve aproximación al sistema procesal italiano, en Jueces para la Democracia nº 48, noviembre, pp.97-102.
PERDOMO TORRES, J. F., 2005, Los principios de legalidad y oportunidad. Fundamentos constitucionales y teórico-penales, y su regulación en el derecho procesal penal colombiano, Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
PISARELLO, G., 2001, Ferrajoli y los derechos fundamentales: ¿qué garantías?, en Jueces para la Democracia, nº 41, julio, pp. 3-10.
PIZZORUSSO, A., 1984, Per un collegamento fra organi costituzionali politici e pubblico ministero, en Pubblico Ministero e accusa penale – problemi e prospettive di reforma, AA.VV, Giustizia penale oggi, n.º4, CONSO, G. (dir.),, pp. 30-43.
POLAINO NAVARRETE, M., 2004, La reforma penal española de 2003, Tecnos, Madrid.
PORTILLA CONTRERAS, G., 2004, Fundamentos teóricos del Derecho penal y procesal-penal del enemigo, en Jueces para la Democracia, n.º 49, marzo, pp. 43-50.
PRITTWITZ, C., 2004, Derecho penal del enemigo: ¿análisis crítico o programa de Derecho penal?, en AA.VV., La política criminal en Europa, MIR PUIG, S. y CORCOY BIDASOLO, M., (dir.), Atelier, Barcelona, pp. 107-119.
PUENTE SEGURA, L., 1994, La conformidad en el proceso penal español, Colex, Madrid.
QUEIROZ, P. (y PINHO, A. C.), 2004, Tentativa e os princípios da ofensividade e proporcionalidade: uma necesaria aproximaçāo, en IBCCRIM, n.º 134, pp. 10-12.
QUEREJETA CASARES, L. M., 2000, Las víctimas y los daños personales derivados del ilícito penal, en AA.VV., Las víctimas en el Proceso Penal, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1ª ed., Vitoria-Gasteiz, pp. 57-74.
REBÊLO, J.H.G., 2000, Principio da insignificância: Interpretaçāo jurisprudencial, Del Rey, Belo Horizonte, pp. 29 y ss.
REYNA ALFARO, L.M., 2003, Derecho penal, ética y fidelidad al derecho: estudio sobre las relaciones entre el derecho y moral en el funcionalismo sistémico de Günther Jakobs, en Cuadernos de política criminal, n.º 81, Instituto universitario de criminología, Universidad Complutense de Madrid, pp.613-629.
REVILLA GONZÁLEZ, J. A., 2007, La mediación penal, en AA.VV., Mediación y solución de conflictos. Habilidades para una necesidad emergente, SOLETO, H.M. y OTERO, M.P., (coord.), Tecnos, Madrid, pp.301-317.
RIVERA BEIRAS, I., 2004, Forma-Estado, mercado de trabajo y sistema penal («nuevas» racionalidades punitivas y posibles escenarios penales), en AA.VV., Mitologías y discursos sobre el castigo. Historia del presente y posibles escenarios, RIVERA BEIRAS, I. (coord.), Anthropos y OSPDH, Barcelona, pp. 287-326.

___ 2005, Principios orientadores del constitucionalismo social, en AA.VV., Política criminal y sistema penal. Viejas y nuevas racionalidades punitivas, RIVERA BEIRAS, I., (coord.), Anthropos, Barcelona, pp. 157-286.


RIZZO, B. (y PODVAL, R.,) A (des)figuração dos papéis constitucionais dos personagens do processo penal, en AA.VV., Estudios de Derecho penal en homenaje al Profesor Luis Jiménez de Asua, Revista de la Facultad de Derecho Universidad Complutense, junio, 1986, Madrid, pp.1435-1454.
RODRÍGUEZ GARCÍA, N., 1997, El consenso en el proceso penal español, Bosch, Barcelona.
___ y CONTRERAS ALFARO, L. H., 2005, Criterios de flexibilización en el ejercicio y sostenimiento de la acción penal. Notas en torno al principio de oportunidad como instrumento de política criminal, en Diario La Ley nº 6255, 18 mayo, Ref.º D-117, pp.1-26.
___ 2003, Análisis de la nueva regulación del ‘principio del consenso’ en el procedimiento penal abreviado español, en AA.VV., Liber discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, DA COSTA ANDRADE, M., et.al., (org.), Ed. Coimbra, Coimbra, pp.1455-1500.
ROXIN, C., 2000, La evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso penal, Tirant lo Blanch, Valencia.
__ 2004, La ciencia del Derecho penal ante las tareas del futuro, en AA.VV., La ciencia del Derecho penal ante el nuevo milenio, MUÑOZ CONDE, F., (coord.), Valencia, pp.389-421.
___ 2000, Derecho procesal penal, (trad. de Gabriela E.Córdoba y Daniel R. Pastor- revisada por Julio B. J. Maier), Del Puerto, Buenos Aires.
RUIZ VADILLO, E., 1988, La actuación del Ministerio Fiscal en el proceso penal, en Poder Judicial, n.º especial II, pp.53-89.
___ 1989, El principio de oportunidad reglada, en AA.VV., La reforma del Proceso penal. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León, Ministerio de Justicia, Madrid, pp.387-406.
___ 1997, El derecho penal sustantivo y el proceso penal. Garantías constitucionales básicas en la realización de la Justicia, Colex, Madrid.
SÁEZ VALCÁRCEL, R., 2006, La mediación reparadora en el proceso penal. Reflexión a partir de una experiencia, en AA.VV., Alternativas a la judicialización de los conflictos: la mediación, SÁEZ VALCÁRCEL, R. y ORTUÑO MUÑOZ, P. (dir.), CGPJ, Madrid, pp.37-85.
SAINZ MORENO, F., 1985, El Ministerio Fiscal y la defensa de la legalidad, en Revista de Administración Pública, n.º 108, Septiembre-Diciembre, pp. 149-183.
SASTRE, A. S., 2000, Derecho y garantías, en Jueces para la Democracia, n.º 38, julio, pp. 47-55.
SCHÜNEMANN, B., 2002, ¿Crisis del procedimiento penal? (¿marcha triunfal del procedimiento penal americano en el mundo?, en SCHÜNEMANN, B., Temas actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio, Tecnos, 2002, Madrid, pp. 288-302.
SENDRA, VICENTE GIMENO/ VÍCTOR MORENO CATENA, VALENTÍN/ C. DOMINGUEZ, 1999, Derecho Procesal Penal, Colex, 3ª ed., Madrid.
SERRANO GÓMEZ, A., 1986, Política criminal y evolución de la delincuencia en España (1975-1984), en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Estudios de Derecho penal en homenaje al Profesor Luis Jiménez de Asúa, Universidad Complutense, junio, pp.615-626.
SILVA SÁNCHEZ, J.M., 2001, La expansión del Derecho penal – Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, Civitas, 2ª ed., revisada y ampliada, Madrid.
____ 2001, La consideración del comportamiento de la victima en la teoría jurídica del delito –Observaciones doctrinales y jurisprudenciales sobre la “victimo-dogmática”, en Revista Brasileira de Ciencias Criminais, n.º 34, abril/junio, pp.163-194.

SOUZA SANTOS, B., (dir.), 2002, As reformas processuais e a criminalidade na década de 90, (informe), en Observatorio Permanente de la Justicia Portuguesa, www.opj.ces.uc.pt.
SUANZES PÉREZ, F., La justicia restaurativa: normativa actual en el ámbito de la jurisdicción de menores, en AA.VV., El proceso en el siglo XXI y soluciones alternativas, pp.137-156.
TINOCO PASTRANA, A., 1997, Limitaciones al principio de legalidad en el proceso penal, en Cuadernos de Política criminal, nº 63, Edersa, Madrid, pp.711-730.
TOMÉ GARCÍA, J. A., 2006, El estatuto de la víctima en el proceso penal según la decisión marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001 y su incorporación en el ordenamiento español, en AA.VV., El Derecho Procesal penal en la Unión Europea – tendencias actuales y perspectivas de futuro, Colex, Madrid, pp.259-295.
TURONE, G., 1994, Riflessioni in tema di separazione delle carriere inquirente e giudicante, en Questione Giustizia, n.º 2-3, FrancoAngeli, pp. 281-287.
VARELA CASTRO, L.,1989, La investigación en el proceso penal. Ministerio Fiscal y Juez “para” la instrucción, en AAVV, La reforma del proceso penal, II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León, Ministerio de Justicia, Madrid, pp. 947-957.
VARONA MARTÍNEZ, G., 2000, Justicia criminal a través de procesos de mediación: una introducción, en AA.VV., Las víctimas en el Proceso penal, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1ª ed., Vitoria-Gasteiz, pp. 37-54.
VÁZQUEZ SOTELO, J. L., 1984, El principio acusatorio y su reflejo en el proceso penal español, en Revista Jurídica de Catalunya, n.º 2, Barcelona, pp. 93-135.
VICOLI, D., 2003, Scelte del Pubblico Ministero nella trattazione delle notizie di reato e art. 112 Cost.: un tentativo di razionalizzazione, en Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale, n.º 1-2, jan./jun., Giuffrè, Milano, pp.251-293.
VIVES ANTÓN, T. S., 1988, Doctrina constitucional y reforma del proceso penal, en Poder Judicial, nº especial II, pp. 93-128.
___ 1992, La reforma del proceso penal. Comentarios a la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, Tirant lo blanch, Valencia.
VON HIRSCH, A., 1998, Censurar y castigar, LARRAURI, E. (trad.), Trotta, Madrid.
WACQUANT L., 2000, Las cárceles de la miseria, Alianza, Madrid.
LLANES SUÁREZ, J. P., 2006, El estatuto de la víctima: aspectos esenciales en AA.VV., Hacia un nuevo proceso penal, CARMONA RUANO, M. (dir.), CGPJ, n.º 32, Madrid, pp. 179-199.
YOUNG. J., 2003, La sociedad “excluyente”. Exclusión social, delito y diferencia en la Modernidad tardía, BERGALLI, R. (trad.), Marcial Pons, Madrid.
ZAFFARONI, E., 1997, Globalización y sistema penal en América Latina: de la seguridad nacional a la urbana, en Revista Brasileira de Ciencias Criminales, nº 20, octubre-diciembre, RT, São Paulo, pp.13-23.
ZAGREBELSKY, V., 1994, Stabilire le priorità nell’esercizio obligatorio della azione penale, en Il Pubblico Ministero oggi, n.º 18, Giuffrè, Milano, pp. 101-118.
___ 1984, Indipendenza del pubblico ministero e obbligatorietà dell’azzione penale, en AA.VV., Pubblico Ministero e accusa penale – problemi e prospettive di reforma, CONSO, G. (dir.), Giustizia penale oggi n.º4, pp. 3-29.
ZANOIDE DE MORAES, M., 2006, Política criminal, Constituição e Processo penal: razões da caminhada brasileira para a institucionalização do caos, en Arquivos do Ministério da Justiça, n.º 190, jul./dez., Ministério da Justiça, Brasília, pp. 183 y ss.
ZYSMAN QUIRÓS, D., 2005, La crisis del welfare y sus repercusiones en la cultura política anglosajona, en AA.VV., Política Criminal y Sistema Penal: Viejas y nuevas racionalidades punitivas, RIVERA BEIRAS, I. (coord.), Anthropos, Barcelona, pp. 255-286.
___ 2004, El castigo penal en EE.UU. Teorías, discursos y racionalidades punitivas del presente, en AA.VV., Mitologías y discursos sobre el castigo. Historia del presente y posibles escenarios, RIVERA BEIRAS, I., (coord.), Anthropos y OSPDH, Barcelona, pp. 251-285.
ZUBIJANA SUNZUNEGUI, I. J., Los derechos de las víctimas: su plasmación en el proceso penal, en Poder Judicial, n.º 54, 3ª época, 1999(II), pp. ¿?


1 Para una síntesis de esta posición, haciendo una crítica vehemente a la incorporación del principio de oportunidad en el ámbito en que opera el proceso penal español, sobre todo a la conformidad, vid, por todos, ARMENTA DEU, T., El proceso penal: nuevas tendencias, nuevos problemas, en Poder Judicial, n.º 41-42, 1996, CGPJ, pp. 60-68. Al final de su exposición, la autora concluye afirmando que «toda esta dinámica que se enmarca en tendencias comunes a las últimas reformas de ordenamientos procesales de nuestro ámbito jurídico-cultural más próximo (Alemania, Portugal, Itália) implican, no obstante, una notable reducción de garantías insitas en derechos fundamentales de los ciudadanos y consagradas en textos legales de indiscutible relevancia como los Derechos del hombre y del ciudadano, las diversas constituciones, etc. normas básicas todas ellas que deberían operar como limite mínimo a la hora de acometer cualquier reforma».

2 En este sentido, destacamos las palabras de ALMAGRO NOSETE, J., en AA.VV., El nuevo Proceso Penal, Estudios sobre la Ley orgánica 7/1988, Tirant lo blanch, 1989, Valencia, p.144: «A la hora de establecer el fundamento de la institución de la conformidad no se arguyen por los autores españoles razonamientos ético-jurídicos ni se tiene en cuenta la coherencia interna de los principios inspiradores del proceso penal; sólo se atienden criterios de utilidad que, desde luego, no son desdeñables, pero que en sí mismos son poco convincentes. Estos criterios de utilidad se resumen en un único fin: “descongestionar a los tribunales de un crecido contingente de causas sin verse obligado a un aumento de personal judicial y, por tanto, a recargar los presupuestos”. Esta frase recogida de Alcalá-Zamora refleja la función puramente utilitaria de la institución (...)».

3En este sentido, cfr. SHÜNEMANN, B. Temas actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio, Tecnos, 2002, Madrid, pp. 288-302.

4 En MORENO CATENA, V., El proceso penal español. Algunas alternativas para la reforma, en AA.VV., Sistemas Penales europeos, CGPJ, 2002, Madrid, pp. 15-16.

5 Vid PERDOMO TORRES, J. F., Los principios de legalidad y oportunidad – Fundamentos constitucionales y teórico-penales, y su regulación en el Derecho procesal penal colombiano, Universidad Externado de Colombia, Departamento de Derecho Penal y Criminología, 2005, Bogotá, pp.15-16. Conforme advierte el autor, reducir la discusión al dilema que gira en torno al debate sobre el modelo anglosajón x modelo continental, significa ahondar en estéril conflicto teórico, además de aportar poco a la tarea de precisión dogmática del principio que se quiere estudiar en esta investigación.

6 Para dar una respuesta a esta pregunta, destaca MORENO CATENA, V., El proceso penal español…, op.cit., p. 52, filiándose a la posición de GIMENO SENDRA, que «mediante la oportunidad se deben evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad; obtener la rehabilitación del delincuente mediante su sometimiento voluntario a un procedimiento de readaptación, a cuyo cumplimiento efectivo queda condicionado el sobreseimiento por razones de oportunidad; estimular la pronta reparación del daño, y finalmente evitar juicios orales innecesarios, atendiendo a razones de economía procesal».

7 A este respecto, señala MIRA ROS, C., Régimen actual de la conformidad (Incidencia de la LO 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, y de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el nuevo Código Penal), Colex, 1998, Madrid, p. 187 (nota 139), que «la doctrina, tanto patria, como extranjera, insisten en la legalidad como vía de control de la discrecionalidad. Así, HASSEMER se muestra favorable al principio de oportunidad, pero ‘ han de estar taxativamente tasados sus casos y además deberán arbitrarse mecanismos que eliminen en lo posible los peligros que tal principio encierra para el Estado de Derecho’».

8 Siguiendo esta posición, VIVES ANTÓN, T. S., Doctrina constitucional y reforma del proceso penal, en Poder Judicial, nº Especial II, pp.109-110, destaca que « hablar de principio de oportunidad o de negociación de la conformidad parece que represente arrojar una mancha sobre la hasta ahora inmaculada administración de justicia. Pero lo cierto es que, hoy por hoy, tales institutos existen en la realidad y de ellos se hace un uso subrepticio y vergonzante. Basta preguntarse cuántos delitos de imprudencia cometida con vehículos de motor se ven ante los Tribunales para comprenderlo. ¿Ha sido un milagro el que repentinamente los ha transformado en faltas? ¿O, más bien, se ha ejercitado tranquilamente y, desde luego, sin decirlo, un principio de oportunidad que nuestras leyes actuales no reconocen? Los ejemplos podrían multiplicarse; pero baste lo dicho para poner de manifiesto que estamos ante una realidad que es mejor regular que desconocer». Asimismo, respecto a la exigencia del principio constitucional de proporcionalidad o prohibición de exceso, concluye diciendo que «lo cierto es que, en el marco de las penas necesarias y proporcionadas, en abstracto, surgen casos en que la necesidad y la proporción desaparecen. Determinados institutos (condena condicional, probation, posibilidad de imponer penas alternativas, beneficios penitenciarios, etc.) posibilitan, sencillamente, que la condena penal pronunciada pueda quedar vacía de contenido y se admiten sin mayores reparos. De modo que no se ve bien por qué son tantos los que suscita la regulación del principio de oportunidad y de la negociación de la conformidad, que no tienen por qué ser ni más discrecionales ni más peligrosas que las instituciones a que se ha hecho referencia». Sobre discrecionalidad y acción penal, vid GUARNIERI, C., Pubblico Ministero e sistema político, Cedam, 1984, Padova, pp. 125-152.

9 En este sentido, señala VICOLI, D., Scelte del Pubblico Ministero nella trattazione delle notizie di reato e art. 112 Cost.: un tentativo di razionalizzazione, en Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale, n.º 1-2, jan./jun. 2003, Giuffrè, Milán, p. 276, con relación al objetivo que se pretende alcanzar con la fijación del criterio de prioridad en el ejercicio de la acción penal que ello conlleva el beneficio de convertir en vinculada la discrecionalidad real de la cual goza actualmente el Ministerio Público a la ora de fijar el orden de prioridad de los expedientes. Y concluye el autor afirmando que el espirito de la reglamentación del criterio de prioridad en el ámbito de la persecución penal consiste justamente en conferir legitimidad democrática a las elecciones de política criminal, hoy confiadas a sujetos políticamente irresponsables, aludiendo el autor a la independencia del MP italiano.

10 En este sentido, vid, entre otros, VICOLI, D., Scelte del Pubblico Ministero nella trattazione delle notizie di reato e art. 112 Cost.: un tentativo di razionalizzazione, en Revista italiana di Diritto e Procedura Penale, (dir. AA.VV), n.º 2, 2002, Giuffrè, Milán, p. 251. Asimismo, FRIONI, I., Le diverse forme di manifestazione della discrecionalita nell’esercizio dell’azione penale, en Revista italiana di Diritto e Procedura penale, n.º 2, 2002, Giuffrè, Milano, p. 570, señala que la valoración de la ofensividad del hecho, como supuesto para el archivo o para la abreviación del procedimiento, obedece a un criterio pragmático, inscripto en el marco de una política criminal de deflación del proceso, es decir, parte del reconocimiento de la imposibilidad de perseguir todos los crímenes. Esto, conforme señala el autor es un dato empírico, general e indiscutible. Por tanto, la necesidad de selección, puede encontrar en el criterio de ofensividad un parámetro objetivo válido para fundamentar el sobreseimiento.



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