Capítulo I hacia un concepto de política criminal, bajo el marco del Estado social y democrático de Derecho



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CONCLUSIONES




  1. El ejercicio selectivo del ius puniendi es hoy por hoy una necesidad. La pancriminalización de conductas y la masificación de ciertas formas de delincuencia han traspasado las posibilidades reales del sistema, que se ha visto obligado a definir prioridades y áreas preferenciales de movilización e intervención de sus escasos recursos, lo que por otro lado obliga a dejar desprotegidos otros frentes, o al menos disminuir los medios a ellos asignados. En otras palabras, se reclama un sistema de Justicia penal capaz de bien traducir los conceptos de eficiencia y eficacia. En España, el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia refleja esta preocupación, destacándose el consenso sobre la necesidad de elaborar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal – punto 17 del Pacto – que deberá basarse en la observancia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la tutela judicial en el proceso penal, así como, para lo que interesa destacar en este trabajo, deberá tener como objetivo general – a tenor de lo que establece la Recomendación n.º R(87) 18, del comité de Ministros del Consejo de Europa – la simplificación y agilización de los procedimientos; la protección y reinserción de la víctima en el proceso penal y la potenciación de las funciones del Ministerio Público, como director de la instrucción criminal.

  2. Pero, al margen de las medidas adoptadas por los Estados en aras a la simplificación del sistema penal de Justicia, en la actualidad se asiste a un movimiento contrario. El discurso de la represión implacable, a través del endurecimiento del sistema penal encuentra eco en los más variados sectores de la sociedad, como único medio dotado de eficacia y eficiencia para frenar el crecimiento vertiginoso de la criminalidad sobre todo en los grandes centros urbanos. Sobre este aspecto la doctrina es unánime en afirmar que la excesiva intromisión del poder punitivo en la libertad privada – marca del ancién régime – sigue siendo la tónica de las políticas criminales contemporáneas, aunque ello no siempre se manifieste de forma proporcional al aumento real de la criminalidad. Como consecuencia de ello, bajo el argumento de la necesidad de adopción de medidas para contener el avance de la criminalidad, se aumenta también la dureza represiva y el antigarantismo penal. En este orden de cosas, la preocupación de los gobiernos y políticos por apaciguar a la opinión pública y dar una respuesta inmediata a la demanda de mayor seguridad, ha llevado al uso meramente simbólico del Derecho penal y procesal penal, lo que, a la postre, conlleva la falta de coherencia y sistematización de las reformas.

  3. La situación se ve agravada por fuerza del conservadurismo que caracteriza el mundo de los juristas, bastante reacio a cualquier cambio del orden jurídico, sobre todo a aquellos que impliquen el replanteamiento del modelo decimonónico de proceso penal, que todavía informa el proceso penal de los países con tradición continental. Desde esta concreta perspectiva, el sector de la doctrina más tradicionalista, a los que se titula «garantista», ha puesto bastante resistencia a las reformas procesales que impliquen la simplificación o abreviación de los procedimientos, por medio de la incorporación de mecanismos de negociación entre las partes, fundados en criterios de oportunidad. El argumento principal consiste en que la incorporación de mecanismos fundados en el principio de oportunidad en el proceso penal continental ha sido por influencia de la política criminal norteamericana eficientista/economicista, pero arrastra la vulneración de los derechos fundamentales de las partes en el proceso, concretados en el art. 24.2 CE. Por otro lado, en la actualidad, para hacer frente a la nombrada «cultura de emergencia», el movimiento garantista recobra fuerza e importancia, con el objetivo de frenar el recorte de garantías y libertades que caracteriza las políticas criminales de «ley y orden» o de «tolerancia cero». No obstante, es preciso ampliar los espacios que permitan promover una Justicia penal más democrática y participativa para con los afectados, además de asegurar la protección efectiva e integral de estos derechos y libertades.

  4. A este efecto, la adopción de la oportunidad mitigada o reglada no presupone, bajo ningún supuesto, la merma de derechos o garantías del imputado o encausado, ni tampoco de la víctima. En definitiva, no es posible reducir el debate acerca de la incorporación del principio de oportunidad en el proceso penal continental a la disyuntiva de “garantías sí” o “garantías no”. Esto significa decir que la oportunidad no se traduce en arbitrariedad, ni mucho menos en impunidad, sino todo lo contrario. Conforme se observa de la práctica diaria, que el modelo decimonónico de proceso tampoco cumple con la finalidad de protección concreta de los derechos procesales fundamentales. Antes al contrario, el apego ciego y reñido a una concepción clásica de proceso es uno de los factores que influyen en la vulneración, de entre otros, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, comprendido en el rol de los derechos previstos en el art. 24.2 CE. A este respecto, cabe destacar que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se inscribe en la exigencia de evitar retrasos que supongan más prejuicios que los inherentes al funcionamiento normal de la Administración de Justicia penal. De modo que el apego a este modelo clásico de proceso ha comprometido seriamente la calidad de la prestación jurisdiccional, poniendo en entredicho no sólo la proclamada seguridad jurídica sino todo el sistema de garantías que informa el proceso penal de los órdenes jurídicos democráticos.

  5. Así pues, es posible afirmar que el reconocimiento de un margen de oportunidad en el ejercicio de la acción penal, siempre cuando se someta a criterios previamente definidos y claramente individualizables, mejor atiende, a nuestro modo de ver, a la exigencia que deriva de los principios que orientan el constitucionalismo contemporáneo y, por ende, la concreción de los derechos procesales fundamentales. En definitiva, la incorporación de mecanismos fundados en la oportunidad busca adecuar el control penal estatal a los fines de reinserción social y a una ampliación de los espacios participativos en el ámbito del sistema de Justicia penal. Al propio tiempo, objetiva la concreción material de los derechos y garantías previstos en los órdenes jurídicos democráticos. Desde esta óptica, es incontrastable que una Justicia tardía corresponde a una denegación de Justicia. Asimismo, esta cuestión trasciende la problemática que gira en torno a la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, para alcanzar uno de los pilares rectores de todo el sistema de Justicia penal, consustanciado en el principio de la presunción de inocencia.

  6. Por lo tanto, en un Estado social y democrático de Derecho la necesidad de persecución penal y definición de la pena debe pautarse por criterios que mejor se adecuen a lo que, entre los constitucionalistas, se suele llamar de sentimiento constitucional, es decir, que mejor atienda a la filosofía bajo la cual se inspiran las democracias contemporáneas. En este orden de cosas, los sistemas jurídicos deben encontrar una fórmula de equilibrio entre el binomio seguridad y libertad, con vistas a garantizar, a la vez, el efectivo control social de las conductas que afecten a los bienes jurídicamente tutelados, sin que esto implique una restricción injustificada o aún desmesurada de derechos. Así pues, la decisión entre ejercer la acusación o renunciar a la persecución, o instar en toda su magnitud la pena establecida en abstracto por la ley para el hecho punible, o hacer algún tipo de concesiones al acusado, no sólo se fundamenta en cuestiones de naturaleza procesal sino que se adopta en atención a criterios político-criminales.

  7. En definitiva, la toma de postura por un modelo u otro de proceso penal se vincula a una cuestión precedente y que se refiere al modelo del Estado y al correspondiente debate sobre los fines del sistema de Justicia penal en el marco de los órdenes jurídicos democráticos. De modo que, a la opción por un modelo de proceso penal antecede la definición de los valores que deben orientar la elaboración y concreción de la política criminal de los regimenes democráticos. Es decir, las razones que justifican la incorporación de soluciones alternativas al proceso, con base en el principio de oportunidad, son más bien de corte axiológico o teleológico, no obstante también se reconozca la bondad de los procedimientos monitorios en orden a la economía procesal. No por otra razón, juega un papel fundamental el apoyo que incluso la criminología crítica podrá aportar, para resaltar los beneficios que supone la incorporación de estos procedimientos monitorios en orden a la concreción de los fines que se le asigna al proceso penal, en el marco de los órdenes jurídicos democráticos.

  8. A partir de esta premisa, la filosofía que orienta las modernas teorías de la pena y que fundamentan la dogmática penal parten del concepto estigmatizador de la pena y del propio proceso penal. Por esta razón, se reclama un cambio de paradigma respecto a los fines a ser perseguidos por el sistema de Justicia penal. Desde esta óptica, frente a las teorías retributivas de la pena, los adeptos de las teorías más modernas fundamentan la respuesta penal con base en los principios del Derecho Penal mínimo, de la ofensividad y lesividad, así como de la proporcionalidad. Esto supone decir que el sistema de Justicia penal debe ser concebido como última ratio del sistema social, sólo debiendo operar cuando no sea posible la adopción de otros medios – inclusive por políticas sociales – y así mismo bajo supuestos que justifiquen y legitimen la intervención del Estado en la esfera de libertad ciudadana. Estos se configuran especialmente ante conductas delictivas previamente definidas y que por su gravedad justifique la persecución penal en los moldes clásicos.

  9. En definitiva, coincidimos con los que proponen la necesidad de dos regulaciones procesales, una contradictoria y otra consensual, a depender de la gravedad del delito; la complejidad de la causa y de las consecuencias personales que arrastre, en el caso concreto, las que derivan necesariamente de la incoación del proceso penal clásico. A este efecto, se reclama de los operadores jurídicos la necesidad de aquilatar en la praxis el interés público en la persecución penal y la necesidad del castigo. A tales efectos, es preciso tener en cuenta, por un lado, el carácter preventivo especial de las penas, que se concretiza en la finalidad de reinserción social del imputado, y por otro, el carácter preventivo general que se ve atendido por medio de la efectiva respuesta penal sobre todo a través de la adopción de medidas con vistas a restablecer la paz social y protección de los intereses de la víctima. En orden a ello, creemos que la incorporación del principio de oportunidad en el proceso penal sirve como instrumento de la política criminal del Estado para la selección de aquellos actos delictivos que van a ser objeto de la actividad estatal de persecución. Éste es precisamente el principal fundamento para otorgar a los órganos públicos criterios de oportunidad o de flexibilización en el deber de ejercicio y sostenimiento de la acción penal.

  10. Desde esta óptica, bajo determinados supuestos (fundados básicamente en la pequeña gravedad del delito, los efectos criminógenos del proceso y la necesidad de evitar la victimización secundaria), las alternativas al proceso penal clásico, reflejadas en institutos como la conformidad o sobreseimiento bajo el cumplimiento de mandatos y condiciones por el acusado, con el objetivo de reparación del daño causado a la víctima y, al propio tiempo, la reparación del daño social, por medio del cumplimiento de mandatos y condiciones de carácter social, se han mostrado más eficaces en aras a atender a las finalidades preventivas anteriormente mencionadas.

  11. Sentadas las bases en que se debe establecer y aplicar la política criminal del Estado y el sistema de Justicia penal, se constata la necesidad de racionalización del ejercicio de la acción penal, por medio de la flexibilización de la regla de la obligatoriedad de la acción penal en los sistemas que la prevea de forma absoluta. En este contexto, se perfila la opción por mecanismos procesales que privilegian de forma mitigada el principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal, aplicable ante los supuestos en que se configuren crímenes de pequeña o media gravedad. De esta forma, se reserva el principio de legalidad estricta a aquellos crímenes que, por su gravedad, justifiquen el ejercicio de la acción penal.

  12. Cabe destacar que al reconocimiento de espacios de oportunidad reglada en el ejercicio de la acción penal no se contrapone necesariamente el principio de legalidad. Es decir, la contraposición entre el principio de legalidad y oportunidad, según la entienda como oportunidad reglada y no pura, no es correcta. El principio de legalidad, tal cual es concebido en los órdenes jurídicos democráticos, consiste en el elemento de cierre de todo el sistema penal, es decir, como norma de garantía del ius libertatis, que se traduce en el principal mecanismo de limitación de la potestad punitiva del Estado frente al arbitrio y al abuso del poder. A este efecto, tradicionalmente se adopta la fórmula de la obligatoriedad de la acción penal, como instrumento de control de la actuación de los poderes públicos frente a eventuales abusos. Pero ello no implica decir que la flexibilización de la obligatoriedad de la acción penal, bajo determinados supuestos, represente la vulneración de este principio rector de los Estados de Derecho. En definitiva, al margen del uso interesado que se haga del principio de legalidad, lo que se desprende de los artículos 9.3 y 25.1 CE no se traduce, considerados sus justos términos, en el ejercicio obligatorio de la acción penal.

  13. En efecto, a lo que se opone la oportunidad es a la regla de la obligatoriedad o necesariedad de la acción penal. A este respecto, merece destacar que, con independencia de Italia, la fórmula de la obligatoriedad de la acción penal no tiene rango constitucional en los demás países del continente europeo. Tampoco en Italia esta norma constitucional es aplicada de forma absoluta. Significa decir que planteada cuestión de inconstitucionalidad acerca de la incorporación de mecanismos de oportunidad en el proceso, la misma no demandaría mayores problemas pues la racionalización o flexibilización de la obligatoriedad de la acción penal no supone prima facie la vulneración del principio de legalidad. Asimismo, no se puede olvidar que el análisis empírico de los sistemas jurídicos estudiados, revela – sobre todo en aquellos que adoptan el principio de legalidad estricta – un margen de discrecionalidad igual o mayor que lo evidenciado en los sistemas que prevén la oportunidad reglada. De modo que la práctica diaria demuestra fehacientemente que la fórmula de la obligatoriedad de la acción penal no ha servido para obstaculizar o neutralizar la actuación discrecional de los poderes públicos del Estado, responsables por el input del sistema penal. La experiencia demuestra que son varios los filtros por los que pasan los asuntos penales antes de la incoación del procedimiento, sin que se prevea ningún control, no obstante estén bajo el manto de la legalidad.

  14. Otro aspecto que cobra fundamental trascendencia para la solución de toda esta problemática que gira en torno a la posibilidad de incorporación del principio de oportunidad en el proceso penal continental, consiste en redimensionar la posición e importancia del principio acusatorio en la definición del modelo de proceso. En efecto, se revela una exigencia inaplazable conferir al modelo acusatorio o adversarial lugar de destaque como principio rector del proceso penal moderno. El modelo acusatorio es, sin lugar a dudas, lo que mejor asegura la efectiva concreción de la estructura de principios y garantías que fundamenta el constitucionalismo contemporáneo, sobre todo, en cuanto a la protección de la imparcialidad objetiva y subjetiva que debe orientar la actuación del poder Judicial en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Partiéndose de esta premisa, se revela irreversible la tendencia al fortalecimiento de la actuación de las partes en el proceso penal que se pretende actual y acorde con las necesidades que plantean los ordenamientos jurídicos de corte democrático.

  15. Desde esta concreta perspectiva, se convierte en presupuesto para fundar las nuevas bases del proceso penal moderno replantear el dogma de la indisponibilidad del objeto de la acción penal y, como consecuencia de ello, habrá que poner en tela de juicio la tesis tradicionalmente acepta de que en los delitos públicos, la persecución penal prescinde de la voluntad de las partes. Además, íntimamente vinculada a esta cuestión, está el tema de la búsqueda de la verdad como fin del proceso. La obtención de la verdad – sea ella material o formal – ha sido frecuentemente invocada como argumento en contra la incorporación de mecanismos basados en el consenso entre las partes, es decir, que supone la disponibilidad del objeto del proceso por las partes. Pero la búsqueda de la verdad en el marco del proceso penal moderno es un objetivo de todo superado, pues, desde esta nueva perspectiva, la función del proceso, como imperativo ético-jurídico, pasa a ser la resolución del conflicto y la pacificación social.

  16. En este contexto asume especial relevancia, por un lado, el estudio del Ministerio Público, y, por otro, la redefinición del papel de la víctima en el proceso penal. Por lo que corresponde al Ministerio Público, éste ha asumido – como órgano público encargado de la ejecución de la política criminal del Estado – papel protagonista del input del sistema de Administración de Justicia criminal. Al par de esto, a la institución se le ha asignado funciones que se revisten de un carácter nítidamente político y que supone el reconocimiento de un margen manifiesto de discrecionalidad en su actuación, sobre todo en cuanto a la concreción de los valores que derivan de los principios vigentes en el marco del constitucionalismo contemporáneo.

  17. Desde esta perspectiva, se revela fundamental establecer criterios claros a la configuración de la estructura orgánica del Ministerio Público, dentro del juego democrático que prevé mecanismos de check and balances en el ejercicio del poder, al tiempo en que se le confiera autonomía e independencia en el ejercicio concreto de su actuación, y asegure la implantación de la política criminal del Estado de forma harmónica y coordinada con los poderes políticos estatales. A este respecto, cabe señalar que el Ministerio Público no debe ser concebido como órgano ejecutor de una política de gobierno, sino de la política criminal del Estado. A este efecto, el interés público que debe pautar su actuación no necesariamente se confunde con las directrices de política criminal establecidas en el marco de la política de interior trazada por el Gobierno de turno. Dicho de otro modo, no hay que confundir política de Estado con política de gobierno.

  18. Desde este nuevo enfoque, se propone, por tanto, el redimensionamiento del papel del Ministerio Público, pautado por valores superiores previstos en las Constituciones y, en consecuencia, por encima de una concreta política pública implementada por el poder Ejecutivo. Así pues, más que velar por la legalidad, cabe al Ministerio Público el cometido de velar por la constitucionalidad de la política criminal del Estado. Esto supone decir, que el Ministerio Público no debe integrar ningún de los poderes del Estado, debiendo actuar a través de una estructura orgánica autónoma y del establecimiento de principios y garantías que orienten y garanticen la libertad y transparencia de su actuación. Sin embargo, ante la relevancia de las funciones que se le cometen – promotor de justicia; defensor de la legalidad en beneficio del interés público y garante de los derechos fundamentales individualmente considerados – y, por otro lado, ante la carencia de legitimación popular en que se reviste la institución, se evidencia la necesidad de establecerse mecanismos de control y responsabilidad respecto a las opciones políticas que haga en la labor de concreción de los valores superiores previstos en el orden constitucional.

  19. En este orden de cosas, merece destacar que la exigencia de previsión de mecanismos de control y responsabilidad deriva de los principios que orientan las democracias contemporáneas, a los cuales deben estar sometidos todos los agentes públicos que – de forma directa o indirecta – ejercen una parcela del poder político del Estado. En lo que corresponde a la estructura organizacional del Ministerio Público, hay que hacer constancia de que a lo largo de la investigación se revela como característica común a todos los sistemas analizados la reclamación por una mayor autonomía funcional y mayor democratización de las estructuras internas de poder, en orden a garantizar la transparencia en la actuación concreta de los miembros de la carrera y, así, evitar la instrumentalización política de la institución. Esta reclamación viene muchas veces identificada en términos de independencia que, sin embargo, en ninguna hipótesis podrá traducirse como irresponsabilidad política, la cual no se le confiere a ningún agente público, en el marco del Estado social y democrático de Derecho.

  20. En este contexto, se evidencia el fortalecimiento del posicionamiento favorable a la creación de mecanismos que colmen la carencia de legitimidad de la institución, frecuentemente invocada por un sector de la doctrina española, al tiempo que garanticen su efectiva cooperación con los poderes públicos del Estado. En este orden de cosas, el Ministerio Público es concebido no como un cuarto poder, sino, desde la perspectiva de la construcción del concepto de Estado complejo, se le ha asignado el papel de auténtica «bisagra» del sistema político. De esta forma, la solución que, a nuestro modo de ver, más se aproxima al modelo ideal de organización del Ministerio Público es la que autoriza la participación del poder Ejecutivo en el proceso de nombramiento y cese del Fiscal General del Estado, siempre cuando a ella se sumen el fortalecimiento de los mecanismos internos que permitan una mayor democratización de la carrera, a través del incremento de las funciones encomendadas a las instancias internas de poder, que se concentran, a la postre, en manos de sus órganos colegiados.

  21. Por otro lado, aunque los sistemas analizados prevean la estructura jerárquica de organización interna de la institución, se reclama – a la par de los mecanismos de control anteriormente mencionados – la limitación de los poderes jerárquicos de la cúspide de la institución, así como la creación de mecanismos de contrapeso que eviten el puro «decisionismo» del Fiscal General del Estado. A este efecto, la actuación de los órganos de la cúpula institucional debe restringirse a asegurar la actuación homogénea y coordinada – por medio de instrucciones de carácter general y no individual – en cuanto a la implantación de la política criminal. Es decir, la jerarquía funcional se justifica siempre cuando se limite a propiciar mayores niveles de eficiencia con vistas a la consecución de las funciones que se encargan a la institución de forma colectivamente reflexionada.

  22. Al propio tiempo, no se puede olvidar los mecanismos de control endoprocesales, que se configuran básicamente en la intervención de las partes que se vean afectadas por una medida tomada en el ámbito de la actuación del Ministerio Público. Esto se evidencia fundamentalmente a través de la potenciación del papel de la víctima en el proceso penal y del recurso a la vía jurisdiccional en los casos de inacción del Ministerio Público, sobre todo en los supuestos de archivo o sobreseimiento, con base en criterios de oportunidad. Estos mecanismos sumados a los anteriormente relacionados se revelan eficaces en lo que concierne a la exigencia de control y establecimiento de responsabilidad respecto a la actuación concreta de los miembros de la institución.

  23. En relación con todo lo anterior, hay que tener presente precisamente el hecho de que el Ministerio Público no ostente en España en régimen de monopolio el ejercicio de la acción penal, constituye una cierta garantía a fin de paliar los efectos negativos de la tan temida – desde determinados sectores – posibilidad de manipulación política del Ministerio Público por parte del poder Ejecutivo. Asimismo, la posibilidad de impugnación por parte de la víctima, se revela conveniente en orden a no dejar a ninguna de las partes del proceso inerme ante la actuación del Ministerio Público. Este riesgo se ve compensado en España con la posibilidad de que sean los propios particulares quienes ejerciten la acción penal. No obstante, es preciso advertir que, con relación a la decisión de sobreseimiento o archivo, con base en criterios de oportunidad reglada, ésta debe recaer exclusivamente sobre la figura del Ministerio Público, en tanto en cuanto el sobreseimiento o archivo por razones de oportunidad se promoverá, tan sólo, por motivos de interés público, que sólo pueden ser aquilatados por el órgano público de acusación. De lo contrario, se corre el riesgo de fortalecer la tendencia que se observa en la actualidad - con bastante preocupación, sea dicho – al fortalecimiento del llamado « populismo punitivo», basado en la presión ejercida, de un lado, por los medios, y por otro, por determinados grupos de víctimas o de colectivos a ellas ligados en la formulación de la política criminal del Estado. En definitiva, como parámetro del debate, no se puede olvidar el principio de «neutralización de la víctima», es decir, el criterio orientador del interés en la persecución penal, en ningún caso, ha de ser determinado por necesidades emocionales de la víctima, o de los colectivos a ellas vinculados, sino exclusivamente en el interés público en la persecución penal.

  24. No obstante, es preciso, al propio tiempo, redimensionar el papel de la víctima en el proceso penal moderno. Ésta se ha visto relegada en el modelo de proceso penal decimonónico, cuando mucho, a mero testíguo en el proceso, es decir, como fuente de prueba de la práctica de los hechos delictivos. Sin embargo, en la actualidad, en el marco del movimiento de reformas, se a hecho eco de las voces a favor de la reincorporación de la víctima en el proceso penal, confiriéndole derechos no sólo de reparación civil respecto a los daños sufridos por el hecho delictivo, sino también de efectiva participación en los rumbos de la respuesta penal del Estado, por medio de mecanismos de interacción autor-víctima, en orden no sólo a la reparación, sino también y sobre todo a la pacificación social. En la actualidad, la plasmación de estos objetivos se da en el ámbito de varios documentos internacionales, de entre los cuales, se destacan, en el marco europeo, la R(85) 11, de 28 de junio de 1985, sobre la posición de las víctimas en el Derecho y en el proceso penal; la R(87) 21, de 17 de septiembre de 1987, sobre la asistencia a las víctimas y prevención de la victimización; y la R(99), de 15 de septiembre, relativa a la mediación en materia penal, todas aprobadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Asimismo, es preciso hacer constancia del Estatuto de la víctima en el proceso penal, aprobada por la decisión-marco del Consejo de Europa, de 15 de marzo de 2001. Todos estos documentos giran en torno a una idea clave: la reinserción de la víctima al proceso penal, como sujeto de derechos y como parte legítima, titular de pretensiones e intereses en lo que corresponde a la resolución del conflicto penal y la pacificación social. Desde esta concreta perspectiva, se inscriben las iniciativas más innovadoras a favor de la adopción de técnicas de mediación penal y de la potenciación de espacios que permitan la concreción de estos objetivos por medio de la nombrada «Justicia restaurativa».

  25. Así pues, cabe señalar que, desde esta óptica, se entiende que las iniciativas de potenciación del papel de la víctima en el proceso, de ninguna manera supone priorizar el castigo o rescatar técnicas de venganza privada. Sino todo lo contrario, la finalidad de estas medidas no es otra sino servir como instrumento de neutralización del conflicto penal, en ara a la concreción de los fines de prevención y pacificación social, por medio del fortalecimiento de las reglas sociales y la reinserción del autor del delito, objetivos que pueden ser alcanzados en muchos casos por medio de la reconciliación entre la víctima y el imputado. En definitiva, en este orden de cosas, el proceso penal debe ser concebido como último recurso para la resolución del conflicto penal, debiéndose preferir otros medios menos gravosos a la víctima y al autor del hecho delictivo, que se revelen más eficaces en el objetivo de prevención social e individual.

  26. Esta orientación, en efecto, ha sido adoptada con bastante éxito por los países del entorno continental. No obstante, cabe destacar que, con independencia de todas las directrices internacionales sobre la materia, España sigue demostrando bastante resistencia a su incorporación en el ámbito en que opera el sistema de Justicia penal de adultos. En efecto, salvo la regulación prevista en la Justicia de menores, España no cuenta con disposiciones legales sobre la materia. La razón de ello, consiste en la fuerte resistencia a la incorporación del principio de oportunidad como instrumento que permita la negociación y que implique la disposición del objeto del proceso penal. No obstante, cabe destacar que con independencia de haver previsión legal, la mediación penal ya es una realidad en el sistema de Justicia penal de adultos español. El Server de Mediación Penal de la Generalitat de Catalunya – único que con carácter continuado y estable funciona en todo el territorio nacional – y el Juzgado de Instrucción n.º 20 de Madrid, son ejemplo de lo que la R(99)19 del Consejo de Europa califica de «mediación informal» y se han convertido en un paradigma de importancia trascendente en orden a demostrar el éxito de la mediación penal como instrumento auxiliar y complementario al proceso penal convencional y, por ende, a la resolución del conflicto penal y pacificación social.

  27. En este orden de cosas, se ha podido comprobar a lo largo de la investigación que la opción por un proceso acusatorio arrastra, por un lado, la necesidad de potenciación del papel del Ministerio Público como órgano formal de control del input del sistema penal. Asimismo, se convierte en presupuesto a la concreción del principio acusatorio, la previsión de unos márgenes de oportunidad en el ejercicio de la acción penal, por parte del Ministerio Público. En efecto, esta investigación ha comprobado que por detrás de la elección de un modelo u otro de proceso, se encuentra un factor de mayor calado y que consiste en la opción axiológica y teleológica que debe definir la política criminal del Estado. Así pues, la elección por la fórmula de la obligatoriedad de la acción penal, supone la asunción de un conjunto de valores que se resumen en el ideal de seguridad jurídica, plasmado en el principio de legalidad estricta. Pero, se ha demostrado que estos valores se vinculan a una concepción decimonónica y positivista del proceso, que conlleva una protección meramente formal y simbólica de los derechos fundamentales. En cambio, de la elección por el principio de oportunidad reglada sobresale una concepción instrumental del proceso. Desde esta óptica, el proceso es concebido no sólo como instrumento para el ejercicio del ius puniendi del Estado, sino también un mecanismo de dirección y actuación de la política criminal del Estado. La pena, a su vez, es concebida como medio de disuasión (individual) y prevención (general), bajo la concepción del Estado que prefiere los valores de la democracia, como los que privilegian la mayor participación y responsabilidad de las partes en el proceso, en orden a dotarlo de mayor legitimidad social. En resumen, la opción por el principio de oportunidad es un acto de naturaleza eminentemente política que permite orientar las instituciones del sistema de Justicia penal hacia determinados objetivos político-criminales, como el respeto a los principios de proporcionalidad; intervención mínima; humanidad; resocialización del acusado; reparación de la víctima; celeridad de la prestación jurisdiccional; racionalización de los medios, etc.

  28. No obstante, es importante destacar que el debate acerca de la incorporación del principio de oportunidad, no debe venir condicionado al modelo de Ministerio Público, es decir, su incorporación en el proceso penal no supone necesariamente la vinculación del diseño institucional a un modo u otro de organización política de la institución. A este respecto, con frecuencia se ha argumentado que la incorporación de la oportunidad en el proceso penal supone un control más efectivo de la actuación del Ministerio Público por el poder Ejecutivo. En cambio, bajo la regla de la obligatoriedad de la acción penal, según esta posición, es posible otorgar mayor independencia a la institución, frente a los demás poderes del Estado, pues, se supone que la actuación discrecional estaría limitada por el principio de legalidad estricta.

  29. Sin embargo, esta cuestión conlleva un dilema insuperable, pues, por un lado, no se recomienda la incorporación del principio de oportunidad en el ámbito de los sistemas jurídicos en que la institución tenga una vinculación directa o indirecta al poder Ejecutivo. En efecto, ello arrastra el riesgo de la instrumentalización política de la acción penal. Por otro lado, en los países en que se adopta un modelo de Ministerio Público independiente, la incorporación del principio de oportunidad tampoco sería recomendable, por ser en este caso manifiesta la falta de control de la actuación del Ministerio Público sobre el ejercicio de la acción penal.

  30. De modo que, es posible concluir que, desde esta concreta perspectiva, ambas opciones plantean problemas insalvables en lo que corresponde a la necesaria asunción de responsabilidades por el Ministerio Público. Por tanto, en orden a avanzar en este debate, se revela necesario superar este dilema y enfrentarse a la cuestión de mayor calado, relacionada a los márgenes reales de discrecionalidad subrepticia con los que cuenta los poderes públicos del Estado, a empezar por la policía, en la selección de los asuntos enjuiciables, con independencia de la estructura orgánica del Ministerio Público y de su nivel de vinculación a los poderes públicos del Estado. En definitiva, la incorporación del principio de oportunidad en el proceso penal es una cuestión que trasciende a la estructura orgánica y política del Ministerio Público, en la medida en que en el marco de los ordenes jurídicos democráticos, sea cual sea su configuración política, habrá que fijarle responsabilidades y crear mecanismos de control de su actuación. En este sentido se orientan las directrices internacionales, en especial la Rec. (2000) 19, de 6 de octubre, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa.

  31. Pero, al margen de todo lo dicho, la tendencia a conferir mayor protagonismo al Ministerio Público todavía no ha encontrado eco y respaldo político en el marco de las reformas llevadas a cabo en España. En efecto, bastaría con mencionar la fuerte resistencia a la asignación de la dirección de la instrucción al Ministerio Público. De modo que, en el ámbito de las reformas puestas en marcha en los últimos años, sobre todo por la LO 38/2002, y su complementaria LO 8/2002, ambas de 24 de octubre, por las que se crean los nombrados “juicios rápidos” y se reforma el procedimiento abreviado, el legislador español ha optado por mantener al Ministerio Público desaprovechado, frente a las ventajas que podía aportar a la potenciación del proceso acusatorio la asignación de la fase de instrucción a esta institución.

  32. Pero, la iniciativa en este sentido no prosperó y, en lugar de otorgar la dirección de la investigación procesal al Ministerio Público se optó por mantener el sistema de instrucción judicial incrementando notablemente las facultades de la policía judicial en claro detrimento de las que podían haber recaído sobre el Ministerio Público. En definitiva, la Reforma de 2002 supone una intensa marcha atrás en el proceso de búsqueda de un proceso penal plenamente acusatorio que vendría caracterizado por un Juez que no investiga, sino que interviene como garante de los derechos fundamentales de las partes y en donde la investigación se atribuye al Ministerio Público. Sistema éste que, además, encuentra apoyo en un sector bastante representativo de la doctrina española y que se está imponiendo en los ordenamientos procesales del entorno continental.

  33. Ahora bien, la oportunidad entendida en un sentido amplio como selección de conductas a perseguir por parte del Estado puede presentarse a varios niveles. Desde luego, en un primer nivel de intervención político-legal del poder político, a través de la transformación de los delitos en faltas o contravenciones e ilícitos civiles, disponibilidad de procedimientos monitorios, vías alternativas al sistema tradicional, etc. Un segundo nivel en que puede posicionarse el ejercicio de la oportunidad es el nivel de la intervención político-administrativa del gobierno, en la que destaca la adopción de medidas gubernamentales como guidelines, directivas o medidas administrativas para el tratamiento de ciertas materias penales prioritarias, que se reflejarán en una diversa estrategia de investigación criminal o en privilegiar un cierto procedimiento en detrimento de otro. También puede residir la oportunidad en la intervención de un organismo específico intermedio, como el Consejo Superior del Ministerio Público, que se ocupen de la definición concreta de los macro-objetivos, previamente enunciados, en el combate del crimen, establecimiento de corrientes interpretativas de nódulos legales y conceptos abiertos (por ejemplo, qué se debe entender por «suficiencia de indicios» para deducir acusación), identificación de tipos penales en razón del circunstancialismo coyuntural, o institucional, o de la lesión social, que deben ser encaminados hacia formas procesales de consenso y oportunidad, etc.

  34. Sin embargo, el nivel en que normalmente se posiciona el debate del ejercicio de la oportunidad es el nivel de la intervención del Ministerio Público, una ubicación ciertamente paradójica desde el punto de vista político-criminal puesto que constitucionalmente la decisión sobre qué comportamientos serán punibles y cuáles no es una decisión que le compete al legislador, de lo cual se deduce que el órgano de persecución sólo puede limitarse a aplicar criterios político-criminales previamente establecidos por las instancias competentes del Estado. Pero, por otro lado, parece un contrasentido defender el otorgamiento de facultades de tal naturaleza respecto del órgano jurisdiccional. La razón es simple: la legalidad es un elemento intrínseco de las funciones judiciales, la oportunidad, en cambio, no lo es, porque supone el ejercicio de motivaciones, opciones o juicios de valor puramente pragmáticos que no necesariamente deben fundarse en comprobaciones probatorias, interpretaciones jurídicas u otras motivaciones cognoscitivas. De modo que los órganos judiciales son precisamente los llamados a garantizar la seguridad jurídica y la unidad e igualdad en la aplicación de la ley, y por eso la oportunidad implica más bien un incremento en el poder de disposición del órgano de persecución que un aumento de facultades de los órganos de enjuiciamiento.

  35. En efecto, dando por descontado que existe una cifra negra de actos ilícitos que nunca llegará a ser conocida por los órganos públicos, el primer instrumento de política criminal del Estado es la propia fijación de las conductas delictivas a través de los tipos penales. Sólo la conducta subsumible en una figura delictiva legalmente tipificada va a ser, en principio, objeto de la actividad estatal de persecución penal. Pero no es el único filtro, ya que se contemplan otros como la denuncia o querella del perjudicado en el caso de delitos cuyas acciones sean privadas o semipúblicas; ciertas autorizaciones o presupuestos legales que limitan la acusación a determinadas autoridades --autorizaciones parlamentarias, por ejemplo--; un mayor o menor grado de discrecionalidad técnico-jurídica en los órganos de persecución criminal --calificación jurídica de los hechos, mérito de los antecedentes probatorios, etc.--; las diversas manifestaciones del principio de oportunidad; y, finalmente, las facultades extraordinarias del poder Ejecutivo y Legislativo a través de indultos y amnistías. En definitiva, sólo si una conducta humana traspasa toda esta clase de filtros anteriormente descritos adquiere como producto final la consideración de conducta delictiva, socialmente dañosa, merecedora de la aplicación de una consecuencia estigmatizadora.

  36. De modo que, la selección de conductas por el sistema es un hecho prácticamente indiscutible; no puede mirarse como un fenómeno excepcional. De lo anterior se desprende que la función principal de la política criminal del Estado sea doble: por una parte, debe canalizar esta selección jurídicamente y, muy relacionado con ello, debe impedir que los criterios de selección sean irregulares y deformantes. Por todo lo anterior, es posible concluir que idealmente el principio de oportunidad no debería estar en contraposición frontal con el principio de legalidad. Los criterios de selección no pueden estar diseñados como facultades que permitan la arbitrariedad de los órganos de persecución sino que deben formularse a través de requisitos procesales generales, redactados de manera abstracta pero con cierto grado de precisión para que lleguen a ser transparentes y revisables. Las limitaciones al principio de legalidad --y los criterios de selección de conductas que no van a ser perseguidas ni enjuiciadas lo son-- deben ser claras y concretas, preceptuando del modo más acotado posible sus condiciones de ejercicio.

  37. Una cuestión diferente es que la propia selección sea obligatoria o facultativa para el órgano de persecución criminal. Obviamente, tratándose de criterios como la subsunción del hecho en un tipo penal, los órganos públicos tienen obligatoriamente vedado entrar a conocer conductas que no reúnan en abstracto caracteres de delito; una cuestión similar ocurre con la ausencia de querella o denuncia previa del particular afectado en los delitos privados y semipúblicos . Sin embargo, tratándose de otros mecanismos de selección, como las diversas manifestaciones del principio de oportunidad, una vez reunidos los requisitos que autorizan efectuar la selección, el órgano de persecución, por regla general, no está obligado a suspender o archivar el proceso, sino que puede decidir continuar adelante con el desarrollo ordinario del mismo. Dicha decisión de continuar en el desarrollo de las diligencias del proceso, que no consiste más que en el cumplimiento de las obligaciones naturales del Ministerio Público, es consecuencia de la naturaleza propia de los criterios de oportunidad que no están diseñados como manifestaciones del derecho de defensa del imputado ni tampoco como una facultad dispositiva de la víctima del delito, sino como una facultad que la ley confiere a los órganos de persecución criminal para eximirse del cumplimiento de sus obligaciones procesales, o de parte de ellas.

  38. Ahora, si bien es cierto la política criminal está integrada por instituciones no sólo de naturaleza penal, el Derecho penal sustantivo y procesal va a ocupar un lugar preeminente en ella, porque constituye la base de la definición de aquello que se considera delito frente a la conducta lícita. Desde esta perspectiva, las facultades de oportunidad tienen una trascendencia político-criminal muy clara, puesto que a través de ellas se permite la no aplicación del Derecho Penal sancionador, a pesar de que la conducta puede ser considerada como delito, surgiendo la cuestión de cómo es que estos mecanismos para no perseguir delitos pueden contribuir en la tarea de disminuir el fenómeno delictivo.

  39. En primer lugar, estimamos que una aplicación estricta del Derecho Penal va a transformar indefectiblemente en ineficaz la lucha de la colectividad contra la delincuencia; en cambio, una aplicación selectiva del Derecho punitivo permite administrar adecuadamente los escasos recursos de la Administración de Justicia determinando en qué parcelas del espectro criminoso deben concentrarse y producir sus efectos las medidas de política criminal del Estado, sin perjuicio de reconocer también la indudable trascendencia político-criminal de traspasar la determinación de la medida de la pena a las propias partes del proceso en que consisten las posibilidades de justicia penal negociada.

  40. Desde esta última perspectiva, nos parece que las posibilidades de consenso en materia penal favorecen la celeridad en la obtención de una condena, lo que a la larga permitirá conceptuar al proceso penal como instrumento de prevención general. Aunque, claro está, si la amplitud o alcance del consenso se limita sólo a una reducción de la pena, entendida como un premio a cambio de una actitud colaboracionista del imputado, pero sin vincularla hacia fines de reparación a la víctima y hacia fines de resocialización del delincuente, tendremos que concluir que la justicia penal así entendida está orientada más hacia finalidades fácticas de pura celeridad y descarga de los tribunales que hacia fines político-criminales trascendentes del sistema punitivo, con la consiguiente disminución de garantías.

  41. Así pues, estas posibilidades de no iniciar el procedimiento, suspender o poner fin al ya iniciado por una vía alternativa a la sentencia judicial absolutoria o condenatoria, suelen aplicarse en casos de: a) reprochabilidad escasa, como el caso de los llamados «delitos bagatela», lo que provoca una falta de interés público en la persecución; b) cuando los objetivos de prevención general y especial del Derecho Penal puedan verse satisfechos por una serie de condiciones o mandatos alternativos a la pena; c) si el conflicto jurídico puede verse satisfecho por la reparación civil, en aquellos delitos que lesionen bienes jurídicos disponibles; d) existencia de intereses estatales contrapuestos que se consideren de mayor relevancia que el bien jurídico lesionado por el delito. Suelen también considerarse facultades de oportunidad aquellas que le permiten al órgano de persecución criminal disponer parcialmente de la naturaleza y magnitud de la pena a consecuencia de la conformidad del acusado con la pena solicitada por el Fiscal en su escrito de acusación, y, en general, en todos aquellos procedimientos penales abreviados que permiten acuerdos entre Ministerio Público e imputado en orden a la determinación consensuada de la medida del castigo. Finalmente, también pueden citarse como manifestaciones de la oportunidad aquellas instituciones procesales que permiten al órgano de persecución criminal disponer total o parcialmente de la acción criminal, por razones de oportunidad, basados en la racionalización y optimización del ejercicio de la acción penal, con el objeto de concentrar esfuerzos en la represión de ciertos delitos que se consideran especialmente dañosos, por ejemplo, en materia de criminalidad organizada.

  42. Ahora bien, la aplicación selectiva del Derecho Penal, o, en otras palabras, las facultades de no-ejercicio de la acción penal permiten no sólo la consecución de mayor eficacia procesal, en el sentido de un mejor reparto de los recursos de la Administración de Justicia hacia aquellos sectores donde la delincuencia sea más problemática, sino que además posibilitan una utilización racional y justa del ius puniendi estatal. En efecto, las facultades de oportunidad dejan, en primer lugar, llevar a la práctica las exigencias de proporcionalidad, no sólo en relación a la medida de la culpabilidad y a la pena o medida alternativa que finalmente se adopte, sino en la propia evitación de un proceso largo que en sí mismo puede causar un importante estigma social al autor del hecho delictivo y a la propia víctima.

  43. En suma, el principio de oportunidad permite la realización de fines político-criminales que se pueden resumir en evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad; obtener la rehabilitación del delincuente; estimular la pronta reparación del daño; razones de economía procesal; efectuar un tratamiento diferenciado de la pequeña y mediana criminalidad frente a la criminalidad grave, estableciendo espacios para la oportunidad y el consenso en determinadas parcelas de la criminalidad eliminando conflictos innecesarios, reservando, en definitiva, el proceso penal para la persecución de la criminalidad grave. En definitiva, las vinculaciones entre las facultades de oportunidad y los objetivos de política criminal son, por tanto, evidentes. La posibilidad para disponer total o parcialmente de la pretensión penal cuando no sea político-criminalmente conveniente llevar a cabo una persecución penal rigurosa se transforma así en un poder al menos tan importante como el propio ejercicio de la acción penal.

  44. En este contexto se inscriben las reformas puestas en marcha en la gran mayoría de los países europeos, como también del entorno latinoamericano, para dar cabida en sus ordenamientos jurídicos a un conjunto de atribuciones que autorizan a los órganos de persecución criminal, especialmente al Ministerio Fiscal, a disponer total o parcialmente, en determinadas situaciones, del deber de ejercicio y sostenimiento de la acción penal, conocidas genéricamente bajo el concepto de principio de oportunidad. De esta manera, las instituciones que se agrupan bajo el concepto de principio de oportunidad facultan al órgano encargado de la acusación pública para que, antes o durante el ejercicio de la pretensión punitiva, efectúe una ponderación de las circunstancias, el momento y otros factores que puedan determinar la conveniencia de proceder, lo que le autoriza, en un caso concreto, para dejar de ejercer sus obligaciones procesales esenciales (investigación, acusación y sostenimiento de la pretensión punitiva en la etapa de juicio). Es decir, o bien puede no iniciar el procedimiento, o suspenderlo, o poner fin al ya iniciado, si no considera la persecución oportuna o conveniente, por ejemplo por razón de nimiedad de la infracción, o en virtud de las consecuencias maléficas que pueda suponer la incoación del proceso (victimización secundaria y efectos criminógenos), o por temor a costos procesales considerables; o bien, dado el caso, puede no instar en toda su magnitud o extensión la medida del castigo establecida en abstracto por la ley para el hecho punible, llegando a acuerdos con el imputado en orden a la determinación consensuada de la medida y naturaleza de la pena.

  45. En definitiva, en su máxima expresión las facultades de oportunidad permiten al Ministerio Público incluso llegar a «desjudicializar» hechos que revisten caracteres de delito, sin que ello implique una despenalización total o parcial de los tipos, con independencia de que se acredite la existencia del hecho punible, o la autoría o participación de personas responsables. De este modo, las facultades de oportunidad consisten en verdaderas alternativas al procedimiento, y no en procedimientos alternativos. Pero, su aplicación debe estar limitada sólo a cierta clase de delitos, cuya disposición por parte del Ministerio Público pueda resultar tolerable, y ello sólo en la medida en que no se convierta en una causa de impunidad privilegio de unos pocos, ni en una invitación al delito.

  46. Por último, cabe destacar que, no obstante la fuerte resistencia de un sector más conservador de la doctrina española a la incorporación del principio de oportunidad, la adopción de mecanismos de oportunidad es una realidad incontrastable, en este ordenamiento jurídico. En efecto, desde una óptica meramente procesal, la oportunidad puede referirse no sólo a la iniciación sino también a la continuación y finalización del proceso. Así, las posibilidades de disposición parcial de la pretensión punitiva a través de la determinación consensuada de la medida del castigo en que consisten las diversas posibilidades de conformidad del acusado en el proceso penal español también constituyen, a nuestro juicio, manifestaciones del principio de oportunidad procesal. Con todas las dificultades que puede entrañar una institución con diversas modalidades en cuanto a los procedimientos en que son aplicables, los sujetos intervinientes, el control judicial sobre su manifestación, etc., podemos definir la conformidad como el acto procesal, manifestación del principio de oportunidad, consistente en la declaración de voluntad que emite el imputado, asistido de su abogado, por el que se conforma con la acusación más grave formulada por las partes acusadoras y con la pena solicitada, lo que provoca la finalización del procedimiento, sin la celebración del juicio oral, a través de una sentencia con todos los efectos de la cosa juzgada.

  47. Como podemos apreciar, este instituto permite a las partes participar con su voluntad en la determinación de la medida del castigo, al haber posibilitado una abreviación de los trámites procesales, ya que si se cumplen todos los requisitos exigidos por la ley el Juez procederá a dictar inmediatamente la sentencia, siendo la vista completamente innecesaria. La conformidad tiene, pues, una enorme importancia tanto para la acusación pública, en cuanto acelera y asegura el resultado del proceso, evitando la celebración del juicio, como para el imputado, al que le evita la incertidumbre del enjuiciamiento y, con ello, una acusación más grave y una eventual mayor condena que aquella que podría decretarse en caso de no tener lugar todas las etapas del juicio.

  48. Así pues, la determinación consensuada de la medida del castigo genera indudables efectos preventivo-generales, en el sentido de que una actitud colaboradora del imputado producirá un incremento de la eficacia de los órganos de la Administración de Justicia. No obstante, el legislador no ha dotado a la conformidad finalidades directas de reparación a la víctima, ni tampoco sirve, en estricto sentido, como mecanismo para evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad, puesto que, en definitiva, la reparación del daño provocado por el delito se encuentra vinculada a las formas sustitutivas de ejecución de las penas privativas de libertad ya impuestas por una sentencia judicial. Asimismo, la conformidad, tal cual se encuentra regulada, no permite a las partes evitar la sentencia condenatoria, y por ende la imposición de la pena privativa de libertad, reemplazándola por formas de reacción no-punitivas con contenido resocializador.

  49. En suma, la simple lectura de los artículos 784.3; 787; 800.2 y 801 de la LECrim, que regulan las hipótesis de conformidad en el ámbito en que operan los «juicios rápidos» y el procedimiento abreviado, es posible concluir que la intención del legislador reformista no ha sido otra sino crear mecanismos que pongan fin al proceso de forma abreviada, con el único y exclusivo objetivo de imprimir mayor celeridad a la respuesta estatal y aliviar la carga de la Administración de Justicia penal. Dicho de otro modo, conforme se extrae de la regulación de los «juicios rápidos» y de las reformas sufridas en el procedimiento abreviado, el legislador español se ha revelado bastante tímido a la hora de acudir a estos mecanismos basados en criterios de oportunidad, en aras a potenciar el modelo acusatorio de proceso y, al propio tiempo, tornar efectiva la consecución de los fines de prevención especial y general que fundamentan el sistema de Justicia penal. De modo que, como sugerencia en aras a una futura reforma de la LECrim, se propone replantear los supuestos que permiten la conformidad, para introducir condiciones, como la exigencia de “informe social”, para dotarle de mayor eficacia preventiva, en atención a los fines de rehabilitación y resocialización del acusado y a la efectiva reparación de la víctima.

  50. Por último, por lo que corresponde a las facultades del Ministerio Público disponer de la acción penal, con base en criterios de oportunidad, es preciso dejar constancia que, con independencia de la previsión en materia de Justicia de menores, su regulación en la LECrim es de todo inexistente. Pero, según se ha podido comprobar a lo largo de esta investigación, la incorporación del principio de oportunidad en el proceso penal español no sólo es posible jurídicamente como factible, faltando sólo voluntad política para hacerlo una realidad. A tal efecto, bastaría con que el legislador reformista reformulase, con relación a las actuaciones del Ministerio Público, en la fase previa y durante la instrucción, algunos de los dispositivos de la LECrim, tales como el art. 773.2 y 797.1 LECrim. Asimismo, en lo que corresponde a la solicitud de sobreseimiento, regulada en los arts. 634 y ss. LECrim, y aplicable tanto al procedimiento abreviado (art. 780.1 LECrim) como en los «juicios rápidos» (arts. 798 y 800 LECrim), haría que ampliar los supuestos de aplicación, concretamente en lo que corresponde a las infracciones leves o a aquellos casos en que se verifique, por la naturaleza del delito las condiciones personales de las partes, sea conveniente la solicitud de sobreseimiento provisional, bajo el cumplimiento de determinados mandatos y condiciones por el imputado. Desde esta concreta perspectiva, la regulación de la mediación penal asume importancia trascendente como supuesto para el sobreseimiento libre o provisional. En definitiva, según se ha comprobado en esta investigación, la incorporación del principio de oportunidad reglada al proceso penal español, sobre la base del redimensionamiento del papel del Ministerio Público y de la flexibilización de la obligatoriedad estricta de la acción penal, representaría un paso decisivo hacia una Administración de Justicia moderna y eficaz. Es decir, ello, sin lugar a dudas, contribuiría a diseñar un sistema procesal ágil y coherente con las necesidades que se plantean en los órdenes jurídicos democráticos en este concreto momento histórico.




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