Capítulo I hacia un concepto de política criminal, bajo el marco del Estado social y democrático de Derecho



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5. LA REGULACIÓN DE LA CONFORMIDAD


La conformidad, según se tuvo ocasión de referir en su momento, ha sido entendida como la máxima expresión del reconocimiento del principio de oportunidad en el ámbito en que opera el sistema de enjuiciamiento criminal español. De modo que, no se podría concluir este trabajo sin dedicar un apartado a su estudio. Sin embargo, debe advertirse, de entrada, que esta posición supone la adopción de un concepto amplio de oportunidad, pues, entendido el principio de oportunidad en su sentido estricto – como la facultad que se confiere al Ministerio Público de no ejercer la acción penal, bajo los supuestos previamente establecidos por la ley, aunque presentes los indicios de la comisión de un hecho formalmente delictivo – habría que excluirlo de la investigación958.



No obstante, es cierto que la conformidad, en la medida que afecta el desarrollo normal de todas y cada una de las fases del proceso penal tradicional, tal como se encuentra regulada en la LECrim, y con mayor razón tras la reforma de 1988, es sin lugar a dudas la máxima expresión de una mayor apertura al principio de oportunidad, por medio de la incorporación de mecanismos inspirados en la justicia negociada, en el ámbito en que opera el sistema de Justicia penal español. Conforme señala la doctrina, desde la reforma de 1988, que introduce el procedimiento abreviado en el sistema de enjuiciamiento criminal español, el instituto de la conformidad – siguiendo las directrices de la Recomendación n.º R(87) del Consejo de Europa – sufrió una potenciación inusitada, incrementándose, de este modo, los espacios de consenso en el proceso penal959.
Así que, en definitiva, según señala GIMENO, lo cierto es que la conformidad además de constituir una típica manifestación del principio de oportunidad, es también en su forma pura, pues, en efecto, no obstante la existencia de un hecho típico, culpable y punible, no obliga al MP a ejercitar y sostener la acción penal hasta la obtención de una sentencia firme – a tenor de los artículos 100, 105 y 1 de la LECRIM – sin que, en principio, precise de autorización u homologación judicial, y, lo que es peor, sin que la obtención de la sentencia de conformidad quede condicionada al cumplimiento pro futuro por el acusado de prestación o condición alguna (por ejemplo, la reparación de la víctima, realización de trabajos sociales, etc.)960.
Por tanto, conforme se verá a continuación, si bien no sea la conformidad en su sentido estricto una autentica manifestación del principio de oportunidad, debe destacarse en este trabajo alguno de sus aspectos más relevantes, en aras a contribuir en el futuro – que se espera esté próximo – a una nueva regulación del instituto, con el objetivo de conferirle mayor eficacia, comprendiendo en este concepto no sólo el aspecto de aceleración del término del procedimiento, sino también y sobre todo, la necesidad de imprimirle legitimidad social en cuanto a los objetivos que debe buscar, concretamente en lo que corresponde al tratamiento a ser dado al control penal de la criminalidad de masas.
De ahí que quepa señalar que supera los objetivos de este trabajo entrar en el análisis pormenorizado de todos y cada uno de los aspectos que giran en torno a la conformidad. Razón por la cual, solamente se efectuarán algunas consideraciones previas con relación al cuadro general de regulación de la conformidad en el sistema de enjuiciamiento criminal español, con el objetivo de apuntar los aspectos más problemáticos que plantea y situar mejor el objeto específico del análisis, precisamente desde el punto de vista de potenciación de mecanismos de consenso previstos en el interior de este sistema961.
Inicialmente, cabe destacar, aunque en líneas generales, que el sistema español prevé regímenes distintos para su aplicación, que podrían ser clasificados de ordinario y especial, a depender del proceso o procedimiento que se aplique al caso concreto. El ordinario corresponde a la denominada conformidad estricta, aplicable al procedimiento ordinario, a tenor de lo que preceptúa los artículos 655 y 688 a 700 LECrim. La categoría de especiales abarca todos los demás regímenes de conformidad previstos en la LECrim, concretamente la regulación del instituto en el procedimiento abreviado (arts. 784.3 y 787 ss. LECrim) y juicios rápidos (arts.800 ss. LECrim).
En lo que corresponde al régimen de la conformidad estricta contenido en la redacción originaria de la LECrim y aplicable al procedimiento ordinario, destaca la doctrina que el objetivo del instituto no es otro sino acelerar el término del procedimiento, sin que se incluya ningún elemento de negociación. Se trata por tanto de hipótesis de conclusión del proceso con sentencia de merito, sin previo sumario de culpa, teniendo como condición que el imputado esté conforme con la solicitud de pena más grave de las acusaciones y con la responsabilidad civil. Al respecto, enseña la doctrina que «ambas hipótesis tienen como objetivo “truncar” el juicio y producen como resultado una sentencia de conformidad»962. Lo que las diferencia es fundamentalmente el momento en que se producen, destacándose que la primera (art. 655) evita el juicio oral y puede ser más eficaz en el sentido de ahorrar los trámites que conlleva.
Con la reforma de 1988 y la creación del procedimiento abreviado, se produjo un cambio radical en la configuración de la conformidad, en aras a incorporar al ordenamiento procesal penal español – siguiendo la orientación de las reformas procesales llevadas a cabo en países del entorno continental como Portugal e Italia – el llamado “principio del consenso”963. En efecto, conforme advierte ARMENTA DEU «la finalidad no es ya sólo poner término a un proceso cuyo objeto se solventó de otra forma jurídica, sino consagrar una nueva manera de resolver el conflicto originado por el delito, a través del acuerdo de acusador y acusado, con la posterior intervención del órgano enjuiciador»964. La novedad se centra, por tanto, en la posibilidad de disposición sobre el objeto del proceso965.
En efecto, es ineludible el hecho de que el reconocimiento de espacios de negociación o consenso en el ámbito del proceso penal o la previsión de unos márgenes de selección sobre los asuntos enjuiciables conlleva la ampliación de las facultades de las partes en ello implicadas y la consecuente disposición sobre su objeto966. Pero, conforme advierte un sector de la doctrina, no se trata de una mera importación del plea bargaining norteamericano, pues, empleando la terminología acuñada por FAIREN, el legislador español parece haber huido de «la disponibilidad con respecto al conflicto» para admitir una cierta «disponibilidad respecto del proceso»967.
Posteriormente, las Leyes 38/2002 y LO 8/2002 convirtieron la conformidad en la institución “estrella” de la Reforma968.Precisamente en lo que corresponde al nuevo régimen de lo que se ha llamado por la doctrina “conformidad premiada”, aplicable en el ámbito de los juicios rápidos y regulada en el art. 801 LECrim, la Reforma ha representado un instrumento de importancia trascendente en aras a fomentar la vía negociada de solución del proceso. En este sentido, según la Circular 1/2003, de 7 de abril, de la Fiscalía General del Estado – en adelante Circular 1/2003 FGE –, sobre procedimiento para enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado, la novedosa opción legislativa contenida en el art. 801 LECrim responde a la necesidad de superar el limitado efecto reductor de trámites de la conformidad ordinaria.
Pero, este aspecto ha sido precisamente el que sigue planteando mayores problemas en lo que corresponde a la regulación de la conformidad. En concreto, ha sido objeto de mucha polémica en la doctrina la posibilidad que se le confiere al acusado de formalizar su conformidad «conjuntamente con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal» (art. 784.3.II) así como la que se confiere al MP para rebajar su petición de pena al inicio del juicio oral, a través de la común aceptación de la descripción de los hechos y ello con el objetivo de favorecer la conformidad (art. 787.1). Según señala MORENO CATENA, en efecto, el reconocimiento de esa negociación «convierte a la conformidad en una manifestación de la transacción por medio de la cual la acusación renuncia a parte de su petición condenatoria mientras que el acusado admite y acepta una condena, con provecho para la mejor solución de conflicto que el delito ha suscitado»969.
Con arreglo al art. 784.3 LECrim al acusado se le conceden dos oportunidades para conformarse en la fase de investigación: a) individualmente, en el escrito de defensa. En este caso la conformidad es similar a la modalidad prevista en el procedimiento ordinario (art. 655 LECrim), pues el acusado se conforma con la pena más grave de todas las solicitadas en los escritos de acusación, prescindiendo de la aquiescencia de la acusación. Por tanto, no se trata de un acuerdo sobre la pena970; b) conjuntamente con las partes acusadoras y acusadas, presentando nuevo escrito de acusación, en cualquier momento anterior a la celebración del juicio oral971. Esta segunda posibilidad es el aspecto que plantea más problemas en la regulación de la conformidad, pues presupone un acuerdo previo entre el acusado y las partes acusadoras, dificultando con ello el ulterior control judicial sobre la voluntariedad de la decisión tomada por el acusado972.
El segundo momento en el que según la Ley puede manifestarse la conformidad en el procedimiento abreviado es en pleno desarrollo del juicio oral. Así pues, a tenor de lo que preceptúa el art. 787.1 LECrim, antes de iniciarse la práctica de la prueba, el acusado puede prestar su conformidad, bien con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, bien con el que se presentara en ese acto. A este respecto, destaca MORENO CATENA que ha sido una decisión acertada de la Ley 38/2002 permitir que el acusado manifieste su conformidad después de la presentación del escrito de acusación, habiendo él mismo presentado o no el correspondiente escrito de defensa, y antes del inicio de las sesiones del juicio oral, pues «la alusión a la calificación conjunta da idea de cooperación en la elaboración del escrito, y de que no se limita a una adhesión de la defensa a lo pretendido por la acusación»973.
Pero, no obstante el carácter novedoso de la reforma, cabe destacar los problemas apuntados por la doctrina a este respecto. El primer aspecto objeto de crítica consiste en el momento en que se puede producir la conformidad, pues permitirse que se produzca durante el juicio oral reduce sobremanera las ventajas de este instituto, para fines de economía procesal974. Pero, el mayor problema planteado en torno a esta modalidad de conformidad consiste en la posibilidad de las partes acusadoras rebajaren su petición de pena al inicio del juicio oral, a través de la común aceptación de la descripción de los hechos y ello con el objetivo de favorecer la conformidad (art. 787.1). En efecto, conforme señala la doctrina, «aquí, casi más que en el caso previsto en el art. 784.3.II L.E.Cri., se ve claramente la influencia norteamericana de las negociaciones en el proceso penal, en la que ante la calificación desfavorable la defensa tiene una segunda oportunidad para acudir a la Fiscalía ‘ofertándole’ la conformidad de su cliente a cambio de una ‘rebaja’ en la pena»975. En este supuesto es posible concluir que se produce, por tanto, una inversión de los fines de la conformidad, pues, la misma no se da con el objetivo de evitar el juicio oral, sino después de su apertura, por medio de una negociación subrepticia en que el acusado es premiado con una rebaja de la pena más grave de las pedidas por las acusaciones, para evitar la práctica de la prueba.
Nótese, por otro lado, para el hecho de que, conforme advierte la doctrina, la redacción en singular con la utilización de la expresión «el escrito de acusación», parece estar pensada sólo en pro de la actuación de la acusación pública, excluyendo que haya otras acusaciones personadas que presenten distintos escritos de acusación que eventualmente pudieran calificar de forma distinta los hechos y a consecuencia de ello pedir diferentes penas. Pero, en todo caso, con independencia de la interpretación que se haga de este precepto – optándose por su interpretación literal o teleológica – se puede presuponer que, en efecto, la intención del legislador no ha sido sino la conceder una nueva oportunidad para que las partes dialoguen acerquen sus posturas y presenten de forma conjunta un único escrito de acusación, para que se produzca la conformidad, aunque condicionada a la solicitación de una pena rebajada y, de este modo, modificada respecto a los originarios escritos de acusación976.
Así que, a modo de conclusión, se podrían apuntar como aspectos más problemáticos de cara a la regulación de la conformidad aquellos a los que se acaba de hacer referencia.. De modo que coinciden precisamente con los aspectos más criticados por la doctrina más tradicional y más reacia a la conformidad, pues, de un lado, el instituto conlleva irremediablemente una renuncia a diversos derechos que derivan del derecho al proceso con todas las garantías, tales como la presunción de inocencia; derecho de defensa; a la celebración del juicio; el derecho a a obtener una sentencia de merito o al derecho al recurso977. Desde esta óptica, la objeción básica que ofrece la institución de la conformidad para este sector doctrinal recae en la yuxtaposición del principio de verdad formal o consensuada sobre el principio de verdad material978.
De otro lado, pese ser necesario, según destaca MORENO CATENA, la apuesta clara por la conformidad, tanto en su vertiente de justicia penal negociada, como en la nueva perspectiva de la conformidad premiada, en aras de un mejor funcionamiento de todo el sistema de justicia penal979, al propio tiempo se convierte en una exigencia inaplazable dotarle de coherencia en cuanto a los fines teleológicos que debe atender. En este orden de cosas, se ha apuntado la escasa utilidad práctica de la conformidad a efectos de la política criminal. El principal argumento consiste en que «no se arguyen razonamientos ético-jurídicos ni si tiene en cuenta la coherencia interna de los principios inspiradores del proceso penal. Sólo se atienden a criterios de utilidad que, desde luego, no son desdeñables, pero que en sí mismos son poco convincentes. Estos criterios de utilidad se resumen en un único fin: descongestionar a los tribunales»980.
En efecto, está claro que el objetivo del legislador con la actual regulación de la conformidad en el ámbito en que se aplican los procedimientos abreviado y juicios rápidos, no ha sido otro sino poner fin al proceso, sea en la fase previa del juicio oral o durante lo mismo, a través de la aceptación por el acusado de la pena o de los hechos, de la calificación jurídica y de la responsabilidad penal y civil –, sin que ello suponga una autentica negociación o mediación entre las partes. Concretamente a este respecto, la doctrina señala que, pese ser los intereses de la víctima el argumento frecuentemente invocado en aras a la potenciación de instrumentos como la conformidad, se observa de la más nueva regulación del instituto en el ordenamiento procesal penal español, que estos intereses han sido absolutamente olvidados o preteridos como condición para la celebración de este acuerdo, en favor de la reiterada necesidad de aceleración del término del proceso981.
Desde esta concreta perspectiva, de acuerdo con lo que se ha mencionado en los capítulos precedentes, resulta harto problemático responder a las críticas que hace un sector de la doctrina al carácter meramente económico y utilitarista que ha marcado la apertura a espacios de oportunidad en el ordenamiento procesal penal español982. En efecto, resulta difícil hacer frente a estas críticas desde la actual regulación de la conformidad, pues, conforme se ha tenido la ocasión de destacar acerca de este instituto, tal como se encuentra regulado en la LECrim, resulta manifiesto que la intención del legislador no ha sido otra que la de incorporar un instrumento que atendiese, por un lado, a los reclamos de la comunidad internacional por la incorporación de mecanismos de justicia negociada en aras a diferenciar el tratamiento a dar a la criminalidad de masas y a modernizar el proceso penal español; y, además, por otro lado, la regulación de la conformidad pone de manifiesto que el objetivo del legislador no ha sido otro que el de incorporar al sistema un instrumento capaz de acelerar el término del procedimiento, sin que se haya aprovechado este instrumento como un mecanismo en aras a potenciar los fines de carácter social e individual que deben informar el interés público en la persecución penal de los Estados sociales y democráticos de Derecho.
Significa decir que este instituto ha sido verdaderamente desaprovechado en lo que corresponde a los fines de potenciación de las soluciones alternativas, según criterios de oportunidad. En efecto, conforme advierte ARMENTA DEU la conformidad del acusado es sin lugar a dudas el único instrumento existente en el sistema de enjuiciamiento criminal español que permite un trato diferenciado entre los hechos punibles que deben ser perseguidos y aquéllos otros en los que la pena carece de significación983. De ahí que haga falta conferir mayor legitimación social a este instituto, en aras a contribuir no sólo a un mejor funcionamiento del sistema de justicia penal, sino también y sobre todo a racionalizar el recurso al proceso penal, teniendo en cuenta criterios de oportunidad fundamentados en razones de interés público y, a la postre, contribuir a la proclamada consecución de la justicia material por encima de la formal984.

5.1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONFORMIDAD


En una primera aproximación, cabe hacer una precisión acerca del concepto y naturaleza jurídica de la conformidad. A este respecto, señala la doctrina que la diversidad de regimenes de aplicación de la conformidad previstas en el proceso penal español ha generado una confusión notable respecto a su concepto y naturaleza jurídica, además de dificultar no sólo la aplicación homogénea de la institución sino también la propia percepción social del instituto. En este sentido, destaca ARMENTA DEU que las divergencias acerca de la aplicación y alcance del instituto se han centrado básicamente en los efectos vinculantes de la conformidad en cuanto a los hechos, la calificación jurídica y la determinación de la pena985.


Acerca de su concepto, la doctrina ha llegado a un consenso de que la conformidad se define como un acto unilateral de voluntad que emite el imputado, asistido por su abogado, por el que se conforma con la acusación más grave formulada por las partes acusadoras y con la pena solicitada, lo que provoca la finalización del procedimiento, sin la celebración del juicio oral, a través de una sentencia con todos los efectos de la cosa juzgada986.
Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica de la conformidad, el instituto ha planteado mayores problemas, dividiéndose las posiciones doctrinales básicamente entre los que la consideran una especie de allanamiento y los que se inclinan por la figura jurídica de la confesión, aproximándola, por tanto, a las características de un convenio. La polémica se refuerza si se considera la diversidad de regimenes de conformidad existentes en la LECrim. Para un sector de la doctrina, habría que diferenciar la conformidad estricta, prevista en el artículo 655 ss. LECrim, de la conformidad prevista en él ámbito del procedimiento abreviado, como consecuencia del reconocimiento de los hechos, regulada en el art. 779.1.5ª, introducido por la Ley 38/2002. La primera encierra siempre un allanamiento de la defensa a la pretensión penal, entendida como petición de pena y no como hecho punible, diferenciándose, por tanto, del plea guilty inglés987, en el procedimiento abreviado, a tenor del art. 779.1.5ª, para hacerse acreedor de la conformidad premiada es necesaria la confesión del imputado. En cambio, conforme señala la doctrina, «dicha exigencia no lo es en los juicios rápidos, en donde la conformidad mantiene su genuina naturaleza de allanamiento a la pretensión penal»988.
A modo de conclusión es posible afirmar que, con independencia de las diferentes concepciones existentes en la doctrina acerca del allanamiento y confesión, desde el presente enfoque, en efecto, la conformidad se asemeja más bien a la figura jurídica del allanamiento, pues, «la praxis de la conformidad se encuentra muy alejada de la mediación, dado que la anuencia del acusado con la pretensión penal promovida por la acusación no es fruto de un acercamiento dialéctico entre víctimas y victimario y una búsqueda conjunta de una respuesta creadora al hecho criminal»989. En efecto, la conformidad exige un acto de disposición de la parte acusadora, un juicio de homologación del tribunal acerca del cumplimiento de los requisitos legales y una sentencia vinculada a la petición de condena hallada conforme. Es decir, según advierte MORENO CATENA, «en el sistema procesal penal español, por tradición, la conformidad se ha configurado como una institución procesal basada en el principio de adhesión»990. Así que, en definitiva, se puede inferir de ello que la conformidad, en el sentido más literal y estricto de la palabra, es un autentico allanamiento, pues requiere una manifestación de conformidad por parte del imputado con la pretensión punitiva de las partes acusadoras.


A. LA CONFORMIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO


La conformidad en el procedimiento abreviado está regulada por el art. 787 LECrim. Al respecto, interesa destacar de entrada que uno de los aspectos de la reforma de 2002 apuntado como positivo por la doctrina – al margen de las críticas hechas a su parquedad – ha sido la reunión en el citado artículo de las varias conformidades existentes en la LECrim, en orden a establecer un régimen general de conformidades991. Así que, con independencia de que la conformidad se manifieste en la fase de preparación del juicio oral (art. 784.3 LECrim) y ante el Juez de Guardia (art. 800.2 y 801.1 LECrim) o iniciado el juicio oral, se remite expresamente al régimen jurídico de la conformidad contenido en el art. 787 LECrim992.


Con arreglo a artículo, se prevé la conformidad como forma de abreviación del procedimiento, poniéndose fin al proceso antes de iniciarse la práctica de la pruebas en el juicio oral. Se da a instancia de la defensa – la defensa técnica prevalece (art. 787.4 LECrim)993 –, en conformidad con la pena de mayor gravedad formulada por la acusación. Pasa por el control del juicio que verificará la regularidad de los supuestos de aplicación – calificación correcta; pena procedente; libre anuencia de la conformidad – y podrá ordenar la continuación del juicio en su defecto (art. 787.3 y 4)994. En este sentido, destaca MORENO, refiriéndose al prerrequisito para la validez de la conformidad, consustanciado en la autonomía de la voluntad del acusado que, «en efecto, aunque por regla general, la validez y eficacia de los actos procesales depende de la observancia de las formas y no del control sobre la formación y la manifestación de la voluntad, quedando excluidos sus efectos jurídicos del ámbito de la autonomía privada, no sucede lo propio con la conformidad del acusado»995, pues la conformidad debe se libre y voluntaria.
Por lo que se refiere a su ámbito de aplicación, interesa destacar que la conformidad se aplica a lo hechos punibles tipificados con pena inferior a seis años de privación de libertad (art. 787.1 LECrim), fijado en el escrito de calificación definitiva, es decir, con base en la pena considerada en concreto, no en abstracto996. Este aspecto ha sido objeto de críticas por parte de un sector de la doctrina, por entender que el límite penológico de seis años es bastante alto, sobre todo si se compara con los modelos adoptados en otros países del entorno997.
Conforme se ha tenido ocasión de demostrar, la incorporación del principio de oportunidad y de mecanismos de justicia negociada en el entorno europeo tiene por finalidad diferenciar el tratamiento de la pequeña criminalidad y criminalidad grave, para evitar, entre otras cosas, los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad en aquellos supuestos en que se concluya que falta interés público en la persecución penal de las infracciones leves. No obstante, tal como se encuentra regulada en la LECrim, resulta factible concluir, en la línea apuntada por el sector más crítico a este instituto, que el legislador recurre al principio de oportunidad únicamente como un instrumento útil en aras a potenciar el principio de economía procesal, sin que se le confiera otros fines de carácter social e individual. En efecto, según aclara MORENO CATENA, en la fijación de los seis años de prisión como límite penológico para la aplicación de la conformidad no se ha tenido presente la gravedad de las penas, en aras a servir como criterio divisor del tratamiento a dar a la criminalidad grave y leve, sino en razón de la necesidad de uniformizar la regulación de la conformidad a todos los procesos penales, zanjando en definitiva la polémica sobre la extensión de la conformidad existentes con anterioridad a la reforma de 2002998.
En definitiva, las razones que informan este criterio de aplicación de las conformidades atienden más bien a la funcionalidad y sistematización del régimen de conformidades, en detrimento de los fines teleológicos que igualmente deben informar el sistema de enjuiciamiento criminal. Asimismo, significa decir que la asociación de la conformidad como manifestación del principio de oportunidad conlleva una concepción de este principio únicamente como un instrumento de política criminal para hacer frente al colapso y lentitud de la Administración de Justicia999.
Esta crítica se refuerza si se tiene en cuenta no sólo el límite penológico de la conformidad – comprendido, en efecto, la gran mayoría de los hechos punibles, revelando ser el propósito del legislador reformista únicamente lograr la celeridad de la justicia penal en su conjunto, de modo que se ha olvidado que al objetivo de racionalización del proceso debe acompañarse como principio rector el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) – sino también, de entre otros aspectos a ser considerados, el carácter absoluto de este instituto, que impide que se someta a cualquier género de condición, plazo o término, salvo en lo que se refiere a la responsabilidad civil.
En orden a ello, concretamente en lo que corresponde a los requisitos y supuestos para la obtención de este beneficio, juega un papel trascendente la creación como condición para poner fin al proceso de nuevos supuestos (por ejemplo, cumplimiento de mandatos y reparación de la víctima) y requisitos (ausencia de antecedentes penales; escasa gravedad y culpabilidad, etc.) para obtenerse el beneficio, teniendo como criterios fundamentalmente los intereses de la víctima y los fines de rehabilitación del imputado. A estos efectos, según defiende GIMENO, la conformidad debe convertirse además de un estímulo a la pronta reparación de la víctima, una medida eficaz en aras a la resocialización del delincuente. En efecto, conforme destaca el procesalista, «en la práctica, si el acusado desea evitar el juicio, está interesado en reparar puntualmente al perjudicado a fin de que éste no comparezca en el proceso y solicite una pena superior a seis años, en cuyo caso la conformidad no sería procedente, debiéndose abrir el juicio oral». Por esta razón, destaca además el autor, «la Circular 1/1989, de la Fiscalía del Tribunal Supremo, dictada en aplicación de la LO 7/1988, recomienda al MF que, a la hora de redactar el escrito de acusación, tenga en cuenta otros fines del proceso, distintos a la actuación del ius puniendo, tales como el enunciado de la reparación a la víctima o la propia resocialización del acusado, buscando fórmulas de “consenso” entre acusación y defensa a fin de que se solucione el conflicto, individual y social, que originó la comisión del delito»1000.


B. LA CONFORMIDAD PREMIADA DE LOS JUICIOS RÁPIDOS


Antes de iniciar el análisis específico de la conformidad, deben hacerse algunas consideraciones previas sobre la finalidad y el ámbito de aplicación de lo que se ha nombrado «juicios rápidos». Con arreglo en el art. 795, este proceso especial se aplica presentes los siguientes requisitos: 1) pena de prisión menor o igual a 5 años y otras penas menor o igual a 10 años (art. 795.1 LECrim); 2) delitos flagrantes (art. 795.1.1ª parte LECrim); 3) naturaleza de la infracción (art. 795.1.2ªparte LECrim)1001; 3) instrucción sencilla (art. 795.1.3ª parte LECrim). Así pues, conforme se infiere de su ámbito de aplicación y destaca la doctrina, la finalidad primordial del legislador con esta reforma y la creación de este proceso especial no ha sido otro sino conferir un tratamiento diferenciado en lo que corresponde a la criminalidad de masas, cuya principal característica consiste en comprender, de un lado, delitos de escasa gravedad; y, de otro, teniendo presente la sencillez de la instrucción, la posibilidad de crear una justicia que se caracterice por la presteza – en ocasiones inmediata – de la tutela judicial1002.


Por lo que se refiere a la conformidad en los juicios rápidos, el instituto está regulado en los artículos 800 y 801 LECrim1003. Se trata, según señala la doctrina, de una nueva e inédita regulación de conformidad conocida como «premiada», pues conlleva una reducción de un tercio de la pena, a cambio de la abreviación del término del procedimiento, siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos al efecto. Asimismo, de entre las novedades incorporadas por la LO 8/2002, de 24 de octubre, destaca, respecto a la regulación de la conformidad en el ámbito que se aplica el juicio rápido, la posibilidad de que el acusado la preste ante el Juez de Guardia (art. 801.1 LECrim)1004.
De entre los requisitos esenciales para la sentencia de conformidad premiada, la Ley establece el límite penológico de 3 años1005 o 2 años1006, reducido de un tercio (art. 801.1.2ª y 3ª parte LECrim); la formulación de acusación oral o escrita en el acto de comparecencia previsto en el art. 800 LECrim1007; y que la defensa preste su conformidad inmediata, en el acto de apertura del juicio oral, si no se hubiere constituido acusación particular (art. 800.2 LECrim), o en el plazo de 5 días concedido a la defensa para presentar su escrito (art. 800.2, 2º párrafo LECrim)1008.
Anótese que, con relación al régimen de conformidad a ser aplicado – premiada o no – el tema ha sido objeto de encendida controversia en la doctrina, girando en torno a la posibilidad de que se produzca estos efectos también cuando el Ministerio Público no presente el escrito de acusación en el mismo acto en que se haya acordado la apertura del juicio oral (art. 801.1.1º LECrim) o se hubiere constituido acusación particular (art. 801.5 LECrim)1009. En efecto, ambos preceptos son los que más dudas han suscitado, debido a que de una interpretación estrictamente literal del art. 801.1.1º, quedarían excluidos algunos supuestos en los que, según entiende un sector de la doctrina, el acusado sí que podría prestar su conformidad, ya que de otra forma se podría vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley1010. No obstante, con independencia de que sea el superior jerárquico del fiscal el que presente el escrito de acusación o de que se constituya acusación particular, pese la polémica generada en función de la ambigüedad del precepto, ha prevalecido la opinión en la doctrina, de que la rebaja en un tercio de la pena solicitada depende no tanto de estos requisitos, sino más bien de si el acusado presenta el escrito de defensa ante el juzgado de guardia o ante el juzgado de lo penal, teniendo presente que el objetivo principal del beneficio consiste en abreviar el término del procedimiento1011.
Así que, en definitiva, a modo de conclusión previa, es posible afirmar que, como requisito para la obtención del beneficio de la conformidad premiada (reducción de un tercio de la pena) la ley establece que sea prestada ante el juzgado de guardia. Se está por tanto ante una medida incorporada por el legislador reformista, que tiene como clara intención abreviar el término del procedimiento y evitar el juicio oral1012.

De este modo, según se desprende de los supuestos de aplicación de la conformidad premiada, no obstante en su redacción originaria se previese la vinculación de esta modalidad especial de conformidad a la concurrencia de los requisitos legales exigidos en los artículos 81.1 y 87.1.2 del CP para la suspensión o sustitución de la pena de prisión, para beneficiarse de la conformidad, al final, «tal y como ha quedado finalmente redactado el art.801 de la LECrim, tanto la sentencia de conformidad como la consiguiente reducción del tercio de la pena son procedentes aunque no se puedan acordar los beneficios de la suspensión o la sustitución de la pena privativa de libertad»1013.


A este respecto, debe resaltarse que, no obstante la ley establezca como requisito para la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, en el ámbito de aplicación de los juicios rápidos, el compromiso de que cuando proceda el acusado satisfaga las responsabilidades civiles y que obtenga la certificación de deshabituación o sometimiento a tratamiento para tal fin (art. 801.3 LECrim), el mismo no es requisito para que se preste la conformidad premiada. Regístrese para el hecho de que la redacción final del art. 801 LECrim no contempla la institución de la suspensión o sustitución de la pena como un mecanismo automático a la conformidad, sino que es el juez quien discrecionalmente, una vez prestada la conformidad, puede acordar la sustitución o suspensión. Anótese, por otro lado, que además de que la ley no confiere carácter obligatorio a los supuestos para la suspensión de la pena en el ámbito del procedimiento para enjuiciamiento rápido de delitos y faltas, el legislador reformista ha “dulcificado” los requisitos para la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, pues, según destaca la doctrina, sólo exige el “compromiso” del acusado en satisfacer las responsabilidades civiles y de obtener la certificación de deshabituación o sometimiento a tratamiento para tal fin (art. 801.3 LECrim)1014.
De ahí puede concluirse que, a semejanza de la regulación de la conformidad en el procedimiento abreviado, el novel instituto persigue únicamente acelerar el término final del procedimiento, no previéndose otros supuestos de carácter social e individual para la concesión del beneficio, pues, conforme destaca la doctrina, «se puede dictar sentencia de conformidad y reducirse un tercio de la pena solicitada por la acusación aunque posteriormente el juez de instrucción de guardia no acuerde la suspensión o la sustitución de la pena privativa de libertad»1015.
En este orden de cosas, a semejanza de lo dicho sobre la regulación de la conformidad en el procedimiento abreviado, proceden las críticas que hace un sector de la doctrina a la regulación de esta modalidad de conformidad, pues según se desprende de los arts. 800 y art. 801.1 LECrim, el rpemio al acusado con la rebaja de un tercio de la pena solicitada por la acusación atiende a razones meramente utilitaristas, pues pretenden única y exclusivamente lograr la celeridad a la hora de resolver el asunto. Es decir, conforme destaca la doctrina «el premio que se concede al acusado que se conforma en el juzgado de guardia sirve como aliciente para reducir considerablemente trámites procesales, no sólo la fase de juicio oral – como ocurre tanto en el juicio ordinario como en el abreviado cuando se presta la conformidad –, si no también en la fase de instrucción»1016.
Así pues, lo que se critica, en definitiva, es la ausencia absoluta de previsión de unos supuestos de aplicación de este instituto – sea en la versión ordinaria del procedimiento abreviado, sea en la versión premiada, del procedimiento para enjuiciamiento rápido de delitos y faltas – basados en criterios de política criminal. En efecto, la previsión de otros supuestos de carácter social o preventivo como criterio de aplicación de la conformidad podría en ocasiones, por un lado, colmar el déficit de legitimidad, desde la perspectiva de consecución de los fines del proceso, en aras a la rehabilitación o reinserción del acusado y atención a la víctima del delito. En este sentido, una de las propuestas consiste en dotar a la reparación del daño de efectos sobre la propia responsabilidad del imputado o sobre la ejecución de la pena, premiando el esfuerzo reparador del autor del delito1017. De otro, desde la perspectiva de los fines de las penas, atendería, conforme advierte la doctrina, la necesidad de colmar manifiesta vulneración del principio de proporcionalidad en la determinación del castigo, que supone la ausencia de cualquier requisito con carácter de resocialización para el otorgamiento del beneficio1018.
Ello se convierte en una exigencia imperiosa sobre todo en el caso de los delitos de violencia doméstica y contra la salud pública previstos en el art. 368, inciso segundo, del Código Penal (tráfico de drogas que no causen grave daño a la salud)1019. A este respecto, cabe subrayar, según advierte la doctrina, que los supuestos de violencia familiar no pueden considerarse estrictamente como pequeña delincuencia1020. En estos casos, con mayor razón, dadas las implicaciones familiares y psicológicas que conlleva para la víctima, se revela manifiesta la necesidad de preverse otros requisitos para que el acusado se beneficie de los efectos de la conformidad premiada, como, por ejemplo, la prohibición de acercamiento al domicilio conyugal o el compromiso de reparación económica y moral de la víctima1021. A estos efectos, advierte GIMENO que, en vez de acudir al instituto de la suspensión, el legislador reformista podía haber previsto «un sobreseimiento bajo condición, que permitiría al M.F., caso de incumplimiento de la sentencia de conformidad, solicitar la apertura del juicio oral e instar incluso la aplicación de una pena superior a la rebajada de esta conformidad, que no debiera premiar a los reincidentes o a quienes incumplan sus obligaciones de reparación a la víctima y de reinserción social»1022. En este sentido, queda destacar, todavía, conforme advierte la doctrina, que la única mención en el ordenamiento penal español a la mediación penal en el ámbito familiar, prevista en el art. 44.5 de la Ley Orgánica 1/2004 – que regula la competencia de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, se limita a prohibir lo que siquiera está regulado1023. Pero, pese las opiniones contrarias, desde la perspectiva del Derecho comparado, con el ejemplo del éxito logrado en Francia con la aplicación de las soluciones alternativas o complementarias a los conflictos en el ámbito familiar, el recurso a la mediación penal en este ámbito viene surtiendo efectos bastante positivos como instrumento de reparación y conciliación entre autor y víctima de violencia doméstica1024.
Desde esta concreta perspectiva, sería conveniente, en el análisis de las propuestas para una futura reforma de la LECrim, que se barajase la posibilidad – de entre otros aspectos que deben ser considerados en aras a potenciar los mecanismos de negociación y del principio de oportunidad en el ámbito del proceso penal español – de preverse como requisito para la obtención del beneficio de la conformidad premiada, o incluso en los demás supuestos de abreviación del término del proceso, según criterios de conformidad, que se estableciese como requisito la condición de que el acusado haya de cumplir futuras prestaciones individuales o sociales1025. En definitiva, es preciso que a los mecanismos de conformidad se les imprima carácter de reinserción y rehabilitación. Ello podrá darse, por ejemplo, por medio de la potenciación de los requisitos para obtención de la conformidad premiada, como el acuerdo o composición alcanzados durante la fase de instrucción, a través de la mediación, como forma de evitar el juicio oral y abreviar el proceso.
De ahí que sea posible concluir que, toda vez que la sentencia de conformidad quedase condicionada al cumplimiento de determinadas condiciones de carácter social y/o individual, su incumplimiento importaría – a semejanza de lo que ocurre en las hipótesis de ejecución de la suspensión o sustitución de la pena y de acuerdo con la regulación del control judicial de la conformidad (art. 787.3 LECrim) – en la continuidad del juicio, mediante auto de revocación de la sentencia de conformidad.





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