Capítulo I hacia un concepto de política criminal, bajo el marco del Estado social y democrático de Derecho


EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÁNEO



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2.1. EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÁNEO


Al propio tiempo, es preciso tener en cuenta, conforme destaca la doctrina, que «el Derecho Procesal Penal es un termómetro ideológico. No hay un derecho procesal neutral y aséptico. Hay que tomar partido por un modelo de política legislativa procesal: la de un sistema autoritario o la de otro liberal, con contenido social»484. Aceptada esta premisa, se convierte en un presupuesto para el examen que ahora se propone, definir, por un lado, cuál modelo – inquisitivo o acusatorio – mejor se conforma a los principios que deben orientar el sistema penal de los órdenes jurídicos democráticos. Y, una vez respondida esta cuestión, el según paso consiste en definir la posición de la institución en relación a los demás poderes del Estado, sin que se olvide que en este análisis el reto principal será siempre encontrar un modelo que mejor atienda a los principios constitucionales que orientan el ordenamiento jurídico de los países democráticos y que se resume en la idea de la protección de los derechos fundamentales.


Así las cosas, la solución para la primera cuestión no parece plantear mayores problemas. Incluso porque ya se ha alcanzado un consenso en la doctrina en torno a la idea de que el modelo acusatorio ha pasado a ser el eje central de la dinámica de todo el procedimiento criminal. En efecto, de acuerdo con el análisis hecho en el apartado correspondiente al principio acusatorio, se ha llegado a un consenso en la doctrina jurídica contemporánea de que el modelo acusatorio es el único capaz de garantizar el respecto y protección de los derechos fundamentales. Asimismo, entre otras consecuencias que derivan de su adopción, también es el único modelo capaz de garantizar la efectiva imparcialidad judicial485.

De esta manera, es pacífico el entendimiento de que el sistema de justicia criminal debe prever mecanismos que garanticen la separación de las funciones de acusación y juicio, encomendándolas a órganos distintos – al Ministerio Fiscal la función de acusar y, al juez, la de juzgar. Por lo cual, el sistema procesal penal de los sistemas democráticos deberá prever mecanismos capaces de garantizar que el órgano de la acusación se encargue – de modo exclusivo o con la colaboración del acusador particular o popular – de la aportación de las pruebas de cargo necesarias para la formulación de la acusación, evaluando la conveniencia de la adopción de uno u otro procedimiento, además de la aplicación de medidas alternativas al proceso, bajo la presencia de determinados supuestos, conforme se va a tener la ocasión de analizar de modo más detallado, en el capítulo subsiguiente.

En este contexto, cabe señalar que las reformas procesales puestas en marcha en el entorno han reflejado esta tendencia hacia el fortalecimiento de las funciones del Ministerio Público, tanto en la fase de instrucción – como director de la investigación oficial – como en la etapa posterior a la apertura del juicio oral486. Ello se explica fundamentalmente por la exigencia de adecuar el modelo de proceso penal al principio acusatorio487. En efecto, conforme observa la doctrina, en el ámbito de elaboración del Corpus iuris europeo488, la opción por la dirección de la instrucción por el Ministerio Público Europeo (MPE) ha sido interpretada como una tendencia ya antes adoptada por el Tribunal Internacional, bajo la cual la figura del Juez de instrucción – reemplazada por lo de garantías o de libertades – ha sido superada o incluso «marginada»489.

Como reflejo de esta tendencia, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en 6 de octubre de 2000, adoptó la Recomendación (2000)19. Ésta, a su vez, establece las reglas y principios comunes a ser observados por los Estados miembros de la comunidad europea, respecto al diseño del Ministerio Público del nuevo milenio y las directrices básicas que deberán fundamentar su actuación. Y, a estos efectos, la Recomendación (2000)19, en las relaciones del Ministerio Fiscal con el poder Judicial, se posiciona expresamente en pro del sistema acusatorio. Ello se refleja fundamentalmente por la exigencia de la previsión en el ámbito de los sistemas penales de los países en concreto de una clara y objetiva separación entre cada una de sus funciones y, en consecuencia, por la necesidad de previsión legal de las prerrogativas que se les conceden a cada uno, en orden a una buena consecución de su rol, en el marco del constitucionalismo contemporáneo. En este sentido, la Recomendación se manifiesta de forma expresa en contra de la posibilidad de asunción de las dos funciones en una misma persona, aunque admita la unificación de las carreras y la eventual alternancia de las funciones entre sus miembros490.


Cabe observar, desde luego, que la Recomendación en comento deriva de una serie anterior de Recomendaciones del Consejo de Europa – destacándose las Rec.(94)12 y Rec.(97)24 – adoptadas con el intento de trazar líneas generales de política criminal que deben ser observadas por los países miembros en lo que concierne a la optimización de la Administración de la Justicia criminal en el continente491. Siendo así, estos documentos deben ser comprendidos en su totalidad, es decir, desde una interpretación sistémica, en orden a no perderse de vista la armonía y coherencia con las directrices, que en su conjunto, han sido trazadas por el Consejo Europeo.
Por su parte, España también sigue esta tendencia, aunque de forma bastante tímida, conforme se deduce de la lectura integra del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia492. No obstante, como ya se ha podido destacar, la ley que introdujo el procedimiento abreviado en España del año 1988, así como su nueva redacción, dada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, se han inclinado al fortalecimiento del papel del Ministerio Público en el proceso penal. A parte eso, en los últimos años, la ley que reglamenta el Tribunal del Jurado, así como la que reglamenta el enjuiciamiento de menores, han representado las más recientes medidas adoptadas en el sentido de potenciar su actuación, aunque con reservas, sobre todo en lo que atañe a la fase de instrucción493. No obstante, por lo que ahora interesa poner de manifiesto, la tendencia al fortalecimiento del rol cometido al Ministerio Público en el proceso penal ha sido impulsada o amparada por un importante sector de la doctrina nacional, parte del mismo con notable influencia – pasada y presente – en la política legislativa procesal y penal.494





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