Capítulo I hacia un concepto de política criminal, bajo el marco del Estado social y democrático de Derecho


III. EL PROCESO PENAL COMO UN PROCESO DE PARTES – ¿HACIA LA PRIVATIZACIÓN DEL PROCESO PENAL?



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III. EL PROCESO PENAL COMO UN PROCESO DE PARTES – ¿HACIA LA PRIVATIZACIÓN DEL PROCESO PENAL?


Tema correlato al anteriormente tratado y que merecerá algunas líneas ahora, se refiere a la tendencia puesta de manifiesto por el sector más tradicional de la doctrina de asociar el sistema adversarial a la cuestión de la privatización del proceso penal. En efecto, conforme ya se ha podido señalar en los apartados anteriores, el modelo acusatorio o, si se prefiere, adversarial de proceso supone conferir mayores poderes de disposición sobre el objeto del proceso a las partes contrapuestas. Además, también es cierto que, si considerado el modelo anglosajón como paradigma de modelo adversarial, habrá que tener en cuenta que la filosofía que le informa – liberal y, por tanto, anti-intervencionista – conlleva la concepción del proceso como un instrumento técnico y, por tanto, supone verlo de forma unitaria, aunque con distintos fundamentos gnoseológicos y sociológicos423. Pero ello, bajo ningún supuesto implica convertir el proceso penal en una acción entre particulares, en que prevalezca el interés privado sobre el público y, por tanto, el principio dispositivo sobre el de la necesidad. En definitiva, conforme ya se ha tenido la ocasión de señalar, la opinión de aquellos que entienden el principio acusatorio asociándolo a una concepción privatista del proceso penal, está de todo equivocada y lleva a plantearse respecto a lo que debe entenderse por acusatorio424.


Ahora, en efecto, conforme advierte la doctrina favorable a la modernización del proceso penal, «acentuar el carácter del proceso penal como un proceso de partes conlleva aumentar la disposición de éstas sobre las actuaciones del proceso, sin que ello signifique la aplicación del principio dispositivo». Y más, «puede decirse que la concepción adversarial o acusatoria del proceso penal no atiende a la naturaleza del interés en juego, a la salvaguardia del ius puniendi, sino que es una forma de concebir el proceso que mira fundamentalmente a valores relacionados con el imputado, esto es, derivada de un concepto dualista de proceso en cuanto que reconoce en él tanto el derecho de la sociedad como el del acusado, y una concepción garantista de la jurisdicción en cuanto que forma de asegurar el contradictorio al máximo para garantizar los derechos del imputado»425.
Dicho de otro modo, la vigencia del principio de aportación de parte – tanto en el proceso civil como en lo penal – no es algo que venga impuesto por la naturaleza privada de los intereses en juego, sino más bien como una garantía con vistas a asegurar los derechos fundamentales del imputado, particularmente la protección de la garantía consustanciada en el derecho a la imparcialidad judicial, la cual se aplica indistintamente a los dos procesos426. Ahora bien, de ahí a confundirse el principio de aportación de parte con el dispositivo, con base a la naturaleza privada de los intereses en juego, hay bastante distancia427.
Desde esta concreta perspectiva, parece tener razón DÍAZ CABIALE al afirmar que «la única forma de evitar ese callejón sin salida es reducir a los términos más estrictamente procesales la cuestión que estamos contemplando». Es decir, habrá que plantear la cuestión en distintos términos, con base a aclarar que el principio de aportación de parte no resulta ser una exigencia del principio dispositivo, sino más bien, por el contrario, se ha convertido en un imperativo del principio acusatorio, con base a asegurar los derechos y garantías que de ello derivan. En definitiva, conforme señala el autor, hay que tener presente que «la concepción del proceso penal como proceso de partes se hace desde postulados que pretenden un mayor conjunto de garantías para el imputado, y que la construcción de una teoría sobre la pretensión penal equiparable a la del ámbito civil es imposible desde el momento en que no se hace valer un derecho propio de las partes428.
En este último aspecto parece estar la clave para solucionar esta cuestión. Desde el momento en que se ha prohibido la autotutela penal y, en consecuencia, se ha expropiado de los particulares el ius puniendi, traspasándolo al Estado, como expresión del principio de oficialidad, se ha dejado de conferir naturaleza privada al proceso penal. Desde esta concreta perspectiva, tampoco cabe argumentar que, dependiendo de a quienes se asigne las facultades materiales de aportar al proceso los hechos y las pruebas de los mismos, se estará ante un proceso penal más o menos público, o sendo contrario se estará necesariamente privatizando el proceso penal429.
Así que se podría concluir afirmando que lo que determina la naturaleza pública de los intereses en juego es precisamente la coexistencia del principio de oficialidad en el proceso penal. Es decir, el principio de oficialidad es precisamente el que juega un papel fundamental como garantía en lo que atañe a la protección del interés social y público ventilado en lo mismo430. Asimismo, no está demás señalar – como manifestación de la oficialidad de la acción penal – que asume un papel fundamental, en orden a asegurar el interés público, potenciar la actuación del Ministerio Público en el proceso penal. De este modo, se comparte de la opinión de que la actuación de un acusador público significa la presencia de un interés público en el proceso que impide hablar de una privatización431.
En definitiva, de lo que se trata es de asegurar el interés público en juego, sobre todo en el ámbito de lo penal. Por todo ello, cualquier postura de las partes en materia de aportación de hechos o actividad probatoria, por un lado, o también de disposición sobre el objeto del proceso o de opción por soluciones alternativas, por otro, en orden a acotar el procedimiento o incluso no recurrir a ello – sobre todo en lo que corresponda a las funciones asignadas al Ministerio Público como titular de la acción penal – deberá venir justificada en orden a la efectiva concreción del interés público que se ventila en el proceso.
No obstante lo aclarado, cumple señalar que ello no implica compartir de la tesis tradicional que defiende la indisponibilidad del objeto del proceso penal en razón del carácter público que deba informar el ejercicio de la acción penal. Entenderlo de este modo, supondría decir que tratándose de delitos públicos, su persecución prescinde de la voluntad de las partes. En efecto, ésta es la regla que tradicionalmente ha informado el ejercicio obligatorio de la acción penal por el Ministerio Fiscal y el carácter irrelevante que se confiere a la falta de interés en la persecución de los delitos de naturaleza pública, por parte de la persona ofendida432.
Sin embargo, entender el proceso penal como un proceso de partes, conforme ya señalado por la doctrina, significa no sólo dar preferencia al principio de contradicción (art. 24.1 y 2 CE) sino también conferir a las partes acusadora y acusada la oportunidad efectiva de comparecer y acceder a la jurisdicción, a fin de poder valer sus respectivas pretensiones. En este orden de cosas, conforme se tendrá la ocasión de destacar en seguida, juega un papel fundamental la decisión marco del Consejo Europa, de 15 de marzo de 2001, que regula las pautas que deberán informar la elaboración del estatuto de la víctima, aplicable en el marco de construcción del llamado «espacio europeo de libertad, seguridad y justicia», cuyas directrices deben igualmente ser incorporadas al ámbito en que opera el proceso penal de los países miembros. Esta decisión hace referencia, entre otros aspectos, a la posibilidad de acceso a los Tribunales por parte de la víctima del delito, así como el derecho de las partes a la “ultima palabra”; el principio de igualdad y el derecho a la impugnación433.
Anótese, por último, la estrecha correlación entre el sistema de enjuiciamiento criminal y las funciones reservadas a los actores procesales. No es posible analizar el papel asignado a cada uno de estos actores y los mecanismos de control de su actuación sin que se considere, por ejemplo, el valor que se atribuye en el sistema acusatorio a los principios de aportación de parte; principio del contradictorio y de la imparcialidad judicial. De ahí que, cuanto mayor el significado y alcance de estos principios, mayor las consecuencias en cuanto a la posición reservada al Ministerio Público, a la víctima y al imputado.





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