Capítulo I hacia un concepto de política criminal, bajo el marco del Estado social y democrático de Derecho


II. LA RELACIÓN ENTRE EL MODELO ACUSATORIO (ADVERSATIVO) DE PROCESO Y EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD



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II. LA RELACIÓN ENTRE EL MODELO ACUSATORIO (ADVERSATIVO) DE PROCESO Y EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD


Como ya se ha podido destacar, no hay modo de tratar el tema de la incorporación del principio de oportunidad en el proceso penal, sin antes poner el acento sobre la estructura del proceso. En efecto, si se quiere tomar en serio el tema de las reformas procesales, para zanjar la pseudo-polémica que gira en torno de la incorporación de mecanismos de oportunidad en los ordenamientos procesales penales de cultura jurídica de civil law, previamente habrá que tomar partido por un sistema procesal determinado. A partir de ahí, establecidas las bases y principios en que opera el sistema de enjuiciamiento criminal, se podrá verificar el grado de coherencia del modelo de proceso penal con base en los principios que le informan.


En este orden de ideas, se convierte en presupuesto para la introducción del debate acerca de la incorporación del principio de oportunidad en el proceso penal, definir cuáles son los aspectos imprescindibles en orden a configurar el modelo acusatorio de enjuiciamiento criminal, para después contrastarlos con los mecanismos procesales basados en criterios de oportunidad y que se han incorporado por medio de las reformas al sistema de enjuiciamiento penal. Anótese, sobre este aspecto, que la doctrina tiende a superar la tradicional distinción inquisitorio-acusatorio, pasando a utilizar esta clásica diferenciación únicamente como mecanismo para verificar la coherencia del modelo de enjuiciamiento adoptado en un dado país con el ideal de proceso acusatorio que orienta el modelo de enjuiciamiento de los ordenes jurídicos democráticos. La razón de ello consiste en que, en efecto, no existe en la actualidad un sistema acusatorio o inquisitivo puro. Incluso porque el reto de todos los ordenamientos jurídicos democráticos no puede ser otro si no extirpar lo más mínimo resquicio inquisitivo todavía existente en el ámbito en que operan las normas que regulan la persecución penal de los órdenes jurídicos democráticos.
De ahí surge la preferencia revelada por un sector más moderno de la doctrina por utilizar terminología diversa, superando la clásica dicotomía inquisitivo-acusatorio y pasando a adoptar el término adversativo (adversary system) para definir el modelo de proceso penal contemporáneo, entendido en su esencia como un proceso de partes416. Así que como elemento distintivo del modelo acusatorio o si se prefiere adversativo, se podría destacar el amplio margen de actuación que se confiere a las partes. De ahí, el valor que se confiere al contradictorio o incluso a la separación de las funciones de acusación y decisión, en orden a garantizar la paridad entre las partes, frente a un juez tendencialmente pasivo, que se mantiene distanciado de la labor de producción de la prueba llevada a Juicio, con vistas a asegurar el regular desarrollo del procedimiento y proteger los derechos y garantías de las partes afectadas por las medidas restrictivas promovidas durante el transcurso del proceso417.
Desde esta perspectiva, conforme señala MONACO, el paradigma de proceso acusatorio o – siguiendo la terminología más moderna – adversativo por excelencia es el modelo anglosajón, fundado en la cross examination. No obstante, conforme advierte el autor, no se puede reducir la distinción entre los sistemas meramente a la presencia del contradictorio, pues lo que caracteriza un sistema como adversativo no es propiamente el derecho al contradictorio, sino más bien el espacio que se le asigna a la iniciativa de las partes, en orden a asegurar la garantía del imputado a la imparcialidad judicial.
En este orden de ideas, resulta fácil comprender que en el marco de reconocimiento del sistema adversarial y del replanteamiento del papel de las partes en el proceso, asume especial relevancia la incorporación de mecanismos basados en criterios de oportunidad, sin que ello suponga la vigencia del principio dispositivo en lo penal418. En contrapartida, la regla de la obligatoriedad de la acción penal queda relegada a un plano secundario o residual, para atender a la exigencia de poner en marcha la persecución en aquellos casos en que se verifique la necesidad de la intervención penal estatal, bajo supuestos muy estrictos fundados en el interés público y en la gravedad de la lesión al bien jurídico tutelado419.
En definitiva, conforme ya se ha destacado anteriormente, la efectiva concreción del sistema acusatorio o adversarial de proceso reclama, al lado del reconocimiento de espacios de conflicto, el reconocimiento de la existencia de espacios de consenso, reconduciendo el proceso penal a su condición de instrumento de regulación y solución de conflictos entre los ciudadanos420. En este orden de ideas, la incorporación del principio de oportunidad al sistema procesal penal se convierte en principal exigencia, en orden a la concreción del principio del consenso, cuya incorporación al sistema de enjuiciamiento criminal se ha convertido no sólo en un imperativo ético-jurídico, sino también en el medio para la consecución de una política criminal pautada en la necesidad de concretar exigencias de justicia material.
Desde esta concreta perspectiva, cumple señalar que la opción por la incorporación del principio de oportunidad en lo penal, no se hace teniendo en cuenta criterios de titularidad privada, sino de interés público. Por otro lado, el objetivo de la incorporación del principio de oportunidad no se limita únicamente ni mucho menos de forma preferente, a la necesidad táctica, consistente en desobstruir los canales de resolución de los asuntos llevados a juicio – aunque tampoco sea desdeñable este argumento en lo que corresponde a la concreción del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) –, como quiere hacer creer un sector más tradicional de la doctrina garantista, sino más bien dar una respuesta cumplida, al propio tiempo en que atienda a los fines de prevención que se le asigna al moderno sistema de Justicia criminal de los órdenes jurídicos democráticos421.
En definitiva, conforme destaca la doctrina, las razones que informan la incorporación del principio de oportunidad en el ámbito de lo penal, atienden, de un lado, al cambio de concepción de los fines de la pena – pasando de la concepción retributiva a la rehabilitadora o resocializadora; y, de otro, atienden a exigencias del interés público en la persecución penal, teniendo como criterio de valoración ya sea la nimiedad de la infracción, ya sea porque el conflicto autor-víctima ha sido pacificado y el autor aparece resocializado o aun por la valoración del coste-benefício de la incoacción del procedimiento penal frente a la entidad del hecho delictivo y el benefício que conlleva la opción por las alternativas existentes al proceso penal422.





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