Capítulo I hacia un concepto de política criminal, bajo el marco del Estado social y democrático de Derecho


II. EL GARANTISMO COMO MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA PENAL DE LOS ÓRDENES JURÍDICOS DEMOCRÁTICOS – NECESARIO CAMBIO DE PARADIGMA



Descargar 2.68 Mb.
Página10/65
Fecha de conversión23.12.2018
Tamaño2.68 Mb.
Vistas930
Descargas0
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   65

II. EL GARANTISMO COMO MARCO TEÓRICO DEL SISTEMA PENAL DE LOS ÓRDENES JURÍDICOS DEMOCRÁTICOS – NECESARIO CAMBIO DE PARADIGMA

Según se ha puesto en evidencia en el epígrafe anterior, no es posible encontrar una solución para la crisis del actual sistema de Justicia penal, si considerado como paradigma el modelo garantista clásico. En efecto, la actual configuración del garantismo penal trae en el seno la imposibilidad de compatibilizar un modelo de proceso penal decimonónico con la evolución sufrida en la concepción del sistema penal de los órdenes jurídicos democráticos182. El problema consiste en que el modelo garantista en su configuración clásica no deriva ni de las mismas necesidades, ni de las mismas intenciones, ni tampoco de las mismas creencias de base que el sistema de Justicia criminal contemporáneo plantea. Sobre este aspecto, verificamos que la estructura de principios que fundamenta el sistema de garantías previstos en las Constituciones tuvo su origen en un contexto político-social bien diferente – de reacción al arbitrio practicado por los regimenes totalitarios y de reafirmación de los derechos fundamentales. Dentro de este contexto, ha asumido una importancia trascendente el papel asignado al Poder Judicial, como órgano de garantía del efectivo respeto a esos derechos.


No obstante, en la actualidad las necesidades son otras. De modo que, dentro del nuevo contexto, ya no se pone en duda – si hablamos de regímenes políticos democráticos – la fidelidad del Poder Judicial a las reglas del juego del sistema liberal o aún la protección del ciudadano frente a la arbitrariedad e irracionalidad de la actuación de los poderes públicos constitutivos de regímenes totalitarios. En este sentido, según observa PISARELLO, «un proyecto garantista constreñido a operar en el contexto de sociedades complejas no puede sino descansar en la articulación, no ya unitaria, pero sí plural, de actores sociales capaces de recoger, perfeccionar y profundizar una cultura constitucionalista en materia de derechos fundamentales»183. Éste es precisamente uno de los flancos que la teoría garantista deja en abierto, pues parte de la premisa de que en un modelo de Estado constitucional y democrático de Derecho sólo el poder Judicial estaría legitimado a operar en favor de los derechos de los ciudadanos.
Sin embargo, esta afirmación, aunque en parte verdadera, no autoriza – en la línea sostenida por los garantistas clásicos – abogar por una especie de gobierno de los jueces –– en que la Constitución se convierte en aquello que los jueces dicen que es, sin que se tenga en cuenta la incontrastable carga valorativa e ideológica que contiene la labor de interpretación y aplicación de la norma constitucional. En este sentido, señala SANTIAGO SASTRE que el argumento democrático ofrece una visión crítica de las características que definen ese tipo de constitucionalismo, pues, por un lado, en cuanto al proceso de reforma constitucional, requiere la concurrencia de mayorías cualificadas, lo que supone conferir más peso al voto de la minoría que se opone al proceso de reforma; pero, por otro lado, en el campo de control de constitucionalidad de las leyes, el legislador democrático se ve limitado por decisiones tomadas por jueces o magistrados que no han sido elegidos por el electorado mediante sufragio universal y que son políticamente irresponsables. Como bien observa este autor, «lo difícil es justificar por qué los jueces constitucionales, una vez que se pone de manifiesto que no pueden ser bocas mudas que se limitan a pronunciar la voluntad expresada en la Constitución sino que desempeñan un auténtico poder político, están en mejores condiciones que el legislador democrático para determinar el contenido de ese coto vedado y tener la última palabra, por tanto, acerca de la constitucionalidad de las leyes»184.

Asimismo, hay que poner en tela de juicio la afirmación de FERRAJOLI de que «lo que distingue el poder jurisdiccional de los demás poderes es el hecho de no haber jurisdicción donde no hay una comprobación de hechos y de derecho, es decir, el margen de discrecionalidad que se le faculta a los demás poderes, en tesis, no se asigna al poder jurisdiccional»185. Este aspecto sería, según sostiene este autor, lo que impide una legitimación del poder Judicial de tipo representativo o consensual, sino sólo de tipo racional y legal. Es decir, conforme señala SANTIAGO SASTRE el modelo de juez garantista se aproxima al célebre planteamiento de Beccaria o Montesquieu, en la medida en que debe ser la boca muda de las leyes que son coherentes con la Constitución186.


Así pues, se pone en evidencia la excesiva confianza en el papel del poder Judicial en la labor de concreción de los derechos y libertades. Dicho en otras palabras, la creencia en una especie de virtuosismo de los jueces – que olvida el hecho de que ellos forman parte de una estructura orgánica de manifiesto carácter tecnocrático y clasista, a parte la fuerte propensión a la degeneración burocrática o mercantilista – no es en sí mismo lo que les confiere legitimidad social para la protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En efecto, la praxis viene demostrando que tampoco se puede confiar de modo irrestricto en la bondad de los poderes institucionales. En este sentido, como bien observa PISARELLO, «es cierto que la parcial democratización de la judicatura, allí donde ha tenido lugar, ha modificado, al menos en parte, su tradicional componente de clase. Y que el contenido normativo del constitucionalismo del Estado social y democrático de derecho le ha marcado una línea de actuación que minimiza en principio posibles intervenciones antigarantistas. Pero, ¿es esto suficiente? ¿Qué evitaría que una institución de este tipo quedara atrapada, al igual que los órganos políticos y administrativos, en una lógica autorreferencial que la condujese a actuar antes como vía de cobertura y confirmación de las

patologías burocráticas de aquellos y no como control o límite»187. Así pues, para contrarrestar estas premisas garantistas, bastaría con mencionar la existencia de unos márgenes indescriptibles de discrecionalidad judicial en la tarea de individualización de la pena. Asimismo, al prevalecer esta concepción de la actuación judicial como único órgano legitimado para la protección de los derechos fundamentales, había que rechazar de entrada cualquier iniciativa con el objetivo de democratizar el poder Judicial, como, a título de ejemplo, la institución del Jurado como órgano soberano para dictar sentencias en los crímenes previstos por ley.


En definitiva, dentro del marco concreto de protección de los derechos fundamentales, se revela imperioso promover un cambio de paradigma. Ya no es posible confiar la protección y garantía de estos derechos a un único y exclusivo actor, de forma paternalista o como meras concesiones tecnocráticas, que marcan la actuación del poder Judicial. De modo que el modelo garantista, tal como está configurado, revela ser a priori refutable, sobre todo si confrontada con una posición de vanguardia, caracterizada por la articulación plural de actores sociales en la tarea de protección de los derechos y libertades, y que se plasma en la idea de la necesidad de revisión del papel reservado a las partes en el proceso. Desde esta óptica, cabe registrar también la fuerte resistencia oriunda sobre todo por parte del poder Judicial a la introducción de espacios de consenso en el ámbito del proceso penal, pues ello supone de algún modo la transferencia de la carga decisoria a las propias partes implicadas en el proceso188.

Asimismo, en otro orden de consideraciones, el problema de la asunción incondicionada del discurso garantista se ve agravado si considerado el hecho incontrastable de que la ciencia penal contemporánea no ha acompañado la evolución sufrida por el sistema político-jurídico de los órdenes jurídicos democráticos189. Es decir, desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad ha predominado una concepción técnico-jurídica de la ciencia penal, la cual ha servido como un trasfondo ideológico tácito de la cultura penal positivista todavía dominante, basada fundamentalmente en la carencia de fundamentos y referencias axiológicas externas, o sea, en el apego a la concepción positivista clásica de la norma como válida por sí misma190. De ahí que el actual sistema penal, según la línea funcionalista-sistémica, queda reducido a pura técnica de control social y policial.


Ello nos conduce a la conclusión, ya apuntada en el capítulo precedente, de que, pese los comprobados efectos estigmatizadores de las penas cortas privativas de libertad, ésta sigue siendo, también en el discurso garantista, la única forma posible de frenar la violencia arbitraria de los órganos de persecución penal del Estado, que podía derivar tanto de parte de una eventual reacción incontrolada con fines de venganza privada, como de la actuación de los poderes públicos incumbidos del control penal formal191. Es decir, la necesidad de prevención de la punición arbitraria o informal sigue siendo el argumento invocado por los garantistas clásicos para, de un lado, rechazar cualquier solución alternativa al conflicto penal; y, de otro, mantener

un sistema rígido de garantías, que, a la postre, refuerza la idea de la pena privativa de libertad como única respuesta a la práctica de un delito192.


Precisamente este aspecto constituye una de las principales paradojas del discurso garantista. En efecto, según advierte LARRAURI, «admitir la necesidad de someter el poder del Estado a límites garantizados normativamente no conlleva asumir todo el modelo punitivo. La regulación jurídica de todo poder es defendible, pero ello no implica que además no se puedan plantear cambios respecto de la forma en que está articulado este poder». De modo que, según concluye la autora, «una cuestión es, como he manifestado anteriormente, requerir una respuesta, y otra distinta es mantener que ésta debe adoptar una determinada forma (por ejemplo, punitiva o incluso determinando la pena concreta de prisión»193.
En definitiva, la solución para el problema de la crisis de la Justicia requiere otro tipo de planteamiento. Es preciso ampliar los espacios que permitan garantizar una Justicia más democrática y participativa para con los afectados, además de asegurar la protección efectiva e integral de estos derechos y libertades. Por dar un ejemplo de la actualidad y que interesa al objeto de este trabajo, la concreción del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, conforme se verá a continuación asume especial trascendencia en el marco de efectiva protección de los derechos procesales fundamentales.




Compartir con tus amigos:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   65


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos