Capitulo I. Problema de investigacion 1 antecedentes


OPORTUNIDAD DE LA CONCILIACIÓN



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3.2.3. OPORTUNIDAD DE LA CONCILIACIÓN:
Existen varios sistemas que han ensayado sobre el momento más oportuno para la conciliación estos son:
- Como actividad preventiva, es decir como un acercamiento facultativo o voluntario de las partes, que debe procurarse antes de iniciar un proceso, ante un funcionario u órgano autorizado por el estado para que actúe como mediador, o para que, con sus buenos oficios, oriente hacia una solución concertada o, a lo mucho arbitral.
- Como actividad prejudicial, para que sea un requisito de admisibilidad de la demanda. Puede ser efectuada ante un juez de conciliación o ante el mismo magistrado que habrá de sustanciar y decidir la causa, en caso de llegar a juicio.
- Como acto discrecional dentro del juicio, procederá como una facultad de las partes ante el mismo juez, para solicitar la conciliación en cualquier momento procesal.
- Como acto obligatorio en ciertos procesos, sobre todo en lo referente a cuestiones de familia, para que las partes concurran ante el juez personalmente y en presencia del representante del Ministerio Público, trate de encontrar reconciliaciones directas que luego serán homologadas por el juez de la causa.
- Como actividad antes de la prueba.- como una última oportunidad que se da a las partes para llegar a una solución concertada bajo la dirección del juez.
Para muchos, son los interesados los únicos que deben llevar a cabo la conciliación, sin la asistencia de sus defensores, porque son los abogados los que enredan las cosas con argumentos que desorientan a los involucrados que se aferran a una expectativa jurídica y a los razonamientos legales de sus patrocinadores, cuya presencia es un obstáculo para los acuerdos, pues en muchas ocasiones es a ellos a quienes no les interesa una pronta solución, pues aspiran a tener mejores ganancias con un juicio, en el que pueden crear incidentes para demorarlo o hacerlo complicado y exigir una remuneración más alta, o ganar notoriedad o prestigio profesional.
También existen defensores de la presencia de los abogados en la conciliación. Para ello argumentan que cuando la conciliación no es una formalidad procesal, sino un acto voluntario, el abogado asume el papel de consejero.
3.2 .4. ASUNTOS QUE SE PUEDEN CONCILIAR:
En la actualidad con el desarrollo y la aceptación que viene ateniendo la mediación, la conciliación se la asimila. El legislador ecuatoriano al tomar a la conciliación extraprocesal, ha tomado como sinónimo.
Para este parámetro se podrían conciliar los asuntos susceptibles de transacción que dependen de la voluntad de las personas. Existen varias legislaciones que con el ánimo de descongestionar a los juzgados ordinarios, señalan expresamente los asuntos que bien podrían ser los siguientes:
- Los de policía en cuanto a contravenciones menores,

- Los que surgen de la relación obrero patronal, siempre que no sean derechos irrenunciables;


- Los problemas civiles que nacen de la compra venta, del arrendamiento, de la consignación. En general toda disputa particular y de contenido patrimonial;
- Los problemas relacionados con el señalamiento de la pensión alimenticia, custodia y cuidado de los hijos:
- Los problemas agrarios relativos a las servidumbres; al paso de las aguas de riego, el cuidado de caminos, hasta la fijación de linderos;
- Las infracciones penales que requieren de querella y también las que no afectan el orden público, pueden admitir desistimiento.
En fin se puede conciliar siempre y cuando haya obtenido un propósito que puede ser un acuerdo total o parcial.

Ahora bien tomando en cuenta dos posiciones que se presentan en la conciliación esta entendida como acto de auto composición, respaldado por el Estado, y al que concurren las partes en la búsqueda de un avenimiento y el acuerdo conciliatorio, visto como un instrumento en el que se expresa la voluntad de quienes lo realizan y que será el documento que producirá efectos jurídicos.


La conciliación entonces como acto de auto composición, tiene una naturaleza eminentemente procesal y su validez se da de la eficacia que les otorgue la ley procesal, que no podrá ser sino la del reconocimiento jurisdiccional de ese acto por parte de la autoridad competente.
Reconocido el acto de naturaleza procesal, lo acordado por las partes dentro de él, tendrá efectos jurídicos por sí mismo, adquirirá validez de cosa juzgada y, otorgará el derecho de exigir su cumplimiento, sin que se altere la unidad e identidad que deben tener los actos procesales.
La importancia que la ley otorgue a las manifestaciones de voluntad producidas por las partes, será la clave para el entendimiento correcto de los actos conciliatorios, que habiendo producido dentro del proceso, tienen la característica de exigirlo y, por lo tanto, de no aceptar la posibilidad de interponer recurso jurídico alguno, ni aún el de casación.
3.2.5. VENTAJAS DE LA CONCILIACION:
Entre las ventajas que tiene la conciliación está el poder arreglar las discrepancias, sin ni siquiera acudir a los trámites de la justicia ordinaria, o concluirlas, si es que están sometidas a un proceso, con la manifestación propia de la voluntad expresada por las partes en un acuerdo que tiene plena validez, jurídica, es una ventaja que produce satisfacción y bienestar por su efectividad, lo cual alienta a seguir esta forma de arreglar los problemas.
Por otra parte la rapidez con la que se pueden solucionar los conflictos, produciendo ahorro de tiempo, de dinero, no solo a las partes sino al estado que se beneficiaria sobre todo con la descongestión del trabajo de los servidores judiciales, que ganarían este tiempo en atender otros procesos.
Otra de las ventajas vendría a ser la eficacia jurídica del acuerdo al que han llegado las partes en la solución del conflicto, de modo que exista la suficiente seguridad para confiar en el sistema.
Generalmente quien interviene para llegar a un acuerdo conciliatorio es una tercera persona, ajena al conflicto, que simplemente ayuda para que los interesados lleguen a un acuerdo, actuando siempre con imparcialidad y cuidando en los interesados a que exista el diálogo creativo, ponderado, respetuoso y constructivo; debe manejar el tema de las relaciones humanas para asegurar que las partes puedan actuar con sinceridad y de esta manera obtener resultados positivos. Por lo manifestado no todos los jueces pueden ser conciliadores, por esta razón el conciliador debe ser un tercero imparcial y que tenga conocimiento y experiencia en los trámites conciliatorios, por todas estas consideraciones, varias legislaciones incluido la nuestra tratan a la conciliación y a la mediación como sinónimo y ser con gran afecto la no intervención de los jueces en la solución de los conflictos.

3.3. FINES DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR.-
La duración de los conflictos ocasiona un costo económico, emocional a las partes enfrentadas. Una vez inmersas en la batallara judicial, piensan que deben seguir adelante por todo lo que han invertido hasta el momento, y, conforme el conflicto continua, aumentan las pérdidas, y la necesidad de vencer adquiere más importancia.
Esta es la causa que se sigan recurriendo los pleitos una vez se han perdido.

(22) Pérez Martín señala: “Todos los que nos dedicamos al derecho de Familia, somos consientes de que la vía judicial, para la resolución de conflictos de pareja, no es la más adecuada, puesto que, al final, el conflicto no se resuelve satisfactoriamente, para ninguno de los integrantes. (…) Solo debe llegar al Juzgado el conflicto que humanamente no ha sido posible resolver”.
Esta cita bibliográfica tiene dos aspectos contrarios, el apoyo a la resolución de conflictos sin llegar al juzgado, donde profesionales de derecho pueden interferir de manera adecuada, según disponga el caso y estableciendo también que algunos conflictos no se resuelven así, necesitando de llegar a los juzgados para resolverlos. En criterio personal estas situaciones se afianzarán con un correcto programa de asesoría y mediación familiar pre, matrimonio y post.
(23) Zarraluqui señala: “No hay nadie que cante las excelencias de una salida de mutuo acuerdo en cualquier conflicto, y, dentro de esto, de una ruptura conyugal” Si bien añade: “La mediación no es un descubrimiento nuevo, ni una aportación diferente de lo que ya existían”.
No comparto plenamente estas aseveraciones, pues, aunque, como se ha dicho, el sistema tiene una tradición milenaria, actualmente se ha profesionalizado, introduciéndose técnicas específicas.
Hay una coincidencia sobre la innecesaria complejidad e inadecuación a la realidad social del proceso en materia de familia. La multiplicidad de procedimientos dentro de este tipo de proceso, puede provocar que un ciudadano tenga que acudir en más de diez ocasiones distintas y en otros tantos procedimientos diferentes, hasta lograr un divorcio, con sus efectos personales y patrimoniales, lo cual es difícilmente explicable y habría que poner los medios necesarios para evitar, en asuntos ya de por si delicados y complejos.
Parece cada vez más claro que, desde una perspectiva exclusivamente jurídica no es posible la solución del conflicto familiar. Por otra parte los juicios relacionados con la familia requiere un tiempo especial que no es cuantitativo, sino cualitativo; lo que se pretende es que, en un momento determinado alguna de las partes salte la barrera y se produzca un cambio en la forma de relacionarse.
En el campo netamente jurídico se sobrevaloran aspectos de tipo profesional ante el cliente y se ignora o minimiza que las partes se encuentran inmersas en un conflicto interpersonal, que han decidido resolver amparándose en la legislación; pero lo más probable es que la situación del conflicto, en la que están implicadas tantas cuestiones emocionales, llegue a desbordarles, distorsionando considerablemente la visión de la realidad y de los hechos.
El sistema judicial responde a un determinado contexto cultural, fruto de una larga evolución, que ha desembocado en la atribución al Estado de la pacificación de los conflictos, función que cumple el Poder judicial, aplicando unas reglas preestablecidas, es decir las normas jurídicas, en el marco de un estado de derecho.
Este paradigma cultural se basa en una orientación distributiva del conflicto, el cual es definido como una disputa entre dos antagonistas, por unos mismos bienes, en la que prevalecerá la postura del ganador (paradigma ganador/perdedor). Se basa, por tanto, en la confrontación e implica necesariamente una parte victoriosa y otra derrotada, es decir, siempre hay una parte que se supone tiene la razón y la otra no, aunque en realidad, ambos pierden, porque el triunfo parcial será también vivido como una derrota.
La disputa, el enfrentamiento entre las partes ante los Tribunales de Justicia, tiene como objetivo abstracto descubrir la verdad. Este planteamiento incita a la lucha, hace brotar la agresión, secretos ocultos, da lugar a que se divulguen los conflictos familiares a través de testimonios, peritajes Psicológicos, etc. Quizás se debería pensar que, en este tipo de litigios, lo realmente importante no es probar lo que sucedió en el pasado, sino tratar de averiguar cómo puede construirse una relación sin agresividad, de cara al futuro, por el bien de los hijos comunes, salvaguardando a un tiempo la intimidad de las partes.
Una misma pareja puede pasar por un proceso de separación, de divorcio de ejecución de sentencias de separación y de divorcio, de modificación de las medidas de separación y de divorcio, así como por las posibles apelaciones ante las diferentes resoluciones del Juez, dando lugar a un interminable calvario, que genera una relación de dependencia judicial que parece no tener fin. El usuario del sistema judicial utiliza esto para ganar a la contraparte y, cuando no lo consigue, culpabiliza el funcionamiento del sistema de su fracaso. Por esta razón, es necesario dar la máxima responsabilidad a las pares implicadas en el proceso.
En el ámbito de la mediación no se pretende buscar un culpable; tanto como hallar la verdad importa la recuperación de la confianza mutua y el diálogo entre los implicados. El objetivo no es sancionar los actos que han desencadenado en el conflicto, sino trabajar para conseguir establecer unas coordenadas de futuras relaciones entre las partes.
(24) “Este constituye el primer paso para llegar a un acuerdo, en lugar de que el juez se vea obligado a imponer una decisión que tiene alta probabilidad de no ser acatada”.
Puede decirse que en este procedimiento, el principio de la “búsqueda de la verdad” cede en beneficio de la “búsqueda de la solución mutuamente consensuada”. No obstante, la necesidad de indagar la verdad recobra toda su vigencia cuando están en juego cuestiones de orden público.
En cuestiones en que las posiciones estén enfrentadas, como puede ser la custodia de los hijos, la decisión impuesta por el Juez en el procedimiento contencioso no satisfará a ninguna de las partes, porque ambas consideran como exclusivo el derecho sobre el niño. La parte disconforme apelará del fallo y, aun habiendo pasado en autoridad de cosa juzgada, es frecuente la reticencia en cumplirlo, lo cual es especialmente grave en asuntos de familia. Y es que, en otro tipo de procesos, muy posiblemente las partes no tendrán que volver a encontrarse, pero los miembros de la familia si, debido a los hijos menores o incapaces.
La disconformidad de las partes que no ha visto satisfechas sus pretensiones, se pondrá de manifiesto en posteriores incidentes con objeto de perturbar a la otra parte, con el consiguiente costo emocional para ambos, pero sobre todo para los hijos y administrativo para el Tribunal.
Este planteamiento de confrontación en los conflictos familiares en los que la incidencia de elementos afectivos, desconocidos por el Derecho, es tan importante, no hace sino agravarlos. Después de haber aireado los trapos sucios ante el órgano Judicial, es una lucha desesperada por conseguir una sentencia favorable, las posturas de los antagonistas devienen absolutamente irreconciliables. No se pude esperar, por tanto, que los problemas de todo tipo que surgirán en el desarrollo de lo establecido en la sentencia respecto de los hijos comunes, se resuelvan pacíficamente.
Con más frecuencia de lo deseable ocurre que, emitida la resolución judicial y terminado el juicio, se acude de nuevo al Juez solicitando cambio de custodia, aumento de pensión alimenticia, modificación de régimen de visitas etc., lo que en ocasiones, da lugar a expedientes de varios cuerpos. La sentencia, que corresponde al ámbito del deber ser, deviene ineficaz frente al ser, de la realidad cotidiana, porque es necesario comprender lo que subyace en cada petición, y ayudar a diluir la disputa, lo que ni es, ni puede ser función del órgano Judicial.
En la práctica la sentencia, en el proceso de separación o divorcio, no pone fin al conflicto familiar. La relación entre los cónyuges deberá continuar, debido a los hijos comunes y es frecuente que se generen nuevas tensiones, nuevos conflictos, nuevos litigios, y la solución judicial, más que solución, se convierte en pesadilla.
Ante todo este tipo de conflictos que acarrea la separación o el divorcio ante los órganos judiciales, el proceso consensual de mediación se revela como el más adecuado para intervenir en las crisis conyugales, ya que permite a las partes detener el conflicto, ser escuchadas, escucharse entre sí para enfocar el problema desde la óptica del otro, y, con ayuda del mediador, encontrar una forma positiva de conducir sus disputas con el objetivo de llegar al acuerdo, evitando la intervención de Tribunales, que no harán más que agudizar el problema, hurgar en la herida y exacerbar el resentimiento, con la consecuencia indeseable de radicalizar las posturas y exceder el conflicto al grupo de familiares, amigos y allegados de cada uno de los cónyuges.
Desde la perspectiva de la mediación se pretende hallar soluciones globales que satisfagan las necesidades de ambas partes en el más alto grado posible.
En la mediación, las partes en conflicto no son entendidas como adversarias, sino como personas que tienen un problema común, y, a las que interesa por tanto una solución que complete las necesidades de ambas, El conflicto se acepta como parte el mundo en que se vive, perdiendo, desde esta perspectiva, sus connotaciones negativas y pasando a convertirse en una oportunidad de evolución y crecimiento.
Un elemento importante entre el litigio y la mediación es el diferente solo que desempeña el tercero en la regulación del conflicto. El método del litigio se basa en la heterocomposición: es el juez, como tercero con poder de decisión, quien determina esa regulación mediante la sentencia. La mediación se basa en la auto composición: son las partes quienes determinan esas reglas, Pero existe, asimismo otra diferencia entre ambos sistemas que radica en las perspectivas integrativa (mediación) o distributiva (litigio) de la solución.
Por otra parte, no hay que olvidar que el Juez para decidir cuál es la solución al conflicto se basa en las alegaciones y en las pruebas aportadas por cada una de las partes, y dicta su sentencia aplicando las normas correspondientes. El resultado viene, en consecuencia, predeterminado; es el que establezca la norma aplicable al caso, y estará en relación con las posiciones mantenidas en el pleito. Tales posturas quizás no reflejan la realidad, pues existe la posibilidad de que las partes adopten aquellas que pueden resultarles más beneficiosas.
Sin duda, la forma de evitar el mayor deterioro posible en la resolución de la disputa familiar, es que esta se determine lo antes posible, para que los miembros de la familia puedan rescatar sus relaciones. En el proceso judicial la solución, después de un resquebrajamiento irreversible, llega tarde; es por eso que la mediación constituye un modo más beneficioso de solventar esta clase de conflictos.
La mediación se presenta como una alternativa óptima, con claras ventajas sobre los procesos judiciales contenciosos, bloquea el progresivo incremento de los mismos, se garantiza objetividad y homogeneidad en los criterios de valoración, no se judicializa la actuación, el comportamiento de los cónyuges, ni el reproche. Es una estrategia, en que, utilizando las técnicas adecuadas, se trata de conseguir que dos antagonistas abandonen sus rígidas posiciones y acepten hacer concesiones mutuas a fin de llegar a un acuerdo en que ninguno sea perdedor.
El mediador ayuda a las partes a negociar desde sus propios intereses y necesidades, de cara al futuro, porque las posiciones se adoptan, generalmente, dentro de un clima emocional y la negociación desde ellas suele terminar en tablas, Una vez que aquellas han transitado de las posiciones a los intereses, las partes están en mejor disposición para seleccionar las opciones que, según su criterio, proporcionan más beneficios al menor costo para cada uno de ellos.
No puede haber respuestas jurídicas a problemas personales; la solución judicial al conflicto familiar nunca proporcionará satisfacción a amabas partes, a diferencia de la composición de intereses a la que aspira la mediación. Esta apreciación nos lleva a la convicción de lo beneficioso del sistema, frente a la solución judicial, por la vía contenciosa, de las situaciones de ruptura conyugal.
En definitiva, los Juzgados y Tribunales, deben ser el lugar donde se reciba el conflicto, pero después de haber intentado solucionarlo a través de otros métodos de resolución no confrontativos, como la mediación. Es lógico que este nuevo sistema de solución de conflictos en muchos genera resistencia especialmente entre abogados y fundamentalmente porque están formados en el tradicional sistema adversarial de resolución de conflictos. Pero las objeciones en su mayor parte, derivan más bien del desconocimiento del sistema, y, con toda seguridad irán cediendo, en la medida en que este procedimiento comience a percibirse como una herramienta que posibilita una óptica distinta del conflicto.
TITULO IV. DE LOS CENTROS DE MEDIACION, ACTAS DE MEDIACION Y SU EJECUCION.
4.1 CENTRO DE MEDIACION
Un centro de mediación es una respuesta eficaz y eficiente para la asesoría, capacitación y desempeño de las destrezas en soluciones alternativas de conflictos.
Abordar el conflicto como una experiencia que permita buscar soluciones eficientes y duraderas que formen la estabilidad de las relaciones interpersonales, es parte de lo que proponen las nuevas tendencias en el manejo y gestión de conflictos y constituye el desafío para los diversos profesionales.
La Constitución de la República reconoce en el Art. 191 la validez del arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos con sujeción a la ley.
La ley de arbitraje y mediación ha sido expedida en el Registro Oficial Nro. 145 de 4 de septiembre de 1997. En esta ley en su Art. 52 establece que los centros de mediación podrán funcionar previo su registro en el Consejo Nacional de la Judicatura, estos centros de mediación conforme lo dispone el Art. 53 de la Ley de Arbitraje y Mediación deberá contar con los elementos técnicos y administrativos necesarios para llevar a cabo las audiencias de mediación y sus respectivas salas para dar capacitación a mediadores que se designen de acuerdo con esta ley.
El objetivo del Centro de mediación será el de contribuir a la solución de conflictos sobre materia transigible a través de la mediación, fomentando la cultura de diálogo en la clase profesional de abogados.
Estos centros para su funcionamiento deberán obtener previamente el registro en el Consejo Nacional de la Judicatura, debiendo previamente adjuntar ciertos documentos de conformidad con la Ley siendo estos:


  • Reglamento del Centro de Mediación, que deberá cumplir con lo determinado en el Art. 54 de la Ley de Arbitraje y Mediación:

  • Declaración de que el centro cuenta con los elementos administrativos y técnicos necesarios para el desarrollo de las audiencias de mediación;

  • Certificación del acto de creación de la entidad solicitante, si fuere del caso;

  • Nombramiento del Representante legal del solicitante; y,

  • Comprobante de paso de la tasa judicial por concepto de Registro del Centro de Mediación.

El Consejo Nacional de la Judicatura o la Delegación Distrital del respectivo Distrito a través de Asesoría Jurídico verificará que la solicitud y los documentos de respaldo estén completos; sentará la razón de la fecha y hora de entrega de los documentos, conferirá fe de presentación y numerará la solicitud en el orden de su presentación.


En el terminó máximo de tres días el Asesor Jurídico remitirá su informe al Consejo Nacional de la Judicatura o al Delegado Distrital, según el caso.
En el plazo de quince días, contados a partir de la presentación de la solicitud se procederá a ordenar el registro del Centro. De no existir pronunciamiento dentro de este plazo, la solicitud, se entenderá aprobada.
El Secretario del Consejo Nacional de la Judicatura certificará la inscripción del nuevo centro, con el número de registro correspondiente, asignado por el Consejo, esta certificación se deberá exhibir en un lugar visible.


    1. ACTAS DE MEDIACION Y SU EJECUCION.




      1. Generalidades.-

Un proceso de mediación concluye con la suscripción de un acta que puede contener el acuerdo de solución total o parcial del problema, o de la constancia de que no fue posible llegar a un arreglo.


El Art. 47 de la ley de Mediación y Arbitraje dice: “el procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total o parcial, o en su defecto, la imposibilidad de lograrlo.
En caso de lograrse el acuerdo, el acta respectiva contendrá por lo menos una relación de los hechos que originaron el conflicto, una descripción clara de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y contendrá las firmas o huellas digitales de las partes y la firma del mediador.
Por la sola firma del mediador se presume que el documento y las firmas contenidas en éste son auténticas.
El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía del apremio, sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del acta de mediación.
Si el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente las diferencias que no han sido parte del acuerdo. En el caso de que no se llegare a ningún acuerdo, el acta de imposibilidad firmada por las partes que hayan concurrido a la audiencia y el mediador podrá ser presentada por la parte interesada dentro de un proceso arbitral o judicial, y ésta suplirá la audiencia o conciliación prevista en estos procesos. No obstante se mantendrá cualquier otra diligencia que deba realizarse dentro de esta etapa en los procesos judiciales, como la contestación a la demanda en el juicio verbal sumario.
En los asuntos de menores y alimentos, el acuerdo que se llegue mediante un procedimiento de mediación, será susceptible de revisión por las partes, conforme a los principios generales contenidos en las normas del Código de la Niñez y Adolescencia y otras leyes relativas a los fallos en esas materias.
La mediación concluye mediante la suscripción formal del acta correspondiente, la misma que debe reunir ciertos requisitos como:


  1. La relación de los hechos que motivaron el conflicto, y no de los que se hayan dado durante la mediación, ni de los argumentos que las partes hayan expuesto en el transcurso de ella, porque tales acontecimientos están protegidos por la confidencialidad y de ellos no se lleva ni se deja constancia alguna. Esta relación debe ser puntual y concisa sobre la razón misma de la controversia, para evitar que, por cualquier falta de precisión, se dejen puertas abiertas para nuevos inconvenientes.

  2. La descripción o expresión precisa y clara de lo que asume cada parte como forma de solucionar el problema y dar por terminado el conflicto. Constará el detalle de las responsabilidades de las partes: los derechos y obligaciones, mutuos o de cada una la cantidad y calidad de lo que se debe dar o hacer; el tiempo, lugar, plazos, condiciones, en que lo asumido como obligación se habrá de cumplir. Todo lo cual debe ser dicho con exactitud y minuciosidad, para precautelar la ejecución del acuerdo: y,

  3. Las firmas de las partes que aceptan el compromiso que adquieren y la del mediador. Esta última es la que otorga autenticidad al documento, es decir, la que lo acredita como verdadero en su contenido y en su forma, haciéndolo merecedor de fe, porque lo legaliza. Por eso quien actué como mediador, deberá ser legalmente reconocido como tal.

El Art. 48 de la Ley de Mediación dice: “la mediación prevista en esta ley podrá llevarse a cabo válidamente ante un mediador de un centro o un mediador independiente debidamente autorizado.


Para estar habilitado para actuar como mediador independiente o de un centro, en los casos previstos en esta ley, debería contarse con la autorización escrita de un centro de mediación. Esta autorización se fundamentará en los cursos académicos o pasantías que hayan recibido el aspirante a mediador.”
El centro de mediación o el mediador independiente tendrá la facultad para expedir copias auténticas del acta de mediación. De esta validez jurídica se colige que el acta de mediación no requiere ser homologada, autorizada o reconocida por autoridad o juez alguno.


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