Capitulo 7 anexos



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República de Colombia

Ministerio de la Protección Social

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
TERMINOS DE REFERENCIA

PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERENTES DE SERVICIOS DE REEDUCACIÓN Y PROTECCIÓN PARA NIÑOS CON O SIN DISCAPACIDAD CON MIRAS A LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE APORTE
2007
REGIONAL ATLANTICO

CONTENIDO
PRESENTACIÓN
JUSTIFICACIÓN
RECOMENDACIONES INICIALES
CAPITULO 1 CONSIDERACIONES GENERALES
CAPITULO 2 ESPECIFICACIONES FINANCIERAS
CAPITULO 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAPITULO 4 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
CAPITULO 5 CONTRATO
CAPITULO 6 DEFINICIONES
FORMATOS Y ANEXOS
PRESENTACIÓN
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF es un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Salud (ahora Ministerio de Protección Social), creado por la Ley 75 de 1968 y reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7 de 1979 y su Decreto Reglamentario 2388 de 1979. Los estatutos del ICBF fueron aprobados mediante Decreto 334 de 1980, el cual fue modificado parcialmente por los Decretos 1484 de 1983, 276 de 1988 y 1137 de 1999. La estructura del nivel central del ICBF y sus funciones se encuentran establecidas en el Decreto 3264 de Diciembre 30 de 2002.

Son funciones del ICBF ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en materia de fortalecimiento y desarrollo armónico de la familia y la protección y garantía de derechos al menor de edad, coordinar su acción con otros organismos públicos y privados e integrar al Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) a todos los que cumplan actividades de servicio público de bienestar familiar ó estén llamados a cumplirlas.

Con el fin de lograr su objeto, el ICBF promueve, asesora, evalúa y adelanta programas preventivos y de protección a través de los cuales se promueve el mejoramiento de la calidad de vida de la población objetivo, se fortalece la organización y participación comunitaria y se desarrolla la política de infancia y familia, trabajando conjuntamente con organizaciones públicas, privadas y con la comunidad, bajo criterios de corresponsabilidad, cogestión y cofinanciación.

Para el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales el ICBF se encuentra organizado así:

Nivel Nacional: tiene la responsabilidad de proponer al gobierno nacional la política de infancia y familia para la prestación del servicio público de bienestar en toda la Nación, así como de orientar su ejecución y realizar el seguimiento y evaluación correspondientes

Nivel Departamental: Veintiocho (28) regionales y cinco (5) agencias que ajustan los lineamientos nacionales a las condiciones de su jurisdicción; coordinan y controlan el cumplimiento de la política nacional en su ámbito territorial; prestan asistencia técnica a los gobiernos departamentales en materia del servicio de bienestar familiar; apoyan la identificación de los mapas de riesgo y cobertura de servicios; promueven la descentralización del sistema y el grado en que ésta ocurra; asumen responsabilidades de programación, organización, control, gestión, identificación de programas y proyectos; prestan servicios administrativos y financieros y, todo lo demás que determine la Dirección General mediante delegación. Las agencias implementan en forma integrada las funciones dadas al nivel regional y centro zonal; es decir realizan la función técnica, la función administrativa, financiera y jurídica.

Nivel Municipal: conformado por doscientos tres (203) centros zonales, que son las dependencias encargadas de promover el desarrollo y funcionamiento del SNBF dentro de su área de influencia, así como de concertar y coordinar en el ámbito territorial los proyectos, servicios y acciones de los distintos agentes que lo integran. Son las unidades encargadas de la prestación del servicio público de bienestar familiar y dependen administrativamente de las direcciones regionales.

El Plan Indicativo Institucional 2003 – 2006 “Una Gestión eficiente para beneficio de la niñez y la familia”, plantean tres áreas de direccionamiento estratégico, a saber:



  • Optimización de Servicios: Focalización de los recursos, evaluación de impacto, desarrollo de estándares y visión programática enfocada a macro procesos.

  • Articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar: Fortalecimiento de los Consejos de Política Social, promoción del control social, coordinación intersectorial para hacer efectiva la concurrencia y articulación con entes territoriales para la ampliación de coberturas.

  • Mejoramiento de la Gestión institucional: Cultura de servicio, gestión de calidad y eficiencia, investigación, seguimiento y evaluación de los programas y las metas sociales, sistemas de información, efectividad en el recaudo y cobro de los aportes parafiscales.


JUSTIFICACIÓN

La Constitución Política colombiana de 1991 reconoce la prevalencia del interés superior del niño, formulación que se vio potenciada cuando el país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. El interés superior del niño, en cuanto otorga un tratamiento especial de obligatorio acatamiento para todos, comporta una naturaleza jurídica flexible y adaptable a su desarrollo, e idónea para la organización de un tratamiento digno y protector del menor.



Los derechos fundamentales de la niñez se consagran así bajo la forma de principios y, según la teoría constitucional, son considerados como derechos, siendo obligación del Estado garantizar su cumplimiento de la forma más óptima posible, tanto fáctica como jurídicamente.
La legislación colombiana otorga especial atención a la protección especial y dispone de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que la niñez con derechos vulnerados pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad”, esto implica la garantía de sus derechos como una obligación estatal independientemente de su raza, sexo, condición física, psicológica o social.
La protección especial de los derechos fundamentales del menor no se explica exclusivamente por la fragilidad en la que se encuentra frente a un mundo que no conoce y que no está en capacidad de afrontar por sí solo. La Carta pretende promover un orden basado en los valores que orientan cualquier Estado civilizado: la libertad, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad. No obstante, un orden tal de valores sólo es verdaderamente efectivo si los sujetos a quienes se orienta lo conocen y lo comparten. En este sentido, el constituyente quiso que las personas, desde la infancia, tuvieran acceso a este código axiológico, mediante un compromiso real y efectivo de la sociedad para garantizar las condiciones que les permitieran crecer en igualdad y en libertad, con justicia y respeto por las opiniones y creencias ajenas. En estas circunstancias, es razonable suponer que el menor accederá a la mayoría de edad, como una persona libre y autónoma, que conoce los valores de igualdad y justicia que informan la Carta y que, por lo tanto, se encuentra en capacidad de defenderlos y promoverlos. Estas y otras consideraciones explican que la Constitución declare, de manera expresa, la especial protección constitucional que merecen los derechos fundamentales de los niños en el territorio nacional.
No obstante lo anterior en Colombia y muy a pesar de los esfuerzos realizados la situación de la niñez sigue empeorando y presenta un panorama muy poco alentador para los intereses de la sociedad, la familia y la comunidad. El tercer informe país 1998 – 20031 en el capitulo de diagnostico sobre la situación de la niñez en Colombia; destaca aspectos como la vulneración de sus derechos, el aumento de las condiciones de pobreza y miseria, el incremento del maltrato, el abuso sexual infantil , las lesiones personales a la niñez por violencia intrafamiliar, el aumento de muerte violenta, el secuestro, la vinculación a la guerra, el desplazamiento, el conflicto armado, a esto se suma la baja calidad y coberturas en la educación, la salud y el aumento de la desnutrición.
Por estas y muchas más razones es un compromiso ineludible del estado y el gobierno, trabajar en la ampliación y mejoramiento de la protección y la seguridad social para desarrollar la estrategia de equidad social en materia de niñez, juventud y familia. En este campo las acciones se deben orientar a mejorar las condiciones de vida de los niños y las niñas, reconociéndolos como sujetos sociales con derechos, contemplando aspectos como la formulación participativa de la política pública de niñez; la inversión de los recursos disponibles para los programas y servicios en favor de la niñez, la juventud y la familia en función de las necesidades territoriales; la focalización de los beneficiarios del Servicio Público de Bienestar Familiar, a través del SISBEN; la atención a la niñez con derechos vulnerados, privilegiando el medio familiar, social y comunitario, fortaleciendo el rol social y protector de la familia; y el diseño y validación de estándares técnicos construidos para la prestación de servicios con calidad.
En este sentido los esfuerzos del presente gobierno se concentrarán en incrementar la eficiencia del gasto social para que los mayores recursos lleguen a los más necesitados, consolidando un sistema de protección y asistencia social a los grupos más vulnerables.
Adicionalmente, el Gobierno propone una concepción integral de protección social y a través de la ley 789 de 2002 la define como un sistema que comprende el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos.
El ICBF continuará centrando sus esfuerzos en el desarrollo de una política de seguridad alimentaria y nutricional, la optimización del proceso administrativo de protección y adopciones privilegiando medidas de colocación en el medio familiar, el fortalecimiento de la política pública de Bienestar Familiar en torno a la construcción de paz y convivencia familiar (Haz Paz), el desarrollo del SNBF, la promoción de convenios con entidades territoriales con prioridad en la niñez y la familia, la optimización de la planeación y logro de gestión con calidad, entre otros.
El modelo de atención dentro de la perspectiva de la protección integral, es concebido como la expresión sistémica e integral de un conjunto de aspectos y acciones interrelacionadas, implica estar ubicado en un marco Institucional, ético, filosófico y en un Modelo pedagógico que permita:


  • Integralidad en el proceso, así como también a la necesidad de coordinar acciones en la intervención entre áreas del conocimiento, sectores e instituciones como salud, educación, justicia y trabajo entre otros.

  • Atención personalizada tomando en consideración la historia de vida personal, fortaleciendo y respetando sus valores culturales, su identidad y la forma de concebir y relacionarse con el mundo y con los demás.

  • Acciones orientadas a generar condiciones que lo preparen y le faciliten la construcción de un proyecto de vida en donde se generen herramientas propias, sostenibles para los niños y los adolescentes en los temas de autovaloración, participación, educación, generación de ingresos, acceso a salud y el restablecimiento de los vínculos familiares2

La atención que se brinde en cualquiera de los servicios debe satisfacer las necesidades de los niños y los adolescentes inherentes a cada una de las áreas de derechos: a la vida y la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación



Las acciones para la protección integral de los niños y adolescentes deben tener como premisa fundamental la de mantener y apoyar la unidad y estructura familiar, cuando esto sea lo apropiado. La familia debe ser el centro sobre el que debe recaer toda la intervención en protección.
La misión del ICBF en alianza con todos los actores del SNBF es la puesta en marcha de programas preventivos de apoyo a las familias y programas de protección cuya finalidad es la de instituir y restituir derechos a los niños y las niñas a quienes les han sido vulnerados, mediante estrategias de contratación de servicios de protección, que garanticen brindar atención integral y especializada, empoderando a la sociedad organizada para que, corresponsablemente, asuma el mandato constitucional respecto de la niñez.
De manera complementaria, en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el ICBF ejercerá el control y asesoría de los servicios de protección, a través de procesos de supervisión y fortalecimiento.




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