C o n t e n I d o



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CONSIDERACIONES
En los últimos veintiún años nuestro país ha experimentado un relevante cambio estructural en el desenvolvimiento de la economía. La apertura comercial externa, la contracción del Estado en las actividades productivas, la privatización de empresas estatales, la desregulación de la economía y el equilibrio en las cuentas públicas a cambio de un enorme sacrificio social han sido el signo de los tiempos.
En ese contexto, el combate a la inflación ha sido la prioridad de la estrategia económica de los últimos cuatro gobiernos, incluido el actual. En la consecución de ese objetivo se diseñó y se ha mantenido vigente una política fiscal y monetaria restrictiva que ha permitido reducir la inflación a un dígito. De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, se estima que al cierre del presente año los precios crecerán solamente 3%.
Sin embargo, lo anterior ha propiciado un lento desenvolvimiento de la economía de tal suerte que por ejemplo en la primera mitad de la actual administración pública el PIB ha crecido por debajo del 1% en promedio anual, dinamismo insuficiente para atender las demandas de una población que crece a un ritmo de 1.5% cada año y de la Población Económicamente Activa que lo hace al 3% anual.
La falta de empleos y la caída de los salarios reales son los efectos adversos más patéticos de este modelo económico basado en la liberalización de las fuerzas del mercado. Los niveles de vida de la población han manifestado un creciente deterioro durante ese largo periodo, de lo cual da cuenta los indicadores de pobreza y migración, los cuales revelan que el 54% de la población vive en condiciones de pobreza, mientras que alrededor de 400 mil mexicanos migran anualmente al mercado de trabajo estadounidense buscando empleos bien remunerados que no encuentran en su país.
El crecimiento explosivo de la ocupación en el sector informal de la economía, como un refugio de la población laboral para evitar el desempleo, es un problema de tal magnitud que ha originado en las dos décadas recientes lo que se denomina precarización de la ocupación o empleo de mala calidad, caracterizado por los reducidos niveles de productividad y los bajos salarios prevalecientes, así como la ausencia de cualquier tipo de seguridad social que están obligados a otorgar los empleadores a sus trabajadores.
Se considera que aproximadamente el 60% de la población laboral se localiza en el sector informal de la economía, mientras que el 40% restante se encuentra en el sector formal, constituyendo un problema sumamente preocupante.
En ese marco, se debe reconocer que el sector social es una opción viable con capacidad para amortiguar el costo negativo que ha implicado el proceso de ajuste descrito. Las organizaciones de autoayuda que caracterizan al sector social de la economía representan una alternativa que no ha sido lo suficientemente valorada, en la que destacan las cooperativas (de producción, de consumo, de ahorro y crédito, etc.), las asociaciones de campesinos para producir y comercializar colectivamente y las empresas sociales de diversa naturaleza, desde las industriales hasta las de servicios.
Estas asociaciones al operar en mercados competitivos internos o externos, se encuentran obligadas a ser eficientes y productivas como requisitos indispensables para preservar su sobrevivencia en el mercado. La integración económica mundial y el avance tecnológico representan un desafío a esas organizaciones, en un contexto en que la reducción del gasto público plantea serias dificultades a los grupos más desfavorecidos de la sociedad.
No obstante, sus rasgos característicos representan su mayor ventaja comparativa que es necesario calibrar en su real dimensión. El autocontrol y gestión democrática, el autoempleo, la autofinanciación, la asistencia mutua, la solidaridad, son la base sobre la que este sector ha pretendido llenar los huecos que ha dejado tras de sí la retirada del Estado.

En el ámbito internacional la importancia de las organizaciones sociales es tal que su desarrollo es significativo en países como Estados Unidos, España, Suecia, Alemania, Italia y Japón, por señalar solo algunos casos. De acuerdo a la ONU las cooperativas han contribuido sustancialmente al crecimiento económico en todo el mundo y se estima que más de 800 millones de personas pertenecen a este tipo de organizaciones.


La relevancia económica de las cooperativas es de tal magnitud que en Francia y Uruguay producen el 90% de la leche que abastece al mercado interno y externo, y son responsables del 70% de la exportación de trigo. En los Estados Unidos la tercera parte del mercado agrícola está formado por cooperativas. En Filipinas las cooperativas contribuyen con el 16% del PIB. En Dinamarca son responsables del 66% de la matanza de ganado. Una cooperativa sueca controla casi la mitad del mercado doméstico de seguros. En Corea del Sur el 40% de la agricultura local se comercializa a través de las cooperativas.
Cabe hacer énfasis que en los países en transición a economías de mercado las cooperativas obreras de producción son las que ocupan a la mayoría de los trabajadores de esos países, adaptándose así al nuevo entorno macroeconómico en el que predominan la liberalización de los mercados y la inserción de dichos países en la mundialización de la economía.
Por el contrario, en México, como resultado de las políticas de ajuste estructural, el sector social de la economía se encuentra escasamente atendido por las políticas públicas y las existentes, positivas en sí mismas, han sido insuficientes para fortalecer a este sector con grandes potencialidades para crear oportunidades de autoempleo, mejorando las condiciones de trabajo y de vida para millones de mexicanos, ofreciendo infraestructura y servicios en regiones a las que no tienen acceso el Estado, ni las empresas privadas.
Otras bondades que poseen estas organizaciones sociales se refieren a su capacidad para integrar a los pueblos indígenas y zonas rurales y urbanas marginadas al circuito productivo de la economía, contribuyendo así a la reducción de la migración y a la generación de empleos para los jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, estrategia que comparada con las políticas asistenciales del gobierno, ataca de fondo el problema de la exclusión social.
Es paradójico que a la ausencia de preocupación del Ejecutivo Federal por diseñar políticas sustanciales de fomento al sector social de la economía, se agregue la desatención que prevalece en el Congreso. Ante esa situación de suma vulnerabilidad generada por el vacío que existe en el fomento estatal a dicho sector, las organizaciones no gubernamentales han desplegado un esfuerzo que es necesario reconocer. Sin embargo, no basta.
Las vertientes en las que se puede incidir son diversas y entre ellas destaca el trato fiscal que reciben del Estado. Por ejemplo, actualmente las cooperativas de producción pagan sus impuestos como si fueran sociedades mercantiles, lo cual resulta incongruente con la función social que cumplen. Asimismo, las asociaciones de productores agrícolas con experiencias de trabajo colectivo independiente como las que ocurren con importantes segmentos de cafeticultores, los cuales comercializan e incluso exportan el grano y las heterogéneas empresas sociales, bien podrían recibir apoyos estatales que amplíen y fortalezcan sus operaciones.
De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto y con el propósito de otorgar la atención que merece el relevante sector social de la economía, el cual representa una auténtica alternativa para millones de mexicanos, es que se presenta a la consideración de esta Soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Desarrollo Social y Economía, que informen respecto de las medidas que está llevando a cabo para fomentar el desarrollo de las sociedades cooperativas.
Segundo.- Exhorta a las Secretarías antes referidas para que formulen un programa integral de apoyo a estas formas de organización social, en virtud de su gran potencialidad para impulsar la recuperación económica nacional y de mejorar el ingreso de un amplio sector de mexicanos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 23 días del mes de junio de 2004.

Del Dip. Gilberto Ensástiga Santiago, a nombre del Dip. Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que audite los regímenes de pensiones de los funcionarios de la banca de desarrollo, del Banco de México y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



P





Dip. Gilberto Ensástiga Santiago



Palacio Legislativo

Edificio B, Piso 3

Teléfono: 56.28.13.00

Extensión:

3464

gilberto.ensastiga@congreso.gob.mx





ROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE AUDITE LOS REGÍMENES DE PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA BANCA DE DESARROLLO, DEL BANCO DE MÉXICO Y DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que audite los regímenes de pensiones de los funcionarios y directivos de la Banca de Desarrollo, del Banco de México y de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de las siguientes consideraciones:

1. Como ha sucedido en las últimas dos décadas, la problemática de la seguridad social ha sido objeto de profundos debates a fin de determinar cómo pueden las sociedades mantener el compromiso de proteger a sus integrantes ante las contingencias económicas y sociales que los privan de ingresos para asegurar su subsistencia.

En nuestro país esta es una discusión que se ha intensificado a partir de la reforma a la Ley del Seguro Social de 1995 que sustituyó el sistema solidario de reparto de los trabajadores afiliados al IMSS por uno de capitalización individual. Esta reforma, sin embargo, no resolvió la problemática financiera del Instituto y su viabilidad como modelo a seguir para posteriores reformas está en entredicho.

La seguridad social de nuestro país se caracteriza por su dispersión y heterogeneidad: además del sistema de capitalización individual de los trabajadores afiliados al IMSS, existen regímenes de reparto para los servidores públicos federales y para la mayoría de los estatales, en las universidades públicas y en el sector paraestatal; en todos los casos los requisitos para acceder a una pensión son diversos, el monto de la misma y los criterios para su incremento distan de ser coincidentes y la situación financiera, la proporción activos/pensionados y contribuciones/beneficios son divergentes de un sistema a otro.

Paralelamente, existen auténticos regímenes de privilegio en los que el derecho a la pensión, su monto y las prestaciones y beneficios adicionales contrastan con la situación generalizada de los trabajadores y los pensionados de nuestro país. Son los casos de los funcionarios y directivos de la Banca de Desarrollo, del Banco de México y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. No existe a la fecha un diagnóstico definitivo sobre la realidad de la seguridad social en México. Las estimaciones oficiales se hacen con información fragmentada, con datos de hace 6 o más años y sin transparentar los supuestos de las estimaciones actuariales que anuncian.

La Convención Nacional Hacendaria ha sido un espacio privilegiado para presentar estos diagnósticos que, sin embargo han sacrificado la objetividad en el análisis por un escenario catastrofista ante el cual se ofrece una receta única y supuestamente infalible: un sistema único de pensiones basado en la individualización de las cuentas bajo administración privada.

No es objeto de esta proposición dar la discusión sobre la viabilidad de este sistema: la operación actual de la AFORES, con cobros excesivos, la baja rentabilidad del sistema, su nulo efecto sobre el ahorro, la producción y el empleo y la incertidumbre sobre su capacidad para otorgar pensiones dignas dan cuenta de la limitación de esta vía.

Lo que queremos destacar en esta proposición es la necesidad urgente de contar con los elementos que nos permitan contar con diagnóstico objetivo e imparcial, contrastable por cualquiera, veraz y confiable.

Al respecto, el Órgano de Fiscalización Superior presentó, en el marco de la evaluación de la Cuenta Pública de 2002 una auditoría a los regímenes de pensión de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz Fuerza del Centro. Anteriormente, realizó un ejercicio similar para el caso de las pensiones del ISSSTE y del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del IMSS.

3. Consideramos necesario extender este ejercicio de fiscalización a los regímenes que no han sido tocados por los cuestionamientos oficiales: el Banco de México, la Banca de Desarrollo y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos regímenes especiales van más allá de otorgar con equidad una seguridad ante la contingencia de la desocupación y los años laborados pues mediante acuerdos de directivos o de órganos de gobierno se otorgan pensiones que resultan ofensivas y que son pagadas por recursos públicos a los cuales contribuimos todos; hasta aquellos que no gozan de ningún servicio de seguridad social.

Para el Partido de la Revolución Democrática es impostergable la realización de un gran debate nacional sobre este tema, en el cual el diagnóstico debe ser sólo un punto de partida para la búsqueda de auténticas soluciones que pasen por una discusión clara y democrática que los tiempos actuales demandan. No es con secretos de Estado ni con la protección a intocables como se le va a dar viabilidad y futuro a la seguridad social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente



PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación a que, en ejercicio de sus facultades y atribuciones y en el marco de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2003, realice una auditoría a los regímenes de pensiones de los funcionarios y directivos del Banco de México; de los funcionarios y directivos de las instituciones integrantes de la Banca de Desarrollo y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

DIP. MIGUEL ALONSO RAYA
Sala de Sesiones de la Comisión Permanente, junio 23, 2004

Del Dip. Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para solicitar recursos adicionales para los productores lecheros.







Dip. Cruz López Aguilar



Palacio Legislativo

Edificio H, Piso 1

Teléfono: 56.28.13.00

Extensión:

1260, 1261

cruz.lopez@congreso.gob.mx






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