Borrador incompleto de la sesión plenaria celebrada el díA14 de octubre de 2015



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¿Qué quiere esta ley? ¿Parar una crisis de seguridad nacional en Cataluña? ¿Poner a los mossos d’esquadra a las órdenes del presidente del Gobierno o del ministro del Interior? No sé qué es peor, si una cosa o la otra.

En definitiva, y como decía mi compañera, la senadora Rieradevall en defensa del veto a esta ley el pasado mes de septiembre, es una ley hecha para que el Gobierno pueda decidir y gestionar cualquier competencia autonómica sin tener que pasar por el control de los Poderes Legislativo y Judicial; una especie de cerecita que el PP pone en este pastel de la recentralización, del inmovilismo, de la falta de soluciones políticas en el ámbito territorial y especialmente dedicado a Cataluña.

Pues bien, esta ley también se tiene que derogar y por ello hemos presentado esta enmienda, añadiendo esta ley al listado que ustedes quieren derogar. Senador, usted me dirá que no puede admitirme la enmienda porque ustedes votaron afirmativamente a esta Ley de seguridad nacional, pero yo le digo a usted y a los senadores del Grupo Socialista que ahora tienen una ocasión excepcional, antes de las elecciones, para enmendar el grave error que cometieron dando apoyo a esta ley. Sean ustedes valientes y acepten la enmienda.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Tiene la palabra el senador Cascallana para indicar si acepta o no la enmienda.


El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor presidente. Intervendré desde el escaño.

Agradezco la valoración positiva, que no electoral, porque son profundas convicciones las que nos llevan a frenar el deterioro de las libertades, de los derechos humanos y, por lo tanto, no es un tema coyuntural. Lo hemos venido criticando durante todo el procedimiento de tramitación de las leyes y creo que por lo menos en eso podemos estar de acuerdo.

Yo comprendo su preocupación en cuanto a la Ley de seguridad nacional, créame que le comprendo porque esta fiebre legislativa de última hora y los acontecimientos en Cataluña pueden dar lugar a entender que esto es una agresión a Cataluña -al menos la oportunidad en el tiempo es un problema que, sin duda, puede dar lugar a esa percepción-, pero es verdad que un país como el nuestro necesita una Ley de seguridad nacional. Posiblemente la composición del Consejo de Seguridad Nacional se podría mejorar para que sea algo que corresponda a todos y no por una mera invitación, y en esa línea creo que todo es mejorable y esto también.

Si entiende esa posición, creo que también me entenderá si le digo que es casi prácticamente imposible: el Grupo Parlamentario Socialista acaba de votar una ley, hemos votado a favor de una Ley de seguridad nacional por responsabilidad y, por lo tanto, no voy a poder aceptar esa enmienda, sabiendo que todo es mejorable y esta ley también, como le he dicho antes.

Sin más que decir, le agradezco su iniciativa, sé que tiene una preocupación con fundamento, pero lamento no poder atender –que créame que me hubiese gustado- esta enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

En turno en contra, tiene la palabra el senador Aznar.


El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

¡Qué pena, senador Cascallana! ¡Qué oportunidad ha perdido usted de cerrar esta legislatura de otra manera! Fíjese, en este caso no podrá quejarse de la generosidad de este grupo: como usted bien sabe, la moción que ha presentado hoy aquí entró fuera de plazo en el registro, y ha sido la generosidad del Grupo Popular la que le ha dado la oportunidad de venir aquí y decir otras cosas. Sin embargo, esto demuestra que no tenemos ninguna, pero ninguna preocupación de debatir con ustedes sobre temas de libertades, sobre temas de derechos fundamentales.

Decía usted, señoría, que ha querido hacer un balance, que ha querido hacer un resumen de lo que ha sido la legislatura. Pues permítame que le diga con todo respeto que lo que ha hecho usted ha sido una caricatura de lo que han sido las líneas maestras de usted y de su grupo en materia de derechos y libertades. Porque su moción se basa en afirmaciones huecas que no tienen el más mínimo sustento real, y se mueve en la contradicción permanente que usted ha resumido muy bien: la percepción de la seguridad entre los ciudadanos es buena, pero a la vez los ciudadanos tienen y aprecian un retroceso en materia de libertades. Señoría, eso no hay quien se lo coma.

Usted manifiesta estas cosas con absoluta tranquilidad, pero no las basa en nada que pueda ser ni meramente constatable. Dice usted: el desguace y la erosión constante de nuestro Estado de Derecho, la deconstrucción de nuestro modelo constitucional -término que está muy de moda en materia de cocina, pero yo no veo la deconstrucción de nuestro Estado de Derecho por ninguna parte-, y una vez más basa usted esta afirmación en la privatización, por la obsesión que tiene usted con la, según usted, ley de privatización de la seguridad del sector privado, cuando clarísimamente –y tuvimos ocasión de debatirlo aquí cuando aprobamos la ley del sector privado− es una ley que consagra al sector privado en materia de seguridad como subordinado y complementario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un complemento que las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han admitido como bueno.

Habla usted de la restricción de los derechos fundamentales y las libertades y lo basa en el tema de la prisión permanente revisable. ¿Se atrevería usted a decir esto mismo en Francia, en Inglaterra, en Italia, en cualquier país de los de nuestro entorno, donde la legislación en esta materia es muy similar ahora a la nuestra? No, señoría, son afirmaciones –repito− completamente gratuitas.

Reunión y manifestación. ¿Me puede usted decir un solo caso desde que entró en vigor la ley en el que algún grupo, en el que algún sector, en el que alguien no haya tenido la oportunidad de manifestarse libremente en el territorio español? Repito que son afirmaciones que se basan más en esos viejos resabios que usted todavía conserva de principios de los años setenta, cuando peleaba contra el antiguo régimen, que en la realidad del Estado de derecho que hoy tenemos en España, desde hace ya, señor Cascallana, más de 35 años.

Por lo tanto, no hay base alguna para que usted haya hecho esta reprensión pública al Partido Popular por la normativa en materia de derechos y libertades. Muy al contrario, señoría, yo creo que usted debería estar satisfecho de haber participado activa y constructivamente en la elaboración de todas las leyes que hemos aprobado en estos cuatro años en materia de derechos y libertades. Fíjense, no se puede equiparar esta legislatura con ninguna anterior en democracia en materia de interior: hemos renovado y reformado la Ley de seguridad privada, la de seguridad ciudadana, la de policía, la de guardia civil, la de tráfico y la de protección civil. Es decir, todo el corpus legislativo en materia de interior ha sido renovado con su ayuda, señorías, con la ayuda de todos los grupos, algo que entiendo que va a ser beneficioso por muchos años para todos los ciudadanos de España.

Por consiguiente, permítame que le pida con todo el respeto y el cariño, ya que con seguridad este es nuestro último debate en esta legislatura, que recapacite usted porque no está siendo justo en esta materia.

Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Mora.
La señora MORA GRANDE: Muchas gracias.

En Podemos estamos totalmente de acuerdo con esta moción presentada por el Grupo Socialista. (Rumores). Estamos de acuerdo porque la política criminal que ha aplicado en esta legislatura el Partido Popular (Protestas), el Gobierno y el Partido Popular, tiene tres características. (Protestas).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
La señora MORA GRANDE: Ceguera, sordera y prepotencia. ¿Ceguera por qué? Porque a pesar de lo que ha dicho el senador del Grupo Popular, no se atienen a la realidad, puesto que los propios datos del Ministerio del Interior del último trimestre de 2015 son que la criminalidad se ha reducido en el segundo semestre al 1,9%. De hecho, la criminalidad en España viene teniendo una línea descendiente durante los últimos 20 años y, por tanto, no se ha producido un aumento de la criminalidad que justifique todas estas reformas propiciadas y aprobadas. Somos uno de los países más seguros de nuestro entorno y, sin embargo, somos también uno de los países con más población penitenciaria; esto es un sinsentido y se está ahondando ahí.

¿Por qué ceguera? Ceguera porque la realidad nos dice que los datos de los delitos, según el Ministerio del Interior, son: los homicidios dolosos y asesinatos consumados han caído un 25,6%, la delincuencia violenta desciende un 10,6% y los robos con fuerza en domicilio se reducen en un 12%. Digan lo que digan, la sensación que tiene la población respecto a la seguridad ciudadana, según todas las encuestas, obtiene los niveles más bajos. Por tanto, todo ello nos dice que están ustedes un poco ciegos, que no atienden a la realidad y que, desde luego, estas reformas eran innecesarias.

Pero estas reformas no solamente eran innecesarias, sino que también son trasnochadas, ya que se está ahondando en las políticas retribucionistas, políticas retribucionistas que nada tienen que ver con el espíritu del artículo 25 de nuestra Constitución. Estamos importando la política criminal americana cuando, incluso, Estados Unidos actualmente la está poniendo en tela de juicio. Ceguera, señores, ceguera, no nos encontramos ante ninguna situación de emergencia de seguridad que justifique todo el encarnizamiento represivo de estas normas.

Pero no solo hay ceguera, también hay sordera. Sordera, ¿por qué? Porque aparte de no escuchar para nada a la oposición –no hemos llegado a un solo consenso en absolutamente nada−, ni siquiera escuchan ustedes al fiscal general del Estado −su fiscal general del Estado−, el señor Eduardo Torres−Dulce, que respecto a la reforma del Código Penal decía: “Es del todo insostenible, ha consolidado la desaparición del principio de intervención mínima, sustitución del principio de intervención máxima” -recordemos que la intervención mínima es precisamente uno de los principios esenciales del Derecho penal- y continuaba diciendo que tiene características de derecho autoritario que tachó de preocupantes, lo cual da un poco de miedo. Y esto no se lo está diciendo una abogada de okupas -con k- o de personas sin hogar o de presos, se lo está diciendo su Fiscal General del Estado.

Ceguera y sordera, porque no escuchan al Fiscal General del Estado, pero es que tampoco escuchan lo que dice la doctrina. Sesenta y tres catedráticos de derecho penal de treinta y cinco universidades emitieron un comunicado muy muy duro respecto a la modificación del Código Penal donde se decía: Es técnicamente pobre, deliberado uso de la ambigüedad, bebe de las peores corrientes del siglo XX, de las más reaccionarias, de las más autoritarias, se aumenta la gravedad de muchas conductas en cuanto que pasan de delitos a faltas, se aumentan muchísimo las penas. Y en este punto tengo que decirles algo sobre la cadena perpetua: la cadena perpetua ya existía en España, ya existía en España, y lo que han hecho es empeorar la situación, porque ahora está regulado y en 2013 había 253 personas con condenas de más de 40 años, no relacionadas con el terrorismo, con condenas acumulables a las que no se les podía revisar la condena y con la reforma que han hecho ustedes de la cadena perpetua a ellos no se les va a poder revisar. Y en cuanto a que nuestra legislación de la cadena perpetua es equiparable a la del resto de países de nuestro entorno es falso, puesto que en los países que lo tienen regulado la media está siendo de entre 20 y 25 años y nosotros vamos a tener de 40 años hacia arriba, por tanto cadena perpetua real. Luego de eso, nada.

Sordera, porque tampoco escuchan a los profesionales del derecho. La semana pasada varias asociaciones de jueces y fiscales emitieron un comunicado diciendo que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal va a provocar impunidad; lo mismo que dijimos gran parte de la oposición cuando se regularon todas estas normas.

Por favor, señores, las reformas de toda la política criminal requieren un consenso...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
El señor MORA GRANDE: Voy terminando.

Requieren un consenso porque es precisamente la rama del derecho donde el Estado ejerce un poder más absoluto sobre el individuo; consenso y pacto social que, desde luego, no han existido.

Termino. Señores del Partido Popular, bájense del pedestal del rodillo, relean a Beccaria y, si no lo hacen, por lo menos escuchen, vean la realidad y, por favor, reflexionen sobre las consecuencias de lo que están provocando y admitan el objeto de esta moción.

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías.

En junio entró en vigor una de las leyes más emblemáticas de la legislatura: la Ley de seguridad ciudadana. Anunciamos que nuestro grupo parlamentario va a apoyar la moción del Grupo Parlamentario Socialista porque, aunque la norma ha sufrido diversas rectificaciones, es ampliamente contestada, ha sido recurrida al Tribunal Constitucional, ha desgastado al Gobierno, ha sido aprobada solo con los votos del Partido Popular y el resto de los grupos hemos expresado públicamente nuestra intención de tratar de derogarla si cambia la mayoría parlamentaria tras las próximas elecciones generales. Ha tenido, pues, un recorrido similar al de otras normas del Gobierno actual, como la de educación, la de reforma laboral y el Código Penal, y las tres están en el catálogo de normas que nos hemos comprometido a derogar si se logra la mayoría suficiente. Y es una lástima, porque con mayoría absoluta se pueden hacer dos cosas: aplastar a la oposición o dialogar con ella, y se ha decidido aplastar a la oposición y no tener en cuenta ninguna de las iniciativas, ninguna de las enmiendas, ninguna de las propuestas que hacíamos los demás grupos como si todos estuviéramos equivocados y los únicos que tenían razón no eran fundamentalmente los senadores o los diputados del Partido Popular, sino los altos funcionarios de la Administración, que son los que han condicionado todo el ejercicio legislativo de estos cuatro años.

La primera objeción de la oposición fue la de miembros de la judicatura, que no son unos aventados, y la carrera fiscal decía que sustrae del control previo de los jueces la sanción de conductas. Estas sanciones eran faltas y ahora se han convertido en multas administrativas y solo tienen control judicial a posteriori, si se recurre la multa ejecutiva en la vía contenciosa.

La segunda tiene que ver con el calificativo de Ley mordaza con que se conoce porque afecta al derecho de manifestación. La ley surgió con las protestas de rodear al Congreso —no rodear al Senado, porque quizás no tenían ni idea de dónde está— y sanciona cualquier perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca frente a la sede del Congreso —siempre el Congreso-, del Senado o de los parlamentarios autonómicos; fotografías a las fuerzas de seguridad del Estado; el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes y actos como los que busquen impedir desahucios; los escraches y las sentadas pacíficas entre otras. Al eliminar el control judicial previo, la palabra de un agente que acuse a un manifestante de desobediencia leve servirá para imponer la multa con pago ejecutivo inmediato y sin juicio ante un juez, como ocurre ahora. La multa máxima es de 600 000 euros pero, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora con las faltas en el Código Penal, las sanciones no están graduadas en función del nivel de ingresos.

No obstante —también hay que reconocerlo—, senador Aznar, la norma ha ido suavizándose en el trámite; es decir, era muy mala y se ha suavizado algo: se eliminó que la policía pudiera registrar sin autorización judicial un domicilio; la posibilidad de que la policía identifique a personas para prevenir tan solo una infracción administrativa; retener a quienes no puedan identificar en el lugar de los hechos; establecer controles en la vía pública por una infracción administrativa; sanción a quienes ofrezcan servicios sexuales cerca de colegios, parques infantiles o espacios de ocio reservados a menores; atribución de responsabilidad a los organizadores o promotores de reuniones y manifestaciones legalmente autorizadas por los altercados que puedan originar terceras personas durante el desarrollo de estas, y sobre todo se ha moderado la cuantía de las multas.

En el trámite se incluyeron algunos puntos como una disposición transitoria, que ya está en vigor desde marzo, y que legaliza por primera vez en España las entregas en caliente de inmigrantes que hayan saltado las vallas de Ceuta y Melilla.

Me gustaría hablar sobre aspectos fundamentales que no se han cumplido en estas iniciativas, sobre todo de libertades ciudadanas, como algo tan sangrante como la corrupción. No tengo más tiempo.

Senador Aznar, a mí, sinceramente, me hubiera gustado que usted hubiera intervenido como un senador del CDS y no como un senador de Alianza Popular. Usted ha tenido que defender aquí algo indefendible, y ojalá que en esta réplica -que seguramente aprovechará para darnos cera-, usted siga los pasos del ministro Montoro, que se ha descargado a gusto, incluso contra sus propios compañeros al decir: “Esta ley es perfectible y estamos muy preocupados porque en la siguiente legislatura seguramente se va a modificar”.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: [C:1020]
Buenos días. Gracias, señor presidente. Con la venia, señoras y señores senadores.

Esta moción consecuencia de interpelación es, de hecho, una enmienda a la totalidad de la política y gestión llevadas a cabo por el Ministerio del Interior a lo largo de la legislatura que ahora ya se termina, y nosotros compartimos la totalidad del diagnóstico expuesto por el senador Cascallana, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Creemos, y por eso lo decimos, que esta legislatura se ha caracterizado fundamentalmente, en primer lugar, por recortes y atentados a los derechos y libertades fundamentales, especialmente a los de reunión, asociación y manifestación. En segundo lugar, por la privatización de los servicios públicos esenciales, como lo es el servicio público de seguridad, tanto con la Ley de protección −y remarco la palabra protección− de la seguridad ciudadana, que de hecho tiene muy poco de protección de los ciudadanos, como también con la Ley de seguridad privada. Y todo ello acompañado por el intento de control de la justicia, logrado en muchas ocasiones por parte del Gobierno atentando al principio de separación de poderes.

Estamos de acuerdo, y creo que lo están todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Popular, con la necesidad de derogar y modificar una cuantas leyes: la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la Ley de seguridad privada, el Código Penal en aquellas modificaciones introducidas por el Partido Popular y también las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De no aprobarse, como así será, la moción del Grupo Parlamentario Socialista, a todas estas leyes les va a quedar poca vida, porque serán modificadas o derogadas con la nueva composición de las Cortes Generales y a través de un nuevo Gobierno en España presidido por una formación política distinta a la del Partido Popular. Y lo digo porque, efectivamente, todos y cada uno de los grupos parlamentarios que intervinieron en la aprobación de estas leyes que he comentado, todos, a excepción del Grupo Popular, han dicho que trabajarían y lucharían por la modificación y la derogación de estas leyes. Por tanto, serán leyes de muy poco recorrido, de muy poca historia.

En definitiva, nosotros votaremos a favor de la moción presentada por el señor Cascallana, en representación del Grupo Parlamentario Socialista.
Si me permiten, seguiré en castellano para decir –y será la segunda ocasión en que lo haga; lo hice en el año 2008, pero los avatares políticos me devolvieron a esta casa al cabo de tres años; pero esta vez sí que es la definitiva- que esta ha sido mi última intervención en esta legislatura y también en el Senado en su conjunto, y lo es por una razón muy concreta: porque en los próximos días me incorporaré al Parlament de Catalunya como diputado electo que he sido en las elecciones celebradas el 27 de septiembre.

Para mí ha sido realmente un honor haber formado parte de esta Cámara, en la que he aprendido mucho, tanto en lo personal como en lo político, una Cámara de la que deseo su reforma para que pueda desarrollar todo su potencial de Cámara territorial en un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. Más allá de las lógicas discrepancias políticas, siempre he intentado –creo- mantener un tono cordial y respetuoso en lo personal, y si en alguna ocasión no lo he conseguido les pido, evidentemente, sinceras disculpas.

Señorías, en esta Casa dejo buenos amigos en todos los grupos parlamentarios y sepan que, como dice la habanera, en un rincón de la Costa Brava, donde sonríe una villa risueña, la mía, la de L´Escala, la de Empúries, donde por primera vez se practicó la democracia y el parlamentarismo en la península ibérica, allí tienen a un amigo para todo lo que necesiten.

Muchas gracias. Les deseo mucha suerte. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera. Le deseamos lo mejor, don Rafael. Sabe usted que deja muchos amigos en esta Casa. Le deseamos lo mejor en lo personal, en lo familiar y en lo político. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d´Unió, tiene la palabra el senador Sendra.


El señor SENDRA VELLVÈ: [C.1026]

Gracias, presidente.

Señorías, decía en la defensa de la enmienda -que desafortunadamente no nos ha sido aceptada por el Grupo Socialista- que mi Grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Convergència i d´Unió, estamos esencialmente de acuerdo con la moción, estamos absolutamente de acuerdo con que se derogue la Ley de seguridad ciudadana y se retiren las sanciones injustificadas impuestas desde la fecha de entrada en vigor de esta ley; estamos totalmente de acuerdo con que se derogue la revisión del Código Penal, que introduce por la puerta de atrás la cadena perpetua con el nombre de prisión permanente revisable; quizá tendríamos alguna duda con que se retire la modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal, en la que nos abstuvimos —otros votaron en contra—, y también estamos totalmente de acuerdo con que se devuelva a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su auténtico papel constitucional, que es el de servir a los ciudadanos y no al ministro caprichoso de turno.

Y todavía diría más: podríamos haberle añadido, señor Cascallana, alguna otra ley, la del Tribunal Constitucional, que se debate mañana, un atentado a la división de poderes; otro ejemplo de la manipulación política que hace el Partido Popular sobre el tribunal más deslegitimado, más desacreditado de la democracia; una ley con un único objetivo —y no tengan ninguna duda de ello, señorías—: criminalizar al presidente de la Generalitat de Catalunya, democráticamente escogido.

Al no haber admitido la enmienda el Grupo Socialista, podríamos abstenernos y no dar apoyo a esta moción porque ustedes no nos han aceptado la enmienda. Lo que sucede es que traicionaríamos nuestro convencimiento, nuestros principios, puesto que por el mero hecho de que se pida la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza -la ley que yo definí en este estrado como la de la patada a los inmigrantes y la patada a los derechos de los ciudadanos-, solo porque se solicita esto no podemos oponernos; no podemos oponernos a esta moción porque estaríamos traicionado nuestras convicciones en este sentido.

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