Borrador incompleto de la sesión plenaria celebrada el díA14 de octubre de 2015



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BORRADOR INCOMPLETO DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA14 DE OCTUBRE DE 2015
Se reanuda la sesión las nueve horas.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Se reanuda la sesión.


3. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
3.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DEL 0,7% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) CON FINES SOCIALES Y LAS SUBVENCIONES A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR CORRESPONDIENTES A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Continúa).

(Núm. exp. 671/000192)

Autor: GPCIU
El señor presidente da lectura a los puntos 3. y 3.3.
El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Buenos días, señorías.

Esta es una moción consecuencia de la interpelación que presentamos al ministro Alfonso Alonso. En dicha interpelación hicimos un repaso de los motivos que nos llevaron a presentarla, entre otros, que las comunidades autónomas −en este caso, Cataluña− tienen competencias exclusivas en materia de servicios sociales. Así lo dictan tanto la propia Constitución Española en su artículo 148.1.20ª y los artículos 166 y 110 del Estatuto de autonomía −que desarrollan las consecuencias de tener competencia exclusiva en esta materia y otorgan a Cataluña la potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva con respecto a las mismas−, como también lo hacen las trece sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, al declarar que el dinero recaudado con la declaración del IRPF, el 0,7% para fines sociales y medioambientales, tiene que destinarse a las comunidades autónomas y repartirse entre las entidades de cada uno de estos territorios.

Señorías, debemos recordar que, si bien es cierto que el Estado puede participar económicamente en materia de servicios sociales con las comunidades autónomas, ha de hacerlo solo en sectores o subsectores, entendiendo siempre que esta ayuda debe destinarse a las arcas de las comunidades autónomas en virtud de sus competencias exclusivas. Este 0,7% al que me refiero empezó siendo un 0,53% en 1988 y es Cataluña una de las comunidades donde más se recauda. Esto no ocurre por azar o porque seamos mejores o peores que nadie, aunque también es cierto que el Gobierno de la Generalitat hace pedagogía de la solidaridad y de la necesaria aportación de las personas a este sector social. Nosotros llevamos muchos años pidiendo que, sin más dilación, se territorialicen estos servicios, aunque no queremos prescindir –y lo digo rotundamente− de las entidades de ámbito nacional.

Cuando el ministro respondió a nuestra interpelación nos dijo cosas tan gruesas como que estábamos intentando ponerlo difícil y segar la hierba debajo de las entidades del tercer sector de acción social en España; que hemos pretendido quitarles el oxígeno y hemos tenido éxito en los tribunales. Esto no es cierto. Nosotros no queremos quitar el oxígeno a ninguna entidad social, ni a las de ámbito nacional ni a las de ámbito local que están haciendo un buen trabajo en barrios, en pueblos, en los territorios de ámbito rural. Nosotros no queremos excluir a nadie, el que quiere excluir es el Gobierno central a través de anuncios como los que va haciendo, mediante la concesión de subvenciones de forma discrecional, despreciando a algunas entidades y mediante el último anuncio, que es este borrador en el que se indica cómo se deberían repartir, en donde se cribaba a las entidades y de algún modo se indicaba que o se federaban a nivel estatal o no tendrían derecho a las subvenciones. Nosotros no queremos esto. Queremos que todas las entidades, todas las personas voluntarias que están ayudando de forma altruista a otras personas que lo están pasando mal tengan la oportunidad de ser premiadas, de ser ayudadas por su labor y por el resultado de esta labor.

Por lo tanto, la única intención de la moción es esta, y para ella pedimos el apoyo al resto de los grupos.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Carcedo.


La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a defender una enmienda con la que pretendemos situar en el plano de la política un asunto en el que las formas competenciales tienen mucho que ver con el fondo y con la función que están desempeñando las organizaciones del tercer sector.

De los tres puntos que contiene la enmienda no hemos enmendado el primero porque se refiere al cumplimiento escrupuloso de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Nosotros estamos de acuerdo con que se cumpla y con el papel del Poder Judicial en la interpretación de posibles conflictos entre administraciones y particulares, y ese punto no lo vamos a enmendar. Permítanme que les dé la bienvenida en este y en otros asuntos, así como en la legitimidad de los órganos judiciales del Estado en dirimir estos asuntos.

En lo que no podemos estar de acuerdo es en los puntos 2 y 3 porque son los que afectan a eso que decía de que la forma de realizar una política influye en el fondo o en la finalidad de esa política. Por ello hemos presentado una enmienda que agrupa los dos puntos en uno solo y que, como decía al inicio de mi intervención, pretende recuperar la política para un asunto que es trascendental en un Estado multinivel como el nuestro. No queremos que el fruto de la negociación y del acuerdo en la persecución del interés general de unas organizaciones y de unas instituciones que están jugando un papel muy importante en nuestro país y que están perfectamente estructuradas pueda suponer un cambio, como el que se pretende, y un riesgo para la estabilidad y, sobre todo, para la eficacia y efectividad de los programas que están gestionando y que pretenden llevar a cabo.

Tampoco podemos estar de acuerdo con la publicación anual de los datos de recaudación y de asignación —algo que no se hace en ninguna otra política— precisamente en el asunto más delicado, como es la función social de estas organizaciones, y no nos parece adecuado que uno pueda aducir lo que aporta o no aporta. Todos aportaremos igual al conjunto de los presupuestos, el 0,7%, que se destinará al interés general, en este caso de acción social. Esto a nosotros nos parece también una cuestión que al menos mi grupo no puede apoyar. Estos son los contenidos; en el debate de fijación de posición explicaremos el fondo.

En cuanto a la defensa de la enmienda, efectivamente nosotros no tenemos ningún empacho -al contrario- en apoyar la función de los órganos judiciales, del Poder Judicial en nuestro país y de sus resoluciones, pero en los puntos 2 y 3 creemos que esto se debe dirimir en el terreno de la política compleja de un Estado federal o similar al federal como el nuestro, que nosotros pretendemos que sea federal de facto, pero que es un Estado multinivel en el que la negociación, el acuerdo y sobre todo la voluntad de cooperación entre las instituciones es obligado. Por tanto, a nivel de las conferencias sectoriales, a nivel de la negociación política, hay órganos institucionales que perfectamente responden a esta estructura de nuestro Estado multinivel. Por tanto, pongámonos a funcionar, pongámonos a trabajar pero, sobre todo, pongamos encima de la mesa voluntad política de resolver un asunto crucial para nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Carcedo.

Tiene la palabra la senadora Rivero para indicar si acepta o no la enmienda.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

No podemos aceptar esta enmienda, no porque no estemos de acuerdo con la buena voluntad que usted ha manifestado. Dice que aceptan el punto número 1 porque están de acuerdo con las sentencias judiciales y no aceptan el número 2. Que se han de territorializar –maldita palabra- las recaudaciones del 0,7% del IRPF, no lo digo yo, señora senadora, lo dicen el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Por tanto, en este punto, respeto absoluto a lo que se dice. En cuanto a la política, evidentemente que se ha de recuperar el terreno de la política. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a negociar, de hecho el departamento siempre se ha sentado a hablar con el ministerio sobre qué entidades podían, en función de su trabajo, tener estas ayudas, siempre, hasta que se ha terminado la voluntad de diálogo. Quizás me dirá usted que poner en la enmienda número 61, en el trámite de una ley en esta Cámara, las ayudas a las entidades indica voluntad de diálogo; ¿pero qué diálogo es este? Esto es coger la grieta y tirar por el derecho. Creo que nuestra moción es muy clara. Agradezco su voluntad, pero no puedo aceptar esta enmienda. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Angulo.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Popular va a votar en contra de esta moción consecuencia de interpelación. En primer lugar, porque el Gobierno cumple y acata todas las sentencias y decisiones judiciales. Por lo tanto, entendemos que el punto primero resulta del todo innecesario. Precisamente acatando y cumpliendo esa sentencia saben que se adaptó la normativa en el año 2013 y se diseñó un nuevo marco normativo, estableciendo tres ejes prioritarios y modificando, como digo, la situación, de forma que la gestión centralizada de las ayudas se estableciera en virtud de unos títulos competenciales específicos. Pero, señoría, senadora Rivero, tengo que decirle que las sentencias, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, han anulado decretos o convocatorias porque no consideran suficientes los títulos competenciales, por eso; es decir, las sentencias dicen que el título competencial no es suficiente, pero en ningún caso impiden, ni mucho menos, que el Estado pueda financiar acciones de fomento en esta materia. Y ustedes saben muy bien lo que está ocurriendo: que con esas decisiones unilaterales de la Generalidad de Cataluña, con ese buscar permanentemente el conflicto de competencias, están generando incertidumbre y preocupación en muchas entidades que hoy están a la espera de la resolución de esa convocatoria de 2015. Y lo que están haciendo el Gobierno y el Partido Popular es precisamente buscar una fórmula alternativa para dar solución a esa tremenda incertidumbre y a esa tremenda inseguridad que están generando en organizaciones como Cruz Roja Española, como Cáritas Española y como tantas y tantas entidades, que son las auténticas vertebradoras de la solidaridad de este país.

Por lo tanto, nosotros cumplimos las sentencias, además, buscamos soluciones y, además, lo estamos haciendo de la mano precisamente de las organizaciones de ese tercer sector para que se puedan incluir las subvenciones que nos permitan seguir apoyando a todas las entidades —a todas— de ámbito estatal y también de ámbito local que están trabajando por la solidaridad de este país. Mientras tanto, ustedes siguen a lo suyo; ustedes siguen a las competencias; ustedes, el Gobierno catalán -que, por cierto, es el único de todas las comunidades autónomas que está tratando de marcar límites y de poner barreras en un tema de tanta necesidad y de tanta prioridad, como es el tema social- es el que está interrumpiendo y entorpeciendo esas convocatorias.

Y no les he oído tampoco hoy, señoría, hablar de personas. Ustedes hablan de conflictos, ustedes hablan de competencias, ustedes hablan de dividir, ustedes hablan de poner límites y de fracturar y de separar, pero no han hablado de personas, y el debate de hoy es de personas; hay millones de personas que cuando marcan la x solidaria en el impuesto sobre la renta de las personas físicas están buscando ayudar a los más vulnerables allí donde estén; no en su pueblo, no en su provincia, allí donde estén, donde tengan más necesidades. Y estamos hablando también de miles de personas que hoy ya están necesitando esa ayuda, que depende en gran medida de esa solidaridad que muchos otros han decidido dar marcando esa x.

¿De verdad pueden mirar a los ojos de esas personas y explicarles que entidades como Cruz Roja, como Cáritas, como la Plataforma del Voluntariado, porque son de ámbito estatal tienen que ver restringido el acceso a esas ayudas y que esas ayudas se tienen que gestionar de otra forma? ¿De verdad creen, señorías de Convergència, que quien marca la x con esa generosidad, con esa solidaridad, ha decidido que esas ayudas vayan exclusivamente a su provincia o a su pueblo? ¿De verdad creen que la prioridad es la territorialización? Las subvenciones son una herramienta de solidaridad social, no de control de poder, señorías; y la solidaridad es grande, no es pequeña; la solidaridad tiene mucho que ver con la grandeza de miras y no con poner límites, ni con el rupturismo, ni con el separatismo, ni con una visión cicatera de las cosas; la solidaridad nace de las personas y va dirigida a las personas. Y hoy ustedes se han olvidado precisamente de hablar de las personas. Por eso también estamos en contra y vamos a votar en contra de esta moción. Su debate ha sido ignorar a las personas, a esas entidades del tercer sector que se han pronunciado de forma reiterada y han manifestado su acuerdo con cómo se están gestionando las cosas, con que se mantenga ese modelo de reparto en la asignación del IRPF. La senadora portavoz del Grupo Socialista hablaba de colaboración y diálogo. ¿Qué mejor diálogo que con quienes están trabajando día a día con los que más lo necesitan y también con los políticos para hacer efectiva que esa solidaridad llegue cuanto antes y que hoy, como digo, están preocupados por las incertidumbres y por los retrasos que están provocando de forma permanente con la judicialización de este tema.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, presidente.

Por tanto, reiteramos nuestro compromiso con la solidaridad una vez más, buscando soluciones de la mano de ese tercer sector. Por eso, precisamente para ayudar a ese tercer sector y para ayudar a los que más lo necesitan, votaremos en contra de esta moción.

Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente. Buenos días. Bon dia.

Señora Angulo, decir que con esta moción se pretende no ser solidario y no hablar de las personas es ni entender la moción ni saber de lo que se está hablando. Lo que esta moción pretende, y que Esquerra Republicana de Cataluña va a apoyar, tiene que ver con las necesidades de la ciudadanía y los recursos donde se generan, con la decisión de las personas que marcan la cruz y que quieren destinar a asuntos sociales una parte de su IRPF, el 0,7%; por tanto, pretende dar respuesta a las necesidades de las personas. Esto es de lo que estamos hablando. Por ello, decir que somos insolidarios porque pretendemos dar respuesta a las necesidades de nuestra gente es no entender qué es Cataluña ni los catalanes ni las catalanas. Lecciones de solidaridad a los catalanes y catalanas, pocas.



Desde hace diecisiete años estamos pidiendo en Cataluña la territorialización de los recursos provenientes del 0,7% del IRPF para destinarlos a fines sociales. Sistemáticamente, ustedes, que todo el día están hablando de la ley, del cumplimiento riguroso de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que siempre están señalando con el dedo a los demás, son los que no cumplen con las sentencias del Tribunal Constitucional ni con las sentencias del Tribunal Supremo.

El presidente del Gobierno español, el señor Rajoy, el 11 de abril de este año dijo que no era razonable territorializar el 0,7% porque consideraba que el sistema sirve razonablemente al interés general y asigna de manera sensata y eficaz los recursos que los contribuyentes destinan a fines sociales. Pero el mes de febrero de este mismo año, después de no estimar una moción presentada en el Congreso de los Diputados por Esquerra Republicana sobre esta cuestión, el ministro Montoro dijo que el Gobierno asumiría y respetaría las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Pues bien, desde hace diecisiete años reclamamos la territorialización del IRPF y miren dónde estamos.

En esta moción consecuencia de interpelación presentada por Convergència estamos reclamando exactamente lo mismo que hace diecisiete años, que es una cuestión de justicia, de reparto equitativo y justo en función de la población donde se originan los ingresos, donde se recauda este IRPF para destinarlo a las necesidades de un territorio. ¿Quién está mintiendo aquí? Ustedes. ¿Quién nos está tomando el pelo? Ustedes. A Cataluña llegan 29,6 millones de euros para programas sociales y ambientales, cuando deberían llegar 22 millones más, que obligan a las entidades sociales a articularse a nivel estatal.

Ayer, la portavoz de Presupuestos del Grupo Popular dijo: expliquen ustedes cómo se recentraliza y cómo se centraliza. Pues, señorías, con decisiones como estas, burlando las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo a través de reales decretos que intentan evitar el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de dichas sentencias. No solo eso, su sacrosanta Constitución, en su artículo 148.1.20ª, establece que las competencias exclusivas en materia de servicios sociales corresponden a las comunidades autónomas, y el vigente Estatuto de Cataluña en su artículo 166 establece que corresponden a la Generalitat en exclusiva las competencias en servicios sociales. El Gobierno de la Generalitat envió al Gobierno del Estado español un memorial con 23 agravios en los que se hablaba, entre otras cosas, de la necesidad de territorializar el 0,7%. ¿Qué ha obtenido el Gobierno de la Generalitat ante esta petición? Silencio absoluto. Ustedes continúan dando la callada por respuesta, después se preguntan por qué los catalanes y catalanas estamos en el punto en que estamos. Es evidente, porque estamos cansados de estar cansados, hartos de estar hartos, y hemos decidido que a partir de ahora queremos gobernarnos nosotros mismos con libertad, porque tenemos la competencia, la capacidad y porque queremos dar respuestas a las necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas, porque tenemos el derecho a ello y porque tenemos el deber de poder conferir una vida mejor a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.

Por estos motivos, nosotros votaremos favorablemente esta moción.

Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño y brevemente para señalar el voto favorable de mi grupo parlamentario a la moción presentada por el Grupo de Convergència, y no puede ser de otra manera porque lo que viene a pedir esta moción es, primero, el cumplimiento de una ley y, segundo, el cumplimiento de esa ley tal y como ha sido interpretada posteriormente por sentencias tanto del Tribunal Supremo, como del Tribunal Constitucional. De todos modos, no puedo dejar de señalar la paradoja que supone que el Partido Popular a día de hoy haya anunciado el voto en contra de una moción que no pide más que eso, el cumplimiento de la ley y de las sentencias del Tribunal Constitucional. Curiosamente, el jueves vamos a tramitar aquí un proyecto de ley en el que vienen ustedes a pedir lo mismo. Está claro que la aplicación de las sentencias y de las leyes solamente es de obligado cumplimiento para los señores del Partido Popular cuando así conviene a sus intereses partidistas y no por la primacía de la ley, que es lo que dota de carácter de Estado democrático a nuestro Estado de derecho.

Por lo tanto, vamos a votar a favor de la moción de Convergència y del mismo modo denunciamos el doble rasero y la falsedad del Partido Popular cuando se trata del cumplimiento de leyes y de sentencias.

Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra la senadora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Presidente, buenos días.

Señorías, el primer punto de la moción que nos propone Convergència i d’Unió es irrefutable. Es evidente que todos estamos de acuerdo en que se han de cumplir las sentencias. En este caso, estamos hablando de una sentencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, y esto en un país normal no sería un tema de debate en una moción, se cumplirían y punto.

Por lo que se refiere al punto número 2 de la moción, no lo compartimos. Pide que se territorialicen los recursos recaudados en cada comunidad provenientes del 0,7% del IRPF. En este punto quería destacar dos motivos por los que no estamos de acuerdo: en primer lugar, porque lo que se propone es totalmente opuesto al principio de solidaridad y, por tanto, nosotros no estamos dispuestos a renunciar a ello. En segundo lugar, porque atenta contra la literalidad de nuestro Estatuto de Cataluña y también contra las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. De hecho, me gustaría leer lo que consta en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, cuando se debatió la moción en el Parlamento, que dice lo siguiente: La doctrina ya invocada por la Generalitat en el segundo motivo que analiza el orden constitucional de distribución de competencias en materia de asistencia social y actividad subvencional respecto a la exclusividad de la misma en cuanto a la fijación de las bases para la distribución y el control de ayudas.

Esto es lo que pedía y lo que dice la sentencia que otorga la Generalitat. Lo que dice la sentencia es que le corresponde a Cataluña la distribución y control de las ayudas provenientes del 0,7% del IRPF y no al Estado. Sobre esto no tenemos nada que decir, pero en ningún caso dice que el importe recaudado por el Estado de los contribuyentes catalanes tenga que destinarse a estas subvenciones. Podemos hablar, y así lo propuso mi grupo en el Parlamento de Cataluña, de iniciar un diálogo entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno del Estado para revisar y actualizar los criterios de reparto de recursos provenientes de este 0,7%.

A esto sí que nos encontrará dispuestos, pero dialogando, acordando y pactando. Por un lado, queremos poner de manifiesto que hay entidades receptoras de estas subvenciones de ámbito estatal que destinan una parte de lo que reciben a las sedes establecidas en Cataluña, aunque no sean entidades catalanas y, por otro lado, queremos constatar que este modelo de financiación ha permitido que las entidades sociales catalanas hayan recibido un dinero que antes no recibían y que estos recursos han sido superiores cuando los gobiernos de Cataluña y del Estado han sido de izquierdas. Se puede y hay que mejorarlo, pero sin renunciar a la solidaridad territorial.

Por lo que respecta al punto número 3 de la moción, estamos totalmente de acuerdo en que se ha de hacer un ejercicio de transparencia. No obstante, nos remitimos a lo que he dicho anteriormente, y es que se ha de acordar y se ha de pactar cómo hacer la asignación y la trasparencia de estas distribuciones. Por tanto, entendemos que hay que ser rigurosos en la interpretación de las sentencias, y aunque estamos de acuerdo en que deben cumplirse, no estamos de acuerdo con el punto número 2 de la moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.



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