Borrador del estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental del camposanto jardin de los recuerdos del cantón piñAS



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BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL CAMPOSANTO JARDIN DE LOS RECUERDOS DEL CANTÓN PIÑAS





BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPOSANTO JARDIN DE LOS RECUERDOS DEL CANTÓN PIÑAS
PROPIETARIO: Comp. AMAZONAS COMAZONAS



ESTUDIO:

Arq. Holger Matamoros Espinoza

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Octubre 2013
ESTUDIO:

Arq. Holger Matamoros Espinoza

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Agosto 2013

Estudio:

Arq. Holger Matamoros Espinoza

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Abril 2013

Machala Febrero 2006



FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Proyecto:

Camposanto Jardín de los Recuerdos

Tipo de Estudio:

Estudio de Impacto Ambiental

Localización del Proyecto:

Sitio La Garganta – Cantón Piñas

Dirección: Av. Independencia, junto a la Urna a San José.

Coordenadas:


Ubicación


Provincia


Dirección

Coordenadas

UTM-WGS 84

X

Y

Cantón Piñas



El Oro


Sitio La Garganta



642800

9594900

642900

9594700

643000

9594700

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9595000

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9595000

643100

9594900

643000

9594900

642800

9594900




Área del proyecto:

1.70 Has.

Fase del Proyecto:

Construcción

Certificado de Intersección:

No Intersecta con Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROPONENTE

Razón social:

Corporación Amazonas, Comazonas S.A

Actividad:

Servicios Exequiales

Representante Legal:

Ing. Sheyla Jannina Valarezo Quezada

Dirección:

Avenida La Independencia

Teléfono:

072977459

E-mail:

holgerafael1961@hotmail.com

RUC:

0791755727001

INFORMACIÓN SOBRE EL CONSULTOR

Nombre del Consultor:

Arq. Holger Matamoros Espinoza

Equipo Técnico del Consultor:

Lic. Gabriela Ramos S.


Registro Consultor:

Reg. MAE 047

Dirección:

Bolívar/Sta. Rosa y Vela – Machala

Teléfonos:

0991514694 - 0983321731

E-mail:

holgerafael1961@hotmail.com

Firma del Consultor:




RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Resolución No. 128, del 13 de Mayo de 2008, la Ministra de Ambiente confirió al Gobierno Provincial de El Oro y a su vez a la Secretaria Técnica de Gestión Ambiental, la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr), con lo cual está facultado para evaluar y aprobar estudios de impacto ambiental - EsIA, Planes de Manejo Ambiental Fichas Ambientales y emitir Licencias Ambientales para la ejecución de proyectos dentro de su competencia y jurisdicción territorial, de conformidad con el SUMA, siempre que tales proyectos no se encuentren total o parcialmente dentro del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales y del Patrimonio Forestal, Bosques y Vegetación Protectores del Estado, ni estén comprendidos en lo establecido en el Artículo 12 del Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, en cuyo caso, le corresponderá al Ministerio del Ambiente otorgar las Licencias Ambientales; o sean proyectos que por la materia o administración de un recurso natural competa legalmente a una Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, AAAr, sectorial debidamente acreditada, quienes deberán articular funciones de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable.


El desarrollo de las ciudades es fundamental cuando se considera el desarrollo armónico entre lo urbanístico y los aspectos ambientales, sin comprometer los recursos naturales para las futuras generaciones.

En la Ley de gestión Ambiental publicada en el Suplemento del Registro oficial No. 418 del 10 de septiembre del 2004, dispone que la ejecución del Estudio de impacto Ambiental es obligatoria para todo proyecto relevante sea público, privado o mixto, que se encuentra cercanas a espacios naturales, áreas de alta fragilidad o en zonas donde no existe un sistema de alcantarillado, que puedan causar impactos ambientales. Este se realizará con la finalidad de obtener un licenciamiento ambiental que es un requisito necesario para la construcción, instalación y operación de un proyecto determinado.

El Proyecto Camposanto Jardín de los Recuerdos se encuentra ubicado en la Av. Independencia junto a la Urna San José, en el Sitio La Garganta, Cantón Piñas, Provincia de El Oro.
El proyecto Construcción, Operación y Mantenimiento del CAMPOSANTO JARDIN DE LOS RECUERDOS, se asentará sobre un terreno de 1,70 has. y será implantado en el Sitio La Garganta, del Cantón Piñas, Provincia de El Oro.

El alcance al presente estudio incluirá la evaluación de los impactos ambientales potenciales generados durante las fases de construcción, operación, y mantenimiento.

Para que el equipo consultor pueda desarrollar el estudio ambiental se ha considerado, todas las Leyes Ambientales que regulan el medioambiente y se encuentran al momento vigentes en el país y las Ordenanzas Ambientales municipales con que cuenta el Cantón Piñas.

Por último se debe de considerar la identificación, caracterización y valoración de los impactos ambientales, que deberá ser detallada y analizada por el equipo consultor, a la vez que se tendrán que proponer las respectivas medidas de mitigación a cada una de ellas, para minimizar o eliminar los problemas que se presentaren.


Arq. Holger Matamoros Espinoza



ESPECIALISTA EN ESTUDIOS AMBIENTALES

CAPITULO I
1. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO


    1. ANTECEDENTES.-

Debido al desarrollo actual del Cantón Piñas y los requerimientos de cementerios, el Camposanto Jardín de los Recuerdos, brindará los servicios exequiales, velación, ritos funerarios y similares, prestados a empresas, instituciones públicas, privadas, cámaras, asociaciones establecidas legalmente y comunidad en general.


Camposanto Jardín de los Recuerdos, es un proyecto que nace para ofrecer a toda la comunidad productos y servicios de alta calidad, en un lugar rodeado de naturaleza, comodidad, paz y tranquilidad.
El CAMPOSANTO JARDÍN DE LOS RECUERDOS, es un proyecto en fase inicial de construcción, que tendrá como función proveer servicios funerarios, así como la gestión requerida cuando acontecen las defunciones.
El predio donde se localizan las instalaciones motivo del presente Estudio de Impacto Ambiental se encuentra ubicado en la Av. Independencia junto a la Urna a San José, del Cantón Piñas, Provincia de El Oro.

Mediante Oficio No. MAE-RA-2013-49704 del Ministerio del Ambiente, en base a las Coordenadas UTM de ubicación del CAMPOSANTO JARDÍN DE LOS RECUERDOS DEL CANTÓN PIÑAS, otorgó el Certificado de No Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado al Proyecto Camposanto.


El presente informe contiene el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del Camposanto Jardín de los Recuerdos del Cantón Piñas, el cual ha sido elaborado para dar cumplimiento de las instalaciones y operaciones del proyecto con los requisitos ambientales en vigencia, así como también para definir las medidas de manejo ambiental que debe cumplir el operador de las instalaciones para minimizar impactos ambientales adversos. El estudio ha sido enfocado en el entorno ambiental del proyecto, de manera que se toman en consideración los componentes físico, biótico y socioeconómico de dicho entorno.
Los representantes del Camposanto Jardín de los Recuerdos del Cantón Piñas, han considerado prioritario la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, a fin de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente, así como cumplir con los requerimientos de la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr) que para el caso del Cantón Piñas recae en la Dirección del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro (GPAO) a través de la Secretaria Técnica de Gestión Ambiental (STGA).
Los promotores del proyecto de Construcción de un nuevo Camposanto Jardín de los Recuerdos del Cantón Piñas, se pretende regularizar su actividad, así tenemos que este tipo de proyectos son los que las Municipalidades de todo el país no han dado el debido apoyo para dar a la comunidad este tipo de equipamiento urbano, y es la empresa privada la que está absorbiendo este trabajo q debería ser realizado por los gobiernos locales.
Con este antecedente, la Ing. Sheyla Valarezo Quezada representante legal de la Corporación “AMAZONAS COMAZONAS S.A” se contacta con el Arq. Holger Matamoros Espinoza, Especialista en Estudios Ambientales para que realice el presente Estudio de Impacto Ambiental “EsIA”.


    1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.-




      1. OBJETIVOS GENERALES.-

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental para la construcción, operación y mantenimiento del CAMPOSANTO JARDIN DE LOS RECUERDOS DEL CANTÓN PIÑAS, con el objeto de regular el funcionamiento de sus actividades en base a la normativa ambiental vigente a nivel provincial.


1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.-
Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:


  • Describir las diferentes actividades que tendrán lugar en el CAMPOSANTO JARDIN DE LOS RECUERDOS, en todas las fases implicadas en el proyecto.

  • Verificar el nivel de las actividades constructivas iniciadas en el área donde se implantará el proyecto JARDIN DE LOS RECUERDOS, en lo que fuere pertinente, con respecto a la normativa ambiental vigente que rige para el Ecuador.

  • Identificar, caracterizar y evaluar los impactos ambientales del proyecto, tanto en lo que resta de la fase de construcción como en su fase de operación y mantenimiento.

  • Proponer las correspondientes medidas ambientales como respuesta a los impactos ambientales identificados en el estudio ambiental.

  • Sugerir cambios o modificaciones que permitan ejecutar acciones más limpias ambientalmente y que involucren al trabajador y a los núcleos poblacionales vinculados, considerando al individuo como el elemento fundamental del entorno.

  • Obtener la Licencia Ambiental para la ejecución de las actividades que realizará el CAMPOSANTO JARDIN DE LOS RECUERDOS, cumpliendo con lo establecido en Leyes Ambientales y Ordenanzas Provinciales y Municipales vigentes.




    1. METODOLOGÍA.-

Para el desarrollo del presente estudio se han considerado los métodos científicos y prácticos que facilitan un conjunto de técnicas y procedimientos para alcanzar los objetivos propuestos por el equipo consultor.

Las principales actividades desarrolladas como parte de este estudio son las siguientes:


    • Recolección de información "in situ" y análisis de los documentos existentes: planos, memorias técnicas de diseño, registros, etc.

  • Visitas al área donde se construirá el Camposanto

  • Entrevistas con el personal administrativo y técnico.

  • Toma de datos técnicos: fotos y mediciones de las instalaciones del Camposanto.

  • Sistematización de la información.

  • Verificación, evaluación y análisis de datos de información recolectada.

  • Elaboración del informe final.

Para ejecutar el presente estudio se establecerá un cronograma de trabajo, en el cual se incluyen entrevistas de trabajo "in situ” con el personal técnico-administrativo del CAMPOSANTO JARDIN DE LOS RECUERDOS, las mismas que fueron establecidas de mutuo acuerdo entre las partes.


Ha sido preocupación del grupo consultor incluir en el informe todos los elementos requeridos para la estructuración del Estudio de Impacto Ambiental, entre los que se destacan tópicos tales como:


  • Evaluación del área de influencia.

  • Visitas al sitio de obras para realizar una evaluación de las actividades que se desarrollaran en el Camposanto.

  • Recopilación de la información técnica básica existente.

  • Elaborar registros fotográficos de las actividades actuales del Proyecto y su entorno

Para la realización de este estudio, la información primaria recolectada proviene de las visitas de campo, fotografías y conversaciones con los promotores del Proyecto. La información secundaria, proviene de la ya existente y disponible en diferentes Instituciones, como es el Municipio de Piñas y su Plan de Desarrollo, como también del Plan de Desarrollo Provincial del Gobierno Autónomo de El Oro, que se utilizó para establecer la situación actual de la línea base ambiental del sitio a analizar y su zona de influencia.


La descripción de los medios físico, biótico, socio-económicos y de los servicios básicos del sector, son de carácter general. Para la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales, se consideró la situación actual de la línea base ambiental y la descripción de la actividad. Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales potenciales por el proceso que se brindara a los posibles usuarios del Cantón Piñas, que ofrecerá esta actividad, con los cambios y medidas de mitigación a plantearse posteriormente se procederá a formular el Plan de Manejo Ambiental como guía de programas, procedimientos, prácticas y acciones orientadas a prevenir, eliminar, minimizar o controlar aquellos impactos ambientales o sociales negativos significativos, también busca maximizar aquellos impactos ambientales positivos identificados.
CAPITULO II


  1. MARCO LEGAL AMBIENTAL




    1. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL




      1. Constitución De La República Del Ecuador

La Constitución Política del Ecuador, publicada en el R.O. NO 449 del 20 de Octubre del 2008 contempla disposiciones del Estado sobre el tema ambiental e inicia el desarrollo del Derecho Constitucional Ambiental Ecuatoriano.
TÍTULO II: DERECHOS

Capítulo segundo: derechos del buen vivir

Sección segunda: ambiente sano
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.
Capítulo sexto: derechos de libertad

Art. 66 numeral 27: El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.
Capítulo séptimo: derechos de la naturaleza
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.


Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.


TÍTULO IV: PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER

Capítulo primero: participación en democracia

Sección primera: principios de la participación
Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.


TÍTULO VI: RÉGIMEN DE DESARROLLO

Capítulo primero: Principios Generales
Art. 276 numeral 4 Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capítulo segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales.

Sección primera: Naturaleza y Ambiente
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:


  1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

  2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

  3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.

  4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.


Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.
Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:


  1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.

  2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.

  3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.

  4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.

  5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.


Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.
Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.
Sección segunda: Biodiversidad
Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional.

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.


Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales.
Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.
Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.
Sección tercera: Patrimonio natural y ecosistemas
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión.

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.


Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.
Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.
Sección cuarta: Recursos naturales
Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución.

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.
Sección quinta: Suelo
Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión.
En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.
Sección sexta: Agua
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.


      1. Reformatoria al Código Penal, Registro Oficial N° 2 del 25 de Enero del 2000

Esta ley tipifica los delitos contra el patrimonio cultural, contra el medio ambiente y las contravenciones ambientales.



Además se establecen las respectivas sanciones para aquellas organizaciones que contribuyen con el deterioro ambiental. Para ello se establecen varios artículos donde se resaltan las sanciones específicas para los que con sus acciones deterioren el estado ambiental del medio en el cual se desenvuelven. Entre aquellas acciones están:
CAPITULO X A. “De los delitos contra el medio ambiente”
Art. 437 B. -“El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiese causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente reprimido.
Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando:


  1. Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a sus bienes.

  2. El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible

  3. El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o;

  4. Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la actividad económica.


Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, se aplicara la pena prevista para el homicidio intencional, si el hecho no contribuye un delito más grave.
Art. 437 E.- Se aplicara la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por si mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase o por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.


      1. Normativa Ambiental Vigente

        1. Ley de Aguas

Art. 12.- El Estado garantiza a los particulares el uso de las aguas, con la limitación necesaria para su eficiente aprovechamiento en favor de la producción.
Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y las demás Entidades Estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta disposición.


        1. Ley De Gestión Ambiental

Expedida el 30 de julio de 1999 en el Registro Oficial No. 245, esta ley establece los principios y directrices de la política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.
TÍTULO III: Capitulo II, “De la Evaluación de impacto ambiental y de control ambiental”
Art. 19.- Estipula que los proyectos de obra pública o privada deberán ser calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.
Art. 20.- Establece que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental Incluirán estudios de línea base; evaluación de impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgos; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono, una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos.
Art.23.- Establece que la evaluación del impacto ambiental comprenderá:


  1. La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;

  2. Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y,

  3. La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.


TÍTULO VI: Capitulo I, “De las acciones civiles”
Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, se concede acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República.
Art. 43.- Establece que las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y afectado directamente por la acción podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente.
Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, la autoridad competente adoptará las sanciones previstas en esta Ley, y las siguientes medidas administrativas:

1. Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y evaluaciones; así como verificara el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días.




        1. Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.


Art. 11.- Prohíbase expeler o descargar hacia la atmósfera contaminantes sin sujetarse a las normas técnicas y regulaciones que perjudiquen la salud y la vida humana, la flora, la fauna y recursos o bienes del Estado a la atmósfera.

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna y a las propiedades.
Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.
Art. 21.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los derechos sólidos, líquidos, o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica.


        1. Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Publicado En el R.O. Edición Especial No. 2 de 31 de Marzo del 2003.


LIBRO VI: DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Título I.- Del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).- El presente título establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.
Art. 13.- Establece que es Objetivo General de la evaluación de impactos ambientales el garantizar el acceso de funcionarios públicos y la sociedad en general a la información ambiental relevante de una actividad o proyecto propuesto previo a la decisión sobre la implementación o ejecución de la actividad o proyecto.
El Art. 16.- Establece que como alcance del estudio se debe: describir la actividad o proyecto propuesto; las técnicas, métodos, fuentes de información (primaria y secundaria) y demás herramientas que se emplearán para describir, estudiar y analizar:


  1. línea base (diagnóstico ambiental), focalizada en las variables ambientales relevantes;

  2. descripción del proyecto y análisis de alternativas;

  3. identificación y evaluación de impactos ambientales; y,

  4. definición del plan de manejo ambiental y su composición.


LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL

TITULO IV: REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

CAPITULO I: NORMAS GENERALES
Art. 42.- Objetivos Específicos


  1. Determinar, a nivel nacional, los límites permisibles para las descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; emisiones al aire incluyendo ruido, vibraciones y otras formas de energía; vertidos, aplicación o disposición de líquidos, sólidos o combinación, en el suelo.

  2. Establecer los criterios de calidad de un recurso y criterios u objetivos de remediación para un recurso afectado.


LIBRO VI “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”

TITULO IV: REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

CAPITULO IV: DEL CONTROL AMBIENTAL

Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental. El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la Calidad Ambiental.
Art. 60.- Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes, particularmente del presente reglamento y sus normas técnicas. La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas actividades de la organización cuando las hubiese y la actualización del plan de manejo ambiental de ser el caso.
Art. 61.- Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la aprobación de la primera auditoría ambiental. En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y cuando no excedan los dos años. Estas auditorías son requisito para la obtención y renovación del permiso de descarga, emisiones y vertidos.
Art. 77.- Inspección de Instalaciones del Regulado. Las instalaciones de los regulados podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de la entidad ambiental de control o quienes la representen, a fin de tomar muestras de sus emisiones, descargas o vertidos e inspeccionar la infraestructura de control o prevención existente. El regulado debe garantizar una coordinación interna para atender a las demandas de la entidad ambiental de control en cualquier horario.
CAPITULO V: DEL REGULADO SECCIÓN I DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL REGULADO
Art. 81.- Reporte Anual. Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. Estos reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar que el regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control.
Art. 82.- Reporte de Descargas, Emisiones y Vertidos. Solamente una vez reportadas las descargas, emisiones y vertidos, se podrá obtener el permiso de la entidad ambiental de control, para efectuar éstas en el siguiente año.
Art. 83.- Plan de Manejo y Auditoría Ambiental de Cumplimiento. El regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control y realizará a sus actividades, auditorías ambientales de cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo ambiental acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales.
Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia. Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente disposición.
Art. 92.- Permiso de descargas y emisiones. El Permiso de descargas y emisiones y vertidos es el instrumento administrativo que faculta a la actividad del regulado a realizar sus descargas al ambiente, siempre que estas se encuentren dentro de los parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales nacionales o las que se dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentren sus actividades. El permiso de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de agua, sistemas de alcantarillado, al aire y al suelo.


        1. Ley Orgánica de Salud Registro Oficial 423 del 22 de Diciembre del 2006

Art. 102.- Es responsabilidad del Estado, a través de los municipios del país y en coordinación con las respectivas instituciones públicas, dotar a la población de sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y otros de disposición de excretas y aguas servidas que no afecten a la salud individual, colectiva y al ambiente; así como de sistemas de tratamiento de aguas servidas.

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias.


        1. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

Expedida en el Registro Oficial en el Suplemento 303 del 19 de Octubre del 2010 este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio. El régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.


Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal, en su literal d) señala lo siguiente: “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley”.
Art. 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos.- del citado cuerpo legal se señala lo siguiente

“Las competencias de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las autoridades correspondientes. Los servicios que se presten en las parroquias rurales se deberán coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones comunitarias del agua existentes en el cantón.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y operarán la gestión integral del servicio público de agua potable en sus respectivos territorios, y coordinarán con los gobiernos autónomos descentralizados regional y provincial el mantenimiento de las cuencas hidrográficas que proveen el agua para consumo humano. Además, podrán establecer convenios de mancomunidad con las autoridades de otros cantones y provincias en cuyos territorios se encuentren las cuencas hidrográficas que proveen el líquido vital para consumo de su población.

Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable serán prestados en la forma prevista en la Constitución y la ley. Se fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y lo comunitario. Cuando para la prestación del servicio público de agua potable, el recurso proviniere de fuente hídrica ubicada en otra circunscripción territorial cantonal o provincial, se establecerán con los gobiernos autónomos correspondientes convenios de mutuo acuerdo en los que se considere un retorno económico establecido técnicamente.”


Art. 146.- Ejercicio de las competencias de promoción de la organización ciudadana y vigilancia de la ejecución de obras y calidad de los servicios públicos.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, promoverán la organización de recintos, comunidades, comités barriales, organizaciones ciudadanas y demás asentamientos rurales en todos los ejes temáticos de interés comunitario; y establecerán niveles de coordinación con las juntas administradoras de agua potable, de riego, cabildos y comunas.

Promoverán la participación ciudadana en los procesos de consulta vinculados a estudios y evaluaciones de impacto ambiental; en la toma de decisiones y en la vigilancia sobre la gestión de los recursos naturales que puedan tener incidencia en las condiciones de salud de la población y de los ecosistemas de su respectiva circunscripción territorial.

Le corresponde al gobierno parroquial rural vigilar, supervisar y exigir que los planes, proyectos, obras y prestación de servicios a la comunidad que realicen organismos públicos y privados dentro de su circunscripción territorial, cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y cantidad, así como el cumplimiento de los plazos establecidos en los respectivos convenios y contratos. El ejercicio de la vigilancia será implementada con la participación organizada de los usuarios y beneficiarios de los servicios.

Si por el ejercicio de la vigilancia el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural emitiere un informe negativo, la autoridad máxima de la institución observada, deberá resolver la situación inmediatamente.





      1. Normas Reglamentarias.

        1. Reglamento General para la aplicación de la Ley de Aguas

Art. 89.- Para los efectos de aplicación del Art. 22 de la Ley de Aguas, se considera como "agua contaminada" toda aquella corriente o no que presente deterioro de sus características físicas, químicas o biológicas, debido a la influencia de cualquier elemento o materia sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o cualquier otra sustancia y que den por resultado la limitación parcial o total de ellas para el uso doméstico, industrial, agrícola, de pesca, recreativo y otros.
Art. 90.- Para los fines de la Ley de Aguas, se considera "cambio nocivo" al que se produce por la influencia de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, por el depósito de materiales o cualquier otra acción susceptible de causar o incrementar el grado de deterioro del agua, modificando sus cualidades físicas, químicas o biológicas, y, además, por el perjuicio causado, a corto o largo plazo, a los usos mencionados en el artículo anterior.
Art. 91.- Todos los usuarios, incluyendo las Municipalidades, entidades industriales y otros, están obligados a realizar el análisis periódico de sus aguas afluentes, para determinar el "grado de contaminación". El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos supervisará esos análisis y, de ser necesario, comprobará sus resultados que serán dados a conocer a los interesados, para los fines de Ley; además fijará los límites máximos de tolerancia a la contaminación para las distintas substancias.

Si los análisis acusaren índices superiores a los límites determinados, el usuario causante, queda obligado a efectuar el tratamiento correspondiente, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Art. 77 de la Ley de Aguas.




        1. Reglamento de Aplicación de Los Mecanismos de Participación Social Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Ley 1040. Publicado en el Ro N° 332 del 8 Mayo del 2008.


TITULO III: DE LA PARTICIPACION SOCIAL
Art. 7.- AMBITO: La participación social se desarrolla en el marco del procedimiento “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”, del Capítulo II, Título III de la Ley de Gestión Ambiental.
Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión ambiental, los siguientes:


  1. Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas y foros públicos de diálogo;

  2. Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;

  3. Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de comunicación;

  4. Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental;

  5. Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales;

  6. Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;

  7. Mecanismos de información pública;

  8. Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;

  9. Página web;

  10. Centro de información pública; y,

  11. Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.


Art. 9.- ALCANCE DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social es un elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental.

La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases.

La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre los siguientes actores:


  1. Las instituciones del Estado;

  2. La ciudadanía; y,

  3. El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto.

La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en función de las características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de ser el caso; y procurará un alto nivel de participación.



Art. 10.- MOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social se efectuará de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental.
Art. 13.- DEL FINANCIAMIENTO: El costo del desarrollo de los mecanismos de participación social será cubierto por la autoridad ambiental de aplicación responsable que deba aprobar el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto o actividad que pueda generar impactos ambientales.

Dichos costos serán retribuidos por el promotor del proyecto o actividad a la autoridad ambiental de aplicación, en la forma prevista en la Ley de Modernización.


Art. 15.- SUJETOS DE LA PARTICIPACION SOCIAL: Sin perjuicio del derecho colectivo que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación social, esta se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será delimitada previamente por la autoridad competente.

En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, se considerará la participación de:




  1. Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso;

  2. Las autoridades de las juntas parroquiales existentes;

  3. Las organizaciones indígenas, afroecuatorianas o comunitarias legalmente existentes y debidamente representadas; y,

  4. Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que implique impacto ambiental.


Art. 16.- DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL: Los mecanismos de participación social contemplados en este reglamento deberán cumplir con los siguientes requisitos:


  1. Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental.

  2. Recepción de criterios.

  3. Sistematización de la información obtenida.


Art. 18.- DE LAS CONVOCATORIAS: Las convocatorias a los mecanismos de participación social señalados en el artículo 8, se realizarán por uno o varios medios de amplia difusión pública que garanticen el acceso a la información, principalmente, e incluirá el extracto que resuma las características de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental, así como el lugar, fecha, hora y metodología a seguir en el mecanismo de participación social seleccionado previamente. Se realizará en forma simultánea, por lo menos a través de uno de los siguientes medios:


  1. Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación a nivel local;

  2. Publicación a través de una página web oficial;

  3. Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos seccionales autónomos y dependientes del área de influencia; y,

  4. Envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación social señalados en el artículo 15 de este reglamento, adjuntando el resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental.

La autoridad ambiental competente vigilará que el proponente utilice a más de los medios de convocatoria referidos, todos aquellos que permitan una adecuada difusión de la convocatoria acorde a los usos, costumbres e idiosincrasia de los sujetos de participación social.


Art. 19.- RECEPCION DE CRITERIOS Y SISTEMATIZACION: Estos requisitos tienen como objeto conocer los diferentes criterios de los sujetos de participación social y comprender el sustento de los mismos, a fin de sistematizarlos adecuadamente en el respectivo informe.

Los criterios podrán recopilarse a través de los siguientes medios:




  1. Actas de asambleas públicas;

  2. Memorias de reuniones específicas;

  3. Recepción de criterios por correo tradicional;

  4. Recepción de criterios por correo electrónico; y,

  5. Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las características socio culturales de la comunidad.

El informe de sistematización de criterios deberá especificar:




  1. Las actividades más relevantes del proceso de participación social;

  2. Las alternativas identificadas y la recomendación concreta para acoger una o más de ellas, o para mantener la versión original del Estudio de Impacto Ambiental, con los correspondientes sustentos técnicos, económicos, jurídicos y sociales, debidamente desarrollados; y,

  3. El análisis de posibles conflictos socio-ambientales evidenciados y las respectivas soluciones a los mismos, en caso de haberlos.

El informe de sistematización de criterios se incluirá al Estudio de Impacto Ambiental que se presentará a la autoridad ambiental competente para su aprobación.


En el evento de que los sujetos de participación social no ejerzan su derecho a participar en la gestión ambiental habiendo sido debidamente convocados o se opongan a su realización, este hecho no constituirá causal de nulidad del proceso de participación social y no suspenderá la continuación del mismo, debiendo el promotor presentar el informe de sistematización de criterios de manera obligatoria.
TITULO V: DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO
Art. 25.- IMPOSICION DE SANCIONES.- El incumplimiento del proceso de participación social, por parte de una autoridad o funcionario público, estará sujeto a los procedimientos y sanciones que establece la Ley de Gestión Ambiental y demás leyes aplicables.


        1. Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Acuerdo Ministerial No. 112, Publicado en el Registro Oficial No. 428, de 18 de Septiembre de 2008.


Art. 1.- La participación social a través de los diversos mecanismos establecidos en el reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieran de licenciamiento ambiental.
Art. 2.- El Ministerio del Ambiente se encargará de la organización, desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación social de aquellos proyectos o actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir autoridades ambientales de aplicación responsable debidamente acreditadas, serán estas las encargadas de aplicar el presente instructivo.
Art. 3.- El procedimiento para la aplicación de la participación social será el siguiente:


  1. Conforme lo dispuesto en el artículo 18 del reglamento, las convocatorias a los mecanismos de participación social se realizarán por uno o varios medios de amplia difusión pública. En dicha convocatoria se precisarán las fechas en que estará disponible el borrador del EsIA y PMA; direcciones de los lugares donde se puede consultar el documento; dirección electrónica de recepción de comentarios; página web donde estará disponible la versión digital del borrador del EsIA; la fecha en que se realizará el mecanismo de participación social seleccionado y la fecha límite de recepción de criterios. El texto de la convocatoria deberá contar con la aprobación previa de la respectiva autoridad competente, la cual proveerá el formato final de publicación, la misma que correrá a cuenta del promotor o ejecutor del proyecto o actividad que requiera licenciamiento ambiental;

  2. Una vez realizada la publicación, se deberán mantener disponibles para revisión por parte de la ciudadanía, el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, en las dependencias correspondientes por un plazo de 7 días;

  3. La autoridad competente dispondrá la aplicación de manera complementaria de cualquier otro mecanismo de participación social para interactuar con la comunidad del área de influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, en el plazo de 7 días;

  4. En el plazo de 7 días contados a partir de la fecha de aplicación del mecanismo complementario, se receptarán los criterios y observaciones de la comunidad, respecto del proyecto y del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental, luego de lo cual se dará por concluido el proceso de participación social; y,

  5. La sistematización de la participación social de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 19 del reglamento, deberá ser ingresada por el promotor del proyecto junto al EsIA a la autoridad competente.




        1. Reforma al Instructivo del Reglamento de Aplicación de Los Mecanismos de Participación Social Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Acuerdo Ministerial No. 106, de 30 de Octubre de 2009


Art. 1.- A continuación del literal e) del artículo 3, agréguese los siguientes literales:
El facilitador o técnico asignado para el proceso de Participación Social, de manera obligatoria realizará una visita de campo previa a la aplicación del mecanismo de Participación Social complementario. La inspección de campo previa tiene como objeto:


  1. Realizar observación de campo del área de influencia socio-económico directa del proyecto.

  2. Verificar la lista de actores sociales involucrados,

  3. Identificar los posibles conflictos socioambientales.

  4. Verificar la planificación logística de la ejecución del proceso de participación, tomando en cuenta las particularidades locales, dinámica social, considerando criterios de accesibilidad y cobertura.

  5. Analizar el alcance y característica del mecanismo de participación social a ser aplicado, su idoneidad y factibilidad.

  6. Si los medios de comunicación y difusión del proceso de participación social son los adecuados y sobre todo responden a la realidad de las comunidades del área de influencia.

  7. En función de la investigación social de campo, programar tentativamente fecha y hora para la aplicación del mecanismo seleccionado, en consenso con los representantes y/o líderes comunitarios, autoridades locales, y comunidad en general.

  8. Mantener independencia e imparcialidad con el consultor y proponente del proyecto durante la visita de campo previa así como durante todo el Proceso de Participación Social.

  9. Una vez realizada la inspección de campo previa, en el término de 5 días, el facilitador deberá presentar un informe técnico con el respaldo de lo actuado (fotos, mapas, encuestas, entrevistas, material de audio o video, etc.).

  10. Este informe será revisado y analizado por los técnicos de la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente.

  11. La información sobre la inspección de campo previa, deberá estar incluida en el informe final del proceso.

El facilitador o técnico asignado para el proceso deberá permanecer en el lugar en que se va a aplicar el mecanismo de participación social seleccionado, de acuerdo a los requerimientos y problemática del proyecto, por lo menos un día antes de dicho evento, con el propósito de coordinar y planificar la realización efectiva del mecanismo seleccionado y de igual manera es obligatoria la presencia del facilitador por lo menos un día después del evento, con el objetivo de solventar cualquier inconveniente que se produjere y al mismo tiempo receptar las observaciones de la comunidad personalmente.


Una vez concluida la fecha límite de recepción de observaciones el facilitador o técnico responsable del proceso de participación, deberá remitir el respectivo Informe de Sistematización al proponente y al Ministerio del Ambiente en el término de cinco días.
Art. 2.- A continuación del artículo 4 agréguese los siguientes artículos:
Art. En caso de que un proyecto por su trascendencia, problemática social, área de influencia y/o nivel de conflictividad lo requiera, la Autoridad Ambiental competente podrá asignar a dos facilitadores o más para el proceso de Participación Social respectivo. De ser este el caso se solicitará al proponente el pago de tasa respectiva de acuerdo al número de facilitadores asignados.
Art. No se podrá asignar a un solo facilitador más de dos procesos de participación social por mes.
Art. En caso de incumplimiento de una o más obligaciones establecidas en el presente acuerdo ministerial el facilitador será sancionado la primera vez con la suspensión de su calificación durante tres meses, período durante el cual el Ministerio del Ambiente no le designará como facilitador dentro de ningún proceso de participación. En caso de reincidencia se revocará definitivamente la calificación del facilitador ante el Ministerio del Ambiente.
Art. 3.- En el artículo 5 agréguese: El facilitador seleccionado deberá ser una persona en libre ejercicio profesional, que no tenga relación de dependencia con ninguna institución pública ni privada.


      1. Normas Conexas




        1. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes

Recurso Agua, Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario, Libro VI, Anexo 1, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.


        1. Norma de Calidad de Aire Ambiente

Libro VI, Anexo 4, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.


        1. Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente

Para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones: Niveles Máximos de Ruido Permisibles según Uso del Suelo, Libro VI, Anexo 5, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

CAPITULO III


  1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO




    1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.-

El proyecto Construcción, Operación y Mantenimiento del CAMPOSANTO JARDIN DE LOS RECUERDOS DEL CANTÓN PIÑAS, se asentará sobre un terreno de 1,70 Ha, 17.000m2 y será implantado en la Av. Independencia junto a la Urna a San José, en el Sitio La Garganta, Provincia de El Oro. Contará con varios tipos de sepulturas: Bóvedas, Lotes, nichos, mausoleos y panteones.




      1. Ubicación geográfica.-

Para contar con la ubicación geográfica real del Proyecto Camposanto Jardín de los Recuerdos del Cantón Piñas, se procedió a la obtención de los puntos georeferenciados, donde se desarrollará. A continuación se detalla las coordenadas de su ubicación:
COORDENADAS UTM; Datum WGS84 Zona:


VERTICE

X

Y

1

642800

9594900

2

642900

9594700

3

643000

9594700

4

643100

9594600

5

643200

9594400

6

643200

9594700

7

643200

9595000

8

643100

9595000

9

643100

9594900

10

643000

9594900

11

642800

9594900


PLANO No 1. Camposanto Jardín de los Recuerdos del Cantón Piñas