Borrador de la comisión de justicia celebrada el 3 de marzo de 2015



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Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz.

Para el turno en contra me han solicitado la palabra dos portavoces.

En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

Permítanme en primer lugar, señor presidente, señorías, que, a pesar de la hora que es y el tiempo que llevamos aquí, este portavoz empiece por manifestar en esta comisión su homenaje cariñoso y cálido a la gente que ha sufrido esto.

Empezamos esta mañana debatiendo sobre el estatuto de las víctimas. A los españoles en general —y, en particular, permítanme esta referencia cariñosa a los vascos, a los madrileños, a aquellos lugares de España donde han vivido experiencias de esta naturaleza; recuerdo también Sevilla y muchos otros— poca gente de fuera de España nos tiene que venir a explicar este fenómeno. Por lo tanto, en primer lugar, un cariñoso homenaje a las víctimas del terrorismo.

En segundo lugar, señor presidente, quiero manifestar que intervengo en nombre del Grupo Socialista por dos razones: primero, por lealtad al grupo al que represento y, segundo, por convicción personal en la defensa que voy a hacer. Yo lamento discrepar de otros colegas y amigos que me han precedido y que han presentado su veto; son colegas, son amigos, saben que los aprecio, pero, con todo cariño y toda lealtad, discrepo de su planteamiento.

Y quisiera invertir el razonamiento, señor presidente. ¿Cómo creen sus señorías que estaremos mejor los españoles, desde el punto de vista de la proyección internacional, en la lucha contra el terrorismo? ¿Creen ustedes que después de la entrada en vigor de este texto estaremos mejor o estaremos peor? Es más, incluso sin la entrada en vigor de este texto, tan solo con la firma de los presidente de los dos partidos políticos mayoritarios en España ¿estaremos mejor o estaremos peor? Yo no tengo ningún inconveniente en manifestar lo mismo que dijo mi portavoz en el Congreso, que esto no es un asunto solo del Partido Popular y del Partido Socialista, es un asunto de todos los demócratas; no es un asunto solo de izquierdas y derechas, es un asunto de todos los demócratas sin excepción, es un asunto de todos los españoles de bien. Pero en ocasiones hay dinámicas y situaciones que se imponen y, de igual forma que hay relaciones y acuerdos interpartidarios que son absolutamente legítimos, a veces una respuesta pronta, una respuesta inmediata genera un impacto que es importante a la hora de preservar la seguridad de todos los españoles, que es una de nuestras primeras responsabilidades. Ciertamente, ojalá se pudiera haber hecho de forma distinta, pero si no ha sido posible hacerlo de forma distinta, así es bueno. ¿Es mejor? Cierto; pero así también es bueno y estamos en mejor posición a la hora de defender el interés general de los españoles.

¿Y de qué forma los diputados y las diputadas, de qué forma los senadores y las senadoras podemos responder a este fenómeno? Solo tenemos una posibilidad, que es la ley. Es verdad que existen las políticas públicas para generar esperanza, para luchar contra la desigualdad; es verdad que las guerras identitarias pueden reclutar a personas en nuestras filas, como han reclutado a franceses, a daneses o a ingleses; es verdad que la lucha contra la desigualdad, la lucha a favor de la esperanza puede quitar argumentos a esas sectas. Pero fíjense ustedes que este acuerdo se firmó el día 2 de febrero; el día 20 de febrero, señor presidente, tres adolescentes londinenses se incorporaron, vía Estambul, a estos grupos. Por lo tanto, hay una situación de perplejidad, hay una situación de desconcierto, hay una situación de ignorancia de cuáles son las últimas motivaciones que llevan no solo a hombres, es decir, a varones, sino a mujeres a incorporarse a esos grupos en esos lugares. Y ante esta situación de desconcierto y perplejidad, ¿qué tiene de malo que los dos principales grupos lleguen a un acuerdo, que no es cerrado y que no es exclusivo, sino que deja abierta la posibilidad de que se incorporen más personas? Incluso si se fijan ustedes en las personas que firman el texto, aparte de los dos secretarios generales, los dos portavoces de los dos grupos, hay otros parlamentarios que no integran ninguno de esos dos grupos y, en general, está abierto a que otras personas se puedan incorporar. Luego a mí no me parece que el argumento central sea: como ustedes dos lo firmaron, cierran la posibilidad de que se incorporen otros. Primero, esa posibilidad no está cerrada, está abierta. En consecuencia, considero que más que una cuestión de dinámica y ritmos parlamentarios, seguramente el desacuerdo pueda estar en el contenido, no solo en el iter, sino en el contenido del texto.

Y vuelvo a insistir en una expresión sobre la que ya hemos trabajado en otro momento. Aquí tenemos experiencia con grupos terroristas, como el caso del Grapo, el caso de ETA, que eran estructuras jerárquicas con líderes reconocidos, cada uno con su función, con una financiación y con unos referentes. En este caso, todos los tratadistas —y reclamo en especial al Instituto Español de Estudios Estratégicos y a algunos otros más— hablan de que este es un fenómeno polimórfico, que tiene diversidad de centros y de periferias y que es difícil encuadrar en una estructura jerárquica; incluso hablan de la extrema crueldad en la captación y de la extrema crueldad en el entrenamiento de los adeptos. Pero yo no tengo ningún inconveniente en reconocer que alguna de las consideraciones que han hecho las señorías que han intervenido antes que yo son bastante fundadas. Por ejemplo, una de ellas -que yo he leído- de algún magistrado de la Audiencia Nacional, amigo personal, que me dice: Mira, Arcadio, todo lo que propone el contenido de ese texto ya se podría hacer con el ordenamiento jurídico vigente. Pero otro compañero, también amigo, me decía: Hay realidades que con el ordenamiento jurídico que está en vigor no podemos abordar, tenemos dificultades como, por ejemplo, una de las primeras enmiendas que han presentado de forma conjunta los dos grupos mayoritarios relativa a la financiación del terrorista individual.

Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué razón dos magistrados muy cualificados, con una larga experiencia en esta lucha, la posición de uno es que con lo que está en vigor no hace falta esta reforma y la posición del otro es que sí hace falta porque hay agujeros por donde se escapa la realidad terrorista y ellos están imposibilitados para encararla con eficacia y con eficiencia?

¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que el derecho, señor presidente, es una ciencia valorativa y, como es una ciencia valorativa, cabe la perspectiva del análisis de uno y cabe la perspectiva del análisis del otro; las dos realidades están dentro de la realidad del derecho, de la realidad de la carrera judicial. ¿Qué sucede a la hora de aplicar este texto, que no solo es la exposición de motivos? La exposición de motivos hace referencia a la resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada el 24 de septiembre de 2014, que hace referencia a otra de 2001, la 1373, que permanentemente está llamando a los Estados a que se cercioren –en esta ocasión discúlpeme que incumpla el Reglamento del Senado que prohíbe la lectura, pero permítamelo para ser preciso— de que sus leyes y otros instrumentos legislativos internos tipifiquen delitos graves que sean suficientes para que se puedan enjuiciar y sancionar las conductas terroristas que se describen, de tal forma que quede debidamente reflejada la gravedad del delito. Los Estados miembros tienen que estar permanentemente revisando, engrasando y afilando todo su instrumental jurídico, porque no tenemos otra cosa que no sea la ley; en políticas públicas, insisto, la lucha contra la desigualdad, quitar argumento a la miseria, a las necesidades de búsqueda de una identidad en torno al grupo, en torno a una interpretación de algunas posiciones ideológicas, filosóficas o religiosas, etcétera; pero nuestro instrumento sobre todo es la ley. Fíjense sus señorías que se plantean los artículos 571, 572, 573, 573 bis, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 579 bis y 580. Díganme ustedes una cosa. Algún compañero ha afirmado que se plantean aquí tipos penales abiertos. Yo discrepo en general de los tipos penales abiertos, no es una buena técnica, pero en última instancia, cuando vivimos realidades tan cambiantes como esta, sugiero una cierta confianza en quien va a aplicar la ley, porque sabido es que la ley no dice lo que dice la ley; la ley dice lo que dicen los jueces que dice la ley, y en esto yo confío en los jueces españoles.

¿Qué se plantea en este conjunto de artículos? Se plantea dotar al ordenamiento jurídico de una mayor flexibilidad y de una mayor permeabilidad a la hora de abordar estas realidades. En el ámbito de la defensa, los que han trabajado esto insisten mucho en que los modernos ejércitos necesitan tres cosas: primero, un mando único centralizado; segundo, una logística para poner cientos de personas en cualquier lugar del mundo en veinticuatro horas y mantenerlos; y, tercero, inteligencia. La mejor manera de combatir este fenómeno está en el campo de la inteligencia, está en el campo de la información, está en el campo de la lealtad entre todos los demócratas y en la disponibilidad para estar permanentemente afilando, engrasando y preparando nuestro instrumental jurídico.

En cuanto al argumento que se utiliza con relación al Grupo Socialista, señor presidente –y con esto ya acabo−, se nos dice que tenemos un desdoblamiento esquizoide: una determinada posición respecto a las enmiendas relativas al Código Penal y la prisión permanente revisable, que, sin embargo, nos hemos tragado en el acuerdo que se ha suscrito sobre antiterrorismo yihadista. Con toda sinceridad, les diré que en la exposición que hizo en el Congreso de los Diputados el portavoz de nuestro grupo, Antonio Hernando, lo abordó con claridad, diciendo que no se pretendía soslayar. Y se ha sido leal con el Partido Popular y el Partido Popular ha sido leal con el Partido Socialista. Porque el Grupo Socialista le ha manifestado al Grupo Popular que está en desacuerdo con la prisión permanente revisable y que, apenas tenga la oportunidad, lo va a modificar. Pero no por eso va a dejar de suscribir un acuerdo que modifica este conjunto de artículos, por supuesto que no, porque tanto el Gobierno como la oposición entendemos que la lucha antiterrorista es un asunto de Estado. Ya tenemos suficientes razones para mantener el debate interpartidario, como se ha acreditado a lo largo de todo el día, pero, ciertamente, no por eso vamos a dejar de firmar el acuerdo. Por tanto, como eso se le ha manifestado al Grupo Popular, este es consciente de nuestra posición al respecto. No por tener una diversidad de criterio en torno a la prisión permanente revisable vamos a dejar de suscribir algo que creemos da un instrumental jurídico más adecuado, más flexible y más ajustado a este nuevo fenómeno polimórfico. Y por eso hemos firmado este acuerdo y por esa razón he planteado a doña Rosa Vindel que quería compartir con ella esta intervención como portavoz. Podía haber acudido al expediente de que yo no hablo y que solo lo hiciera doña Rosa Vindel, pero no entendemos así la lealtad del Grupo Socialista. Cuando llegamos a un acuerdo, damos la palabra, firmamos y ponemos la cara.

Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Tejera.

En turno en contra, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, la senadora Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer la intervención del senador Díaz Tejera y su lealtad, y decirle también, señoría, algo que sabemos todos: es imposible que su señoría no intervenga. (Risas). Y además nos alegra mucho en este caso que haya intervenido.

Voy a consumir la segunda parte de este turno en contra de los vetos presentados, no sin antes decir que estoy plenamente convencida de la preocupación de sus señorías de todos los grupos por el terrorismo yihadista; seríamos unos irresponsables si no lo estuviéramos. Y también quiero invitarles, como ha hecho el senador Díaz Tejera, a que se lo piensen y, por favor, si es posible, firmen este acuerdo de aquí a que sea ya definitiva su aprobación la semana que viene por el Pleno.

Me es muy difícil hablar de terrorismo en este país, porque desgraciadamente sabemos demasiado de terrorismo. El terrorismo, señorías ‑estarán de acuerdo conmigo−, es el peor enemigo de la democracia, de cualquier democracia, y es el peor enemigo de España. Al igual que el senador Díaz Tejera, quiero rendir desde aquí un homenaje muy sentido y un recuerdo muy cariñoso a las víctimas del terrorismo desde la solidaridad y el afecto que les tenemos, además de un inmenso respeto.

Sabemos que la respuesta al terrorismo viene de varios sitios: viene de la unidad política, viene de la unidad ciudadana y, por supuesto y en primer lugar también, viene del Estado de derecho con modificaciones legislativas en el ámbito penal, en el ámbito procesal y en el ámbito policial. Desgraciadamente, sabemos –y sabemos bien− de su dimensión en clave interna y también en clave internacional. Hasta ahora hemos hecho prevalecer la vida y la libertad frente a la dictadura y la violencia de los asesinos, pero, señorías, estamos ante una nueva forma de terrorismo, un nuevo modelo de terrorismo. El terrorismo yihadista es un desafío que está en auge, afecta a todas las sociedades, ninguna está exenta de esta amenaza. Ya no solamente es –que también− el atentado de Charlie Hebdo en el supermercado judío en París, son las atrocidades del grupo de salvajes de Boko Haram, etcétera, etcétera.

Constatamos que nuestra legislación no es aplicable con igual efectividad ante el terrorismo yihadista, porque, señor presidente, este es diferente en naturaleza, en composición, en alcance y en su modalidad. Entre las nuevas formas de acción de este modo de terrorismo está la yihad virtual, sitios web yihadistas en la mayoría de los idiomas occidentales para atraer y reclutar nuevos voluntarios; está el secuestro de rehenes para financiar actividades terroristas con el dinero obtenido de los rescates para lograr la liberación de presos yihadistas, para mantener el nivel de amenaza, para proteger a los grupos terroristas con escudos humanos y para crear santuarios en las tierras de la yihad; está también la creación de redes para la transferencia de los voluntarios a las tierras de la yihad: los envían allí con el fin de que adquieran experiencia en la lucha, constituyan grupos operativos una vez que están de vuelta en sus propios países y sigan perpetrando actos criminales; y, por si todo esto fuera poco, también tenemos los actos de terrorismo perpetrados por individuos aislados, lo que llaman lobos solitarios o bien células durmientes.

Ante un desafío de estas proporciones, debemos adecuar el tratamiento jurídico a las circunstancias de un fenómeno completamente cambiante. Creemos que esta proposición de ley responde a esta necesidad, a la necesidad de dar la respuesta más adecuada posible a este desafío terrible al que nos enfrentamos. Y creemos también que esta proposición atiende a la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que insta a realizar las modificaciones legislativas necesarias para mejorar la prevención, la persecución y el castigo de estos delitos. Son diez artículos del Código Penal que modifican el tratamiento punitivo para las organizaciones y grupos terroristas, la nueva definición de terrorismo, la tipificación de todas aquellas conductas relacionadas con el depósito de armas y explosivos, su fabricación, tráfico, suministro o la mera colocación o empleo de los mismos. Se recoge también de manera particular la agravación de la pena cuando se trate de armas, sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, químicos o biológicos o cualesquiera otros de similar potencia destructiva. Se tipifica el adoctrinamiento y adiestramiento militar o de combate, así como el manejo de toda clase de armas y explosivos, incluyendo expresamente el adoctrinamiento y adiestramiento pasivo, con especial mención si es a través de internet. Se refiere también a la pena para las conductas relacionadas con la financiación del terrorismo, las acciones de captación y reclutamiento al servicio de organizaciones o fines terroristas, agravando, por supuesto, la pena cuando estos se dirijan a menores. Se castiga el enaltecimiento o justificación públicos del terrorismo, los actos de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, así como la difusión de otros mensajes o consignas para incitar a otros a la comisión de delitos de terrorismo. Y, finalmente, las penas de inhabilitación absoluta y la novedosa pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia.

Creo que tenemos la obligación de reaccionar. Y ya que estamos tan preocupados, cuanto antes, mejor. Y la prueba es este texto que traemos a la comisión para que sea aprobado, para que también lo apruebe el Pleno y pueda entrar en vigor lo antes posible para defendernos, para defender a toda la sociedad.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vindel.

Pasamos al turno de portavoces.

Senadora Capella, ¿va a hacer uso de la palabra? (Denegaciones).

¿Senador Bildarratz? (Denegaciones).

El señor Saura no está en la sala.

Por Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Si bien estamos de acuerdo en que los actos de terrorismo internacional constituyen una amenaza grave contra la paz y contra la seguridad que debemos prevenir y reprimir, esto no puede evitar que mostremos nuestra discrepancia profunda con la forma en que se ha gestado este proyecto de ley. Se ha llevado a cabo de una forma bipartidista, que se aleja de aquellos amplios consensos imprescindibles para temas como el que nos ocupa. Se ha solemnizado como un pacto a dos y, después, se ha pretendido que los demás grupos se adhieran a él mediante sus aportaciones.

Las formas no han sido las adecuadas debido al pacto meramente bipartidista y debido a las prisas con las que se ha tramitado, que han propiciado que un tema tan delicado haya sido tramitado en el Congreso de los Diputados sin informe de ponencia y sin dictamen de la Comisión de Justicia, justamente cuando hablamos de tipos penales importantes y cuando detectamos en el texto del proyecto una extensión desmesurada del tipo penal; un texto plagado de conceptos jurídicos indeterminados que contiene tipos ilícitos abiertos, que no están de acuerdo con la Constitución.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional advierte de que debemos definir con mayor precisión los tipos penales y más cuando se hace de forma tan abierta y extensiva; y todavía más en este caso en que la pena puede ser de un tipo al que Convergència i Unió se opone: la prisión permanente revisable.

Por lo tanto, aunque compartimos la finalidad de luchar contra el terrorismo, no aceptamos que sea a costa de la seguridad jurídica. No se puede aceptar que en este ámbito de la lucha contra el terrorismo queden tipos abiertos y sin definir, que puedan tener esta aplicación extensiva que causa peligro en su aplicación.

Concluyo con una reflexión y es que en la cumbre de la ONU sobre terrorismo, que se celebró en Madrid en el año 2005, se alertó sobre los abusos que en ocasiones los Estados podían llegar a cometer en la lucha contra el terrorismo mediante modificaciones legislativas con el objetivo de disuadir, de dificultar o de defender lo que todos compartimos, que es luchar contra el terrorismo, y que se llegaran a eliminar derechos y libertades garantizados por el derecho internacional sobre derechos humanos. En este sentido, el alto comisionado de Naciones Unidas sobre derechos humanos decía que las medidas antiterroristas siempre deben ser compatibles y respetar íntegramente los principios de necesidad y de proporcionalidad.

Convergència i Unió reclama una reforma que sea exigente, que sirva para incrementar los mecanismos que el ordenamiento jurídico tiene para luchar contra el terrorismo y estas nuevas formas de terrorismo internacional, pero también es necesaria esa exigencia en la observancia del principio de seguridad jurídica.

Esperemos que mediante la aprobación de las enmiendas presentadas se puedan corregir y mejorar estos y otros aspectos del proyecto de ley que hoy es objeto de dictamen.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Tejera en este turno de portavoces.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

Yo quisiera preguntar a las señorías aquí presentes lo siguiente: en el ámbito de la lucha contra el terrorismo ¿hay alguna especificidad atinente a las escuchas telefónicas sin autorización judicial? En el ámbito de la lucha contra el terrorismo ¿hay alguna especificidad en el ámbito de la comunicación del interno y el derecho a designar su abogado? La respuesta es sí; en el ámbito de la lucha contra el terrorismo sí hay especificidades que no se dan en general en la lucha contra la delincuencia común.

No estamos hablando de los años ochenta ni de cuando se buscaban atajos al margen del Código Penal; estamos haciendo algo con absoluta transparencia: reformar aquellos apartados que nos parece que son necesarios. Y si se fijan ustedes en el grupo de las enmiendas que han presentado de forma conjunta el Grupo Popular y el Grupo Socialista, verán que estas plantean su reubicación en la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque estamos hablando de las condiciones de perseguibilidad de los delitos en este campo. Esto tiene que ver con el artículo 577, tiene que ver con el artículo 580, tiene que ver con la conexión con los españoles, tiene que ver con la financiación del terrorista individual y lo que se está haciendo es situarlo en el ámbito que se considera más adecuado. ¿Por qué razón? Porque el mensaje y la comunicación que se quería conseguir con un impacto pronto, después de aquella manifestación que se celebró en París ―a la que asistieron gran parte de los dirigentes políticos mundiales―, es que si hubiera acontecido algo semejante en aquel momento en el país, ¿creen ustedes que habría sido responsable que el Grupo Socialista no firmase ese acuerdo porque está en desacuerdo con la prisión permanente? Pues no; no habría sido responsable dejar de firmar un acuerdo que afecta a once artículos porque estuviésemos en desacuerdo con la pena de prisión permanente.

Hemos sido leales con el otro grupo firmante, el Grupo Popular, y por eso le dijimos claramente que estábamos en desacuerdo con ese punto y que cuando tuviésemos la posibilidad, lo modificaríamos; pero no por eso íbamos a dejar de firmar este acuerdo y no por eso íbamos a tratar de conseguir ese impacto porque es muy importante que ese mensaje cale en general, no solo en nuestra población, sino en aquellos que puedan estar participando en este tipo de redes.

¿Saben ustedes cuántas niñas en España están bajo el peligro de que les extirpen el clítoris, según los datos de los grupos que trabajan en este campo? Son 17 000 niñas. ¿Qué ocurre con esto que estoy diciendo? Que esa es una realidad que existe. Antes puse el ejemplo de las tres adolescentes londinenses y es que es una realidad que existe y que no terminamos de captar. Por lo tanto, la conclusión es que, en la medida de lo posible, esto intenta abordarlo; seguramente será insuficiente y habrá que seguir haciéndolo, pero cuanta más gente participe será muchísimo mejor porque el impacto normativo y el impacto mediático será mucho más profundo.

Ciertamente hay que responder a la pregunta sobre si, en relación con la lucha contra este fenómeno, estamos mejor o peor que antes de la firma del acuerdo, o si estamos mejor o peor que antes de la reforma de estos artículos y si estaremos mejor o peor cuando entren en vigor. Insisto en ponerles el ejemplo de los dos magistrados amigos de la Audiencia Nacional; uno me decía que no hacía falta, pero el otro decía que sí porque hay rendijas por donde se cuela el terrorismo. Antes sabíamos qué hacer en el caso de otros fenómenos terroristas, pero no sabemos cómo abordar este fenómeno y hay ámbitos en los que nos va ganando. De ahí la necesidad de afilar, de engrasar y de poner al día nuestro arsenal, un arsenal jurídico, y nuestra principal herramienta: la ley.


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