Borrador de la comisión de justicia celebrada el 3 de marzo de 2015


El turno 9 de Cric C termina con el señor presidente dando la palabra a la señora Rieradevall



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El turno 9 de Cric C termina con el señor presidente dando la palabra a la señora Rieradevall.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Lamentamos que no se puedan aceptar las enmiendas presentadas por mi grupo. Es de suponer, por su firme postura, que no van a aceptar enmiendas destinadas a la recuperación de faltas y a la supresión de la pena de prisión permanente revisable, pero no es el caso de las demás, que entendemos que son asumibles y que mejorarían el texto.

Por el momento agradecemos la voluntad de la senadora Armisén de alcanzar acuerdos mediante enmiendas transaccionales y vamos a estar a lo que nos pueda ofrecer de cara al Pleno. De momento solo podemos manifestar nuestra oposición al proyecto. Veremos cómo se desarrollan los próximos días.

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ser breve después de la intervención de mi docto compañero el senador Díaz Tejera, pero permítanme que haga unas reflexiones sobre las 212 enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, que se han quedado en 210 ya que la magnanimidad del Grupo Popular ha hecho que nos aprueben 2, pero hasta llegar a ese 37% del Congreso todavía le faltan 78 enmiendas al Grupo Socialista por aprobar. (Risas). Espero que de aquí al Pleno sean perfectamente recibidas para llegar a esa marca de 37, y si quieren superarla, con 80 sería ideal.

Fuera bromas, nosotros presentamos 210 enmiendas que afectan al núcleo mismo de un mal Código Penal, 210 enmiendas que hacen referencia, como decía el senador Díaz Tejera, a la edad de consentimiento, al maltrato animal, a la protección del menor o a los inmigrantes; 210 enmiendas que tratan de verdad, de verdad ‑con mayúsculas‑, de atajar la corrupción o los delitos con ocasión de la financiación de los partidos políticos o de los funcionarios públicos o de las personas jurídicas, que ustedes lo toman con un gracejo impresionante y copian ‑hacen un corta y pega‑ el Código Penal italiano y lo traen aquí. Enmiendas que se enfrentan al fraude tributario o se enfrentan al fraude de la Seguridad Social, a la Hacienda Pública o a los propios presupuestos de la Unión Europea; enmiendas que tratan de proteger los derechos fundamentales y las libertades de las personas; enmiendas que incluyen el Libro III, de las faltas y de sus penas, y, por supuesto, enmiendas que tratan de suprimir su gran mentira, que esa la prisión permanente revisable.

Intentar arreglar este desastre de Código Penal con las 212 enmiendas y con el resto hasta llegar a 1044, incluidas las suyas, creo que les debiera hacer pensar que ustedes no traen un buen Código Penal o no va a ser el Código Penal de la democracia, como fue el de 1995. Es un proyecto legislativo que manifiestamente es mejorable; manifiestamente mejorable no solo por sus propuestas, que son algunas de ellas erróneas, sino porque va a generar problemas de interpretación que van a afectar a la seguridad jurídica y a la resolución cotidiana de los asuntos formales. ¿Y saben por qué? No solamente por los errores, sino porque ustedes presentan una reforma que no deja de ser una contrarreforma, algo sin duda sin precedentes en la democracia española en el ámbito del derecho penal.

No les gusta que la oposición les diga que acuden al populismo punitivo, pero es cierto, es así, y este fraude, esta trampa que traen con este texto lo único que pretende es limitar derechos fundamentales de los españoles. Producirá ‑se lo intentaba decir esta mañana‑ más ineficacia en la persecución de los delitos, generará más costes en la justicia, reducirá los niveles de garantía y aumentará la desconfianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia, e incluso, como les digo, va en contra de la evolución de la propia sociedad española, que de repente se ha encontrado en el siglo XIX y no en el siglo XXI.

Con este Código Penal ustedes consideran que los problemas de la sociedad española se resuelven mediante la represión, y este Código Penal es un claro ejemplo de la mayor intolerancia penal del neoconservadurismo de la derecha española y de la derecha europea. Someten a los españoles a una inseguridad en la norma, a una indeterminación, indeterminación que es absolutamente peligrosa, y yo resumiría su texto normativo con: más cárcel y a ser posible más tiempo.

Los bloques de enmiendas que ha expresado fantásticamente el senador Díaz Tejera indican que vienen a agravar más las penas, que amplían el campo de los delitos contra el orden público, que no luchan contra la corrupción ‑aquí ustedes suspenden‑, que aplican la dureza frente al débil y la debilidad frente al fuerte y que buscan ese populismo electoral en estas fechas con su prisión permanente revisable. Decían esta mañana que qué pasaría si preguntáramos a los españoles si quieren la prisión permanente revisable o no; si preguntáramos ahora ahí mismo, en la Plaza de la Marina, si quieren que cerremos este Senado. La mayoría de los españoles dirían que sí. ¿Haríamos esto nosotros también?

Quiero acabar indicándoles simplemente que han tenido que venir hace unos días tres relatores de las Naciones Unidas, Ben Emmerson, Michel Forst y François Crépeau, para decir ‑y leo textualmente‑ que los derechos a manifestarse pacíficamente y a expresar colectivamente una opinión en España son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática, y concluyen los tres relatores de las Naciones Unidas, señorías, que su proyecto de Código Penal incluye definiciones tan amplias y tan ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las actuales autoridades, siendo todo esto contrario al derecho internacional. Esto es lo que nos va a traer su Código Penal.

Y como les he visto con esa amplitud de miras para llegar a superar el 37% de las enmiendas de aquí al Pleno, con eso nos quedamos en el Grupo Socialista.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, señor Altava, tiene la palabra.


El señor ALTAVA LAVALL: Con su venía, señor presidente.

Agradezco todas las palabras de los portavoces y en especial las del senador Rodríguez Esquerdo, porque se ha dedicado a hablar más del Partido Popular que del texto legal, el Código Penal que traemos a debate.

Señorías, el derecho penal es una opción de civilización, es determinar la manera civilizada en que una determinada comunidad, un país, quiere vivir, prohibiendo las conductas que afectan a los derechos humanos, sancionando todas aquellas conductas que se consideran incívicas por la mayoría de las personas.

El texto legal que traemos a la aprobación de sus señorías es la mayor revisión en profundidad del Código Penal de 1995 hasta la actualidad, después, como se ha dicho, de las 29 reformas acaecidas hasta el momento. Fue un buen texto legal el Código Penal de la democracia, cuyo mentor principal tenemos el honor de que sea senador en este momento, el senador Belloch; fue un buen texto, pero necesitaba una revisión en profundidad. Es verdad que con estas 29 reformas se ha ido produciendo su aggiornamento, su puesta al día, porque la vida diaria iba cambiando con nuevas formas delictuales, pero la mayor revisión en profundidad del sistema penal y penitenciario se realiza con esta reforma que se propone.

Como se ha dicho, es un proyecto de ley que viene muy trabajado del Congreso; así, se han aceptado un tercio de las enmiendas que se propusieron por sus señorías diputados al texto que presentaba el Gobierno, con lo cual se ha trabajado mucho. Y se ha trabajo mucho tanto en el Congreso ‑y esto quiero reivindicarlo‑ como en el Senado, porque ha habido ponencia, se han admitido determinadas enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular y todavía hay tiempo, y estamos abiertos a seguir admitiendo otras, como han puesto de manifiesto las senadoras que me han precedido en el uso de la palabra, hasta la aprobación definitiva en su caso en el Pleno.

Señorías, este texto legal introduce modificaciones importantes, muchas de las cuales ya se han puesto de manifiesto y por eso no voy a reiterarlas. Es verdad que se trata en profundidad los delitos económicos, con una mayor transformación de condenas que afectan a la corrupción, tanto de particulares como de empresas; se da una mayor protección a la mujer con la modificación del artículo 172 bis, que no ha sido puesta de manifiesto; se protege en mayor medida a los menores; se aborda el sistema penitenciario, tanto en libertad condicional como en medidas de seguridad, y me gustaría manifestar una cuestión respecto a la prisión permanente revisable, en el único detalle en el que yo creo que no han caído sus señorías. Se introdujo, como se ha dicho, en Alemania, en Italia, en Reino Unido, en Francia. En Francia por el presidente Mitterrand, socialista, con lo cual sabemos que se introdujo por un presidente socialista. Pero cuestionan que aquí nos vamos a los veinticinco años. ¿Entonces están diciendo ustedes que creen que es un trato inhumano, vejatorio o degradante de los que proscribe el artículo 15 de la Constitución? ¿Van a plantear sus señorías en contra de esta prisión permanente revisable ‑como está en Francia, en Alemania, en Italia, en Reino Unido‑ un recurso de inconstitucionalidad por considerar que esos veinticinco años son trato inhumano degradante o vejatorio? Si quieren, les contesto yo, que estoy en el uso de la palabra. Y creo que no, contestando lo que ustedes pensarán. Porque no es una cadena perpetua, porque es una prisión permanente, una supervisión para ver si esa determinada persona puede salir o no en libertad; tiempo tendremos también de comentarlo en el Pleno. No es un derecho penal de castigo, pues, que evita la reinserción, como se ha puesto de manifiesto por parte de alguna de sus señorías.

Se dice que suprime las faltas. Se suprimen las faltas con mucho sentido. Fíjense, aquí lo que se está haciendo es penar conductas. Si alguien hurtaba algún objeto que valía 380 euros tenía la suerte de haber cometido una falta; sin embargo, si valía 405 euros, tenía la mala suerte de haber cometido un delito. Señoría, el que hurta, el animus doli es el de hurtar, llevarse algo ajeno, un bien ajeno, sin fuerza, lógicamente ‑por eso, no estaríamos ante el robo‑. Lo que se está penando es eso. Y si usted ha cometido lo que presuntamente era esa actividad delictiva de llevarse algo ajeno pasa a ser delito, leve, pero delito y, en todo caso, lo que no se considere delito, sanción administrativa. No perdamos el norte de por qué se suprimen las faltas. Es verdad que muchos catedráticos de Derecho Penal están a favor de esa supresión; también lo estaba el fiscal general del Estado, Torres−dulce, y también, de alguna manera, el fiscal general del Estado, Cándido Conde−Pumpido, según consta en manifestaciones realizadas a Europa Press el 9 de enero de 2006: El Fiscal General del Estado, Cándido Conde−Pumpido ultima una instrucción específica sobre tráfico y seguridad vial en la que ordenará a todos los fiscales que los hechos de mayor gravedad en este campo se traten como delitos y no como faltas. Estaba él también pensando ‑con buen criterio, a mi parecer‑ que delitos tan graves como la conducción temeraria pasaran a ser delitos. Con lo cual, no es una invención la supresión de las faltas, máxime si seguimos la doctrina alemana, donde ya desapareció de su Código Penal hace mucho tiempo.

Ha habido 29 reformas, Esta es la más importante, como ha sido puesto de manifiesto por sus señorías, y también se ha puesto en evidencia una cuestión, la determinación de la culpabilidad por el juez de lo penal o juez de instrucción, en su caso. Señorías, el juez de lo civil también puede determinar la culpabilidad y lo sabemos perfectamente. ¿Dónde queda la responsabilidad contractual que tiene que valorar un juez civil? O incluso la responsabilidad civil es delito; la responsabilidad extracontractual del artículo 1902 del Código Civil. El juez civil puede determinar perfectamente la culpabilidad de algún determinado agente que haya realizado tráfico comercial o incluso un establecimiento de concurrencia de culpas con una determinada culpabilidad por parte de alguno de ellos. Y eso se valora y tiene una indemnización y un justiprecio. Con lo cual, esa culpabilidad se puede referir al ámbito penal, pero también al ámbito civil.

Señor presidente, simplemente quiero terminar diciendo que en el Grupo Parlamentario Popular, como han puesto de manifiesto mis compañeras, vamos a seguir abiertos a intentar transaccionar alguna de las enmiendas planteadas por sus señorías e, incluso, llegar a aprobar alguna de las que se nos presenten.

Señor presidente, no sé si se va a votar el informe de la ponencia o se va a votar enmienda por enmienda, porque hay tres enmiendas de tres grupos que admitimos.


El señor PRESIDENTE: Votaremos, señor Altava, el informe de la ponencia y lo votaremos después de entrar en la proposición de ley, porque quedamos en que no votaríamos antes de las seis de la tarde. En su momento, cuando se acerquen las seis de la tarde, haremos un breve receso para que el informe de la ponencia esté claro.
El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Altava.
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO.

(Núm. exp. 624/000003)

AUTOR: GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

A esta proposición de ley, que se tramita por el procedimiento de urgencia, se han presentado 4 propuestas de veto y 55 enmiendas.

Vamos a pasar, si a ustedes les parece bien, a la defensa de las propuestas de veto.

En primer lugar, el Grupo Mixto ha presentado dos vetos. El primero, el veto número 2, de la señora Capella i Farré, que tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Decíamos antes, y vuelvo a repetir ahora, que esta última es una reforma que va en consonancia con la oleada de reformas impulsadas desde el más absoluto populismo punitivo. No obedece, insisto, ni a la necesidad, ni a las demandas de la ciudadanía, se mire como se mire, y se estudien ustedes y se miren los resultados del CIS como se los miren. Es una reforma que se plantea en paralelo con la propia reforma del Código Penal en curso, reforma que se reforma antes de entrar en vigor. Desde un punto de vista de técnica legislativa deja mucho que desear; desde el punto de vista de coherencia legislativa, otro tanto o lo mismo; y, a criterio de Esquerra Republicana, huye de la estabilidad normativa del derecho penal en la que nos deberíamos estar moviendo. Con esta reforma ustedes persisten en mayores recortes de derechos y libertades; en retrocesos importantes en los derechos y libertades conquistados; una reforma que limita de forma desproporcionada, innecesaria e injustificada derechos como la libertad de expresión, información, asociación, libertad de circulación, el derecho a la privacidad, es decir, la entrada y salida del Estado propio o al que se va de visita; ampliación desproporcionada, injustificada, del delito de terrorismo; nuevos tipos penales del capítulo de delitos terroristas; delitos de terrorismo tipificados de forma vaga e imprecisa. Resulta difícil, a criterio de Esquerra Republicana, reconocer qué conductas pueden ser sancionables, lo que puede concluir en una aplicación arbitraria de la legislación penal. Añaden un concepto de terrorismo ligado a la subversión del orden constitucional, seguramente mirando de reojo a Cataluña, por si se nos ocurre proclamar la república catalana, que no duden de que, si tenemos la mayoría para hacerlo, lo haremos.

Y acabo mi intervención recordando que ayer se cumplían 41 años del ajusticiamiento, del asesinato, de Salvador Puig Antich y hoy se cumplen 39 años de los asesinatos de Vitoria, 5 muertos ‑asesinados‑ y 100 heridos, por defender mejoras laborales y mejoras en las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Por estos motivos y por muchísimos más que han sembrado la historia reciente y antigua del Estado español, defendemos este veto por las consideraciones que he planteado en mi intervención.

Asimismo, defiendo el veto de los representantes de Izquierda Unida, salvo que el señor Iglesias quiera defenderlo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

El siguiente veto, el número 1, ha sido presentado conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes.

Señor Iglesias, tiene la palabra.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré de forma muy sintética, porque probablemente la tarde está siendo sobrecargada en exceso de contenido y de material, después de una mañana que ya me han contado que también lo ha sido.

Simplemente quiero reafirmar que no compartimos la presentación de esta proposición de ley. Desde una perspectiva formal, yo creo que para la búsqueda del acuerdo político que permitió la proposición se ha sacrificado el procedimiento legislativo y se ha sometido a la conveniencia política la lógica legislativa. Y, además, se ha hecho en la búsqueda de la coincidencia que se alcanza exclusivamente a partir de la negación de la realidad. El acuerdo es posible porque se hace de espaldas a un procedimiento de reforma del Código Penal cuya tramitación es simultánea. Y la prueba es que en esta comisión estamos debatiendo ambas, con lo cual la esquizofrenia resulta casi inevitable.

En relación con los contenidos, simplemente quiero decir que, más allá del procedimiento, con el exclusivo objetivo de lanzar un mensaje a la sociedad, el de que se está dispuesto a combatir el terrorismo yijadista, se abordan una serie de reformas del Código Penal que en unos casos son innecesarias, puesto que los tipos actualmente existentes cubrían suficientemente y tipificaban adecuadamente las conductas que se pretenden perseguir. Frente a la realidad de otros Estados europeos, desgraciadamente, el nuestro tiene una historia negra de terrorismo de más de cincuenta años y, a lo largo de tan dilatado periodo, el Estado ha ido articulando los mecanismos de respuesta desde el ámbito legal, de los cuales, uno de los más destacados, por supuesto, es el Código Penal. Pretender por tanto que sea necesario inventar algo en la tipificación de las conductas terroristas en este momento carece de base y fundamento. Y concluyo ya.

En cuanto a la concreción de las propuestas de reforma, se realizan, por una parte, al margen de las recomendaciones de diferentes organizaciones internacionales, desde el Relator de las Naciones Unidas hasta Amnistía Internacional, que precisamente insistían en cuestionar la legislación preexistente por ser esta demasiado abierta ‑concepto incompatible con las exigencias de legalidad y de seguridad propias del ámbito de lo penal‑ y, además, porque se profundiza en esos mismos vicios o defectos.

No pretendo aburrir más a los miembros de la comisión.

Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias.

Pasamos a la propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Señor Saura, tiene la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Paso a defender el veto y también las cuatro enmiendas concretas que hemos presentado al articulado, y lo hago en coherencia con el debate que hemos tenido todo el día en relación con nuestro rechazo a la prisión preventiva revisable. Por estas razones presentamos el veto y pedimos la aprobación del resto de enmiendas.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Para la presentación de la propuesta de veto número 4 del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros vamos a utilizar los mismos argumentos que estamos intentando transmitir durante la mañana y la tarde de hoy con respecto a la modificación del Código Penal. En ese sentido, nuestra primera objeción sería respecto al procedimiento, pues ni el Grupo Popular ni el Grupo Socialista han buscado en ningún momento acuerdo con nadie que no fuera uno de estos grupos. Todo esto proviene de un pacto antiterrorista firmado por el presidente del Gobierno, el presidente del Partido Popular y el secretario general del Partido Socialista, un pacto que nosotros consideramos que lo único que pretendía era eso, una firma. Los firmantes no han querido llegar a un acuerdo en ningún momento, sino que lo único que se ha querido es una firma. Antes decíamos que el Código Penal es una de las herramientas más importantes sobre las que vamos a debatir en esta legislatura y, evidentemente, esta proposición de ley es muy importante, pues todo lo relacionado con el terrorismo dentro del Código Penal es algo que nos debe preocupar, y mucho, pero a todos; no a dos grupos parlamentarios sino a todos.

En ese sentido, que en el Congreso de los Diputados se haya seguido el trámite de lectura única nos lleva a hacer una serie de reflexiones porque, como todos sabemos, la justificación del procedimiento de lectura única que provisiona el Reglamento se basa en la sencillez del texto a debatir. Pero es evidente que la sencillez no concurre en los delitos que estamos analizando en estos momentos. Con respecto al trámite del Senado ocurre algo parecido. No se sigue el procedimiento de lectura única, sino el trámite de urgencia, con lo cual, además de poder presentar vetos y enmiendas parciales, el trámite es muy similar, pues vamos a ver aquí lo mismo que hemos dicho, que carece de reflexión y de debate la reforma del Código Penal; que no se va a aceptar nada de lo que el resto de grupos de la oposición planteamos.

El texto propuesto viene a reafirmar la prisión permanente revisable lo que en nuestra opinión, tal y como hemos dicho esta mañana, es opuesto al espíritu del acuerdo constitucional de 1978 y encuentra su justificación en el pacto antiterrorista firmado por el Partido Popular y el Partido Socialista, cuyo segundo punto viene a decir: acordar que, tal y como ha venido recogiendo nuestro ordenamiento jurídico, a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal. Por ello, y una vez hayamos solventado relativamente la esquizofrenia en la que nos encontramos esta tarde, pues primero modificamos el Código Penal y lo volvemos a modificar ahora en el apartado del terrorismo, sí podremos decir, para cuando entre en vigor, que el segundo punto se reconvierte en: acordar que tal y como ha venido recogiendo nuestro ordenamiento jurídico, a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será aplicable la prisión permanente revisable, en tanto en cuanto alguien no vuelva a modificar el Código Penal.

Para terminar, el senador Rodríguez Esquerdo nos trasladaba antes las reflexiones de unas personas de la ONU que habían realizado una visita al Estado español con relación al Código Penal, a su reforma y a los delitos antiterroristas, considerando lo importante que son las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. El informe dice: los expertos de la ONU señalaron que la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de incitación y enaltecimiento o justificación del terrorismo son excesivamente amplias e imprecisas. Tal y como está redactada la ley antiterrorista, podría criminalizar conductas que no constituyeran terrorismo y podrían resultar, entre otras, restricciones desproporcionadas del ejercicio de la libertad de expresión, etcétera.

En definitiva, es evidente que todos los grupos estamos terriblemente preocupados con el terrorismo. Es evidente también lo que se ha sufrido además en el Estado español durante estos últimos cincuenta años con la existencia del grupo terrorista ETA; es evidente. Por eso mismo, entiendo que habría sido mucho más sencillo buscar la complicidad del resto de las fuerzas políticas en un asunto tan importante que no buscar solo la firma, a pesar de no tener un acuerdo con el resto de fuerzas políticas.


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