Borrador de la comisión de justicia celebrada el 3 de marzo de 2015



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Y, otro truco: el de las faltas. De 39 faltas, 14 desparecen. ¿Y qué ocurre con las otras? Se convierten en delitos. ¿Pero no decían que no querían discriminalizar? Entonces, ¿por qué las convierten en delitos? Delitos leves, pero delitos, donde se exige abogado y procurador, mientras que en las faltas, no. Incluso crean un problema, tal y como ha expuesto la portavoz de CIU, que me parece muy relevante. ¿Qué ocurre con la imprudencia leve cuando alguien que va conduciendo mata a una persona? ¿Qué pasa con eso? Lo remiten al procedimiento civil, y el juez de lo civil tendrá que dilucidar si fue leve o no esa imprudencia. Pero el juez de lo civil no puede hacer eso. El juez de lo penal, según el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí lo puede hacer, sí puede resolver una cuestión prejudicial civil, pero el juez civil no puede hacer eso respecto a una cuestión penal, tiene que decidirlo el juez penal. Eso genera problemas serios en la aplicación.

En cuanto a toda la argumentación relativa a las demandas sociales, ¿ustedes se han fijado en que en veinte años la población española ha aumentado un 20%? ¿Y cuánto ha aumentado la población penitenciaria? Un 130%. En términos delictivos, en España hay 46 delitos por 1000 habitantes; 73 en el Reino Unido y 72 en Alemania. Los índices de delitos y de población penitenciaria no los pide nadie, salvo las encuestas que hablan de la cadena perpetua; no hay demanda social... ¿Qué otro soporte tienen? Hay otro parrafito muy curioso al respecto que dice: en este mismo sentido se revisan los delitos de homicidio, asesinato y detención ilegal o secuestro. ¡Ah, sí...! ¿Qué dicen los datos criminológicos? Que todo esto está descendiendo. ¡Ah, sí...! Pero como está descendiendo, nosotros los queremos elevar, y entonces se dan situaciones curiosas. Les remito a ustedes a una lectura muy nutritiva, porque no solo se trata del debate en ponencia, en comisión y en Pleno en el Congreso de los Diputados; les sugiero las comparecencias de los catedráticos de Derecho Penal. Por cierto, ¿alguien sabe qué catedrático avala esta reforma? Porque de todas las reformas anteriores siempre se decían los nombres de los inspiradores, de los autores intelectuales. ¿Alguien conoce qué catedráticos de Derecho Penal apoyan esta reforma? Yo no los conozco; no sé de nadie que le dé cobertura académica. Lean ustedes la comparecencia de Gonzalo Quintero respecto a las situaciones que se dan con algunas figuras delictivas. Lo del hurto, por ejemplo, es una cosa muy curiosa: si entran dos chicos a robar en un supermercado, aunque no exhiban un cuchillo pero lo tengan en el bolsillo, ya son cuatro años de condena. Y, claro, esto no parece proporcionado para el caso de hurto. Pero podríamos continuar.

En cuanto a las faltas, ya les he explicado el truco que supone. En el ámbito administrativo ya no se lo voy a explicar, porque el ius puniendi tiene su manifestación en el ámbito penal y en el administrativo. Y en el ámbito administrativo no tiene las mismas garantías que en el ámbito penal. Saben ustedes que es el propio servidor público quien es juez y parte; la Administración pública es quien instruye y, a su vez, quien resuelve y ejecuta la resolución.

En el caso de las coacciones, ¿es mejor la última reforma que ha salido del Congreso y ha llegado hasta aquí? ¡Hombre, según llegó el texto al Congreso, mejor es cómo ha salido de allí! Lo más descarnado se ha podido cortar. Y no voy a explicar lo de las medidas de seguridad y cómo se cargaban el principio de culpabilidad y el dogma del hecho, de lo que ha acontecido, porque como las han suprimido, omitiremos este asunto. Pero respecto a las coacciones, en la práctica real todavía se sigue privilegiando a aquel que impide el ejercicio de un derecho fundamental y se sigue castigando más al que promueve un derecho fundamental. Hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional del año 2010, que les sugiero de manera particular, y una del Tribunal Supremo del año 1999. Incluso, tal y como ponía de manifiesto Manuel de la Rocha, mi compañero, en una brillante intervención en el Congreso de los Diputados, el propio presidente del actual Tribunal Constitucional era el mismo que defendía la idea de que cuando se plantease la posibilidad de un presunto delito de coacciones al ejercer el derecho fundamental de la huelga no se usase esa figura del artículo 315.3, sino que se fuera al tipo general del delito de coacciones. ¿Por qué razón? Porque cuando el empresario impide el ejercicio del derecho fundamental, la pena es inferior al piquete que promueve el ejercicio del derecho fundamental, siendo así que en esta sentencia se precisa que el derecho fundamental del derecho a la huelga no es un derecho de cortesía, es un derecho en situación de conflicto, y que siempre hay que restringir la censura cuando estamos en el ámbito de una situación de conflicto. Esto no quiere decir que quien se extralimita y abusa no merezca reproche. ¡Por supuesto! Si un piquete se extralimita y abusa, hay que reprocharle ese comportamiento. ¡Faltaría más! Pero no es eso lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo ahora es por qué razón se privilegia a quién impide un derecho fundamental frente a quien lo promueve en el caso de las coacciones.

En cuanto al caso de la corrupción, les insisto en los artículos 430 y 432, donde se baja la pena. Es verdad que en el caso de la prescripción se ha utilizado la figura general de la prescripción, en lugar de hacerlo delito por delito, lo cual hace más fácil su persecución y muchísimo más ajustado a la gravedad de este asunto.

Respecto a las personas jurídicas, fíjense qué expresión incorporan: las personas que actúan en nombre de la sociedad. La expresión anterior era: quien tenía el poder de mando, quien tenía la capacidad para tomar decisiones. En este caso, al usar la expresión: quienes actúan en nombre de la sociedad, se diluye mucho más la responsabilidad y se hace casi imposible la concreción de la misma. Este es un modelo que ya existe en otro Código Penal, el italiano, y que durante catorce años no se ha podido ejecutar. ¿Por qué razón? No hay sentencias al respecto por las dificultades para concretarlo.

Voy acabando ya, señor presidente, porque en el estado de hipoglucemia en que están ustedes también se encuentra este senador. (El señor Belloch Julbe: No lo parece.- Risas). Muchas gracias, compañero. El compañero me anima diciendo que no lo parece, y yo se lo agradezco mucho.

Respecto al delito fiscal, nosotros preferíamos esto a plantearlo en el conjunto de regulación de la reforma tributaria. Igualmente, yo estoy convencido de que a todos los que están en esta comisión sin excepción −fíjense lo que les voy a decir−, a todos los que están aquí les ha escarnecido la imagen de ayer de un señor esquiando muy elegantemente vestido. Estoy convencido de que a todos nos ha dolido, parto de esa presunción. Por otra parte, generalmente, quien participa en un delito de corrupción no cumple fielmente después con sus obligaciones tributarias. Generalmente, quien participa en ese tipo de figuras no cumple luego con sus obligaciones tributarias, pues suele llevar aparejado también el delito fiscal. ¿Qué ocurre? En primer lugar, nosotros seguimos insistiendo en la cuantía de los 50 000 euros frente a los 120 000 —en general se plantea así en la Unión Europea respecto a las subvenciones públicas y a la Seguridad Social: 50 000 y no 120 000—; y, en segundo lugar, nos resulta dolorosa la posibilidad no solo del desvalor de la conducta —es decir, antes de que te vayan a perseguir; los italianos incluso lo tienen hasta el momento en que los jueces se están poniendo la toga para enjuiciar; hasta ese momento, si pagas, el valor de la conducta, excusa absolutoria—, sino que incluso, en el supuesto de que lo hagas en un tiempo determinado, se rebaja en 1 grado o en 2 grados. En este punto planteamos propuestas, pues lo más relevante para nosotros es la cuantía de 120 000 euros e incluso en otros supuestos 500 000 euros. Es absurda para estas figuras delictivas vinculadas a la corrupción, por eso planteamos que sean 50 000 euros y precisando que no necesariamente tiene por qué ser para varias campañas electorales, puede ser solamente para una de ellas.

¿Cuál es nuestra evaluación? Señor presidente, ¿qué es lo que pretendemos con las propuestas que planteamos en nuestras enmiendas que van de la 523 a la 735, y son 212 enmiendas? Lo que pretendemos es incrementar las penas respecto a los delitos de corrupción; hacer que la regulación respecto a las personas jurídicas tenga unos márgenes mayores de perseguibilidad y que no se haga imposible su aplicación; y, en relación con los desórdenes y el atentado, contemplar que lo que es la resistencia pasiva —no la resistencia activa grave— como, por ejemplo, estarse quieto en una sentada, sin hacer ninguna otra cosa, no sea necesariamente un delito de atentado. Nos parece que supone retomar la tradición penalística española en el sentido de que sea un código humano y muy razonable en lo que se refiere a ser rotundo y orgulloso con los poderosos y humilde con los menesterosos.

Nada más, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Cito textualmente: Para cómo llegó el texto al Congreso, mejor como está. Yo quiero darle las gracias al señor Díaz Tejera por esta afirmación -estoy completamente de acuerdo con él-, pero me vale para demostrar dos cosas muy importantes. En primer lugar, señor presidente, señorías, el 37% de las enmiendas que se presentaron en el Congreso de los Diputados fueron aceptadas. Aquí se ha dicho que ni una. No es cierto, fueron en concreto -y según las notas que me acaban de pasar mis compañeros-, 323, un 37%. Eso en primer lugar.

En segundo lugar, esto significa que este ya no es el código del Partido Popular; este ya no es Código Penal del Partido Popular, porque ha habido mucha modificación, de muchos que han criticado aquí que se haya modificado este proyecto en el Congreso de los Diputados. Es decir, ha salido con retraso -no es culpa de esta Cámara; esta Cámara tiene el tiempo tasado que tiene para tramitarlo- y, por lo tanto, señor presidente, responsabilidades, las justas. En este caso, nosotros no tenemos la culpa de que haya habido —por suerte para el Congreso— muchas comparecencias a este respecto, que haya habido unas elecciones europeas en mitad del proceso, que haya habido un proceso interno de un partido político que pidió que se le diera tiempo porque tenía que organizarse. ¿Qué quieren que les diga? Responsabilidades, por supuesto las nuestras, pero ni una más, señorías; ni una más.

Y también quiero decir —como lo he dicho antes en la tramitación, en el debate de la Ley del estatuto de la víctima— que hemos celebrado reuniones de ponencia; el Grupo Popular ha asistido, ha atendido y ha cambiado impresiones con los grupos que han acudido esta mañana; siento que no hayan sido todos. Siguiendo con las responsabilidades, nos dicen que el Código Penal de 1995 ha sido modificado —efectivamente, en varias ocasiones—; que ha aumentado su dureza, y la última reforma es de 2010. Tampoco es responsabilidad nuestra, senadora Capella, si en ese momento aumentó la dureza del sistema punitivo español.

No puedo estar en absoluto de acuerdo con una mención que se ha hecho al señor Arias Navarro, y que luego se ha dicho que la actitud y las teorías del señor Arias Navarro se incluyeron en el Código Penal de Juan Alberto Belloch en el Código Penal de 1995. Yo me peleé y debatí y discutí -el señor Belloch lo recordará- este Código Penal y de ninguna de las maneras puedo aceptar tal afirmación.

Nos dicen que es populismo punitivo. Ya he dicho que ha sido bastante modificado. Pero, señorías, yo prefiero hablar del Código Penal que nos viene del Congreso de los Diputados que no de este buenismo ideológico que se gastan ustedes a la hora de determinados aspectos del Código Penal. Además, déjenme que les diga otra cosa. Yo no sé lo que dijo el presidente de mi partido en el año 2010, pero —vuelvo a decir— lo que no está en los autos no está en el mundo. Aquí estamos en el texto de la reforma del Código Penal del año 2015, y a eso es a lo que vamos a responder o voy a intentar responder. Les tengo que recriminar que nos han dicho que no somos valientes; pues, señorías, a estas horas, tres menos veinte de la tarde, desde las once de la mañana que llevamos aquí —y el Grupo Popular está encantado de debatir con sus señorías todo lo que haga falta—, me dirán a mí si esto no es valentía. Llámenlo como ustedes quieran.

Señorías, señor presidente, la sociedad no es inmutable, en absoluto; la sociedad cambia, y el Código Penal tiene que acompañar necesariamente esos cambios. El transcurso del tiempo y, desde luego, las demandas sociales creemos que evidencian la necesidad de llevar a cabo modificaciones en nuestra norma penal. Por eso, el Grupo Popular considera esta reforma imprescindible. Y esta reforma emprende una serie de reformas necesarias mediante modificaciones, innovaciones normativas muy meditadas, muy ponderadas que ofrezcan una respuesta ordenada a esos cambios, que son fruto de la evolución de la sociedad. Imprescindible es también mejorar y perfeccionar algunos tipos penales, introducir figuras nuevas que faciliten la lucha contra determinados fenómenos delictivos, y también lo es, señorías, armonizar doctrinas jurisprudenciales que se habían convertido en contradictorias a lo largo de estos años. También era necesario, desde nuestro punto de vista, proyectar en el Código Penal el sentir expresado por las Cámaras, por las víctimas, por la sociedad española en general para ajustar adecuadamente el reproche punitivo de determinadas conductas.

Se han atendido sugerencias, como no podía ser de otra manera, de la jurisprudencia de nuestros tribunales, de la doctrina, de las instituciones europeas e internacionales de las que España forma parte; y, por supuesto, se han incorporado gran parte de las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. No estamos impulsando, en modo alguno, una reforma retórica o declarativa; y por eso se actúa sobre el sistema de penas de forma que durante su ejecución se constate de modo efectivo si la reinserción es real atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso y de cada penado.

Se ha dicho aquí, señor presidente —pero lo vuelvo a recordar—, que el Grupo Popular ya solicitó hace 5 años, en 2010, una reforma penal de mayor profundidad que la presentada que, evidentemente, no se produjo. Y llamo la atención —ya que estamos en el turno de portavoces de los vetos presentados— sobre la diferencia de comportamientos a este respecto. Nosotros no presentamos ni un solo veto a la reforma de 2010 del Código Penal porque teníamos un propósito claramente constructivo -algo, señor presidente, que he de confesar que ya me gustaría poder apreciar en este caso-. Consideramos que las condenas han de servir para que aquel que ha agredido a la sociedad tenga la oportunidad de modificar su actitud y su conducta, de tal manera que sea posible su reingreso en la sociedad; y su reingreso se ha de producir con plenas garantías para él y también para la sociedad. Por eso nuestra responsabilidad como legisladores es facilitar a la justicia los medios para certificar ese cambio, que ese cambio se produce, y no dar por supuesta la reinserción del preso por el mero transcurso del tiempo, porque el mero transcurso del tiempo no asegura la reinserción.

El planteamiento de la reforma —otra de las cuestiones que se nos ha dicho— no propone un endurecimiento general de las penas, señorías, sino al contrario, un enfoque equitativo —por cierto, me llama mucho la atención que esto no se haya mencionado en ninguna intervención— que introduce como principal novedad brindar una segunda oportunidad a los ciudadanos que, de modo ocasional, han causado un daño que no tiene consecuencias irreparables, mientras que se muestra más severo —aquí sí— con el que perpetra delitos de gravedad o hace de la comisión del delito su forma de vida. Quiero decirles, además, que gran parte de la reforma está orientada a dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España. Por ejemplo, determinados aspectos en cuanto a la tipificación de racismo y xenofobia se modifican por la Decisión Marco 2008/913/JAI; los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular, se modifican por la Directiva 2009/53/Comunidad Europea; abusos sexuales, explotación sexual de menores y pornografía infantil, por la Directiva 2011/93 de la Unión Europea; la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y protección de las víctimas, por la Directiva 2011/36, de la Unión Europea; la información e interceptación de datos electrónicos, por la Directiva 2014/40/Unión Europea; el embargo y decomiso de instrumentos y productos de delito, por la Directiva 2014/42/Unión Europea; el delito de inmigración ilegal, por la Directiva 2002/42/Unión Europea. Por lo que se refiere al Consejo de Europa, se incluirán los perfiles de condenados en bases de datos de ADN para cumplir las exigencias del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y abuso sexual de Lanzarote, de octubre de 2007. Y en materia de falsificación de productos médicos y otros delitos que supongan una amenaza para la salud pública, se incorporan al código por el convenio del Consejo de abril de 2014. Como aspectos destacables, ya se ha encargado de comentar mi compañera la senadora Franco, la desaparición de las faltas. En cuanto a los delitos de violencia de género –por cierto, esto tampoco se ha resaltado− se contiene un ambicioso paquete de medidas que incrementa extraordinariamente la protección de la mujer frente a la violencia machista y se crea además el delito de acoso. Son medidas desde luego que renuncian al efectismo y que no tienen nada de simbólicas.



Delitos contra la corrupción. Se refuerza la punición en el ámbito de la Administración Pública. Se elevan las penas de inhabilitación. Se introducen nuevas figuras delictivas relacionadas con la financiación ilegal de los partidos políticos. Y se añade la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, además de ampliar los plazos de prescripción.

Y vamos a una de las partes centrales de la crítica a este proyecto, que es la suspensión de la ejecución de la pena. Es verdad, se introducen algunas modificaciones para hacer más efectivo el sistema, dándose la posibilidad a jueces y tribunales de una mayor flexibilidad para que puedan llegar a una resolución justa de las diversas situaciones que se pueden plantear, pasará a ser regulada como una modalidad de suspensión en la que el juez o el tribunal pueden acordar la imposición como sustitutiva de una pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad. En cuanto a la libertad condicional, se mantienen los supuestos de su concesión, con tres modificaciones importantes, vuelvo a resaltar: para delincuentes primarios, la posibilidad de obtenerla al cumplimiento de la mitad de la condena y se convierte en un modo de suspensión de la ejecución del resto de la pena. La concesión de la libertad condicional determinará la suspensión de la ejecución de la pena durante un determinado tiempo; si el penado no reincide y cumple las condiciones impuestas, se declara extinguida la pena pendiente de su cumplimiento; si comete un nuevo delito o incumple las condiciones impuestas, se revoca la libertad y cumple lo que le reste de condena. Por cierto, señor presidente, cuando no hay precedentes o derecho comparado en los países de alrededor se nos critica la introducción de esos instrumentos, y cuando los hay, también se nos critica. Es una pena. En fin, la prisión permanente revisable hace referencia a los casos de excepcional gravedad en los que está plenamente justificada una respuesta extraordinaria, consiste en una pena de prisión de duración indeterminada sujeta a régimen de revisión por los tribunales, incluso de oficio; de ningún modo renuncia a la reinserción del penado porque, cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal colegiado deberá valorar las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal; es decir, no constituye una especie de pena definitiva en la que el Estado se desentiende también definitivamente del penado. No. Se trata de una institución que compatibiliza una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión. Yo recuerdo, señor presidente, señorías, que no existe en la actualidad revisión judicial alguna en nuestro sistema penal, ni para penas de 25 ni de 35 ni de 40 años de prisión, ni tampoco para acumulaciones de condena, que en algunos casos, señorías, pueden fijar límites incluso superiores, y además la prisión permanente revisable es un modelo extendido en el derecho comparado europeo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos la considera ajustada a la Convención Europea de Derechos Humanos y a su artículo 13, siempre que la ley nacional ofrezca la posibilidad de revisión de la condena con vistas a su conmutación, a su remisión, a su terminación o a su libertad condicional. Esto por lo que se refiere al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo que se refiere al Consejo de Estado, también se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de las penas de duración indeterminada pero revisables al informar sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional y su ratificación por España, que prevé la posible imposición de esta pena.

En la insuficiente reforma socialista del año 2010, propusimos que se incluyera la prisión permanente revisable y, como bien saben y, si no, se lo recuerdo, este fue el compromiso que adquirimos ante los ciudadanos en nuestro programa electoral del año 2011 con el que recibimos la confianza mayoritaria de los españoles.

Por todos estos motivos, señorías, y después de haber estado escuchando muy atentamente tanto la defensa de los vetos como los turnos de portavoces de los mismos y, además, por evidente coherencia, vamos a votar en contra de estos vetos.

Gracias. (El señor Bildarratz Sorron pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vindel.

Senador Bildarratz, tiene usted la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Señor presidente, he pedido la palabra no para abrir de nuevo el debate sino para hacer una matización: cuando yo he dicho que no se ha aceptado ninguna enmienda en el trámite parlamentario, evidentemente he querido decir en el trámite parlamentario del Senado, donde se han presentado 1044 enmiendas y no se han aceptado más que las del Partido Popular. Yo no me he referido ni al 37% de las del Congreso, etcétera. (La señora Vindel López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bildarratz.

Tiene la palabra la señora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Señor presidente, durante el trámite de ponencia hemos hablado con el resto de grupos y les hemos informado de lo que se podría ir aceptando; nadie ha cerrado las puertas a que de aquí a la aprobación definitiva se acepten más enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, como nos queda Código Penal, ya seguiremos.

Ahora, si les parece bien, procedemos a votar los vetos.

En primer lugar, correspondería someter a votación la propuesta de veto número 4, presentada por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Señor presidente, pido la palabra.


El señor PRESIDENTE: Señora Capella, tiene usted la palabra.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Señor presidente, ¿faltan los vetos de los anteriores proyectos o los hemos votado? Creo que no hemos votado nada.
El señor PRESIDENTE: Senadora Capella, vamos a votar los vetos y, posteriormente, someteremos a votación los proyectos de ley que hemos debatido.

¿Hay alguna duda más? (Pausa.) Esto se debe a la hipoglucemia a que se refería el señor Díaz Tejera.

Sometemos a votación la propuesta de veto número 4 presentada por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 1, presentada conjuntamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, presentada conjuntamente por los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Ha sido rechazada.

Sometemos a votación la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Ha sido rechazada.

Pasamos a votar los proyectos de ley que hemos debatido, a excepción del relacionado con la reforma del Código Penal.

A continuación, sometemos a votación el texto propuesto por la ponencia en su informe en relación con el Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 1; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Así, pues, ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia el Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito.

Votamos, a continuación, el informe de la ponencia del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley de enjuiciamiento criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 3; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Así, pues, ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia el proyecto señalado anteriormente.

Señorías, falta la designación por esta comisión del senador que va a presentar los dictámenes de cada uno de los proyectos en el Pleno de la Cámara.
El señor DÍAZ TEJERA: Es tradición que sea el presidente, y hay tradiciones que se pueden conservar, otras, no.
El señor ALTAVA LAVALL: Apoyamos las buenas ideas que tiene el Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Yo acepto su encargo con agrado y mucho honor.

Muchas gracias.

Antes de suspender la sesión, que reanudaremos a las cuatro de la tarde, si a ustedes les parece bien, quiero anunciarles que la ponencia se reunirá en esta sala diez minutos antes, a las cuatro menos diez, si les parece igualmente bien, porque hay algunas enmiendas muy vivas relacionadas con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Se suspende la sesión.


Eran las catorce horas y cincuenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

El Grupo Popular ha presentado cinco enmiendas, al amparo del artículo 115 del Reglamento del Senado, con correcciones del texto de la Ponencia, que subsanarían determinados errores que han sido advertidos en las enmiendas de dicho grupo. Ruego al señor letrado que proceda a leer su contenido.


El señor LETRADO: En la primera de ellas se modifica el apartado sesenta y tres, referente al artículo 127. Bis. 1.b) del Código Penal, de forma que en el apartado b) se haría referencia in fine a agresiones sexuales a menores de 16 años.

En segundo lugar, hay una modificación referente al artículo 253 del Código Penal, por la que en el apartado 1, en el centro del párrafo, ahora se dice: …para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble…, que completa lo que decía la enmienda 989 del Grupo Popular, que fue introducida en Ponencia.

Otra modificación es la que se refiere al artículo 335 del Código Penal y se introduce en Ponencia en el apartado ciento setenta y siete bis del artículo único del proyecto de ley. En el apartado 2 se dice: autorización marisquera o acuícola sin el debido título y, por otro lado, se refiere a actividades de marisqueo, sustituyendo la expresión que aparece en el texto del informe de la Ponencia; y la misma referencia al marisqueo en el apartado 3 de ese mismo artículo 335.

Asimismo, en el artículo 235 del Código Penal se introdujo un nuevo apartado10. En la redacción actual, este apartado pasa a ser 9, desapareciendo el apartado 9 que figuraba en el texto del proyecto de ley, en congruencia también con lo operado mediante la supresión del apartado siguiente.

Finalmente, por congruencia, hay una enmienda respecto al artículo 468.3 del Código Penal, apartado 3, in fine, respecto a los castigados con una pena, y se especifica, de multa, de seis a doce meses, por razones de técnica legislativa.

Estas son las cinco modificaciones.


El señor PRESIDENTE: Señorías, quedan incorporadas al texto de la Ponencia estas cinco enmiendas.

Pasamos al trámite de defensa de las enmiendas.

En primer lugar, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Mixto, la senadora Capella, pero antes voy a leer todas las enmiendas que corresponden al Grupo Parlamentario Mixto: las números 102 a 107, presentadas por el senador Martínez Oblanca; 454 a 519, de la senadora Capella i Farré; 453, de la señora Julios Reyes y el señor Quintero Castañeda; enmiendas 6 a 69 y 73 a 101, presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes; y, finalmente, las números 1 a 3, 5 y 736 a 742, presentadas por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández.

Tiene la palabra la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Las doy por defendidas todas ellas, sin perjuicio de que en el Pleno las justifiquemos debidamente.

Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

La enmienda 4 ha sido presentada por el señor Fuster Muniesa, la señora Ibarz Ibarz y la señora Santos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Fuster.


El señor FUSTER MUNIESA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo para defender la enmienda número 4, de los senadores del Partido Aragonés, que, por cierto y dicho sea de paso, coincide con la número 3, de los senadores de Unión del Pueblo Navarro, razón por la que esta mañana me puse en contacto con la senadora Salanueva –empezaré por el final−, y tanto ella como yo, puesto que las dos enmiendas mantienen el mismo objetivo, aunque tienen textos diferentes, tenemos la mejor disposición a que el Grupo Popular las transaccione antes del Pleno, habida cuenta de que hasta estos momentos en la Ponencia no se nos ha comunicado su aceptación.

Señorías, el número de páginas web con contenidos que hacen apología de la anorexia y de la bulimia ha crecido un 470% desde 2006. Hoy en un buscador de internet pueden aparecernos hasta 500 000 páginas proanorexia y probulimia y el 75% de las personas que hacen estas consultas son menores de edad. Cuando la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón se puso a trabajar en esta cuestión, llegó a encontrar hasta 2,4 millones de entradas y, tras un arduo trabajo, han conseguido reducirlas a la mitad. Pero realmente hasta las propias empresas que ponen estos contenidos en internet advierten de que no hay una ley que regule estas cuestiones, como sí se ha hecho con la pornografía infantil y la xenofobia. La asociación aragonesa Arbada atendió el año pasado 650 consultas telefónicas sobre anorexia y bulimia y dio apoyo a 200 familias, y en los últimos años se ha producido un repunte importante, controlado por la Unidad de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Clínico de Zaragoza, centro de referencia en Aragón, con 126 nuevos pacientes adolescentes, cifra que ha crecido, desde los 97 que hubo en 2012 o los 110 de 2013.

Señorías, en nueve de cada diez casos, el paciente enfermo es un adolescente y mujer. Pero, además del drama personal, detrás de estas historias se esconden verdaderos dramas familiares. Se precisa una media de cinco años de terapia para lograr la curación de estos pacientes, y solamente lo consigue con éxito en torno al 65, 75%; en el resto de los casos, la enfermedad se cronifica o fallecen. Por lo tanto, señorías, junto a la prevención, que es fundamental, parece razonable que el efecto disuasorio de las sanciones aparezca en la ley y contribuya a proteger la salud de los ciudadanos, que es uno de los objetivos de los poderes públicos. Por eso, desde el Partido Aragonés proponemos tipificar este delito, algunas conductas, y proteger a las víctimas más allá del trabajo de las administraciones que se desarrolla en este momento, así como por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el objetivo de evitar su proliferación. La regulación en España es laxa, prácticamente inexistente, mientras que en Francia y en Alemania están tipificados estos delitos.

Por lo tanto, señorías, Aragón ha apoyado y liderado esta iniciativa por unanimidad, pero también lo hacen comunidades como la de Madrid o el propio defensor del menor y creemos que es imprescindible introducirlo en este Código Penal. Por eso, solicitamos al Partido Popular la suficiente cintura ‑demostrada en el Congreso de los Diputados, pero todavía no en el Senado- para llegar a un acuerdo antes del próximo Pleno.

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuster.

Señorías, como ustedes saben, estamos debatiendo ahora mismo las enmiendas del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Seguidamente, debatiremos la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

Quiero decirles que, a propuesta de la Mesa, queremos que estos dos proyectos de ley no se voten antes de las 6 de la tarde. Se lo digo para que sus señorías se organicen como estimen pertinente.

Dicho esto, pasamos al turno de defensa de las enmiendas 743 a 838, del Grupo Parlamentario Vasco.

Senador Bildarratz, tiene usted la palabra.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a dividir estas 96 enmiendas en nueve grupos y, aunque las doy todas ellas por defendidas, reseñaré determinados elementos de cada uno de ellos.

Por lo que se refiere al primero, el relativo a la pena permanente revisable, no hace mucho pudimos asistir al debate sobre el estado de la nación en el Congreso de los Diputados y allí el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, habló de la reforma del Código Penal y de la pena permanente revisable. En este sentido, hay algo en lo que podemos estar de acuerdo y es que él venía a decir que esto es una cuestión de ideología y, puesto que es así, no hay nada que discutir. Pues bien, si el Partido Popular entiende que la pena permanente revisable o la pena para toda la vida revisable es cuestión de una ideología determinada como la del Partido Popular, díganlo alto y claro. Sin embargo, nosotros no pensamos así, no es nuestra ideología y a través de este grupo de enmiendas proponemos la supresión de todos aquellos preceptos donde aparezca ese concepto.

El segundo grupo engloba todas aquellas enmiendas que supongan un agravamiento punitivo que, en nuestra opinión, es innecesario. Son muchos los agravamientos punitivos y, en este sentido, hemos presentado las enmiendas 755, etcétera.

El tercer grupo se centraría en aquellas enmiendas que nosotros entendemos que van contra el precepto 25.2 de la Constitución; es decir, todas aquellas enmiendas contrarias al principio resocializador de las penas, que también son muchas. Son muchos los preceptos que van en contra de ese principio resocializador y, en este sentido, entendemos que no se está atendiendo de una manera leal al esquema establecido en la propia Constitución.

En el cuarto grupo proponemos un mayor reproche penal en el caso de la utilización de los menores de edad, por motivos evidentes.

El quinto grupo propone la supresión de términos que en nuestra opinión son jurídicamente indeterminados. En este sentido, creemos que hay que realizar una mayor clarificación, una mayor definición de esta serie de hechos, supuestos y conceptos que quedan excesivamente indeterminados o ambiguos.

El sexto grupo engloba las enmiendas relacionadas con el maltrato de animales. Por ello, en algunas enmiendas proponemos una clarificación, una concreción, una mejora técnica evidente y, en otros, un reproche penal mayor para aquellos casos en los que se produzca maltrato animal.

En un séptimo grupo dedicamos también numerosas enmiendas al fenómeno de la corrupción, proponiendo un reproche penal mayor. Mi grupo parlamentario entiende que en el ámbito de la corrupción tenemos que ser claros. Desde nuestro punto de vista, no vamos a superar este fenómeno indeseado únicamente a través de la legislación, pero sí consideramos que en determinados ámbitos el reproche penal tiene que ser mayor. Y, asimismo, en relación con el apartado de partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales, etcétera.

El octavo grupo se centra en la definición del terrorismo, que creemos que es un claro elemento sobre el que ha habido una gran improvisación. Es evidente que el Código Penal ha venido con una serie de artículos -570, 571, 572, etcétera- definidos de determinada manera, pero después veremos que el nuevo texto acordado entre el Partido Popular y el Partido Socialista habla ya de otras situaciones y, evidentemente, lo único que ha cambiado en este ínterin ha sido el atentado terrorista en París y la amplia repulsa de la ciudadanía europea. En cualquier caso, hablaremos de terrorismo no solo en este grupo de enmiendas sino también en el debate relativo al próximo proyecto de ley.

El último grupo mantiene relación con la sustracción interparental de menores. Se trata de un fenómeno nuevo, que ya hemos analizado en el Pleno del Senado y, además, sobre el que hemos acordado también alguna moción. Como consecuencia de ello, se han producido una serie de modificaciones legislativas y en este sentido, mi grupo parlamentario hace una propuesta de mejora.

Para finalizar, les diré que hemos recibido una propuesta de transacción en relación con la enmienda 743. Nuestra enmienda 743 solicita la supresión del preámbulo por el propio concepto de prisión permanente revisable porque, como he dicho, proponemos la supresión de todos aquellos preceptos donde figure la prisión permanente revisable. Se nos ha propuesto un nuevo preámbulo, de 27 folios, pero sorprende que se nos proponga como transacción un nuevo preámbulo donde la prisión permanente revisable sigue figurando. En este sentido, mucho me temo -aunque todavía tengo que analizar esta propuesta- que se hace un nuevo preámbulo para recoger todas aquellas enmiendas que el Partido Popular ha ido introduciendo en el trámite del Senado. Pero, evidentemente, no existe ánimo de transar nada con nosotros porque, primero, se propone un nuevo preámbulo y, segundo, en ese nuevo preámbulo sigue constando la prisión permanente revisable.

Como digo, no quiero arriesgarme a hacer una valoración. En un primer momento no parece una enmienda muy adecuada a nuestras necesidades, pero la valoraremos en su momento justo, que entiendo que será el Pleno de la semana que viene.

Por ahora, nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz.

Enmiendas 108 a 187, 189 a 452 y 520 a 522, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Señor Saura, tiene usted la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Estas enmiendas responden fundamentalmente a cinco criterios. Pero previamente quiero decir que esta mañana, cuando hemos defendido nuestro veto a este proyecto de ley, he insistido en que estamos debatiendo un proyecto de ley sin informe del Consejo General del Poder Judicial; y esto no lo digo yo ni mi grupo, lo dice el Consejo de Estado. Este ha llegado a calificar prácticamente de fraude de ley el que una de las leyes más importantes de la democracia española haya incumplido la propia ley. Desde ese punto de vista, me voy a referir a esos cinco criterios que informan prácticamente a la mayoría de nuestras enmiendas.

En primer lugar, se propone la supresión de todos aquellos párrafos o artículos que contemplen el principio de prisión permanente revisable, por las razones que hemos dado esta mañana.

En segundo lugar, la supresión del apartado 3 del artículo 315. Ya he dicho esta mañana que hay una modificación, pero que esta no es profunda. No queremos que en el delito de coacciones, que contempla el artículo 172, no haya más que una singularidad a la huelga y no a ningún otro hecho. Por tanto, repito que proponemos la supresión del apartado 3 del artículo 315.

En tercer lugar, y se diga lo que se diga, existe una ampliación y un endurecimiento de las penas. Ciertamente, no es una cuestión solo de esta reforma, sino que desde su aprobación, en 1995, se han producido veintiocho o veintinueve reformas del Código Penal, y todas ellas han significado un endurecimiento de las penas.

En cuarto lugar, y como antes se ha dicho –también lo dicen muchos informes sobre este texto−, proliferan los artículos en los que hay ambigüedad, lo que compromete el principio de legalidad. Se trata de una redacción muy ambigua.

Y, por último, quiero resaltar la importancia que tiene la sustitución del principio de culpabilidad por el principio de peligrosidad.

En definitiva, es una reforma del Código Penal que no apunta a mejorar la resocialización o la reinserción de los delincuentes, sino simplemente a una política penal de venganza o de castigo, no de reinserción, repito. Y no hay ninguna referencia en esta reforma del Código Penal al examen, al balance, a lo que está pasando, con el objetivo del Código Penal según la Constitución: la reinserción de los delincuentes.

Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Enmiendas 839 a 954, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Señora Rieradevall, tiene usted la palabra.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo ha presentado un total de 116 enmiendas: 74 de supresión, 28 de modificación y 14 de adición. Me referiré a ellas por bloques temáticos y de forma sucinta. Presentamos varias enmiendas destinadas a recuperar las faltas como categoría de infracción penal, en consonancia con lo ya expuesto hace unas horas en comisión. También hay enmiendas para la supresión de la pena de prisión permanente revisable. Y hemos presentado enmiendas relacionadas con el régimen de suspensión de la pena y relativas a la propiedad intelectual e industrial.

Con respecto a la xenofobia, hemos presentado las enmiendas 850, 933, 934, 935 y 936, cuya aprobación consideramos importante. Se pretende igualar la punibilidad como agravante de las conductas penales que se cometan por motivos de origen territorial, identidad cultural o lingüística, aspecto físico o por la situación sin hogar de la víctima a otros delitos cometidos por razones de discriminación, así como igualar la protección a la víctima, es decir, dar una respuesta penal igualitaria y proporcionada a aquellos casos en los que se atenta contra una persona por las razones discriminatorias señaladas. Y otros aspectos se contemplan en otras enmiendas.

Por otro lado, hemos presentado una enmienda relativa al agravante por robo en casa habitada aislada, y las enmiendas 907 y 922, en el caso de delitos de hurto y robo en casa habitada, por entender que no se da una respuesta penal adecuada a los casos en que se han cometido esos delitos y que la víctima está en una situación de vulnerabilidad que no se tiene en cuenta.

También presentamos enmiendas relativas a trastornos mentales y enfermedades graves, y sobre detenciones durante la libertad condicional.

La enmienda 876 se refiere a la pena de expulsión a extranjeros. Pretendemos reintroducir la expresión: ciudadano no residente legalmente en España, tal como establece el Código Penal vigente, en vez de “extranjero”, término más ambiguo e impreciso que no distingue entre los extranjeros que se encuentran en España en situación de residencia regular o estancia y los que están en situación de estancia o residencia irregular, con lo que cualquier extranjero, aunque su estancia fuera regular o su residencia legal en España, podría ser expulsado del territorio español. También en la misma enmienda proponemos que se debe recuperar del Código Penal actual la necesidad de audiencia previa del sujeto y del ministerio fiscal en la sustitución de la medida de seguridad por la expulsión del extranjero del territorio español, ya que se impide al sujeto la posibilidad de ser escuchado y su derecho a un proceso contradictorio.

Por otro lado, presentamos la enmienda 918 como alternativa, ya que, al quedar suprimida la falta de deslucimiento, consideramos que los practicantes de grafitis tendrán una gran facilidad para practicarlo si se despenaliza; por tanto, presentamos una propuesta de modificación del artículo 263, relativo a daños, modificando el apartado ciento cuarenta y uno del proyecto de ley.

La enmienda 921, de adición, va destinada a regular la prostitución en espacios y vías públicas, penalizando a quienes obtuvieran los servicios sexuales con una pena de prisión de uno a tres meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días, o una multa de 3000 euros. La enmienda propuesta se basa en el modelo francés de penalizar solo aquellas conductas de prostitución llevadas a cabo en espacios públicos, y en penalizar solamente al que obtiene el servicio sexual y no al que lo ofrece, de acuerdo con el informe del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014, que también se manifiesta a favor de tratar el problema de la prostitución desde la raíz y no aceptándolo como un hecho consumado.

También hemos presentado enmiendas sobre hurtos; por ejemplo, consideramos la necesidad de crear un registro telemático de personas reincidentes en la comisión de hurtos y la eximente en el caso de restitución de lo sustraído. Igualmente, hemos presentado una enmienda sobre maltrato animal y zoofilia. Y hacemos una especial mención a la necesidad de dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el hecho de que los procesos judiciales no puedan durar más de cinco años. A ello se refiere la enmienda 948.

Doy por defendidas el resto de las enmiendas presentadas. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Enmiendas 523 a 605 y 607 a 735, del Grupo Parlamentario Socialista.

Señor Díaz Tejera, tiene la palabra.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Como continuación del debate de esta mañana, en el que el Grupo Socialista ha tenido dos intervenciones, para una posición general y otra más concreta, les comunico que nuestras 212 enmiendas pretenden paliar la crueldad, atajar la discriminación, mejorar la perseguibilidad de los delincuentes de cuello blanco, proteger mejor a los más humildes y conseguir una mayor sensibilidad ecológica. Una mayor sensibilidad ecológica, aceptando como un paso adelante el esfuerzo que se hizo en el Congreso, y vuelvo a subrayar que el texto que el Gobierno mandó al Congreso en el año 2012 es infinitamente peor que el texto que salió de él. Los diputados y las diputadas limaron, cortaron y amputaron gran parte de las cosas, en mi opinión, profundamente crueles, sobre todo en el apartado relativo a la peligrosidad. En el momento en que el Grupo Popular ha retirado ese apartado, se ha dado un gran avance. Ya en ponencia propuse algunas enmiendas con el fin de que la libertad vigilada se mantuviese para los delitos de terrorismo y de violencia de género. Y agradezco a la ponente, doña María de los Ángeles, la precisión que me ha hecho porque nuestra enmienda 600 se refiere al artículo 80 y no al artículo 81. No me había dado cuenta de ese error, ella me ha hecho caer en él, y se lo agradezco en público, como tiene que ser. Lo cortés no quita lo valiente. Y paso a explicar el conjunto de nuestras enmiendas.

Señorías, el preámbulo del Código de 1995 -hoy en vigor, a pesar de las veintinueve reformas- tiene dos páginas para explicar el Código Penal de la democracia, como le llamaron los medios de comunicación. Dos páginas. ¿Saben ustedes cuántas páginas tiene esta contrarreforma? Tiene veintidós, veinte páginas más. Y es que hay que hacer un esfuerzo inmenso para poder explicar lo que difícilmente es explicable cuando no tiene nada que ver con lo que ha consolidado tanto la doctrina legal: la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como la doctrina científica: en general los catedráticos, los profesores, los académicos, que han hecho en esto un esfuerzo inmenso. Piensen ustedes que durante décadas se había dicho que el sector del ordenamiento más depurado era el civil, el privado, y que en el ámbito penal la cosa era más tosca. Por el contrario, todo el esfuerzo que han hecho los académicos españoles por trabajar e investigar años fuera del país ha supuesto la incorporación de gran parte de esa doctrina, la doctrina alemana y la doctrina italiana, y ha supuesto un gran avance de la doctrina penalística española. En ese sentido, me reafirmo en la necesidad de que legislemos de cara a todo el mundo, no solo a los profesionales del derecho sino también a los que han estado investigando y avanzando.

Se cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y me produce un cierto sonrojo porque se le cita indebidamente. Primero, se citan mal los artículos, porque lo que llaman la PP no es el artículo 13, sino el artículo 3, y las dos sentencias a que se refiere son, exactamente, la de 2008, en el caso Kafkaris, en Chipre, y el caso Meitner, en Alemania. Y no viene a plantear que lo que es permanente y perpetuo es aceptable; no es eso lo que viene a decir, sino que hay que estar permanentemente revisando. Y no es cierto lo que se ha afirmado esta mañana de que, en general, las penas no se revisan. Eso es falso. ¿Qué creen ustedes que hacen los juzgados de vigilancia penitenciaria y las secciones de las audiencias que confirman o revocan las decisiones de los jueces de vigilancia penitenciaria? En general, todos los jueces y magistrados juzgan y ejecutan lo juzgado, y luego hay una supervisión del cumplimiento de la pena por parte del juez de vigilancia penitenciaria y la correspondiente sección de la audiencia.

¿Qué es lo que hay que destacar del conjunto de nuestras enmiendas? Fundamentalmente, hemos recogido las enmiendas que han quedado vivas del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, pero no porque no saludemos con euforia y alborozo algunas enmiendas que ustedes aceptaron en materia ecológica o de las personas jurídicas, de la perseguibilidad. No es por eso, porque el texto que entró al Congreso ha mejorado, a pesar de los casi dos años en que estuvo paralizado y que tuvieran que hacerlo a toda velocidad entre navidades y comienzos de año. Nosotros saludamos lo que ha supuesto un avance, pero pensamos que en lugar de trabajar siempre con lo menos malo, se puede mejorar, y es parte de nuestra lealtad institucional trasladar eso. Y por eso hemos trasladado nuestros criterios sobre la crueldad innecesaria que supone la indeterminación de lo que es permanente, entre otras cosas, porque si el concepto revisable fuera, como les he dicho esta mañana, copia de cómo se hace en otros lugares, se revisaría cada quince o dieciséis años en lugar de cada veinticinco. Y eso que lo que ha llegado al Senado -cada veinticinco años- es un gran avance en comparación de lo que llegó al Congreso, porque la gente se retrató en el primer texto, en que se proponía cada treinta y cinco años. Pero en la actualidad no hay país europeo en el que haya tanto cumplimiento de penas como en nuestro caso, en que se puede llegar a estar hasta cuarenta años. Díganme ustedes si hay algún otro lugar donde se pueda estar hasta cuarenta años. Con esto quiero decir que en el ámbito del cumplimiento efectivo tampoco es cierto lo que se dice sobre que al poco tiempo ya se está en la calle. Esto, con respecto a la prisión permanente: la incertidumbre, la incerteza, la no revisión cada periodo de tiempo establecido, en lo que sería el derecho comparado.

En cuanto a atajar la discriminación, que es el segundo objetivo -el primero es paliar la crueldad innecesaria, como les acabo de decir-, les vuelvo a insistir en algo que a mí me parece especialmente cruel. ¿Por qué razón en el caso del fraude a la Seguridad Social o a las subvenciones, cualquier español que cometa ese fraude en un euro porque, aparte de recibir esas cantidades, haga cualquier chapuza para buscarse la vida ya está cometiendo el hecho delictivo, y en el caso del delito fiscal empieza a hacerlo a partir de 120 000 euros? Por eso proponemos la cantidad de 50 000 euros, que en general es la que se establece en el el ámbito del derecho comparado en relación con los fraudes a la Seguridad Social y las subvenciones, y parece una cantidad muchísimo más razonable.

Por otro lado, he explicado más de una vez la contradicción que suponía, pero lo seguiré haciendo hasta la extenuación: por qué razón se desprecian las decisiones del Tribunal Constitucional en lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos fundamentales. Cuando se ejercita un derecho fundamental, la fuerza de ejercicio de ese derecho es una fuerza expansiva, no restrictiva. Y cuando se plantea una limitación tiene que ser restrictiva. Les ponía el ejemplo del artículo 172, como tipo básico de las coacciones, o del 315.3, que no se ha aplicado nunca. Solo hay una sentencia en España, del año 1999, que precisamente dice que no se tiene que aplicar el 315.3 sino el tipo básico del 172. ¿Por qué razón? Porque, en el ejercicio del derecho fundamental, cuando un piquete se excede en su trabajo y hay que reprochárselo -todos somos humanos y todos nos podemos equivocar, y cuando ha habido tal exceso hay que reprochárselo, por supuesto-, ese exceso no se puede hacer mucho más gravoso y mucho más cruel que cuando el empresario es el que impide el ejercicio del derecho fundamental. Nosotros planteamos que se haga como hasta ahora. Y hasta ahora ¿qué se ha hecho? Y me refiero a este pequeño paréntesis desde 2011 hasta el presente, en que se ha estado aplicando el 315.3. ¿Cómo se ha hecho hasta el presente? Con la remisión al tipo básico del 172. Ese es el planteamiento.

¿Es cierto que al quitar ese año la situación es distinta? Sí, en relación con guatepeor, Guatemala siempre es mejor, pero la opción que nosotros planteamos, que es lo que en la práctica han hecho todos los tribunales españoles hasta el año 2011, es infinitamente mejor. Aquí siempre se aduce aquello de: pero fueron ustedes en tal año cuando lo plantearon. Eso también es falso. En ese momento –léanse el Diario de Sesiones- había una propuesta muchísimo más gravosa y ampliada, y en aras del consenso tratamos de plantear esa posibilidad.

En cuanto a mejorar la perseguibilidad de los delitos de cuello blanco, les insistimos en mantener la expresión que usa el código en la actualidad respecto de las personas jurídicas. Les reitero que la expresión: las personas que tienen el mando efectivo, la capacidad para tomar decisiones, restringe el abanico de los que tienen poder de representación. Usar la posibilidad de los que tienen ese poder de representación es muchísimo más amplio a la hora de ajustar el comportamiento que ha generado esa responsabilidad para las personas jurídicas. Insisto en que eso genera mayor inaplicabilidad, mientras que la formulación del presente es mucho más circunscribible, mucho más concretable, mucho más especificable, en lugar de esa formulación general y abstracta.

Ya les he explicado la necesidad de proteger a los más humildes en este campo. Y comprendo que a veces haya mucha presión desde ámbitos de seguridad, pero ¿a ustedes les parece que una persona que esté sentada en un lugar sin hacer nada, absolutamente pasiva, por negarse a las órdenes de un agente de la autoridad que le diga: levántese y váyase, comete un atentado? ¿Eso es un atentado o no es más que una resistencia a la autoridad o estar incumpliendo un mandato? No es un atentado, no se está desplegando ninguna actividad física para agredir a ese agente de la autoridad. Y qué decir cuando se confunde al agente de la autoridad con una persona que trabaja en cualquier compañía privada, cuando hay una confusión entre un servidor público y un trabajador privado. Me parece que es algo inadecuado e incorrecto.

Como antes les decía, planteamos enmiendas para una mayor sensibilidad ecológica en cuanto a la protección de los animales, pero no porque no valoremos el esfuerzo que se ha hecho en el Congreso. Hacemos también una sugerencia relativa al artículo 319 del Código Penal bastante sensata. Yo sé que bastantes de ustedes, de los senadores del Grupo Parlamentario Popular, son muy sensibles a lo que les voy a plantear. En las costas españolas hay pensionistas europeos que pasan allí la mitad del año o el año entero, personas mayores que se han comprado una vivienda. Pero imaginen que hay un fallo del juzgado de lo penal que ordena la demolición de esa casa porque se ha construido en un lugar sin licencia. El juez de lo penal ordena la demolición, y a esas personas se les da la razón formalmente, pero desde un punto de vista material se es injusto porque no han recibido la indemnización, no tienen su vivienda, han perdido el dinero y han sido víctimas de una estafa. Pues bien, lo que nosotros planteamos es que en el artículo 319 se contemple que esa demolición esté condicionada al previo pago de la indemnización, de tal manera que si no se da ese previo pago no se ejecute materialmente la demolición. ¿Por qué razón? Porque es una forma de garantizar que la casa se tirará, puesto que así lo ordena el juez de lo penal, pero que eso esté condicionado, repito, al previo pago de la indemnización.

Algún jurista con una formación un tanto propia del reloj parado hace siglos diría aquello de: en el Código Penal no se puede poner una condición suspensiva. Pero habría que recordarle lo que dice el Código Penal vigente, el de 1995, en su artículo 81.3, en el que se condiciona la ejecución de la pena a lo siguiente: que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieran originado. Es decir, se puede suspender la ejecución de la pena ‑cuando son penas de menos de dos años y se trata de un delincuente primario- siempre y cuando se haya cumplido con las responsabilidades civiles. Y lo que aquí se plantea es una fórmula semejante. En puridad, por aquello de la Constitución en negativo, habría que decir: el Código Penal no está para todo. Y no está para todo, pero, sinceramente, si en la medida de lo posible podemos paliar esas inmensas bolsas de injusticia que se dan con los pensionistas que compran esas casas, creo que haríamos una buena labor en términos de prevención general.

Hay algunas enmiendas que proponen otros grupos parlamentarios referentes a prohibiciones. Tengo que decir que nos parece muy noble el latido que está debajo de esas propuestas, pero yo estoy convencido de que, si bien es cierto que no hay mejor política criminal que una buena política social y que no hay mejor política social que una buena política laboral, en materia de salud, en lo que tiene que ver con los patrones identitarios para la mitad de la población mundial −porque no deja de ser cierto que de cada diez personas con trastornos alimentarios nueve son mujeres−, en lo que respecta a ese ámbito, me parece que la prevención juega un papel mucho más relevante que el ámbito de la represión, siendo así que en internet son muchas las cosas que hay que prohibir. Creo, por ejemplo, que habría que prohibir algunas páginas que enseñan a hacer bombas, pero pienso que es mucho más relevante que nuestros hijos e hijas tengan la suficiente madurez para que cuando vean esas páginas pasen de ellas, porque no les aportan nada, y prefieran otras cosas que sí puedan aportarles algo.

Insisto en que lo que late en el fondo de esas enmiendas es un impulso muy noble, pero comoquiera que yo he preguntado a las personas que trabajan en ese ámbito, tanto del mundo de la psiquiatría, como de la psicología o de la salud pública, puedo decir que ellos en general me insisten mucho en que es más relevante el trabajo de la prevención y el trabajo del menor como síntoma de los conflictos en el núcleo familiar que la represión ante ese tipo de páginas en internet. Estos son algunos de los razonamientos que hemos hecho.

Hay otras tres enmiendas entre las 212 que hemos planteado. Tres se refieren a los creadores culturales y a proteger más adecuadamente sus creaciones, toda vez que la marca España no solo es el deportista sino en gran medida nuestros creadores culturales, a los que hay que proteger del mejor modo posible. Y en materia de lesiones se trata de propuestas bastante sensatas que nos han hecho personas que practican ciclismo en España.

Señor presidente, comoquiera que ya no tengo hipoglucemia, podría estar unas cuantas horas más con mi intervención, pero creo que usted agradecerá que no siga y que pare en este momento.

Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera. Creo que todos se lo agradeceremos. (Risas).

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Armisén.


La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Señor presidente, hemos dividido el tiempo entre mi compañera la senadora De Haro y yo. Intentaré ser breve. Voy a responder a las intervenciones del Grupo Parlamentario Vasco, del Grupo Catalán Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Socialista.

Con respecto a la agrupación de enmiendas que ha hecho el representante del Grupo Vasco, me voy a centrar principalmente en las enmiendas nuevas que ha presentado en el Senado. Y este argumento es extensivo también al resto de intervinientes. El representante vasco ha hablado de ideología, pero yo diría que es más una elección política, en este caso de política penal o de política criminal, a la que ha optado el Gobierno del Partido Popular con la introducción de la pena permanente revisable. Se ha hablado de si eso es ideológico o no, pero al fin y al cabo todo es política y es el Gobierno el que tiene que optar o no por la pena permanente revisable, lo que no quiere decir que sea ni más ni menos rechazable con el argumento de que es algo ideológico.

En segundo lugar, dice que existe un agravamiento punitivo, un argumento reiterado por varios representantes. Yo diría que hay un agravamiento punitivo ante las realidades sociales o frente a los actos penales que merecen el reproche penal y que entendemos que la sociedad actual rechaza más, porque las modificaciones legislativas están para avanzar con las realidades sociales. Si existen nuevas realidades que merecen un mayor rechazo social, creo que la norma debe tener un agravamiento punitivo ante esas figuras o tipos nuevos o ante los que existe un mayor rechazo social.

Y creo que es incierto decir que no hay un efecto resocializador de la pena, porque no se ha hecho un nuevo Código Penal eliminando los principios informadores del derecho penal y del Código Penal español. Pienso que optar por determinados modelos, como en este caso la pena permanente revisable u otro tipo de penas, en ningún caso elimina el efecto resocializador de la pena, que queda garantizado precisamente con el término “revisable”. Ese es el término que se introduce para mantener el efecto resocializador de la pena.

Supresión de términos jurídicos indeterminados. No sé a qué se refiere, pero le diré, señoría, que se va a admitir la enmienda a la que se ha referido el senador del Grupo Parlamentario Socialista, la número 600, que hace referencia al artículo 81, aunque debería ser al artículo 80 porque plantea fundamentalmente la supresión del artículo 150 introducido en la reforma del texto y podríamos decir que introduce, efectivamente, una serie de elementos indeterminados. Pero usted no ha hecho alusión a los apartados, sino una alusión igualmente indeterminada a la supresión de términos jurídicos indeterminados en el texto, por lo que no puedo contestar uno por uno o con algún tipo de argumento a los conceptos a que se refiere el Grupo Parlamentario Vasco cuando habla de términos jurídicos indeterminados porque, como digo, creo que en eso su intervención ha sido un tanto indeterminada.

Habla usted del maltrato de animales. Si hay algún texto que ha introducido, que ha mejorado, en este caso el trato a los animales, creo que ha sido esta reforma del Código Penal, en muchos casos por la aportación del resto de los grupos en el Congreso de los Diputados, mejorándose el rechazo a las conductas de abandono e incluso de explotación sexual de los animales.

En cuanto a la corrupción, creo que en esto tenemos que ser todos claros. La voluntad de todos los grupos políticos está precisamente en dar un ejemplo y en recoger las demandas sociales que nos exigen en estas conductas rechazables, no solo la sociedad, sino todos los que nos dedicamos a la cosa pública. También a través de enmiendas que presenta el Grupo Popular en el Senado se mejora la descripción de los tipos en cuanto a los delitos de corrupción en los negocios o actuales delitos de corrupción entre particulares, los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, etcétera, y se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas. Por lo tanto, creo que en este aspecto se mejoró mucho en la tramitación del Congreso, y aquí vamos a intentar seguir mejorando todas las sanciones posibles a este tipo de conductas.

He de decir al Grupo Parlamentario Vasco –y con esto termino la intervención– que no ha hecho referencia a ningún apartado concreto del texto remitido por el Congreso; que de todas sus enmiendas, las que se refieren al modelo político penal o al modelo político de política criminal, como es lógico, no vamos a admitir ninguna, como puede ser la supresión de la permanente revisable. Y ya que ha hecho alusión a una enmienda transaccional en la que ustedes proponían la supresión del preámbulo, le diré que en el preámbulo se habla de más cosas que de la prisión permanente revisable. Usted pide la supresión del cien por cien del preámbulo, y podían haber presentado una enmienda con un texto alternativo al preámbulo y no solo una enmienda de supresión. No le parece adecuado que nosotros le planteemos ahora una transaccional porque sigue apareciendo la pena permanente revisable. Como he dicho, creo que eso es una opción política. Es evidente que nosotros con la modificación del preámbulo no vamos a dar marcha atrás en la introducción de esta figura. Además, tampoco es una buena práctica la supresión de todo, porque no todo estará mal en el preámbulo, y hubiera sido posible una enmienda con un preámbulo alternativo.

En segundo lugar, me gustaría contestar brevemente a la representante de Convergència i Unió. Han introducido en el Senado nuevas enmiendas en relación con algunas cuestiones interesantes que en estos momentos no vamos a admitir, como son las referidas a la xenofobia, e incluso algún agravante en casa habitada aislada, puesto que en nuestro proyecto ya figuran los delitos de hurto o robo cometidos en el medio rural.

En alguna enmienda, como la 951, ustedes proponían la supresión de tasas judiciales para reclamar indemnización por daños por la vía civil, y a través de la modificación de la Ley de tasas no solo quedaría aprobada su enmienda, sino que las reclamaciones en vía civil por personas físicas no es que vayan a estar o no exentas, sino que no van a estar sujetas a la tasa. Por tanto, entiendo que esa enmienda quedaría asumida por las nuevas medidas anunciadas y publicadas por el Gobierno, al igual que la duración del proceso judicial máximo de cinco años, que supongo que se refiere a la instrucción del proceso penal, en el que ya se anuncia para determinados tipos de conducta la limitación de los periodos de instrucción en función de la gravedad de los tipos. Por consiguiente, creo que en esos ámbitos hemos avanzado en lo que a ustedes les parece interesante. Aun así, le digo que vamos a seguir estudiando hasta el Pleno algunas cuestiones planteadas por su grupo en las enmiendas del Senado para intentar llegar a una transacción.

Al senador Arcadio, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, le diré que me voy a centrar, porque no quiero reiterar el debate del Congreso. Como consta en los diarios de sesiones, se ha trabajado mucho, y como ha dicho mi compañera esta mañana, se han admitido más de 300 enmiendas. Ha habido casi un 37 % de transacciones y de aceptación de enmiendas en el Congreso.

Usted preguntaba esta mañana qué catedrático de Derecho Penal o quién avala este tipo de reformas. Creo que solo hay que remitirse, como ha hecho usted hoy en su intervención, a las distintas comparecencias en el Congreso de los Diputados, a los distintos informes y a lo que ya hacen todos los catedráticos de Derecho Penal, que son sus publicaciones. Por lo tanto, está en la opción de cada uno saber quién es más favorable o quién no lo es a determinadas figuras introducidas en el Código Penal.

De las dieciséis enmiendas nuevas que han planteado ustedes en el Senado, vamos a admitir, como ya he anunciado en mi intervención, las números 600 y 616, que coincide con alguna enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

En cuanto a las enmiendas que han planteado ustedes, me refiero tanto a las nuevas como a las que no afectan –como he dicho anteriormente y como hemos hablado usted y yo esta mañana– al modelo por el que optamos cada uno de los grupos, al modelo de política criminal y de Código Penal. Una enmienda por la que tenían ustedes mucho interés, la número 677, que ha defendido usted, se refiere no solo a extranjeros y a personas mayores, sino a personas que por cualquier motivo, a veces con ocasión de delitos o por impugnaciones urbanísticas, han llegado a ser propietarios de una vivienda o poseedores de buena fe, y, sin embargo, se resuelve el contrato.

El presidente me avisa de que se me agota el tiempo, así que voy a terminar. Efectivamente, esa realidad social exigiría una intervención. Yo entiendo que es de mucha dificultad, tal y como está planteada a través de esta enmienda, porque en ningún caso sería una responsabilidad civil derivada del delito, sino que, a priori –y se lo digo yo sin haber estudiado profundamente la materia−, estaríamos hablando de una indemnización por demolición o de una especie de justiprecio. Por lo tanto, no sería una responsabilidad civil derivada de la propia conducta delictiva. Vamos a trabajar en ello a ver si conseguimos dar solución a esas situaciones. Le diré que está en nuestro ánimo seguir trabajando para admitir más enmiendas de cara al Pleno y para plantearles a todos los grupos –espero estar en condiciones, si no es hoy, mañana, de poder entregárselas− una serie de enmiendas transaccionales que probablemente no van a dar satisfacción a la pretensión de todos los grupos, pero que en algunos casos van a mejorar mucho el texto y en otros van a ser buenas para la coherencia del modelo de Código Penal que entendemos es necesario.

Y en relación con la cuestión en la que ha hecho hincapié el Grupo Parlamentario Socialista, le diré que protege y ayuda a los más necesitados y a algunas víctimas mucho más vulnerables en estos momentos, y sanciona las conductas más rechazables con mayores penas.

Por lo tanto, mi grupo va a aprobar, como es lógico, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, salvo la número 4, relativa a la anorexia y a la bulimia, que ha defendido el representante del PAR, porque queremos que siga viva a efectos del Pleno. Por consiguiente, mi grupo va a votar a favor de las enmiendas que he dicho del Grupo Parlamentario Socialista y del resto de enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, aunque eso debo decirlo en el siguiente turno.

Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Armisén.

Tiene la palabra la senadora De Haro Brito.
La señora DE HARO BRITO: Muchas gracias, señor presidente.

Me voy a encargar básicamente de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto: números 1 a 101, de los senadores de Izquierda Unida, excepto la número 4, ya defendida por el Partido Aragonés; 736 y 742; 102 a 107 del senador Martínez Oblanca; 453, de Coalición Canaria, y 454 y 519, de la senadora Capella; en total 65. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto hacen un total de 180 enmiendas. Por otro lado, el Grupo Parlamentario Entesa ha presentado un total de 348 enmiendas, concretamente las números 108 a 452 y 520 a 523.

En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular quiere solicitar una aclaración. Estamos dispuestos a aceptar una enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, concretamente la número 183, pero creemos que existe una confusión. La enmienda 183 propone la supresión del apartado ochenta y uno –lo digo literalmente− del artículo único, que modifica el artículo 150. Entiendo que existe un error: cuando habla del apartado ochenta y uno, se refiere al ochenta. Si puede comprobarlo y lo corrobora, podríamos corregirla. Como le digo, creo que en la enmienda 183 hay una confusión, porque en vez del apartado ochenta y uno, se refiere al ochenta. (El señor Saura Laporta: Sí, es ochenta.) ¿Podemos darla por corregida entonces? (Asentimiento). Pues con esta corrección: en vez de ochenta y uno, ochenta, aceptamos la enmienda 183, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

También estamos en disposición de transaccionar –el texto ya se lo he pasado al senador de Entesa− la 413, del Grupo Parlamentario Entesa, que coincide con la número 83, del Grupo Parlamentario Mixto. En concreto, se refiere al apartado doscientos cuarenta y tres del artículo único que modifica el artículo 556.

Igualmente, proponemos transar las enmiendas 34, del Grupo Parlamentario Mixto, y 367 del Grupo Parlamentario Entesa, que coinciden. Les pasaré los textos porque se refieren al punto 1 del apartado noventa y dos del artículo único, concretamente al 177 bis del Código Penal. Todo esto sin perjuicio de que cuando terminemos la comisión les entreguemos más textos sobre otras posibles enmiendas transaccionales, otros artículos y otras enmiendas de Entesa. En concreto, me refiero, entre otras, a las enmiendas 332, 333, 216, 383, 521, 522 y 413, pero ya les pasaremos el texto para ver si hay posibilidad de transacción de aquí al Pleno.

Y paso a responder a lo que ha señalado en esta comisión el representante de Entesa, que ha alegado cinco motivos fundamentales para resumir la temática de las enmiendas presentadas al articulado. En primer lugar, señala que no había informe del Consejo General del Poder Judicial, y tengo que recordarle que, precisamente con fecha 16 de enero de 2013, el Consejo General del Poder Judicial trató en Pleno el anteproyecto del Código Penal; previamente se había reunido y había un informe de la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial en el que se trataba de manera relevante el texto del anteproyecto. Por tanto, sí que hay informe del Consejo General del Poder Judicial. Resulta curioso porque uno de los puntos que ha mencionado expresamente el representante del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que es la prisión permanente revisable –ya lo han manifestado las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra−, es uno de los puntos que cita el Consejo General del Poder Judicial en este informe que se debatió el 16 de enero de 2013 en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Por otro lado, el representante de Entesa señala en este resumen de los motivos de su oposición y de sus enmiendas, que se sustituye el principio de culpabilidad y que uno de los principios que informa la reforma del Código Penal que ahora estamos tratando es una política penal de venganza o castigo. Sinceramente, como ya ha dicho la compañera que me ha antecedido en el uso de la palabra, la senadora Armisén, tengo que decirle que uno de los principios fundamentales o que informa el Derecho Penal es el principio de rehabilitación o de reinserción, y no solo el principio punitivo o de castigo. Este aspecto se contradice un poco con la crítica que su grupo hizo en el debate llevado a cabo en el Congreso, cuando señaló y nos criticó que el texto remitido en un inicio despenalizaba determinadas conductas. ¿En qué quedamos, en que se despenalizan determinadas conductas, de acuerdo con el principio mínimo de intervención penal, o todo lo contrario, se va a un castigo máximo? El Grupo Parlamentario Popular pretende, en este caso, adaptar la norma a los principios, entre los cuales cabe citar la rehabilitación y reinserción, y sobre todo la proporcionalidad de los castigos en materia de penalidad penal.

También se ha hecho referencia a la supresión del apartado 3 del artículo 305. Ha mencionado las coacciones, artículo 172, y yo quiero recordar que en la anterior modificación del Código Penal fueron precisamente otros partidos, no el Partido Popular, los que introdujeron el artículo 315 del Código Penal. Precisamente en ese momento el Partido Popular quiso modificar el Código Penal, la reforma, y la penalidad de las conductas punibles que ahora es cierto que se revisan en la parte que el Grupo Parlamentario Entesa quiere que se elimine, concretamente el apartado 3 del artículo 305, en la parte que toca del artículo 172, de las coacciones, porque entendemos que es proporcional y conforme a una de las finalidades fundamentales del Código Penal; finalidades que hoy por la mañana ha expuesto la senadora del Grupo Parlamentario Popular.

Entre las enmiendas que se presentan hay un grupo que el Grupo Parlamentario Popular no puede aceptar porque muchas de ellas coinciden con algunos contenidos introducidos precisamente en esta reforma del Código Penal. Muchísimas de las enmiendas, tanto del Grupo Parlamentario Mixto como del Grupo Parlamentario Entesa son de supresión, y precisamente pretenden suprimir contenidos que el Grupo Parlamentario Popular considera esenciales. En concreto, entre las reformas asumidas y presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, la 955 afecta al preámbulo, también la 320 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y, por tanto, es contradictorio. No podemos aceptar la 320 de Entesa; tampoco la 6 del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

La enmienda 957, que presenta el Grupo Parlamentario Popular, coincide con las números 138, 331 y 332, del Grupo Parlamentario Entesa, y afecta al artículo único, apartado veintinueve. La contradicción entre el contenido introducido por el Grupo Parlamentario Popular y lo que estiman el Grupo Parlamentario Entesa y el Grupo Parlamentario Mixto hace imposible su aceptación.

La enmienda 958 se refiere al artículo único, apartado treinta y uno, y coincide con las enmiendas números 12 y 13, del Grupo Parlamentario Mixto, y 140, 333 y 334, del Grupo Parlamentario Entesa, y por ser contradictorias no podemos asumirlas.

La enmienda 961, del Grupo Parlamentario Popular, afecta al apartado cuarenta y siete del artículo único, y también la 22, del Grupo Parlamentario Mixto, y la 348, de Entesa.

Estos ejemplos demuestran que no podemos aceptar contenidos que van en directa contradicción con nuestras enmiendas, porque aceptarlos supondría la supresión o la modificación de aspectos fundamentales que ahora pretende modificar el Grupo Parlamentario Popular.

No obstante lo señalado y teniendo en cuenta cuáles son las prioridades, manifestadas hoy, para no ser reiterativa, voy a señalar que vamos a seguir con la voluntad que el Grupo Parlamentario Popular ya ha manifestado en el Congreso al aceptar, ni más ni menos que 327 enmiendas. Hemos de tener en cuenta que en el Congreso se presentaron 888 enmiendas, menos que las que se han presentado en el Senado, que son 1044 en total, y el hecho de que de las 888 se hayan admitido o aceptado un tercio expresa –es un 37 % del total de enmiendas− el ánimo y la voluntad del Partido Popular de aprobar el mejor Código Penal que se merece la ciudadanía.

Por tanto, aspiro a que a lo largo de la tramitación parlamentaria, de aquí al Pleno, podamos aceptar algunas enmiendas –que ahora les pasaremos para que las puedan estudiar con detalle–, siguiendo la senda del diálogo que el Grupo Parlamentario Popular ya ha puesto de manifiesto tanto en la tramitación en el Congreso como aquí.

Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora De Haro Brito.

Turno de portavoces.

Senadora Capella, ¿va a hacer uso de la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

La senadora Armisén justificaba el mayor reproche punitivo como una evolución del Código Penal sobre la base de un mayor rechazo social. A partir de ahí –y después intentaré responder a ese planteamiento− hacía una serie de valoraciones y apreciaciones sobre la justificación de nuestras enmiendas, que he defendido anteriormente. Cuando nosotros planteábamos que la reinserción social se penaba y que no se desarrollaba el concepto de resocialización o de reinserción nos basábamos en análisis y estudios que dicen que a partir de quince años la persona que está en prisión modifica su carácter, su manera de ser, y a partir de veinte, entra ya en otro proceso perjudicial para la psique, la salud, etcétera, y sobre esa base nosotros hemos justificado que no entendemos que cuarenta años en prisión sea una idea de reinserción, de resocialización o de reintegración en la comunidad. Que la senadora o el Grupo Parlamentario Popular entiendan que estar cuarenta años en prisión es un proceso de reinserción o de resocialización, eso sí que es ideología.

Me ha pedido mayor concreción respecto de mi comentario de que algunas enmiendas se basan en que valoramos como indeterminados algunos artículos. Nos referíamos a las enmiendas 776 y 777, que se han introducido aquí, en el Senado, y a la utilización de conceptos como injustificadamente o gravemente.

Al referirse al maltrato de animales, la justificación para no aceptar ninguna enmienda ha sido que ya se había hecho una mejora en el Congreso. Y me parece bien, pero no sé si esa es suficiente razón, al menos con respecto al maltrato animal. Y le pongo como ejemplo –y le voy a concretar para que después no me diga que no lo hago− la enmienda número 778, en la que decimos que tiene que haber un mayor reproche penal en el caso de que hubiera muerte del animal. Y en ese sentido tenemos otras enmiendas, como la 777, la 776, etcétera.

Con respecto a la corrupción –y vuelvo un poco a la reflexión de la señora Armisén cuando decía que hay un mayor reproche punitivo porque también hay un mayor rechazo social–, mi pregunta es si en la corrupción no ocurre esto, y para que no me diga que no le concreto cuando hablamos de corrupción le remito a las enmiendas números 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 812, 816, 817, 818, 819 y 820. Pero como no les quiero aburrir, me referiré a la enmienda número 785, en la que se habla de funcionario público o autoridad que influye en otro funcionario público o autoridad “prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.” Es ahí donde nosotros proponíamos un reproche penal mayor, porque el Grupo Parlamentario Popular mantiene el mismo reproche penal que se daba en el Código Penal del 95. Eso es lo que queremos decir. Cuando nosotros hablamos de corrupción, por supuesto que queremos ser claros. Basándonos en la justificación que daba el grupo mayoritario de que si hay un mayor clamor social debe haber un mayor reproche penal, nosotros entendemos que así debe hacerse en este sentido.

No me ha contestado nada sobre la sustracción interparental de menores. Por si acaso también le voy a concretar las enmiendas, que son dos, referidas a los artículos 224 y 225 bis, que tampoco estaban en el Congreso.

En cuanto a la transaccional, no me parece normal que nos diga cómo tenemos que presentar una enmienda, y de la misma forma entiendo que si el grupo proponente de una transaccional nos remite un documento lo hará en aras de llegar a un acuerdo, y en tal caso tiene que haber elementos en común que lo hagan posible. Y a su vez entiendo que no se ha escogido el mejor ejemplo, la enmienda número 743, que se refiere a la prisión permanente revisable, habiendo muchas otras para poder transar. Entendiendo también que el grupo mayoritario no quiera acuerdos ni transaccionales con respecto a la prisión permanente revisable. Y lo doy por bueno, pero insisto en que puede haber otras razones, otros motivos y otras enmiendas en las que podemos llegar a algún acuerdo.

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Intervendré de forma muy breve, en primer lugar, para decir que leeremos con mucha atención las propuestas transaccionales para ver si es posible llegar a algún acuerdo.

En segundo lugar, es cierto que el Consejo General del Poder Judicial hizo un primer informe sobre un anteproyecto de Código Penal, pero posteriormente dicho anteproyecto cambió prácticamente todo, hasta el punto de que el propio Consejo de Estado señala este aspecto y dice que hubiera sido necesario otro informe del Consejo General del Poder Judicial en la medida en que el proyecto había cambiado.

En cuanto a la prisión permanente revisable, todos estamos de acuerdo hoy aquí de palabra en que el objetivo de la política penal es la reinserción. Pero si yo preguntara: ¿En estos veinte años, en que se han producido, con esta, 29 reformas del Código Penal, cuántas reflexiones y cuántos datos ha traído el Gobierno sobre qué pasa con la reinserción?, la cifra sería prácticamente nula. Extraña que presenten ustedes un proyecto de reforma, de endurecimiento, quiéranlo o no, que no tiene ningún soporte de catedráticos de Derecho Penal, de entidades ni de partidos políticos, y que no haya ninguna reflexión sobre lo que está pasando con la reincidencia y la reinserción. ¿Qué está pasando? Posiblemente, si viéramos lo que está pasando no tendríamos ante nuestros ojos esta propuesta de reforma del Código Penal.

Por tanto, insistimos en que no estamos de acuerdo con la propuesta del Código Penal. Yo coincido en que es una cuestión ideológica, pero me parece bien, porque parece que últimamente el tema ideológico sea algo malo, y para mí no lo es; es bueno. Y como he dicho antes, creo que la prisión preventiva provisional, la Ley de seguridad ciudadana y las otras modificaciones ponen de manifiesto un modelo de sociedad con el que no estamos de acuerdo: con menos derechos, menos libertades, más autoritaria y más represiva.

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra la señora Rieradevall.


FIN
Justicia

Turno 10


María José

3.3.15


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