Borrador de la comisión de justicia celebrada el 3 de marzo de 2015



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Para terminar, simplemente quiero señalar que se ha hecho referencia al retraso. Me van a permitir que diga que en esta norma creo que es una crítica injusta, en primer lugar, por la capacidad normativa que viene desarrollando el Gobierno y estas Cámaras. Hoy, somos testigos del intenso trabajo, en ponencia y en comisión, llevado a cabo en varios textos legales y también de la profusa labor legislativa que se viene realizando desde el comienzo de la legislatura.

En segundo lugar, tengo que señalar que, como miembro adscrita a la Comisión Mixta para la Unión Europea, en continuas comisiones estamos elaborando informes de subsidiariedad e informes de proporcionalidad que deberían haber sido emitidos bajo el mandato del Gobierno anterior, pero no con meses de retraso, sino con muchos años de retraso. Por tanto, es justo reconocer la intensa labor legislativa que este Gobierno y estas Cámaras están llevando a cabo en esta legislatura. Es justo reconocerlo y vamos a quedarnos con el acuerdo que existe en la necesidad de esta norma que ahora tratamos y, sobre todo, con la considerable mejora que va a suponer para los derechos de los sospechosos y acusados, término que utilizan las directivas, y de las personas que son detenidas en cuanto a las garantías de sus derechos.

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora De Haro.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.

(Núm. exp. 621/000108)

AUTOR: GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Como votaremos a partir de las 2, pasamos al punto 3 del orden del día: dictamen del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

A este proyecto de ley se presentaron 7 vetos y 1044 enmiendas, 7 de las cuales, las números 70, 71 y 72, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto; la 188, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la 606, del Grupo Parlamentario Socialista y las 968 y 969, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, fueron posteriormente retiradas.

Vamos a pasar, por lo tanto, a la defensa de estas propuestas de veto.

En primer lugar, la propuesta de veto número 4, presentada por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Señora Capella, tiene usted la palabra.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Intervengo muy brevemente para defender el veto y lo haré sin perjuicio de que lo haga en el Pleno en el que se vaya a debatir la reforma del Código Penal. Desde Esquerra Republicana entendemos que es una reforma acuñada desde el populismo punitivo, que, por un lado, supone un agravamiento constante de las penas, es una manera de acallar las voces de determinados medios de comunicación y, por otro lado, en relación con determinados tipos de delitos continúa siendo complaciente, en este caso, por ejemplo, con el blanqueo de dineros. También introduce figuras tan regresivas como la cadena perpetua, eso sí, bajo un nombre distinto para burlar su posible inconstitucionalidad; introduce reformas de medidas de seguridad, desvinculándolas de la pena, incluso les infunde un contenido más gravoso que la propia pena; introduce la conversión de la mayor parte de las faltas en delitos. En definitiva, en lugar de un sistema jurídico penal de actos y culpabilidad, nos proponen un sistema de autor y peligrosidad mucho más propio de regímenes poco democráticos.

25 reformas del Código Penal, una espiral de punición y aumento de penas que desde el punto de vista de Esquerra Republicana es a su vez una espiral peligrosa que provocará mayor colapso judicial, mayor hacinamiento en las cárceles y que, en definitiva, tampoco responderá ni a las necesidades de seguridad que nos demanda la ciudadanía ni a las estadísticas de los delitos que año tras año se publican y que consideramos que es un derecho penal de castigo y no un derecho penal de reinserción.

Por eso, defendemos el veto con estos y otros motivos más existentes y que Esquerra Republicana defenderá en el Pleno en el que se debata el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal.

Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

Como representante del Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Capella para la defensa de la propuesta de veto número 1, presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.


La señora CAPELLA I FARRÉ: En el mismo sentido, doy por defendido el veto presentado por los representantes de Izquierda Unida, sin perjuicio de que ellos lo defiendan en el Pleno en el que se debata la reforma del Código Penal.

Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Propuesta de veto número 2, presentada conjuntamente por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Dos razones para defender el veto: una procedimental y otra de fondo. La primera es que nos encontramos con un proyecto de ley que, de hecho, no ha pasado por el Consejo General del Poder Judicial, es decir, pasó un texto, se modificó ese texto prácticamente en su totalidad y, por tanto, viene aquí una ley que algunos califican como el negativo de la Constitución sin haber pasado un trámite importante de control de la constitucionalidad de esta ley.

En relación con el segundo punto, con el tema de fondo, no hace falta que les recuerde a ustedes -porque lo saben mejor que yo- que el objetivo final de la política penal es la reinserción del delincuente a la sociedad, que significa dos cosas: una mínima intervención, y solo cuando sea imprescindible. Esto ha ido derivando a una sustitución de las políticas sociales por una política judicial, dicho de otra manera, se intentan resolver problemas sociales con justicia penal, cuando la realidad de las cifras –antes se ha dicho por la portavoz del Grupo Mixto− dicen lo contrario. Es decir, España es uno de los países con más baja criminalidad -45 delitos por 1000 habitantes-, cuando Alemania está en 76 y la media de la Unión Europea en 70, y tenemos la mayor población encarcelada -159 personas por 100 000 habitantes-, cuando en la Unión Europea está en 96, y desde hace tres años, en los muestreos del CIS, está colocada la preocupación de la ciudadanía por la inseguridad ciudadana en el número 11 o 12.

Por lo tanto, este Código Penal no tiene como dinámica conseguir el objetivo de reinserción de los delincuentes, sino que aumenta las penas y las amplía. Dos ejemplos: uno, la prisión preventiva revisable. No es cierto que otros países tengan cadena perpetua con más años que la que se prevé aquí. Pero además, hay un artículo de la Constitución -el artículo 15 si no recuerdo mal- que habla de que no se pueden inferir penas inhumanas. La pregunta es: ¿Qué pena inhumana existe mayor que la cadena perpetua? No existe ninguna, solo la pena de muerte. Por lo tanto, a nuestro entender este artículo es inconstitucional.

La segunda razón de fondo es una idea que nuestro grupo defendió hace pocas semanas en el Pleno del Senado: la supresión del punto 3 del artículo 315 del Código Penal, que hace referencia a las coacciones en las huelgas. Expliqué entonces y lo haré también en el Pleno que esto viene del periodo de Arias Navarro, en 1976, cuando había muchas huelgas. De forma incomprensible, bueno, no, de forma comprensible, se intentó poner en el Código Penal una particularidad de la coacción, la coacción por las huelgas. Pedimos la supresión. El ministro había anunciado, junto al fiscal general del Estado en el Congreso, y algunas sentencias, que este artículo se suprimiría, pero lo único que se hace ahora es cambiar el tipo de condena. Antes era, como mínimo, de tres años, y ahora creo que es de un año y medio a tres años. Pedimos, por tanto, la supresión de este artículo.

Estas son las razones por las que nosotros presentamos el veto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Entiendo que también da usted por defendida la propuesta de veto número 3 presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García. (Asentimiento).

Pues muchas gracias, senador.

Propuesta de veto número 6 del Grupo Parlamentario Vasco.

Tiene la palabra el senador Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Probablemente este proyecto de ley que afrontamos en estos momentos sea uno de los proyectos de ley más importantes que hayamos tenido y vayamos a tener en toda la legislatura. Por ello nos cuesta entender que por parte del grupo mayoritario no haya habido una búsqueda de acuerdo con el resto de grupos parlamentarios. Y cuando digo que no haya habido una búsqueda me refiero a que no ha habido ni una llamada de teléfono para decir si es posible o no es posible el encuentro. Por tanto criticamos, además del procedimiento que he comentado al inicio de esta comisión, que el grupo mayoritario no haya intentado buscar en el resto de grupos mayores complicidades, mayores aportaciones en un tema tan importante como es la reforma del Código Penal. A fin de cuentas estamos legislando sobre el sistema punitivo del cual se dota la sociedad para regular el comportamiento que ha de tener la comunidad dentro de la misma. Se trata de un texto que únicamente persigue una función vengativa de la pena. Ese debate entre seguridad ciudadana y derechos comenzó el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos –aunque ya se inició previamente, pero con más fuerza a partir de dicha fecha−, pero aquí es evidente que en estos momentos la seguridad ciudadana se sobrepone a estos derechos. Coincido con la representante de Esquerra cuando dice que no le importa al grupo mayoritario la búsqueda del acuerdo porque lo único que persigue es un posicionamiento fácil de cara a las próximas elecciones, lo que nos parece algo ciertamente irresponsable.

Nosotros tenemos que buscar una responsabilidad para con un modelo garantista del cual nos hemos dotado, porque la seguridad no lo es todo, hay otra serie de derechos y de principios que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el principio de humanización de la pena, que, además de manifestar el componente de peligrosidad respecto del procesado y del sentenciado, tiene que buscar la reducción y la rehabilitación social como principio del artículo 25 de la Constitución. Y el presente proyecto de ley, al cual estamos presentando este veto, está negando el sistema de derechos y valores que la Constitución promueve, específicamente, tal como he comentado, la orientación a la reeducación y la reinserción social de las penas, que son incompatibles con la denominada prisión permanente revisable o el eufemismo de la cadena perpetua -porque no es otra cosa que la cadena perpetua-, algo de lo que renegaron en su momento los constituyentes. Sin embargo, ahora, sobreponiéndose a todo ese debate, el grupo mayoritario lo que hace es establecer la cadena perpetua para una serie de causas y situaciones.

Entendemos que hay una serie de preceptos de la Constitución que son totalmente negados a través de este proyecto de ley. Así, por ejemplo, la Constitución, en su artículo 9.3, exige que las penas no sean inciertas, y evidentemente, aquí lo son a la hora de definir una pena revisable, perpetua revisable o permanente revisable, algo totalmente incierto. Otro principio de la Constitución es que no atenten contra la dignidad humana -artículo 10-, que no resulten inhumanas -artículo 15- y tal como hemos comentado, que se mantenga ese principio, ese mandato constitucional de la reinserción de las penas -artículo 25.2-. Además, principalmente se aumenta el reproche penal a excepción de una serie de situaciones en las que, en nuestra opinión, se imponen una penas que son en exceso leves, con lo cual, entendemos que no van a cumplir su finalidad (por ejemplo, el delito de violencia de género en los supuestos en los que se cause menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad, estableciendo una pena de prisión de seis meses a un año; o en relación con el acoso, con penas particularmente leves de tres meses a dos años para conductas tan graves como la persecución, búsqueda de cercanía o uso indebido de los datos personales y otras que atenten contra la libertad del acosado; o la conducta consistente en obligar a menores de 16 años a participar en comportamientos de naturaleza sexual, con penas que, en nuestra opinión, aparentan ser muy escasas.) Los delitos de corrupción política no son en nuestra opinión objeto de una regulación innovadora y, además, en determinados casos continúan siendo de un reproche penal verdaderamente bajo. No acabamos de entender cuál es la finalidad de ese reproche penal tan leve.

Finalizo diciendo que no podemos avalar una norma cuyo ajuste a los principios generales de los derechos y libertades fundamentales, configurados por los convenios o tratados sobre derechos humanos suscritos por el Estado español y el propio sistema de derechos y libertades de la propia Constitución, resulta discutible al hacerlo a través de las adaptaciones y decisiones que se adoptan en este proyecto de ley. Somos muy críticos con el contenido, pero también con todo el procedimiento y con las maneras. No se busca acuerdo alguno para con el adversario político con el objeto de mejorar este texto. Lo que se busca es una pena mucho mayor, cuando lo necesario hubiera sido justamente lo contrario: la búsqueda de una resocialización, de que todos podamos integrarnos en una comunidad de una manera mucho más cómoda.

Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Tiene la palabra la señora Rieradevall.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Mi grupo ha mostrado desde el principio su oposición al mismo por cuestiones sustantivas de fondo, porque este proyecto de ley profundiza en una determinada política criminal que se aleja del modelo que defiende mi grupo parlamentario y en determinados aspectos también se aleja de las tendencias en política criminal que otros países de nuestro entorno más directo están llevando a cabo. Consideramos que esta reforma debe calificarse de populista y electoralista y que no resolverá los verdaderos problemas de la justicia penal en España.

Tenemos que sumar nuestro rechazo por la forma en que se ha tramitado este proyecto de ley. Estamos ante una reforma exprés totalmente inaceptable, tratándose de un proyecto de ley de esta trascendencia que afecta a gran cantidad de artículos del Código Penal y al conjunto del sistema penal. Este Gobierno y el grupo que le sustenta han utilizado este proyecto de forma totalmente partidista entendemos que para limpiar su imagen de pasividad en la lucha contra la corrupción, y lo hacen precisamente a pocas semanas y meses de unas elecciones.

Una reforma como esta, que abarca desde la supresión de las faltas a la introducción de la prisión permanente revisable, pasando por cuestiones de muy diversa índole en la parte especial, merecía una tramitación pausada, serena y consensuada, todo lo contrario de lo que ha sucedido y de lo que está ocurriendo. Esta reforma exprés también ha supuesto que el Gobierno haya introducido en el proyecto de ley importantes cambios en el texto inicial mediante las enmiendas al articulado formuladas por el Grupo Parlamentario Popular, que naturalmente no han sido informadas por el Consejo General del Poder Judicial y que han quedado incorporadas en el informe de la ponencia, tanto en el trámite del Congreso como en el caso de las 91 enmiendas introducidas en el informe de ponencia de esta Cámara.

Aparte de estas cuestiones de forma, no podemos compartir la iniciativa por motivos de fondo. Este proyecto de ley no era necesario. Nuestra oposición continúa fundamentándose en lo que supone esta reforma: la construcción de un nuevo modelo de Estado policial apoyado en un derecho penal que se basa en la hipertrofia punitiva y en el que los valores sociales y democráticos quedan en un segundo plano.

Quiero dejar constancia en relación con el incremento de tipos penales de nuestra también oposición respecto a la supresión de faltas del Libro III del Código Penal. Esta supresión está guiada, según la exposición de motivos del proyecto de ley, por el principio de intervención mínima, que compartimos, y la respuesta a algunas de ellas mediante sanciones administrativas y civiles que cumplen con el objetivo de eficacia de la justicia penal. Aun así, algunas de las conductas que estaban descritas como faltas, conductas leves o levísimas pasan a ser consideradas delitos. De las 39 conductas tipificadas como faltas existentes en el actual Libro III del Código Penal, solo 14 han sido suprimidas en el proyecto de ley. Hay una serie de conductas que no sufren ninguna variación en cuanto a la acción típica, pero sí la sufren en cuanto a su punición, porque pasan a ser penadas como delitos. No conocemos el criterio que el Gobierno ha seguido para la supresión de algunas faltas y la conversión de otras en delitos. La supresión de las faltas va a dificultar además que víctimas de alguno de los supuestos puedan ser indemnizadas en algunas situaciones, obligándoles en muchos casos a acudir a un procedimiento civil al dejar sin efecto lo que sería el auto de cuantía.

Voy a concluir intentando resumir el espíritu de esta reforma, que es de un endurecimiento penológico extremo y con unos importantes matices ideológicos. Es más que evidente que la mayoría de fuerzas políticas representadas en esta Cámara no comparte esta reforma. El Código Penal es, sin duda, una ley importante: afecta a derechos fundamentales de las personas y requiere de grandes dosis de responsabilidad, de moderación y de voluntad de diálogo, algo que a fecha de hoy desgraciadamente no percibimos.

Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall.

Propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

El senador Rodríguez Esquerdo tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Intentaré ser breve y trasladaré mi intervención al debate plenario.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta este veto devolutivo porque –y ustedes lo saben, señorías− el Código Penal es una de las leyes más importantes que un Parlamento democrático puede aprobar -viene a determinar el ius puniendi del Estado- y por esto, solamente por esto, este proyecto de ley debería haber conseguido el mayor consenso posible, pero, visto lo visto, vista la presentación de los vetos y vista la actitud del Partido Popular, es evidente que va a ser que no. Va a ser que no, y una vez más se va a demostrar que hemos perdido otra oportunidad de debatir con rigor y con sentido común un proyecto de ley tan importante como este. Prácticamente, en hora y media de ponencias se han desarrollado cuatro o cinco leyes de vital importancia para la democracia española, y evidentemente se ha demostrado que no hay ningún interés de consenso.

Diré en cuanto al Código Penal que asistiremos hoy al alumbramiento de un código que me da la impresión de que va a tener una vida bastante efímera. No han tenido en cuenta a los especialistas, ni la elaboración jurisprudencial existente en España, ni a los tribunales, ni a los fiscales, ni a los abogados, ni a la doctrina científica, han tirado, como es habitual en el Partido Popular, por la calle de en medio, apartándose de la tradición jurídica española.

Señorías, hoy no están presentando una reforma del Código Penal, están presentando un Código Penal nuevo, un Código Penal general, el Código Penal del Partido Popular, acudiendo, como ha dicho algún interviniente anterior, al populismo punitivo para limitar derechos fundamentales de las personas. Y esto, sencillamente esto, es una temeridad, por no utilizar otros adjetivos.

De verdad, señorías, ¿ustedes piensan que hay demanda social para hacer una modificación del Código Penal? Sencillamente, la respuesta es no. Presentan un Código Penal que sobrecargará aún más la Administración de justicia penal. Nos presentan un Código Penal que producirá más ineficacia en la persecución del delito y que, además, va a generar un incremento de los costes de la justicia y va a aumentar la desconfianza de los españoles en la propia Administración de Justicia. Esto no genera una sociedad más segura ni un sistema judicial más justo y eficiente. Este sistema judicial, con su Código Penal, con este Código Penal de partido, en vez de solucionar los problemas de los ciudadanos, les va a generar más sufrimiento y más descontento.

Señorías, en una sociedad madura como la española, como la nuestra, no se debería volver la vista atrás con medidas que van en contra de la historia, en contra de la evolución de la sociedad e incluso en contra de la propia biología, y esto es lo que ustedes van a hacer hoy y lo que harán la próxima semana en el Pleno. Con su texto la discrepancia es perseguida, criminalizan el descontento social e incluyen penas sin límites temporales. La libertad vigilada, con los vaivenes del ahora sí y ahora no, presento una enmienda, la quito, ahora vamos a buscar una transaccional, agravan las penas innecesariamente, amplían el campo de los diferentes delitos, menos, como decía el señor Bildarratz, en la lucha contra el terrorismo, donde seguimos siendo tibios.

Acuden al populismo con la prisión permanente revisable y demuestran tener miedo a llamar a las cosas por su nombre, a llamar a la prisión permanente revisable cadena perpetua, que es lo que es y lo que ustedes traen a este texto.

Hacen desaparecer las faltas, lo que, lejos de discriminalizar, supone otra restricción de derechos a los españoles.

Invierten la carga de la prueba, y ya no hablemos de lo de dar el consentimiento sexual o de las protestas sociales en la calle.

Sustituyen la culpabilidad por la peligrosidad y –y con esto acabo, presidente− traen una reforma, no, un Código Penal nuevo, innecesario y absolutamente ultraconservador que recorta los derechos y las libertades de los españoles. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista presenta este veto.

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Esquerdo.

Después de la defensa del veto, cabe un turno en contra.

La señora Franco tiene la palabra.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: Sí, señor presidente. Muchas gracias.

Señorías, creo que coincidirán conmigo en que el fin general del derecho penal es proteger a la sociedad frente a las conductas que más gravemente atentan contra los intereses sociales, pero las conductas que se prohíben y los intereses que se protegen evolucionan, porque la sociedad evoluciona. Por esa razón hoy en esta Cámara participamos en la tramitación de esta nueva reforma del derecho penal de nuestro país; por esa razón abordamos el debate de una nueva reforma de la ley orgánica que regula el Código Penal. No se trata de populismo punitivo, no se trata de electoralismo, sino de llevar a cabo una reforma necesaria -sí, señorías- que responde a la demanda social de reformar el Código Penal. Y lo que va a generar no es más desconfianza, sino más confianza de los ciudadanos en nuestra justicia y en particular, en nuestra justicia penal.

Voy a responder a continuación a los principales argumentos que sus señorías han puesto de manifiesto en la defensa de sus vetos, anticipándoles ya que por supuesto vamos a votar en contra de los mismos.

Varios de los ponentes han hecho referencia a que la reforma que hoy traemos a la Cámara, que hoy debatimos −que lleva además ya un período de tramitación largo de más de un año en ambas cámaras-, lo que hace es proponer o llevar a cabo un endurecimiento general de las penas. Sí quiero destacar a este respecto que nuestra reforma, la reforma que traemos, no supone en ningún momento este endurecimiento general de las penas, sino que viene a establecer un nuevo equilibrio en el sistema de penas de nuestro Estado -que es un Estado social y democrático de derecho-, que, por una parte, ofrece nuevas posibilidades de obtener la libertad a aquellos penados primarios y que tienen mayores posibilidades o pronóstico más favorable de reinserción y por otra parte, es más severa –es cierto- para aquellos que perpetran delitos de gravedad o que son multirreincidentes. Por ello quiero destacar de nuevo que lo que hacemos es traer a la Cámara una reforma que prevé un nuevo equilibrio en el sistema de penas -un nuevo equilibrio-, no un endurecimiento general de las penas.


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