Borrador de la comisión de justicia celebrada el 3 de marzo de 2015



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En cuanto al registro de los intérpretes, he de señalar dos cosas: una, que en el proyecto de ley se habla de listado de intérpretes, de traductores de la Administración. Creemos que es importante que quede muy claro que solo pueden ejercer estas funciones traductores e intérpretes que estén en un registro oficial, un registro profesional, que hayan tenido que superar unas pruebas. Y dos, que al mismo tiempo

respeten las competencias de las comunidades autónomas.

Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall para defender las enmiendas 19 a 22 y 24 a 33.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Las vamos a dar por defendidas, a excepción de dos que figuran en el ámbito competencial, que sería la primera nuestra, la número 19, cuya finalidad es la modificación del apartado VIII de la exposición de motivos, determinando que se creará un registro de traductores e intérpretes judiciales por parte de las administraciones competentes en justicia, como es el caso de la Generalitat de Catalunya, y no por parte del Gobierno, lo que supondría una invasión competencial. En ese sentido, en Catalunya, la competencia para regular un registro oficial de traductores e intérpretes judiciales propio correspondería a la Generalitat, de acuerdo con el artículo 104 del Estatuto de Autonomía, así como el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y según lo que establece el Real Decreto 966/90, de 20 de julio, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Generalitat de Catalunya en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

En la misma línea, la enmienda número 32 tiene por objeto la modificación de la disposición final tercera. Consideramos que presenta problemas de constitucionalidad. La Generalitat tiene traspasadas las funciones en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, a la vez que, en ese mismo sentido, le atribuye competencias en esas materias el Estatuto de Autonomía de Catalunya, en sus artículos 103 y 104.

Por otra parte, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la comunidad autónoma, con competencia en materia de justicia, proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con independencia y eficacia. De todo lo que antecede se colige que la disposición final tercera, antes disposición adicional única del proyecto, en la medida en que atribuye en exclusiva al Ministerio de Justicia la creación y regulación del registro de traductores e intérpretes judiciales, con total omisión de las comunidades autónomas que han asumido competencias en materia de justicia, constituye una palmaria infracción de las competencias que el bloque de constitucionalidad atribuye a la Generalitat de Cataluña en este ámbito.

Por lo demás, damos por defendidas el resto de las enmiendas.

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Sen Vélez para defender las enmiendas 66 a 78.


El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista ha presentado un total de 13 enmiendas a este proyecto de ley. La verdad es que somos conscientes de la importancia que tiene este proyecto de ley. Nos hubiera gustado que el grupo mayoritario, el Grupo del Partido Popular, hubiera realizado un trabajo de mayor calado, que hubiera incluido, como no puede ser de otra manera, el sentir de los demás grupos políticos, los cuales entiendo que tan solo pretendemos optimizar la norma garantizando al máximo los derechos de los ciudadanos.

En ese aspecto, quiero incidir en que el Grupo Parlamentario Popular ha perdido una ocasión excepcional para transponer estas dos directivas, que, además —como también se ha indicado por otros portavoces—, son más técnicas que políticas, con el apoyo de todos los grupos y sacar adelante una ley que, aunque es tardía, estaría respaldada por el consenso. Se ha perdido la coyuntura para obtener una norma completa, una norma garantista de los derechos de los ciudadanos y perdurable en el tiempo, un camino fácil que el Grupo Popular no ha querido recorrer.

La propuesta de transaccional que nos ha hecho el senador Arias —queremos dejar constancia de ello— no la hemos firmado sobre todo porque hace referencia a una enmienda, a la 78, del Grupo Parlamentario Socialista, y como no queremos que se demore más la entrada en vigor de esta ley así lo indicamos. Pretendemos con esta enmienda que la presente ley entre en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado ya que no existe, además, ningún motivo que justifique más el retraso de la entrada en vigor de esta ley, teniendo en cuenta —como también se ha mencionado por algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra— que una de estas directivas ya tenía que estar transpuesta el 27 de octubre de 2013. Por lo tanto, no podemos asumir una nueva demora en la entrada en vigor de esta ley. En esta dirección nosotros hacemos referencia al proyecto de ley completo en la enmienda 78, mientras que no es así en la transaccional que nos propone el Grupo Parlamentario Popular, que trocea dicha ley y una entra en vigor en una fecha y otra, en otra.

El resto de las enmiendas, por supuesto, las defenderemos en el Pleno. Aquí en este acto las damos por defendidas.

Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sen.

¿Turno en contra? (Pausa.) El senador Arias tiene la palabra.


El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros —como muy bien decía el senador Sen— acabamos de hacer una propuesta transaccional que afecta a la entrada en vigor de la norma. En principio no se ha aceptado. Esperemos que de aquí al Pleno todavía tengamos oportunidad de seguir hablando y, si acaso, podamos llegar a un acuerdo en lo que se refiere a esta propuesta. No hemos aceptado otra de las propuestas presente en las enmiendas de la mayoría de los grupos tendente a garantizar el acceso a los medios de comunicación oral para las personas con discapacidad auditiva. Tampoco hemos tenido oportunidad de transaccionar las enmiendas de la mayoría de los grupos porque ya en el trámite de ponencia nosotros habíamos incluido la enmienda 87 que venía a corregir esa cuestión.

Muchas de las enmiendas, evidentemente, se refieren al registro. No es este el momento para debatir la constitución o la regulación del mismo ya que consideramos más conveniente que muchas de las enmiendas que se han rechazado inicialmente, tanto en ponencia como en comisión, sean presentadas, discutidas y, en su caso, aprobadas, si es pertinente, en el debate de la ley a la que obliga este proyecto de ley de creación del registro oficial. Hay otras cuestiones que tampoco responden al objeto del proyecto como la toma de las muestras o la asistencia letrada a la que se refiere la enmienda 71 del Grupo Parlamentario Socialista.

Sí me gustaría hacer referencia a la cuestión competencial. Como todos ustedes saben, en relación con el registro oficial de traductores, intérpretes y peritos hay que tener en cuenta el artículo 149.1.5ª y 6ª de la Constitución española que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia y legislación procesal. Fundamentamos nuestro rechazo a la enmienda 19 del Grupo de Convergència en la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos. Si hablamos del registro oficial de intérpretes y traductores, se trata de fijar unas condiciones básicas para el desempeño de las labores de traductor e intérprete judicial mediante la obligatoriedad de la inscripción en el registro, acreditando obvia y previamente el cumplimiento de unos requisitos mínimos que, evidentemente, se tendrán que regular cuando llegue la ley del registro. Lógicamente, sin perjuicio de que el registro pueda organizarse territorialmente, de su posterior gestión y de la concreta prestación del servicio en cuanto responde a la provisión de medios personales, la competencia debe ser de titularidad compartida. La exigencia de este registro oficial obedece a esa finalidad y con ello consideramos que no se vulneran las competencias de las comunidades autónomas que tienen la competencia en materia de justicia. No obstante, la creación del registro no significa que deba ser centralizado y sin comunidades autónomas; todo lo contrario, consideramos que el registro debe organizarse territorialmente y que en su gestión deben intervenir las comunidades autónomas con competencia en la materia.

En lo que se refiere al incremento del gasto que comentaba el senador Saura, hay que tener en cuenta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece expresamente que durante el año 2014 —también se especifica así en la Ley de 2015— cualquier nueva actuación que se proponga a los departamentos ministeriales no podrá suponer un aumento de los gastos de personal al servicio de la Administración, con lo cual consideramos que la disposición se ajusta a estos requisitos que nos impone la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De ahí que quiera mostrar, para llegar a algún acuerdo en el Pleno que celebraremos la semana que viene, nuestra disposición de seguir trabajando y de propiciar algún acuerdo que permita o bien la aprobación de alguna de las enmiendas o la transacción de alguna de las que quedan.

Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias Navia.

Entramos en el turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero celebrar que finalmente se haya procedido a la transposición a nuestro ordenamiento interno de estas dos directivas. Aun así consideramos inadmisible y preocupante que reiteradamente se transpongan las directivas incumpliendo los plazos para su transposición. En el presente caso —como ya ha comentado el senador Sen— las mismas deberían haberse transpuesto antes de octubre de 2013 y de junio de 2014 respectivamente. Por lo tanto, celebramos que finalmente se haya hecho, pero lamentamos el retraso, más teniendo en cuenta que las mismas desarrollan dos aspectos esenciales para la defensa en el proceso penal conllevando un importante refuerzo de las garantías del proceso penal y de la eficacia en el ejercicio del derecho de defensa.

Por este motivo es inadmisible, por ejemplo, que se pretenda establecer una vacatio legis de seis meses para la entrada en vigor del proyecto de ley.

Tampoco puede considerarse demasiado coherente ni realista aprobar un proyecto de ley que conlleva sustanciales reformas limitando, de entrada, cualquier incremento de dotaciones de personal o retributivas para aplicar las medidas que impone la norma.

Principalmente, nos preocupa también el tema de afectación competencial, al que antes me he referido. Nosotros entendemos que se conculcan competencias. Por tanto, no se recogen los planteamientos de los profesionales en este ámbito, es como si afirmáramos que todo esto lo vamos a hacer sin incremento de medios ni de presupuesto. Al final, vamos a hacer una adaptación de la directiva que al ciudadano no le va a suponer ningún incremento presupuestario porque no le vamos a dar medios ni una financiación adecuada. En consecuencia, debemos preguntarnos qué estamos legislando. No podemos poner en un proyecto de ley lo que parece ya una cláusula de salvaguarda del presupuesto futuro y decir a quien al final tenga que aplicarlo: vaya con pies con de plomo porque no va a poder destinar ni un euro más para mejorar nada.

Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Díaz Tejera tiene la palabra.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Con su venia, intervengo para manifestar que este proyecto forma parte del paquete que se definía como de asuntos en los que no deberían reflejarse las diversas ideologías que nos definen y nos caracterizan o, al menos, yo no termino de captarlo.

He echado de menos –dicho sea con todo respeto y con todo el aprecio al portavoz del Grupo Popular− una explicación algo más detallada acerca de las razones por las que no se aceptan algunas enmiendas; no lo he captado. Puedo haberme despistado en algún momento, todo es posible –divino no es nadie−, pero me ha sorprendido, por ejemplo −porque sé de su sensibilidad en materia de garantías y de presencia de los abogados con los justiciables−, que no haya acusado recibo de la propuesta que se plantea en torno a qué documentos de una diligencia o de un sumario deben ser traducidos.

Cuando nos adentramos en esa materia de cuáles sí y cuáles no, si yo fuera el abogado me generaría cierta incertidumbre saber que hay terceros que deciden qué se me traduce y qué no. Si en lugar de ser el que tiene que defender a una persona, soy el que tiene que poner la resolución, no entro en grandes debates: me lo traducen todo, y ya decidiré yo lo que es relevante y lo que no lo es. ¿Por qué razón? Porque eso lo decide uno. A veces hay providencias aparentemente insignificantes en primera lectura, pero luego siempre hay algún dato que puede resultar ilustrativo, y ante esa eventualidad, mejor pasarse que no llegar, porque estamos hablando de derechos fundamentales, y siempre hay que hacer una interpretación extensiva y no restrictiva, por aquello de in dubio, in favor libertatis. A mí me gustaría saber qué obstáculos se encuentran a esta enmienda, que me parece bastante razonable.

Tampoco alcanzo a entender por qué razón cuando se plantea la regulación para la obtención del frotis y averiguar el ADN de las personas se ponen dificultades a las propuestas que ha hecho el Grupo Socialista, que lo que hacen es aumentar garantías, porque, al final, si somos generosos en esta materia, las posibilidades de afrontar el trabajo de una resolución judicial −no solo está el juez, está el secretario, el fiscal y un gran número de funcionarios, y también letrados, procuradores, etcétera−, las posibilidades de afrontarla, repito, y cuestionarla se reducen, la hacemos más inexpugnable, y eso es mejor por el respeto de los servidores públicos, y todos ganamos. En última instancia, gana la sociedad, porque aumenta la credibilidad de la ciudadanía en la confianza que tienen hacia la Administración de Justicia. Así podría ir desgranando todas y cada una de las propuestas que hacemos, que me parece que son bastante razonables, bastante sensatas y solo persiguen mejorar el texto.

Yo he entendido el razonamiento que usted ha formulado en torno a los registros. Lo he entendido, pero le ruego que también capte usted a quienes planteamos que si bien es verdad que más adelante se dejará a la Administración competente, ¿qué tiene de malo desde ahora contemplar que estamos en el Estado en el que estamos? La realidad del Estado autonómico es algo que se tiene que reflejar en todos los ámbitos, porque es nuestra realidad constitucional, nuestra realidad política, nuestra realidad administrativa. Es verdad que el próximo legislador podrá contemplarlo, pero no tiene nada de malo si ya de antemano nosotros lo decimos y lo ponemos, porque es una manera de expresar lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, máxime en una Cámara como es la Cámara territorial; es lo propio, es lo que define, es el valor añadido que da el Senado de España. A mí me parece que eso no es nada irracional. Es más, en la práctica real de los tribunales esto se mueve en un mundo entre lo jurídico y lo fáctico, y todos sabemos que hay muchas ocasiones en que se acude a personas que no son intérpretes ni traductores. En el caso de Canarias les puedo decir que hay una señora mayor que domina un dialecto de una tribu de algún lugar de África, donde vivió durante muchos años −que no es francés, es inglés-, y es la que al final traduce en comisaría y en el juzgado. Todos los abogados de todas las partes dan por buena la función de esta persona, todos lo han aceptado y todos hemos seguido adelante. Todo ha sido aceptado perfectamente, nada ha sido revocado, sino, al contrario, todas las decisiones, confirmadas. El que hagamos un esfuerzo por recoger a intérpretes y traductores, que a su vez tienen que superar una segunda prueba de dominar la parte semántica de ese idioma en el campo de la justicia, que no es poca cosa ni algo general, sino muy específico, yo creo que es un avance. Y en el caso de estas personas que les digo, que no tienen la titulación universitaria, pero de facto dominan ese idioma y ese campo semántico por su experiencia vital, creo que es parte de la realidad y es bueno que la acojamos. Me parece que un buen lugar para acogerlos pueden ser esos lugares específicos, esos territorios, esas comunidades autónomas. Luego no está de más que el legislador general, que somos nosotros, tenga en cuenta las precisiones que pueda hacer el legislador territorial, que son los Parlamentos autonómicos.

Yo espero, igual que ha pasado con el otro texto, que los ponentes del Grupo Popular sean sensibles a estas propuestas porque lo que hacen es mejorar el texto; en absoluto rompen la coherencia interna del texto.

Nada más, señor presidente; muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la senadora De Haro Brito tiene la palabra.


La señora DE HARO BRITO: Gracias, señor presidente.

Aunque inicialmente se presentaron 88 enmiendas -una, de Convergència i Unió, se retiró porque ya había sido asumida en el trámite parlamentario en el Congreso-, sin embargo, hay que agradecer el que haya habido un considerable incremento respecto al Congreso, a pesar de que en el trámite parlamentario del Congreso sí que se aceptaron, se transaron numerosos contenidos relacionados con la interpretación y con la traducción para adaptarlos al lenguaje de signos y, sobre todo, para acomodarlos a la normativa existente en materia de personas con algún tipo de discapacidad, terminológicamente hablando.

En primer lugar, quiero agradecer la práctica unanimidad que tenemos respecto a la necesidad de transponer a la normativa estatal, concretamente a la Ley de enjuiciamiento criminal y a la Ley Orgánica del Poder Ludicial estas dos directivas, la Directiva 2010/64 y la Directiva 2012/13: la primera, respecto al derecho de interpretación y traducción en los procesos penales, y la segunda, relativa al derecho a la información en los procesos penales. Muchísimas de las enmiendas presentadas −lo ha explicado perfectamente mi compañero el senador Arias Navia− tienen relación con una directiva que viene de la misma normativa internacional, la Directiva 2013/48, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y también sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad. Precisamente esta tarde en esta misma comisión debatiremos una moción, que presenta el Grupo Parlamentario Popular, para instar al Gobierno a finalizar la transposición de estas 3 directivas. Concretamente, una moción relativa a esta directiva que he mencionado, la 2013/48, para que se inicien y se lleven a cabo los trámites para integrarla definitivamente. ¿Por qué? Porque estas 3 directivas, las 2 que llevamos mediante una modificación de las leyes orgánicas que aquí tratamos, junto con la directiva de 2013 forman parte, por así decirlo, de las normas internacionales que se contemplan o a las que nos obliga el artículo 6 del Convenio europeo para la protección de las libertades fundamentales y también el artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Igualmente, el artículo 14 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el artículo 48 de la misma Carta, que garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa, la libertad, la seguridad y la justicia y su mantenimiento y desarrollo por parte de todos los Estados de la Unión Europea.

Señorías, estarán de acuerdo conmigo en que la modificación que aquí estamos tratando afecta a artículos fundamentales de la Ley de enjuiciamiento criminal como el 520 de dicha ley, contemplado en sus 3 artículos, artículos primero, segundo y tercero. Concretamente, el artículo primero se refiere a la Directiva de 2010; el artículo segundo de esta norma que ahora debatimos está relacionado con la transposición de la Directiva de 2012 a la Ley de enjuiciamiento criminal y, por último, el artículo tercero incluye las modificaciones que la ley pretende introducir en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo ello es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque el plan de trabajo que se aprobó en su momento en el año 2010, el llamado Programa de Estocolmo, fijaba la necesidad de establecer normas que aseguraran y garantizaran el derecho a defensa, relacionado con el cual podemos señalar las 3 patas que constituyen las directivas que ahora mismo he mencionado, las 2 que ahora se transponen y la que trataremos esta tarde para instar al Gobierno a que se adapte a la normativa interna. Son fundamentales, ¿por qué? Porque es necesario que exista confianza entre los Estados de la Unión Europea. Es evidente que si pretendemos el reconocimiento de resoluciones judiciales, en este caso en el ámbito penal, pero también en las órdenes de detenciones, a nivel europeo tiene que haber una confianza mutua y recíproca entre los diferentes Estados miembros. Este es uno de los principios que informa las normativas que ahora trasladamos a su vez a las normas internas. Pero, aparte de la confianza, deben existir unos principios únicos. En este punto quiero referirme especialmente –se ha mencionado por diferentes grupos y, como he señalado, ya lo ha explicado mi compañero− a las enmiendas relativas al registro. Cuando se ataca señalando el contenido de la disposición final ya que en ella se fija un plazo en el que el Estado establecerá las normas relativas al registro, tengo que decir que esto no es contradictorio con la competencia de las comunidades autónomas. Porque si ustedes observan la norma que aquí tratamos, vemos que existe un artículo, el 124, que remite al listado que las administraciones competentes vayan a llevar a cabo. Por tanto, no significa que la creación del registro por el Ministerio de Justicia tenga que estar centralizada y sin participación alguna de las comunidades autónomas, sino todo lo contrario, lo que se pretende es que haya una organización territorial, en cuya gestión sí deben intervenir las comunidades autónomas puesto que tienen las competencias transferidas y, por otro lado, es necesario que haya homogeneidad en los requisitos. Imagínense ustedes que para inscribirse en ese registro de traductores e intérpretes en cada comunidad los requisitos fueran distintos. Esto crearía una notable inseguridad jurídica. Por consiguiente, tiene que haber requisitos homogéneos.

Por ello, entendemos que esta norma es absolutamente necesaria para llevar a cabo la adaptación, sobre todo en virtud del principio de defensa. El senador Díaz Tejera hacía referencia a qué documentos, a qué parte del procedimiento, del sumario podía ser objeto de traducción. El artículo 3 de la propia directiva clarísimamente lo señala: tienen derecho a traducción los documentos que resulten esenciales para el afectado. Por tanto, se transcribe literalmente el artículo que contempla la propia directiva y, por consiguiente, se cumple con dicha directiva.


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