Borrador de la comisión de justicia celebrada el 3 de marzo de 2015



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Y cuando hacemos referencia al respeto de las competencias autonómicas, etcétera, que el grupo mayoritario, sabiendo cómo ha sido esta legislatura, cuál es la percepción del resto de los grupos con respecto al desarrollo de la misma, cómo está en estos momentos el debate entre Gobierno y comunidades autónomas, cómo está el Tribunal Constitucional con todos estos conflictos, nos venga a decir que para eso está el equilibrio entre la Constitución y el Estatuto y que el hecho de añadir “sin perjuicio”, no tiene mayor incidencia, no tiene otro objetivo que el de la clarificación, evidentemente, vuelve a denotar cuál es la actitud del grupo mayoritario.

Entiendo que es un elemento importante dar un ejemplo a la ciudadanía, mostrar a todas las víctimas que estamos preocupados y que somos capaces de comunicarnos, de hablar —algo que no se ha hecho en todo el trámite parlamentario— y de llegar a acuerdos, máxime sabiendo que estamos todos conformes con el objeto y el fin de este proyecto de ley. Evidentemente, no es la impresión que se está dando en este trámite y, en ese sentido, nos reafirmamos en todas las enmiendas y pedimos al grupo mayoritario que, en todo aquello que no tiene mayor incidencia, sea capaz de escuchar y atender al resto de los grupos para que este proyecto de ley sea de todos y no únicamente de uno.

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bildarratz.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya no hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Valoramos positivamente que, dando cumplimiento a la obligación de la transposición de las directivas de la Unión Europea en la materia, recogiendo la demanda de la sociedad, se aglutine en un solo texto legislativo un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas y de toda persona que padece un perjuicio físico, moral o económico como consecuencia de un delito.

Es un proyecto de ley que va unido muy directamente a la dignidad de las víctimas y a sus derechos. Es tan importante lo que significa este proyecto de ley que ningún grupo ha presentado enmiendas a la totalidad en el Congreso ni propuesta de veto en el Senado, porque estamos a favor de que se legisle, pues tenemos una deuda moral para con las víctimas. Este estatuto de la víctima del delito tiene vocación de incorporar un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de delitos, sobre todo para aquellas que tienen una especial vulnerabilidad y colectivos especialmente necesitados. De ahí que se incorporase en el Congreso una propuesta de CiU a la exposición de motivos en la que pedíamos esa obligación cuando se trate de menores, que se tenga en cuenta el interés superior del menor y que ese interés superior del menor actúe a modo de guía para cualquier medida y decisión que se tome en relación con un menor víctima de un delito durante el proceso penal.

En este sentido, la adopción de medidas de protección del título III y especialmente la no adopción de estas debería estar siempre fundamentada en este interés superior. Sin embargo, esto no se ha trasladado al articulado, y mi grupo ha presentado, por ejemplo, la enmienda 112 para que, incluyendo una especificación para los derechos de las víctimas menores de edad, se consiga el objetivo de proteger el interés superior del menor en todo momento.

Pues bien, a pesar de estar de acuerdo con gran parte del contenido de este proyecto de ley, hay muchos puntos mejorables que han sido objeto de 34 enmiendas de mi grupo. Consideramos que su aprobación mejoraría el texto, y lamentamos que el grupo mayoritario no haya posibilitado su mejora mediante la incorporación de las nuestras y las de los otros. Esto nos va a obligar a no poder votar a favor del texto del proyecto de ley que hoy es objeto de dictamen en esta comisión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente, con la venia.

Intervengo para suscribir en este momento todas las propuestas que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista en la mañana de hoy por parte de mi compañera Ángeles Marra y en nombre de todos los hombres y mujeres que integramos dicho grupo en el Senado. Y lo hago fundamentalmente porque este no es un texto en el que de una manera prístina, de una manera directa se manifieste la ideología política de ningún grupo parlamentario de la Cámara; este es un texto que debería ser fruto de la sensibilidad que todos expresamos respecto a los que han sido dañados física, moral o económicamente por la comisión de cualquier hecho delictivo acontecido en nuestro país. Por eso me ha sorprendido la escasa flexibilidad o receptividad que se ha tenido con las propuestas de distintos grupos en general y, en particular, con las del Grupo Parlamentario Socialista.

Todos reconocemos que hay dos grandes convidados de piedra en los procesos penales; hay dos grandes convidados de piedra en relación con las administraciones públicas: de un lado, las víctimas y, de otro lado, los denunciantes. Con esto tratamos de abordar la situación de las víctimas de una forma integral: ya había sido recogido de manera fragmentaria en distintos textos, y ahora se trata de agruparlos en uno solo. Por el contrario, queda pendiente para un futuro regular el estatuto del denunciante de una forma distinta a como está en la actualidad, porque además de hacer el esfuerzo de poner en conocimiento de la autoridad policial o la autoridad judicial algún hecho susceptible de constituir un hecho delictivo, se le carga con una serie de cosas que no son más que servidumbres. Y no me refiero al hecho del testigo protegido o al del agente infiltrado —que es el supuesto de un servidor público que hace un tipo de trabajo—, sino que hablamos en general del denunciante que pone en conocimiento de la autoridad del Estado algún hecho susceptible de estar integrado en alguno de los tipos previstos en el Código Penal vigente en el momento de la comisión de ese hecho delictivo. Si queda pendiente el estatuto del denunciante, ahora, parcialmente, puede estar formulado el estatuto de la víctima.

¿Que podría estar mejor? Yo creo que sí, podría estar mejor. ¿Cuestionaría el proyecto ideológico para España del grupo mayoritario en esta Cámara? Considero que no, que no lo cuestionaría. Es más, con respecto al artículo 35 —lo decíamos el otro día en la ponencia, lo ha señalado hoy también mi compañera Ángeles Marra y yo lo vuelvo a explicar-, espero de la flexibilidad del Grupo Popular de aquí al día del Pleno una receptividad, porque cuando he visto sus rostros y se lo he explicado, no he encontrado unos rostros de personas instaladas en el cinismo de que les dé igual 8 que 80; al contrario, he visto el rostro de unas personas sensibles y acogedoras a la propuesta que les hacíamos, porque era una propuesta bastante sensata. Simplemente se trata de no adjudicar algo más a las víctimas, pues ya tienen bastante con la condición de víctimas, como es intimidarles o advertirles diciendo: ¡ojo con denunciar! porque, si no, en el supuesto de que usted sea condenada por una denuncia falsa, tendrá que devolver todo y además sufrirá una penalización de un 50%. ¿Es que acaso eso no está previsto ya en cualquier regulación, ámbito Estado, ámbito comunidad autónoma, donde la Administración pública da un dinero a una persona para ayudarla en una situación extrema, por violencia de género, por penuria o por vivir una situación de profunda desigualdad? Eso ya está previsto, hay unas subvenciones finalistas: usted tiene que devolver todo si uno de sus presupuestos era falso, si usted nos ha mentido, o si no ha usado el dinero de todos los españoles −o de todos los canarios, o de todos los madrileños, depende de que sea una comunidad autónoma o un ayuntamiento− para el fin al que estaba destinado.

Nosotros decimos que eso está bien ubicado en la regulación de esas entregas dinerarias, sea cual fuere su ámbito administrativo, y ya está previsto; por tanto, no es menester volverlo a incorporar porque puede ser intimidatorio, sobre todo para la inmensa mayoría de mujeres que todavía tienen miedo a dirigirse a la autoridad correspondiente si están viviendo una situación de violencia de género. Y esto no lo dice solo el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, lo dicen también quienes trabajan en el campo de la lucha y la prevención contra la violencia de género, en lo que insisten muchísimo.

Señor presidente, hay una discrepancia que ya se ha puesto de manifiesto por distintos participantes en esta comisión, que es el papel de la víctima en la ejecución de la sentencia. En este campo, hay que decirlo de forma clara, no soslayada, sí que hay una discrepancia, nosotros pensamos que hay que dar el máximo cariño, la máxima comprensión, estar al lado de, estar con, ayudar a, permanentemente. Pero, y sin que nadie se moleste, nos parece algo obsceno que alguna persona que ha sufrido terriblemente en este terreno, esté de asesor jurídico de algún grupo político, porque la condición de haber sufrido terriblemente no te da una cualificación en términos jurídicos ni la suficiente frialdad a la hora de estar como asesor; hay que mostrar nuestro reconocimiento al padre de una víctima que lo está pasando mal, hay que estar a su lado, ayudarle al máximo, pero de ahí a ocupar el puesto de asesor jurídico de algún grupo político no me parece correcto, ni siquiera respetuoso con la condición de víctima.

La discrepancia está en el papel a jugar en la ejecución de la sentencia, y de igual manera que cuando hay algún tipo de conflicto siempre se le pide a un tercero imparcial, que es el juez, que resuelva −nadie por su cuenta va a resolver el conflicto porque eso sería ejercicio arbitrario del propio derecho, salvo supuestos de legítima defensa−; de igual forma, a la hora de legislar sucede lo mismo: no es bueno que sea la víctima quien legisle. Y a la hora de ejecutar sentencia, también ocurre igual: una cosa es tener conocimiento y saber y otra cosa es ser consultado, pero que quienes supervisen la ejecución de las resoluciones judiciales sean los órganos competentes para ello, nos parece lo más adecuado y lo más razonable.

Acabo ya, señor presidente, porque tenemos una mañana muy intensa. Solo apelo a la flexibilidad y a la receptividad de las ponentes del Grupo Popular en esta materia para que de aquí al Pleno podamos alcanzar un texto que sea de toda la Cámara y no solo de un grupo, por muy mayoritario que sea, dicho sea con todos los respetos.

Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todos los grupos parlamentarios por no haber utilizado, como muy bien ha señalado la señora Riera, el instrumento reglamentario del veto, que podían haber usado perfectamente. Esto significa, como ha dicho también el senador Bildarratz, que así han manifestado su voluntad de mejorar el texto, y en este sentido mi grupo agradece ambas cosas: primero, la no presentación del veto y, segundo, las enmiendas que han presentado.

Me gustaría decirles, señorías, que el mundo no acaba aquí, ni acaba hoy con esta comisión por lo que se refiere a este proyecto legislativo; es decir, tenemos todavía plazo de sobra para seguir estudiando las enmiendas, para presentar transaccionales, o incluso aceptar alguna enmienda directamente en el correspondiente Pleno, que, por cierto, no será el de la semana próxima sino en el de la semana que comienza el martes 24 y, como hoy es día 3, tenemos mucho tiempo todavía. Agradezco al senador Díaz Tejera que haya sabido interpretar los rostros de las dos ponentes de esta ley porque él sabe y le consta, y haciéndolo público también lo saben sus señorías, que queremos que se acepten enmiendas, vía transaccional o como sea, y que para eso vamos a seguir estudiando.

A mí no me parece bien, señorías, que se tache de inaceptable el procedimiento que estamos tramitando en este momento, porque es un procedimiento reglamentario, viene con forma de reglamento, está aprobado por la Mesa del Senado, está aprobado por la Mesa de la Comisión, y lo único que queda, señorías, es alegrarnos de que no se le califique, como lo hizo algún ponente en el Congreso, de aberración jurídica, con lo que no puedo estar más en desacuerdo. Francamente, este grupo parlamentario ha estado desde el primer momento en todas las reuniones de ponencia y ha estado escuchando a todos los senadores y a todos los ponentes que han querido hacer una intervención más o menos extensa, más o menos interesada, en la defensa de las enmiendas que han presentado a este proyecto, y lamento profundamente que no se haya producido esto con algunos compañeros de esta comisión.

Y entrando ya en el estatuto de la víctima, señorías, señor presidente, quiero decir que es un texto que en resumidas cuentas viene a dar más derechos, más protección y más participación a las víctimas en los procesos penales. España se convierte así en el primer país europeo que elabora un estatuto de la víctima y que da una respuesta jurídica, pero también y muy importante, señor presidente, una respuesta social a través de un trato individualizado a todas las víctimas. Su objetivo, como muy bien han expresado algunos senadores, es garantizar los derechos de las víctimas de todo delito, especialmente de los más graves, y dentro de los especialmente más graves, los de violencia de género, menores y personas con discapacidad. Es cierto, es un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales para proteger a las víctimas. Es muy sencillo pero modifica leyes muy importantes, como la Ley de enjuiciamiento criminal o el Código Penal, prevé su desarrollo reglamentario, y además insta a la adaptación a ella de los estatutos generales de los abogados y los procuradores.

Evidentemente, señorías, tiene que tener una definición del concepto de víctima, que es un concepto amplio, ya se lo adelanto; se define la víctima directa del delito y también la indirecta, que son los familiares en caso de fallecimiento o desaparición, entre los que por vez primera se va a incluir a los hijos de la pareja si convivían con ella, y se les da a todos las máximas facilidades para el ejercicio y la tutela de sus derechos. Resumiendo: entre otras cosas se evitan trámites innecesarios que supongan –y esto es muy importante− una segunda victimización, por ejemplo, eliminando declaraciones que pueden ser perfectamente prescindibles y que puedan producirles algún trauma.

Este proyecto también exige una evaluación, un trato individualizado de toda víctima y para ello es imprescindible la máxima colaboración entre las distintas administraciones públicas, el Poder Judicial, los colectivos de víctimas, los profesionales que las atienden y el conjunto de la sociedad a través de protocolos de actuación, como el recientemente firmado sobre menores extranjeros no acompañados o el de desplazamientos de víctimas de violencia de género y sus hijos entre casas de acogida. Se regulan derechos de las víctimas, estén o no personadas; se reconoce el derecho a la víctima a estar acompañada de la persona que designe; se le informará de cuándo se va a celebrar el juicio; se le van a notificar las sentencias, los sobreseimientos, así como la adopción de las medidas cautelares y de libertad del encausado.

En el caso de víctimas de violencia de género –y esto es muy importante− serán informadas de la situación en la que se encuentre el encausado, ya sea puesta en libertad, fuga o medidas cautelares, incluso sin que lo hayan solicitado, salvo que hubieran manifestado su voluntad expresa de no ser notificadas.

Y no solamente están los casos de víctimas del delito. En el caso de grandes catástrofes, señor presidente, los abogados y los procuradores no podrán dirigirse a las víctimas para ofrecerles sus servicios profesionales hasta que al menos haya transcurrido un mes desde el suceso.

En el proceso penal es donde más novedades hay, y también las más relevantes, entre otras, que podrán recurrir la liberta condicional del penado, siempre y cuando las penas de prisión sean superiores a cinco años. Se reconoce también la legitimación de la víctima para dirigirse al tribunal y solicitar que imponga al liberado condicional las medidas de control necesarias para garantizar su seguridad.

Déjenme que les diga, señorías, que el Estado, tan famoso y tantas veces citado, es quizá el único motivo de discrepancia del artículo 13 que contiene el proyecto. Es cierto que el Estado conserva el monopolio absoluto sobre la ejecución de las penas pero el Grupo Parlamentario Popular entiende que esto no es incompatible con que a la víctima se le faciliten ciertos cauces de participación, que pueda impugnar ante los tribunales determinadas resoluciones que afecten al régimen de cumplimiento de condenas de delitos que sean especialmente graves, que se les permita facilitar información que pueda ser relevante para que los jueces y tribunales puedan resolver sobre la ejecución de la pena o las responsabilidades civiles, y solicitar también la adopción de medidas de control con relación a liberados condicionales que hubieran sido condenados por hechos de los que pudiera derivarse razonablemente una situación de peligro para la víctima. La regulación de la intervención de la víctima en la fase de la ejecución de la pena −insisto, para delitos de especial gravedad− garantiza la confianza y la colaboración de las víctimas con la justicia penal, así como la observancia del principio de legalidad porque la decisión va a corresponder siempre, señorías, a la autoridad judicial, por lo que tampoco se ve afectada la reinserción del penado.

Seguramente, tendremos más tiempo para debatir este asunto en el Pleno y, por tanto, me remito a esa futura intervención, insisto, dando las gracias por la actitud de la casi totalidad de los portavoces y, sobre todo, por no haber presentado veto alguno a este proyecto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA TRANSPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012, RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES.

(Núm. exp. 621/000105)

AUTOR: GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Como votaremos a las dos de la tarde, pasamos al tercer punto del orden del día. Dictamen del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley de enjuiciamiento criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/12/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

A este Proyecto de Ley se han presentado 88 enmiendas distribuidas de la siguiente manera: 15, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto; 3, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; 32, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 15, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, una de las cuales, la número 23, fue posteriormente retirada; 13, del Grupo Parlamentario Socialista; y 5, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La ponencia designada en su día, relacionada con este Proyecto de Ley, emitió su informe en el que se incorporaron las enmiendas 84 a 88, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, así como una corrección de técnica legislativa que afecta a la disposición final primera. La ponencia ha vuelto a reunirse en el día de hoy y ha introducido las siguientes modificaciones en el informe: en primer lugar, eliminar la reiteración de la frase y/o en las lenguas de signos española en el apartado IV del preámbulo; en segundo lugar, la disposición final tercera pasaría a ser la primera, con carácter de ley ordinaria, lo que se reflejaría en la disposición final correspondiente. Se corrige, además, el error en la disposición adicional segunda, que empezaría citando al Ministerio de Justicia.

Por tanto, señorías, vamos a pasar a la defensa de las enmiendas. Enmiendas 16 a 18, presentadas por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Señora Capella, tiene usted la palabra.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Intervengo para darlas por defendidas, sin perjuicio de que lo hagamos en toda su extensión en el Pleno en el que se va a debatir el proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Enmiendas 1 a 15, presentadas conjuntamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

En el mismo sentido que en mi intervención anterior, las doy por defendidas, sin perjuicio de que los proponentes de dichas enmiendas las debatan en el Pleno.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Enmiendas 79 a 83, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Señor Bildarratz, tiene la palabra.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Se trata de 5 enmiendas que damos por defendidas, y que voy a comentar de manera somera. Una de ellas trata de la detención preventiva, que, en nuestra opinión, no puede durar más del tiempo estrictamente necesario que establecemos como máximo de cuarenta y ocho horas, a diferencia del proyecto que lo fija en setenta y dos.

Otra enmienda que nos parece muy importante, sobre todo para los derechos del detenido y de los propios funcionarios intervinientes, es la que propone que cuando el detenido esté en dependencias policiales, se registre ese momento tanto en soporte de audio como de video, es decir, que haya imágenes, ya que entendemos que eso va a dar tranquilidad, tanto al detenido como a los funcionarios allí presentes.

Por último, hay 2 enmiendas referidas al ámbito competencial de las comunidades autónomas. Una relativa a los registros, en cuanto a que son las administraciones competentes las que tienen que establecer estos registros con el objeto de preservar las competencias autonómicas; y, otra, relacionada con la disposición final primera.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz.

Enmiendas 34 a 65, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Señor Saura, tiene la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Este es otro proyecto de ley que pertenece a ese ámbito que el señor Díaz Tejera anteriormente denominaba ámbito de consenso, de no confrontación ideológica, de garantía de derechos, en este caso de las personas detenidas o inculpadas, en función de la necesidad de traducción o de interpretación.

En primer lugar, quiero destacar que, si no recuerdo mal, la transposición de la directiva cumplía en octubre o en noviembre de 2013, es decir, llevamos prácticamente un año y medio de retraso en un tema importante. Independientemente de la defensa que haga en el Pleno, quiero destacar, en primer lugar, la supresión de la disposición adicional que establece que no se producirán incrementos ni de retribuciones de personal ni de plazas de traductores ni de ningún tipo de concepto ligado, en definitiva, a personal. Nos parece que esto es imposible. Va a haber un incremento de gastos económicos de traducción, sobre todo cuando, además, se habían externalizado. Por otro lado, la directiva se formula no solo en el ámbito judicial sino también en el policial, algo de lo que prescinde el proyecto de ley.


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