Borrador de la comisión de justicia celebrada el 3 de marzo de 2015



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BORRADOR DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA CELEBRADA EL 3 DE MARZO DE 2015

Se abre la sesión a las doce horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.

Como ustedes saben, tenemos una comisión un poquito larga hoy, con varias partes. Intentaremos por todos los medios ser lo más ágiles posible.

Se han comprobado las asistencias por parte del señor letrado.

El acta de la sesión anterior se aprueba puesto que no hay ninguna objeción.

Si a ustedes les parece bien, hemos pensado que, independientemente del debate, vamos a poner una hora de corte para que se vote en ese momento −por si alguno tiene alguna otra comisión−, que sería a las dos de la tarde; es decir, ahora vamos a iniciar el debate y a las dos de la tarde vamos a interrumpirlo y procederemos a la votación de lo que ya se haya debatido. Después de cuando votemos, acordaremos una hora para volver –y tendremos una hora para comer− y reanudar la sesión de la comisión.

Si a ustedes les parece bien, continuamos. (Asentimiento).


DICTAMINAR
PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO.

(Núm. exp. 621/000103)

AUTOR: GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Dictamen del Proyecto de Ley del estatuto de la víctima del delito. A este proyecto de ley se han presentado 115 enmiendas distribuidas de la siguiente manera: 23 de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto; 7 del Grupo Parlamentario Vasco; 34 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, una de las cuales, la número 52, fue posteriormente retirada; 34 enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; 16 del Grupo Parlamentario Socialista y 1 del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia designada en su día en relación con este proyecto de ley emitió su informe el pasado 23 de febrero. En dicho informe se incorporaban al proyecto de ley la enmienda número 115, del Grupo Parlamentario Popular, y diversas correcciones de técnica legislativa. La ponencia ha vuelto a reunirse el día de hoy y ha resuelto modificar su informe para incluir también en el texto la modificación que proponían la enmienda número 38, de Entesa, y la enmienda 73, del Grupo Parlamentario Socialista, así como el informe del letrado en relación con el artículo 14.

Vamos a pasar a la defensa de las enmiendas.

Enmiendas 1 a 23, presentadas conjuntamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Doy por defendida la totalidad de las mismas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Enmiendas 24 a 30, del Grupo Parlamentario Vasco.

Tiene la palabra, señor Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar voy a hacer un breve comentario al procedimiento, que me parece totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable no solo el procedimiento seguido en el proyecto de ley que estamos viendo en estos momentos –el Proyecto de Ley del estatuto de la víctima del delito−, sino también en la reforma del Código Penal y en el resto de proyectos de ley. ¿Y por qué digo inaceptable? Porque en cualquier procedimiento parlamentario meridianamente serio no es de recibo que en la reunión de la ponencia se justifique únicamente la aceptación de las enmiendas provenientes del grupo mayoritario y no se justifique la no aceptación de las enmiendas del resto de los grupos políticos, solo trasladándose que no ha habido tiempo suficiente para analizarlas. Entiendo que esta no es una razón seria ni buena para los grupos que estamos representados en la Cámara. Eso en cuanto al procedimiento, y es una queja que, evidentemente, hago extensible al resto de proyectos de ley, especialmente a la reforma del Código Penal, que trataremos en su momento, después, por la trascendencia que tiene con respecto a todos.

Las enmiendas presentadas al presente proyecto de ley voy a darlas por defendidas. Únicamente hacemos una serie de apreciaciones con respecto a la justicia restaurativa, que entendemos que mejoran el preámbulo del texto, que concreta y habilita más el objeto al que me estaba refiriendo: la justificativa restaurativa. Es una enmienda que no tiene mayor trascendencia que la clarificación.

Después hay otra serie de enmiendas que están relacionadas con el papel que nosotros entendemos que no tienen que jugar las asociaciones de víctimas. Otra está relacionada con el ámbito competencial, o sea, con preservar el ámbito competencial de las comunidades autónomas sin perjuicio de que. No tiene mayor trascendencia que la de clarificar, un poco el recibir las aportaciones del resto de grupos.

A lo único que nos lleva a pensar que no se acepten este tipo de enmiendas es a la actitud que está teniendo el grupo mayoritario ante estos proyectos de ley -que además parece que van todos en el próximo Pleno- de como si se quisiera hacer un totum revolutum de todos los proyectos de ley para que no sea claro y no sea público este debate, de que vayan rápido, por la puerta de atrás, sin que medie demasiada interferencia ni demasiado ruido, actitud que no aceptamos y no compartimos.

Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bildarratz.

Enmiendas 31 a 37, 39 a 51 y 53 a 64 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Señor Saura, tiene la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Hago mías las palabras del portavoz del Partido Nacionalista Vasco en relación con el procedimiento de tramitación de este paquete de leyes del Ministerio de Justicia.

Simplemente quiero decir dos cuestiones en relación con el proyecto que nos ocupa: una, que es un proyecto importante -porque en definitiva se trata de qué respuesta dan los poderes públicos a las víctimas, no solo en el terreno jurídico sino también en el terreno social y de minimización de los posteriores efectos que se puedan producir-, y otra, que no hay vetos, por lo que creo que es posible llegar a un gran consenso.

Quiero señalar entre nuestras enmiendas dos bloques: un bloque, de mejora, con muchas de las observaciones que hacía el Consejo de Estado que no están recogidas o están recogidas parcialmente -por tanto, hay toda una serie de enmiendas nuestras que van en ese sentido-, y una enmienda importante, relativa al artículo 13, sobre lo que no hay acuerdo, que habla de cuál debe ser la participación de la víctima en la ejecución de la sentencia. Nuestro grupo piensa que no se ha de producir participación de las víctimas en la ejecución de la sentencia, es decir, toda la participación hasta que se dicte la sentencia e información después de la ejecución a través de la Fiscalía, pero pensamos que en ningún caso las víctimas han de participar activamente en la ejecución de la sentencia.

Por lo tanto, un bloque de enmiendas de mejora del texto, todas las relacionadas con el Consejo de Estado, y la supresión del artículo 13.

Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Enmiendas 81 a 144, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Señora Rieradevall, tiene la palabra.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Hago mías también las palabras del portavoz del Partido Nacionalista Vasco sobre el procedimiento de tramitación de este proyecto de ley y de los otros tres.

Mi grupo ha presentado 34 enmiendas: 2 de supresión, 5 de adición y 27 de modificación. Destacamos siete que son importantes para nuestro grupo como la enmienda 87, sobre la notificación de las resoluciones a la víctima en todo momento. Consideramos que la víctima debe poder decidir si quiere o no recibir la información, así como garantizar no solo que le llega la información a la víctima, sino que también la entienda y comprenda. La enmienda 89, sobre la comunicación a la víctima que debe ser asistida. Entendemos que la comunicación se debe hacer a través de expertos en atención a las víctimas para evaluar la situación, las necesidades de la víctima y revisar las pautas de autoprotección para garantizar su seguridad, así como minimizar el impacto que pueda tener la víctima al recibir las comunicaciones. En la enmienda 90 se propone que los casos en que debe notificarse a la víctima la resolución sin necesidad de que lo solicite se amplíen también a aquellas víctimas de delitos violentos -tales como delitos contra la libertad sexual, la trata de personas, de terrorismo- y en los que se evalúe un riesgo para su integridad y protección.

Proponemos en la enmienda 94 suprimir el artículo 13 sobre participación de la víctima en la ejecución, pues la totalidad del precepto es contrario al sistema actual de ejecución penal, así como el principio de atención integral a las víctimas como proceso recuperador y no revictimizador. Dar este protagonismo a las víctimas en la ejecución penal puede suponer la generación de alarmas innecesarias, potenciar la sensación de miedo e indefensión.

Mediante la enmienda 96 proponemos añadir la especificación sobre el ámbito territorial de la justicia gratuita. Se propone especificar que las solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia gratuita deberán presentarse ante el colegio de abogados, pero que sea el que resulte territorialmente competente.

La enmienda 102 es una mejora técnica en las medidas de protección a la víctima. Proponemos eliminar la credibilidad en la declaración de la víctima para proteger el derecho de la víctima a su intimidad y no responder a cuestiones privadas que resulten improcedentes para la causa penal. La resolución del juez o presidente del tribunal que autorice la presencia de personas interesadas en las vistas orales sin presencia de público entendemos que debería ser motivada.

Y, finalmente, también damos mucha importancia a poder suprimir el artículo 35, sobre la obligación de reembolso de la víctima. Se prevé que este precepto va a provocar una disminución importante en el número de denuncias porque la víctima se plantee no denunciar bajo la amenaza de tener que reembolsar los gastos ocasionados. Asimismo, el reembolso no es adecuado en los dos supuestos en los que se debería efectuar.

El supuesto del sobreseimiento de la causa ya está regulado en el artículo 636 de la Ley de enjuiciamiento criminal, por lo que parece que el legislador está introduciendo una nueva causa de sobreseimiento.

Y en cuanto al supuesto de la denuncia falsa, entendemos que ya existen mecanismos jurídicos para depurar responsabilidades en estas situaciones, como el establecido en el artículo 456 del Código Penal, que tipifica el delito de denuncia falsa o simulación de delito con multas o penas de prisión.

Damos por defendidas el resto de las enmiendas.

Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rieradevall.

Enmiendas 65 a 72 y 74 a 80, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra doña Ángeles Marra.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.

Nuestro grupo considera este proyecto de ley que hoy viene a esta comisión es de suma importancia. Tanto es así que somos dos senadores, el senador Arcadio Díaz Tejera y yo misma, los que lo vamos a llevar. Reiteramos, por lo tanto, la gran transcendencia que tiene este proyecto de ley. Va unido directamente a la dignidad de las víctimas, a sus derechos, a la defensa de sus bienes materiales y morales, por tanto, es un proyecto de ley que quiere hacer justicia a una demanda básica de la sociedad española.


Primero quiero agradecer que se haya aceptado la incorporación de nuestra enmienda número 73 a la ponencia. Es una enmienda de gran importancia −quizás fue un error no incorporarla previamente en el Congreso− y hace referencia a la preferencia respecto al pago de los gastos que se hubieran causado por el Estado. Por lo tanto, agradecemos que se haya incorporado esta enmienda número 73 al artículo 14.

Después quisiera centrarme en concreto en dos enmiendas que presenta nuestro grupo: una, la enmienda al artículo 35. Lamentamos profundamente que no se acepte la supresión de este artículo, del artículo 35, artículo que, de hecho, creo que el senador Arcadio Díaz en una anterior ponencia señaló muy bien lo que viene a significar: primero, el desconocimiento de la realidad a la que se enfrentan las mujeres que se ven inmersas en casos de violencia de género. En nuestra opinión, no está bien recogido, y no constituye una anécdota, sino que es intimidatorio para estas mujeres que viven una situación difícil legislar sin tener conocimiento de la realidad a la que se enfrentan. Por lo tanto, consideramos fundamental la supresión de este artículo 35.

Finalmente me voy a centrar en el artículo 13 −yo creo que ya se ha recogido aquí también por alguno de los senadores−, relativo a la participación de la víctima en la ejecución de la sentencia. Lamentamos también que el Grupo Popular no llegue a un acuerdo con respecto a este artículo 13. Nosotros trataremos de dar argumentos para que sí se pueda llegar a un acuerdo y no se acabe por acometer lo que consideramos que sería un atropello: la participación de la víctima en la ejecución de la sentencia.

Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marra.

Para turno en contra, señora Franco, tiene la palabra.


La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Coincido con lo que han señalado varios de los ponentes anteriores: que estamos ante una norma muy importante, el estatuto de la víctima. Además, es una norma que nuestro grupo parlamentario cree que no solo es necesaria, sino que también es debida a todas las víctimas de los delitos en nuestro país.

Centrándome ya, sin mayores preámbulos, en las enmiendas que han defendido sus señorías, voy a tratar de responder al menos –yo espero− a las más relevantes, siguiendo además la sistemática del propio proyecto de ley que hoy debatimos.

Quisiera comenzar con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa y por el Grupo Parlamentario Socialista al artículo 5.1.m), que pretenden incorporar respecto a la notificación de resoluciones “salvo que expresamente se renuncie al mismo”. Consideramos que la redacción del precepto protege y satisface suficientemente este derecho a la defensa de la víctima y que, además, es acorde con lo dispuesto en la Directiva 29/2012 −que se incorpora o se transpone a nuestro ordenamiento jurídico a través de esta norma−, donde se señala que la víctima debe recibir información solo si lo solicita.

Por su parte, el Grupo de CiU ha hecho referencia también a varias de sus enmiendas. Me gustaría destacar las relativas al derecho a recibir información sobre la causa penal. A este respecto proponen que determinadas resoluciones sean notificadas a través de las oficinas de asistencia a las víctimas. El criterio de nuestro grupo, sin embargo, es que esta notificación se debe hacer siempre a través del juzgado. Asimismo prevé o solicita ampliar la excepción al régimen general de solicitud previa para las notificaciones de determinadas resoluciones, limitada a los delitos de violencia de género. A este respecto queremos decir que no aceptamos esta previsión para el resto de los delitos, pero se van a notificar en todo caso siempre que la víctima lo solicite, en correlación con lo señalado al respecto por la Directiva 29/2012.

Todos los grupos han coincidido en mencionar las enmiendas que han presentado al artículo 13, el que concede a la víctima la intervención en el proceso de ejecución de las sentencias. Nuestro grupo parlamentario considera que este artículo 13 así como el artículo 15 –al menos desde el punto de vista de esta senadora− resumen la esencia del estatuto de la víctima. Por ello, no se aceptan las enmiendas a este artículo 13. Este es un artículo que concede intervención a las víctimas en la ejecución de las penas, permitiéndoles formular alegaciones, incluso recurrir determinadas resoluciones, precisamente para garantizar una mayor protección a las mismas. Sí me gustaría señalar a este respecto que la participación de las víctimas en esta fase de ejecución de las penas no supone ninguna merma de otros objetivos del derecho penal, ni tampoco una merma de los derechos del autor del delito, del penado, ni tampoco es incompatible con la conservación del monopolio absoluto sobre la ejecución de las penas que tiene el Estado en nuestro país en un sistema como el nuestro. Tampoco supone un ataque al papel o función que desempeña o desarrolla el ministerio fiscal. Por esa razón no se aceptan ni las enmiendas de supresión ni aquellas que solicitan que se lleve a cabo la participación de las víctimas a través de la mediación del ministerio fiscal. Consideramos que la redacción actual de este proyecto −que proviene además de una transaccional a la que se llegó en el Congreso de los Diputados− garantiza la participación de las víctimas en la fase de ejecución de las penas en aquellos casos de resoluciones que puedan afectar a su seguridad y en delitos especialmente graves. Lo que se persigue y supone es ampliar la protección de las víctimas de forma respetuosa, como he dicho, con los principios relativos al control de la ejecución de la pena por el Estado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco ha hecho referencia a las enmiendas que ha presentado al artículo 15, otro de los artículos que desde mi punto de vista resume, junto al artículo 13, la esencia del estatuto de la víctima. Es el relativo a la justicia restaurativa. Es verdad que propone una redacción alternativa amplia, pero mi grupo quiere señalar que rechazamos esta enmienda por considerar que el proyecto no tiene por objeto una regulación completa del proceso de mediación y de los servicios de justicia restaurativa, siendo más razonable que se remita a la regulación del reglamento. Además, la regulación que contiene el estatuto en este precepto respeta estrictamente lo dispuesto en la Directiva 29/2012.

El Grupo CiU ha hecho referencia a la enmienda que ha presentado al artículo 16 relativo a la justicia gratuita, donde se solicita recoger expresamente los colegios de abogados territorialmente competentes, en lugar de “... al Colegio de Abogados que corresponda.” Esta es una enmienda de carácter puramente técnico. Sin embargo, mantenemos la redacción actual para que esta no entre precisamente en confrontación con la regulación que contenga la futura ley de asistencia gratuita, que veremos en breve en esta Cámara.

Por otra parte, su portavoz también ha hecho referencia a las enmiendas que ha presentado al artículo 25, sobre las medidas de protección, con las que se pretende incluir a las víctimas de explotación sexual. Sin embargo, esta es una previsión que ya se encuentra contenida en la redacción del actual artículo 25. Y lo mismo ocurre respecto a que las resoluciones sean motivadas, ya está garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de enjuiciamiento criminal.

Varios grupos han presentado, en particular el Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas a la regulación de las oficinas de asistencia a las víctimas. En este sentido, quiero decir que se mantiene la regulación actual, respetando sobre todo el ámbito competencial de las comunidades autónomas.

Los diferentes grupos parlamentarios también han defendido las enmiendas al artículo 25 relativas a la obligación de reembolso. La redacción actual es una cuestión que ya fue debatida en el Congreso de los Diputados, donde se llegó a una enmienda transaccional, que es precisamente la que incorpora el actual artículo 25. Hay que tener en cuenta que la obligación de reembolso viene condicionada a que exista una declaración judicial de la inexistencia de los hechos denunciados, tiene que haber una condena por denuncia falsa o por simulación de delito, con lo cual, la intervención de los jueces, que actúan con independencia, viene a garantizar que esta obligación de reembolso se lleve a cabo solo en aquellos supuestos en que realmente sea preciso. No estamos por tanto ante un supuesto de una posible revocación de ayudas que se hubieran concedido por incumplimiento de unos requisitos, sino ante un caso en el que lo que hay es una condena de un juez por una denuncia falsa o una simulación de delito.

Para finalizar, haré referencia a la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, que ha señalado que considera que no se debe conceder a las asociaciones de víctimas el papel que se les otorga en la nueva redacción del artículo 109 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal. Nosotros sí creemos que son personas legitimadas para la defensa de los derechos de las víctimas, y precisamente esta previsión se establece en el estatuto de la víctima −como concreción del actual artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial− y por tanto, se ha de mantener su participación.

Y por hacer una referencia general a otra de las enmiendas que señaló el Grupo Parlamentario Vasco sobre la inclusión de: sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en la disposición final cuarta, quiero indicar que nuestro grupo parlamentario considera innecesario añadir este tipo de previsiones en tanto que la Constitución fija claramente la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Por tanto, no es necesario incorporar mayores previsiones.

Como resumen quiero manifestar nuevamente que este estatuto de la víctima, esta norma que hoy debatimos en esta comisión es, como he dicho, una norma importante para nuestro ordenamiento jurídico, pues recoge un catálogo de derechos para todas las víctimas de los delitos. Y aunque no hayamos llegado a un acuerdo sobre las enmiendas presentadas, sí partimos de un punto común como lo demuestra el hecho de que no se hayan presentado vetos a la misma.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.

Empezamos con el turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Intervengo únicamente para indicar que me adhiero a las palabras de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra -Entesa, PNV, Convergència i Unió y Grupo Parlamentario Socialista- pues no comparto la forma en que se ha procedido a la tramitación de las distintas leyes que afectan a los derechos fundamentales de las personas, pues no es de recibo para la ciudadanía ni para lo que representa el derecho penal y la legislación limitativa de los derechos fundamentales de las personas.

Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

En esta comisión todos estamos de acuerdo en algo muy claro: que las víctimas se merecen este estatuto y, probablemente, un estatuto mucho mejor si fuésemos capaces de hacerlo. Lo que ocurre es que para poder mejorar, evidentemente, tiene que haber una conversación, y cuando digo conversación me refiero a un proceso de diálogo y de escucha que no está habiendo.

A mí se me generan muchas dudas, por ejemplo, en el ámbito de aplicación de este estatuto −ya hablaremos en el Pleno sobre este asunto− pues tiene una serie de lagunas importantes, y estoy de acuerdo en el fin y el objeto de este proyecto de ley.

Una vez dicho esto, no es menos cierto que hay una serie de enmiendas que lo único que pretenden es mejorar el texto, y sus señorías saben que no tienen mayor incidencia que la clarificación. Evidentemente, esto lo que hace es visualizar la actitud del grupo mayoritario, que sabiendo que el resto de las fuerzas parlamentarias tienen como objeto mejorar y acordar este proyecto de ley, el hecho de que no se les dé juego para hacerlo posible, dice muy poco del parlamentarismo.

Y voy a hacer referencia a 2 enmiendas que también ha comentado la senadora Franco: una de ellas relativa a la definición de justicia restaurativa. Es cierto que no es un estudio, no es una tesis sobre la justicia restaurativa que tiene su propio marco normativo, pero considero que el añadido de una frase que lo único que hace es complementar el objeto de lo que pretende la justicia restaurativa —que, dicho sea de paso, es una frase que está en la propia directiva que la senadora ha mencionado-, entiendo que es del todo inocente, y lo único que pretende es redefinir o definir con mayor precisión cuál es el objeto, el claro objeto de lo que es la justicia restaurativa.


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