Boletín de novedades Nº 264



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C.N.A.T. S.II. S.D. 94.616 del 21/11/2006. Exp. 20.124/03. “POLLAROLO ARZA, Valeria Elena c/GOYA Corrientes S.R.L. s/indemnización art. 212”. (Pi-Gui).
D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561. Decreto 2014/04. Agravamiento del 80%. Rubros que comprende.

El incremento del 80% previsto en el decreto 2014/04 comprende no sólo las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, sino todas las derivadas de la extinción del contrato de trabajo en razón de la normativa laboral vigente. Si bien el art. 4 de la ley 25.972 dispone en su segundo párrafo, que en caso de producirse despidos contraviniendo lo expresamente normado en el art. 16 de la ley 25.561, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados por dicha medida el porcentual adicional que fije el Poder Ejecutivo Nacional, por sobre la indemnización que le corresponda conforme lo establecido en el art. 245 L.C.T., debe tenerse en cuenta que el decreto reglamentario 2014/04 dispone en su art. 2 que a los efectos del cálculo de las sumas referidas en el art. 1, el porcentaje adicional comprende a todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo, y no sólo la indemnización del art. 245 L.C.T.. Por ello, no cabe hacer distinción alguna donde la ley no distingue.



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.745 del 21/1/2006. Exp. 29.146/2005. “LEGUIZAMON, Miguel Angel c/SKF Argentina S.A. s/despido”. (F.-R.B.).
D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561. Decreto 2014/04. Rubros que comprende la duplicación. Estatuto de periodistas.

Si bien el art. 4 de la ley 25.972 dispone en su segundo párrafo, que en caso de producirse despidos contraviniendo lo expresamente normado por el art. 16 de la ley 25.561, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados por dicha medida el porcentual adicional que fije el Poder Ejecutivo Nacional, por sobre las indemnizaciones que les corresponda conforme lo establecido en el art. 245 LCT, no menos cierto es que el Decreto Reglamentario 2014/04 dispone en su art. 2º que a los efectos del cálculo de las sumas referidas en el art. 1º, el porcentaje adicional comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo, y no sólo la indemnización del art. 245 LCT, sin hacer distinción alguna entre los estatutos especiales y la ley general.



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.730 del 13/09/2006. Exp. 4.143/2006. “CARRODANI, Sergio Daniel c/TELAM S.E. s/despido”. (F.-R.B.).
D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561. Despido mediando situación de embarazo. Improcedencia de la duplicación.

El art. 16 de la ley 25.561 proyecta sus efectos respecto de las consecuencias directas del despido incausado, esto es, la reparación general establecida para dicho supuesto y al margen de otros resarcimientos cuya procedencia pueda resultar habilitada en razón de particulares y específicas condiciones de admisibilidad. Así, el despido incausado mediando situación de embarazo, adiciona al plexo protectorio básico una condición adicional, determinante, a su vez, de una reparación específica que no se deriva sólo del despido sino que se torna operativa, además, en virtud de la condición de preñez y demás condiciones establecidas en el art. 178 LCT. Teniendo en cuenta la restrictividad con que cabe analizar la procedencia de tal disposición, no cabe duplicar la reparación establecida para el caso de mediar embarazo de la trabajadora. (Del voto del Dr. Moroni, en mayoría).



C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.364 del 28/04/2006. Exp. 18.333/03. “ZELAYA, Viviana Elizabeth c/BOFFELLI, María Teresa s/despido”. (M.-Gu.-Gui.).
D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561. Despido mediando situación de embarazo. Improcedencia de la duplicación.

El estado de embarazo de la trabajadora constituye una situación coyuntural que da lugar a una reparación propia (la del art. 178 L.C.T.) y que no se encuentra directa ni indirectamente vinculada con los fenómenos sociales producidos por la crisis derivada de la salida del régimen de convertibilidad, por lo que no corresponde incluir esa reparación en la base de cálculo de la duplicación del art. 16 de la ley 25.561. (Del voto del Dr. Guisado, por la mayoría).



C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.364 del 28/04/2006. Exp. 18.333/03. “ZELAYA, Viviana Elizabeth c/BOFFELLI, María Teresa s/despido”. (M.-Gu.-Gui.).
D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561. Despido mediando situación de embarazo. Procedencia de la duplicación.

Toda vez que el art. 16 de la ley 25.561 dispone que los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente, que el art. 4 del Dto. 264/2002 dispone que la duplicación prevista en el artículo y ley citados comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo, que el art. 178 L.C.T. sanciona el despido por causa de embarazo con el pago de una indemnización especial que se acumulará a la establecida en el art. 245 de dicha ley, según expresa el art. 182 L.C.T. al que remite el art. 178 L.C.T. y teniendo en cuenta lo expresado por Vázquez Vialard, en el sentido de que lo que se duplica es la indemnización que corresponde (según la ley que resulte aplicable) por el despido injustificado, cabe duplicarse la indemnización especial por causa de embarazo. (Del voto de la Dra. Guthmann, en minoría).



C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.364 del 28/04/2006. Exp. 18.333/03. “ZELAYA, Viviana Elizabeth c/BOFFELLI, María Teresa s/despido”. (M.-Gu.-Gui.).
D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561. Improcedencia de la duplicación en el caso de la compensación por tutela gremial.

La indemnización duplicada a que hace referencia el art. 16 de la ley 25.561 comprende los rubros provenientes del despido en sí mismo, sin que ello implique duplicar también otros incrementos y agravantes que obedecen a otras circunstancias, tales como el incremento por tutela gremial. (Del voto del Dr. Moroni, en mayoría).



C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.894 del 29/11/2006. Exp. 21.482/2005. “BIGA, Mario Fabián c/NUEVO BANCO BISEL S.A. s/despido”. (M.-Gu.-Gui.).
D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561. Improcedencia de la duplicación en el caso de la compensación por tutela gremial.

El legislador al establecer indemnizaciones agravadas como, entre otras, la compensación por tutela gremial, tuvo como objetivo la protección de determinados bienes jurídicos. Para ello, creó mecanismos específicos de reparación que deben cuantificarse de acuerdo a las pautas que para cada caso prevé la norma. En cambio, el art. 16 de la ley 25.561 tiene como objetivo directo evitar la destrucción de puestos de trabajos, en el marco de la situación de emergencia social (comprensiva del nivel de empleo) que motivó su dictado, y es reconocida por la misma ley (art. 1), a cuyo fin se incrementó el costo del despido sujeto al esquema indemnizatorio clásico que abarca a la generalidad de los trabajadores. Por ello, no corresponde duplicar la indemnización agravada que prevé el art. 52 de la ley 23.551. (Del vot del Dr. Guisado, en mayoría).



C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.894 del 29/11/2006. Exp. 21.482/2005. “BIGA, Mario Fabián c/NUEVO BANCO BISEL S.A. s/despido”. (M.-Gu.-Gui.).
D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561. Inconstitucionalidad del art. 4 del Decreto 264/02.

Toda vez que el art. 16 de la ley 25.561 se refiere a “indemnización”, queda claro que ésta es la del art. 245 L.C.T.. De allí que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso reglamentario al transformar, en el art. 4 del decreto 264/2002, ese vocablo en “indemnizaciones”, exorbitando los límites de la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 99 inciso 2, de la Constitución Nacional, ejerciendo, de hecho, funciones legislativas al regular las consecuencias de actos propios de los sujetos de un contrato cuyo ejercicio había sido temporalmente suspendido, materia reservada por el art. 75, inciso 12 de la Constitución, al Congreso Nacional. Por ello, resulta inconstitucional el art. 4 del decreto 264/02 y debe limitarse el recargo del art. 16 ley 25.561 a la indemnización del art. 245 L.C.T. o 7 de la ley 25.013, si corresponde.



C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.805 del 30/11/2006. Exp. 26.968/2003. “MANATANI, María Isabel c/CONSOLIDAR A.F.J.P. S.A. y otro s/despido”. (M.-L.).
D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561. Ley 12.921. Periodistas.

Tratándose de un despido sin causa, y no distinguiendo la ley 25. 972 entre trabajadores amparados por la Ley de Contrato de Trabajo y los que estén enmarcados en otro estatuto, resulta aplicable la duplicación al estatuto de periodistas.



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.730 del 13/09/2006. Exp. 4.143/2006. “CARRODANI, Sergio Daniel c/TELAM S.E. s/despido”. (F.-R.B.).
D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561. Procedencia de la duplicación en el caso de la compensación por tutela gremial.

Si bien es cierto que el ejercicio de cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial que gozan de tutela sindical, es una situación coyuntural que da lugar a una reparación propia y no se encuentra directa ni indirectamente vinculada a los fenómenos sociales producidos por la crisis derivada de la salida del régimen de la convertibilidad, ello no resulta motivo para excluir dicha reparación de la base de cálculo de la duplicación del art. 16 de la ley 25.561, atento a que los considerandos del Dto. 264/2002 sostienen que la finalidad de la ley 25.561 “cumple las intenciones del legislador, quien ha dictado una norma general de fuerte contenido protectorio para los trabajadores cuya fuente de trabajo se encuentre en peligro y que debe preferirse la interpretación que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos por la ley (Fallos 252/262)”. (Del voto de la Dra. Guthmann, en minoría).



C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.894 del 29/11/2006. Exp. 21.482/2005. “BIGA, Mario Fabián c/NUEVO BANCO BISEL S.A. s/despido”. (M.-Gu.-Gui.).
D.T. 34 Indemnización por despido. Arts. 1 y 2 ley 25.323. Extinción del contrato por muerte del empleador. Improcedencia de las multas.

Ante el caso de extinción del contrato de trabajo por fallecimiento del empleador, la indemnización que prevé el art. 249 L.C.T. no tiene naturaleza sancionatoria ya que no está relacionada con ningún incumplimiento, sino que tiene por finalidad reparar el daño que sufre el trabajador que se encuentra privado de su trabajo por un motivo que le es por completo ajeno. De allí que no quepa hacer lugar a las sanciones que prevén los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.



C.N.A.T. S.I. S.D. 83.971 del 30/11/2006. Exp. 3.354/04. “INFANTINO, Ana Inés y otros c/GAYNOR, María y otro s/despido”. (V.-Pu.).
D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561. Art. 212 LCT. Improcedencia de la duplicación.

El art. 16 de la ley 25.561 agrava las consecuencias del “despido sin causa justificada” que hubiera dispuesto el empleador en violación a la suspensión prevista en la norma. El modo de extinción previsto en cualquiera de las hipótesis contempladas en el art. 212 LCT no es el que proviene de la simple voluntad unilateral de alguna de las partes, sino de la confluencia de un factor no imputable a ninguna de ellas (inhabilidad sobreviviente de trabajador) con una circunstancia que puede o no ser imputable al empleador (si es que hay posibilidad objetiva de reubicar al dependiente), a cuyo efecto, la actitud remisa de éste sólo puede actuar como agravante del monto de la indemnización que en cualquier caso debe abonar, pero no como determinante exclusivo de la extinción que se origina en el estado de salud del trabajador. Por ello, en tales supuestos no corresponde hacer lugar al agravamiento previsto en el art. 16 de la ley 25.561.



C.N.A.T. S.II. S.D. 94.616 del 21/11/2006. Exp. 20.124/03. “POLLAROLO ARZA, Valeria Elena c/GOYA Corrientes S.R.L. s/indemnización art. 212”. (Pi-Gui).
D.T. 34 Indemnización por despido. Inconstitucionalidad del tope del art. 245 LCT. Caso “Vizzotti”. Necesidad de llegar a una reparación justa.

El tope del art. 245 LCT resulta inconstitucional y por lo tanto debe desecharse, cuando la fijación literal a ese límite legal importa un conculcamiento de la finalidad resarcitoria de la norma en cuestión, tornando así ilusoria la tutela efectiva que consagra la ley. En este sentido, la aplicación mecánica de la doctrina que emana del fallo “Vizzoti, Calos A. c/Amsa S.A. s/despido”, dictado por la CSJN, haría tomar como base indemnizatoria el 67% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual computable, pero si de la aplicación mecánica de una merma del 33% sobre la indemnización liberada del tope que prevé el segundo párrafo del art. 245 LCT, se arribara a un resultado menguado e insuficiente para alcanzar la finalidad reparatoria que pretende el instituto, habida cuenta de las particularidades concretas del caso, se sirve a la Idea de Justicia, haciendo lugar a la indemnización que surge de multiplicar el importe del salario real por el número de años trabajados, lisa y llanamente.



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.775 del 29/11/2006. Exp. 11.838/2004. “MARTIGNONI, Liliana Alejandra p/si y en representación de sus hijos menores Eliseo y Helena Barral c/RIGON S.R.L. y otro s/indem. por fallecimiento”. (F.-R.B.).
D.T. 34 Indemnización por despido. Multa del art. 2 de la ley 25.323. Improcedencia en el caso de despido indirecto.

En el caso de despido indirecto es el trabajador el que pone fin a la relación de trabajo, invocando una justa causa, cuya legitimidad sólo será declarada, eventualmente, al cabo de un proceso judicial. Hasta ese momento no existía un crédito actual en cabeza del trabajador denunciante. El empleador no se encontraba en mora respecto de la multa del art. 2 ley 25.323, pues su procedencia no había sido establecida. Sólo pronunciada la sentencia y condenado el empleador a satisfacer las indemnizaciones, su incumplimiento podría tornar operativo al art. 2 de la ley 25.323, ya que sólo desde entonces existiría un crédito perfecto por indemnizaciones, cuya satisfacción se vería forzada por la coerción derivada de la norma en cuestión. En esa inteligencia, cuando el legislador utiliza la expresión “despido”, se debe asumir que lo ha hecho en el sentido técnico de denuncia del contrato de trabajo emanada del empleador. (Del voto del Dr. Morando, en mayoría).



C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.797 del 30/11/2006. Exp. 10.175/2004. “MONACO de VARANI, María Judith c/BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/despido”. (M.-L.).
D.T. 34 Indemnización por despido. Multa del art. 2 de la ley 25.323. Procedencia en el caso de despido indirecto.

La multa del art. 2 de la ley 25.323 no es aplicable exclusivamente a los despidos directos, sino también a los indirectos, puesto que no cabe distinguir allí donde la ley no distingue, de lo contrario se beneficiaría la conducta de un empleador, que provocando y forzando una situación injusta en perjuicio del trabajador, resultaría económicamente beneficiado por el sólo hecho de que evitó definir la irregular situación laboral que el mismo generó. (Del voto del Dr. Catardo, en minoría).



C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.797 del 30/11/2006. Exp. 10.175/2004. “MONACO de VARANI, María Judith c/BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/despido”. (M.-L.).
D.T. 26 8 Industria de la construcción. Ausencia de responsabilidad del propietario que no se desempeña como constructor de obra. Plenario “Loza”.

La ley 22.250 describe como empresa constructora a aquella que actúa de modo normal y habitual en el mercado ejerciendo su actividad como tal dentro de la industria de la construcción, por lo cual, una empresa dedicada al comercio explotando supermercados, no puede ser comprendida como tal, por el sólo efecto de haber decidido remodelar una de las sucursales, y a tal efecto haber contratado a una empresa que sí encuadra y hace de su actividad lo que legisla la ley 22.250. Por lo demás, y conforme el Fallo Plenario 261 in re “Loza, José c/Villalba, Francisco”, no puede responder en los términos del art. 32 de la precitada ley el propietario que no se desempeña como constructor de obra.



C.N.A.T. S.V. S.D. 69.026 del 16/11/2006. Exp. 19.638/00. “PAZ, Angel Hernán c/VERSALLES CONSTRUCCIONES S.A. y otro s/ley 22.250”. (S.-G.M.).
D.T. 54 Intereses. Prohibición de capitalización de intereses moratorios.

No corresponde la capitalización cada treinta días de la tasa de interés, puesto que los intereses moratorios no guardan función sancionatoria. La CNAT ha dispuesto que sobre el capital de condena determinado en la sentencia deberán calcularse intereses desde que cada suma fue debida y hasta el momento de su efectivo pago a la tasa de interés prevista en el Acta Nº 2.357 únicamente, conforme Resolución de Cámara Nº 8 del 30 de mayo de 2002.



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.713 del 09/11/2006. Exp. 19.961/01. “GUERRA, Norberto Osvaldo c/CHULCA IMPRESORA S.A. y otros s/despido”. (F.-R.B.).
D.T. 55 1 Ius variandi. Alteración de las condiciones de trabajo. Ley 26.088. Restablecimiento de las condiciones alteradas.

Según el art. 66 L.C.T. en la configuración que resulta de la ley 26.088, el trabajador que se considera afectado por el ejercicio irregular del ius variandi, si no lo estima un obstáculo insuperable de la continuación de la relación laboral o no desea considerarse despedido, puede accionar por vía sumarísima “persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas”. En este caso no se podrá “innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que estas sean generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva”. Esto significa que en todos los casos, objetivamente comprobada la modificación indebida de las condiciones de trabajo que no tenga carácter general, resulta procedente el dictado de una orden, de naturaleza cautelar, de no innovar o, en su caso, de restituir el status quo ante, lo que resulta suficiente fundamento para el mantenimiento de la cautela acordada, siendo el trámite del juicio sumarísimo que persigue el restablecimiento de dichas condiciones la manera natural de implantación de la cautela.



C.N.A.T. S.VIII. S.I. 27.627 del 30/11/2006. Exp. 18.829/2006. “GALARRAGA, Ignacio Leopoldo c/A.A. Aerolíneas Argentinas S.A. s/medida cautelar”.
D.T. 56 1 Jornada de trabajo. Extensión. Exceso en la jornada legal convenida.

El art. 197 de la L.C.T. dispone que se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Integrarán la jornada de trabajo los períodos de inactividad a que obligue la prestación contratada, con exclusión de los que se produzcan por decisión unilateral del trabajador. Y si bien, en el caso las partes estipularon una jornada semanal de treinta y seis horas trabajadas con un descanso intermedio de treinta minutos, de acuerdo a lo que surge del art. 56 del C.C.T. 130/75 se considera comprendido dicho descanso dentro de la jornada. No hay que perder de vista que más allá de lo pactado, durante su descanso intermedio de 30 minutos la actora no dejaba de encontrarse a disposición del empleador, por lo que en realidad trabajaba 39 horas excediendo la jornada legal convenida.



C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.785 del 30/11/2006. Exp. 13.140/2005. “GARCIA, María del Carmen c/C&A Argentina S.C.S. s/despido”. (C.-L.).
D.T. 56.3. Jornada de trabajo. Horas extra. Falta de autorización y/o en exceso. Obligación de pago. Trabajo de objeto prohibido.

Las horas extra no autorizadas o las que exceden el tope de la autorización legal, deben ser pagadas igualmente con recargos, pues se trata de un trabajo de objeto prohibido cuya responsabilidad corresponde al empleador (cfr. Art. 40 de la LCT).



C.N.A.T. S.III. S.D. 88299 del 15/11/06. Exp.9966/05."VITAR, Angel D. y otros c/ P.A.M.I. s/ Diferencias de salarios". (Ei.- Gui).
D.T. 56.3. Jornada de trabajo. Horas extra. Obligación de pago. Decreto 23.696/44. Derogación. Innecesariedad de autorización administrativa previa.

El art. 201 de la L.C.T. señala claramente que los recargos por horas extraordinarias proceden "medie o no autorización del organismo administrativo competente". Además, el dec. 484/00 (cfr. Art. 13 de la ley 16.115/33), vigente a partir del 29/06/00, con fundamento en la reduccción de la utilización mensual y anual de horas suplementarias a "límites razonables", derogó el decreto 23.696/44 y la resolución ministerial Nº 436/774 y consiguientemente la necesidad de autorización administrativa previa para realizar horas extra.



C.N.A.T. S.III. S.D. 88299 del 15/11/06. Exp.9966/05."VITAR, Angel D. y otros c/ P.A.M.I. s/ Diferencias de salarios". (Ei- Gui).
D.T. 56 3 Jornada de trabajo. Horas extra. Vigiladores.

Con ajuste a lo establecido en el convenio colectivo correspondiente a la actividad de vigiladotes, las labores prestadas en tiempo suplementario, sin goce de los francos compensatorios respectivos se interpretan como en exceso de la jornada máxima legal, y deben ser remuneradas con los recargos de ley (arts. 9 y 14 del C.C.T. 194/92).



C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.790 del 30/11/2006. Exp. 2.853/2005. “TAGLIABUE Pedro Rodolfo c/VICUS S.R.L. s/despido”. (C.-L.).
D.T. 60 5 Licencia por enfermedad. Despido durante el período de licencia. Validez.

La circunstancia de que el distracto se hubiera operado durante la licencia por enfermedad, no torna ineficaz al despido aún considerando la grave situación en la que se coloca al trabajador que es cesanteado cuando se encuentra imposibilitado de prestar tareas. La ley expresamente contempla la situación en estudio al prever el pago de salarios hasta el otorgamiento del alta médica (conf. arg. art. 213 LCT).



C.N.A.T. S.II. S.D. 94.602 del 02/11/2006. Exp. 5.072/2001. “GRAIB KEHOE, María Alejandra p/s y en repres. de sus hijos menores Bernardo y Patricio Mispiasegui Graib c/PRODUMET San Luis S.A. y otros s/despido”. (P.-G.).
D.T. 62. Médicos y profesionales del arte de curar. Atención en consultorios externos. Inclusión en cartilla de profesionales de la demandada. Carácter de la relación.

La circunstancia de que la actora (médica) sólo atendiese a pacientes afiliados a la demandada no resulta suficiente para acreditar su pretendido carácter dependiente, por los servicios prestados en consultorios externos. En la medida en que no se haya invocado que ello sea producto de una imposición de la accionada, bien podría interpretarse que sólo fue fruto de una decisión libre de la actora. En consecuencia, el hecho de que ésta figurase en la cartilla de profesionales de la demandada, en modo alguno resulta idóneo para determinar el carácter laboral de los servicios prestados. (En el caso se determinó que los servicios cumplidos por la actora en consultorios externos de la demandada, carecieron de naturaleza laboral).



C.N.A.T. S.III. S.D. 88340 del 30/11/06. Exp.17625/05."FERRADAS, Graciela Liliana c/ SISTEMA DE PROTECCION MEDICA S.A. s/ despido". (G-E).
D.T. 62. Médicos y profesionales del arte de curar. Médica en consultorio externo de la demandada. Formas de prestación. Autonomía o dependencia.

Si bien el reconocimiento de servicios por parte de la demandada torna operativa la presunción del art. 23 LCT, ésta no adquiere en la especie una dimensión determinante, pues las tareas como médica en un consultorio externo a la entidad de medicina prepaga pueden ser prestadas de modo autónomo o bajo relación de dependencia y su encuadre en una u otra modalidad depende de las condiciones propias en que tales servicios sean cumplidos.  (En el caso, se determinó que los servicios cumplidos por la actora en consultorios externos de la demandada, carecieron de naturaleza laboral).





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