Boletín de novedades Nº 264



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ISSN 0326 1263



PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN




CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO



PROSECRETARÍA GENERAL


BOLETÍN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA Nº 264

NOVIEMBRE 2 0 0 6

OFICINA DE JURISPRUDENCIA



D.T. 1 19 4 Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Cosa. Ausencia de riesgo en la acumulación de agua de lluvia y en la utilización de zapatillas de goma.

No cabe hacer lugar a la indemnización de un accidente de trabajo fundado en el art. 1113 del Cód. Civil, el cual ocurrió al resbalarse el trabajador y golpearse su brazo derecho contra la pared y piso de cemento del lugar de tareas, en ocasión de estar retirando niveles de agua acumulada en su sector de labores. Ello así, pues ni la acumulación de agua como consecuencia de la lluvia ni el uso de zapatillas de goma para cumplir sus tareas, ni ambas en conjunto, constituyen cosas riesgosas, en el sentido de que portan, por estructura o dinámica propia, la virtualidad de producir daños definidos a quienes las usan o a terceros.



C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.816 del 30/11/2006. Exp. 24.380/2005. “RIVERO, Orlando c/Andrés LAGOMARSINO e Hijos S.A. y otro s/accidente-acción civil”. (L.-M.).
D.T. 1 19 4 c) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Dueño y guardián. Trabajador que sufre un accidente por la acción de otro dependiente.

En el caso de un trabajador que sufrió un accidente producto de un golpe de maza que le asestó otro empleado de la demandada al clavar una estaca en las vigas de encadenado de las fundaciones de un edificio, la responsabilidad de la empleadora resulta del supuesto regulado en la primera parte del artículo 1113 del Código Civil, que dispone que “la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia”.



C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.748 del 10/11/2006. Exp. 11.132/01 “FERNANDEZ, Benito c/MPM Obras Civiles S.A. y otro s/accidente-acción civil”. (M.-L.).
D.T. 1 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley 24.557. Empleador exonerado de responder en los términos de la ley de riesgos de acuerdo al Decreto 334/96.

De conformidad con lo dispuesto por el decreto de Poder Ejecutivo Nº 334/96, reglamentario del art. 3 de la L.R.T. resulta exonerado de las prestaciones de la ley 24.557 el empleador “afiliado” o “asegurado”, lo cual si bien no está expresamente establecido, se desprende de los sujetos a los que el mismo limita la atribución de responsabilidad (empleadores autoasegurados y los que no cumplan con la obligación de afiliarse a una aseguradora).



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.746 del 21/11/2006. Expte. 26.418/2005. “BOZAN, Julio César c/BONNANO Ernesto y otro s/accidente-ley 9688”. (F.-R.B.).
D.T. 1 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley 24.557. Prestación adicional de $40.000 prevista en en el inc. b) del art. 3 del decreto 1278/2000.

No existe aplicación retroactiva de normas en el caso del decreto 278/2000, en lo referente al pago de una suma adicional de $40.000, puesto que a pesar de haber sido publicado el 03/01/2001 y el accidente ocurrido el 13/04/2000, la declaración de la incapacidad permanente total y definitiva lo haya sido el 23/08/04.



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.746 del 21/11/2006. Expte. 26.418/2005. “BOZAN, Julio César c/BONNANO Ernesto y otro s/accidente-ley 9688”. (F.-R.B.).
D.T. 18 Certificado de trabajo. Art. 80 LCT. Requisito de la intimación previa.

La intimación previa que requiere el art. 80 LCT no puede considerarse suplida por la intimación que se formule en oportunidad de la instancia administrativa previa ante el SECLO o en el escrito de demanda, pues se trata de un acto que debe necesariamente preceder al reclamo administrativo o judicial.



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.755 del 21/11/2006. Expte. 8.802/2003. “RECALDE, Roxana Carina c/MANGONE, Ernesto Felipe y otros s/despido”. (R.B.-F.).
D.T. 18. Certificado de trabajo. Empledora usuaria de los servicios del trabajador. Empresa contratante. Solidaridad. Obligación de entrega de certificados a cargo de cualquiera de las empresas.

Según lo dispuesto por el art. 29 LCT, la empresa usuaria de los servicios del trabajador es la empleadora directa de éste, aún cuando ambas empresas, tanto la que contrató a la actora como quien utilizó su prestación, deben responder solidariamente por todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Por ello, la obligación de entregar el certificado de trabajo se encontrará cumplida, en principio, con la entrega de dicha certificación por parte de cualquiera de los responsables solidarios, siempre que el certificado incluya las constancias relativas al vínculo real habido entre las partes y judicialmente reconocido.



C.N.A.T. S.III. S.I. 57592 del 30/11/2006. Exp. 21.031/04. "CAVIA, Liliana Mariela c/ Banco Privado de Inversiones S.A. y otro s/ despido".
D.T. 18 Certificado de trabajo. Inconstitucionalidad del Decreto 146/01.

Resulta inconstitucional el decreto 146/01 que al reglamentar el art. 45 de la ley 25.345 exige al empleado esperar un plazo de treinta días corridos a partir de la extinción del contrato de trabajo, para que el empleador haga entrega de los certificados de trabajo. Dicha requisitoria que se impone al trabajador constituye un exceso reglamentario en relación a la norma superior que reglamenta (art. 45 ley 25.345). De acuerdo con lo dispuesto por el art. 99, inc. 2 de la CN, referido a los decretos reglamentarios, éstos no deben alterar el espíritu de la ley que reglamentan con excepciones reglamentarias, esto es, que el decreto reglamentario está jerárquicamente subordinado a la ley. El decreto no debe afectar la sustancia del texto legal. El decreto 146/01 desnaturaliza la ley que reglamenta pues la requisitoria que el mismo impone al trabajador excede claramente lo que establece la norma superior que reglamenta.



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.717 del 09/11/2006. Exp. 19.358/2005. “DAIX, Odina Elizabeth c/LA TORTERIA S.R.L. s/despido”. (F.-R.B.).
D. T. 18 Certificado de trabajo. Intimación de entrega de los certificados de trabajo a quien no fue condenado como empleador.

No cabe aplicarle la indemnización del art. 45 de la ley 25345 (modificatorio del art. 80 L.C.T.) al codemandado que ha sido liberado de responsabilidad. Al no haberse cursado la intimación a quien fuera el empleador del actor, mal puede reputársele como deudor de una penalidad sustentada en la renuencia a entregar documentación propia del carácter de titular de la relación, la cual jamás se le requirió (art. 386 C.P.C.C.N.).



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.735 del 16/11/2006. Exp. 17.293/04. “OCTAVO, Epifanio c/FLEITA, Diego y otro s/ley 22.250”. (R.B.-F.).
D.T. 18 Certificado de trabajo. Multa del art. 45 ley 25.345. Entrega de certificados con datos controvertidos. Improcedencia de la multa.

El art. 45 de la ley 25.345 sanciona al empleador cuando intimado fehacientemente respecto de la entrega de los certificados previstos en el art. 80 L.C.T., no la cumpla. El presupuesto de la operatividad de la multa que prevé el citado art. 45 es la falta de entrega de los certificados del art. 80 L.C.T., no la entrega de constancias cuyos datos son controvertidos. En el caso, la demandada los acompañó en la contestación de demanda y el sentenciante entendió que correspondía extender nuevas constancias. En nuestro sistema, es el Juez quien ex post facto, legitima –o no- las conductas de las partes, calificando jurídicamente a la situación preexistente o contemporánea al acto de denuncia.



C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.785 del 30/11/2006. Exp. 13.140/2005. “GARCIA, María del Carmen c/C&A Argentina S.C.S. s/despido”. (C.-L.).
D.T. 18 Certificado de trabajo. Obligación de entrega del codemandado solidario.

La obligación de entregar el certificado de trabajo se encuentra comprendida entre las previstas en el art. 30 L.C.T. para el deudor solidario (norma que al prever la solidaridad se refiere concretamente y sin distinciones a las obligaciones de la seguridad social), sin que ello implique que este último esté obligado en carácter de empleador.



C.N.A.T. S.VI. S.D. 59.278 del 15711/2006. Exp. 19.500/04. “OTAZO, Mercedes c/FULL COMUNICACIONES S.A. y otro s/despido”. (F.-S.).
D.T. 18 Certificado de trabajo. Prescripción de la acción tendiente a obtener el certificado del art. 80 LCT. Plazo.

Resulta de aplicación a los fines de determinar la prescripción de la acción tendiente a obtener el certificado del art. 80 LCT, el plazo general de diez años al que alude el art. 4.025 del Código Civil.



C.N.A.T. S.IX. S.I. 9.221 del 29/11/2006. Exp. 14.460/01. “LOPEZ, Marcela c/ARGHAM S.A. y otros s/despido”.
D.T. 18 Certificado de trabajo. Transferencia del establecimiento. Deber de entrega a cargo del adquirente del establecimiento.

En el supuesto de transferencia o cesión del establecimiento (art. 225 LCT), el contrato de trabajo continúa con el sucesor o adquirente, y el trabajador conserva la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven. Al no existir ninguna excepción normativa con relación a los derechos que se derivan de la antigüedad adquirida por el trabajador con el transmitente del establecimiento, el adquirente debe extender el certificado de trabajo por todo el tiempo de servicios que debe reconocerle al trabajador, en virtud de la antigüedad en el empleo adquirida.



C.N.A.T. S.IX. S.D. 13.787 del 28/11/2006. Exp. 22.697/03. “BUTTINER, Leticia Andrea c/REIFSCHNEIDER ARGENTINA S.A. y otros s/despido”. (P.-ZdeR.).
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Casos particulares. Empresa constructora que remodela una sucursal de un supermercado.

No resulta aplicable el art. 30 L.C.T. en el caso de haberse realizado obras de remodelación en una de las sucursales del supermercado coaccionado, pues dichas obras no hacen a la actividad normal y específica propia del establecimiento y son meramente coadyuvantes, siendo el tráfico comercial el objeto social principal, específico y propio de dicha empresa, como la venta al público de mercaderías comestibles y electrodomésticos y demás útiles, vestimenta, etc.



C.N.A.T. S.V. S.D. 69.026 del 16/11/2006. Exp. 19.638/00. “PAZ, Angel Hernán c/VERSALLES CONSTRUCCIONES S.A. y otro s/ley 22.250”. (S.-G.M.).
D.T. 27 18 d) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Empresas de limpieza. Tareas de limpieza prestadas en una escuela pública. Solidaridad de la Cooperadora del colegio. Eximición de solidaridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Siendo impensable que un establecimiento educativo pueda funcionar sin que se cumplan los recaudos indispensables de higiene, la actividad desplegada por la empresa de limpieza resulta una “actividad normal y específica propia” de dicho establecimiento, de conformidad con lo dispuesto por el art. 30 L.C.T.. Dado que en el caso la contratación fue realizada por la asociación cooperadora del colegio, ésta en cuanto asociación civil, cuyo objeto es coadyuvar al funcionamiento de la institución pública, en la medida que contrató con terceros la realización de una actividad normal y específica propia del establecimiento, resulta responsable solidaria de las obligaciones del empleador en los términos del artículo referido. En la medida que la coooperadora actúa como un ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones (art. 30 Cód. Civil), no puede luego pretender desentenderse de las consecuencias de sus actos. En cuanto a una presunta responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no se ha probado en el caso una activa participación de la escuela en la decisión de contratar al personal de limpieza, independientemente de la inicial “inaplicabilidad” de la LCT al ámbito público (art. 2 LCT).



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.755 del 21/11/2006. Exp. 8.802/2003. “RECALDE, Roxana Carina c/MANGONE, Ernesto Felipe y otros s/despido”. (R.B.-F.).
D.T. 27 18 g) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Gastronómicos. Servicio de comedor prestado en las instalaciones de una empresa de estibaje.

Cabe considerar responsable solidariamente en los términos del art. 30 LCT frente a la actora, a la empresa de estibaje en cuyas instalaciones se explotaba un comedor en donde aquélla laboraba. Ello así, pues la prestación del servicio de comedor coadyuvaba a los fines de la empresa de estibaje. En el art. 30 LCT se aborda la contratación y subcontratación, al señalarse que está dirigido a quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que les de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito. Por tal, no sólo debe entenderse lo que directamente se conecta con la finalidad del cedente, sino también todo lo que se concatena debidamente con la consecución de la misma.



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.726 del 13/11/2006. Exp. 6.242/03. “KASPAR, Marta Ester c/TERMINALES PORTUARIAS ARGENTINAS S.A. y otro s/despido”. (F.-R.B.).
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Kiosco ubicado en una sucursal de “Easy”.

No corresponde aplicar la solidaridad prevista en el art. 30 L.C.T. al caso de la trabajadora que laboraba en un kiosco ubicado dentro del establecimiento del hipermercado “Easy”, puesto que no se compadece la actividad del kiosco, la cual es la de venta de golosinas, gaseosas, helados y cigarrillos, con la actividad normal y específica del hipermercado referente a la venta de productos y servicios para la construcción y el hogar.



C.N.A.T. S.VI, S.D. 59.267 del 13/11/2006. Exp. 34.219/2002. “ARAYA, Ivana Mariela c/CENCOSUD S.A. y otros s/despido”. (S.-F.M.).
D.T. 27 5 Contrato de trabajo. De empleo público. Trabajadores jubilados que reingresan a la actividad de la Administración Pública Nacional. Incompatibilidad en la acumulación del haber provisional con la remuneración del agente. Constitucionalidad del art. 2 decreto 894/2001.

De acuerdo con lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Saralegui, Francisco c/Estado Nacional”, el 14 de febrero de 2006, S.393.XXXVIII, no resulta inconstitucional el art. 2 del decreto 894/2001 en la medida que establece la incompatibilidad para el agente jubilado que reingresa a la actividad en la Administración Pública Nacional, de percibir simultáneamente el haber previsional o de retiro y la retribución correspondiente con el desempeño de un cargo. Ello así, toda vez que la limitación al derecho a la estabilidad administrativa respecto de los empleados que son titulares de una jubilación ordinaria o “prestación similar” no importa una reglamentación irrazonable del principio consagrado en el art. 14 bis de la C.N.. Asimismo el derecho de propiedad no sufre menoscabo por la aplicación de un régimen legal de incompatibilidades de empleados públicos, habida cuenta de las facultades del Estado para establecer una adecuada formación legal o reglamentación del empleo público. Por todo ello dado que en el caso el trabajador se negaba reiteradamente a formular la opción a la que hace referencia el art. 2 del decreto 894/01, la empleadora (Superintendencia de Fondos de Jubilaciones y Pensiones PEN) se hallaba habilitada para despedirlo.



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.763 del 27/11/2006. Exp. 2.254/2003. “ADET GALINDEZ, Fernando Aurelio c/Superintendencia de Fondos de Jubilaciones y Pensiones PEN s/despido”. (R.B.-F.).
D.T. 27 8 Contrato de trabajo. Entre cónyuges-familiares. Existencia de una relación íntima. Excepción a la regla del art. 23 LCT.

No cabe considerar que medió relación de dependencia en los términos del art. 23 LCT, ante el caso de quien realiza una actividad junto a la persona con quien mantiene una relación personal afectiva, en convivencia en el mismo espacio íntimo (el actor se desempeñó como encargado en el local de lotería de la demandada y compartieron la compra de una camioneta con la que el actor trabajaba como vidriero). Ello desplaza la posibilidad de considerar que lo percibido por el actor durante el transcurso de la prestación pueda ser calificado como una “ganancia” obtenida para su propio y exclusivo provecho y beneficio. Hay vinculación laboral cuando se produce una incorporación efectiva del trabajador a una empresa total o parcialmente ajena, percibiendo por sus labores una suma determinada o indeterminada de dinero, o una prestación tal como la oportunidad de obtener ganancias -circunstancias que no se dan en el caso-.



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.740 del 20/11/2006. Expte. 582/05. “RINALDINI, Edmundo Conrado c/SOLARES, Graciela María s/despido”. (R.B.-F.).
D.T 27 19 Contrato de trabajo. Extinción por mutuo acuerdo. Acuerdo de confidencialidad y no competencia firmado por un ex presidente de la sociedad demandada. Limitación para ejercer durante diez años ciertas actividades por cuenta propia. No cercenamiento del derecho a trabajar.

El actor que firmó un mutuo acuerdo extintivo de la relación laboral y un convenio de no competencia y confidencialidad por los cuales recibió la suma de un millón de dólares estadounidenses, debiendo no actuar en la materia concerniente a la “investigación, creación, producción y comercialización de semillas”, que posteriormente viola tal compromiso a través del actuar de una sociedad que integra con sus hijos, no puede –teniendo en cuenta su condición de abogado y de ex presidente de la demandada- sostener que se encuentra cercenado su derecho de raigambre constitucional a trabajar ni que sea nulo el acuerdo. El demandante recibió una contraprestación en dinero por el “no hacer”, muy importante en sus aspectos cuantitativos, y en este sentido la imposición de no desplegar actividad en competencia por diez años en las cuestiones vinculadas con las semillas, no luce desorbitante atento las circunstancias en que se desarrolló el acuerdo. (Del Dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala).



C.N.A.T. S.I. S.D. 83.924 del 10/11/2006. Exp. 14.760/05. “LEGUIZAMON, Eduardo martín Luis c/NIDERA S.A. y otros s/acción ord. de nulidad”. (V.-Pu.).
D.T. 27 23 Contrato de trabajo. Irrenunciabilidad. Acuerdo ante el SECLO que no versa sobre hechos ni derechos litigiosos. Pago efectuado por la demandada como pago a cuenta para la trabajadora.

Si las partes al confeccionar un acuerdo ante el SECLO por despido sin invocación de causa, además de reconocer varias sumas a la trabajadora manifiestan que el importe percibido podrá ser compensado hasta su concurrencia con cualquier crédito que ésta pudiere reclamar, y fuere homologado por el Ministerio de Trabajo en los términos del art. 15 L.C.T., en realidad dicho acuerdo no hace cosa juzgada, en los términos del mencionado art. 15 L.C.T., pues el convenio no versa sobre hechos ni derechos litigiosos. Y ante el supuesto de despido sin causa las manifestaciones vertidas por las partes operan directamente a favor del derecho de la trabajadora a percibir las indemnizaciones previstas por la ley para dicho supuesto, rigiendo en el caso lo dispuesto por el art. 260 de la ley citada.



C.N.A.T. S.V. S.D. 69.013 del 13/11/2006. Exp. 6.796/05. “GUTIERREZ, Marcela Noemí c/DANONE ARGENTINA S.A. s/despido”. (G.M.-Z.).
D.T. 27 23 Contrato de trabajo. Irrenunciabilidad. Rebaja salarial consentida por el trabajador integrante del directorio de la demandada. Teoría de los actos propios.

Si bien es privilegio del trabajador revocar su palabra jurídicamente vinculante, cuando su observancia implica renuncia de derechos acordados por la ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas de trabajo (art. 12 LCT), y por ello si la demandada dispone una rebaja en la retribución bruta del actor, sin ofrecer a cambio contraprestación alguna, el acuerdo modificatorio resulta privado de causa objetiva, salvo un animus donandi que no puede ser presumido en un asalariado respecto de su empleadora. Sin embargo, en el caso, el actor no se encontraba en un estado de hiposuficiencia salarial que viciara su voluntad atento que, como integrante del directorio, tomó junto con sus pares la decisión de la rebaja salarial. Es por ello aplicable al caso la “doctrina de los actos propios” según la cual nadie puede ponerse en contradicción de una conducta anterior jurídicamente relevante.



C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.788 del 30/11/2006. Exp. 8651/2004. “RAFFETTI, Néstor Hugo c/PROVINCIA BURSATIL S.A. Sociedad de Bolsa s/despido”. (L.-M.).
D.T. 27 21 Contrato de trabajo. Ley 24.013. Arts. 8 y 15. Comunicación a la AFIP.

Si bien en el caso de no haber mediado comunicación a la AFIP no corresponde imponer la condena del art. 8 LNE, ello no obsta para la procedencia de la duplicación del art. 15 de dicho texto legal, toda vez que la aplicación de dicha norma con el incremento de las indemnizaciones allí previsto, no se encuentra alcanzado por la obligación de comunicar a la AFIP dentro de las 24 horas hábiles siguientes de impuesta la intimación del art. 11 de la ley 24.013 (conf. art. 47 ley 25.3459)



C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.735 del 16/11/2006. Exp. 17.293/04. “OCTAVO, Epifanio c/FLEITA, Diego y otro s/ley 22.250”. (R.B.-F.).
D.T. 27 e) Contrato de trabajo. Presunción art. 23 LCT. Psicopedagoga que trabaja para una obra social.

En el art. 23 L.C.T. se establece una presunción “iuris tantum”, esto es, una pauta para que el intérprete pueda indagar en el caso concreto si existe una vinculación laboral subordinada o autónoma. Todo va a depender de la prueba que se arrime. Y lo que quiere significar dicho artçiculo es que probada la prestación del servicio, se presume la existencia de un vínculo subordinado de trabajo, que puede emanar a su vez, de un contrato o de una relación. Y al admitir -como lo hace- la prueba en contra, se convierte en una presunción “iuris tantum” que puede ser desvirtuada por prueba en contrario. En el caso, la actora, psicopedagoga que prestaba servicios para la Obra Social del Personal de Maestranza, cumplía un horario, respondía a un jefe de servicio, los pacientes eran citados por las secretarias de servicio que tenían una agenda de trabajo, y si bien la accionada alude a la emisión de facturas por parte de la actora, de la prueba de informes surge la titularidad de una caja de ahorros de la accionante abierta como cuenta de pago de haberes. Todo ello lleva a concluir que medió relación de dependencia en los términos del art. 23 LCT. (Del voto del Dr. Catardo).



C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.752 del 22/11/2006. Exp. 8.876/2004. “VERNIERI, María Julia c/Obra Social del Personal de Maestranza s/despido”. (C.-L.).
D.T. 27 e) Contrato de trabajo. Presunción art. 23 LCT. Psicopedagoga que trabaja para una obra social.

En los contratos celebrados entre empresas y profesionales universitarios no es de aplicación la presunción contemplada en el art. 23 L.C.T., ya que no se presenta la nota de tipicidad que la justifica en los de contratación de trabajadores de la industria y del comercio. Las profesiones liberales –su propia denominación lo indica- son ejercidas, típicamente, en forma independiente. Esto no impide que, efectivamente, las partes se vinculen a través de un contrato de trabajo desde que no existe norma de orden público que lo imponga ni lo prohíba. Así, en el caso, la actora psicopedagoga que prestaba servicios en la sede de la Obra Social del Personal de Maestranza, con una carga horaria intensa, percibiendo una remuneración fija, cumpliendo órdenes exclusivamente dadas por la demandada, se hallaba vinculada a la accionada por una relación de trabajo subordinado, ya que se hallaba incorporada como medio personal de la accionada contribuyendo a la obtención de su finalidad inmediata cual era la atención de afiliados de la institución. (Del voto del Dr. Lescano).





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