Baremo Indemnizatorio de victima de accidente de circulación



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SEXTO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de siete delitos de homicidio imprudente (causados por imprudencia grave profesional) del artículo 142, 1 y 3 del Código Penal, y 86 delitos de lesiones imprudentes (causados por imprudencia grave profesional) del artículo 152, 1, 1º y 3 del citado Código, todos ellos en concurso ideal-artículo 77 del Código Penal-.

SÉPTIMO.- De los expresados delitos por imprudencia es responsable criminalmente en concepto autor el acusado, José Luís Pérez González, conforme a los artículos 27 y 28 del Código Penal, por su participación directa en la realización de los hechos que se le imputan, pues así ha resultado acreditado de la prueba practicada en juicio con la observancia de los principios de inmediación, oralidad y contradicción.

OCTAVO.-Concurre en el acusado, José Luís Pérez González, la circunstancia atenuante muy cualificada del artículo 21.5º del Código Penal que dispone que atenúa la responsabilidad criminal “haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral” y en este caso se considera acreditado, que el acusado inmediatamente después del accidente solicitó auxilio e intentó facilitar la llegada de medios de emergencia para disminuir las consecuencias del hecho, auxiliando a los heridos y permaneció en su puesto hasta que vinieron personal de Seguridad y fue sometido a las pruebas de alcoholemia y llevado a su domicilio por el Delegado y el Supervisor de Seguridad de Adif de la zona noroeste, así tenemos la declaración del Guardia Civil con TIP V-96219-V, testigo en el juicio oral el día 9 de noviembre y que ratificó sus manifestaciones que constan en el folio 15 y 16 del atestado y folio 52 y 53 de los autos de tomo I, de que el acusado estaba muy afectado e intentando evacuar a los heridos de las vías para que no ocurriera otra desgracia; la compañía aseguradora Axa ha tratado de reparar y disminuir los efectos del hecho, desplegando una intensa actividad tendente a indemnizar a la víctimas y perjudicados en la medida de lo posible y de acuerdo con los criterios del Anexo que contiene el "Sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de Circulación", de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, habiendo llegado, antes del juicio oral, a acuerdos de indemnización con la mayoría de los perjudicados, que además el acusado del delito ha pedido perdón a las víctimas, al inicio de la vista oral y en el turno de última palabra al final del juicio que aunque reiteró que él la vio en vía libre, pero que si había cometido algún fallo pedía perdón a todos. La conducta descrita es la que el legislador considera atenuante (especialmente la primera, al mantenerse en su puesto procurando la llegada de los medios de socorro y ayuda a los heridos y la segunda para reparar o indemnizar por medio de la aseguradora), por lo que procede la aplicación de la circunstancia atenuante y, lo mismo en cuanto a su apreciación como muy cualificada.

NOVENO.- Penalidad

En cuanto a la pena a imponer, los hechos declarados probados son constitutivos de siete delitos de homicidio causados por imprudencia grave profesional, previstos y penados en el artículo 142. 1 y 3 del Código Penal y de 86 delitos de lesiones causados por imprudencia grave profesional, previstos y penados en el artículo 152. 1, 1º y 3 del mismo texto legal, y en caso de pluralidad de resultados (aquí muerte y lesiones) se produce un concurso ideal de infracciones imprudentes conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del referido texto legal, a sancionar conforme al art. 77,2º, imponiendo la pena correspondiente a la infracción más grave en su mitad superior sin que pueda exceder de la que represente la suma de la que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Pues bien en este caso la pena que procede imponer por el delito mas grave, el de homicidio por imprudencia grave es de uno a 4 años, por lo que el limite punitivo estaría (art. 77.2 CP) comprendido entre los dos años, seis meses y un día a cuatro años de prisión, es decir la mitad superior de la pena prevista para la infracción más grave (obviamente inferior a la que representa la suma de las que correspondería aplicar si se penaran por separado las infracciones integradas en el concurso ideal de delitos).



Aplicación de la circunstancia atenuante de reparación del daño

La apreciación de la circunstancia atenuante de reparación del daño como muy cualificada sin ninguna agravante, permite rebajar la pena en uno o dos grados, ya que si bien en relación con los delitos imprudentes por los que resulta condenado el acusado, no sea de aplicación preceptiva lo señalado en el artículo 66 del Código Penal, que en la regla 2º del apartado 1, cuando concurre una atenuante muy cualificada y no concurre agravante alguna, establece imperativamente, para los delitos dolosos, que los jueces deberán aplicar la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la Ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias y, aunque el artículo 66.2 del mismo texto legal establece que en los delitos imprudentes, los Jueces y Tribunales aplicarán la pena a su prudente arbitrio sin sujeción a las reglas presentes en el apartado anterior.

En el caso de autos, se estima adecuado la rebaja en un grado en atención a la entidad de la atenuante muy cualificada apreciada, así como la ausencia de circunstancias agravantes, y en atención a que en la forma de comisión de los hechos no se ha acreditado influencia alguna de bebidas alcohólicas o de sustancias psicotrópicas, como se deriva del resultado de los análisis clínicos efectuados al hoy acusado en los momentos inmediatamente posteriores a los hechos. En consecuencia, la penalidad abstracta en la que es posible aplicar el arbitrio judicial en el presente caso, vendrá representada por una pena de un año, tres meses y un día hasta dos años y seis meses de prisión, dado que nos encontramos ante delitos imprudentes, el tribunal podrá recorrer todo el tramo del arbitrio judicial, por permitirlo así el artículo 66.2 del Código Penal, ya citado.

Aplicado todo lo anterior al caso presente y vistas las circunstancias concurrentes en el presente caso, se estima que la pena más justa es la de dos años de prisión en atención los delitos por los que se le condena no son de carácter doloso, no consta que estuviera bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes (por parte de Seguridad RENFE se sometió al acusado el mismo día del accidente 21 de agosto de 2006, a las 18,45 horas, y en la estación de Villada a la prueba de alcoholemia por aire espirado y con resultado negativo -0,00- y el día 23 de Agosto de 2006 extracción de sangre y pruebas de orina que dieron también resultado negativo de detección de drogas y alcohol, -anejo nº 10 del informe técnico de Renfe pieza documental nº1 e igualmente anejo nº 7 del informe técnico de de Adif, pieza documental nº2-) no constan sanciones en su expediente en los últimos cinco años y concedido diploma laudatorio al haberse ofrecido voluntario para efectuar determinados trayectos de reconocimiento por amenazas de bombas y de otro lado se opta por la pena en el tramo superior en atención a la gravedad de la infracción de la norma de cuidado y al número elevado de resultados lesivos.



Inhabilitación especial para profesión u oficio

Han solicitado expresamente el Ministerio Fiscal y algunas acusaciones particulares, que se imponga al acusado la accesoria legal de inhabilitación especial para profesión u oficio de maquinista de locomotora al amparo de lo dispuesto en el artículo 56.1.3º y 2 del Código Penal, se estima procedente su imposición por tener relación directa con los delitos cometidos tal como exige el expresado art 56.1 3º del Código Penal.



Privación ejercicio de maquinista derivado de Imprudencia profesional

Dado que los delitos imprudentes se han estimado cometidos por imprudencia profesional, procede también la imposición de la pena de inhabilitación especial, solicitada igualmente por el Ministerio Fiscal y alguna de las acusaciones particulares la cual, debe quedar concretada, expresamente, en la privación para el ejercicio de maquinista de locomotora conforme al artículo 142.3 CP, y la penalidad abstracta básica va de tres a seis años, y puesto que como hemos dicho existe un concurso ideal de infracciones imprudentes, modo que la mitad superior de dicha penalidad es de cuatro años y seis meses hasta seis años y al igual que en la pena de prisión la apreciación de la atenuante de reparación del daño como muy cualificada sin ninguna agravante, determina una rebaja en grado de las correspondientes penas, y, en consecuencia, la penalidad abstracta oscila entre dos años, tres meses y un día hasta cuatro años y seis meses de duración; y, dado que nos encontramos ante delitos imprudentes, partiendo también del arbitrio judicial ya referido por permitirlo así el artículo 66.2 del Código Penal, ya citado, procede la imposición de la misma con una duración de tres años, en atención a la gravedad de los hechos objeto de enjuiciamiento, sirviendo aquí también lo dicho en el anterior subapartado sobre la justificación de imposición de dicha pena en el tramo superior del arbitrio judicial.

Finalmente, no ha lugar a imponer la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, solicitada por algunas acusaciones particulares pues, impuesta la pena de inhabilitación especial para el ejercicio la profesión u oficio, no es preceptiva su imposición.

DÉCIMO.- Señala el Art. 116.1 del Código Penal que toda persona responsable penalmente de un delito o falta, lo es civilmente si del hecho se derivaran daños o perjuicios, por lo que en el presente caso la responsabilidad civil directa del acusado, Don José Luís Pérez González, deriva de su condición de conductor responsable del accidente, y la responsabilidad civil directa y solidaria de Axa Corporate Assurance, Sucursal España, conforme al Artículo 117 del Código Penal por tener concertada la oportuna póliza de seguro con Renfe que responde con carácter subsidiario en cuanto que el acusado en la fecha del accidente era empleado de la misma por aplicación del Artículo 120,4º del mismo texto legal.

Por lo que se refiere a los perjudicados que no han renunciado ni han hecho expresa reserva de acciones civiles, la primera cuestión que se plantea es la relativa a si en este tipo de accidentes se aplica o no el Baremo Indemnizatorio de victima de accidente de circulación establecido en el texto refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro de 2004.Respecto a la cuantía de la indemnización, el baremo indemnizatorio de accidentes de circulación, ciertamente, no resulta de aplicación vinculante en el presente caso, dado que su ámbito es el correspondiente a los perjuicios sufridos con motivo de los accidentes acaecidos en la circulación rodada. No obstante lo cual, sí que es cierto, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene reiteradamente reconocida la utilidad, como criterio orientativo que aporta seguridad jurídica e igualdad de trato, de esa norma valorativa para la cuantificación de los perjuicios derivados de conductas dolosas o imprudentes, ajenas al ámbito automovilístico, habiendo llegado a afirmarse, que, existiendo semejante instrumento, incorporado a nuestro sistema legal indemnizatorio, habrá de exigirse precisamente a la exclusión de los criterios baremados una adecuada justificación del por qué ese apartamiento (por todas, STS de 24 de Noviembre de 2003).Este es el mismo criterio que sigue la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia así sentencia de 16-2-2008 “Por lo que respecta a la cuantía de las indemnizaciones, conforme a la doctrina reiterada por esta Audiencia, debe hacerse aplicación orientativa el baremo que para el supuesto de accidentes de tráfico viene establecido en el texto refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro de 2004.Ciertamente tal baremo sólo es de aplicación obligatoria para esos supuestos de accidente de circulación, pero eso no quiere decir que no pueda ser objeto de aplicación orientativa en el resto de supuestos en que se trate de cuantificar los perjuicios derivados de la existencia de lesiones personales, y ello en aras a elementales principios de seguridad e igualdad jurídica, pues el actual sistema indeterminado, basado sólo en criterios de práctica judicial no uniforme, contiene una excesiva discrecionalidad judicial que puede quebrara esos principios, que en definitiva tienen rango superior en la interpretación y aplicación del Derecho al estar recogidos en la Constitución (arts.9.3 y14)”, y en igual sentido la SAPPalencia de 29/07/2004.



En el presente caso, el Ministerio Fiscal manifestó en el trámite de informe final, que había aplicado el baremo de indemnización por accidentes de circulación del año 2.007, para todos los perjudicados y como factor de corrección había incrementado las cantidades resultantes en un 25 a un 50% con independencia de si los perjudicados estaban o no en edad laboral o tenían o no ingresos y que tal incremento lo había aplicado tanto en el caso de los fallecidos como en las indemnizaciones a los lesionados tanto por incapacidad temporal como por secuelas, y la Cía aseguradora Axa igualmente manifestó que para las indemnizaciones ya entregadas antes del juicio había aplicado el baremo de indemnización por accidentes de tráfico, incrementando las cantidades entre un 20 y un 30%. Incluso algunos de los lesionados constituidos como acusación particular han partido del citado baremo. Así pues sobre la base de las anteriores consideraciones se seguirá dicho baremo con carácter orientativo al ser la única norma que en nuestro ordenamiento contiene una regulación completa sobre la indemnización del daño personal y por lo que se refiere a las cuantías indemnizatorias, se tendrán en cuenta las contempladas en el Baremo de fecha del accidente en el caso de los familiares de los fallecidos y en cuanto a los lesionados igualmente al baremo legal vigente en el momento de su producción, pero valorándose económicamente con el alta de sanidad forense del perjudicado, es decir, que se ha de proceder a fijar el importe de la indemnización mediante la aplicación sistemática de valoración de los daños vigente en el momento del accidente, es decir el 21 de agosto de 2.006, pero calculando las cantidades por los diferentes conceptos indemnizatorios de acuerdo con los importes establecidos en el baremo vigente en las fechas de altas definitivas de los perjudicados, tal como señala la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencias nº 429/2.007 y 430/2.007 y que es la seguida por Ilma. Audiencia Provincial de Palencia (así entre otras Sentencia de 30 de julio de 2007).En cuanto a las secuelas concurrentes no aplicaré la fórmula prevista en el apartado segundo del Anexo del Real Decreto Legislativo/04 de 29 de octubre que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y su cálculo por tanto será meramente aritmético por ser más favorable al perjudicado, si bien si se valorarán y calcularán por separado las secuelas por perjuicio fisiológico de las secuelas por perjuicio estético, aunque después se sumará las cantidades obtenidas en orden a fijar la cantidad total por secuelas. Se aplicará el factor de corrección de un 10% por perjuicios económicos de la tabla II, en el caso de todos los familiares de los fallecidos. Por lo que se refiere a los lesionados, se aplicará únicamente el factor de corrección de un 10% por perjuicios económicos de la tabla IV y solo a los que hayan quedado con secuelas, en atención a un mayor sufrimiento, y que sean mayores de edad en la fecha del accidente, (en atención a que dicho factor de corrección cuando se trata de accidentes de circulación solo se aplica a perjudicados en edad laboral) sin excluir por tanto a los que presumiblemente pudieran en la fecha del accidente estar ya jubilados pero que tampoco se sabe con certeza. Después de aplicar estos criterios, la cantidad resultante y en todos los casos, sean familiares de fallecidos o sean lesionados, cualquiera que sea su edad, se incrementará con un 30% teniendo en cuenta las circunstancias del accidente ya que nos encontramos ante un hecho como el que aquí nos ocupa, en el que, incuestionablemente y dadas las propias circunstancias especialmente dramáticas en las que se inscribe, el daño moral sufrido por los perjudicados tiene un componente de gravedad mayor que el derivado por ese mismo resultado producido en el curso de la circulación rodada. Quien decide ponerse al mando o viajar a bordo de un vehículo, asume los riesgos propios de la circulación, por sí o por su familia, en cambio los viajes en tren inspiran una mayor confianza y seguridad y de hecho suponen una menor siniestralidad que los ocurridos por accidentes de circulación. Por último en ningún caso se podrá dar más de lo que se pida por lo que los perjudicados no personados habrán de estar a lo pedido por el Ministerio Fiscal.

Así pues el condenado, Don José Luis Pérez González, ha de indemnizar conjunta y solidariamente con la Cía de Seguros Axa Corporate Assurance, Sucursal España, como responsable civil y con la responsabilidad subsidiaria de Renfe-Operadora, en las siguientes cantidades:



FALLECIDOS:

a) Por el fallecimiento de doña Mercedes Fernández Martínez, nacida el 20 de febrero de 1.984. Era hija única y convivía con sus padres, don José Antonio Fernández Pérez y doña Ascensión Martínez Rodríguez. Estudiante universitaria. Establecido lo anterior y aplicando el baremo correspondiente a la fecha del siniestro, establecido en la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, actualizado por la Resolución de 3 de febrero de 2006, y teniendo en cuenta la edad de la fallecida (22 años), corresponde como indemnización a sus padres, Don José Antonio Fernández Pérez y Doña Ascensión Martínez Rodríguez, la cantidad de 88.562,94 euros, aplicando como factor de corrección un aumento del 10% (8.856,29 euros) por perjuicios económicos de la tabla II del Baremo, además un 20% como factor de corrección por ser hija única (17.712,58 euros), lo que totaliza por todos los conceptos la cantidad de 115.131,81 euros, cantidad que, incrementada en el 30% ya señalado, arroja un resultado final de 149.671,35 euros del que hay que descontar la cantidad de 88.563€ , consignada en fecha 16 de abril de 2007por la compañía AXA solicitando su entrega a los perjudicados, Don José Antonio Fernández Pérez y María Ascensión Martínez Rodríguez,, que la recibieron a cuenta de la indemnización que pudiera otorgárseles.

Los padres de la fallecida reclaman por gastos en medicamentos, consumidos por ellos, por importe de 1.003,55€ y 526,40€, aportando al efecto dos escritos con la relación de medicamentos y su precio y con sello de una farmacia, uno comprende hasta 8 de julio de 2.008 y otro desde esta fecha hasta 5 de noviembre de 2009. En primer lugar en cuanto a la relación de medicamentos que comprende de 8 de julio de 2008 a 5 de noviembre de 2009, se observa que los informes médicos que aporta relativos al estado depresivo de los padres de la fallecida son de fecha 8 y 9 de julio de 2008 o de anteriores fechas (y que por cierto solo en alguno de ellos consta la prescripción de alguno de los medicamentos relacionados), por lo que no se estima acreditado la prescripción o necesidad de los medicamentos antidepresivos y ansiolíticos con posterioridad al 8 de julio de 2.008 y en cuanto al resto de los medicamentos que constan en ese segundo periodo no se ha acreditado su relación con el estado anímico que padecen como consecuencia del accidente así ya consta que la madre estaba operada de varices (“venosmil”) y el padre tenia ya antecedentes de hipercolesterolemia (“zarator”) y en cuanto al acido fólico indudablemente no tiene relación directa y respecto al resto de los medicamentos no se ha quedado acreditado que la miocardiopatía diagnosticada a la madre sea consecuencia directa del accidente. En cuanto a los que constan hasta junio de 2008, ha que de excluirse los que no están relacionados con el estado depresivo o de ansiedad de los padres, así los relativos al tratamiento del colesterol, los fungicidas o tratamientos de hongos etc. puesto que no se ve ni se ha acreditado su relación con el estado de depresión de los padres, por lo que solo procede que sean indemnizados por los que figuran en los cinco primeros lugares y los citados en octavo y noveno lugar, cuyo importe asciende a 238€. Tampoco procede la cantidad de 20€ por recarga del móvil ya que aunque es de fecha de 22 de agosto de 2006, ni sabemos de quien es el teléfono ni si la recarga se hizo por razón del accidente o si se hubiera efectuado igualmente.

En cuanto a la cantidad de 786,99 € que se reclaman por una serie de prendas de vestir y objetos personales de la fallecida. Evidentemente en supuestos como el que nos ocupa no puede exigirse que exista acreditación de la preexistencia de tales objetos y de la pérdida posterior, teniendo en cuenta las circunstancias en que se ha producido el accidente, cabe deducir la pérdida de objetos de uso personal que normalmente son llevados o utilizados por las personas, y respecto a la maleta se aporta una factura acreditativa de su compra pero de fecha posterior al accidente y aunque no se ha acreditado su preexistencia ni que fuera igual o de similares características que la adquirida posteriormente cabe suponer que la fallecida llevara alguna Por ello, teniendo en cuenta la depreciación que pudieran tener, se estima prudencialmente que todos esos daños se resarcen adecuadamente con una indemnización de 200 euros. Si bien se reclama por el valor de un MP 3 Sony aportando factura de compra de diciembre de 2005 a nombre de la fallecida, sin embargo consta en el folio 280 y 293 del tomo I que por parte de Renfe se entrego al padre de la fallecida una serie de objetos y entre ellos un MP 3 Sony, por lo que no procede cantidad alguna por ello.

Se reclaman 285 € por gastos por desplazamiento (780 Km) a Palencia del padre de la fallecida que realizó con su propio vehículo el día del accidente, si bien aplicando el kilometraje de 0,19 € resulta la cantidad a abonar es de 148,2 €.



b) Por el fallecimiento de Don Estanislao Rodríguez Galloso (nacido el 25 de diciembre de 1936), y su esposa Doña María Luisa López Fernández (nacida el 23 de agosto de 1940).Tenían un único hijo común, don Manuel Rodríguez López, que no convivía con los fallecidos. Establecido lo anterior y aplicando el baremo correspondiente a la fecha del siniestro establecido en la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, actualizado por la Resolución de 3 de febrero de 2006, resulta que se ha de indemnizara a don Manuel Rodríguez López: Por el fallecimiento de su padre, Don Estanislao Rodríguez Galloso, en la cantidad de 48.307,06 euros, aplicando como factor de corrección un aumento del 10% (4.830,07euros) por perjuicios económicos de la tabla II del Baremo, cantidad que incrementada en el 30% ya señalado (15.941,32€), resulta la cantidad de 69.079,09 euros. Por el fallecimiento de su madre, doña María Luisa López Fernández, en la cantidad de 48.307,06 euros, aplicando como factor de corrección un aumento del 10% (4.830,07euros) por perjuicios económicos de la tabla II del Baremo, cantidad que incrementada en el 30% ya señalado (15.941,32€), resulta la cantidad de 69.079,09 euros. La suma total a percibir por el fallecimiento de Don Estanislao y Doña María Luisa asciende a 138.158,18 €, cantidad a la que hay que sumar el factor de corrección de un 15% sobre la indemnización básica, correspondiente al fallecimiento de ambos padres en el accidente (14.492,11€) arroja un resultado final de 152.650,29 euros, del que hay que descontar la cantidad de 111.106,23 €, consignada en fecha 24 de enero de 2007 por la compañía AXA solicitando su entrega al perjudicado, Don Manuel Rodríguez López, que la recibió a cuenta de la indemnización que pudiera otorgársele.



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