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oder Judicial de la Nación causa n° 1740

TOF n° 5

///nos Aires, 15 de septiembre de 2014.

AUTOS Y VISTOS:

                  

Para dictar sentencia en la causa n° 1.740 del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5 de la Capital Federal, integrado por los señores jueces doctores Oscar A. Hergott, S. Adrián Paduczak y A. Gabriel Nardiello, presidido por el primero de los nombrados; seguida contra A. C.C. y V. S. P., ambos asistidos por la señora defensora particular, doctora S. Maldonado; J. C.C., asistido por el señor defensor particular, doctor C. Juricich; S. S. P., asistida por el señor defensor particular, doctor Aldo D. Ogean; M. C.C., F. C.O., A. C.C., E. C.C., M. C.C., R. O. U., S. C.C. y J. C. Y., todos ellos asistidos por la señora defensora particular, doctora Silvina Collard; y M. A. M., asistido por el señor defensor particular, doctor Guillermo Araujo; en la que actúa como representante del Ministerio Público Fiscal, el doctor Horacio J. Azzolin.
Y RESULTANDO:
Que a fs.4375/4501, el señor representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Patricio Evers propició la elevación a juicio de las presentes actuaciones, enrostrándoles a los mencionados en el acápite el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y los delitos conexos de reducción a servidumbre, salarios inferiores a los legales estipulados en el régimen que regula el trabajo domiciliario, infracciones relacionadas con las normas migratorias y el tráfico de migrantes (artículos 140, 145 bis, inc.2° y 3°; 145 ter del Código Penal, artículo 35 de la ley 12.713 y artículos 117 y 119 de la ley 25.871).

Recibidas las actuaciones en la presente sede, el día 14 de mayo de 2013 se corrió la vista prevista en el artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación, proveyéndose los ofrecimientos de prueba formulados por las partes a fs. 5229/5236.

En dicha ocasión, se fijó para el día 4 de julio de 2014, la fecha de inicio de la audiencia de debate oral y pública, la cual fue debidamente notificada a las partes a fs. 5236, 5306/5311, 5312/5317, 5318/5323, 5324/5329 y 5330/5xxxx.

Posteriormente, se agregaron en autos a fs. 5968/5969 y 5981/5985, acuerdos de juicio abreviado, suscriptos por la totalidad de los imputados, sus defensores y el representante del Ministerio Público Fiscal.

En dichos acuerdos los acusados, conforme lo estipula el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, solicitaron formalmente se le imprima al presente proceso el trámite de juicio abreviado, procediendo el representante del Ministerio Público Fiscal a dar lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado a sus respectos y explicándoles las conductas imputadas y sus calificaciones legales.

En cuanto a la calificación de los hechos, manifiestó que el análisis de las actuaciones lo llevaba a discrepar en forma parcial con el encuadre legal asignado a los sucesos. Que el fiscal de grado consideró que los imputados debían responder por los delitos de reducción a la servidumbre (art. 140 del Código Penal), trata de personas agravada (arts. 145 bis y ter del Código Penal), infracción al régimen de trabajo a domicilio (art. 35 ley 12713) y facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país agravada por abusar de la vulnerabilidad o inexperiencia de las víctimas (arts. 117 y 119 de la ley 25871), delitos que concurren entre sí en forma real. Consideró el doctor Azzolin que, en casos como este, el fin de explotación de la trata de personas subsume por especialidad la reducción a la servidumbre y la violación al régimen de trabajo a domicilio, de forma tal que los imputados, conforme sus casos, desde la óptica de ese Ministerio Público serán responsabilizados exclusivamente por la primera de las conductas citadas (concurso aparente por especialidad).

Destacó además, que si se verifica la presencia de migrantes ilegales en los talleres, esa conducta concurre en forma ideal –y no real- con la de trata de personas imputada, ya que la facilitación de la permanencia ilegal constituye un medio para explotar a las víctimas.

También discrepó en forma parcial acerca del encuadre legal asignado a los hechos respecto de algunos de los imputados o con el grado de participación criminal de algunos de ellos en los mismos, para lo que tuvo en cuenta las circunstancias que les fueran adjudicadas en el requerimiento de elevación a juicio y las que realmente fueron comprobadas en el expediente:

Respecto de la situación de A. C.C. y V. S. P. consideró que no había elementos que justifiquen modificar el encuadre legal propuesto en la etapa anterior o el grado de participación atribuido –con la salvedad efectuada en materia concursal de delitos que expusiera en forma previa para todos los acusados.

Con relación a S. S. P. discrepó parcialmente sobre el grado de participación criminal asignada a la encartada, entendiendo que su participación en el hecho debía ser considerada secundaria (conforme el artículo 46 del Código Penal, es aquella que realizan los que “cooperan de cualquier otro modo a la ejecución del hecho”) teniendo en cuenta el rol que se le asigna en el requerimiento de elevación a juicio y que surge de las constancias de la causa. En ese sentido, debía advertirse que conforme surge del acta de allanamiento del taller de la C. “C” 2170 de esta ciudad (fs. 604/608), la nombrada hizo saber a los agentes de la seguridad que llevaron a cabo dicha medida que era la encargada del lugar. Además, los testimonios de las víctimas –ver testimonio reservado de fs. 5/8, 9/12 y las testimoniales de fs. 770/774, 766/769, 779/782,809/811, 816/818, 819/823, 824/827, 828/831, 832/835- fueron concordantes respecto de las tareas que realizaba la nombrada, como abrir y cerrar la puerta, y controlar el trabajo que se realizaba en el taller. Si bien la imputada no podía desconocer la actividad que se desarrollaba en el taller y las condiciones en las que se lo hacía, la evidencia indica que el control del lugar era ejercido por otros (A. C.C. y su esposa V. S. P.); tampoco surge de la imputación que la incusa haya participado personalmente en la captación o traslado de los trabajadores Por todo ello se advierte que el rol que desempeñaba en la organización no resultaba trascendental para lograr la consumación del delito, y de ahí que debía modificarse su grado de participación en el sentido anteriormente indicado.

Respecto de M. C.C. consideró que no se podía tener por acreditado que en el taller de la C. “F.L.” 3579, -Ciudadela, Provincia de Buenos Aires- trabajaba una persona menor de edad. Destacó que si bien se encuentran agregados testimonios que refieren que en el mencionado taller trabajaba un menor de nombre E., lo cierto es que del testimonio brindado por el niño E. P. M. M. –cfr. fs. 854/855- (en sede judicial y al otro día del allanamiento en el local) se desprendía lo contrario. Sobre esa base el señor Fiscal General entendió que correspondía modificar parcialmente el encuadre legal del hecho, y descartar la figura agravada prevista en el artículo 145 ter, del Código Penal.

Respecto de J. C.C. consideró que no había elementos que justifiquen modificar el encuadre legal propuesto en la etapa anterior o el grado de participación atribuido –con la salvedad efectuada en materia concursal de delitos que expusiera en forma previa para todos los acusados.

En cuanto a F. C.O. y J. C. Y., discrepó parcialmente con el encuadre legal asignado al hecho en la medida en que no surgía que el mismo se haya cometido, de acuerdo a la requisitoria a juicio, con la intervención de tres o más personas en forma organizada (art. 145 bis inc. 2° del Código Penal). Señaló, que más allá de que los nombrados aparecían vinculados al resto de los imputados, dicha circunstancia no implicaba neC.iamente la comisión organizada de un hecho delictivo, ya que no se verificaba la existencia de un acuerdo con la forma de un plan delictivo, con división de roles, determinación de fines y lineamientos en torno a una metodología a seguir en el cometido delictivo común. Que si bien quedó demostrado que ambos mantenían una actividad comercial de venta de indumentaria, que bajo esas circunstancias dieron acogida a una persona extranjera, de nacionalidad boliviana, con el ofrecimiento de trabajo, vivienda y alimentos -cfr. declaración de T. V. de fs. 806/8 y del informe de los movimientos migratorios labrado por la UFASE de fs. 4267/80- lo cierto era que no se desprendía de las constancias agregadas en autos que hayan participado en un plan junto con los demás imputados, ni que sus actividades hayan sido producto de una división de tareas respecto de la organización, dado que solo se les imputaba la acogida de una persona extranjera, la cual se encontraba en situación irregular, sin documentación, conforme fs. 526/544, no verificándose que existiera una coordinación y asignación de tareas, como exige la figura agravada en cuestión. Finalmente consideró, que tampoco les era aplicable la figura agravada prevista por el art. 145 ter del C.P., ya que la víctima T. V. era mayor de edad (19 años) al tiempo del hecho. Que analizado el hecho conforme el resultado del allanamiento y el testimonio de la víctima, tampoco advertía en el caso, que el hecho haya sido cometido en perjuicio de más de tres personas, de forma tal que debía descartarse la figura agravada del art. 145 bis segundo párrafo inc. 3° del C.P.

Respecto de A. C.C. discrepó respecto del grado de participación criminal asignado a la encartada, al no encontrarse establecido de modo alguno que la conducta de la nombrada haya tenido una particular incidencia en el accionar delictuoso. Fundamentó su postura sobre la base de los testimonios de las víctimas que se encontraban en el taller de la C. “L.A.” 380, quienes sólo la identificaron como la encargada del taller, por lo que entendía que en su caso resultaba ajustado a derecho, asignarle un rol secundario, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del Código Penal. Asimismo consideró, que tampoco a la encartada le era aplicable la agravante que prevé el art. 145 ter, segundo párrafo, del Código Penal, frente a la ausencia de elementos probatorios que permitan afirmar que en el citado taller trabajaban personas menores de edad, de acuerdo a las constancias del acta de allanamiento y de los testimonios de las víctimas que fueran recolectados al momento de realizarse dicha medida –cfr. fs. 629/631 y 760/2, 783/785, 786/88, 789/91, 792/95, 796/99, 800/803.

Respecto de M. C.C. y de E. C.C., indicó que al igual que lo sostuviera en el caso de la hermana de los encartados, los elementos de juicio obrantes en la causa no le permitían tener por acreditado que en el taller de la C. “L.A.” 380 de esta ciudad, trabajaran niños o adolescentes (ver acta de allanamiento y los testimonios de las víctimas recolectados al momento de realizarse dicha medida –cfr. fs. 629/631 y 760/2, 783/785, 786/88, 789/91, 792/95, 796/99, 800/803-), razón por la cual correspondía modificar parcialmente el encuadre legal asignado al hecho, descartándose en consecuencia la figura agravada prevista en el art. 145 ter, del Código Penal.

Respecto de R. O. U., en las mismas condiciones que en los casos anteriores, consideró el doctor Azzolin que conforme a las evidencias que fueron recolectadas durante la instrucción, no podía endilgársele al nombrado que en el taller de la C. “L. d. V” 1170 de esta ciudad trabajaran personas menores de edad, teniendo para ello en consideración el acta de allanamiento de fs. 553/555 y la planilla de relevamiento de personal del GCBA agregada a fs. 561. En consecuencia, concluyó que correspondía modificar parcialmente el encuadre legal del hecho, prescindiéndose de la agravante prevista en el art. 145 ter, segundo párrafo, del Código Penal. También en su caso consideró que debía desestimarse la agravante fundada en el número de personas intervinientes en la comisión del hecho “… con la intervención de 3 o más personas en forma organizada (art. 145 bis inc. 2° del Código Penal)”. Destacó que de acuerdo a los elementos probatorios reunidos, si bien se encontraba probado que el nombrado era el dueño del taller de la C. “L. d. V” 1170 –cfr. acta de constatación de fs. 562- en donde había trabajadores no registrados, las evidencias colectadas sólo lo vinculaban con otro imputado –J. C.C.-, toda vez que conforme surge de los movimientos migratorios, L. C. M. había ingresado a nuestro país el 20 de enero de 2011 a las 14 horas aproximadamente, y que el mismo día pero unas horas más tarde -16 hs. aproximadamente ingresaron en diferentes vehículos particulares el mencionado J. C.C. y el aquí imputado R. O. U. –ver fs. 4267 y testimonio de fs. 840/43 y 2234-. Asimismo, J. C.C. había ingresado con su vehículo particular, matrícula XXXXXX, junto con otras cuatro personas, entre ellas C. M. M., que al momento de realizarse el allanamiento del taller de la C. “L. d. V” 1170, manifestó domiciliarse en la C. B. 2242 –domicilio del taller que pertenece al referido J. C.C.-, estableciéndose así una vinculación entre ambos imputados. En suma, consideró el señor Fiscal, que no arribándose a través de las probanzas al número mínimo de personas previstas por la agravante, la misma debía ser desechada. En otro orden, encontrándose probado que el nombrado O. U. sólo trasladó a C. M. L. –cfr. fs. 840/43 y 2234 e informe de la UFASE de fs. 4267/80- también debía desecharse la agravante prevista en el artículo 145 bis, segundo párrafo, inc. 3° del C.P. Y además, como esa persona no era un migrante ilegal, también debían descartarse a su respecto, las figuras penales en infracción a la ley 25871.

En cuanto a S. C. C., recordó que la nombrada fue imputada conjuntamente con M. C.C. de haber cometido el hecho en perjuicio del niño E. M. M., motivo por el cual y por las mismas razones que ya expusiera respecto del mencionado, correspondía modificar el encuadre legal del hecho, descartándose la figura agravada prevista en el art. 145 ter, del Código Penal. También consideró que en su caso, debía modificarse el grado de participación criminal que le fuera asignado por el señor Fiscal de grado en la requisitoria. En ese aspecto, tomó en consideración los testimonios que fueran recolectados de las personas que se encontraban viviendo y trabajando en el taller de la C. “F.L.” 3579 de esta ciudad. Destacó conforme las pruebas citadas, que el dueño del taller era M. C.C., padre de la nombrada, quien llevaba los cortes, los repartía, arreglaba máquinas y controlaba el avance de la confección -cfr. fs. 854/855, 859/862 y 2235, 863/6, y que la encausada, conforme surge del acta de allanamiento de fs. 670/92, hizo saber a los agentes de la seguridad que llevaron a cabo la medida que era la encargada del lugar. Por lo que coligió, que el rol que desempeñaba en la organización no resultaba trascendental para lograr la consumación del delito. Por lo tanto entendía, que resultaba ajustado a derecho otorgar a la encartada un grado de participación secundaria conforme lo dispuesto en el artículo 46 del Código Penal.

En cuanto a M. A. M. consideró que no había elementos que justifiquen modificar el encuadre legal propuesto en la etapa anterior o el grado de participación atribuido –con la salvedad efectuada en materia concursal de delitos que expusiera en forma previa para todos los acusados.

En suma, el señor Fiscal General, como destacó en los acuerdos presentados y fuera sentado en el acápite, subsumió el comportamiento típico de los imputados en autos, en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y manifestó su disenso con la postura adoptada por el señor Fiscal de grado de concursar los delitos conexos a aquél en forma real, en razón que, desde su óptica se presentaba un concurso aparente de delitos, y que en virtud del principio de especialidad la trata de personas con fines de explotación laboral subsumía a la reducción a servidumbre y a la violación al régimen de trabajo a domicilio, por lo que el reproche penal de ese Ministerio Público a los imputados se centraría el primer injusto indicado. Además, si se verificaba la presencia de migrantes ilegales en talleres, desde su óptica, dicha conducta concurría en forma ideal –y no real- con el delito de trata de personas, ya que la facilitación de la permanencia ilegal constituía un medio para explotar a las víctimas.

Concedida la palabra a la totalidad de los imputados, reconocieron expresamente la comisión de los hechos descriptos en la elevación a juicio, con las modificaciones propuestas por el señor Fiscal General en los acuerdos en cuanto a la subsunción legal.

Sentado lo expuesto, en cuanto a la mensuración de las penas a imponer y atento a las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del C.P., el Señor Fiscal General manifestó que para graduar las penas a solicitar había tenido en cuenta la voluntad de los imputados de someterse al instituto del juicio abreviado, colaborando de esta forma con una más pronta resolución de las causas; el papel que cada uno ocupó en la organización, la duración de la explotación laboral en el tiempo; la dimensión de la explotación, los traslados, acogimientos y recepciones verificadas –por ello para A. C.C. y V. S. P. la pena excede el monto mínimo previsto para los delitos endilgados- la extensión del daño a las víctimas; el número de migrantes irregulares del que se aprovechaban, las edades de los imputados, la situación sociocultural, el nivel educacional alcanzado, además de la naturaleza y modalidad de la acción material de reproche.

En consecuencia solicitó que se condene:

A A. C.C., a la PENA DE CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES, y al pago de las COSTAS por considerarlo coautor penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas agravado por su comisión en forma organizada, por pluralidad de víctimas y por perjudicar a menores de 18 años de edad, en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país agravada por abusar de la necesidad e inexperiencia de la víctima (arts. 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 145 bis segundo párrafo inc. 2° y 3°, 145 ter primer párrafo del Código Penal, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal);

A V. S. P., a la PENA DE CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES, y al pago de las COSTAS por considerarla coautora penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas agravado por su comisión en forma organizada, por pluralidad de víctimas y por perjudicar a menores de 18 años de edad en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país agravada por abusar de la necesidad e inexperiencia de la víctima (arts. 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 145 bis segundo párrafo inc. 2° y 3°, 145 ter primer párrafo del Código Penal, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal;

A J. C.C. a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES, y al pago de las COSTAS por considerarlo coautor penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas agravado por su comisión en forma organizada, por pluralidad de víctimas y por perjudicar a menores de 18 años de edad en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país agravada por abusar de la necesidad e inexperiencia de la víctima (arts. 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 145 bis segundo párrafo inc. 2° y 3°, 145 ter primer párrafo del Código Penal, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal);

A S. S. P. de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la PENA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, al CUMPLIMIENTO de la regla de conducta prevista en el inciso 1° del art. 27 bis del Código Penal y al pago de las COSTAS por considerarla participe secundaria penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas agravado por su comisión en forma organizada, por pluralidad de víctimas y por perjudicar a menores de 18 años de edad en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país agravada por abusar de la necesidad e inexperiencia de la víctima (arts. 12, 26, 27 bis inc 1°, 29 inc. 3°, 40, 41, 46, 54, 145 bis segundo párrafo inc 2° y 3°, 145 ter primer párrafo del Código Penal, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal);

A S. C. C. a la PENA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, al CUMPLIMIENTO de la regla de conducta prevista en el inciso 1° del art. 27 bis del C.P., y al pago de las COSTAS por considerarla participe secundaria penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas agravado por su comisión en forma organizada, por pluralidad de víctimas en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país agravada por abusar de la necesidad e inexperiencia de la víctima (arts. 12, 26, 27 bis inc. 1°, 29 inc. 3°, 40, 41, 46, 54, 145 bis segundo párrafo inc. 2° y 3° del Código Penal, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal);

A R. O. U., a la PENA DE TRES (3) AÑOS y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES, y al pago de las COSTAS por considerarlo coautor penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas (arts. 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 145 bis del Código Penal, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal;

A M. C.C., de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES, y al pago de las COSTAS por considerarlo coautor penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas agravado por su comisión en forma organizada y por pluralidad de víctimas en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país agravada por abusar de la necesidad e inexperiencia de la víctima (arts. 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 145 bis segundo párrafo inc. 2° y 3° del Código Penal, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal;

A E. C.C., a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES, y al pago de las COSTAS por considerarlo coautor penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas agravado por su comisión en forma organizada y por pluralidad de víctimas en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país agravada por abusar de la necesidad e inexperiencia de la víctima (arts. 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 145 bis segundo párrafo inc. 2° y 3° del Código Penal, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal;

A M. C.C., de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES, y al pago de las COSTAS por considerarlo coautor penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas agravado por su comisión en forma organizada y por pluralidad de víctimas en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país agravada por abusar de la necesidad e inexperiencia de la víctima (arts. 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 145 bis segundo párrafo inc. 2° y 3° del Código Penal, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal);

A A. C.C., a la PENA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, al CUMPLIMIENTO de la regla de conducta prevista en el inciso 1° del art. 27 bis del C.P., y al pago de las COSTAS por considerarla participe secundaria penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas agravado por su comisión en forma organizada, y por pluralidad de víctimas en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país agravada por abusar de la necesidad e inexperiencia de la víctima (arts. 12, 26, 27 bis inc. 1°, 29 inc. 3°, 40, 41, 46, 54, 145 bis segundo párrafo inc. 2° y 3° del Código Penal, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal);

A F. C.O., de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la PENA DE TRES (3) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES, y al pago de las COSTAS por considerarlo coautor penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país agravada por abusar de la necesidad e inexperiencia de la víctima (arts. 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 145 bis primer párrafo del Código Penal, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal);

A J. C. Y., de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la PENA DE TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, al CUMPLIMIENTO de la regla de conducta prevista en el inciso 1° del art. 27 bis del C.P., y al pago de las COSTAS, por considerarla coautora penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país agravada por abusar de la necesidad e inexperiencia de la víctima (arts. 12, 27 bis inc. 1°, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 145 bis primer párrafo del Código Penal, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal);

A M. A. M., de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES, y al pago de las COSTAS por considerarlo autor penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas y por perjudicar a menores de 18 años de edad en concurso ideal con facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país agravada por abusar de la necesidad e inexperiencia de la víctima (arts. 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 54, 145 bis segundo párrafo inc. 3°, 145 ter primer párrafo del Código Penal, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal).

Finalmente, solicitó, como parte del acuerdo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Código Penal, solicitó el decomiso a favor del Estado Nacional de los bienes que fueran incautados oportunamente y que hubieran sido utilizados para consumar el ilícito.

Destacó con relación a los vehículos, que se encuentra acreditado que: (a) la camioneta Toyota, dominio XXXXXX a nombre de S. S. P., fue utilizada para el traslado de las víctimas desde el lugar donde vivían –A. 5110- hasta el taller de la C. “C” 2170 (cfr. testimonios de fs. 779/782, 819/823); (b) la camioneta Mercedes Benz Sprinter, dominio XXXXXX – a nombre de V. S. P.- fue utilizada para el cruce de la frontera, por la imputada y sus consortes de causa A. C.C. y J. C.C., con unas horas de diferencia que las víctimas M. N. Ch. (fs. 804/5) y S. Ch. A. (fs. 832/835) quienes fueran encontradas en el allanamiento de la C. A. 5110 –cfr. informe de movimientos migratorios realizado por la UFASE de fs. 4267/80-; (c) el vehículo Peugeot Partner, dominio XXXXXX –a nombre de F. C.O.- fue sindicado por la víctima T. V. (fs. 806/808) como medio de trasporte que utilizaba el nombrado para llevarla al local de la C. C. 289; (d) la camioneta Furgón Mercedes Benz, dominio XXXXXX –a nombre de J. C.C.- fue utilizada, conforme surge del testimonio de la víctima C. M., por el imputado para su traslado -así se desprende de la declaración de la víctima que “…me encontré con J. C. directamente en la terminal de Ómnibus de Oruro, Bolivia y vinimos para la Quiaca en una camioneta de J.…”(fs. 840/43 y 2234) y de M. M. L. (fs. 844/847) que manifestó que “… de vez en cuando J. se ofrecía a llevarnos con su camioneta traffic…”.

Respecto de las máquinas de coser surge que fueran secuestradas en los diferentes talleres allanados y que fueran entregadas en carácter de depositario judicial, a L. Emilio Curruchet y a M. Espinosa, de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, elementos éstos que eran utilizados por las víctimas para confeccionar las prendas. Además, las cinco (5) maquinas industriales que fueron secuestradas en el domicilio de la C. ReSM 4515, donde funcionaba el lavadero industrial “DH” perteneciente a F. C.O. –cfr. fs. 471/477 habrían sido utilizadas para lavar parte de la ropa confeccionada.

En cuanto al destino de estos elementos, la fiscalía propuso que –a través de quien corresponda- sean puestos a disposición del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores para su utilización en alguna de las fábricas que actualmente o en el futuro integren el movimiento.

Finalmente, los acusados ratificaron el contenido de los acuerdos y firmaron para constancia.

 

Al tomar conocimiento “de visu” de los enjuiciados, cuyas actas obran a fs. 5989 y 5990, éstos ratificaron los convenios celebrados con el representante del Ministerio Público Fiscal e indicaron que los suscribieron libremente y con plena comprensión de sus contenidos e implicancias.



Habiendo resuelto oportunamente el Tribunal acerca de la pertinencia en la especie de la norma incluida en el art. 431 bis de Código Procesal Penal, corresponde dictar sentencia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 398 y 399 y concordantes del Código Procesal Penal.
De la enunciación fáctica y probatoria del Ministerio Público Fiscal:

El Fiscal de Instrucción describio los hechos y las pruebas:

A. C.C., V. S. P., S. S. P., M. C.C., J. C.C., F. C.O., A. C.C., E. C.C., M. C.C., R. O. U., S. C.C. y J. C. Y. captaron a connacionales bolivianos utilizando, entre otros medios comisivos, avisos radiales y televisivos emitidos en el estado Plurinacional de Bolivia difundiendo una oferta engañosa de empleo en Argentina -en cuanto al monto de la remuneración, jornada y condiciones laboral.

Luego de producida la captación, trasladaron desde Bolivia a Argentina, al menos a treinta y dos (32) personas con fines de explotación laboral. Entre ellas, I. M. L, L. A. Q. y M. A. C. M. -menores de 18 años de edad-; ello desde fecha incierta hasta el momento en el que se produjeron los allanamientos en los sitios de explotación y vivienda de los explotados.

Las víctimas de trata laboral fueron recibidas y/o acogidas en las viviendas ubicadas en las C.s A. nro. 5110, ReSM nro. 4928, “L. d. V” nro. 2047 y W. s/n entre 1242 y 1254, todas ellas de esta Ciudad. Y en los talleres que también funcionaban como viviendas, ubicados en la C. “L. d. V” nro. 1170 (CABA); “L.A.” 380 y “F.L.” nro.3579 (Ciudadela, provincia de Buenos Aires). Y por último, el taller de las C.s P. y E.

La producción textil se distribuía entre distintas marcas, tales como “Motor Oil”, “Striven”, “4 You”, “Salsa Jeans”, “Siamo Fuori”, “Semijean”, “Sandler Premiun Jean”, “Bw”, “Fis”, “Kosiuko”, “Bless”, “AFS Jeans”, “Acris”, “Cheta” y “Pop”, entre otras.

Entre los sitios utilizados en el circuito de la confección de prendas, la finca ubicada en la C. ReSM nro. 4515 (CABA) funcionó como lavadero industrial bajo la denominación de fantasía “D.H”.

Las víctimas del delito fueron mantenidas dentro de los talleres y viviendas asociadas a los mismos, bajo extensas y extenuantes jornadas laborales, inapropiadas condiciones para el hábitat, la higiene, recreación y descanso digno; bajo un precario régimen de alimentación; bajos salarios cuyos montos eran inferiores a los acordados; administraron los ingresos de las victimas sin abonarles el total del sueldo mensual correspondiente y diferían el pago a una fecha coincidente con el fin del año en curso. Sometieron a las victimas bajo un régimen de control de movimiento de entradas y salidas de su lugar de trabajo y su lugar habitacional.


En cuanto a las víctimas identificadas como tales por el Dr. Evers en el Requerimiento analizado en funcion de los talleres, el nombrado expresó: Taller C. “C” y dormitorio de la C. A. 5110: “… L. R. viajó desde Bolivia a la Argentina junto con A. C.C. el 11 de febrero de 2012. Que dicho traslado se produjo en omnibus –perteneciente a la empresa Transamericano Bus dominio 2324ESI-, desde la estación de Villazón –Bolivia- a la similar de Liniers –Argentina- y junto a la nombrada viajaron cinco personas más, las que también habían sido contactadas por C.C..

S. Ch. A., J. C. C., A. Ch. P., G. M. y M. V. N. Ch. llegaron al país provenientes de Bolivia el 27 de enero de 2012. Fue A. C.C. y V. S. P. quienes se ocuparon de contactar a los nombrados, contratarlos y procurar su traslado. Pués ese mismo día en un vehículo distinto al de aquellos ingresaron al país J. C.C., A. C.C. y V. S. P., ello en el rodado propiedad de S. P., dominio XXXXXX. … A. C.C. les retenía a las víctimas la documentación personal, en tanto que la mayoría, además, no habían realizado trámite migratorio alguno. V. S. P. –pareja de A. C.C.-, colaboraba con la misma autoridad y determinación que el nombrado en el marco de las maniobras descriptas.

La nombrada … viajaba desde Bolivia a la Argentina junto con quienes habían sido tentados con la oferta laboral … también se ocupaba de recibirlos y acogerlos –como ser entre otros el caso de la menor L. A. Q.- y trasladarlos al domicilio de la C. A. 5110 de este medio.

En tal sentido …. G. M. y M. A. C. M. llegaron a la Argentina –estación de omnibus de Liniers-, desde Bolivia el 19 de febrero de 2011 junto con V. S. P., quién procuró la compra de los pasajes; ello en un omnibus de la empresa “Transamericano” dominio 1632-YAC. Que en este caso fue A. C.C. quién los recibió. … era la responsable del taller de la C. “C” nro. 2168 de esta Ciudad … en su poder –más precisamente en la habitación que ocupaba- tenía diversos documentos y cédulas de identidad bolivianas a nombre de diferentes personas, las cuales se encontraban trabajando en el citado taller al momento del allanamiento en las condiciones descriptas en párrafos anteriores-…. A. C.C. y V. S. P. recibieron y acogieron en el mes de marzo de 2011 a J. L. C. M. y su familia en el domicilio de la C. A. 5110. … S. S. P. –hermana de V. S. P.-, era la encargada del taller textil sito en la C. “C” nro. 2168 de esta Ciudad –a donde la mayoria de las victimas, que generalmente habitaban en el domicilio de la C. A. 5110 de esta urbe eran trasladadas habitualmente para cubrir las jornadas laborales sindicadas-.”

Sobre las condiciones en estos sitios de explotación expresó “… Se encuentran probadas particularmente las condiciones en las que se llevaban a cabo las labores en el lugar: edilicio precario y riesgoso; amplias jornadas de trabajo; escaso descanso; situación migratoria irregular –algunos con sus documentos retenidos-; sin obra social y limitados en su posibilidad de entrar y salir a voluntad dada la carencia de llaves del inmueble…. (con) la presencia de dos menores de edad trabajando a la par de los adultos …” Y sobre las condiciones laborales agregó “….el salario no se pagaba en forma mensual, sino que, luego de ser descontados los gastos de traslado y adelantos –vales semanales de entre 50 y 100 pesos-, se les prometía que la remuneración en su totalidad les sería abonada a fin de año, siendo que la mayoría de las victimas, al momento de practicarse los allanamientos ordenados en autos no habían recibio ningun tipo de pago…”.

Sobre la actuación de J. C.C. refirió el Fiscal de Instrucción en la plataforma fáctica que “… era el responsable de la vivienda sita en la C. “L. d. V” nro. 2047 y el encargado del taller textil que funcionaba en la C. B. 2242 de esta urbe –donde fueron acogidas las víctimas encontradas al momento de allanarse dicha finca, entre ellos el menor I. M. L-. … también se ocupaba de contactar a las víctimas en Bolivia y procuraba su traslado a la Argentina … incluso ha regresado desde dicho país a este territorio en compañía de A. C.C. y V. S. P., … en el auto particular que se encuentra a nombre de ésta última….”

En cuanto a la asociación directa del encartado con los verbos típicos de la trata de personas y las victimas del delito agregó: “… Con fecha 4 de marzo de 2012 ingresó a la Argentina C. L M. … junto con otra víctima A. L.Q., a quién J. C.C. le abonó el pasaje respectivo. Ese mismo día J. C.C. arribó a la Argentina desde Bolivia pero en su camioneta particular marca Mercedes Benz, dominio XXXXXX…”.



Sobre las acciones de coerción hacia las victimas señaló “… se han secuestrado… del inmueble sito en la C. B. 2242 de esta Ciudad distintos documentos de identidad de las personas que allí se encontraban viviendo y/o laborando….”.

Y sobre las condiciones adunó “… en el taller textil … se han corroborado las pésimas condiciones en las cuales se desarrollaba el trabajo en el inmueble, así como también …. la falta de pago de los salarios –supuestamente diferidos para fin de año-, la falta de llaves y la presencia de menores trabajando en el lugar –los que en algunos casos residían en la finca sita en la C. “L. d. V” 2047- …”



Al analizar los hechos relacionados con el encartado F. C.O. expresó “…se encargaba en Bolivia de contactar a personas que quisieran venir a trabajar a la Argentina, recibiéndolos y hospedándolos en la vivienda sita en Pasaje W: s/n entre 1242 y 1254, así como también se encontraba vinculado al local comercial de la C. C. nro. 289 ambos domicilios de esta Ciudad.

En cuanto a las victimas de ese accionar delictivo agregó “… T. V. H. ingresó al país el 17 de enero de 2010, el 31 de enero de 2011 y el 4 de febrero de 2012, proveniente de Bolivia, siendo que en las tres oportunidades lo hizo acompañada de F. C.O.….”.

El Fiscal de instrucción sumó el lavadero de propiedad del encartado a los sitios utilizados en el circuito de producción en condiciones de explotación laboral y adunó las relaciones del encartado con otros domicilios investigados “… el nombrado junto con su pareja J. C. Y. era uno de los titulares del lavadero industrial “D.H”, sito en la C. ReSM de esta Ciudad, encontrándose probada asimismo la vinculación del nombrado con los domicilios de la C. B. nro. 4945, S. B. nro. 5146, “L. d. V” nro. 1170, A. 5110 y W: s/n entre 1242 y 1254 de esta Ciudad.

Respecto de la esposa de F. C.O. y su responsabilidad en el hecho expresó en el Requerimiento “… J. C. Y. era la encargada del local comercial de venta de indumentaria sito en la C. C. nro. 289 de esta Ciudad….”

En cuanto a las responsabilidades a tres de los hermanos C.C., asociados al taller y vivienda ubicado en la C. “L.A.” 380, el señor fiscal de grado optó por asociar los hechos y las acciones típicas a aquellos sin distinción alguna en el inicio de la adjudicación de responsabilidades. Luego identifica las acciones a cada uno “… M. C.C., E. C.C. y A. C.C. dirigían el taller/vivienda de la C. “L.A.” nro. 380, Ciudadela, PBA. … M. C.C. y E. C.C. viajaban a Bolivia a los fines de contactar y trasladar a a las víctimas pagándoles el pasaje e incluso en algunos casos viajando con ellos –la oferta laboral engañosa incluía un salario mensual fijo de mil pesos que iría aumentando sin descuentos por alquiler y comida-…”

A las victimas las asoció a las acciones de los encartados de forma diferenciada “…. R. C. Q. y M. C. V. … llegaron al país … el día 29 de enero de 2012, provenientes de Bolivia, acompañadas por … E. C.C.;… en un micro de la firma “Buses Potosi” dominio 1322-CRH, proveniente de La Paz –con escala en Villazón-. … el 24 de febrero de 2012 llegaron a la Argentina Provenientes de Bolivia en un omnibus de la firma “Potosi Bus” dominio 857-EKU M. L. G:, M. A: F.C. y R: R. F.P. junto con M. C.C.….”

Sobre las condiciones de vida y trabajo señaló “… las jornadas laborales en dicho taller/vivienda se extendían desde las 7:00 hs a las 21:00 hs –de lunes a viernes- y de 7:00 hs a 13:00 hs los días sábados, debiéndo las víctimas costéarse los alimentos durante los fines de semana … los empleados jamás recibieron el pago convenido durante el tiempo que prestaron funciones sino vales de entre 50 y 100 pesos que usaban para afrontar los gastos de comida en ese período y en ese lugar …” y en cuanto a la coercion y sujeción al espacio agregó “… las víctimas tenían que pedir permiso para salir del lugar a la persona que se encontrara encargada de la puerta que siempre permanecía cerrada con llave… las personas que residían en dicho lugar no habían realizado trámite migratorio alguno y a la mayoria le era retenida la documentación personal…”

En la misma linea de descripción de las responsabilidades sobre los hechos se pronunció sobre M. C.C. y su hija respecto del taller dormitorio ubicado en L. “… M. C.C. y su hija S. C.C. también se ocuparon de concretar acuerdos laborales en Bolivia, contactando, e incluso viajando al país con las personas interesadas, abonándoles el pasaje. Así también en otras oportunidades M. C.C. era quién se encargaba de recibir a las víctimas en la terminal de Omnibus de Liniers CABA. Que una vez en la Argentina, el nombrado procuraba el traslado de dichos extranjeros al domicilio de la C. “F.L.” 3579, Ciudadela PBA –donde las víctimas eran acogidas-, del cual el nombrado y su hija eran los encagados; a la vez que le era retenida la documentación personal a las víctimas… S. C.C. fue quién recibió a E. M. en el domicilio de la C. “F.L.” 3579 en el mes de Mayo del año 2011….” Y sobre las condiciones de trabajo y la remuneración expresó “… las jornadas laborales también se extendían de 7:00 hs a 21:00 hs –de lunes a viernes-, en tanto que los sábados era de 7:00 hs a 13:00 hs y pese a la promesa de remuneración mensual de trescientos dólares estado unidenses, las víctimas al momento del allanamiento de la finca no habían recibido pago alguno o lo abonado era desmesuradamente menor…”

En cuanto a la coercibilidad y sujeción al sitio de explotacion agregó “… Allí los empleados tampoco contaban con llaves del inmueble….”; Sobre la identificación de las victimas asociadas al autor ó autora del hecho especificó “… E. P. M. M., P. P. C. y J. J. C. llegaron a la Argentina, provenientes de Bolivia el 31 de marzo de 2012 en compañía de S. C.C. … la nombrada procuró el pago de los respectivos pasajes y la retención de la libreta de servicio militar de J. J. C.M. C.C. recibió a los nombrados en la estación de omnibus de Liniers…. J. C. Q. llegó a la Argentina proveniente de Bolivia el 16 de marzo de 2011 junto con los imputados M. C.C. y J. C.C. –quién le abonó el pasaje respectivo-. Así también, se encuentra acreditado en autos que el nombrado salió del país junto con M. C.C. el 29 de diciembre de 2011, regresando nuevamente a la Argentina –también en compañía del nombrado M. C.C. el 28 de enero de 2012-….”



Sobre el taller ubicado en “L. d. V” 1170 expresó “… R. O. U. se encontraba a cargo del taller textíl sito en la C. “L. d. V” nro. 1170 de esta Ciudad, en donde entre otras prestaban servicios extranjeros que residían en la finca sita en la C. B. 2242 de este medio, los que carecían de inscripción laboral alguna….” Sobre la coerción ejercida sobre uno de los trabajadores adunó en plural para referirse luego en singular “… las personas que cumplían funciones en el lugar les era retenida su documentación personal, tal es el caso de B. C.C., cuyo documento nacional de identidad se secuestró en poder de A. C.C. y V. S. P. en la cartera que se hallaba en el interior del rodado Mercedes Benz Sprinter, patente XXXXXX, propiedad de la nombrada –ver fojas 580/2-.

Sobre una de las acciones y verbos tipicos de la trata, el transporte, sumó “… el 20 de enero de 2011 L. C. M. ingresó al país proveniente de Bolivia junto con los imputados J. C.C. y R. O. U.… dicho viaje fue realizado en dos vehículos particulares diferentes en los cuales se trasladaba a otras personas atravesando el paso fronterizo de La Quiaca.”

Sobre el taller de P. y E., el doctor Evers se extendió en las consideraciones sobre la investigación y el modo en el cual se llega a alcanzarlo en estos autos, “… el nombrado mantuvo –desde fecha incierta, hasta el 14 de agosto de 2012- a personas de nacionalidad extranjera dentro del taller textíl sito en la C. P. y E. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de su propiedad –entre otras, dichas personas fueron ….. –quién al practicarse el allanamiento del taller se identificó como ….-, la menor ….. –quién al llevarse a cabo el allanamiento se identificó como . M. Q.-, …..-….”

En cuanto a las condiciones en las que trabajaban, agregó “ … las víctimas cumplián funciones laborales en dicho lugar bajo extensas y extenuantes jornadas, no encontrándose regularizados laboralmente, en circunstancias mínimas de higiene, bajo condiciones habitacionales no aptas para la recreación y el descanso digno, sometidas al control de movimiento de entradas y salidas de su lugar de trabajo, como así también, se constató que las personas que trabajaban en el taller mencionado recibían un precario régimen de alimentación y una precaria remuneración. Las jornadas laborales se extendían de 7:00 hs a 21:00 hs. y cada grupo de trabajo percibía entre $2,50 –pesos dos con centavos cincuenta- y $6,00 –pesos seis- por cada prenda realizada. … las personas que habrían resultado víctimas del hecho … todas ellas de nacionalidad boliviana, fueron sometidas al dominio de M. A. M.. …. muchas de ellas el imputado las alojó en el inmueble sito en la C. F. B. –también a cargo del imputado- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires….”



En cuanto a la asociación de las acciones a los verbos tipicos y medios comisivos de la trata de personas, agregó “…con fecha anterior al 14 de agosto de 2012 procedió a la captación de R: T. F. a través de un conocido de ámbos de nombre O. N., a quién le abonó el pasaje de transporte desde la localidad de Villazón –Estado Plurinacional de Bolivia- hasta la localidad de Liniers de esta Ciudad ... le dio alojamiento en el inmueble sito en la C. F.B. 1748 de esta urbe, para ser trasladado habitualmente a trabajar al taller de la C. P. … Así, … se le imputa a M. A. M. el haber acogido y/o recibido, entre otras, a las siguientes personas de orígen Boliviano en los domicilios detallados a saber: G. V. B. F.; K. o C. S. R.; R: T. F.; N. A. C. B. (F.B. 1748 de esta ciudad) B. Q. Q.; L. F. G.; J. Q. Q. (C. R., cuya numeración catastral no fue recordada por los testigos) e I. F. G. (P. y E.)….” (Con mas) “…haber promovido y facilitado la permanencia ilegal de extranjeros, en este caso de nacionalidad boliviana en el territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico….”

El señor Fiscal de grado interpretó las conductas en el marco de una organización delictiva “…Los encartados concretaron las conductas descriptas, con permanencia, funcionalidad y distribución de tareas entre los mismos, constatándose que las personas que resultaron víctimas del hecho aquí pesquisado -todas ellas de nacionalidad boliviana- fueron sometidas al dominio de los investigados en autos…..”

Sobre el impacto de los hechos en los bienes juridicos y los tipos penales conexos a la trata que recogen esos bienes juridicos, expresó el Dr. Evers, en forma general para los imputados, aunque asociando los hechos específicamente a determinadas víctimas de determinados talleres “… por otro lado se les imputa el haber mantenido a las personas de nacionalidad extranjera, entre quienes se encontraban tres personas menores de 18 años de edad, a saber I. M. L, L. A. Q. y M. A. C. M., dentro de los talleres y viviendas mencionados bajo extensas y extenuantes jornadas laborales, no encontrándose regularizados laboralmente, bajo condiciones mínimas de higiene, condiciones habitacionales no aptas para la recreación y el descanso digno, bajos salarios cuyos montos eran inferiores a los acordados en las entrevistas mantenidas, administrando sus ingresos sin finalmente abonarles el total del sueldo mensual correspondiente -siendo su pago prometido para fin de año-, sometidas bajo el control de movimiento de entradas y salidas de su lugar de trabajo y su lugar habitacional y el empleo de amenazas; constatándose de igual forma que las personas que habitaban los inmuebles mencionados recibían un precario régimen de alimentación.-…. Se les imputa también … la infracción al Régimen de Trabajo a Domicilio por cuenta ajena, todo ello en virtud de que se les abonaba a los trabajadores salarios magros, por prenda terminada, y según la producción que efectuaban de a grupos de unas nueve o diez personas…”

La presente causa tuvo su génesis a raíz de la investigación preliminar llevada a cabo por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas –UFASE, actual PROTEX-, a partir de los testimonios recibidos en dicha sede que sugerían la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, mencionándose en esa oportunidad los domicilios de las C.s A. 5110 -vivienda- y “C” 2168/70 –taller-, a A. C.C. y V. S. P. como sus responsables, en tanto que S. S. P. fue individualizada como encargada.

A través de la información comercial, la titularidad de los bienes y la información migratoria en los pasos fronterizos, se relacionó la actividad de los nombrados con J. C.C., la vivienda de “L. d. V” 2047 y el taller de B. 2242, ambos de esta Ciudad.

A las medidas señaladas se sumaron las tareas de inteligencia y la intervención telefónica de los abonados individualizados (N°x, x y radio 587*x reservadas en los Anexos I, II y III).

Así surgió la identificación de F. C.O., J. C. Y., R. O. U., M. C.C., A. C.C., E. C.C., M. y los domicilios de las C.s S.B. 5146, “L. d. V” 1170, (domicilios de facturación del Nextel N° 587*xxxx, el cuál era utilizado por A. C.C. y bajo la titularidad de F. C.O., a cuyo nombre se encontraba a cargo la flota de Nextel utilizada por los investigados en autos.

En el marco de estas asociaciones parentales y comerciales se individualizaron los domicilios de C. 289 relacionado a F. C.O. donde funcionaba el local de venta de jeans “Fosch-23”; el domicilio de la C. B. N° 2242, donde funcionaba una vivienda y taller vinculada a J. C.; el inmueble de la C. W: – sin numeración catastral- ubicada entre 1242 y 1254 (CABA), donde fue observado el automotor Mercedes Benz xxxxxx de titularidad de S. C.O. (domiciliada en C. 5234- CABA-) de esta ciudad; el domicilio sito en “L. d. V” N° 1170, el cual figura como domicilio de facturación del Nextel que usaba A. C.C. y se encontraba a nombre de F. C.O., quien a su vez tenía el lavadero Industrial “D.H” ubicado en la C. ReSM 4515 (CABA). Por último, se estableció que la finca ubicada en “L.A.” 380 de la localidad de Ciudadela era alquilada por A. C.C..

Durante la materialización de los allanamientos de las moradas identificadas, sea como talleres o como vivienda o como vivienda y taller, devino neC.io ampliar las diligencias sobre los domicilios de las C.s ReSM 4928 y “F.L.” 3579 de Cuidadela –este último relacionado a M. C.C. y su hija S. C.C..

A partir de la intervención telefónica de la radio 587*xxxx utilizada por A. C.C. se individualizaron otros domicilios en los que se hallaban personas desempeñando tareas en las mismas condiciones de explotación laboral.

Mediante una conversación detectada en el radio nro. 546*xxxx, correspondiente a O. M. C. con un empleado de la marca Striven Jean Clic S.R.L. refirieron la necesidad de retirar cortes textiles del taller de la C. P. propiedad de M. A. M.. Se lo investigó y concluyó que también en el mismo funcionaba un taller textil utilizado como sitio de explotación laboral.

Citó también, el Dr. Evers, en la plataforma fáctica la prueba en flagrancia, el resultado de los allanamientos, en los que intervinieron las agencias administrativas que coadyuvaron con la autoridad preventora y judicial llevando a cabo las entrevistas con las victimas, conjuntamente con la autoridad migratoria.

Esta medida de prueba de la instrucción arrojó, para el domicilio que funcionaba como dormitorio del taller de la C. “C”, ubicado en A. 5110:

El secuestro de documentación de personas de origen boliviano, entre otras: un DNI N° x a nombre de C. C.l W., un DNI N° x a nombre de C. M. S., un DNI N° x a nombre de C. M. M. A., un DNI N° x a nombre de M. de C. G., un DNI N° x a nombre de A. R. G., un DNI N° x a nombre de C. U. D. y un registro de conducir N° x a nombre de C. U. D., una Cédula de Identidad de Bolivia N° x a nombre de S. C. R., una Cédula de Identidad de Bolivia N° x a nombre de A. J. E. P., un DNI N° x a nombre de C. R. S., una Cédula de Identidad de Bolivia N° x a nombre de L. R. M., una Cédula de Bolivia N° x a nombre de A. C. V., una Cédula de Bolivia N° x a nombre de G. M. I., una Cédula de Bolivia N° x a nombre de G. M. de C., un DNI N° x a nombre de A. A. R., una Cédula de Identidad de Bolivia N° x a nombre de J. P. H., una Cédula de Identidad de Bolivia N° x a nombre de V. R. Q. M., una Licencia de conducir N° x a nombre de V. R. Q. M. Así, del interior de la camioneta marca Mercedez Benz modelo Sprinter de color blanca dominio colocado XXXXXX que se encontraba frente al inmueble en cuestión se secuestró UN (01) Documento Nacional de Identidad N° x a nombre C.C. B..

Se procedió a la detención de V. S. P., esposa de A. C.C..

En el taller de la C. -”C” 2168/70: Se constató la existencia de cuarenta y un (41) máquinas para la confección de prendas y se identificaron a los y las trabajadoras migrantes de origen boliviano:

Se procedió a la detención de la hermana de V. y encargada del taller, S. S. P..

En el domicilio de facturación del celular que utilizaba A. C.C., S.B. 5146, -titularidad de F. C.O., se encontraba libre de ocupantes-, se constató la existencia de 12 máquinas para la confección de prendas, restos de tela e hilos, varias bolsas conteniendo indumentaria con la marca “Inquieta” y otras sin marca, y diversa documentación, entre la cual había siete carnets a nombre de personas de nacionalidad Boliviana de la Asociación Deportiva Corazón de América a saber: ………

En las mismas condiciones que el anterior (domicilio de facturación del Nextel utilizado por A. bajo la titularidad de F. C.O., “L. d. V” 1170), se hallaron 35 máquinas para la confección de prendas, gran cantidad de tela, ropa terminada y ocho personas trabajando.

Se detuvo a R. O. U. y R. O. U. (a cuyo respecto la Alzada dispuso la falta de mérito con fecha 5 de julio de 2012).

Dichas personas fueron identificadas como: ……..

En el local donde se vendía indumentaria de la marca “Jeans Fochs-23” de propiedad de F. C.O., C. 289 se procedió a la detención de la encargada J. C. Y..

En la vivienda (de tres cuartos) y taller de costura ubicada en B. 2242: Se comprobó la presencia las personas que fueron identificadas como: ……….

Se dispuso la detención de J. C.C., responsable del lugar.

W:, entre 1242 y 1254: en el acta se dejó constancia que la finca es residencia de personas integrantes de la colectividad boliviana, quienes al finalizar la jornada laboral regresaban al lugar.

Junto a familiares del investigado R. O. U., se encontraban diez menores de entre dos y cuatro años de edad.

Allí se secuestró el DNI nro. x a nombre de ……, quién se encontraba en el lugar.

ReSM 4515, sede del lavadero D.H, propiedad de F. C.O.: en el lugar se encontraban trabajando albañiles realizando tareas de refacción, se constató la existencia de cinco máquinas industriales para el lavado y secado de ropa.

Habiéndose hecho presente F. C.O., se dispuso su detención.

En el domicilio alquilado por A. C.C. ubicado en “L.A.” 380 –Ciudadela-. Allí fueron encontradas 9 personas, 25 máquinas para la confección de prendas de vestir y numerosa cantidad de productos ya terminados, deteniéndose a sus responsables E. C.C., M. C.C. y A. C.C..

En esa ocasión se identificaron a dichas personas como: ……..




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