Aspectos teóricos de la prueba testimonial y pericial en el proceso penal José Alberto Rojas Chacón introduccióN



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Aspectos teóricos de la prueba testimonial y pericial en el proceso penal

José Alberto Rojas Chacón

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la presente monografía consiste en presentar un panorama –general- de las características de la prueba testimonial y pericial en materia penal, lo que abracará su conceptualización, la descripción características, semejanzas y diferencias, así como el examen de forma en que su práctica y recepción se encuentra regulada en nuestro Código Procesal Penal.

La primera parte de este trabajo procurará n analizar algunos de los principios generales que informan la Teoría de la Prueba, para determinar cuáles es el objeto de la ésta en sí mismo, y en qué casos resulta absolutamente necesario el respaldo probatorio para sustentar un juicio de hecho o una conclusión. En otras palabras, se tratará de determinar en qué casos el juez se encuentra sujeto a las pruebas que le aporten las partes, o bien que él mismo pueda hacer llegar al proceso, en los supuestos autorizados por el Código Procesal Penal.

En la segunda y tercera partes de la monografía se pasará a realizar un estudio jurídico de la prueba testimonial y pericial en materia penal, para lo cual se empleará la siguiente metodología: Se hará empleo de los conceptos desarrollados por la doctrina nacional y extranjera; se precisará el objeto, naturaleza y características tanto de un tipo de prueba como de la otra y se citarán los principios procesales que informan práctica y validez. Luego se examinará cómo está regulada la recepción de la prueba testimonial y pericial en el sistema procesal costarricense, con notas de doctrina y jurisprudencia nacional.

Una vez conseguido lo anterior, se tratará de sintetizar algunas semejanzas y diferencias entre ambas figuras.

I.- PARTE

Objeto de prueba, valoración y necesidad probatoria

1.- Del objeto de la prueba en general

Se afirma por parte de la doctrina que el problema de definir la función de la prueba se conecta directamente con los diversos conceptos de proceso y de los objetivos del proceso judicial1.

Es indiscutible que proceso penal está orientado a la consecución de un fin. En el caso de nuestro Código Procesal Penal (en adelante CPP), el numeral primero establece que nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo al Código y con observancia estricta de las garantías, las facultades y los derechos previstos para las personas.

Precisamente en aras de proteger los derechos fundamentales de las personas sometidas al proceso penal, nuestro CPP prevé en su libro tercero toda una serie de requerimientos que se deben cumplir en la práctica y recepción de pruebas para ser consideradas legítimas e incorporables en el contradictorio, de manera que puedan ser válidamente utilizadas para la acreditación -o descarte- de los hechos investigados, y con ello la consecuente aplicación de las normas sustantivas que correspondan al caso concreto, ya sea imponiendo una sanción o medida de seguridad, ya sea absolviendo de toda responsabilidad al indiciado.

Lo anterior necesariamente nos lleva a inquirir cuál es el objeto de la prueba en materia penal, pues ambos conceptos no pueden concebirse en forma desligada. En términos generales, citando a Carlos N. Hall, podríamos decir que por objeto de la prueba debe entenderse todo aquello que es susceptible de comprobación ante el Juez o el Tribunal, y directamente determinado a los fines del proceso penal y la actuación de la ley sustantiva2.

A partir de esta concepción general existen diversas posiciones en la doctrina: por un lado, quienes consideran que el objeto de la prueba son los hechos delictuosos denunciados (en este grupo podemos ubicar autores clásicos como Stein, Florián, Carnelutti, Cafferata Nores); por otro, quienes sostiene que el objeto de la prueba son las afirmaciones de las partes sobre los hechos (donde se pueden ubicar autores contemporáneos como Devis Echandía, Miranda Estrampes, Climent Durán, etc.)

Así por ejemplo, Cafferata Nores define el objeto de prueba como aquello que puede ser probado, aquello sobre lo cual puede o debe recaer la prueba, considerando que el tema puede ser considerado en abstracto (lo que puede ser probado en cualquier proceso penal) o en concreto (lo que debe ser probado en un proceso concreto). Considerado el objeto de prueba en abstracto, la prueba puede recaer sobre hechos naturales (caída de un rayo), o psíquicos (ánimo homicida), también sobre las cualidades de las personas nacimiento o edad), cosas y lugares, y calidades jurídicas (ajenidad de la cosa o estado civil de las personas). También se puede intentar probar las máximas de la experiencia común (v. gr. usos y costumbres comerciales y financieros) y el derecho no vigente (v. gr. normas jurídicas extranjeras que fundamenten un pedido de extradición). Considerado el objeto de prueba en concreto, para Cafferata Nores la prueba debe versar sobre la existencia del hecho delictuoso y las circunstancias que lo califiquen, agraven o atenúen, o influyan en su punibilidad, así como también debe individualizarse sus autores, instigadores y cómplices, aspectos que necesariamente deben ser objeto de prueba, aún cuando no exista controversia sobre ellos3.

No obstante lo expuesto, autores contemporáneos se cuestionan si el objeto de la prueba lo constituye, no los hechos, sino las afirmaciones de las partes. En este sentido, Miranda Estrampes sostiene que en torno al objeto de prueba, hay dos posturas doctrinales, según se considere como objeto de la prueba a los hechos o a las afirmaciones: La teoría clásica considera que el objeto de la prueba lo constituyen los hechos, los sucesos que acontecen en la realidad y que son introducidos por las partes al proceso. Sus partidarios consideran que el término “hechos” se utiliza en sentido jurídico amplio, comprensivo de todo lo que puede ser percibido y que no es una simple entidad abstracta o idea pura, incluyendo conductas humanas, hechos de la naturaleza, cosas u objetos materiales, personas, estados físicos o síquicos del ser humano.

Sin embargo señala Miranda Estrampes que otros autores –entre los que él mismo se incluye—consideran que el objeto de la prueba no lo constituyen los hechos de la realidad, sino las afirmaciones que las partes hacen sobre esos hechos, esto es, que mediante la prueba se trata de verificar la exactitud de las afirmaciones formuladas por las partes. En criterio de Miranda Estrampes, el hecho, como fenómeno exterior al hombre, existe o no existe en la realidad extraprocesal, independientemente del resultado de la prueba. En cambio, las afirmaciones de las partes sobre esos hechos sí son susceptibles de ser demostradas en cuanto a su exactitud. Todo el esfuerzo del juez se encamina a convencerse de que tales afirmaciones coinciden con la realidad. La convicción sobre la exactitud de las afirmaciones formuladas por una de las partes tampoco conlleva, per se, la existencia de esos hechos tenidos por ciertos según la afirmación que de ellos se hizo. Todo lo anterior permite concluir, según Miranda, que “…la prueba procesal no es un proceso de demostración de la existencia o inexistencia de un hecho, como señala un sector doctrinal. La prueba procesal aspira únicamente a persuadir al juez de la exactitud de las afirmaciones formuladas por las partes”4.

Esta posición ha sido retomada en obras más recientes, como el tratado de la prueba penal de Climent Durán, quien indica que en esta materia la prueba recae necesariamente sobre los hechos alegados por la partes litigantes, y trata de hacer ver que un determinado hecho ha sucedido o no ha sucedido o, dicho de otro modo, pretende evidenciar que es verdad o no es verdad la afirmación que de la realidad de un determinado hecho se hace. Se diferencia de la demostración, que es otra clase de argumentación, en que ésta tiene como objeto evidenciar la validez de una determinada tesis u opinión.

En virtud de lo expuesto, concluye este autor que el objeto de la actividad probatoria es siempre alguno de los hechos afirmados o alegados por cualquiera de los litigantes o, lo que es lo mismo, cualquier juicio o proposición fáctica aducida por una de las partes como fundamento de su pretensión. Entonces, la prueba ha de recaer necesariamente sobre un hecho, y además, ha de tratarse de un hecho que necesariamente haya sido alegado por una de las partes en conflicto, y, precisamente por recaer la prueba sobre una afirmación de hecho es por lo que puede predicarse de ella que es verdadera o falsa5.

2.- Valoración y necesidad probatoria

2.1.- Sistema de valoración de la prueba en el Código Procesal Penal

En proceso penal costarricense el legislador optó por el sistema de libre valoración, con aplicación de las reglas de la sana crítica racional6. En efecto, el numeral 184 del Código Procesal Penal, dispone que el tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación estricta de las reglas de la sana crítica, debiendo justificar y fundamentar, adecuadamente, las razones por las cuales les otorga determinado valor, con base en la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial.

Acerca de las características de este sistema de valoración, señala Casimiro Varela que los términos sana crítica, apreciación razonada, libre convicción, convicción íntima, conceptualmente significa lo mismo en las distintas expresiones: la libertad del juez para la apreciación de las pruebas. Para este autor, la sana crítica implica que en la valoración de la prueba, el juez adquiera la convicción observando las leyes lógicas de pensamiento, en una secuencia razonada y normal de correspondencia entre éstas y los hechos motivo del análisis, por lo que el criterio valorativo debe estar basado en una juicio lógico, en la experiencia y en los hechos sometidos al juzgamiento, no debiendo derivar sólo de los elementos psicológicos desvinculados de la situación fáctica, requiriendo al mismo tiempo la libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia, que según el criterio del juez sean aplicables al caso7.

2.2.- Necesidad de la prueba como principio general

A nivel doctrinal se reconoce que existe un cúmulo de cuestiones constituidas por conceptos y principios generales, que resultan rectores en toda la actividad probatoria del proceso penal, y por igual a todos los medios probatorios, no obstante su naturaleza y características individuales, muchos de los cuales integran la teoría general de la prueba judicial, por lo que no sólo con inherentes al proceso penal, sino también a cualquier otro proceso, sea civil, fiscal, administrativo o laboral8.

Uno de estos principios es, precisamente, el denominado “Necesidad de la prueba”, de acuerdo con el cual todo hecho que constituye objeto de un proceso debe ser corroborado, sólo mediante pruebas introducidas legalmente al mismo, con independencia del conocimiento particular del juez, lo que no impide que este último sea quien, de manera oficiosa, introduzca elementos probatorios en el proceso, pero no podría suplirlo con su conocimiento privado, el cual no puede ser una fuente legítima de prueba, pues si así se permitiera se violaría la publicad y el contradictorio en la producción de la prueba, única vía por se puede tener por legítimamente corroborado el hecho objeto de la investigación9.

Esta noción de necesidad probatoria, explica Hall, tiene un aspecto objetivo porque abarca los hechos en general que deben ser materia de prueba, aislados de la interpretación y de quien tiene que suministrarla, pero también posee un aspecto concreto, que es el que acota los hechos que interesan realmente al proceso respectivo, quedando fuera del tema de prueba no sólo los que no interesen a los fines de la actuación del derecho penal sustantivo, sino también aquellos que, aún siendo útiles a dichos fines, están excluidos por pruebas imposibles o prohibidas10.

Tal y como vimos en la sección anterior, nuestra legislación procesal penal y jurisprudencia de Casación se decantan por el sistema de libertad probatoria, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. La doctrina moderna coincide al señalar este último exige, como presupuesto fundamental, la existencia de prueba. En dicho sentido, explica Miranda Estrampes que, una vez constatada la existencia de actos de prueba, el juzgador deberá iniciar la actividad de valoración de los mismos; si por el contrario llega a la conclusión de que no hay actos de prueba, es obvio que ello impide toda apreciación, al no existir prueba alguna que valorar. En consecuencia, la libertad de valoración no permite al juez sustituir la prueba practicada por otros elementos o datos, o por su propia opinión, al objeto de formar su convencimiento, por lo que, en consecuencia, la prueba se constituye en el elemento fundamental para formar la convicción judicial. Esta necesidad de prueba conlleva a prohibición de que el juez pueda formar la convicción basándose en su propio conocimiento privado, adquirido a extramuros del proceso11.

Acerca de dicho principio general, señala Devis Echandía que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial, deben estar demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o incluso por el juez, si éste tiene facultades para ello12, sin que dicho funcionario pueda suplirlas con el conocimiento personal o privado que tenga sobre ellos. De acuerdo con este autor, si bien es cierto que el sistema de libre convicción permite al Juez recurrir a sus conocimientos privados para valorarla prueba, dicha libertad de apreciación, incluso la libertad de medios de prueba, no implican que los hechos puedan fijarse en el proceso por el conocimiento personal del juez, sin que exista medio alguno de prueba que lo demuestre, ni la prohibición de utilizar ese conocimiento privado limita en absoluto la libre apreciación ni la libertad de los medios en donde se ha consagrado13.

No obstante lo anterior, Devis Echandía considera que el juez, en cambio, si podría utilizar el conocimiento privado que tenga de los hechos relacionados con el proceso penal, para decretar oficiosamente pruebas con el fin de acreditarlos, cuando la ley lo permite, lo que en nada atenta contra el principio de necesidad de la prueba, pues, por el contrario, al decretarse y practicarse oficiosamente esas pruebas, lo cumple a cabalidad; una cosa –afirma este autor—es que el juez llegue al conocimiento directo de los hechos por su iniciativa probatoria, y otra que, sin necesidad de prueba declare un hecho porque lo conoce privadamente14.

Sin perjuicio de lo expuesto hasta aquí, cabe señalar que a nivel doctrinal también se reconoce que existen diferentes tipos de conocimientos privados que el Juez si podría utilizar al momento de valorar la prueba, así como para fundamentar sus conclusiones, cuya incorporación en sentencia no constituyen una introducción ilegal de prueba, ni comprometen el derecho de defensa, en cuanto dicha actividad del juez si es controlable por las partes en virtud de la especial naturaleza del conocimiento empleado.

En este sentido, apuntala Vélez Mariconde que al decirse en doctrina que la convicción judicial no puede basarse en el conocimiento privado del órgano jurisdiccional, no se piensa que el tribunal deba limitarse a lo alegado efectivamente por las partes (basta la posibilidad de que hagan mérito de la prueba), ni que –para apreciar los elementos introducidos en el proceso—le esté vedado utilizar los conocimientos generales que le dan su cultura15.

3.- Acerca de los hechos que necesitan probarse en el proceso penal

Consultada la doctrina jurídica, se encuentra que la regla general, como explica Devis Echandía, es que en cada proceso debe probarse todo aquello que forma parte del presupuesto fáctico para la aplicación de las normas jurídicas, que no esté eximido de prueba por la ley. En materia penal, propiamente, el tema de prueba los constituyen todos aquellos hechos que interesan a la investigación16.

Siguiendo estos mismos lineamientos, el autor Jorge Fábrega indica que por “tema probatorio” (thema probandum), se entiende el conjunto de hechos o actos materiales o psíquicos, que sirven de presupuesto a las normas jurídicas aplicables en un proceso concreto, teniendo en cuenta la pretensión que se ejerce o a las defensas que se oponen, siendo un principio fundamental que el Juez no puede llevar al proceso o valerse de su conocimiento privado que tenga de los hechos17.

También en relación con este tema, apunta Salvatore Satta que el término “prueba”, jurídicamente hablando, tiene dos aspectos: el primero, que puede denominarse “estático”, corresponde al de ente o medio decisivo o relevante para la certeza de un hecho. El segundo aspecto de la prueba es el “dinámico”, o sea, en relación a la respectiva verificación de un hecho. Para este tratadista, la estructura de la prueba, en su aspecto dinámico, refleja las condiciones y los límites del experimento probatorio: Desde que la alegación es el presupuesto esencial de la prueba, resulta evidente que en tanto la prueba es necesaria en cuanto el hecho alegado sea, más que relevante, un hecho incierto, o sea controvertido. De esta manera, la prueba, en su aspecto procesal, compromete íntimamente a los sujetos del proceso, es decir a la parte y al juez. No releva la carga de la prueba, sino que más bien se puede hablar de un derecho de la parte a la prueba, o sea, a la representación del hecho en el proceso, en el doble sentido del derecho a probar los hechos con los medios determinados, y del derecho sobre los medios de prueba, o sea a la potencial representación que ellos consienten.

Para Satta, este derecho puede calificarse como una “disponibilidad” de la prueba, que se afirma sobre una persona (testimonio) o sobre una cosa (documento, incluso en poder de un tercero). Sin embargo, señala este autor que dicha disponibilidad también corresponde al Juez, bajo un doble aspecto: primero, que la fuente o el medio de prueba producido está sujeto a su poder, con el sólo límite del thema probandum, fuera de toda dependencia de la parte, y ese poder se puede indicar con el término genérico de inspección; segundo, que el juez puede tener un poder dirigido sobre la fuente o medio de prueba incluso no producido, cuando le resulte existente, y lo considere necesario para el conocimiento del hecho18.

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, para que un hecho pase a integrar el thema probandum del proceso, y en consecuencia resulte necesario su respaldo probatorio, debe cumplir con dos requisitos:

a).- que sea pertinente a los fines del proceso (lo que a su vez implica que no esté prohibida su prueba y no sea imposible);

b).- que la ley exija su prueba, o mejor dicho, que no esté exento de prueba. Lo primero determina el objeto concreto de la prueba en cada proceso, y lo último, el contenido del tema probatorio o sobre el cual deben aplicar las partes su actividad probatoria19.

Ahora bien, la doctrina procesalista reconoce que este principio general de necesidad de pruebas admite excepciones. Al respecto, señala Florián que no todo punto de la imputación, o de cada uno de los hechos, exige una prueba metódica y particularizada, y que no todo detalle debe ser verificado escrupulosamente, pues tal y como ocurre en la vida ordinaria, también en la demostración judicial muchas cosas deben suponerse existentes, verdaderas o conocidas, pues aún la demostración judicial debe partir de las cosas anteriores y más conocidas, esto es, las denominadas proposiciones inmediatas, para las cuales no hay demostración, no pueden llegar a los estrados judiciales.

Para este autor, si bien el fin práctico dominante, que es el la comprobación de los hechos para dictar condena o absolución, nunca debe olvidarse, debiendo prohibirse en absoluto tanto las presunciones como el despliegue de pruebas inútiles, también es cierto que en el proceso penal hay verdades interinas o provisionales, de manera que no todo lo que se refiere a la imputación requiera una prueba específica. Si no surge la discusión y si ciertas circunstancias no se ponen en duda, no existe el deber de suministrar la prueba, aclarando este autor que con ello no se habla de presunciones, sino más bien la cuestión está en que la prueba resulta inútil. Igualmente, indica Florián que tampoco se requiere la prueba de las condiciones negativas, como por ejemplo, en el hurto la prueba de que la contrectatio se realizó contra la voluntad del dueño, y en ciertas hipótesis más graves de violación de domicilio, la prueba de que no existió el permiso del titular del derecho20.



II.- PARTE

La prueba testimonial en el proceso penal

Sección I.- Aspectos teóricos de la prueba testimonial

1.- Concepto de “testigo” y “testimonio”.

En su tratado de Derecho procesal penal explica el profesor Roxin que un “testigo” es aquella persona que, sin estar excluida de esa posición por un papel procesal de otro tipo (v. gr. víctima y actor civil), debe dar a conocer sus percepciones sobre los hechos al juez por medio de una declaración21.

Como bien apunta Iragorri Díez, la prueba testimonial es un medio probatorio importante que ha resistido las críticas que se le han formulado a través de muchos años, teniendo vigencia en la actualidad dentro de los procedimientos acusatorios22. Este mismo autor ensaya una definición de “testimonio”, indicando que por éste se entiende aquella relación libre y meditada que una persona hace ante el juez, acerca de los hechos antecedentes, coetáneos o subsiguientes a los acontecimientos delictuosos, por lo que puede hablarse de testigos ante facto, in facto y ex post facto23.

Por su parte Devis Echandía propone dos definiciones de “testimonio”, una en sentido estricto y una en sentido amplio: en la primera, el testimonio es un medio de prueba que consiste en la declaración representativa que una persona -que no es parte en el proceso en que se aduce- hace a un juez con fines procesales, sobre lo que sabe con respecto a un hecho de cualquier naturaleza. En sentido amplio, es testimonio también esa declaración, cuando proviene de quien es parte en el proceso en que se aduce como prueba, siempre que no perjudique su situación jurídica en ese proceso, porque entonces sería confesión24.



Para Cafferata Nores el testimonio es la declaración de una persona física, recibida en el curso del proceso penal, acerca de lo que pueda conocer por la percepción de sus sentidos sobre los hechos investigados, con el propósito de contribuir a la reconstrucción conceptual de éstos. Para este autor, el concepto de testimonio requiere algunas precisiones:

  • El testigo debe tratarse de una persona real, pues sólo éstas pueden percibir y transmitir percepciones, en tanto que las personas jurídicas se comunican a través de sus representantes.

  • Se excluye la declaración del sospechoso de haber participado en el delito, cuya versión no puede ser considerada testimonio; en cambio se incluye a la víctima y al actor civil en el campo de los testigos25.

  • El testigo por lo general debe ser citado a participar en el proceso penal, aunque se admite que éste pueda presentarse de manera espontánea.

  • Al declarar, el testigo realiza una manifestación de conocimiento: por lo general lo hará oralmente, respondiendo de viva voz al interrogatorio, salvo que tenga algún impedimento físico que no se lo permite (en cuyo caso debe recurrirse a varios métodos para facilitarle la comunicación).

  • Le declaración debe realizarse dentro del procedimiento

  • El testigo debe declarar sobre lo que conozca y que tenga relación con los hechos investigados, es decir: i).- al hecho delictivo, a las circunstancias que lo agraven y al daño ocasionado; ii).- a los posibles autores, cómplices o instigadores del delito, a las condiciones sociales de éstos y los motivos que pudieron determinarlos a delinquir.

  • El conocimiento que puede tener el testigo sobre los hechos investigados deberá haberlo adquirido antes de ser llamado y por percepción sensorial: expresará lo que vió, oyó, olió, gustó o tocó.

  • Al testigo se le escucha porque se espera obtener de él algún dato útil para descubrir la verdad, es decir, idóneo para proporcionar conocimiento sobre los hechos investigados y lograr su reconstrucción conceptual26.

Nuestro Código Procesal Penal no contiene una definición de “testigo”, a diferencia de otras figuras procesales como la víctima (art. 70 CPP), indicando el legislador que ésta a su vez puede tener la doble condición, pues no solamente se le reconocen sus derechos procesales como afectado por el delito, sino también puede ser llamado a rendir declaración como testigo de los hechos (art. 71 CPP). Igualmente nuestro ensaya una definición de perito, como aquella persona que posee conocimientos especiales sobre una técnica, ciencia o arte y que puede prestar servicio a la administración de justicia aportando sus conocimientos al Juez de manera que pueda éste apreciar adecuadamente el contenido de un elemento de prueba cuyo análisis requiere conocimientos especiales (arts. 213 y 214 CPP).

Tratándose claramente de un concepto procesal normativo, que por su naturaleza requiere la precisión a través de juicios de carácter ético-social-normativo, el legislador ha preferido dejar al juzgador la responsabilidad de precisar, en cada caso concreto, cual sujeto que es traído al proceso a reproducir sus percepciones sobre los hechos objeto del thema probandum, pude ser considerado testigo.



2.- Evolución histórica

Señala Florián que la prueba por testigos no surgió al mismo tiempo que el proceso penal; se requirió cierto desarrollo de éste para diferenciarse un tanto del proceso civil, de manera tal que las partes no fueran factores predominantes de prueba, y que el formalismo cediera terreno como criterio dominante, como método prevaleciente, es decir, se hizo necesario cierto sentimiento de confianza en el prójimo, siendo que una vez superadas las primeras fases del proceso penal, la prueba por testigos se infiltra en él, se introduce poco a poco en su desarrollo, lo acompaña en todas sus vicisitudes, se convierte en elemento integrante del proceso y refleja, en su estructura, su cambiante expresión27.

Siguiendo la exposición sintética que realiza el autor Yesid Reyes Alvarado en su trabajo sobre la prueba testimonial, se puede decir que la evolución histórica de esta última se estudia con base en la construcción de tres grandes etapas:

a).- La etapa de la presunción de veracidad: Las primeras referencias a la prueba testimonial pueden encontrarse en el Código de Manú (12 siglos AC), que estatuye reglas que posteriormente fueron acogidas por los romanos. Esta primera fase del desarrollo histórico se caracteriza por la confianza plena en la prueba testimonial, pues en aquella época se partía de la presunción de que el hombre siempre decía la verdad. Sin embargo, se establecían algunas limitaciones en cuanto a quienes podían ser admitidos como testigos (v. gr. se excluían los esclavos, impúberes e incluso a las mujeres), limitación que tenía un trasfondo social y político, pues las declaraciones de los nobles eran preferidas sobre los que no fueran considerados “moralmente aptos”, estimación que dependía de la clase social, trabajo y títulos de cada persona. En la antigua Roma se utilizó una fórmula mucho más sencilla para limitar la recepción de testimonios de quienes no se estimaban dignos de credibilidad, prohibiendo la declaración de los que no tenían status de ciudadanos romanos. Posteriormente, en la Edad Media, por la influencia de los derechos romano y canónico fueron catalogados como “sospechosos” los testigos respecto de quienes existían razones para desconfiar.

b).- La etapa de desconfianza: Superada la fase mística, surgen los primeros escritos dedicados al análisis de las circunstancias que rodean la recepción y valoración del testimonio, que mostraron las enormes imprecisiones que suele contener una declaración judicial y los autores se preocuparon más por señalar inconvenientes que por señalar formas de evitarlos y disminuirlos, lo que generó la edición de catálogos de “defectos” que contribuyeron a mermar la credibilidad del testimonio; se abandonó la presunción de veracidad por una de “mendacidad”, para de esta forma centrarse en el análisis de pruebas –técnicas- que por no ser personales ofrecían mayor posibilidad de confiabilidad para la reconstrucción del hecho.

c).- Etapa científica: Con el desarrollo del derecho procesal se dio una revisión más detenida de los medios probatorios, empezando por las dificultades propias de la prueba testimonial; se acudió entonces a otras disciplinas científicas, como la psicología y la lógica judicial que facilitaron el planteamiento de verdaderas reglas para la recepción y valoración de la prueba testimonial, de manera que su estudio dejó de depender de consideraciones puramente empíricas, pasando su valor a depender del análisis lógico y psicológico que hagan de las diferentes circunstancias que rodean cada declaración individualmente considerada y no de una arbitraria presunción28.



3.- Naturaleza Jurídica del Testimonio (actividad probatoria, fuentes y medios)

Tal como apunta Alemañ Cano, la prueba puede definirse como la actividad procesal cuyo fin es concordar las afirmaciones fácticas con los hechos y circunstancias realmente acaecidos; la actividad probatoria proyectada sobre dichas afirmaciones introducidas en el proceso, han de posibilitar al órgano decisorio la obtención de un determinado grado de convicción con respecto a éstas. Señala este mismo autor que las fuentes de prueba son los elementos existentes en la realidad anterior y extraña al proceso, y existen independientemente a éste. Por otro lado, los medios de prueba se constituyen como la exteriorización procesal de esas fuentes; éstas, para fijarse en el proceso, necesitan un instrumento adecuado: los medios de prueba establecidos en la ley procesal.

En este orden de ideas, el testigo conoce los hechos aún antes de generarse el proceso –la fuente--; pero sólo repercutirá en aquel si logra penetrar en el proceso como medio –prueba testifical—por lo que el testigo considerado como fuente de prueba ha de ser necesariamente una persona física y su declaración vertida en el proceso (testimonio, prueba por excelencia), medio de prueba personal y de carácter instrumental29.

De esta forma, como medio de prueba el testimonio constituye una declaración de ciencia o conocimiento referida a hechos o circunstancias que no persigue determinados efectos jurídicos, siendo que esta declaración bien puede corresponderse o no con la verdad de los hechos y en ese caso se obtendrá, o no, una determinada eficacia, pero en ambos supuestos se estará ante la presencia de un testimonio, de manera tal que puede afirmarse que el verdadero presupuesto de éste se encuentra constituido por la representación de un hecho y no por su percepción, ni la realidad del hecho representado, que bien puede faltar, sin que por eso deje de ser un testimonio30.



Nuestra Sala de Casación se ha pronunciado indicando que testimonio es aquél que se produce en juicio, en la inmediación de las partes, con el contradictorio, de manera que la prueba se origina frente a los interesados, que pueden lograr la información necesaria gracias al interrogatorio y al contacto directo con el deponente, reiterando a su vez que la denuncia no es un testimonio, si más bien la noticia del hecho, con la información que las autoridades lograron –y discriminaron- de la víctima o denunciante. Su interés procesal es fungir como un dato histórico cronológico de su interposición, en espera de que la información esencial del suceso se mantenga y coincida con la narración en juicio, aún cuando en este último escenario puede ser mucho más amplia, detallada o incluso podría suceder que en debate por el transcurso del tiempo algunos detalles se hayan olvidado y de allí que pueda hacerse uso de la información de la denuncia para el interrogatorio, razón por la cual no procede, comparar al mismo nivel ambas, pues una es registro escrito de información y la denuncia como tal constituye prueba testimonial31.

De acuerdo con lo expuesto hasta acá, podemos entonces sintetizar los elementos que integran la naturaleza jurídica del testimonio, siguiendo a Devis Echandía, de la siguiente forma:



  • Es un acto jurídico conscientemente ejecutado

  • Es un acto procesal

  • Es un medio de prueba judicial

  • Es una prueba indirecta, personal, representativa e histórica

  • Consiste en una narración de hechos relacionados con el thema probandum de la causa penal

  • Es una declaración específica (una especie del género amplio de las declaraciones)

  • Es una declaración de ciencia de carácter representativo, lo que significa que cuando el juez percibe el hecho del testimonio, necesariamente se determina en él la idea de otro hecho, el representado, sea que exista o no, ya que puede suceder que no corresponda a la realidad, como cuando el testimonio es falso o equivocado, por lo que el verdadero presupuesto del testimonio es la representación de un hecho y no su percepción o la realidad del hecho representado, el cual puede faltar sin que por ello deje de ser testimonio32.

4.- Principios procesales que informan la prueba testimonial

Apunta Climent Durán33 que las pruebas testimoniales deben sujetarse a una serie de principios básicos, que deben ser respetados porque constituyen la garantía de que la declaración testifical se ha hecho ante la presencia de un Tribunal, de las demás partes interesadas y del público en general –con las excepciones previstas por la misma ley—y que las partes han podido preguntar y repreguntar a los testigos declarantes, en defensa de sus respectivos intereses. Estos principios son tan importantes que su vulneración puede ser determinante de la nulidad de la declaración testimonial, con la consecuente imposibilidad de tomar en consideración o valorar el contenido de dicha declaración:

4.1- Principio de inmediación: En circunstancias normales, la prueba testifical ha de practicarse, siempre que sea posible, ante la presencia del tribunal sentenciador, esto porque la verdadera fuerza o valor probatorio que tiene la prueba testifical radica en el hecho de que se procede ante la presencia inmediata de los jueces, siendo que la observancia de este principio tiene una decisiva influencia a la hora de conformar el convencimiento judicial, como determinante que es del pronunciamiento hecho por el tribunal sentenciador, sea condenatorio o absolutorio.

En nuestro sistema procesal penal se considera que el Principio de Inmediación es propio de la fase de debate (art. 293 CPP), de acuerdo con el cual el debate debe realizarse de manera ininterrumpida con la presencia de todas las partes, de manera que la prueba debe evacuarse en frente del Tribunal para que éste pueda apreciarla y valorarla directamente (arts. 328, 351 y 352 CPP)

Ahora bien, los numerales 71, 234 y 293 CPP establecen la posibilidad de la recepción de la prueba testimonial a través de medios tecnológicos como la videoconferencia a distancia, en la que por sistemas electrónicos se entrevista a una persona que se encuentra en un sitio distinto al asiento del Tribunal. Sobre este punto la Sala Tercera se ha pronunciado indicando que el artículo 234 del Código Procesal Penal permite la videoconferencia como herramienta para recibir una declaración, pues, su uso no conlleva la eliminación de garantías o facultades de las partes, ni mucho menos afectan el sistema institucional. Igualmente, el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite la utilización de estas herramientas tecnológicas para la transmisión de actos judiciales, aunado al hecho de que la video conferencia permite observar “en vivo” a quien declara y permite la interacción de las partes con esa persona, siendo entonces posible realizar un verdadero interrogatorio, a la luz de los demás elementos debatidos en juicio. Es decir, hace posible la recepción directa en juicio de la declaración, independientemente de dónde se halle el declarante, en cambio, el anticipo jurisdiccional de prueba: constituye una excepción a la oralidad, que sólo permite la inclusión en debate de una pieza documental, la cual, si bien es cierto se levanta en una diligencia regida por el principio de oralidad, no permite una óptima relación con quien rinde la declaración. Además, el anticipo jurisdiccional está previsto para supuestos en que el declarante no va a estar presente en juicio, que olvidará aspectos esenciales o que mediará algún obstáculo difícil de superar (como por ejemplo la coacción o amenaza a un testigo) que incidirían sobre la declaración. En ese sentido, la videoconferencia resulta más beneficiosa que el anticipo jurisdiccional de prueba para el amplio ejercicio del derecho de defensa34.

4.2.- Principio de contradicción: La prueba testifical ha de producirse contradictoriamente, esto es, ante la presencia física del imputado, quien a través de su abogado defensor ha de poder interrogar a los testigos comparecidos a petición del mismo, y también ha de poder contrainterrogar a los testigos de cargo comparecidos a petición de la acusación pública o particular



Excepciones

  • Testigos protegidos: De acuerdo con lo establecen los numerales 71 y 204 bis CPP, cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida o su integridad física del testigo y/o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso, éste tendrá derecho a que se reserven sus datos de identificación, como nombre, cédula y domicilio, números de teléfono o lugar de trabajo y que no consten en la documentación del proceso; además tendrá derecho a mantener reserva de sus características físicas individualizantes, cuando, por la naturaleza del hecho, estas no sean conocidas por el imputado u otras personas relacionadas con él, sin perjuicio del derecho de defensa. Ya propiamente en la fase de debate, dispone el numeral 351 CPP que para la recepción del testimonio de una víctima o de un testigo protegido, el tribunal dispondrá que se haga en las condiciones y por los medios tecnológicos que garanticen la protección acordada, en especial cuando sea necesario mantener reserva de las características físicas individualizantes del declarante, como su rostro o su voz, garantizando siempre el interrogatorio de las partes.

  • Testigos especiales: El numeral 212 CPP dispone que cuando deba recibirse la declaración de personas menores de edad víctimas o testigos, deberá considerarse su interés superior a la hora de su recepción; para ello el Ministerio Público, el juez o tribunal de juicio que conozca de la causa y según la etapa procesal en la que se encuentre, adoptarán las medidas necesarias para que se reduzcan los trámites y se reciba el testimonio en las condiciones especiales que se requieran, disponiendo su recepción en privado o mediante el uso de cámaras especiales para evitar el contacto del menor con las partes. Con respecto a éstos, dispone el numeral 351 CPP que para garantizar los derechos del menor, el tribunal podrá disponer que se reciba su testimonio en una sala especial, o con el uso de cámaras especiales o de los medios tecnológicos disponibles, que faciliten a la persona menor de edad el relato, sin el contacto con las partes, cuando ello sea recomendado.

Nuestra Sala Tercera ha avalado la actuación de Tribunales que acuerdan, a solicitud del Ministerio Público y con el propósito de disminuir los efectos de la revictimización, permitir la recepción de testimonios de víctimas menores de edad sin la presencia de los encartados en la sala de debates, atendiendo a que, precisamente, se investigaban graves hechos de violencia ejecutados contra ellas por el justiciable, considerando la Sala que dicha medida posee pleno asidero jurídico en instrumentos internacionales que ordenan a las autoridades públicas luchar contra la violencia sobre las mujeres y ajustar sus actuaciones para limitar la revictimización y evitar que el proceso penal sea el escenario de una nueva forma de violencia o signifique la perpetuación o reiteración de la ya sufrida35.

4.3.- Principio de oralidad: Se satisface mediante la comparecencia personal de los testigos durante el acto del juicio oral, contestando a viva voz a las preguntas de las partes acusadoras o acusadas les hagan, todo lo cual es oído por el Tribunal sentenciador, como el destinatario final que es la declaración testifical.

Este principio se encuentra consagrado en el numeral 333 CPP, de acuerdo con el cual la audiencia será oral; de esa forma deberán declarar el imputado y las demás personas que participen en ella. Quienes no puedan hablar o no puedan hacerlo de manera inteligible en español, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyendo o traduciendo las preguntas o las contestaciones. Nuestra Sala de Casación ha señalado del respeto a este principio deviene la necesidad de la declaración efectiva del testigo para someterlo a los principios que rigen el debate36.

Excepciones:



  • Anticipo jurisdiccional de prueba: Dispone el numeral 293 CPP que cuando sea necesaria la práctica de un acto definitivo e irreproductible, que afecte derechos fundamentales, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse durante el juicio, o bien, cuando por la complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que conoce o cuando se trate de personas que deben abandonar el país, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez que la realice o reciba. Cuando se trate de un testigo o una víctima cuya seguridad, vida o integridad física corran riesgo con motivo de su participación en el proceso y se presuma, razonablemente, que su declaración en juicio no será posible, pues el riesgo no se reducirá o podría aumentar, el Ministerio Público, el querellante o la defensa, solicitarán al juez que ordene la recepción anticipada de su testimonio. Dicha prueba, conforme lo establece el numeral 327 CPP, también puede solicitarse durante la fase de debate, en el que el tribunal podrá ordenar que se reciba cualquier prueba que sea urgente o que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse en el debate37.

  • El art. 334 CPP establece que los testimonios recibidos conforme a las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba se incorporarán por lectura durante el debate, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la reproducción, cuando sea posible. Se incorporará el anticipo que se haya hecho por la existencia de un riesgo para la vida o la integridad física de la víctima o el testigo, si ese riesgo no ha disminuido o si ha aumentado con motivo de la celebración del juicio y no existen condiciones para garantizar la recepción del testimonio en el debate.

4.4.- Principio de publicidad: Esta exigencia se basa en que la presencia del público constituye una manera eficaz de controlar lo ocurrido durante el proceso oral38.

Este principio está contemplado en el numeral 330 CPP el cual, no obstante, establece que el Tribunal, mediante auto fundado, puede disponer que el debate se realice en forma total o parcialmente privada, cuando: a).- Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los intervinientes; b).- Afecte gravemente la seguridad del Estado o los intereses de la justicia; c).- Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible; d).- Esté previsto en una norma específica; e).- Se le reciba declaración a una persona menor de edad y el tribunal estime inconveniente la publicidad, en atención a su interés superior; f).- Se reciba el testimonio de víctimas y testigos de la trata de personas; g).- Se reciba el testimonio de víctimas o de testigos protegidos procesalmente.



5.- Objeto del testimonio

En términos generales la doctrina coincide en que el testimonio recae sobre hechos que han llegado al conocimiento del testigo, y el deber de testimoniar tiene por objeto el conocimiento que sobre ellos se tiene39. Se considera preciso, además, que el testigo deponga sobre un hecho pasado aún cuando subsista durante la tramitación del proceso y ocurrido fuera del proceso en el cual declara40.

Sin perjuicio de lo anterior, la doctrina reconoce dos posiciones con respecto al objeto del testimonio. Por un lado, autores clásicos como Guerrero, Gorphe y Mittermaier sostenían que el testigo debía limitarse a relatar el conocimiento que sobre los hechos le consta o ha podido apreciar, reservándose al Juez y a las partes, emitir un juicio valorativo sobre esta declaración, considerando que también emiten juicios de valor los peritos, quienes son llamados al proceso precisamente por su conocimiento técnico. Estos autores se muestran críticos con el hecho de que un testigo pueda, al momento de rendir testimonio, emitir juicios de valor acerca de la existencia de los hechos y de la responsabilidad del encausado en los hechos denunciados.

La segunda posición admite en los juicios de valor en la formación del testimonio. A manera de ejemplo, Cafferata Nores admite como parte del testimonio las opiniones y conclusiones que completen la narración de sus percepciones o inherentes a éstas, o que constituyan juicios de comparación41.

Davis Echandía, por su parte, sostiene que no basta la sola percepción de un hecho para que exista un testimonio, puesto que el testigo puede narrar hechos realizados por él, lo mismo que hechos deducidos por él de sus propias percepciones y que ofrece a la apreciación del juez, como parte de su testimonio, en cuyo caso, objeto del testimonio es el hecho deducido y no su deducción, porque ésta –al igual que la percepción—son sus fuentes y no su objeto. En virtud de lo anterior, concluye que tanto los hechos percibidos, como los deducidos de éstos, sus juicios u opiniones sobre los mismos, incluyendo su calificación jurídica, y los realizados por el declarante, pueden ser objeto del testimonio de terceros y, con mayor razón, del testimonio de la parte42.

En este mismo orden, explica Reyes Alvarado que como proceso interno de elaboración de ideas, toda narración de hechos percibidos supone la emisión de un juicio de valor como interpretación que se ha hecho de una realidad exterior, de manera que cuando una persona rinde testimonio puede decirse que, a pesar de que objetivamente está limitándose a narrar los hechos percibidos, subjetivamente está transmitiendo un juicio de valor elaborado respecto de los hechos externos captados. Lo importante, entonces, no es discutir la admisibilidad de ese juicio de valor que siempre está contenido en la narración de los hechos, sino en la posibilidad de permitir al testigo que con fundamento en lo percibido pueda emitir juicios de valor sobre las causas o consecuencias de lo apreciado. Este mismo autor indica que cuando se admite que toda deposición supone necesariamente un juicio de valor, con ello se hace referencia a la narración de lo directamente percibido (que obviamente es “pura”). En consecuencia, se puede admitir el juicio de valor, siempre y cuando éste no suponga una valoración de los hechos que se hace de manera independiente a su narración “pura” para señalar, por ejemplo, posibles causas o consecuencias de lo sucedido, como tampoco es admisible que se otorgue al testigo la libertad de valoración propia de los peritos y jueces, ni es admisible que éste emita un juicio sobre la responsabilidad del imputado43.



6.- Momento en que se adquiere la calidad de testigo

La mayor parte de la doctrina señala que la condición de testigo se adquiere desde el momento en que la autoridad judicial ordena la recepción de la declaración, o desde que se presenta espontáneamente a expresar su relato, por lo que formalmente no sólo es testigo aquel que relata el conocimiento de los hechos sobre los cuales es interrogado, sino aquel que es citado para esos fines con absoluta prescindencia de que conozca los extremos sobre los cuales debió deponer, que diga la verdad o que su declaración sea insuficiente44.

Sobre este punto, explica Yesid Reyes que como nadie adquiere una determinada condición sino a partir del momento que puedan serle exigibles las obligaciones inherentes a ella, una persona sólo puede ser considerada testigo desde el instante en que la autoridad competente se lo comunica para que cumpla –voluntaria o forzosamente—con las respectivas obligaciones, siendo aún más exacto decir que la calidad de testigo se adquiere desde el momento en que una persona es notificada de su deber de rendir testimonio45.

En el sistema costarricense, el Código Procesal Penal no establece un momento determinado a partir del cual puede interpretarse que una persona adquiere la condición de testigo de un hecho, como tampoco establece requisitos o presupuestos para reunir esa condición46. En todo caso, la parte general del Código establece que a partir del momento en que se tenga noticia de la existencia de un delito, tanto el Ministerio Público como la Policía Judicial deben darse a la tarea de investigar y reunir todos los elementos de prueba necesarios para determinar la existencia del hecho y la identidad de sus responsables, o bien para disponer la desestimación o sobreseimiento de la causa.

El legislador utiliza el término “testigo” para designar –en forma genérica- tanto a las personas que durante la fase de preparatoria del proceso son identificados como posibles fuentes de información acerca de los hechos, y en esa condición sin entrevistados son entrevistados por el investigador judicial (cf. art. CPP) o bien directamente por el Fiscal (cf. arts. 291 y 291 CPP), como también a las personas que son convocadas a rendir su declaración a debate.

Durante la fase de investigación, según lo dispuesto por el numeral 207 CPP, para el examen de testigos se librará una orden de citación, pero en los casos de urgencia podrán ser citados verbalmente o por teléfono, lo cual se hará constar. Además, el testigo podrá presentarse a declarar espontáneamente. Si el testigo reside en un lugar lejano al asiento de la oficina judicial y carece de medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar la comparecencia.



Ahora bien, nuestro Código si establece una distinción en cuanto a la naturaleza y efectos jurídicos de ambos tipos de declaraciones: Las entrevistas efectuadas durante la fase de investigación no tienen la condición de “prueba” en el sentido que aquí se le ha dado. No pueden incorporarse en el proceso y ser utilizador por el Tribunal como elementos de convicción acerca de la veracidad de las afirmaciones de las partes. Para que puedan producir dicho efecto, es necesario que los testigos rindan su declaración directamente ante el Tribunal de Juicio, bajo los principios de inmediación, oralidad y publicidad que informa esta fase del proceso. Este principio es denominado en doctrina como judicialidad del testimonio, mismo que se puede enunciar como el imperativo de que la declaración del testigo, para ser válida a los fines de fundar la sentencia, debe ser hecha ante el juez de la causa, no siendo formalmente un testimonio la declaración rendida ante cualquier otra autoridad47.

Así lo ha interpretado la Sala Tercera, indicando que el “testimonio”, como tal, es aquel que se produce durante la celebración del debate: […] Es claro cómo el impugnante no comparte las conclusiones de la sentencia, sin embargo, para evidenciar un vicio como el que se reclama, no es suficiente que se dé la propia opinión o versión de cómo debió valorarse la prueba –es decir, sustituir una valoración por otra- sino que es necesario que se alegue y fundamente la existencia de los defectos u errores, lo que no sucede en la especie. No es posible comparar como si se tratara de pruebas de la misma naturaleza, la denuncia y su contenido, con la declaración testimonial rendida en debate. Testimonio solamente es aquél que se produce en juicio, en la inmediación de las partes, con el contradictorio, de manera que la prueba se origina frente a los interesados, que pueden lograr la información necesaria gracias al interrogatorio y al contacto directo con el deponente. Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sala, la denuncia no es por supuesto un testimonio, es el dato de la noticia del hecho, con la información que las autoridades lograron –y discriminaron- de la víctima o denunciante. Interesa como dato histórico cronológico de su interposición y se esperaría que en general la información esencial del suceso se mantenga y sea al menos coincidente con la narración en juicio, aún cuando en este último escenario puede ser mucho más amplia, detallada o incluso podría suceder que en debate por el transcurso del tiempo algunos detalles se hayan olvidado y de allí que pueda hacerse uso de la información de la denuncia para el interrogatorio. Sin embargo, comparar al mismo nivel ambas es improcedente, pues una es registro escrito de información y la otra prueba testimonial […]48

7.- Etapas de formación del testimonio

Bien señala Gorphe que el testimonio es un dato complejo, un producto psicológico que interesa analizar para comprobar si se ha formado correctamente, por lo que el Juez, a fin de apreciar debidamente un testimonio, necesita colocarse mentalmente en las condiciones en que se encontraba el testigo. Este autor señala como principales elementos psicológicos del testimonio los siguientes:



  • La percepción visible de la cosa o del hecho, que difiere según los individuos y las condiciones en que se encuentran, pues por lo general los testigos se encuentran en una posición desfavorable dado que su conocimiento se produce por casualidad, involuntariamente, sin preparación y sin interés, lo que origina una percepción más o menos incompleta, fragmentaria y desviada. Por ello las cualidades de la percepción dependen mucho de las condiciones subjetivas en que se encuentra el individuo con respecto al suceso (estado de ánimo, interés, etc.) y las condiciones objetivas en las que dicho objeto se presenta (luz, distancia, movilidad, etc.)

  • La memoria, un proceso complejo que comprende varias operaciones: la conservación de las impresiones sensibles, la reproducción de los recuerdos, su evocación y localización en el tiempo. El reconocimiento de los recuerdos requiere un trabajo de selección, de coordinación y de interpretación, que difiere según el sentido crítico de cada sujeto.

  • La deposición o comunicación de los recuerdos a la autoridad encargada de recogerlos, que es la operación final destinada a informar al juez directa o indirectamente. En la deposición del testigo intervienen a su vez dos factores: de un parte, la capacidad de expresar con mayor o menor claridad las percepciones reales recibidas y, de otra, la voluntad de reproducirlas fiel y francamente, factores que varían según las personas y de acuerdo con las condiciones de la declaración49.

Resulta también muy útil el desarrollo elaborado por el autor Cardozo Isaza, de acuerdo con el cual la formación del testimonio atraviesa por cinco etapas:
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