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CRISIS DEL EMPLEO Y FRAGMENTACIÓN SOCIAL EN LA ARGENTINA. DIAGNÓSTICO NECESARIO Y CONDICIONES PARA SU SUPERACIÓN

Agustín Salvia

Instituto de Investigaciones Gino Germani, FCS-UBA

Departamento de Investigación Institucional, UCA


En estas notas se resumen algunas de las tesis centrales que constituyen el resultado de esfuerzos teórico-conceptuales y trabajos de investigación interdisciplinar sobre lo que se evidencia como un proceso de cambio social en clave de subdesarrollo y fragmentación social.1 En este marco, la crisis de dilución y mutación del trabajo –como fenómeno global- encuentra en la Argentina una paticular construcción social y desarrollo político. Muy lejos de la sociedad del fin del trabajo (Offe, 1992; Rifkin, 1996; entre otros), la falta de trabajo constituye el rasgo principal de la metamorfosis social y política que experimenta la sociedad argentina.

Esto debido no sólo al impacto estadístico del problema, sino fundamentalmente al deterioro del patrimonio socio-económico y de las capacidades culturales de generación y defensa del bien común, lo cual compromete a las condiciones de vida de las nuevas generaciones. Por lo mismo, la crisis del empleo –en un sentido amplio- se destaca no sólo por su persistencia y extensión, sino también como causa del subdesarrollo económico, la fragmentación social y la devaluación de las capacidades de respuesta de la sociedad.

Justamente, es la complejidad de esta trama la que exige a los estudios de la cuestión laboral a establecer un necesario diálogo con las dimensiones ocultas del poder y la subjetividad. Al mismo tiempo que resulta imprescindible comenzar a delinear –con base en este diagnóstico- una agenda capaz de asumir no la administración si no la efectiva superación de la crisis social que ocasiona el débil crecimiento económico y el fin de la sociedad salarial en la Argentina. 2

1. LA CRISIS DEL EMPLEO EN LA ARGENTINA

Durante cierto período histórico la Argentina asumió y puso en marcha un modelo de pleno empleo como política de Estado, constituyendo el trabajo asalariado el medio más valorado para alcanzar condiciones de bienestar y movilidad social ascendente. Al mismo tiempo, un amplio sistema solidario de seguridad y asistencia social prometía dar contención a aquellos que no podían acceder al trabajo o debían dejarlo por vejez, desempleo, enfermedad, accidente, incapacidad o marginalidad cultural.

El agotamiento del modelo industrial substitutivo, sus efectos de desempleo y las reformas conservadoras y neoliberales puestas en marcha durante los últimos 25 años –en particular durante la última década-, debilitaron estos institutos y afectaron de manera estructural la capacidad del Estado de garantizar un crecimiento agregado del empleo y condiciones dignas de trabajo. Por otra parte, la transferencia de responsabilidades del plano asociativo al plano individual, fue agudizando la competencia entre trabajadores y erosionando aún más la solidaridad social.

En igual sentido, los efectos de desarticulación introducidos por los cambios en las condiciones institucionales de funcionamiento del mercado de trabajo –sea bajo la políticas de la dictadura militar en los años setenta, los intentos reformistas de los años ochenta o las reformas de los noventa-, afectaron de manera estructural las capacidades de respuesta de las organizaciones de los trabajadores y alteraron de manera significativa la estructura social y político-institucional del modelo de empleo pleno.

La plena vigencia de las instituciones democráticas no sólo no logró revertir esta tendencia, sino que bajo su funcionamiento ha tenido lugar un mayor deterioro del mercado laboral y de las condiciones de vida de la población. Quedaron constituido de este modo un régimen político que paradógicamente reconoce plenos derechos políticos a todos los ciudadanos, a la vez que una mayoría de los mismos no cuenta con capacidades para ejercer plenamente esos derechos debido fundamentalmente a la falta de un trabajo e ingresos adecuados para hacer frente de manera autónoma a las necesidades de la reproducción social.

En este contexto, los indicadores laborales y de distribución del ingreso han ido empeorando dramáticamente en los últimos años. Los hechos más importantes en este sentido ha sido la debilidad de la demanda agregada de empleo, la baja calidad del empleo generado, la caída en los ingresos reales, el deterioro de la seguridad social y el fuerte incremento en los niveles de concentración del ingreso y, por ende, de la desigualdad social.

Actualmente, más de 10 millones de personas están afectadas en la Argentina por diferentes problemas de empleo. Algo más optimista sería indicar que esta situación podría excluir a los que teniendo un empleo registrado y de ingreso mínimo legal, no buscan trabajar más horas ni cambiar de trabajo. En tal caso, el déficit laboral grave se concentraría en 7 millones de personas (50% de la fuerza de trabajo urbana).


PRINCIPALES PROBLEMAS DEL MERCADO LABORAL ACTUAL

En este marco, cabe al menos señalar los principales problemas que enfrenta actualmente la estructura social del trabajo en nuestro país.


  1. El débil crecimiento de la demanda agregada de empleo y el aumento generalizado de las formas precarias y extralegales de contratación y ocupación, tiene lugar en una economía que amplía sus desigualdades estructurales. Esto explica el archicamiento del mercado intento, el aumento de la pobreza y el incremento de la desigualdad social.

  2. El desempleo y el subempleo se han convertido en un déficit estructural, lejos de poder ser explicado en términos de factores friccionales, tecnológicos o demográficos. Se trata de un déficit que afecta a la mayoría de la fuerza de trabajo, tanto a trabajadores adultos como a nuevos trabajadores jóvenes; a la vez que los trabajadores de baja calificación constituyen un grupo particularmente vulnerable en términos de precarización laboral. El aumento de esta oferta laboral se explica en particular por la gravedad y extensión de la pobreza en los hogares.

  3. El mercado laboral está afectado por una fuerte segmentación de las oportunidades de empleo en términos de calidad y remuneraciones; lo cual ha ampliado las brechas socio-institucionales y culturales entre el sector formal y el sector informal de la economía; a la vez que se destaca un alto deterioro del capital humano y de la productividad del trabajo, especialmente en los segmentos informales.

  4. Estas características de crisis del mercado de trabajo se presentan en forma heterogénea según la región, sus capacidades productivas y desarrollo político-institucional. En particular se agrava con la depresión de algunas economías regionales y la falta de inciativas de desarrollo local, tanto en el conurbano bonaerense como en diferentes zonas del interior del país.

  5. Se destaca un fuerte déficit institucional por parte del Estado para encarar un modelo de crecimiento endógeno y una política de regulaciones que atienda estos problemas. Los institutos del Estado vinculados a la atención de los déficit de empleo, desempleo y precariedad laboral se ven desbordados ante la magnitud de la pobreza, la marginalidad social y la informalidad laboral.

2. EL DIAGNÓSTICO: DE LA CRISIS DE LA SOCIEDAD SALARIAL A LA CRISIS DE LA SUBJETIVIDAD

En general, hay amplio consenso para afirmar que los problemas de empleo que padece el sistema económico argentino son de tipo estructural y que su gestación no es reciente. Y si bien sobre esta caracterización no se observan muchas discrepancias, las posiciones difieren respecto a cómo llegamos a ella y a la influencia que tuvieron las supuestas soluciones dadas al problema en la gestación y propagación de la crisis. 3

Al respecto, el diagnóstico oficial en la década del noventa argumentaba que el desempleo constituía la expresión de problemas estructurales en materia de estilo de crecimiento y marcos regulatorios en materia laboral. Recordemos que la situación se explicaba debido fundamentalmente a tres factores: a) los altos costos laborales y la fuerte rigidez institucional del mercado de trabajo; b) el crecimiento de la población económicamente activa resultante de factores económicos y sociales; c) y la particular fragilidad de los empleos informales o semi-formales creados antes de las políticas de reforma (muchos de los cuales no podían subsistir en una economía estable y en intensa modernización, todo lo cual revelaba serios problemas de empleabilidad y de déficit en el capital humano de los desocupados).

Con base a estos argumentos, la desocupación pasó a constituir un problema heredado, cuya solución quedaba “condicionada” a que se encararan un conjunto de medidas dirigidas a desregular el mercado de trabajo, reducir las cargas impositivas, descentralizar las negociaciones colectivas en el ámbito de las empresas, flexibilizar los contratos y privatizar los fondos sociales de la seguridad social, el seguro laboral y la salud. Mientras tanto, el desempleo estructural en los sectores más pobres debía ser asistido a través de programas focalizados de capacitación laboral y empleo transitorio.

Según esto, una mayor flexibilización y desregulación de las relaciones laborales favorecería el crecimiento de la productividad de la economía y generaría efectos positivos en materia de empleo. Pero muy lejos de cualquier ilusión, conocemos el fin de esta historia.

La política aperturista en un marco de convertibilidad monetaria y desregulación de los mercados internos, junto a una deuda pública impagable y una prolongada depresión económica, más una inmanejable deuda social con varios millones de desocupados y pobres estructurales o empobrecidos, formaron un cóctel explosivo que impuso un dramático punto final a la ficción, haciendo evidente y manifiesta la crisis económica y social más importante de la historia contemporánea argentina.

En efecto, el fin del régimen de convertibilidad en el verano de 2001-2002 y la contracción económica posterior, implicaron un mayor deterioro del mercado laboral, agravando aún más la crítica situación de los trabajadores y de los ingresos familiares. La crisis económica y financiera del período sumó a la ya grave problemática del desempleo y del subempleo, una caída de las remuneraciones y una mayor pérdida de empleos tanto en el sector formal como informal. Es decir, un nuevo golpe a las condiciones de producción y reproducción de la sociedad.

* * *


Sin duda la actual crisis social y del empleo resulta un fenómeno complejo cuya explicación no debe reducirse a las políticas de reformas de la década del noventa, ni en la vigencia ni posterior crisis del régimen de convertibilidad. Si bien todo ello ha constituido parte del proceso histórico de deterioro social, la explicación del problema es más amplia y compleja.

En este marco, buena parte de la problemática del empleo se deriva del débil crecimiento económico del país; lo cual en buena medida se explica a su vez por las decisiones tomadas por los gobiernos en materia de política económica y social. Incluyendo en este orden, el deterioro experimentado por el Estado en cuanto a sus capacidades de garantizar a la población el acceso a servicios públicos fundamentales (salud, educación, justicia, etc), resolver conflictos distributivos y planificar el desarrollo y la integración económica.

Al respecto, cabe sostener la tesis de que la Argentina asiste desde hace más de 25 años a la ausencia endémica de un modelo de crecimiento fundado en el cuidado, aprovechamiento y desarrollo de las capacidades económicas, sociales, científicas y culturales de progreso con las que cuenta nuestro país. En este marco, debe subrayarse que entre las condiciones que producen límites estructurales al crecimiento cabe incluir como un aspecto fundamental lo que constituye en primera instancia una de sus consecuencia: el enorme excedente inutilizado que presenta la fuerza de trabajo.

Este rasgo de funcionamiento del mercado laboral impone fuertes restricciones económicas, sociales y políticas para que el país pueda resolver su parálisis productiva y lograr altas tasas de crecimiento económico, generando un círculo vicioso difícil de resolver.

* * *

Ahora bien, el diagnóstico resulta insuficiente si no aborda las condiciones socio-políticas de producción y reproducción social de esta situación de crisis en el modelo de crecimiento y de crisis del empleo.



Este reconocimiento tiene como punto de partida las evidencias sobre el carácter heterogéneo de la estructura productiva y el rasgo marcadamente segmentado del mercado de trabajo. Se trata de condiciones que parecen en el devenir histórico dar forma a la metamorfosis de una sociedad salarial, de pleno empleo y niveles aceptables de integración, a una sociedad fragmentada, dominada por el desempleo estructural, la atomización de los lazos sociales y la polarización social. 4

Se trata de un proceso cuya génesis se asocia generalmente al agotamiento del régimen social de acumulación basado en el mercado interno y la substitución de importaciones. Pero cuyo protagonismo debe ser imputado –tal como señala Nun (2001)-, a la incapacidad de las clases políticas y económicas dirigentes para conducir un programa de reformas hacia un horizonte inclusivo de desarrollo de las capacidades productivas y sociales del conjunto de la sociedad. A la vez que participa en forma activa de esta producción la propia sociedad, víctima y a la vez dispositivo necesario para hacer efectivas las prácticas instituidas de acumulación salvaje, saqueo de bienes público y expoliación social.

Por lo mismo, la clave interpretativa del fenómeno de desempleo, precariedad y flexibilización laboral no son sólo los efectos de marginalidad o exclusión, sino las formas en que el fenómeno expresa y reproduce las relaciones de fuerza que intervienen en la puja de la distribución del ingreso y de poder entre los actores sociales. A partir de lo cual cabe reconocer que no todas las demandas sociales tienen la misma importancia; ni todos los actores sociales presentan igual capacidad para fijar y proponer los temas de la agenda pública. Un tema de particular importancia que no cabe perder de vista. Desde esta perspectiva, cabe reconocer que el desempleo y la precariedad laboral constituyen las formas típicas bajo las cuales se expresa la mayor subordinación del trabajo al capital y las condiciones objetivadas de su mayor explotación futura.

En este contexto, la falta de protección ante el desempleo y la imposibilidad de contar con un ingreso digno, junto a la “naturalización” del deterioro de las relaciones laborales, conforman una combinación social explosiva, desestructurante del campo de relaciones sociales más amplio, con consecuencias trascendentales sobre la subjetividad, el lazo social y las prácticas institucionales.

* * *

En el marco de la crisis del modelo de la sociedad salarial, la falta de trabajo remunerado y, con ello, del medio más legítimo de sobrevivencia y progreso, devalúa el valor presente de la vida futura a niveles próximos a cero.5 El desempleo en este contexto no sólo implica perder un ingreso, acceso a la salud, derecho a jubilación, asignaciones familiares, indemnizaciones por despido, seguro de trabajo, etc., sino también perder los medios instituidos de vinculación y participación en un trayecto de sociabilidad común y en un orden público determinado (Castel, 1991, 1997; Rosanvallon, 1995).

En efecto, los sectores vulnerados por el desempleo y el subempleo no sólo pierden medios de subsistencia y con ello posiciones de status o de identidad social, sino también determinados amarres institucionales que crean lazos intergeneracionales de confianza, solidaridad y responsabilidad colectiva, que ordenan y dan sentido a la vida familiar, social y comunitaria con base en la aceptación de un ideal común; o que, al menos, se reconocen como puntos legítimos de referencia intersubjetivos. Ahora bien, esto no implica quedar excluidos.



En tales condiciones, los sujetos se autoreproducen sensibles para emprender una estrategia de socialización marginales en procura de garantizar la subsistencia y procurar su reafirmación. La generalización de estas prácticas tiende a constituirse en procesos instituyentes de mutación, recreación o creación de nuevos lazos sociales, fundados internamente por lógicas defensivas en donde lo cooperativo es meramente instrumental.6 Las víctimas sociales se asocian atomizados, anómicos y competitivos entre sí –no importa su signo y definición de sentido-. Ello debido fundamentalmente a los escasos recursos económicos y sociales disponibles, la ausencia de expectativas que den valor presente al futuro y la falta de mecanismos generalizados de coordinación e integración social.

De esta manera, el riesgo o exposición al desempleo crónico y generalizado significa una redefinición de los lazos sociales y una fragmentación de las relaciones interpersonales primarias y secundarias. Del tipo descrito por Wacquant (2001) para las formas que asume la nueva marginalidad urbana. 7 Por lo mismo, intentar revertir el problema de desempleo en términos de crecimiento económico y aumento de la demanda agregada de empleo no implica de por sí una reparación de los lazos de integración y de los soportes intersubjetivos perdidos durante el proceso de desmantelamiento de los vínculos asociativos y corporativos fundados en el trabajo asalariado.

En este marco, creemos que lo relevante de la cuestión social no es alto o bajo grado de reaccion y autoorganización que la crisis genera, sino los efectos de alienación y mutación que tales condiciones tiende a generar en los sujetos -individuales o colectivos-, poniendo en escena respuestas que reproducen de manera recursiva y ampliada una matriz atomizada de organización social.

1- Frente a la creciente imposibilidad de enfrentar la crisis, las organizaciones y los sistemas asociativos y de gestión social corporativa tienden a debilitarse, fragmentarse y diluirse. Esta ruptura y el vacío social que genera se expresan en una crisis de legitimidad institucional que arrastra a todas las formas asociativas (partidos políticos, sindicatos, asociaciones vecinales, etc.), incluyendo al imaginario social que permite configurar al Estado-Nación.

2- La magnitud y la discrecionalidad que registra la falta de trabajo y el desempleo en los mercados laborales de la Argentina ponen en escena nuevas formas “marginales” de empleo y de exclusión social; así como estrategias y prácticas defensivas de asociación para la subsistencia, cada vez más atomizadas, a la vez que independientes de los circuitos modernos y formales.

3- HACIA UNA POLÍTICA DE DESARROLLO Y DE PLENO EMPLEO

Tenemos muestras contundentes de las consecuencias que han tenido las políticas fundadas sobre la concepción de nuestro país como un segmento menor del mercado mundial, sin derecho a la autodeterminación, la entronización del mercado como árbitro supremo de la asignación de recursos y distribución de la riqueza y la destrucción del espacio público.



Por otra parte, la experiencia histórica y contemporánea es categórica: sólo tienen éxito los países que mantienen el comando de su propio destino y protegen activamente su capital humano y social. En este sentido, desde una visión de mayor amplitud a las del pensamiento único que impuso el consenso de Washington, los análisis en política y economía internacional comparada coinciden en destacar la concurrencia de un conjunción de cualidades necesarias que sinérgicamente convergen en determinar la solidez de un sistema social.

Muy lejos del escenario de progreso tecnológico e integración posindustrial asociado al fin del trabajo, la historia económica y social de nuestro país durante las últimas décadas describe una crisis de carácter fundamentalmente político-institucional, antes incluso que de carácter económico (Nun, 1999). Una crisis estrechamente asociada a la falta de un programa sustentable de desarrollo, a la no defensa del interés nacional y al deterioro de las normas e institutos a cargo de orientar, regular y garantizar el bienestar general y el pleno funcionamiento del sistema político democrático.

A este reconocimiento cabe agregar la fuerte segmentación que presenta la estructura socio-productiva, haciendo cada vez más irreconciliable la heterogeneidad de la estructura social (Salvia, 2002). Tales desigualdades hacen imposible pensar que una particular política o que los mecanismo tradicionales de trasferencia de ingresos puede alterar la tendencia. La superación de la fragmentación social –dado los niveles de deterioro alcanzados por la estructura social- no puede ser sino un objetivo de mediano o largo plazo en una política integral de desarrollo económico, de base regional y local, con generación de empleo genuino.

Cabe destacar aquí que sin condiciones político-institucionales favorables a la inversión, al intercambio y a la distribución del ingreso, cualquier iniciativa aislada en materia de política económica resultará en definitiva insuficiente. En materia de empleo y distribución del ingreso, los desafíos que enfrentamos están claros:

1) Por un parte, se requiere revertir con urgencia los factores que por motivos del desempleo crónico conllevan a la sistemática devaluación de las capacidades de trabajo, la multiplicación exponencial de la exclusión y la crisis de consumo.

2) Al mismo tiempo que deben sentarse las bases para una más amplia institucionalidad que ponga efectivamente en vigencia derechos mínimos de inclusión y afiliación social a través de un trabajo digno en el marco de un economía en crecimiento e integrada al mundo.

Atender ambos déficit implica generar un cambio integral en las condiciones “político-institucionales” vinculadas al funcionamiento de la economía y demás espacios públicos de la vida social, teniendo la generación de empleos de calidad un papel fundamental en tanto resultado de políticas de crecimiento, pilar de la democracia y palanca del desarrollo y el progreso. Al respecto, nuestro diagnóstico plantea que las carencias y restricciones identificadas no se resuelven con una serie de reformas puntuales, sino que comprometen un proceso de diseños y acuerdos sociales, de reformas estructurales y de nuevas propuestas de política pública atinentes al desafío de recrear las condiciones necesarias para el desarrollo de nuestras capacidades como sociedad.



En este sentido, dar respuesta a la actual crisis implica nuevos diseños, acciones y políticas atinentes a crear, bajo el contexto de una economía mundial cada vez más integrada, las condiciones económicas, institucionales y socio-políticas necesarias para la definición de un nuevo modelo de crecimiento económico y modos de intervención del Estado en todos sus niveles (Nacional, Provincial y Municipal).

En esta estrategia, recuperar una politica de Pleno Empleo constituiría un medio idóneo para ser posible este proyecto. A diferencia del período substitutivo, esta política debe necesariamente contemplar el desarrollo de las economías regionales y el fortalecimiento de los actores locales. Por lo mismo, una política de Pleno Empleo debería partir en primer lugar de una Estrategia Global de Desarrollo Económico y Político Instituciona a Nivel Local que impulse en forma decidida la creación de empresas y de trabajos comunitarios, que mejoren el consumo en los mercados locales, fomenten el ahorro, favorezcan la inversión productiva, alienten el desarrollo del capital humano y hagan posible la integración social y la igualdad de oportunidades.

La propuesta hasta aquí encierra el reconocimiento político de que constituye una función indelegable del Estado –además de una necesidad impostergable- garantizar la meta de un trabajo decente para todos en un contexto de pleno empleo, integración de desarrollos locales y de diálogo democrático.

El escenario histórico se presenta abierto al cambio. La salida de la crisis social requiere un nuevo orden interno ajustado a las condiciones de posibilidad; lo que a su vez implica cambios en las funciones de las fuerzas políticas reguladoras –de manera particular por parte de las clases intelecturales-.

BIBLIOGRAFIA

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1 En este marco, la doble y mutua construcción de la estructura y la acción constituye un elemento metodológico clave para descifrar el proceso de crisis de la reproducción social. El punto de partida es el reconocimiento de que hay problemas complejos que no pueden ser estudiados (descritos, comprendidos y explicados) a partir de un saber disciplinar ni “sumando” simplemente enfoques parciales de distintas especialistas. Este es el caso, por su gravedad y complejidad, del proceso que ha generado y mantiene vigente la crisis social en la Argentina. Para un mayor desarrollo de este punto ver Salvia (2003).

2 Se define como sociedad salarial a la organización social que asumió en los Estados nacionales la acumulación capitalista bajo un régimen de pleno empleo, con características crecientemente homogéneas y donde el trabajo asalariado gozaba del status, de la dignidad y de la protección que le brindan tanto la empresa como el Estado. Al respecto, ver Castel (1991, 1997).

3 Altimir y Beccaria (1999), Neffa y otros (1999), Monza (2002) y A. Salvia (2002) dan cuenta de algunas de las particularidades de este proceso y su génesis. Para una interpretación centrada en los déficit estructurales de la economía pre-reformas puede consultar a Llach y Kritz (1997).

4 En este punto, nuestra caracterización coincide con la tesis de Bialakowsky y Hermo en cuanto a la vigencia de una tendencia social del largo plazo (1970-2000), con “hechos fundadores” (procesos de: dictadura, hiperinflación, políticas de ajuste y formalización de la informalidad) que marcaron nuevos hitos para el desarrollo económico y social, pero sobre todo para las subjetividades y la constitución de actores colectivos (Bialakowsky y Hermo, 1996).

5 Cabe recordar que carecer de un empleo es una vía de sufrimiento para el que lo padece (ver Jahoda, 1987). No hay muchos flagelos parecidos en la larga lista de males que pueden afectar a las personas en el marco de la sociedad fundada en el trabajo asalariado. Es fuente de sufrimiento y desánimo (la gente necesita ser necesitada) y causa de desvinculación social. Sobre esta interesante cuestión aplicada a los comportamientos económicos puede consultarse a Nickell (1994), pero también a los psicólogos Kahneman y Tversky (2000).

6 Reafirmando esta observación, rresulta relevate analizar las prácticas de socializaición puestas en juego por las propias víctimas del Holocausto. Al respecto puede consultarse a P. Levi (1985) y Z. Bauman (1998).

7 Muy lejos en cuanto a su significado y sentido de los efectos de degradación caracterial que observa Sennett (2000) para las sociedades posindustriales.



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