Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina (apfra)



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Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina (APFRA)

X Jornadas Nacionales de Psicología Forense y IX de A.P.F.R.A.

10 al 13 de agosto de 1999

Hotel “12 de Octubre”. Av. Callao 1764. Buenos Aires.


El secreto profesional de los psicólogos.

Javier Augusto De Luca1
Es que hay tanta gente que por más que uno la lustre,

nunca su brillo se verá en su mente;

es que hay tanta gente que por más que uno le explique,

nunca su rabia se convertirá en pena;

es que hay tanta gente que se siente despareja,

hacen que otros cuelguen de sus condenas

ay adentro, si se vieran adentro, quizás le dancen los cuervos. Quizá le dancen los cuervos. León Gieco.
I. Marco en el que se desarrolla la discusión.

Varias son los ámbitos en los que puede desarrollarse la profesión.

1) En el campo privado . 1.1.) Terapeutas particulares. 1.2.) los que trabajan en relación de dependencia privada, para estudios de personal, selección, capacitación, etc.

2) En el campo público, que se puede subdividir en:

2.a.) los que son consultados en demanda de salud (nosocomios, hospitales, centros asistenciales, que dependen del Estado).

2.b.) Peritos que son demandados por el Poder Judicial (pueden serlo por otros poderes del Estado) para dictaminar en casos concretos. Pueden serlo: 2.b.1) oficiales (imparciales). Se incluye aquí a los que no están empleados en el Estado pero se han ofrecido para ser seleccionados como peritos de oficio; 2.b.2.) de parte (menos imparciales) que generalmente actúan al servicio de los intereses de una de las partes y lo hacen conjuntamente

2.c.) Asesores tutelares. En el ámbito de la justicia penal de menores, donde asisten tanto a las víctimas como a los autores de delitos.

Existen otros ámbitos como la docencia e investigación a los que no haremos referencia. Las clasificaciones anteriores responden al sistema penal, pero en el ámbito civil también actúan esas “clases” de psicólogos y pueden verse envueltos en una situación de revelación de secreto profesional.

En cualquiera de esos puestos los psicólogos pueden conocer datos de las personas que a ellos acuden, reveladores de la comisión de un delito, pasado o futuro. Las condiciones en que una persona llega al psicólogo y por ende, la relación que con él se genera en las entrevistas, son totalmente distintas según cada uno de los casos enumerados. No es lo mismo concurrir al psicólogo que se ha elegido para iniciar una terapia en forma particular, que tratar con uno que nos examina en su calidad de perito y debe informar al juez los resultados de su examen. Ni es igual la situación de quien sigue el desarrollo de la conducta de un menor dispuesto por un juez de menores o que ha sido víctima de un delito.

También es totalmente diferente la tarea de un psicólogo que la de un médico clínico, porque aquél debe ahondarse en los misterios de la mente y para ello debe interrogar.


II. Peritaje psicológico y el juez penal.

Conviene detenerse en este supuesto porque de él derivan todas las consecuencias para los demás. Es infrecuente que un terapeuta particular se encuentre ante el dilema de revelar o no distintas circunstancias de un paciente. En los casos de psicólogos empleados por empresas para determinados fines, el entrevistado conoce que está siendo examinado con el fin de revelarse sus respuestas, así que tampoco es frecuente una situación tal.

La peritación es un medio de prueba. Es preferible que los jueces sean lo más expertos posibles en las ciencias auxiliares del Derecho Penal, pero ello no permite reemplazar o suplir el peritaje. Un juez abogado y además licenciado en psicología, no podrá aplicar los conocimientos que tenga de esta última rama de la ciencia para examinar al imputado y así soslayar el nombramiento de peritos cuando ello sea necesario.

Se trata de un juicio del que no sabe sobre el juicio del que sabe, pero ambos hacen juicios. No se ha podido encontrar un sistema preferible hasta el momento. Los peritos deben dar razón fundamentada de sus opiniones. Pero el juicio del juez no es sobre la misma “cosa” que la del perito. En realidad no se trata de que el juez juzgue sobre algo que no sabe, sino que se mueve en un nivel diferente, en otra área del saber. El perito tampoco sabe si una persona es o no imputable. Los peritos creen necesario y de hecho lo hacen, incluir opiniones y versiones de los sujetos examinados en sus dictámenes, pero eso es peligrosísimo porque el peritaje, en lugar de ser un método de valoración crítica, se transforma en elemento de convicción sobre el hecho y la responsabilidad del imputado. Lo dicho por el perito, aún informalmente, genera íntima convicción en el juez porque resiste a la mente humana obviar la autoinculpación arrimada al expediente, cualquiera sea el medio. Por eso el art. 308 ter del Reglamento para la Jurisdicción Criminal lo prohibe. Los dichos del imputado sólo pueden ser incorporados a la causa a través del juez. Los peritos dicen que ello es necesario para ser claros y precisos, pero ello no es así. Se confunde la descripción de los pasos científicos con la de los dichos del imputado examinado2.

En efecto, en una situación de confianza se relajan las defensas del imputado, y además, las respuestas pueden ser inducidas o sugeridas. Por ej., ante la exposición de un acontecimiento que se le atribuye, el paciente calla y baja la vista. El psicólogo podrá interpretar muchas cosas de ello, pero el juez no puede valorar eso como indicio de culpabilidad porque se lo prohibe el art. 18 CN. Entonces, ¿puede el perito describir esa pregunta y ese silencio en su dictamen, y darle una interpretación psicológica?

El perito es para el juez lo que las lentes para un crítico de arte miope. Las lentes no podrían decidir si el cuadro es bello.

Lo que ocurre en la realidad es que los psicólogos se creen capacitados para hacer juicios de reproche jurídicos sobre las conductas humanas y los jueces creen que están habilitados para descubrir los secretos de la mente que expliquen la conducta que deben juzgar. Para peor, es muy común confundir estas dos áreas del conocimiento con la moral y ambos terminan deslizando juicios de esa índole en sus tareas específicas. Aquéllas son dos de las áreas del saber tan atractivas, que cualquiera se considera autorizado a opinar. Pero los psicólogos no son jueces, ni los jueces son psicólogos, ya que un juez debe regir su labor de acuerdo con normas que les prohiben hacer todas las cosas que se les ocurran: no juzgan a una persona en todo su ser, sino la acción, el hecho de una persona que la ley reputa delito. Lo mismo ocurre con los comunicadores sociales, analistas, políticos, sociólogos, etc., y con todas las personas en general, a quienes nos gusta opinar sobre las conductas y formas de ser de nuestros semejantes.
III. El sistema punitivo y la selectividad.

El asunto visto anteriormente merece cierta explicación. Todos estamos sometidos al poder punitivo. No se trata de algo inventado por la Constitución o la Ley. Se trata de algo que existe en la realidad y que es ejercido por quien lo tiene, con o sin derecho a ello. Generalmente es el Estado el que monopoliza el poder punitivo, pero también diversos grupos de particulares lo ejercen, sobre los que tienen menos poder. Ese poder punitivo formal o informal se aplica irracionalmente, injustamente, más allá de lo que prescriben las leyes, no por el hecho de que una persona haya cometido un delito, sino por la simple razón de que ha sido vulnerable al poder. La cárcel no está llena de delincuentes, está llena de delincuentes bobos, como lo demuestra el hecho de que afuera está lleno de delincuentes que deberían estar adentro, pero no fueron tan bobos.

Justamente, el Derecho Penal constituye un sistema que trata de poner racionalidad en todo esto y evitar que el poder punitivo se ejerza irracional, ilegal y desigualitariamente. Nadie queda sometido a un proceso penal, en primera instancia, por lo que hizo, sino porque lo descubrieron, porque quien lo protegía lo soltó y dejó librado al poder de otros. Todos los días, el 99% de las personas cometemos delitos, de menor o mayor gravedad, y no nos pasa nada. Sólo les pasa algo a quienes son vulnerables al poder punitivo. Yo hablo por teléfono con mi hija desde el teléfono que me proporciona el Poder Judicial, es decir, utilizo un servicio pagado por una administración pública en provecho propio. Mi conducta encuadra formalmente en el art. 261 del CP que reprime el peculado. Por suerte, hasta ahora, los que tienen el poder, han interpretado que esa situación no encuadra en el tipo penal de referencia. Cuando voy caminando por una calle a las 4 de la mañana con la rueda pinchada de mi auto en busca de una gomería, no tengo miedo de la autoridad porque tengo mi credencial encima, el poder punitivo formal no me tocará, no soy vulnerable a ellos, pero esa situación basta para que a otras personas se las lleven detenidas por resultar sospechosas de haber robado la rueda. Piensen en los delitos que Uds. cometen todos los días, especialmente los que trabajan para alguna administración pública (enviar al ordenanza a autorizar una orden a la Obra Social del Poder Judicial, utilizar máquinas y hojas del Poder Judicial o Ministerio Público, recibir determinados regalos menores, injuriar y calumniar, no declarar todos los bienes que se compran en el extranjero cuando volvemos de vacaciones, no declarar todos nuestros ingresos o no pagar todos los impuestos que debemos, arreglar a un policía en la ruta para evitar la multa y los trámites inherentes, etc.) y luego miren quiénes están procesados y por qué delitos, y quienes están en prisión y por qué delitos.

Esa “selectividad” con la que opera el sistema penal responde a ese sistema de poder-vulnerabilidad y no al trazado por la Constitución y las leyes. Y es ahí donde encaja el problema de la revelación de datos que un profesional adquiere de sus pacientes o un perito conoce cuando le es encomendado un estudio y esos datos no guardan relación con el peritaje. El profesional tiene, en ese momento, el poder de hecho, real, de enviar a esa persona adentro del sistema. Ese poder de delatar es tan ínfimo, tan absurdo comparado con todos los que caen en el sistema todos los días y con los que debieran caer pero no caen en él (defraudadores, estafadores, contaminadores ambientales, traficantes de drogas, tratantes de personas, genocidas, abusadores de su autoridad pública, abusadores sexuales en el ámbito de familias formales), que cuesta creer que nos estemos ocupando de esto.

Parece mentira que no pudiera decirse: “mire, respecto de esta situación yo soy psicólogo, no policía ni juez”

Es que hay que erradicar de nuestras mentes la idea de que todos los delitos van a ser perseguidos y ninguno va a quedar sin castigo. Y hay que erradicar de nuestras mentes la creencia de que contribuimos a la justicia o a un deber social cuando denunciamos un delito. Debemos ser muy cuidadosos y tener en cuenta muchos más aspectos cuando se nos presenta una situación semejante antes de tomar una decisión en tal sentido.


IV. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo.

El art. 18 de la CN contempla la cláusula contra la autoincriminación compulsiva. Existieron algunos proyectos de Código Procesal Penal que previeron la aplicación de sueros de la verdad, hipnosis y polígrafos, con el consentimiento y en beneficio del imputado que “no podía demostrar su inocencia de otro modo”. Esas previsiones fueron reputados métodos peligrosos que atacan la personalidad humana y contrarios a la garantía del art. 18 CN que, al prohibir se obligue a cualquier persona a declarar en su contra, consagra la confesión espontánea y natural3, excluye la coacción (física, psicológica, biológica, etc.), no sólo contra la voluntad del sometido a proceso sino también cuando presta su consentimiento para ser sometido a la acción de cualquier método o técnica intrusiva en su conciencia, porque ésta es un reducto inviolable de la persona humana y nadie puede renunciarla. Todos estos métodos y técnicas no están exentos de la sugestión, proceso que no permite revelar sino deformar la verdad, porque ni siquiera se obliga a decir la verdad sino que la respuesta esperada ya está fijada en la orden que da el profesional que conduce el interrogatorio. El problema sigue siendo que la autoridad no debe buscar ni emplear ningún método tendiente a vencer la resistencia a mantener el propio secreto en reserva4.

No está permitido por el art. 18 CN disminuir o anular la libre voluntad del imputado, su memoria, capacidad de comprensión y de dirección de sus acciones; no son admitidas las amenazas, los malos tratos, el agotamiento, las violencias corporales, torturas, engaños, administración de psicofármacos, sueros de la verdad, detector de mentiras, hipnosis (ver art. 78 CP), promesas, preguntas capciosas o sugestivas. No se admiten ni con el consentimiento del declarante, porque sería una contrariedad del Estado de Derecho al deber de respeto de la persona humana. El art. 18 CN sienta el principio de incoercibilidad moral del imputado. El hombre no es una cosa. No es propiedad del Estado ni sujeto de experimentación5.

La conexión de esta problemática con la tarea de los psicólogos cuando examinan a personas involucradas en causas penales es evidente, porque el profesional puede ser una persona apta para obtener reconocimientos extrajudiciales de culpabilidad que, si son comunicados al juez de la causa, permitirán la adopción de determinadas medidas en su contra.



V. El secreto profesional de los psicólogos.

Los psicólogos tanto peritos, como los demás, pueden encontrarse respecto de los datos que proporcione un paciente o persona examinada reveladores de la comisión de un delito, en distintas situaciones: 1) Debe guardar secreto (obligación); 2) Puede guardar secreto (facultad); 3) Debe revelarlo.

Estas situaciones se dan en dos planos. El moral y el legal. Desde ya, estamos hablando de una persona que se propone decir la verdad y no de aquél que cuando es interrogado y tiene un deber legal de revelar un secreto, simplemente miente y dice que nada conoce, con el propósito de ajustar su proceder a su convicción ética. No es lo mismo decir mendazmente “no sé nada” que decir sinceramente, “sé, pero no voy a decir nada”.

Los secretos profesionales generalmente se dividen en absolutos, en que siempre existe el deber de callar y el que lo tiene es un simple depositario; y relativo, porque puede haber un interés superior en la revelación que impide invocarlo, y/o porque se suele dejar librado a la conciencia del profesional su guarda o revelación. Esta última no trae consecuencias jurídicas. La ley protege la facultad de guardarlo y marca excepciones6.

Por ejemplo, el artículo 156 CP establece la justa causa.

El beneficiario no puede obligar al profesional a revelar, ni liberarlo de su obligación de secreto. En todo caso, esto último eliminaría la tipicidad penal7.

Los secretos profesionales protegen una relación especial: la intimidad de los particulares que concurren a sus servicios, el interés social de confianza en esos profesionales y el prestigio de esas profesiones y fomento de esa actividad ¿Quién concurriría al psicólogo si sabe que éste revelará lo que allí dijo?

Los jueces no tienen facultades para relevar del secreto profesional a quienes sean convocados en juicio. El titular del secreto es el profesional, no el juez.

Si el profesional revela datos que conoció en el ejercicio profesional, deberán examinarse dos cuestiones: a) si cometió delito, tanto de violación de secretos (art. 156 CP) como contra el honor (art. 110). b) si esa revelación es válida en el proceso para ser usada contra el imputado8.

Si el profesional no quiere revelar esos datos, hay que considerar si está obligado a hacerlo y si cometió delito por no hacerlo9.

El Estado regula esas profesiones en cuanto a tales y sus fines específicos. Es una protección a la confianza necesaria. Pero no instaura un sistema de “delatores profesionales”, porque no se puede sostener que la inacción y el silencio ayuden o provoquen la perpetración del crimen; menos aún se puede suponer que aquel que no lo impide o que se abstiene de revelarlo esté animado del deseo de verlo poner en ejecución o que, en cierto modo, se asocie al proyecto criminal. La inacción y el silencio pueden tener otra causa10. Tampoco, que los que no trabajan para el Estado son equiparados a funcionarios públicos obligados a denunciar, sino tan sólo que realizan actividades de interés público fomentadas y protegidas por la ley.

Ya vimos que en la realidad no es cierto que se denuncien todos los delitos y que las revelaciones operan sobre personas vulnerables. Existe una gran hipocresía en todo esto, ya denunciada en la célebre sentencia plenaria de la Cámara en lo Criminal y Correccional en la causa “Natividad Frías” de 1966. A ello se suma que no se logra entender qué tiene de distinto un psicólogo, en este aspecto claro está, con un sacerdote o un abogado defensor, respecto de quienes a nadie se le ocurriría intimarlos a revelar un secreto de confesión o datos de su defendido, o relevarlos de tal carga.

Los argumentos en favor de una u otra posición son conocidos, y han sido reavivados con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Zambrana Daza” de agosto de 199711.

Entiendo que asiste razón a quienes piensan que el profesional, ya sea privado o funcionario público, no sólo no está obligado a denunciar o testificar lo que ha conocido en el ejercicio de su profesión, sino que tampoco está facultado a hacerlo. Por ende, ese dato no puede ser incorporado y valorado en el proceso penal, y deviene nula la actuación mediante la que se lo incorporó. En cuanto a los efectos, considero que sólo lo son respecto del que el secreto fue instaurado, pero no de terceros que nada tienen que ver con el secreto.

En muchos casos también entrará en juego la cláusula contra la autoincriminación, porque la confesión de un hecho se obtiene mediante engaño, violándose la relación de confianza con el profesional y el pacto tácito o expreso de guardar el secreto. Sólo en la creencia de que el profesional guardará el secreto es que se le cuentan cosas. Así, no es solamente en casos límite donde se presenta este asunto, como cuando se concurre a un médico porque está en riesgo la vida o el paciente se encuentra en un estado de desvalimiento físico y espiritual.

Justa causa no es la persecución del crimen, sino una enfermedad contagiosa que protege no sólo a la sociedad sino también al enfermo y su familia, o cuando el paciente es la víctima del delito. Si el legislador hubiera querido que los profesionales denunciaran todos estos casos, lo hubiera hecho abierta y claramente.

Nada tiene que ver aquí el estado de necesidad del Código Penal (art. 34 inc. 3° CP) Este instituto que justifica causar un mal menor (no denunciar el delito, anular las actuaciones) para salvar uno mayor inminente (su muerte), no opera cuando el autor no ha sido extraño al mal que se pretende evitar. De ahí que muchos juristas digan que no lo ampara al imputado porque él no ha sido extraño a la situación de haber concurrido al profesional, ya que lo hace para evitar las consecuencias de su accionar delictivo.

Sin embargo, se olvidan que las garantías constitucionales justamente operan en favor de los imputados de delitos y que no se trata de que el imputado esté provocando la situación de necesidad. Nadie puede invocar una causa de justificación o una garantía procesal en su favor cuando ex-profeso, voluntariamente, se colocó en esa situación que lo favorece. Pero aquí, el imputado no se coloca voluntariamente (libremente) sino compulsivamente (física, moral, externa o interna) porque está en riesgo su vida o salud. No es correcto el argumento de que el imputado cuando delinque debe correr con todos los riesgos generados por su accionar, incluido el de concurrir a un Hospital si resultó herido al cometer un delito. Las garantías constitucionales no abandonan a nadie, dentro o fuera del hospital, público o privado.

Inclusive deben quedar dentro del secreto las evidencias obtenidas que sean de índole material (las que no salen de la mente del sujeto) porque él no concurrió voluntariamente al Hospital12.

Por eso, Soler desde hace mucho tiempo sostuvo que solo hay obligación de denunciar cuando no hay secreto profesional. La regla es el secreto, incluidos los casos que menciona el código procesal. No se deja al profesional una zona de facultad.



1 Profesor adjunto interino de Derecho Penal y Procesal Penal, Facultades de Derecho de la U.B.A., U.B. y posgrados. Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en funciones en la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal.

2 Rodríguez Méndez, Lydia Susana. El peritaje médico-psiquiátrico y el juez penal. La Ley del 27 de julio de 1992. Trabajo en coautoría con Javier A. De Luca, Daniel De Simone, Patricia Nora Lojo, César Augusto Lococo y Juan Carlos García Dietze.

3 Miranda Gallino, Rafael. El Código Procesal Penal y las normas constitucionales. En Revista N° Uno, segunda serie, Ciencias Penales, Pensamiento Jurídico Editora, Buenos Aires, 1988, pág. 79

4 Miranda Gallino, Rafael, ob. cit.

5 Buompadre, Jorge E. Los métodos ilícitos de interrogatorio y las garantías del imputado. En Revista N° Uno, segunda serie, Ciencias Penales, Pensamiento Jurídico Editora, Buenos Aires, 1988, pág. 91

6 Art. 153 CP: “Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida. Se le aplicará prisión de un mes a un año, si el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito o despacho”.

Art. 154 CP: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, le entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto”.

Art. 155 CP: “El que, hallándose en posesión de una correspnodencia no destinada a la publicidad, la hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, será reprimido con multa de mil quinientos pesos como mínimo a noventa mil pesos como máximo, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros”.

Art. 156 CP: “Será reprimido con multa de mil quinientos pesos como mínimo a noventa mil pesos como máximo e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa”.

Art. 157 CP: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por uno a cuatro años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos”.

Art. 73 CP: “Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos: 1° Calumnias e injurias; 2° Violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 154 y 157; 3° Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159; 4° Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge”.

7 De Luca, Javier Augusto. El secreto de las fuentes periodísticas en el proceso penal. Edit. Ad-Hoc., Buenos Aires, 1999.

8 Art. 244 Código Procesal Penal. “Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad: los ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar, los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por el interesado, salvo las mencionadas en primer término. Si el testigo invocare erróneamente ese deber con respecto a un hecho que no puede estar comprendido en él, el juez procederá sin más, a interrogarlo”.

9 Art. 177 Código Procesal Penal. “Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1°) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. 2°) Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar los auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional”.

Art. 2°, Ley 24.417 “Protección contra la Violencia Familiar”: “Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o el ministerio público. También estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor…”

Art. 277 Código Penal. “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que, sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, algunos de los hechos siguientes: 1° Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo; …”

10 Rodríguez Piñeres, Eduardo. Estudio sobre el secreto profesional. Edit. Temis, Bogotá, 1980.

11 Ver el fallo con comentario de Germán Bidart Campos en Suplemento de Derecho Constitucional, edit. La Ley, del 19 de marzo de 1999.

12 Bidart Campos, ob. cit.





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