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  1. La CNDH emitió la Recomendación General Número 10, en 2005,dirigida a los Secretarios del Despacho, Procuradores Generales de la República y de Justicia Militar, Titulares de Organismos Autónomos, Gobernadores y Jefe de gobierno del Distrito Federal, Procuradores Generales de Justicia de las entidades federativas, Secretarios, Subsecretarios y Directores Generales de Seguridad Pública Federal y de las entidades federativas a fin de que se tomen las medidas respectivas para que se logre la homologación del tipo penal de tortura, y de acuerdo con la tendencia por lograr la mayor protección de los derechos humanos se incorporen los elementos que derivan de la descripción prevista en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de evitar la impunidad y garantizar la aplicación efectiva de la ley.




  1. El 18 de junio de 2008, fue publicado en el DOF el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la CPEUM, con lo cual se garantiza un proceso penal acusatorio y oral regido por los principios de publicidad, contradicción, continuidad, e inmediación, estableciendo diversos derechos para las víctimas u ofendidos de los delitos, así como para los probables responsables.



  1. La reforma constitucional prevé que la Federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respetivas competencias, expidan y pongan en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios, para incorporar el sistema acusatorio adversarial a sus ordenamientos en un plazo máximo de 8 años desde su publicación, para así dar vigencia plena a las garantías individuales y derechos humanos.



  1. La Secretaría de Gobernación (SEGOB), está elaborando un diagnóstico sobre la realidad del sistema de justicia penal que incluye tópicos en materia de tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y sobre un estudio comparado internacional para conocer la evolución de la legislación procesal penal en México y en otras partes del mundo.



  1. Adicionalmente, la SEGOB está impulsando proyectos encaminados a la armonización legislativa, tanto el ámbito procesal, como también en el aspecto sustantivo, de suerte tal que las definiciones típicas y penas de los delitos se determinen de conformidad con los estándares internacionales y regionales en el ámbito federal y de las entidades federativas.



  1. El 2 de enero de 2009, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que se observan disposiciones de carácter general para las instituciones de seguridad pública tales como:

  • Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente.

  • La obligación de observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población.

  • Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables.

  • Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas.




  1. El 23 de enero de 2009, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, del Código Penal Federal, de la Ley de la Policía Federal Preventiva, de la Ley Orgánica de la PGR, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (miscelánea penal) que en lo conducente expresa disposiciones enfocadas a erradicar conductas tendientes a la tortura, de la forma siguiente:

  • El registro inmediato de detenciones por parte de las autoridades que en ellas hayan intervenido.

  • Obligación para el ministerio público de constatar que los derechos fundamentales del detenido no hayan sido violados, además de prever responsabilidad penal y administrativa en caso de incumplimiento.




  1. El 29 de mayo de 2009, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la PGR, que expone:

  • Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes. Los servidores públicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente.

  • Observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población.




  1. El 1º de junio de 2009, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se expide la Ley de la Policía Federal.

  • Se prevé que los integrantes de la Policía Federal se abstengan en todo momento a infligir o tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, podrá denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente.

  • Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población.

  • Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, así como abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables.



2.- Por favor, proporcionen información detallada sobre el proyecto de ley modelo para sancionar la tortura, elaborado por la sociedad civil. Sírvanse detallar el contenido de dicho proyecto de ley y su evaluación por parte de las distintas instancias gubernamentales por las que han sido considerado. Rogamos indiquen en qué fase se encuentra dicha evaluación y si se ha establecido un límite temporal para la consideración de dicha propuesta.


  1. El 4 de septiembre de 2006 fue presentada la Ley Modelo para Prevenir y Sancionar la Tortura en México, elaborada por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México (PNDH) y la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University, Washington College of Law (AU-WCL).




  1. Dicha ley modelo se basó en un estudio sobre la legislación mexicana que prohíbe la tortura y otros tratos o penas, crueles inhumanos y degradantes, tanto en el ámbito federal como en el local, con el propósito de formular recomendaciones concretas y solicitar las reformas necesarias para hacer que la legislación mexicana sea compatible con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por México.



  1. Uno de los objetivos es incorporar el estándar internacional más alto en la materia y la experiencia comparada en Estados federales a efecto de homogeneizar la práctica del Estado mexicano.



  1. Actualmente, dicho proyecto se encuentra en una fase de modificación a cargo de la Universidad Iberoamericana, sin que se haya establecido alguna fecha para su consideración.



3.- Sírvanse proporcionar información sobre los proyectos de reformas al Código Penal Militar, que incluía el delito de tortura y demás crímenes previstos y castigados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por favor proporcionen información detallada y actualizada sobre dichos proyectos de reformas.


  1. El 18 de octubre de 2010, el Ejecutivo federal presentó un proyecto de iniciativa de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados.




  1. El proyecto enviado al Congreso de la Unión propone, entre otros, la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar para que los delitos de desaparición forzada de personas, violación y tortura sean competencia de los tribunales del fuero federal. La iniciativa incluye también una actualización al Código Penal Federal sobre el delito de desaparición forzada, adecuándolo a los términos de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas.



  1. Esta propuesta obedece a la necesidad de realizar un proceso de transformación al actual sistema de justicia militar, de forma tal que se fortalezca el respeto, promoción y defensa de los derechos humanos, conforme al objetivo 12 del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2012 y con la estrategia 2.4 del PNDH, que establece la consolidación de la perspectiva de derechos humanos en la prevención del delito, procuración de justicia y ejecución de sentencias.



  1. Entre las principales reformas que se proponen en la iniciativa se encuentran:


Código de Justicia Militar.

  • Los delitos de desaparición forzada de personas, violación y tortura, previstos en los artículos 21-A, 265 y 266 del Código Penal Federal, así como 3 y 5 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, cometidos en agravio de personas civiles, serán competencia de los Tribunales del Fuero Federal.” (Art. 57).

  • Extiende la administración de la justicia militar a jueces mediante la creación de Jueces de Ejecución de Sentencia, figura que en el actual texto legal no se encuentra prevista y que entre otras, tiene las siguientes facultades: velar por la adecuada organización del Sistema Penitenciario Militar, otorgando la capacitación debida del personal de dicho sistema, proporcionar a los sentenciados educación, servicios de salud y en general brindarle las facilidades para su reinserción social. (Art. 1°, 76 Bis y 76 Ter).

  • Crea la Policía Ministerial Militar, en sustitución de la Policía Judicial Militar. Propone que ejerza sus funciones como inmediato auxiliar del ministerio público en la investigación de los delitos. (Art. 47).

  • Dota de mayores atribuciones al Agente del ministerio público Militar para que pueda ordenar la protección de testigos, víctimas, jueces, magistrados, agentes del ministerio público militar y elementos de las policías en general, con la finalidad de preservar su integridad corporal. Entre las funciones de la Policía Ministerial Militar se destacan las siguientes:

    • Informar al ministerio público Militar los hechos que puedan constituir una figura delictiva;

    • Recopilar y confirmar la información recibida sobre los hechos denunciados;

    • Auxiliar a las víctimas u ofendidos y proteger a los testigos en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexual;

    • Preservar el lugar donde ocurrieron los hechos;

    • Hacerse de información mediante entrevistas con los testigos;

    • Realizar detenciones en los supuestos que son autorizados por la Constitución;

    • Brindar protección de víctimas, ofendidos, jueces, magistrados, agentes del ministerio público militar y de la policía en los casos que exista riesgo para su vida o integridad.

Cabe hacer mención que en los casos en que la Policía Ministerial requiera de alguna orden para el cumplimiento de sus funciones deberá solicitarla al ministerio público Militar.

  • Determina que el personal militar procesado y sentenciado por los delitos citados permanezca recluido en prisiones militares, a fin de salvaguardar su integridad física y evitar que pudieran ser persuadidos para participar en los intereses de la delincuencia organizada. (Art. 129).

  • Sugiere sustituir el término de pena corporal, por el de privativa de libertad por considerarse el primero como ofensivo a la dignidad de la persona.


Código Penal Federal

  • La iniciativa propone modificaciones a los artículos 215 A y 215 B, por considerar limitado que el tipo penal vigente contemple como único sujeto activo del delito de desaparición forzada al servidor público que actúe por sí o a través de otro u otros. Propone adicionar lo siguiente:

    • Se pueda responsabilizar del delito de desaparición forzada a un particular cuando éste actúe por orden, consentimiento o apoyo de un servidor público.

    • Se incremente hasta 35 años la prescripción de la acción penal, con la finalidad de evitar que el sujeto activo evada la acción de la justicia.

    • No proceda la amnistía, el indulto, beneficios de pre-liberación ni sustituto alguno.

    • La pena sea de entre 20 y 50 años de prisión cuando el sujeto activo sea un servidor público y entre 10 y 25 años de prisión cuando el delito sea cometido por un particular que actúa por orden, consentimiento o apoyo de un servidor público.

    • Contempla modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (Art. 50) y el Código Federal de Procedimientos Penales (Art. 3, 5 y 198).

    • Beneficia el acceso a la justicia, ya que considera reformas que crean un mecanismo que ayudan a reafirmar la confianza en la víctima u ofendido para acudir ante la autoridad.

  • En el caso de los Jueces de ejecución de sentencias se destacan las siguientes facultades:

    • Decidir sobre la libertad preparatoria de los inculpados así como su revocación.

    • Resolver las solicitudes de reducción de penas.

    • Emitir las órdenes de aprensión que procedan en la ejecución de sentencias.

    • Resolver las impugnaciones formuladas por los internos en relación con las sanciones que les fueron impuestas.



4.- Por favor, indiquen en qué fase se encuentran actualmente la reforma del Código Penal Federal con respecto a la introducción de la imprescriptibilidad para algunos delitos graves, incluido el de tortura.


  1. A la fecha existen cuatro iniciativas de reforma relacionadas con la introducción de la imprescriptibilidad para algunos delitos graves, incluido el de tortura. El estado de las reformas, así como la información general de las mismas, se describe en el siguiente cuadro:




Denominación

Contenido del Asunto

Cámara de origen

Fecha

Presentada por

Comisiones a las que se turna

Estatus legislativo

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código de Justicia Militar, de la Ley General de Salud y del Código Federal de Procedimientos Penales

Tiene por objeto incorporar nuevos elementos para castigar el genocidio, crear el tipo penal de lesa humanidad, tipificar nuevas conductas como crímenes de guerra, otorgar el carácter de imprescriptibilidad a estos tres delitos, así como establecer el delito de esterilización forzada.

Cámara de Diputados

04/01/2008

Dip Omeheira López Reyna

(PAN)


1.-Diputados -Justicia para dictamen
2.-Diputados -Defensa Nacional para dictamen
3.-Diputados - Salud para dictamen

Pendiente en comisiones de Cámara de Diputados

Que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Combatir el Delito de Secuestro, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Tiene por objeto establecer los tipos penales y las bases de coordinación en materia de combate al secuestro; determinar que el delito será imprescriptible y no existirá la preliberación, amnistía o indulto; crear la Unidad Especial Antisecuestros; y establecer la reparación del daño a las víctimas

Cámara de Diputados

23/02/2010

Dip Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo

(PRD)


1.-Diputados -Justicia para dictamen
2.-Diputados -Presupuesto y Cuenta Pública para opinión

Pendiente en comisiones de Cámara de Diputados

Que reforma el artículo 215-B del Código Penal Federal

Tiene por objeto determinar que el delito de desaparición forzada de personas será imprescriptible

Cámara de Diputados

06/04/2010

Dip María Antonieta Pérez Reyes

(PAN)


1.-Diputados -Justicia para dictamen

Pendiente en comisiones de Cámara de Diputados

Que adiciona el artículo 115 bis al Código Penal Federal

Propone establecer la imprescriptibilidad de la acción penal en el delito de pederastia

Cámara de Senadores

12/05/2010

Sen Silvano Aureoles Conejo

(PRD)


1.-Senado - Justicia para dictamen
2.-Senado - Estudios Legislativos Segunda para dictamen

Pendiente en comisiones de Cámara de Senadores



5.- En sus observaciones anteriores el Comité expresó su preocupación por la práctica del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales durante los sucesos y disturbios en las ciudades de Guadalajara y San Salvador Atenco.
A) Por favor, proporcionen información detallada y actualizada sobre las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha respecto a los incidentes ocurridos en las ciudades de Guadalajara (Jalisco) el 28 de mayo de 2004 y San Salvador Atenco (Estado de México) los días 3 y 4 de mayo de 2006.
Guadalajara (Jalisco):


  1. La CNDH en relación con los incidentes ocurridos en la ciudad de Guadalajara en el año 2004, elaboró e hizo público, el 16 de agosto de ese año, su Informe Especial sobre dicho caso, en el que concluyó que servidores públicos del municipio de Guadalajara y del estado de Jalisco propiciaron la violación directa de diversas disposiciones de los órdenes jurídicos nacional e internacional, lo cual implicó el abandono de los valores que emanan de los principios que dan sustento a las condiciones mínimas de dignidad humana, integridad física, legalidad y seguridad jurídica con que deben contar las personas que ejercen su derecho a asociarse y manifestarse. Del análisis lógico-jurídico de las evidencias de que se allegó la CNDH, así como de los informes que se obtuvieron, se acreditaron violaciones a los derechos humanos.




  1. Por lo anterior, la CNDH formuló cinco propuestas al Gobernador Constitucional del estado de Jalisco y cuatro propuestas al Presidente Municipal de Guadalajara.



  1. El 25 de agosto de 2004, el Presidente de la CNDH compareció ante una Comisión Plural de Legisladores del Congreso de la Unión, a la que presentó el informe especial referido y puso a su disposición la documentación que dio sustento al mencionado Informe. El Presidente de la CNDH expresó su beneplácito a la propuesta de los legisladores para que se creara una Comisión Investigadora que indagara sobre la negativa del gobierno estatal para dar cumplimiento a las propuestas contenidas en el Informe Especial de la CNDH.


San Salvador Atenco (Estado de México):


  1. Los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006, en las afueras del mercado de Texcoco, Estado de México, han sido examinados por las siguientes instancias: la CNDH, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.


Comisión Nacional de los Derechos Humanos


  1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, apartado B, de la CPEUM, así como en el primer párrafo, 3º, 4º, 6º, fracciones II y VII, fracciones I y III, de la Ley de la CNDH, y 89 de su Reglamento Interno, se radicó de oficio la queja número 2006/2109/2/Q para investigar presuntas violaciones de derechos humanos por los hechos de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco.




  1. La CNDH envió al lugar de los hechos y al Centro Preventivo y de Readaptación Social “Santiaguito”, al que fueron remitidas diversas personas involucradas en los acontecimientos, a Visitadores Adjuntos y peritos médicos adscritos a esa Comisión para realizar estudios valorativos, incluso aplicando el Protocolo de Estambul.




  1. El 22 de mayo de 2006 se presentó el informe preliminar de las acciones realizadas en el caso de los hechos de violencia suscitados en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el que documentó la existencia de posibles violaciones a derechos humanos.




  1. El 16 de octubre de 2006, la CNDH emitió la recomendación 38/2006, dirigida al Gobernador constitucional del Estado de México y a distintas autoridades federales acerca de las conclusiones de la investigación realizada por ese organismo autónomo respecto de los hechos acaecidos el 3 y 4 de mayo de 2006, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco.


PRIMERA. Se sirva girar instrucciones a quien corresponda para que se de vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública en el Instituto Nacional de Migración, para que inicie y determine, conforme a Derecho, un procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos de la Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México y de la Dirección de Control y Verificación Migratoria del mismo Instituto.
SEGUNDA. Gire instrucciones a efecto de que, derivado del estudio de las observaciones planteadas en esta recomendación y del resultado del procedimiento de responsabilidades a que se refiere el punto anterior, se les restituya a los extranjeros sus derechos violados y, en su caso, se revise el procedimiento de expulsión y, en términos de los dispuesto en el artículo 73, párrafo primero, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.


  1. La CNDH concluyó que a partir de declaraciones de mujeres involucradas en los hechos, se desprendieron presuntas conductas atentatorias contra la libertad sexual, perpetradas por elementos policiacos, particularmente durante su detención y traslado al Centro Preventivo y de Readaptación Social “Santiaguito”.




  1. Debido a que dichas conductas podían configurar delitos como el abuso sexual y violación sexual, la CNDH, en su recomendación, lo hizo del conocimiento de la PGJ del Estado de México, a fin de que se determinara el seguimiento a cada caso concreto.




  1. La recomendación de la CNDH referida comprendió una investigación de todos los sucesos, incluyendo los que se refieren en la petición. La recomendación comprende, a su vez, un conjunto de puntos recomendatorios puntuales dirigidos a las autoridades del Estado de México, quienes figuran como presuntas responsables de los hechos referidos.



  1. La recomendación de la CNDH fue aceptada por el gobierno del Estado de México que ha desplegado una intensa actividad para el cumplimiento de cada uno de sus puntos recomendatorios.




  1. La CNDH, en su informe de actividades 2007, consideró totalmente cumplidas las recomendaciones realizadas al gobierno del Estado de México.


Procuraduría General de la República


  1. La PGR, a través de sus órganos especializados, llevó a cabo en su momento, investigaciones específicas sobre las agresiones sexuales que refieren diversas mujeres detenidas, en el contexto de los hechos de violencia ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México.




  1. La Fiscalía inició de oficio la averiguación previa AP/FEVIM/03/05-2006 en contra de quien o quienes resultaran responsables por tales hechos. El 17 de mayo de 2006, se recibió formal denuncia de hechos de violencia en contra de mujeres de San Salvador Atenco, Estado de México, en agravio de Mariana Selvas Gómez, Yolanda Muñoz Diosdada, Gabriela Téllez Venegas, Yolanda Domínguez Alvarado, Bárbara Italia Méndez Moreno, Claudia Hernández García y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. Durante su investigación, la Fiscalía realizó alrededor de 350 diligencias.


Procuraduría General de Justicia del Estado de México


  1. El 15 de julio de 2009, la PGR determinó su incompetencia para seguir conociendo de las investigaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que remitió a la Procuraduría de Justicia del Estado de México la totalidad de las constancias que conformaban la averiguación previa PGR/FEVIM/03/05-2006.




  1. De manera paralela a las investigaciones en el ámbito federal, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México dio inicio de oficio, a la averiguación previa identificada con el número TOL/DR/I/466/2006 por la probable comisión del delito de abuso de autoridad, entre otros, que pudieran resultar atribuibles a agentes del estado. Dicha indagatoria continúa abierta.





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