Articulo 1 y 14


ARTÍCULO 14 DE LA CONVENCIÓN



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ARTÍCULO 14 DE LA CONVENCIÓN
23.- Por favor, proporcionen información al Comité sobre las medias adoptadas para indemnizar o resarcir y rehabilitar a las víctimas de actor de tortura y/o trato cruel. Sírvanse a incluir información actualizada sobre qué tipo de programas de atención y apoyo integral a las víctimas se han preparado y puesto en práctica hasta la fecha. Por favor, incluyan también información actualizada sobre cuantas victimas se han beneficiado de estos programas.


  1. La Dirección General Adjunta de Atención a Víctimas de la SSP tiene entre sus objetivos:

  • Prevenir y diagnosticar la tortura física y psicológica de las víctimas del abuso del poder.

  • Crear e implementar Modelos de Atención Médica y Psicológica especializados en víctimas de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

  • Orientar legalmente a las víctimas de tortura para obtener la reparación del daño y sancionar a los responsables, coadyuvando con las autoridades penales y administrativos correspondientes.

  • Solicitar medidas cautelares a favor de las víctimas.

  • Certificar al personal médico y psicológico responsable de atender a víctimas en el manejo del Protocolo de Estambul.




  1. El Sistema Integral de Atención a Víctimas del Delito tiene como objetivo proporcionar asistencia especializada y multidisciplinaria a las víctimas del delito, abuso del poder y de la violencia; para procurar el resarcimiento del daño, el empoderamiento y resiliencia de la víctima así como prevenir la revictimización. A través del Centro de Atención a Víctimas, siete Módulos de Atención y seis Unidades Itinerantes que trabajan en coordinación con las autoridades delegacionales y municipales, ofrecen los siguientes servicios:

  • Orientación legal a las víctimas en todo el proceso jurisdiccional de delitos sexuales y de violencia familiar, por lo que se acompaña a la víctima en la tramitación de los procesos legales.

  • Se constituyeron y están en operación 12 Grupos de Autoayuda y de Justicia Restaurativa.

  • Atención telefónica a víctimas del delito de manera gratuita y confidencial a víctimas del delito a través del 01800 90 AYUDA (29832), así como de la opción 6 del 088 y de la opción 6 del 01 800 4403 690, donde se brinda atención psicológica y jurídica a las personas que han sufrido la comisión de un ilícito. A través de este medio se recibieron 27,345 llamadas.

  • Se conformó el Banco Nacional de Datos e Información de Personas Desaparecidas el cual coadyuva con las autoridades competentes a su búsqueda y localización a través de la página www.ssp.gob.mx. y del número telefónico 01800 32 AYUDA (29832). Las entidades federativas que se han incorporado al banco son: Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz; asimismo, participan otros actores sociales como Canal Once TV.

  • Este banco cuenta con un registro de 1,188 extraviados y ha sido visitado por 78,302 personas.

  • Las Unidades Itinerantes de Atención a Víctimas realizaron 273 jornadas, en 12 delegaciones del Distrito Federal y 28 municipios de diversas entidades federativas.




  1. El Programa de Mediación como Método Alterno de Solución Pacífica de Conflictos, a través del cual se difunden las estrategias para solucionar pacíficamente los conflictos a través de un método alternativo de resolución de controversias. Se realizaron las acciones siguientes:

  • El Tribunal Superior Judicial del estado de Nuevo León certificó como mediadores a 37 servidores públicos de la SSP.

  • Se impartieron 353 pláticas, cursos y talleres comunitarios de “Inducción a la Mediación”, para 14,998 asistentes.




  1. Como parte de la estrategia de difusión a través de medios impresos visuales y lúdicos, de septiembre de 2008 a julio de 2009 se desarrollaron e imprimieron materiales de difusión de temas de prevención de la tortura, cultura de legalidad, inseguridad y prevención del delito, trata de personas y sensores juveniles.




  1. Por su parte, la SEDENA ha materializado las medidas para la indemnización o el resarcimiento de los daños y la rehabilitación de las supuestas víctimas que le permitan el restablecimiento de su situación anterior, es decir, se proporciona apoyo médico, psicológico y de rehabilitación.



  1. Ello, con fundamento en lo establecido en los numerales 20 apartado “C”, fracciones III y IV, y 113 de la CPEUM; 8/o. fracción I y XXIV, 12 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 32 del Código Penal Federal; 495, 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, con relación a los artículos 1913, 1915, 1916 y 1927 del Código Civil Federal, que establecen que el Estado tiene la obligación de responder por el pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos, con motivo del ejercicio de sus atribuciones que les estén encomendadas y que la reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios.




  1. De las tres causas penales en contra del personal militar por tortura que se mencionó en el cuestionamiento 12, se tiene lo siguiente:

  • En la primera, los beneficiarios rechazaron el ofrecimiento de indemnización y reparación de daños, incluidos los psicológicos y médicos;

  • En la segunda, a cada uno de los beneficiarios se les otorgó un pago en efectivo por concepto de reparación del daño moral y material, así como el pago por gastos funerarios y

  • En la tercera, se cubrió una indemnización por concepto de reparación del daño, así como el pago que cubrió una indemnización por gastos funerarios.




  1. La CNDH cuenta con un Programa de Atención a Víctimas del Delito (Províctima). Este Programa entró en operación el 21 de febrero de 2000. Sus funciones sustantivas son:

  • Atender a las víctimas y ofendidos del delito a través de los servicios que ofrece.

  • Establecer vínculos de colaboración con instituciones públicas y privadas dedicadas a este trabajo, con el propósito de generar una actualización legislativa y políticas públicas que permitan dar plena vigencia a los derechos de las víctimas del delito previstos en el sistema jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales aplicables.

  • Promover una cultura de respeto y trato digno, así como de apoyo a este grupo de personas, por medio de la difusión de materiales en distintos medios, así como de la organización y participación en foros académicos.

  • Fomentar en las entidades federativas del país la suscripción de convenios para el establecimiento de Redes de Atención Integral a Víctimas del Delito, cuya finalidad es lograr una mayor y más eficiente cobertura, optimizando recursos, potenciando y acercando los servicios a la sociedad, y propiciando que la atención se proporcione de manera inmediata, profesional y gratuita.




  1. En 2007, el Programa realizó las siguientes actividades en materia de víctimas del delito:


Atención victimológica


Vía de acceso de los asuntos

PROVÍCTIMA/TEL

PROVÍCTIMA/SEDE

PROVÍCTIMA/WEB

PROVÍCTIMA/VA

1,893

170


440

6


Total__2,259'>Total__3,162'>Total__2,657'>Total

2,509


Servicios proporcionados

Atención jurídica

2,432

Apoyo psicológico

107

Acompañamiento

39

Información

79

Total

2,657




  1. En 2008, el Programa realizó las siguientes actividades:


Atención victimológica


Vía de acceso de los asuntos

PROVÍCTIMA/TEL

PROVÍCTIMA/SEDE

PROVÍCTIMA/WEB

PROVÍCTIMA/VA

1,709

177


141

62


Total

2,089



Servicios proporcionados

Atención jurídica

1,959

Apoyo psicológico

223

Acompañamiento

59

Información

921

Total

3,162




  1. En 2009, el Programa realizó las siguientes actividades en materia de víctimas del delito:


Atención victimológica


Vía de acceso de los asuntos

PROVÍCTIMA/TEL

PROVÍCTIMA/SEDE

PROVÍCTIMA/WEB

PROVÍCTIMA/VA

1,908

147


84

24


Total

2,163


Servicios proporcionados

Atención jurídica

2,082

Apoyo psicológico

72

Acompañamiento

39

Información

66

Total

2,259









  1. En 2010, el Programa llevó a cabo las siguientes actividades en materia de víctimas del delito:

Atención victimológica


Vía de acceso de los asuntos

PROVÍCTIMA/TEL

PROVÍCTIMA/WEB

PROVÍCTIMA/SEDE

PROVÍCTIMA/VA

1,977

209


150

78


Total

2,414


Servicios proporcionados

Atención jurídica

2,349

Apoyo psicológico

60

Información

57

Acompañamiento

31

Total

2,497



  1. Cabe señalar que, en este Programa, la mayoría de los asuntos de naturaleza penal son planteados por las víctimas del delito o sus familiares, y sólo un porcentaje reducido por los inculpados.




  1. Es preciso indicar que el 27 de marzo de 2007, la CNDH emitió la recomendación general número 14 sobre los derechos de las víctimas de delitos, dirigida a los Procuradores General de la República, de Justicia Militar y de Justicia de las entidades federativas, Secretarios de Seguridad Pública y de Salud federal, del gobierno del Distrito Federal y de las entidades federativas, Presidentes de los Tribunales Superiores o Supremos Tribunales de las entidades federativas.




  1. A través de esta recomendación General, la CNDH busca que las víctimas reciban la atención debida, hecho que se traduce no solamente en redimensionar su posición como un sector altamente vulnerable, sino que también se señale cuáles son los derechos fundamentales que el Estado, en su calidad de garante, se encuentra obligado a proteger, y las directrices que debe seguir para satisfacer sus necesidades, tal y como lo establecen la CPEUM y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Cabe indicar que en esta recomendación, la CNDH observa la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de la Organización de las Naciones Unidas.



ARTÍCULO 15 DE LA CONVENCIÓN
24.- Por favor, proporcionen información sobre los esfuerzos llevados a cabo para garantizar que las autoridades judiciales no den valor probatorio a ninguna confesión obtenida por medio de violencia física o mental para tal cumplimiento el artículo 15 de la Convención. Rogamos incluyan información detallada sobre que situaciones darían lugar, con la reforma constitucional, a excepciones a la exigencia de que para los efectos de la sentencia solo se consideran como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en las audiencias de juicio, las cuales permitirán la prueba anticipada.


  1. La norma de garantía básica de los imputados en el nuevo proceso penal es la presunción de inocencia y su derecho a guardar silencio como regla general, específicamente establecido en el artículo 20 constitucional letra B, fracción I y II, donde señala que se presume la inocencia del imputado, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa y que tiene derecho a declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Con lo cual el mandato a los jueces es claro, en cuanto a respetar la garantía de guardar silencio y que este hecho no puede ser tomado en contra del imputado atribuyéndole una conducta sospechosa.




  1. En la norma citada se establece la prohibición y sanción por parte de la ley penal, de toda incomunicación del imputado, intimidación que sufra o el acto de tortura, de hecho la constitución lo reafirma en la disposición de que toda la prueba obtenida con inobservancia de derechos fundamentales será declarada nula y excluida por tanto del proceso penal. Prescribiendo a su vez, como una manera de hacer efectivo lo anterior, que toda confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio.




  1. Sin perjuicio que hasta el momento no se han dictado los códigos procesales en todas las entidades federativas y por tanto se deberá estar atento al contenido de las definiciones que cada legislador soberano contenga como prueba anticipada, si podemos realizar una proyección con lo que ya las entidades que han confeccionado su código han entendido como prueba anticipada: así Chihuahua, por ejemplo, ha señalado en su cuerpo normativo, que si el testigo manifestare la imposibilidad de concurrir a la audiencia del juicio oral, por ausentarse a larga distancia, vivir en el extranjero o que exista motivo que hiciere temer su muerte, su incapacidad física o mental que le impidiese declarar, se trate de un interviniente o testigo en riesgo al cual sea imposible dar protección de otra forma, o algún otro obstáculo semejante, las partes podrán solicitar al juez o, en su caso, al tribunal de juicio oral, que se reciba su declaración anticipadamente.




  1. La solicitud de desahogo de prueba anticipada podrá plantearse desde que se presenta la denuncia y hasta antes de la celebración de la citada audiencia. Se considera prueba anticipada los registros donde consten las declaraciones de coimputados que contengan testimonios de hechos atribuibles a un tercero o a un coimputado.




  1. La regla general es el desahogo de pruebas en la audiencia del juicio estableciéndose restrictivamente, la posibilidad de que este desahogo se efectúe en una audiencia anterior al juicio oral propiamente tal, con la casuística normal en legislaciones comparadas



ARTICULO 16 DE LA CONVENCIÓN
25.- En sus conclusiones y recomendaciones anteriores, el Comité expresó preocupación por el hecho de que muchos de los asesinatos y desapariciones de más de 400 mujeres en Ciudad Juárez ocurridos desde 1993 aun seguían impunes y que los actos de violencia, inclusive asesinatos seguían ocurriendo.
A) Por favor proporcione información detallada y actualizada sobre los avances en las investigaciones llevadas a cabo con respecto a estos sucesos, incluyendo las sanciones impuestas a las personas que han sido juzgadas y sentenciadas.


  1. En el período comprendido entre el 21 de enero de 1993 a diciembre de 2008, se llevaron a cabo diligencias en 447 casos de homicidios de mujeres registrados, por lo cuales se iniciaron 418 averiguaciones previas10; de los homicidios registrados han sido esclarecidos 292:

  • En 201 de ellos se obtuvo sentencia por parte de un órgano jurisdiccional,

  • 54 se encuentran en proceso,

  • 20 fueron archivados,

  • 17 turnados a Tribunales de Menores.




  1. A partir de octubre de 2004 la información relativa a los homicidios de mujeres fue sistematizada, de forma que los datos con los que se cuenta a partir de esa fecha y hasta diciembre de 2008 revelan el registro de 105 homicidios de mujeres:

  • 61 de ellos fueron esclarecidos,

  • 37 con sentencias condenatorias emitidas por órganos jurisdiccionales,

  • En 21 de los homicidios, los presuntos responsables se encuentran bajo proceso penal;

  • En 4 de los homicidios se decretó el sobreseimiento por la muerte del inculpado;

  • Los restantes se encuentran en proceso de investigación.




  1. Por otra parte, del período comprendido entre el 1° de enero de 2009 y el 8 de marzo de 2010, se han registrado 25 homicidios de mujeres, con las características asociadas al concepto de feminicidio11. Actualmente en tres de estos casos se ha dictado sentencia por parte de un órgano jurisdiccional, 6 se encuentran en el proceso penal y 16 en la etapa de investigación por parte del ministerio público.




  1. El Supremo Tribunal de Justicia del estado de Chihuahua lleva a cabo un seguimiento puntual a las causas penales en el que se ve involucrado como sujeto pasivo una mujer, se ha dictado sentencias en más de 207 causas, asimismo, se encuentran en etapa de juicio 60 procesos, en todas estas causas la ofendida es una persona del género femenino. Fue designada la Unidad de Información del Supremo Tribunal de Justicia, como responsable de dar seguimiento a cada uno de los asuntos que están en proceso y mantener actualizada dicha información, además coordinación con otras dependencias del Ejecutivo y Legislativo que realizan estos mismos análisis.


B) El Comité también expresó preocupación por el hecho de que más de 170 agentes estatales habrían cometido infracciones disciplinaras y/o penales durante la investigación de esos casos incluyendo la utilización de la tortura para extraer confesiones. Sírvanse proporcionar información detallada y actualizada sobre las investigaciones llevadas a cabo, si se ha procesado a algún servidor público por emplear métodos de tortura con el fin de obtener pruebas así como las sanciones impuestas


26.- En sus recomendaciones anteriores el Comité se refirió al deber del Estado de intensificar sus esfuerzos para cumplir paralelamente las recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujeres, subsiguientes a la investigación que dicho Comité realizó conforme a lo establecido en el artículo 8 del Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).


  1. El gobierno federal, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la PGR, está elaborando una iniciativa de reforma legislativa a fin de que se amplíe la facultad de atracción para la investigación de los delitos de trata de personas que son competencia de las autoridades estatales, en los casos en los que, por su relevancia, se advierta una afectación particularmente grave al interés social o cuando se advierta la intervención de interés particulares ajenos a los de procuración de justicia, que afecte el normal desarrollo de la indagatoria, por lo que se esté impidiendo la persecución del delito.




  1. Por su parte, tanto funcionarios como jueces y magistrados del Tribunal de Justicia del estado de Chihuahua han sido capacitados sobre el conocimiento y difusión de la CEDAW mediante los siguientes cursos:

  • Curso de Derechos Humanos y Normativa e Interpretación Internacional en el Ámbito Local del 12 al 16 de marzo de 2007, impartido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

  • Curso denominado Procuración de Justicia con Enfoque de Género, impartido en septiembre de 2008 por el Instituto Nacional de la Mujer.

  • Cursos impartidos por la organización Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C.




  1. Dicha capacitación tiene la intención de apoyar a los funcionarios en su actividad jurisdiccional para dar cumplimiento a lo previsto en los distintos compromisos de nuestro país con los órganos internacionales.




  1. De manera paralela, la legislación del estado de Chihuahua prevé en su Código Penal:


CAPITULO ÚNICO

VIOLENCIA FAMILIAR

Artículo 193

A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y, en su caso, prohibición de acudir o residir en lugar determinado o tratamiento psicológico, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito.

Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato.

Este delito se perseguirá de oficio.
CAPITULO I

DISCRIMINACIÓN

Artículo 197

Se impondrá de seis meses a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días a quien, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas:

I. Provoque o incite al odio o a la violencia;

II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;

III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o

IV. Niegue o restrinja derechos laborales o el acceso a los mismos, sin causa justificada.

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo y, además, se le podrá imponer suspensión, destitución o inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la sanción impuesta.

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.

Este delito se perseguirá previa querella.



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