Apuntes sobre técnicas, procedimientos y normas de eia


Control del programa de seguimiento ambiental



Descargar 3.36 Mb.
Página19/23
Fecha de conversión10.12.2017
Tamaño3.36 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

4.9. Control del programa de seguimiento ambiental

En función de lo expuesto en la declaración de impacto ambiental, en donde el promotor queda obligado a la realización y cumplimiento de un condicionado ambiental, desde ese punto comienza un proceso permanente (aunque con intensidad en general decreciente en el tiempo) que tiene como objetivo el control del cumplimiento del seguimiento ambiental.


La modalidad más frecuente es la de implantación de autoevaluación controlada. Esto es, que el promotor periódicamente y con los contenidos previstos en la declaración de impacto ambiental remite al órgano sustantivo informe sobre los avances y cumplimiento del condicionado ambiental. El sistema de autoevaluación está contrapesado con el estudio, seguimiento e inspección de los temas por parte de la administración ambiental.

PARTE 5ª NORMATIVA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL48




5.1. Normativa de la Unión Europea

Sin duda, el punto de partida de la legislación sobre impacto ambiental dentro de la Comunidad Europea, lo constituye la Directiva 85/337, de 27 de Junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.


Las motivaciones básicas de la promulgación de dicha directiva fueron:


  • Considerar que la mejor política de medio ambiente consiste en evitar desde el principio la creación de contaminaciones o daños, más que combatir posteriormente sus efectos y afirmar la necesidad de tener en cuenta lo antes posible las repercusiones sobre el medio ambiente de los procesos técnicos de planificación estableciendo procedimientos para evaluar tales repercusiones.

  • Las desigualdades entre las legislaciones vigentes en los diferentes Estados miembros en materia de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de los proyectos públicos y privados pueden crear condiciones de competencia desiguales, por lo que conviene proceder a la aproximación de las legislaciones prevista en el artículo 100 del Tratado.

  • Considerar que los proyectos que están sometidos a una evaluación deben proporcionar determinadas informaciones mínimas relativas al proyecto y a sus repercusiones.

Recientemente dicha directiva ha sido reformada (Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo) a la luz de la experiencia obtenida de la aplicación de la Directiva 85/87, tal modificación tiene por objeto:




  • Garantizar un grado suficiente de protección del medio ambiente a nivel comunitario mediante el establecimiento de un marco general de apreciación y criterios que permitan determinar los proyectos que deben someterse a evaluación ambiental; siendo las autoridades competentes de los Estados miembros según el principio de subsidiareidad son las más capacitadas para aplicar esos criterios en casos concretos.

  • Precisar determinadas disposiciones de la Directiva que se modifica a fin de que el procedimiento de evaluación permita obtener mayores beneficios sin alterar no obstante. el alcance real de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud de la mencionada Directiva.

  • Mejorar las normas relativas al procedimiento de evaluación.

  • Completar la lista de proyectos con efectos notables sobre el medio ambiente que, por esta razón, deben someterse a una evaluación sistemática;

  • Especificar que la evaluación es obligatoria para los proyectos enumerados en el Anexo II de dicha Directiva que puedan afectar de manera significativa a los objetivos específicos de protección del medio ambiente establecidos de común acuerdo a nivel comunitario; que, en los demás casos, corresponde, en cambio, a los Estados miembros examinar la necesidad de proceder a una evaluación:


5.2. Normativa Estatal

Las competencias que, en materia de medio ambiente, el estado asume de forma exclusiva, se encuentran en el art. 149 de la Constitución Española (CE): 23ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas para establecer normas adicionales de protección.


A su vez, la relación entre el derecho estatal y el autonómico aparece descrita en el párrafo tercero del artículo 149.3 CE: Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los estatutos de autonomía corresponderán al Estado cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades autónomas.
De todo ello resulta que las normas autonómicas no pueden contradecir lo dispuesto en la legislación estatal con carácter básico; en caso contrario prevalecerá lo dispuesto en la norma estatal sobre la autonómica. En el caso de que una comunidad autónoma no haya dictado normas sobre una materia o estas sean insuficientes, se aplicará la legislación estatal, que actuará de supletoria.
La Evaluación de Impacto Ambiental, conforme al Real Decreto Legislativo 1302/1986 y Ley 6/2001 de modificación del RDL 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental se aplicará a los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo de la Ley, los cuales deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en estas disposiciones, que tienen el carácter de legislación básica.
Como ya se ha adelantado la norma básica a nivel estatal sobre la EIA está constituida inicialmente por el RDL 1302/1986, cuyos fines son:


  • Adecuar la legislación nacional y recibir la técnica de la EIA, técnica generalizada en todos los países industrializados, y recomendada de forma especial por los Organismos internacionales que las han reconocido como el instrumento más adecuado para la preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente, hasta el extremo de dotarla de una regulación específica, como es la directiva 85/377/CEE de 27 de junio de 1985.

  • Introducir la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el medio ambiente, se ha venido manifestando como la forma más eficaz para evitar los atentados a la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad y confianza a las decisiones que deban adoptarse, al poder elegir, entre las diferentes alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses generales desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos derivados de la actividad proyectada.

  • Integrar la regulación de las evaluaciones de impacto ambiental, que han tenido ese reconocimiento que ha estado reguladas en España de modo fragmentario, con una valoración marginal dentro de las normas sectoriales de diferente rango.

  • Completar y normalizar este importante procedimiento administrativo, partiendo de la Directiva comunitaria anteriormente citada, sin otros tramites que los estrictamente exigidos por la economía procesal y los necesarios para la protección de los intereses generales.

  • Fomentar la participación publica que ha sido recogida a través de la consulta Institucional y la información publica de las evaluaciones de impacto.

  • Ampliar, respetando los mínimos consagrados en el Anexo I de la directiva comunitaria, las actividades que deben ser objeto de aquella

  • Establecer las adecuadas garantías en orden a la confidencialidad de los datos que se refieran a procesos productivos, con el fin de proteger la propiedad industrial.

El Real Decreto Legislativo 1302/86 se desarrolla a través del Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del RDL 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.


A partir de la entrada en vigor de la nueva Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo se inicia en el ámbito europeo un proceso de reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental. La transposición a la normativa nacional de esta directiva se materializa a través del Real Decreto-Ley 9/2000 y Ley 6/2001. Pueden destacarse las modificaciones:


  • Incorporación de nuevos proyectos del Anexo I

  • Regulación del criterio de EIA para los proyectos del Anexo II (nuevos artículos 1.2 y 2.3)

  • Contenidos del Estudio de Impacto Ambiental (nueva redacción del artículo 2.1)

  • Obligación de suministrar al promotor la opinión del órgano ambiental sobre el alcance concreto de la EIA (nueva redacción del artículo 2.2)

  • EIA en proyectos transfronterizos (nueva redacción del artículo 6)

  • Modificación del artículo 5 (definición del órgano ambiental: mantiene la competencia de los proyectos de titularidad estatal, modifica el apartado 2 en relación con el resto de los proyectos, y establece en el apartado 3 el deber de colaboración con CCAA)

  • Otros aspectos competenciales: inclusión de un segundo párrafo en el artículo 1.2 y nueva redacción del artículo 4.2 y 7.


5.3. Normativa de las Comunidades Autónomas49

Las competencias en materia ambiental que corresponden a las CCAA vienen enumeradas en el artículo 148 de la Constitución, y desarrolladas en los respectivos estatutos de autonomía. Puede destacarse el punto 148.1.9º La gestión en materia de protección del medio ambiente. Así pues, a las CCAA se les permite asumir competencias en medio ambiente, concretamente la gestión de la protección del medio ambiente, lo que significa aplicar, ejecutar y hacer cumplir una legislación vigente. De lo expuesto en este punto y el punto inicial del apartado de normativa estatal, resulta que las comunidades autónomas pueden asumir en materia ambiental dos tipos de competencias: (1) la gestión en materia de protección del medio ambiente (CE,148.1.9º); y (2) la facultad de legislar y dictar normas complementarias de la legislación del Estado por vía de lo dispuesto en el art. 19.1.23º y 149.3º de la Constitución Española, con carácter opcional y haciéndolo constar en los respectivos Estatutos de Autonomía50.


Casi todas las Comunidades Autónomas disponen en la actualidad de normas propias específicas sobre en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (véase tabla adjunta)



COMUNIDAD AUTÓNOMA

DISPOSICIÓN NORMATIVA

PUBLICACIÓN

ANDALUCÍA

Ley 7/1994 de 18 de mayo, de protección Ambiental

BOA, núm. 79 de 13 de mayo de 1994

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía

BOJA núm. 166, de 28 de diciembre de 1995

ARAGÓN

Decreto 45/1994 (Aragón), de 4 de marzo de evaluación de impacto ambiental

BO Aragón núm. 35, de 18 de marzo de 1994

ASTURIAS

Ley 1/87, de 30 de Marzo de Coordinación y Ordenación territorial




BALEARES

Decreto 4/1986 (Baleares), de 23 de enero de 1986, de implantación y regulación de los estudios de evaluación del impacto ambiental

BOIB núm. 5, de 10 de febrero de 1986

CANARIAS

Ley 11/1990 (Canarias), de 13 de julio de 1990, de prevención de Impacto Ecológico

BO Canarias núm. 92, de 23 de julio de 1990

CANTABRIA

Decreto 50/1991 (Cantabria), de 29 de abril de 1991, de evaluación de impacto ambiental

BO Cantabria núm. 97, de 15 de mayo de 1991

CANTABRIA

Decreto 77/1996 (Cantabria), de 8 de agosto, por el que se modifica el Decreto 50/1991, de 29 de abril, de evaluación de impacto ambiental para Cantabria

BO Cantabria, núm. 163, de 14 de agosto de 1996; c.e. BO Cantabria, núm. 258, de 25 de diciembre de 1996

CASTILLA Y LEÓN


Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León




Decreto 209/1995 (Castilla y León), de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León

BO Castilla y León núm. 196, de 11 de octubre de 1995

Ley 6/1996 (Castilla y León), de modificación d ela Ley 8/1994 de Evaluación de Impacto Ambiental y auditorías ambientales de Castilla y León

BOE núm. 311, de 26/12/96

Ley 5/1998 (Castilla y León), de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León

BOE núm. 197, de 18 de agosto de 1998

Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, de aprobación de texto refundido de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León

BOE núm. 273, de 14/11/2000

CASTILLA-LA MANCHA

Decreto 39/1990 (Castilla-La Mancha), de 27 de marzo de 1990, de asignación de competencias en materia de evaluación de impacto ambiental

DO Castilla-La Mancha núm. 23, de 6 de abril de 1990

Ley 5/1999 (Castilla-La Mancha), de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental

BOE, 124 25/05/1999

CATALUÑA

Decreto 114/1988 (Cataluña), de 7 de abril de 1988, de Evaluación de Impacto Ambiental

DOGC núm. 1.000, de 3 de junio de 1988

Ley 3/1998 [Cataluña], de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental


(DOGC número 2598, de 13 de marzo de 1998)

EXTREMADURA

Decreto 45/1991 (Extremadura), de 16 de abril de 1991, de medidas de protección del ecosistema

DO Extremadura núm. 31, de 25 de abril de 1991

GALICIA



Decreto 442/1990 (Galicia), de 13 de septiembre de 1990, de Evaluación de Impacto Ambiental para Galicia

DO Galicia núm. 188, de 25 de septiembre de 1990

Decreto 327/1991 (Galicia), de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia




Ley 1/1995 (Galicia), de 2 de enero, de protección ambiental

DO Galicia núm. 29, de 10 de febrero de 1995

MADRID

Ley 10/1991 (Madrid), de 4 de abril, para la Protección del Medio Ambiente

BOE núm. 128, de 29 de mayo de 1991; c.e. BOE núm. 230, de 25 de septiembre de 1991

MURCIA

Ley 1/1995 (Murcia), de 8 de marzo, de protección del medio ambiente

BO Murcia núm. 78, de 3 de abril de 1995

NAVARRA


Decreto Foral 229/1993 (Navarra), de 19 de julio de 1993, que regula los estudios sobre afecciones medioambientales de los planes y proyectos a realizar en el medio natural

BO Navarra núm. 95, de 4 de agosto de 1993

Decreto Foral 580/1995 (Navarra), de 4 de diciembre, de asignación de funciones relativas a la Evaluación de Impacto Ambiental

BO Navarra núm. 159, de 27 de diciembre de 1995

PAÍS VASCO

Ley 3/1998 (País Vasco), de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco

DOPV, número 59, de 27 de marzo de 1998

VALENCIANA (COMUNIDAD)

Ley de 3 de marzo de 1989, de impacto ambiental

DOGV

Decreto 162/1990 (C. Valenciana), de 15 de octubre de 1990, Reglamento de Ley de 3 de marzo de 1989, de impacto ambiental

DOGV núm. 1412, de 30 de octubre de 1990


5.3.1. Andalucía

Podemos destacar dos disposiciones dictadas en materia de Evaluación de Impacto Ambiental:




  • En primer lugar la Orden de 12/7/88, a través de la cual se impuso la obligación de incluir el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental en todos los proyectos que deban ser aprobados por la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

  • Más recientemente ha sido promulgada la Ley 7/94, de 18 de Mayo, de PROTECCIÓN AMBIENTAL.

El Título II de la Ley, dedicado a la "Prevención Ambiental" establece, con cierto carácter innovador respecto al régimen general vigente en la actualidad, tres figuras para la protección del Medio Ambiente, así distingue entre la "Evaluación de Impacto Ambiental", el "Informe Ambiental" y la "Calificación Ambiental", todos ellos orientados a la prevención ambiental. La aplicación de uno u otro procedimiento se hace depender de la envergadura de los proyectos y es asignada a autoridades también distintas. Todo ello queda claramente establecido en los tres Anexos que completan el articulado de la ley.



5.3.2. Aragón

El 17 de septiembre de 1993, la Presidencia de la Diputación General de Aragón creaba el Departamento de Medio Ambiente, cuya estructura quedó aprobada por Decreto 166/93 de 19 de Octubre y al que le fueron asignadas competencias a través del Decreto 217/93, de 7 de diciembre. Entre ellas, se encuentra la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental en todos aquellos proyectos que hayan de someterse a ésta.


Posteriormente se promulga el Decreto 45/94, de 4 de Marzo de la Diputación General de Aragón de EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. Esta disposición se dicta para acomodar la anterior regulación a la nueva estructura departamental y distribución de competencias efectuada, además de adecuar la normativa al principio de legalidad y jerarquía normativa. Cabe resaltar el hecho de que el presente Decreto limita, de forma expresa, los supuestos que deben someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, a los comprendidos en el Anexo del R.D. Legislativo 1302/86, de 30 de Junio, (desarrollado por R.D. 1131/88 de 30 de Septiembre), así como los previstos en las leyes sectoriales.
Esta interpretación difiere, en cierto modo, del espíritu de la Directiva 85/337/CEE de 27 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental, (relación que se adjunta como Anexo I) y, proyectos para los que el sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental es optativo y dependerá de que los Estados Miembros consideren que sus características lo exigen (relación que se adjunta como Anexo II). La presente disposición, al limitar el sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental a los doce su puestos enumerados en el Anexo del Real Decreto Legislativo 1302/86 de 30 de Junio, adopta una posición restrictiva, cerrando la puerta al sometimiento de proyectos que pudieran tener un impacto negativo sobre el medio ambiente y que, sin embargo, no estén incluidos en el mencionado Real Decreto Legislativo 1302/86.

5.3.3. Asturias

En esta Comunidad debemos destacar la existencia de una ley a través de la cual se regula de forma conjunta el tema de la Ordenación territorial y la EIA. Se trata de la Ley 1/87, de 30 de Marzo de COORDINACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL.


En esta ley se establecen dos categorías de EIA:


  • Evaluación de Impacto Ambiental, referida a la determinación del posible impacto sobre el medio ambiente natural o edificado.

  • Evaluación de Impacto Estructural, referida al análisis de costes y beneficios económicos y sociales derivados directa e indirectamente de la actuación prevista, así como su incidencia en el sistema de núcleos de población, infraestructuras, equipamientos, y servicios.



5.3.4. Baleares

Como norma básica aplicable en esta comunidad en materia de EIA debemos mencionar el Decreto 4/86 de 23 de enero, de la implantación y regulación de los estudios de la EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL. Este decreto establece dos niveles de Evaluación de Impacto Ambiental:


Evaluación Detallada y

Evaluación Simplificada.


Estableciendo también distintos tipos de Evaluación de Impacto Ambiental:


  • Por el momento de su redacción:

1.- EIA previas a la toma de decisión;

2.- EIA previas a la autorización;

3.- EIA posteriores a la autorización;


Por el grado de profundización:
1.- EIA Detallada:

2.- EIA simplificada;

3.- EIA preliminar

4.- Informe medioambiental.


Debemos tener presente que este decreto es anterior al Real Decreto-Legislativo 1302/86. Ello significa que al promulgarse la normativa estatal en materia de EIA, esta disposición sigue en vigor, pero sólo en todo aquello que no contravenga el derecho estatal. Entre otras cosas, quedan sometidos a EIA, en todo el ámbito estatal, todos los supuestos contemplados en el Anexo I del Real Decreto-Legislativo 1302/86 y Anexo II del Real Decreto 1 131/88. Por lo tanto, también deberán seguir este procedimiento en Baleares aunque no estén referidos en el Decreto autonómico 4/86 de 23 de Enero.

5.3.5. Canarias

También Canarias cuenta con una norma específica sobre EIA que es la: Ley 11/90 de 13 de Julio de PREVENCION DEL IMPACTO ECOLOGICO.


En ella se establecen tres categorías de evaluación que, de menor a mayor intensidad, son (art. 4 de la Ley):


  • Evaluación básica de impacto ecológico.

  • Evaluación detallada del impacto ecológico.

  • Evaluación del impacto ambiental.

La ley se complementa con tres anexos en los que se contienen la relación de actividades que quedan sometidas a uno u otro procedimiento. Posteriormente esta ley ha sido desarrollada por el Decreto 40/94, de 8 de Abril, por el que se establece la obligatoriedad de que todos los proyectos de obras de promoción pública sean sometidos al correspondiente Estudio de Impacto Ecológico.



5.3.6. Cantabria

En Cantabria esta materia está regulada por Decreto 50/91, de 29 de Abril, sobre EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL MEDIO AMBIENTE.



5.3.7. Castilla y León

En esta comunidad encontramos varias disposiciones referentes a la EIA:


Decreto 269/89, de 16 de Noviembre, sobre EIA. A través de este decreto se atribuye a la Consejería de Medio Ambiente la competencia para tramitar las evaluaciones de impacto ambiental y formular las correspondiente Declaraciones de impacto ambiental.
Orden de 1/9/92, de la Consejería de la Presidencia y Administración Territorial, sobre Evaluación de Impacto Ambiental en los procesos de concentración parcelaria. Se trata de una disposición sectorial que establece la obligatoriedad de someter a EIA los procesos de concentración parcelaria que entrañen riesgos graves de transformación ecológica negativa (art. 1 de la orden).
Ley 8/94, de 24 de Junio, de EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL y Auditorías ambientales de Castilla y León
Decreto 209/95, de 5 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, de Castilla y León
La Ley 8/94, de 24 de Junio, de EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL y Auditorías ambientales de Castilla y León, disposición se dicta para establecer el marco legal aplicable, en la Comunidad de Castilla y León, a la Evaluación de Impacto Ambiental y a la Auditoría Ambiental.
En lo que se refiere a los instrumentos para evaluar, con carácter preventivo, los impactos que determinadas actividades tienen sobre el medio ambiente, la ley establece dos mecanismos:


  • La Evaluación de Impacto Ambiental

  • La Evaluación Estratégica de Planes y Proyectos

La Evaluación de Impacto Ambiental aparece regulada a lo largo del Título I. Se establecen dos tipos de Evaluación por razón de la actividad:




  • Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental.

  • Evaluación Simplificada de impacto ambiental

Los supuestos que de acuerdo con la presente ley quedan sometidos a uno u otro procedimiento se enumeran en los Anexos de la misma.


También se establece un régimen especial de Evaluación de Impacto Ambiental para aquellas zonas denominadas "Áreas de Sensibilidad Ecológica" en las que, por sus características, los proyectos o actividades pueden tener una mayor incidencia sobre el medio ambiente.
Las Evaluaciones Estratégicas Previas de Planes y Programas se regulan en el Título II. Cabe destacar el carácter novedoso de esta figura con la que la ley pretende introducir las consideraciones ambientales en las fases anteriores a las de un proyecto, es decir, en los planes y programas.
En el art. 19 se enumeran los distintos sectores sobre los que pueden existir Planes y Programas de desarrollo regional, y se establece el contenido mínimo de estas Evaluaciones estratégicas. Al tratarse de un procedimiento novedoso, la ley se limita a dar ciertas indicaciones sobre el contenido que deberá tener el informe derivado de dicho estudio, dejando pendiente su posterior desarrollo reglamentario. No obstante, identifica los sectores para los que resultará aplicable el presente procedimiento.
Se incluyen también la Ley 5/1998, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.
Posteriormente se aprueba el Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.

5.3.8. Castilla-La Mancha

Se destaca la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental. En esta ley se incorporan los avances legislativos del ámbito nacional hasta el momento, y se plantea la evaluación ambiental abierta tanto a los proyectos (nivel de detalle) como a los planes, programas y políticas.



5.3.9. Cataluña

La única disposición específica sobre la materia en Cataluña es el Decreto 114/88, de 7 de Abril, de Evaluación de Impacto Ambiental. El contenido de este decreto es muy similar al del Real Decreto 1131/88 por el que pocos meses después se promulgaría, a nivel estatal, el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.



5.3.10. Extremadura

En esta comunidad debemos mencionar el Decreto 45/91, de 16 de Abril, sobre MEDIDAS DE PROTECCION DEL ECOSISTEMA.


El presente decreto diferencia entre dos niveles de EIA en función del detalle con que se deba realizar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, cuyo contenido especifica el Decreto en sus artículos 3 y 5.

5.3.11. Galicia

Galicia dispone desde el 1990 de normativa específica para la evaluación ambiental. Así, el Decreto 442/1990, de Evaluación de impacto ambiental para Galicia regula los procedimientos, contenidos y tipología de proyectos que han de ser sometidos a esta evaluación. Se establece la necesidad de evaluación sobre el conjunto de las actividades indicadas en el Anexo I de este decreto, y cuyo objetivo final es la evaluación de impacto ambiental en proyectos de gran repercusión ambiental o que afectan a espacios o hábitats protegidos.


Posteriormente se pone en vigor el Decreto 327/91, de Evaluación de efectos ambientales para Galicia, que obliga a someter a un procedimiento de evaluación aquellas actividades y proyectos que, sin quedar recogidos en el anexo I del Decreto 442/1990, sus legislaciones sectoriales establecen la necesidad de disponer de un estudio ambiental. Además, deben ser sometidas a este tipo de evaluación las modificaciones o ampliaciones de proyectos que figuren contenidos en aquel anexo, y cuyo proyecto inicial haya sido objeto de declaración.
Por otra parte, la Ley 1/95, de 2 de Enero de PROTECCION AMBIENTAL DE GALICIA. A través de esta ley se pretende establecer las bases del régimen general por el que se va a regir la defensa, protección, conservación y restauración, en su caso, del medio ambiente en Galicia y asegurar una utilización racional de los recursos naturales.
La presente ley crea diversos instrumentos o mecanismos de protección del medio ambiente sin llegar a desarrollarlos en toda su extensión, por lo que no resulta de aplicación inmediata, sino que queda condicionada a la promulgación de otra serie de disposiciones de carácter reglamentario que desarrollen su contenido.
En el Título II la ley se centra en la creación de diversas Técnicas y medidas de defensa del entorno. Entre ellas cabe destacar la Clasificación de todos los proyectos, obras y actividades de acuerdo con su incidencia ambiental. Con este fin, la ley crea tres procedimientos que permitirán detectar y valorar la compatibilidad de un proyecto, obras o actividad con el medio ambiente y, en su caso, las medidas correctoras que es preciso incluir en el proyecto o en su desarrollo:


  • De evaluación de impacto ambiental.

  • De evaluación de los efectos ambientales.

  • De evaluación de la incidencia ambiental.

A diferencia del régimen general sobre Evaluación del Impacto Ambiental establecido por la legislación estatal, en que el procedimiento de E.I.A. termina con la "Declaración Ambiental" expedida por la autoridad competente, en el régimen establecido por la presente ley, dichos procedimientos culminan con la obtención (o denegación en caso desfavorable) de una Autorización (de carácter ambiental) en la que se harán constar las condiciones en que deberá realizarse ese proyecto, obra o actividad para ser considerado compatible con el medio ambiente.


Esta autorización es un requisito previo y preceptivo para la posterior obtención de la "Licencia de Apertura o actividad" y vincula en cuanto a las medidas correctoras. Por su carácter novedoso debemos resaltar que, en caso de que la autorización imponga la adopción de medidas correctoras, la ley prevé que "el órgano administrativo al que corresponda su otorgamiento podrá exigir la prestación de una fianza que cubra la reparación de los posibles daños y el posible coste de la restauración.".
Finalmente, podemos añadir que la ley encomienda a la Xunta de Galicia: la elaboración de un "catálogo" de las actividades que deberán someterse a dicho procedimiento, así como la regulación del mismo.
Con relación a la "Evaluación de los efectos ambientales" la determinación de las actividades que quedan sujetas a este trámite así como el procedimiento a seguir, a través de la aprobación de un Decreto.
Con relación a la "Evaluación de la incidencia ambiental" la ley, en su art. 13, establece un doble criterio de identificación de las actividades que quedarán sometidas a este trámite:


  • Las que figuren en el "Nomenclator" que al respecto apruebe la Xunta por Decreto;

  • Las que, aún no estando en dicho Nomenclator, merezcan la consideración de molestas", insalubres", "nocivas" o "peligrosas".



5.3.12. Madrid

Con relación al tema de la EIA, esta comunidad también cuenta con la Ley 10/91, de 4 de Abril, para la protección del Medio Ambiente. La ley se dicta con objeto de establecer un sistema de normas adicionales de protección del medio ambiente en la Comunidad de Madrid, en el marco de la legislación básica del Estado.


En relación con la Evaluación de Impacto Ambiental, la ley establece dos procedimientos que permitirán analizar y valorar el impacto que determinadas actividades causan sobre el medio ambiente:


  • La Evaluación de Impacto Ambiental: se tramitará conforme a lo dispuesto por la legislación estatal, en los casos especificados en los anexos I y II

  • La Calificación Ambiental: se tramitará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el título III de la Ley, ya sea por las autoridades autonómicas o municipales.

Por lo que respecta a la normativa sectorial, debemos también mencionar la Ley 3/91 de 7 de Marzo de Carreteras de la Comunidad de Madrid en cuyo artículo 19 se establece expresamente la obligación de evaluar los impactos ambientales de los proyectos de autopistas, autovías y nuevas carreteras, así como las modificaciones de trazado de las carreteras existentes.



5.3.13. Murcia

Con objeto de completar la legislación básica del Estado y adaptarla a sus propias necesidades, la comunidad murciana ha promulgado una norma de carácter general en la que se regulan diversas cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente. Se trata de la Ley 1/95, de 8 de marzo, de PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE de la Región de Murcia. Esta ley pretende establecer las bases generales sobre la que pueda ir desarrollándose la política ambiental de la Región de Murcia.


La ley dedica todo el Título II, a desarrollar las condiciones en que deberán ser autorizadas aquellas actividades que puedan afectar al medio ambiente. Para detectar los efectos negativos que determinadas actividades, planes y/o proyectos pueden producir sobre el medio ambiente, antes de que se pongan en marcha, la ley parece establecer dos procedimientos:


  • La Evaluación de Impacto ambiental (Cap. II).

  • La Calificación Ambiental (Cap. III).

En el último capítulo de este Título II, el Cap. V, la ley establece la posibilidad de que se adopten mayores precauciones cuando se trata de supuestos en que el desarrollo de planes, proyectos de obras, instalaciones y/o actividades de cualquier tipo, pudiera afectar a una zona de las consideradas como "Áreas de sensibilidad ecológica". Para estos casos se establece un régimen especial, correspondiéndole a La Administración regional tanto la competencia para desarrollar y resolver el procedimiento de evaluación o calificación ambiental, como la vigilancia y responsabilidad de velar por el cumplimiento de las medidas correctoras establecidas.



5.3.14. Navarra

En Navarra encontramos diversas disposiciones, si bien se trata de normas dictadas con objeto de facilitar la aplicación de la normativa estatal, más que de establecer regímenes legales complementarios a ella, en el seno de la Comunidad Autónoma Navarra. Así, podemos mencionar:


El Decreto Foral 245/88, de 6 de Octubre, sobre asignación de funciones en materia de Evaluación de Impacto Ambiental a órganos de la comunidad foral. Modificado por Decreto Foral 384/92 de 16 de Noviembre.
El Decreto Foral 229/93 de 19 de Julio por el que se regulan los ESTUDIOS SOBRE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES de los Planes y Proyectos de Obras a realizar en el Medio Natural.
Los antecedentes de esta disposición los podemos encontrar en la Ley Foral 2/93 de 5 de Marzo de Protección y Gestión de la fauna silvestre y sus hábitats, la cual determinaba qué tipo de obras o proyectos debían someterse al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental como requisito previo y necesario para su aprobación y ejecución.
Asimismo y para aquellos planes u obras que no quedaran sujetos a dicho procedimiento, estableció el deber general de someterse a un informe o autorización del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que permita la evaluación de las afecciones medioambientales que dichos planes y proyectos de obras puedan generar sobre el entorno natural. Por medio de la presente disposición se describe y desarrollan los aspectos esenciales de estos Estudios de afecciones Medioambientales que serán exigibles con carácter supletorio a los de Evaluación de Impacto Ambiental, desde el 1 de Septiembre de 1993, para todos los planes o proyectos que se quieran acometer en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
El Decreto Foral 258/93 de 6 de Septiembre de Medidas para la agilización de la elaboración y gestión del Planeamiento Urbanístico.
El Decreto Foral 98/91, de 21 de Marzo, determinan los aspectos ambientales que deberán contemplar los proyectos de concentración parcelaria.

5.3.15. País Vasco

No dispone de normativa propia. Consideraciones de referencia en Ley 3/1998 (País Vasco), de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.



5.3.16. La Rioja
No dispone de normativa propia.

5.3.17 Valencia

Valencia cuenta con un completo régimen legal propio, en materia de EIA. Destaca:


Ley 2/89, de 3 de marzo, de IMPACTO AMBIENTAL. A través de esta ley el legislador valenciano hace un primer intento de complementar la legislación estatal existente en materia de impacto ambiental con normativa autonómica. Sin embargo, para poder contar con un régimen de EIA específico en Valencia, habrá que esperar al desarrollo reglamentario de esta ley a través del:
Decreto 162/90, de 15 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución. Este decreto establece dos procedimientos para la evaluación de los efectos ambientales de determinados proyectos:


  • Evaluación de Impacto Ambiental.

  • Estimación de Impacto Ambiental.

Finalmente debemos mencionar la Ley 6/91 de 27 de Marzo de Carreteras de la Comunidad Valenciana, en la que también se establece la sujeción de todos los proyectos a la normativa aplicable en materia de EIA.







Compartir con tus amigos:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad