Anexo II observaciones del comité para la eliminación de la discriminación racial contenidas en el documento hri/gen/2/Rev



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ANEXO II

OBSERVACIONES DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO HRI/GEN/2/Rev.6

13. El comité recomienda al Estado parte que apruebe una legislación para hacer plenamente efectivas las disposiciones de la Constitución relativas a la no discriminación que prohíben expresamente la discriminación por motivos de raza y garantizar que se pueda disponer de recursos eficaces para aplicar esa legislación. Además el comité reitera su recomendación al Estado parte de que apruebe una legislación penal específica de conformidad con el artículo 4 de la Convención
Además de la promulgación de la Ley 1482 de 2011 o Ley Antidiscriminación, otro de los instrumentos jurídicos con los que cuenta el Estado colombiano es la Ley 1257 de 2008 por medio de la cual se busca prevenir y sancionar toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres. En particular esta ley sanciona toda acción u omisión que le cause muerte, daño, o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, por la condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Dentro de los derechos que contempla esta ley se encuentran:
a) Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la calidad;
b) Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención y asistencia. Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones correspondientes frente al agresor y en todo caso garantizará la prestación de este servicio a través de la defensoría pública;
c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas concordantes;
d) Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de violencia;
e) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva;
f) Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o custodia;
g) Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas;
h) Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas;
i) La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia;
j) La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta ley;
k) A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.
14. El comité insta al Estado parte a intensificar sus esfuerzos para proteger a las comunidades afrocolombianas e indígenas contra las violaciones graves de los derechos humanos y a adoptar todas las medidas posibles para prevenir esas violaciones en el contexto del conflicto armado. El Comité recomienda al Estado parte que garantice que los miembros de la Fuerzas Armadas cumplan la Directiva Permanente de las Fuerzas Armadas No. 800-07 de 2003, evite la estigmatización de las comunidades afrocolombianas e indígenas, garantice el cumplimiento efectivo y estricto de las políticas y normativas aprobadas y garantice que toda violación de los derechos humanos se investigue con prontitud y, de ser necesario, se sancione.
El Estado colombiano con el fin de cumplir con las obligaciones tanto de respeto como garantía para el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas, ha creado espacios de diálogo y concertación para articular las diferentes acciones tendientes a evitar la estigmatización y generar canales de comunicación conducentes a la creación de estrategias en beneficio de los pueblos indígenas en el país. Como parte de esta política nacional, a continuación se presentan las acciones institucionales para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las comunidades indígenas y ANPRA:
Dando cumplimiento al Decreto 2893 de 2011; el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías ha venido coordinando la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Esta Comisión, existe como uno de los más importantes espacios de concertación en materia de derechos humanos. Ha sesionado desde el año 1999, y ha buscado crear rutas conjuntas de trabajo para atender las situaciones diagnosticadas de derechos humanos de los pueblos indígenas con el fin de crear acciones a corto, mediano y largo plazo que mitiguen las afectaciones encontradas.
El principal objetivo de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas es velar por la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de los miembros de dichos pueblos, y especialmente de sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad. Dentro de sus funciones se encuentran:
-Protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas especialmente los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad.

-Definición de medidas de prevención frente a violaciones graves de derechos humanos.

-Propender por la aplicación de medidas tendientes a reducir y eliminar las violaciones graves de los derechos humanos y las infracciones al DIH.

-Seguimiento e impulso a las investigaciones penales y disciplinarias, con sujeción a las normas que regulan la reserva legal.

-Diseñar un programa especial de atención de indígenas víctimas de la violencia, sus familiares inmediatos, viudas y huérfanos, con cubrimiento nacional, y definir los mecanismos para su funcionamiento y ejecución.
En virtud de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, -Decreto 1396 de 1996- durante el año 2012 ha sesionado en tres (3) oportunidades tratando temas fundamentales para los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos fundamentales. En este espacio de interlocución entre el Gobierno y los Pueblos Indígenas se ha enfatizando en temas tales como medidas de protección, Sistema Nacional de Derechos Humanos, la política de derechos humanos de los pueblos indígenas, las investigaciones por presuntas violaciones de derechos humanos, y las rutas de trabajo frente a las problemáticas que se presentan en las distintas regiones del país.
En el año 2013  se realizó una sesión de la Comisión el día 4 de junio de 2013, para avanzar en el tema de investigaciones con la Fiscalía General de la Nación, de lo cual se rindió por parte de esta entidad un informe general de las actuaciones que vienen realizando desde sus competencias y en relación a las investigaciones, como a la iniciativa de la creación de una Unidad especial para Pueblos Indígenas como a un plan de capacitaciones tanto para servidores públicos como para pueblos indígenas
Aunado a lo anterior, la UNP a partir de enero 2012 ha protegido a 295 líderes o representantes de grupos étnicos. Ahora en lo que respecta a la protección colectiva con enfoque diferencial para grupos étnicos, se resaltan las siguientes experiencias:


  • Convenio de contratación de la guardia indígena con el Consejo Regional Indígena del Cauca, mediante el cual se protegen 34 líderes individualizados dentro las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

-Fortalecimiento de las Guardias Indígenas de los Pueblos Awá y Nasa, en el marco de los usos y costumbres de estas comunidades.


-Medidas de protección para las personas reclamantes y líderes de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó en el Bajo Atrato Chocoano, como también a las personas del Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño –COPDICONC-.
-En el caso de las poblaciones indígenas, la UNP en coordinación con la respectiva autoridad indígena ha concertado la conveniencia, viabilidad y aplicabilidad de las medidas de protección teniendo en cuenta los criterios de adecuación territorial, geográfica y cultural de los pueblos AWA, NASA, JIW y WOUNAAN.
-La UNP, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, adelanta el proceso de construcción del instrumento de valoración colectiva del riego, el cual se constituirá en una herramienta idónea para asignar medidas de protección colectiva de acuerdo con las particularidades de las comunidades indígenas y ANPRA.
En 2012 el Grupo Especial de Trámite de Emergencias ha otorgado medidas de emergencia a diecinueve personas afrocolombianas y a treinta y siete personas indígenas (incluyendo líderes y representantes de este grupo poblacional), en los que, por cada caso se examina de manera individual cuatro conceptos: la inminencia, el análisis en materia de DDHH y DIH, la adaptación de conceptos jurídicos, así como la viabilidad sobre las medidas a implementar al caso en concreto tomando en consideración el contexto cultural –idiosincrasia y cosmovisión-, aspectos socio-económicos, condición de desplazamiento y vulnerabilidad del grupo poblacional. De ese modo, las medidas materiales se constituyen como mecanismos de atención preventiva y protectora en las que desde el análisis primigenio del caso en concreto se consideran el grado de vulnerabilidad y el contexto socio-cultural de las poblaciones.
Entre las medidas materiales de prevención y protección que han sido implementadas a la población indígena se pueden mencionar aproximadamente 2000 dotaciones a la guardia indígena de los pueblos AWA, NASA y JIW. Estas dotaciones consisten, por ejemplo, en botes, apoyos de reubicación temporal y de transporte, medios de comunicación, tiquetes aéreos nacionales, chalecos antibalas, carpas, bastones de mando, cantimploras, linternas, gorros y capas. En el caso de las comunidades afrocolombianas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó en el Bajo Atrato Chocoano se han implementado antenas y teléfonos satelitales, vehículos, motocicletas, motores fuera de borda, escoltas, caballos, celulares y avanteles. En el caso del COPDICONC les han sido implementados apoyos de reubicación, apoyos de transporte, medios de comunicación –celulares y avanteles-, chalecos antibalas y tiquetes aéreos nacionales.
Para la definición de las medidas materiales de protección, el enfoque de género analizado en los estudios técnicos de nivel de riesgo contribuye a que las medidas materiales a implementar en poblaciones indígenas y afrocolombianas identifiquen no solo aspectos protectores dentro del contexto que les rodea sino preventivos en las relaciones interpersonales intra e intergenéricas. En ese sentido, se concede a las mujeres opciones como la de elegir el sexo del analista del caso en el proceso de evaluación del riesgo, y elegir el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas al que se llevará su caso.
En lo que respecta al cumplimiento de la Directiva Permanente de las Fuerzas Armadas No. 800-07 de 2003, el Ministerio de Defensa Nacional expidió en el año 2008 la Política Integral de Derechos Humanos y DIH, la cual consiste en un documento marco que describe los lineamientos, sienta los objetivos y establece los programas que en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario deben conocer y desarrollar las Fuerzas Militares y, donde sea pertinente, la Policía Nacional. Es la hoja de ruta que enmarca el comportamiento de la Fuerza Pública en el desarrollo de las operaciones.
De este modo, mediante la Resolución 1598 de 2011 se creó dentro de la Dirección de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa el Grupo de “Desarrollo de Políticas Públicas para Poblaciones Vulnerables” con el fin de fortalecer el desarrollo de las estrategias establecidas dentro de la línea de Acción institucional y las cuales se hacen referencia a la Atención a Grupos Especiales y Oficiales de Enlace. Es así como, el Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación con el Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, de manera concertada con las comunidades indígenas inició el proceso de formulación de una “Política para Pueblos Indígenas”, con el fin de continuar fortaleciendo la protección de los derechos individuales y colectivos de estas comunidades y el mejoramiento de las relaciones existentes entre la Fuerza Pública y las Comunidades Indígenas.
Así mismo, la Directiva Permanente No. 800-7 de 2003 del Comando General de las Fuerzas Militares, la cual impartía instrucciones en materia de Derechos Humanos de las comunidades indígenas y demás minorías étnicas, fue modificada para dar cumplimiento a las Directivas Permanentes Ministeriales Nos.16 de 2006 y 07 de 2007, en materia de comunidades indígenas y afrocolombianas, respectivamente.
En este contexto, el Comando General de las Fuerzas Militares con el fin de impartir instrucciones para dar cumplimiento a la Política Ministerial de reconocimiento, prevención y protección a comunidades de los pueblos indígenas, emitió en su oportunidad directrices a las Fuerzas, a través de la Jefatura de Operaciones Conjuntas, con el oficio No. 30313 CGFM-JEMC-JEOPC-JODOC-375 del 02 de febrero de 2007 y de la Jefatura de Acción Integral Conjunta, con la Directiva Permanente No. 186 CGFM-JEMC-JEAIC-DOIAC-DACO-23.1 del 06 de octubre de 2009.
Igualmente, el Comando General de las Fuerzas Militares con el fin de impartir instrucciones para dar cumplimiento a la Política Sectorial de reconocimiento, prevención y protección de las comunidades ANPRA, a través de la Jefatura de Operaciones Conjuntas, emitió la Directiva Permanente No. 300-19 del 06 de junio de 2007
En concordancia con lo anterior, las Fuerzas Militares han desarrollado operaciones para fortalecer el control militar efectivo de área, para neutralizar el accionar criminal de los grupos armados ilegales, en los territorios donde se encuentran dichas comunidades. Así mismo, han adoptado medidas preventivas para procurar la integridad y el respeto de los derechos de las comunidades, durante la ejecución de las operaciones militares.
El Ejército Nacional bajo el liderazgo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -Subdirección de Atención a la Población Desplazada – Retornos y Reubicaciones, emite los conceptos de seguridad, en lo referente a la pertinencia del retorno y/o reubicación de las comunidades que esa entidad considere pueden regresar, con fundamento en el ambiente de orden público que esté atravesando la región donde se pretende retornar o reubicar a la población desplazada.
La Fuerza Aérea Colombiana siempre tienen en cuenta dentro del proceso de planeamiento de las operaciones aéreas de aplicación de la fuerza, la existencia y ubicación de resguardos y asentamientos indígenas en el área sobre la cual se van a realizar ataques contra objetivos militares. Se tiene dispuesta la consulta obligatoria de los mapas de resguardos indígenas y de la información sobre ubicación de las comunidades (asentamientos), verificación de sus costumbres, con el fin de extremar las precauciones para el desarrollo de sus operaciones.
Los lineamientos anteriores han conducido finalmente a que la formulación de la Política para los Pueblos Indígenas impacte directamente la doctrina y en especial el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, toda vez que deben observar en el desarrollo de sus operaciones los lineamientos impartidos en estos instrumentos.
Como complemento a los avances y resultados significativos en la aplicación de la doctrina militar y policial respecto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional humanitario, dentro de la línea de atención se estableció el fortalecimiento de la figura del “Oficial de Enlace”, con el fin de estrechar las relaciones entre la Fuerza Pública y las comunidades, tanto indígenas como afrocolombianas, utilizado como mecanismo de respeto y protección de los derechos humanos.
En mayo de 2009 la Jefatura de Acción Integral Conjunta dispuso la creación de las oficinas de asuntos indígenas en cada Fuerza. De esta manera, a partir de junio de 2009 se han creado las oficinas de enlace indígena en Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en el Comando Conjunto Caribe, en el Comando Conjunto Pacífico y en la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.
En la actualidad, en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional existen 170 oficiales de enlace con grupos étnicos nombrados a nivel Comando Conjunto, División, Brigada, Regional y Departamento, quienes responden de manera directa los requerimientos de las organizaciones indígenas y consejos comunitarios, fortaleciendo así el respeto de sus derechos individuales y colectivos.
Dentro de los avances significativos que se han identificado con la implementación de la figura del Oficial de Enlace, es la disminución de quejas y el acercamiento entre las comunidades indígenas y la Fuerza Pública, lo que conlleva a que se conozcan de manera directa las particularidades de cada comunidad y se minimicen los riesgos de actuaciones irregulares. Como complemento y para facilitar la ubicación de las comunidades indígenas, durante los años 2008 a 2009 se redactó, publicó y distribuyeron 11.100 ejemplares del Diccionario de Asuntos Indígenas, en las unidades militares de las Fuerzas Militares. En la actualidad en coordinación con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Ministerio del Interior, se actualizó la ubicación actual de los pueblos indígenas de Colombia y se distribuyó esta información a las Fuerzas Militares.
La Armada Nacional implementó el Plan de Acción en Asuntos Indígenas desde el año 2010 el cual tiene varias líneas de acción que van encaminadas a la protección de los Derechos Humanos de las etnias indígenas que están establecidas en la jurisdicción de la Armada Nacional. Mediante el Oficial de Asuntos Indígenas se mantiene una comunicación directa con las comunidades, con el fin de conocer sus necesidades y problemáticas más sentidas, asimismo crear un vínculo de acercamiento entre la tropa y las comunidades. La Armada Nacional ha contribuido en articular esfuerzos con la comercialización de artesanías de las comunidades indígenas, la elaboración de un periódico interno con artículos relacionados con cada pueblo y la capacitación a través de mini programas radiales.
Las unidades militares de la Fuerza Aérea Colombiana cuentan con oficinas de Atención al Ciudadano y Asuntos Indígenas con el objetivo de atender peticiones quejas y reclamos que presenten las comunidades, adicionalmente cuentan con un link en la página web www.fac.mil.co, identificando la ubicación, usos, costumbres, legislación especial indígena. Resalta las evacuaciones aeromédicas de miembros de comunidades de todo el territorio nacional para la atención inmediata a sus necesidades en casos de urgencia.
De la misma manera, tanto en el Ejército Nacional, como en la Armada Nacional, en desarrollo de las Directivas Ministerial No. 25 de 2008 y del Comando General 222 de 2008, que crearon el sistema de atención de quejas y reclamos por presuntas violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, se tienen abiertas al público oficinas de quejas y reclamos en todas las unidades militares, donde se recepcionan las quejas presentadas por miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes, se habilitaron en las páginas web los link respectivos y se nombraron comités evaluadores para efectuar el análisis de las peticiones, así como disponer el trámite y respuesta de dichas quejas.
Todas estas actividades cuentan con un control, seguimiento y evaluación, por intermedio de la Inspección General de las Fuerzas Militares, las Inspecciones del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, los Inspectores Delegados del Comando general ante las Unidades Operativas Mayores y/o equivalentes en las Fuerzas y de ser necesario mediante la activación de Comisiones de Inspección Inmediata.
De otra parte, con el fin de mejorar el control, seguimiento y evaluación de las quejas y reclamos, se están adelantando esfuerzos para la creación de un Sistema Jurídico denominado SIJUR que enlazará a todas las Fuerzas y sus Unidades Militares y conectividad con las autoridades judiciales y disciplinarias, proyecto que se está desarrollando en cumplimiento de una de las líneas de Acción de la Política Integral de DDHH y DIH.
Sin embargo, las Fuerzas Militares han implementado aplicativos temporales con el fin de migrar posteriormente la información al SIJUR, para efectuar un control y seguimiento de todos los casos por presuntas violaciones a los DDHH e infracciones al DIH entre los cuales se encuentran los provenientes de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
15. El comité recomienda al Estado parte que refuerce el Sistema de Alerta Temprana (SAT) velando para que se asignen recursos materiales, humanos y financieros suficientes e implementando oportunamente sus alertas, y se asegure de que las autoridades civiles, incluso en los ámbitos departamental y municipal, participen en la coordinación de las medidas preventivas. El comité insta al Estado parte a intensificar las medidas destinadas a proteger la seguridad de los líderes afrocolombianos e indígenas y a este respecto preste particular atención a las medidas cautelares y las medidas provisionales ordenadas por el sistema interamericano de derechos humanos. Dado su valioso papel en la prevención de las violaciones, el Comité recomienda al Estado parte para que aumente las asignaciones de recursos destinados a los defensores comunitarios de la Defensoría del Pueblo y extienda el programa para incluir a las comunidades afrocolombianas e indígenas más vulnerables.
Mediante la Ley 1421 de 2010, en su artículo 5 se consagró el deber de los gobernadores y alcaldes de atender de manera pronta y eficaz las alertas tempranas. Igualmente el decreto 2780 creó y reglamentó la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas –CIAT- cuya función es coordinar la respuesta oportuna y adecuada del Estado en materia de prevención y protección de los derechos humanos para prevenir acciones de violencia contra la población civil.
De igual forma, el Estado colombiano garantiza mecanismos de ‘Prevención Anticipada’ con el concurso de los organismos de seguridad del estado y el sistema de alertas tempranas para que en los casos donde no se haya presentado aún el accionar de los grupos armados ilegales o explotaciones ilegales de recursos, se concrete un sistema de índices de riesgos. Dicho índice se guiará por las divisiones geográficas macro-regionales y departamentales planteadas y concertadas con las comunidades indígenas dentro del desarrollo del programa de garantías. Se deberá concertar con las autoridades indígenas tradicionales la mejor manera de transmitir las alertas anticipadas respetando las jerarquías tradicionales y los roles de género. Se debe tener sumo cuidado de revisar los calendarios sagrados de las comunidades para no interferir de manera abrupta con el desarrollo mágico –religioso de las poblaciones indígenas. También se deberá respetar el porte y uso de sustancias medicinales y mágico-religiosas (yagé, ayahuasca, ambil, tabaco, mambe, poporo, yopo, etc.) que son primordiales para la identidad cultural y espiritual de estas comunidades.
16. El comité recomienda al Estado parte que asigne, con carácter prioritario, recursos humanos y financieros adicionales para cumplir la sentencia T-025 de la Corte Constitucional, de 2004, y las resoluciones complementarias (auto 092 de 2008 y autos 004 y 005 de 2009). Si bien reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte, como la adopción de un plan nacional de atención integral a la población desplazada (Decreto No. 250 de 2005), que incluye medidas de asistencia diferenciada, el Comité recomienda al Estado parte que intensifique esos esfuerzos para garantizar la aplicación práctica de ese plan y que preste particular atención a los derechos de las mujeres y los niños afrocolombianos e indígenas. El comité también recomienda al Estado parte que garantice que las políticas nacionales reciban suficiente financiación y se apliquen en los ámbitos departamental y municipal, y que se facilite el retorno de los desplazados a sus tierras originales en condiciones de seguridad.
La Corte Constitucional en seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, profirió el Auto 005 de 2009, en donde se ordena el diseño y puesta en marcha de un Plan Integral de Prevención, Protección y Atención de la Población Afrocolombiana, con participación efectiva de las comunidades afro y el pleno respeto por sus autoridades constituidas, y de las autoridades territoriales concernidas, el cual deberá tener en como mínimo lo siguiente:
a. Una caracterización adecuada de la población afrodescendiente desplazada o confinada en el territorio, con el fin de conocer sus necesidades y potencialidades;

b. Un plan de prevención del desplazamiento y del confinamiento específico por departamento, que tenga en cuenta las características y evolución del conflicto armado, la situación de los municipios, corregimientos y veredas afectados, los informes del Sistema de Alertas Tempranas, y las propuestas que hagan los consejos comunitarios sobre mecanismos y alternativas para minimizar los riesgos de destierro o confinamiento.

c. Medidas de fortalecimiento de las autoridades locales y de los consejos comunitarios constituidos y que se constituyan para la protección de los derechos colectivos de los afrocolombianos y la garantía de la participación efectiva de las comunidades afro en los procesos de toma de decisión que los conciernan.

d. Una estrategia para combatir la discriminación contra la población afrocolombiana desplazada y garantizar el acceso efectivo a los distintos componentes y servicios de la política de atención a la población desplazada.

e. Un plan para la provisión y/o mejoramiento de soluciones de vivienda para la población afrocolombiana desplazada.

f. Un plan de generación de ingresos para la población afrocolombiana desplazada que tenga en cuenta los saberes y las experiencias de etnodesarrollo del pueblo afrocolombiano.

g. Mecanismos de superación de las falencias presupuestales y administrativas que han impedido que la población afrocolombiana desplazada o confinada goce efectivamente de sus derechos.

h. Planes de retorno que aseguren el respeto de los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.

i. Medidas que conduzcan al fortalecimiento de las organizaciones sociales que desarrollen las comunidades afrocolombianas para promover sus derechos en los lugares de asentamiento.

j. Estrategias para la transmisión y protección del conocimiento tradicional de los pueblos afrocolombianos desplazados, en el cual se involucre a las mujeres y adultos mayores.

k. Sistemas de seguimiento y evaluación permanentes para medir el avance en el goce efectivo de los derechos de la población afrocolombiana desplazada y/o confinada.

l. Medidas presupuestales y de capacidad institucional, necesarias para poner en marcha cada uno de esos planes y asegurar la cobertura adecuada de los mismos.


Con base en estos lineamientos, el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, invitó al sector privado y en conjunto con la participación de las comunidades, para el diseño, seguimiento y control de resultados del Proyecto Piloto “Diseño e Implementación de una Metodología para el Plan de Caracterización de los Territorios Colectivos y Ancestrales”, en ocho territorios:



Departamento

Municipio(s)

Consejo Comunitario

Valle

Buenaventura

Bahía Málaga y CC Bajo Calima

Valle

Cali

Playa Renaciente

Cauca

Buenos Aires

Río Cauca de la Comunidad Negra

Cesar

Jagua de Ibirico

Comunidad La Palmita

Bolívar

Mahates

Palenque de San Basilio (Makankamaná)

Nariño

Tumaco

Rescate Las Varas

El Objetivo General del Proyecto Piloto fue el diseño e implementación de una metodología participativa para el plan de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales, en el marco del Auto 005 de 2009 emitido por la Corte Constitucional; y sus objetivos específicos fueron:


•Determinar la situación jurídica de los predios señalados como territorios. colectivos – titulados o en proceso de titulación – y ancestrales.

•Establecer las características socioeconómicas de las comunidades asentadas en dichos territorios.

•Conocer la situación fáctica y jurídica en que se encuentran los consejos comunitarios y las autoridades locales constituidas en dichos territorios.

•Conocer los riesgos y potencialidades para la protección de los territorios.

•Determinar los obstáculos jurídicos que impiden la protección efectiva de dichos territorios.

•Establecer los mecanismos para garantizar la restitución efectiva de los territorios.

•Identificar la georeferenciación de los consejos comunitarios afrocolombianos.
Respecto a la orden de la Honorable Corte de diseñar y poner en marcha un plan específico de protección y atención para cada una de las comunidades, para la construcción participativa de los mismos se han identificado cinco etapas:


  • Primera Etapa: Diagnóstico Institucional. El propósito es construir un diagnóstico preliminar con base en fuentes institucionales de información que permitan conocer la situación histórica y actual del desplazamiento forzado de población afrodescendiente.




  • Segunda Etapa: Instalación de la construcción concertada de los planes específicos para Identificarán los actores que acompañen el proceso de construcción del plan teniendo en cuenta el enfoque diferencial, presentaran la ruta metodológica propuesta y definirán un cronograma general de actividades para el año 2012 que permita desarrollar un proceso participativo y concertado de los planes específicos.




  • Tercera Etapa: Construcción del Diagnóstico Participativo donde se desarrollara en el marco de la estrategia metodológica de mesas temáticas, donde se establecerá una mesa por cada derecho fundamental (salud, educación, generación de ingresos, vivienda, entre otros) y estará liderada por profesionales de la rama correspondiente al tema tanto de entidades del gobierno nacional como local y departamental.




  • Cuarta Etapa: Redacción de los documentos de los Planes Específicos. El objetivo de esta fase es consolidar un documento de diagnóstico y acciones para contrarrestar las afectaciones diagnosticadas, a partir de la sistematización de los insumos generados. Se propone conformar una comisión con representantes del gobierno y las comunidades la cual tendrá plazo de 1 meses para la redacción del documento.




  • Quinta Etapa: Protocolización del plan.

Para el año 2012 se han priorizado veintiocho (28) nuevos territorios, enunciados a continuación:


Cauca: Suarez, Buenos Aires y Timbiquí

Antioquia: Turbo, Chigorodó, Mutatá, Murindó y Caucasia

Bolívar: María la Baja, Turbaco y Carmen de Bolívar (Cerromatoso, Macayepo)

Sucre: Ovejas (Chengue, Pivijay) y Colosó (Chinulito)

Nariño: La Tola, El Charco, Santa Barbara de Iscuandé, Maguí Payan, Tumaco (Alto Mira Bajo Mira y Frontera), Barbacoas y Francisco Pizarro

Chocó: Bojayá, Curvaradó, Jiguamiandó


De otro lado, en lo que respecta al cumplimiento de las órdenes emitidas por la Honorable Corte Constitucional en el marco del Auto 092 del 2008 para la Defensa de los Derechos Humanos de las mujeres víctimas del conflicto armado, la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, proyecta en su planificación institucional, establecer como prioridad la creación de:
i) Un Plan de Acción General Nacional para la implementación del Auto 092 del 2008, el cual tiene un componente sociopolítico diferencial en la búsqueda de una mejor calidad de vida de la población antes mencionada.
ii)Este Plan de Acción General Nacional para la implementación del Auto 092 del 2008, se ha desarrollado con el Modelo Investigación Acción Participación el cual permite la participación activa de la población de mujeres ANPRA con el objetivo general de propender por la defensa de los derechos humanos de las Mujeres ANPRA en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en el auto 092 del 2008, que permita la implementación del mismo para la mitigación de las acciones inconstitucionales que afronta la comunidad objeto social.
Primera Fase: Con una población atendida de 579 Mujeres y las zonas abordadas fueron: San Andrés, Putumayo, Valle del Cauca, Buenaventura, Chocó, Cartagena, Santa Marta y La Guajira, en esta fase se capacitó a la comunidad sobre el Auto 092 y las medidas ordenadas por la Corte Constitucional, realizada en el cuarto trimestre del 2011.
Segunda Fase: con una población atendida de 339 Mujeres y las zonas abordadas fueron: Valle Del Cauca, Choco, Cartagena, Santa Marta, Nariño, Cauca, Antioquia. En esta fase se capacitó a la comunidad sobre las acciones constitucionales que permiten la implementación del Auto 092, realizada en el primer trimestre del 2012.
Tercera Fase: con una población atendida de 878 mujeres hasta el momento ya que esta fase se encuentra en ejecución, zonas abordadas hasta el momento: Cartagena, San Basilio de Palenque, Santa Marta, Sincelejo, San Andrés y Providencia, Cali, Medellín, en esta fase se contemplan varias actividades que permitirán concluir de manera productiva y proactiva el proceso investigativo para la elaboración del Programa para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres afectadas por el conflicto armado y desplazamiento, víctimas de la violencia.
iii) Durante la ejecución del Plan de Acción General Nacional para la implementación del Auto 092 del 2008 se han alcanzado los siguientes logros y objetivos: 1. La capacitación en la primera y segunda fase de un total de 1.018 mujeres hasta el momento, permitió el empoderamiento de las mujeres en la construcción de una política participativa de carácter diferencial. 2. En lo transcurrido de la ejecución de la tercera fase han participado 878 mujeres lo cual nos muestra un aumento significativo de la participación cada vez mayor de nuestras mujeres sujeto. 3. Se generaron procesos organizativos comunitarios para la defensa de los derechos de las mujeres Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, a través de la elección de las lideresas de cada grupo participativo. 4. Capacitación de Grupo de mujeres lideresas representativas de las zonas estratégicas, elegidas para la ejecución de Plan del Acción General Nacional del Auto 092 del 2008. 5. Conformación de los Grupos de Lideresas Departamentales, para la defensa de los derechos humanos de Las Mujeres Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que les permite contar con un organismo comunitario multiplicador. 6. Acciones interdisciplinarias para la defensa de los derechos humanos de las Mujeres Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 7. Estrategia de comunicación y atención directa a las mujeres mediante la creación de un blogs http://dacndefensadelosderechosmujeresnegras.blogspot.com/, en donde las mujeres están en permanente contacto con el proceso. 8. Elaboración de la sábana investigativa para la caracterización cualitativa y cuantitativa del área problema; objetivos y logros alcanzados hasta el momento.
iv) Todo lo anterior encaminado en la construcción del Programa para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Negras Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras y la elaboración del documento de aportes de participación en la construcción de la política diferencial de género de mujer de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, basado en los insumos recolectados en el proceso de ejecución del Plan de Acción General Nacional para la implementación el Auto 092 del 2008.
Adicionalmente, la UNP otorga un acompañamiento psicosocial a las mujeres indígenas o afrocolombianas, brinda seguimiento a la implementación de las medidas de protección con enfoque diferencial y coordina con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV- medidas complementarias en temas de salud, educación y trabajo, entre otras. El Grupo Especial de Trámite de Emergencias realiza verificaciones en pro de determinar las especiales condiciones de las y los solicitantes tomando en consideración la necesidad de protección -rasgos de las amenazas o situaciones de riesgo-, el contexto y las construcciones socio-culturales e históricas de los grupos poblacionales mencionados y particularmente en el caso de las mujeres afrocolombianas e indígenas víctimas del desplazamiento forzado, evalúa elementos de escolaridad, experiencia laboral e incidencia y participación política.
Entre otras tareas, la UNP capacita permanentemente a los funcionarios y funcionarias en temas de DDHH y género, tiene acercamiento y concertación con organizaciones de mujeres indígenas y afrocolombianas, trabaja con entes territoriales como las Alcaldías de Cartagena y Cali con el objetivo de construir rutas de Protección con Enfoque Diferencial, como también, ha fortalecido las relaciones de cooperación con organizaciones internacionales como ACNUR, ONU Mujeres y GIZ.
Con relación al desplazamiento, la UNP dentro del marco de sus funciones y competencias arrogadas aborda desde el Principio de Enfoque Diferencial las especificidades y vulnerabilidades por edad, etnia, género, discapacidad, orientación sexual y procedencia urbana o rural de las personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas y campesinas implementando para el efecto medidas materiales en atención al riesgo, el factor territorial y con matices sicosociales.
Resulta fundamental mencionar que entre las principales dificultades que se presentan al momento de implementar medidas materiales de protección a las poblaciones objeto de análisis, es el lugar de ubicación, por ejemplo, en el caso de los líderes de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó el servicio de correo utilizado por la UNP no cuenta con cobertura en los lugares de residencia de los protegidos por lo que se ha visto en la necesidad de realizar jornadas de implementación personalizadas en donde los y las funcionarias de la UNP visitan la zona e implementan las medidas de protección aprobadas. Otra dificultad se presenta es al transferir los apoyos económicos para reubicación temporal, dado que las personas beneficiarias no poseen cuenta bancaria en donde se pueda realizar el respectivo desembolso. De igual manera ocurre con los Medios de Comunicación ya que las zonas donde habitan estas comunidades son de difícil acceso y cobertura, razón por la cual la señal del operador celular en estos territorios es escasa y a veces nula.
El cumplimiento a las órdenes del Auto 004 de 2009, no solo se ha proyectado para la superación del estado de cosas inconstitucionales referido por la Honorable Corte Constitucional, sino que también se ha construido como la oportunidad de acelerar la transformación del paradigma y lograr así el goce integral de derechos de los pueblos indígenas, respetando desde un enfoque diferencial las estructuras sociales y culturales de cada uno de los 102 pueblos indígenas de Colombia
La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, ha diseñado, formulado y reformulado estrategias para el cumplimiento de las órdenes de la Honorable Corte Constitucional, de tal forma que las acciones se adecuen a las necesidades de cada pueblo y sean producto de procesos participación directa de los pueblos y organizaciones indígenas. También del trabajo de coordinación del accionar del Estado en los niveles nacional, departamental y municipal; y de articulación del cumplimiento del Auto 004 de 2009.
Es igualmente importante señalar los retos y dificultades que se han sorteado, algunas de estas complejidades obedecen a las restricciones que imponen las dinámicas del conflicto armado en las regiones. Procesos en departamentos como Putumayo, Cauca, Arauca o Guaviare, en los cuales el recrudecimiento de las acciones de actores armados ilegales ha incrementado los hechos victimizantes sobre la población indígena lo que dificulta el desarrollo de las actividades institucionales, lo cual lleva a que sean objeto de total atención por parte del Ministerio del Interior, desde donde se han gestado estrategias para garantizar atención integral de los pueblos pese a las difíciles condiciones de seguridad.
Desafíos en los procesos de concertación, como los que se presentan en el Programa de Garantía de Derechos, dan cuenta de la intención del Ministerio del Interior por liderar un proceso participativo e incluyente, en el que pese a la heterogeneidad de las propuestas, solicitudes y reclamaciones, se escuche y se responda a las voces de todos los pueblos y organizaciones. En este escenario, se presentan casos emblemáticos como el del pueblo Embera, disperso a lo largo y ancho de la geografía nacional, y con el que, para que el proceso fuera incluyente y participativo, se concertaron capítulos por cada una de las regiones, proceso que se llevó a cabo entre el 2011 y el 2012 y que en la actualidad ya cuenta con un único documento nacional de Plan de Salvaguarda emberá, el cual espera ser validado comunitariamente en el espacio de una Asamblea del pueblo. Un caso similar se presenta con el pueblo Sikuani, del cual se realizará en la presente vigencia la unificación de los capítulos Orinoquía y Medio Río Guaviare. En una escala espacial menor, pero igualmente con un alto grado de complejidad, están los planes de salvaguarda de los pueblos Hitnü y Nükak, cuya organización política es clánil, y por tanto requieren procesos de concertación con los líderes y autoridades de cada clan y unidad doméstica. El Ministerio del Interior ha generado procesos de diálogo intercultural, escenarios de asamblea donde se analizan las problemáticas comunes a todos los clanes y se proponen soluciones concertadas de corto, mediano y largo plazo, respetando las particularidades culturales y contextuales de cada comunidad.
Se han realizado acercamientos a las diferentes organizaciones del pueblo Wayüu en la Guajira para definir rutas particulares y consolidar el Plan de Salvaguarda, en este caso se resaltan las complejidades vinculadas a la extensión del territorio, la densidad poblacional y el tipo de organización clanil que complejiza la interlocución con el pueblo y su autoridades. Por su parte, el proceso de desarrollo de un documento Conpes para el departamento del Cauca y su articulación al proceso del Programa Nacional de Garantía de Derechos y a los planes de salvaguarda de los pueblos Yanacona, Totoró, Nasa, Coconuco y Misak, son muestra de la búsqueda por una acción integral del Estado.
Acorde a lo anterior, es importante señalar que la integralidad de las políticas públicas para pueblos indígenas ha sido motivo de reflexión profunda por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior. Respecto a la articulación de los planes de salvaguarda con otras órdenes emanadas de los autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, el Ministerio del Interior, ha buscado que las medidas cautelares de protección de los pueblos Hitnü, Makaguan, Awa, Nükak y Jiw sean coherentes y articuladas a los respectivos planes de salvaguarda, para así lograr una transformación de las realidades que amenazan la existencia individual y colectiva de estos pueblos; en la actualidad se encuentran formulados 23 planes de salvaguarda a abril de 2013.
Igualmente, las enseñanzas al respecto que dejó el arduo proceso de concertación del Programa de Garantía de Derechos, son el fundamento de la propuesta de Bloques de Derecho, con los que se analiza la complejidad multidimensional de cada problemática y la necesidad de generar acciones intersectoriales para darle respuesta integral. En este sentido, en el bloque de derechos territorio y seguridad alimentaria convergen instituciones como: Instituto Colombiano de Desarrollo Territorial –INCODER-, Unidad de Restitución de Tierras –URT-, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, Departamento para la Prosperidad Social –DPS-. Participan del bloque de derecho Identidad Cultural: Ministerio de Educación Nacional –MEN- Ministerio de Cultura, Ministerio de las Telecomunicaciones. Dado que la salud no solo depende de la atención, sino también de la prevención o de condiciones saludables en el entorno, en el bloque de derechos Salud, además del Ministerio de Salud y Protección Social, están ICBF, DPS, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. En lo que respecta al bloque de los Derechos Humanos se concierta con el Programa Presidencial de Derechos Humanos, Programa Presidencial de Pueblos Indígenas, El Programa Acción Integral contra Minas Antipersonal –PAICMA-, Ministerio de Defensa Nacional. Todas estas instituciones han sido coordinadas por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, que además desde sus respectivas direcciones lidera los Bloques de Derechos Autonomía y Fortalecimiento Organizativo, Consulta Previa y Derechos Humanos.
El Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, señala el diseño de trece programas para la prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento sobre las mujeres, al igual que una atención diferencial a las mismas. Uno de estos programas, es el Programa de Protección de la Mujer Indígena en situación de Desplazamiento. Frente a esta orden, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías –DAIRM-, junto con las Organizaciones Indígenas AICO, CIT, ONIC, y OPIAC, realizaron la concertación sobre la planeación y definición de la estrategia y el plan de acción de la consulta previa. En este sentido, se contrata por parte del Ministerio del Interior, un grupo de 40 mujeres indígenas a nivel nacional solicitado por las Organizaciones, para adelantar la etapa de socialización.
En el marco de la primera fase de la estrategia, se realizaron 90 talleres de socialización a nivel nacional, con la participación de más de 6.000 mujeres indígenas. Los talleres tuvieron los siguientes objetivos: I. Socializar los autos 092 y 237 de 2008. II. Identificar las afectaciones de las mujeres indígenas desplazadas y en riesgo. III. Recopilar propuestas para el Programa.
Culminada esta primera fase, el Ministerio generó:


  1. Un documento de hallazgos con propuestas y afectaciones como resultado de haber escuchado las voces de las mujeres indígenas en cada uno de los talleres de socialización.

  2. Un documento línea base a nivel nacional con lineamientos para el Programa. Este documento fue entregado en la reunión realizada con entidades del nivel departamental y local el día 25 de junio de 2012, a delegados de 17 secretarios de gobierno departamentales y 12 delegados de secretarios de gobierno municipales de ciudades capitales.

  3. Un documento línea base por departamento con afectaciones y propuestas de las mujeres indígenas identificadas a nivel local. Estos documentos fueron entregados en la reunión realizada con entidades del nivel departamental y local el día 25 de junio de 2012 a delegados de 17 secretarios de gobierno departamentales y 12 delegados de secretarios de gobierno municipales de ciudades capitales. Documentos que deben ser tenidos en cuenta por los entes territoriales en los planes de desarrollo y planes de acción para el año 2013; así mismo, como instrumento de sensibilización sobre la problemática de la mujer indígena en Colombia.

Vale la pena resaltar que el Ministerio el Interior por medio de la DAIRM, realizó una reunión con la asistencia de 25 delegados de las entidades del nivel nacional y entes de control en la ciudad de Bogotá el día 23 de julio de 2012, la cual tuvo por objeto la entrega de los documentos mencionados, para que sean articulados con los entes territoriales.


Así mismo, se consolidó la ruta metodológica del trabajo para la fase de validación y concertación del Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas desplazadas y en riesgo con las organizaciones ONIC, CIT, OPIAC, AICO y GOBIERNO MAYOR.
En el año 2013 la DAIRM, ha adelantado diferentes actividades en pro de dar cumplimiento a lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional:


  1. Se han realizado diferentes reuniones institucionales donde se trataron temas relevantes como: Presentación ante la Procuraduría del Avance al cierre del año 2012, sobre el Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas, Desplazadas y en Riesgo, Presentación del avance del Auto 092 ante las diferentes instituciones y la Gobernación de putumayo; se hace la entrega física en la Mesa Regional Amazónica –MRA- a las diferentes instituciones del Programa de Protección para los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas y en Riesgo- Capítulo Amazónico-; La DAIRM realiza con las Coordinadoras del Auto 092 y 237 de 2008 de las Organizaciones Indígenas ONIC, OPIAC, CIT y Autoridades Tradicionales; la 1ra reunión del equipo de Mujeres del Auto 092 y 237 de 2008, cuyo propósito, es concertar y definir la consolidación en 1 documento; del Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas y en Riesgo.




  1. Se realiza Taller de Socialización del Auto 092 de 2008:




  • Entre el 17 y 21 de Enero de 2013, a las Autoridades del Nivel Municipal y Mujeres Delegadas de los Pueblos Naza, Misak y Pijaos en el Municipio de Totoró Cauca, lo que permitió construir la propuesta para el Programa.

Mujeres líderes del Pueblo Totoróez y a la delegada del Municipio de Totoró, en el Departamento del Cauca.

La DAIRM realiza a través de la Organización AZICAH en la Chorrera Amazonas, capacitación a mujeres líderes, dentro del Pan de Acción de la Amazonía Colombiana, como apoyo al Día Internacional de la Mujer.




  1. La DAIRM realiza con Autoridades Tradicionales, la Consulta Previa en los Departamentos de Huila, Putumayo, Tolima, Cauca y Antioquia, a:

  • Socialización del Auto 092 y 237 de 2008 en la Residencia estudiantil Chibcariwak, del Cabildo Urbano del Municipio Medellín, entre el 1 y el 4 de Febrero de 2013.

  • Se definen las acciones para la consolidación del documento resultado de los 5 Talleres realizados en los Departamentos de Huila, Tolima, Putumayo, Cauca y Antioquia para ser presentados a la MPC y 2. Se define la reunión de Validación para las Autoridades Tradicionales.




  1. La DAIRM, adelanta con la Organización Awá Camawari del Municipio de Ricaurte Nariño, una ruta de trabajo como Implementación al Plan de Acción del Programa de Protección para los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas y en Riesgo, para beneficio de las Mujeres Indígenas:Con ICBF Nivel Nacional y Regional,DPS Nivel Nacional y Regional,Programa Presidencial para Pueblos Indígenas.

Además, el Ministerio del Interior trabaja para lograr la participación de la mujer indígena, apoyando la inclusión del enfoque diferencial étnico en la construcción de la política pública de género a cargo de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. De la misma forma, en la Comisión de Derechos Humanos y en la construcción del protocolo de protección de Derechos Humanos en el marco del decreto 4912 de 2011 a cargo del Ministerio del Interior.


17. El comité recomienda al Estado parte que garantice la efectividad de las reparaciones, incluso la restitución de tierras, en el marco de la Ley No. 975 de 2005 y del Decreto No. 1290 de 2008, teniendo debidamente en cuenta a las víctimas afrocolombianas e indígenas, y que se preste especial atención a las mujeres y los niños. El comité señala que, independientemente de quien sea el autor, las reparaciones deberían otorgarse sin discriminación.
El Gobierno Nacional en 2011 sancionó la Ley 1448 o Ley de Reparación de victimas y Restitución de Tierras, a su vez, en el mes Diciembre de 2011, expidió el Decreto con fuerza de Ley 4635 de 2011, para la reparación integral de la víctimas del conflicto de las comunidades ANPRA. Este fue el resultado de un proceso de consulta previa con las comunidades ANPRA como garantía de sus derechos fundamentales. El decreto establece el marco normativo e institucional de la atención, asistencia, reparación integral y restitución de tierras y de los derechos de las víctimas pertenecientes a comunidades ANPRA en concordancia con la ley 70 de 1993.
El decreto otorga herramientas administrativas, judiciales y mecanismos de participación para que las comunidades y sus miembros individualmente considerados sean restablecidos en sus derechos de conformidad con la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, las leyes, la jurisprudencia, los principios internacionales acerca de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, respetando y dignificando su cultura, existencia material, derechos ancestrales y culturales propios, así como sus derechos en tanto víctimas.
Las medidas de prevención, atención, asistencia, reparación integral y restitución de tierras y territorios para las Comunidades, como sujetos colectivos y para sus miembros individualmente considerados, serán diseñadas conjuntamente y acordes con sus características étnicas y culturales, garantizando así el derecho a la identidad cultural, la autonomía, el derecho propio, la igualdad material y la garantía de pervivencia física y cultural. De igual forma, dichas medidas tienen un enfoque diferencial, al favorecer a las comunidades que hayan sido víctimas del conflicto de manera colectiva, así como a las personas de las comunidades que individualmente hayan sufrido violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
El decreto establece como medidas de asistencia y reparación integral a las víctimas los siguientes aspectos:


  • Ayuda Humanitaria: Deberá contar con enfoque étnico, ser flexible y adecuada a las características culturales y las necesidades propias de las víctimas en cuanto a alimentación y dieta, vestimenta y abrigo, aseo personal, atención médica y psicosocial, alojamiento transitorio y, en general, para garantizar el mínimo vital de las víctimas.




  • Educación: Debe ser libre de discriminación y permitirá a las víctimas mantener vivas sus tradiciones y cultura y dará continuidad a los procesos etnoeducativos a las víctimas de desplazamiento forzado. Se desarrollarán líneas especiales de crédito para educación superior para las víctimas pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y las instituciones de educación superior otorgarán cupos especiales para las víctimas, en el marco de su autonomía.




  • Salud: Las instituciones hospitalarias, públicas o privadas, del territorio nacional, que prestan servicios de salud, tienen la obligación de prestar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que la requieran, con independencia de la capacidad socioeconómica de los demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su admisión




  • Vivienda: Las víctimas cuyas viviendas hayan sufrido despojo, abandono, pérdida o menoscabo, y cuya intención sea el asentamiento urbano, serán atendidos de forma prioritaria y diferencial, para lo cual tendrán prioridad y acceso preferente a programas de subsidios de vivienda en las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio y adquisición de vivienda, establecidos por el Estado.

Este Decreto es un punto de inflexión al adoptar medidas de justicia transicional con enfoque étnico, colectivo y cultural. Reconoce la titularidad de las comunidades como colectivo y a sus miembros individualmente, considerando los derechos generales a la ciudadanía y los derechos diferenciados en función de su pertenencia étnica y cultural, así como a ser titulares de:


i) Derecho a la verdad, justicia y reparación.

ii) Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.

iii) Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad.

iv) Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.

v) Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral.

vi) Derecho a que la política pública de que trata el presente Decreto, tenga enfoque diferencial.

vii) Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se halla dividido el núcleo familiar.

viii) Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional.

ix) Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella.

x) Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la Ley.

xi) Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes.

xii) Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.


La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas es la encargada de diseñar e implementar los procedimientos1 y componentes con enfoque étnico de modo que sea flexible y adecuada a las características culturales y necesidades propias de las víctimas afectadas por el desplazamiento forzado. Para ello, cuenta con una Dirección de Grupos Étnicos y, al interior de ésta, con una Coordinación para cada una de las minorías constitucionalmente reconocidas.

Cabe anotar que en el Registro Único de Víctimas y en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, se tendrá en cuenta el componente étnico. A su vez, los retornos y reubicaciones se deberán realizar de manera concertada con las comunidades. Adicionalmente, se consagra de manera especial un Plan Integral de Reparación Colectiva a Víctimas, el cual es el instrumento técnico por medio del cual se consulta previamente con las respectivas comunidades las medidas de reparación colectiva, que deben reflejar su visión étnica y cultural de la Comunidad respectiva. Dentro de las medidas adoptadas está la exención de la prestación del servicio militar a las víctimas, quienes estarán exentas de cualquier pago de la cuota de compensación militar.


En lo que concierne a las comunidades indígenas, mediante el Decreto 4633 de 2011 se creó el Programa de Reparación Colectiva para Sujetos Étnicos que garantizar la protección, el acceso e interconexión a sitios sagrados bajo el ordenamiento y gobernabilidad de los pueblos, lo anterior en la medida en que las condiciones de seguridad lo permitan. Así mismo, se busca realizar procesos de concientización para el retorno y mantenimiento de vínculos culturales con aquellas personas que se encuentren por fuera de sus comunidades y del territorio, y que no quieran retornar a los mismos.
Este decreto garantiza a su vez el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena para que sus autoridades puedan ejercer sus funciones con legitimidad, reconocimiento y apoyo del Estado. De igual forma, reconoce y reconstruye la importancia de la mujer desde la cultura, respetando y visibilizando su rol en la familia, en el pueblo y en el territorio, al tiempo que garantiza a la niñez del pueblo indígena afectado el acceso a la educación intercultural, así como a la salud integral y a una alimentación bajo el enfoque diferencial étnico.

En su función de garante de derechos de las comunidades indígenas y buscando la afirmación de acciones de gobierno dentro de la oferta institucional que conlleven a la pervivencia cultural de los pueblos indígenas, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del –Ministerio del Interior ha planteado a través del Subcomité Técnico de Enfoque Diferencial, una serie de orientaciones para la atención de los pueblos indígenas con la implementación del enfoque étnico diferencial. Estas indicaciones generales han sido planteadas a las entidades responsables de la nueva ruta de atención del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas –SNARIV- y a los entes territoriales con el ánimo de promover una política pública idónea que asegure la integralidad, igualdad y calidad de la respuesta del estado de manera coordinada; respetando los usos y costumbres, el derecho consuetudinario y las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas.




  1. Fortalecimiento a las instancias de coordinación indígena.

El fortalecimiento a las instancias de Coordinación Indígena, se viene dando desde las comisiones técnicas delegadas por la Mesa Permanente de Concertación (Decreto 1397 de 1996), en aras de apoyar la definición de los diferentes temas establecidos en la Ley de Víctimas y sus decretos con fuerza de Ley en el marco de las competencias del Ministerio del Interior.
En este sentido y con el ánimo de adelantar el seguimiento a la implementación, se llevó a cabo los días 5 y 6 de marzo de 2013 en la ciudad de Puerto Asís, una Mesa Permanente de Concertación que arrojo importantes compromisos a la institucionalidad corresponsable. Uno de ellos que compromete a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y minorías del Ministerio del Interior es el apoyo a la recién creada Comisión Técnica de Seguimiento Indígena la cual tendrá la finalidad de ir concertando aquellos aspectos establecidos que ameriten de consenso por parte de los representantes de los pueblos indígenas.





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