Anexo 3 Matriz de seguimiento de recomendaciones del segundo ciclo de revisión ante el mepu



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Anexo 3

Matriz de seguimiento de recomendaciones del segundo ciclo de revisión ante el MEPU




Matriz de seguimiento a las recomendaciones derivadas de la segunda revisión de

México ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal

Tema

Tema Específico

Recomendación

Estatus

(cumplida, en proceso, no reporta avances)

Dependencias competentes

Acciones realizadas para dar cumplimiento

Armonización legislativa




12. Trabajar en pro de la rápida incorporación a la legislación federal y estatal de las disposiciones de los instrumentos internacionales, incluido el Estatuto de Roma (Túnez);

En proceso


Poder Legislativo

PGR

CJA-SRE



Entre 2010 y 2012, la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario de México elaboró un anteproyecto de reformas a la legislación penal federal para armonizarla con los crímenes contenidos en el Estatuto de Roma y otros instrumentos de derecho internacional humanitario de los que México es Parte.

Asimismo, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) elaboró un proyecto de Código Nacional Penal en el año 2017, a fin de contar con un sistema de justicia penal homologado, con aplicación en todo el territorio. La iniciativa se encuentra dividida en tres libros, el tercero es el que establece los delitos y la responsabilidad penal internacional, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Roma. Dicho proyecto tiene la calidad de iniciativa. Ello debido a que es necesario contar primero con una reforma constitucional que determine la posibilidad del Congreso de la Unión para legislar en materia penal sustantiva única.

Para México, es indispensable y prioritario consolidar una legislación sin discriminación, que reconozca y proteja los derechos humanos de las mujeres concretando las reformas necesarias que garanticen su desarrollo en todos los ámbitos; en el periodo que corresponde de agosto de 2014 a diciembre de 2017, se registró un avance de 248 modificaciones en materia penal consistentes en reformar, adicionar o derogar preceptos discriminatorios.


16. Armonizar plenamente su legislación nacional con las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma (Estonia);

13. Seguir armonizando el sistema de justicia y la legislación penal del país con las reformas constitucionales (Ucrania);

En proceso

PGR

CNS


Poder Legislativo

Poder Judicial



La Presidencia envió en 2017 al Congreso de la Unión, un primer paquete con ocho iniciativas de reforma constitucional, tres iniciativas de reforma legal y la propuesta de una nueva Ley General, así como un decreto administrativo, que forman parte de las reformas en materia de Justicia Cotidiana. Sus principales elementos son los siguientes:
1. Crear, a nivel constitucional, el Sistema Nacional de Impartición de Justicia, lo que permitirá una mayor articulación entre los Poderes Judiciales y los demás órganos del Estado Mexicano que imparten justicia.

2. Fortalecer la independencia de los poderes judiciales locales, así como sus órganos de administración, vigilancia y sanción. Se impulsa que los jueces y magistrados se nombren a partir de conocimientos y experiencia, para elevar la calidad de la justicia que imparten. Se busca que las autoridades privilegien la resolución del fondo de los conflictos, evitando que los formalismos o tecnicismos legales retrasen o nieguen la justicia a la población.

3. Crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para unificar en todo el país las reglas en esta materia. Para evitar la disparidad de derechos, y lograr que en todos las Entidades Federativas prevalezcan las mejores prácticas.

4. Se propone una Ley General de Justicia Itinerante, para que la Justicia llegue a todo México, sin importar que tan pequeña o de difícil acceso sea una comunidad, y que la justicia esté al servicio de los que más la necesitan.


Asimismo, se implementó el sistema de justicia penal acusatorio el 18 de junio de 2016, que implica un cambio radical de paradigma, al transitar de un sistema penal inquisitorio a un sistema oral acusatorio a nivel nacional, que permite proteger los derechos humanos de manera efectiva en todo el proceso.
Se publicó en el Diario Oficial la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en junio de 2016.
La PGR impulsó el desarrollo de una “Guía Básica en materia de Derechos Humanos para el Desarrollo de Audiencias”, con el propósito de proporcionar a los Agentes del Ministerio Público Federal con los conocimientos básicos para el desarrollo de audiencias en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, con base en el respeto a los derechos humanos.
En 2015 y 2016, en la PGR se impartieron 186 sesiones de capacitación en materia de Derechos Humanos y Género, a los que asistió un total de 5,297 servidores públicos (39% hombres y 61% de mujeres).

14. Proseguir las reformas constitucionales, con miras a elaborar una legislación penal coherente a nivel federal (Eslovaquia);

104. Continuar la lucha contra la impunidad, especialmente en relación con la violencia contra las mujeres, los niños, los defensores de derechos humanos, los periodistas y todos los demás grupos vulnerables (Estonia)/Luchar contra la impunidad mediante la realización de investigaciones exhaustivas de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos (Francia);







11. Proseguir sus actividades e iniciativas encaminadas a promulgar la legislación necesaria para proteger y promover los derechos humanos y garantizar el desarrollo económico y un mejor nivel de vida (Omán);

En proceso

Poder Legislativo
Todas las dependencias de la APF

Se impulsó la armonización legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres. En 2015, se realizó un análisis con perspectiva de género a la legislación penal, civil y laboral para identificar preceptos discriminatorios que vulneran los derechos humanos de las mujeres y las omisiones, en la legislación vigente, de derechos que no se encuentra contemplados. Los hallazgos se han compartido a los Gobiernos y Congresos locales para concretar las reformas correspondientes.
Por otra parte, el INMUJERES, por medio del Sistema Automatizado de Opiniones de la Administración Pública Federal (SAO), ha revisado y dictaminado de 2011 a la fecha más de 500 iniciativas a las que han sido incorporados el enfoque de género y derechos humanos de las mujeres.
De agosto de 2014 al 31 de marzo de 2017, los congresos locales de las entidades federativas reformaron, adicionaron o derogaron 330 normas para garantizar los derechos humanos de las mujeres en sus códigos penales y 151 en sus códigos civiles y familiares, armonizándolos con el marco federal y con los instrumentos internacionales en esta materia.

En 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que reconoce a niñas, niños y adolescentes (NNA) como titulares de derechos, crea y regula el “Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” y sienta las bases para la participación de los sectores privado y social en la materia.

Se reformó en 2014 la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, a fin de establecer competencias y mecanismos de coordinación, entre los tres órdenes de gobierno, para la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos en materia de trata de personas y la reparación del daño a las víctimas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva.

Asimismo, en 2014 se reformó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, misma que amplió el catálogo de motivos de discriminación, para incluir color de piel, cultura, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, identidad o filiación política, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales, homofobia, misoginia, segregación racial, discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. De 32 Leyes antidiscriminatorias en las Entidades Federativas, 27 cuentan con la prohibición expresa de género como motivo de discriminación.

En 2015 se publicó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a los estados a crear organismos autónomos que aseguren la máxima transparencia en el acceso a la información. Amplía el número de sujetos obligados a órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, y cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal terminó de implementarse en 2016. Dicha Reforma constitucional logró expedir legislaciones únicas y transformar el proceso penal tradicional en uno de corte acusatorio y oral, con base en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, igualdad de las partes, debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento.
Se aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal en el 2016, que regula la prisión preventiva, la ejecución de penas y las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Establece los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regula los medios para la reinserción social.
En 2017, a cuatro años de la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas (2013), y ante la necesidad de atender la demanda de las personas en situación de víctima de contar con un marco normativo óptimo para dar cumplimiento a las responsabilidades del Estado en la materia, se llevó a cabo una reforma cuyo objeto fue optimizar los mecanismos para asistir, atender y reparar de manera integral a las víctimas. Los aspectos principales atendidos por la reforma fueron: la eficacia en el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI); los Derechos de las personas en situación de desplazamiento interno de contar con políticas con enfoque diferencial; se incorpora la facultad de atracción considerando la magnitud del hecho victimizante; se amplían las instituciones que pueden otorgar la calidad de víctimas; se reestructura la organización y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desaparece el pleno y se designa a un Comisionado Ejecutivo, se fortalece la participación de la sociedad civil a través de la creación de la Asamblea Consultiva y se fortalece la figura del asesor jurídico de las víctimas.

Se aprobó la Reforma Laboral en 2017, que transformó el sistema de justicia laboral para fortalecer su eficiencia y autonomía. Se crean los tribunales del Poder Judicial en materia laboral (anteriormente las juntas laborales dependían del Poder Ejecutivo) e instancias de conciliación obligatoria para la solución pacífica de las controversias laborales.



En 2017 se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura, que establece la distribución de competencias y coordinación entre autoridades para prevenir, investigar y sancionar dichas conductas; homologa los delitos conforme a estándares internacionales, establece las medidas de atención y asistencia a víctimas del delito, la responsabilidad de diferentes autores por acción u omisión, incluidos superiores jerárquicos que conozcan o participen en esos delitos. Prevé la exclusión de toda prueba obtenida, directa o indirectamente, a través de tortura; crea fiscalías especializadas; garantiza el derecho de presentar peritajes independientes apegados al Protocolo de Estambul y la imprescriptibilidad de la acción penal.
En 2017 se aprobó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Dicha ley establece la distribución de competencias y la estrategia de coordinación entre autoridades para prevenir, investigar y sancionar dichas conductas, homologa el delito de desaparición forzada y desaparición por particulares; establece el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, así como un Consejo Ciudadano para la evaluación de la aplicación de la ley, la creación de Fiscalías especializadas y el fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.


28. Adoptar las medidas necesarias para aprobar o mejorar leyes subsidiarias durante la armonización de las enmiendas constitucionales y legislativas relacionadas con la promoción de los derechos humanos (Tailandia);

33. Seguir esforzándose por garantizar que todas las autoridades del país apliquen de manera efectiva el nuevo marco jurídico para que todos los ciudadanos puedan ejercer efectivamente sus derechos (Montenegro);

35. Seguir esforzándose por fortalecer y promover los derechos humanos (Yemen);

38. Proseguir las iniciativas en relación con las medidas adoptadas y la legislación aprobada para la aplicación efectiva de las nuevas disposiciones constitucionales (Marruecos);

Derechos civiles y políticos.



Combate a la corrupción y la impunidad

106 Redoblar los esfuerzos para combatir la impunidad y la corrupción en todo el país mediante la creación de una institución federal de lucha contra la corrupción, con capacidad de enjuiciar; así como mediante la asignación de recursos suficientes para investigar y enjuiciar los delitos contra las mujeres y los niños (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);

En proceso


SFP

ASF


PGR

Poder Judicial



Poder Legislativo


El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de combate a la corrupción. El objetivo de la reforma, es entre otros, dotar de atribuciones a diversas autoridades de todos los órdenes de gobierno para combatir la corrupción.
Establece la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) integrado por autoridades y ciudadanos. El SNA funge como la instancia coordinadora entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.
Las disposiciones de la reforma constitucional se consolidaron mediante la expedición de un paquete de leyes generales y federales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, entre las cuáles se encuentra la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, como nuevas leyes; además de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal.
El SNA cuenta con un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos, que aseguran la participación de la sociedad civil en el cumplimiento de los objetivos del SNA.
De enero de 2017 a la fecha, la PGR coordinó 63 actividades académicas relacionadas al tema de combate a la corrupción, beneficiando a 1,152 Servidoras y Servidores Públicos de la institución.
Como parte de los planes y programas de estudio de los Cursos de Formación y Capacitación Inicial para Agentes de la Policía Federal Ministerial (generación 2017-II), el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, impartió la asignatura "Ámbito de responsabilidades del Agente de la Policía Federal Ministerial", en la cual se abordó el tema "Delitos por hechos de corrupción".
Asimismo, se impartió el "Taller de técnicas de traducción y terminología jurídica", dirigido a Aspirantes a Peritos (generación 2017), en el cual se abordó de manera específica el tema "Delitos por hechos de corrupción".

107 Continuar e intensificar sus esfuerzos para combatir la corrupción en todos los niveles de la administración pública (Chipre)/Seguir luchando contra la corrupción en todos los niveles (Cuba);

Combate a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes

19 Armonizar el marco jurídico contra la tortura con las normas internacionales de derechos humanos y aplicar el Protocolo de Estambul en todos los estados federales. Las personas responsables de actos de tortura deben ser sancionadas como corresponde para prevenir la práctica de la tortura en el futuro (Alemania);

En proceso



PGR


CNS

Poder Judicial

Poder Legislativo


En 2015, la PGR promovió tres instrumentos para la investigación del delito de tortura:



  • El 5 de octubre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo A/085/15, que establece las Directrices que deben seguir los agentes del Ministerio Público de la Federación, los peritos en medicina y psicología y demás personal de la PGR, para los casos en que se presuma la comisión del delito de tortura.



  • El 27 de octubre de 2015, se publicó en el DOF el Acuerdo A/101/15 por el que se crea la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la cual concentra los casos de investigación en materia de tortura, bajo un órgano especializado, optimizando el uso de recursos y promoviendo una actuación ministerial oportuna, sensible, eficiente y efectiva.



  • El 19 de agosto de 2015, en la XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, fue aprobado el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, publicándose el 23 de septiembre del 2015 en el DOF.

Asimismo, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, las autoridades civiles cuentan con un marco para conocer sobre casos de presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar. En ese sentido, cualquier afectación a los derechos humanos cometida por un militar puede ser revisada o recurrida ante tribunales ordinarios a través de un juicio de amparo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sin embargo, el cambio paradigmático se realizó en 2017 con la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura, misma que establece la distribución de competencias y coordinación entre autoridades para prevenir, investigar y sancionar dichas conductas; homologa los delitos conforme a estándares internacionales, establece las medidas de atención y asistencia a víctimas del delito, la responsabilidad de diferentes autores por acción u omisión, incluidos superiores jerárquicos que conozcan o participen en esos delitos. Prevé la exclusión de toda prueba obtenida, directa o indirectamente, a través de tortura; crea fiscalías especializadas; garantiza el derecho de presentar peritajes independientes apegados al Protocolo de Estambul y la imprescriptibilidad de la acción penal.

Con base en dicha ley, el 26 de enero de 2018, se publicó en el DOF el Acuerdo A/006/18 por el que se crea la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura y se establecen sus atribuciones como encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con los delitos señalados en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.


El 4 y 5 de diciembre de 2017, en el marco de la XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se aprobó la actualización del Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, conforme a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Asimismo, actualmente trabaja en la aprobación de los perfiles que deberán cubrir los servidores públicos de las Fiscalías Especializadas, así como en un Programa de Capacitación en la materia.
De acuerdo a la información identificada en el Sistema de Información de la Profesionalización (SIP), de enero de 2017 a la fecha se coordinó 1 Actividad Académica relacionadas al tema de PROTOCOLO DE ESTAMBUL, beneficiando a 16 Servidoras y Servidores Públicos de la institución

Con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité contra la Tortura, en particular en lo referente a proporcionar una reparación integral a las víctimas del tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluida una indemnización justa y adecuada y una rehabilitación tan completa como sea posible, se informa que con corte al 31 de mayo de 2018, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ha emitido 26 proyectos de dictamen en materia de reparación integral, a través de los se atendieron y repararon a 114 víctimas de tortura y desaparición forzada, de conformidad con las medidas establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Víctimas, entre las que destacan medidas de: i) restitución, ii) rehabilitación, iii) compensación, iv) satisfacción y v) no repetición, derivados hechos victimizantes relacionados con la tortura.




Lineamientos generales para la estandarización de investigaciones
Derechos económicos sociales y culturales
Conforme al plan nacional de desarrollo 2013-2018 en la meta nacional "méxico próspero
Comedor del niño indígena
Los recursos ejercidos ascendieron a 1,888 millones de pesos
Derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes
Del 2013 a 2017, han participado aproximadamente 100 mujeres indígenas de méxico y centroamérica
Para el mes de mayo de 2018



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