Amparo Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia



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133-2015

Amparo

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las once horas con once minutos del día veintidós de junio de dos mil dieciséis.

El presente proceso de amparo ha sido promovido por la señora Dora Linda H. viuda de H. contra el Director Ejecutivo y la Directora del Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca (RPRH), ambos del Centro Nacional de Registros (CNR), por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales de audiencia, de defensa, de petición y a la estabilidad laboral, consagrados en los arts. 2, 11, 18 y 219 inc. 2º Cn.

Han intervenido en la tramitación de este amparo la parte actora, las autoridades demandadas y la Fiscal de la Corte Suprema de Justicia.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. La actora manifestó que ingresó a laborar en el CNR el 13-V-1998 y que desempeñó diversos cargos, el último de ellos como Jefa Administrativa del RPRH de la Primera Sección del Centro; sin embargo, el 30-X-2014 la Directora del referido registro le comunicó verbalmente la decisión de dar por finalizado su contrato laboral a partir del 31-X-2014. Ante dicha situación, se reunió con el Director Ejecutivo del CNR, quien le manifestó que la decisión de finalizar el contrato fue tomada por la citada Directora, pero que él estaba de acuerdo y que se debía a quejas formuladas por el personal a su cargo sobre el trato que les daba. Además, le expresó que tenía la opción de aceptar la indemnización establecida en el art. 78 del Contrato Colectivo de Trabajo del CNR (CCTCNR) o que se tramitara el proceso conforme al Código de Trabajo (CT) y que en este se comprobaran los referidos hechos.

Con relación a lo anterior, sostuvo que dichas autoridades vulneraron sus derechos de audiencia, de defensa y a la estabilidad laboral, ya que las labores que desempeñaba eran de carácter permanente y el cargo que desempeñaba no era de confianza, por lo que debió tramitarse un procedimiento previo ante la autoridad competente en el que se justificaran y comprobaran las causas para finalizar su contrato laboral y destituirla de su cargo y en el cual tuviera la oportunidad de controvertir aquellas y defenderse.



Por otra parte, expuso que el 5-XI-2014 presentó un escrito al Director Ejecutivo del CNR por medio del cual solicitó que le informara las razones que motivaron su despido; en virtud de ello, el 25-XI-2014 se le notificó la nota CNR/DE/721/2014/H15811, suscrita por el referido funcionario, en la cual expresó que los motivos que fundamentaron la decisión de finalizar su relación laboral con la institución le habían sido expuestos de forma personal en una reunión que sostuvieron con anterioridad, por lo que, a su juicio, la referida autoridad no le dio una verdadera respuesta a su requerimiento y transgredió su derecho de petición.

2. A. Mediante el auto del 29-V-2015 se admitió la demanda en los términos planteados por la actora, circunscribiéndose al control de constitucional de: (i) la decisión del Director Ejecutivo y la Directora del RPRH, ambos del CNR, de finalizar anticipadamente el contrato laboral de la actora y, por ende, separarla del cargo que desempeñaba como Jefa Administrativa del RPRH de la Primera Sección del Centro; y (ii) la omisión del Director Ejecutivo del CNR de dar una respuesta congruente a la petición efectuada por la demandante el 5-XI-2014.

B. En la misma interlocutoria, con el objeto de tutelar de manera preventiva los derechos de la peticionaria, se ordenó la suspensión de los efectos de la decisión de dar por finalizada la relación laboral con el CNR, en el sentido de que, durante la tramitación de este proceso de amparo y no obstante que la actora hubiera sido separada de su cargo, las autoridades del CNR debían restituir a la peticionaria en el cargo de Jefa Administrativa del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro y permitir que siguiera desempeñando todas las funciones conferidas o nombrarla en otro cargo de igual categoría.

C. Por otro lado, se pidió a las autoridades demandadas que rindieran el informe establecido en el art. 21 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (L.Pr.Cn.), quienes alegaron que las vulneraciones constitucionales que se les atribuían en la demanda no eran ciertas.

D. Finalmente, se le confirió audiencia a la Fiscal de la Corte de conformidad con el art. 23 de la L.Pr.Cn., quien no hizo uso de ella.

3. A. Mediante providencia del 8-VII-2015 se confirmó la suspensión de los efectos del acto reclamado, se pidió a las autoridades demandadas que rindieran el informe justificativo que regula el art. 26 de la L.Pr.Cn. y, además, se ordenó a las referidas autoridades que cumplieran con la medida precautoria adoptada en este proceso y rindieran informe detallado al respecto.

B. Al rendir sus informes, en síntesis, las autoridades demandadas manifestaron que la Dirección de Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas se vio en la obligación de finalizar anticipadamente la relación laboral que unía a la demandante con la institución –el contrato de servicios por remuneraciones permanentes nº 471/2014, suscrito para el plazo comprendido del 1-I-2014 al 31-XII-2014–, en virtud de que empleados subalternos de la actora y el Sindicato de Trabajadores del CNR (STCNR) plantearon a la Dirección de la CNR que la actora efectuaba malos tratos de índole psicológica y verbal al personal que laboraba bajo sus órdenes. Dichas circunstancias producían una afectación a la dignidad de las personas, a la armonía laboral y, además, constituía una transgresión a las obligaciones estipuladas en el contrato individual de trabajo y al art. 34 del CCTCNR. Así, en virtud de la urgente necesidad de restablecer el buen clima laboral en la institución, con fundamento en la cláusula 78 del CCTCNR, se dio por finalizado de forma anticipada el contrato laboral con la demandante, con responsabilidad para el CNR, y se ordenó el pago de la correspondiente indemnización. En otro orden de ideas, el Director del CNR afirmó que el 25-XI-2014 emitió una respuesta por escrito a la solicitud formulada por la actora el 5-XI-2014, pero no accedió a la petición porque ello hubiese extinguido la posibilidad de aplicar la cláusula 78 del CCTCNR y otorgarle una indemnización.

4. A. Posteriormente, en virtud de auto de 24-VIII-2015, se confirieron los traslados que ordena el art. 27 de la L.Pr.Cn., respectivamente, a la Fiscal de la Corte y a la parte actora.

B. La Fiscal de la Corte, al evacuar el traslado que le fue conferido, sostuvo que le correspondía a las autoridades demandadas comprobar que con sus actuaciones no se afectó la esfera jurídica de la demandante.

C. La actora manifestó que las denuncias sobre malos tratos que fueron formuladas en su contra por el STCNR ante el Ministerio de Trabajo, después del respectivo procedimiento de investigación, finalizaron con la exoneración de su responsabilidad. Por otra parte, señaló que las autoridades del CNR, al manifestar que dieron por finalizada la relación laboral de forma anticipada con la finalidad de restablecer el buen clima laboral, han reconocido el despido del que fue objeto y que vulneró sus derechos.

5. Mediante auto del 21-X-2015 se habilitó la fase probatoria por el plazo de 8 días, de conformidad con lo dispuesto en el art. 29 de la L.Pr.Cn., lapso en el cual las partes efectuaron los ofrecimientos probatorios que consideraron pertinentes.

6. Posteriormente, en virtud del auto de fecha 14-XII-2015 se confirieron los traslados que ordena el art. 30 de la L.Pr.Cn., respectivamente, a la Fiscal de la Corte, quien manifestó que debía sobreseerse a la Directora del RPRH del CNR, en virtud de que dicha funcionaria únicamente propuso y solicitó la finalización unilateral del contrato de la demandante, pero fue el Director Ejecutivo del CNR el que desplegó potestades decisorias; en otro orden de ideas, expuso que, a su criterio, la demandante era titular del derecho a la estabilidad laboral, por lo que al no haberse tramitado un procedimiento la autoridad demandada vulneró sus derechos de audiencia, de defensa y a la estabilidad laboral; por otra parte, respecto a la omisión del Director Ejecutivo del CNR de dar una respuesta a la petición formulada por la pretensora el 5-XI-2014, considera que la contestación efectuada por dicha autoridad fue incongruente, inadecuada y carente de motivación, lo cual se tradujo en la afectación del derecho de petición de la pretensora; a la parte actora y a las autoridades demandadas, quienes reiteraron los argumentos expuestos en sus anteriores intervenciones.

7. Concluido el trámite establecido en la L.Pr.Cn., el presente amparo quedó en estado de pronunciar sentencia.

II. 1. Antes de proceder al examen de fondo, se analizará una posible causa de sobreseimiento en el presente proceso.

A. En la Resolución del 24-III-2010, Amp. 301-2007, se expresó que la legitimación pasiva se entiende como el vínculo existente entre el sujeto pasivo de la pretensión y el supuesto agravio generado por la acción u omisión de una autoridad que aparentemente lesionó los derechos fundamentales del peticionario. Ello implica que el presunto perjuicio ocasionado por el acto sometido a control constitucional debe emanar de las actuaciones de las autoridades que decidieron el asunto controvertido. Por ello, el proceso de amparo no procede contra aquellos que, si bien tienen la calidad de autoridades y poseen facultades para limitar, bajo ciertas condiciones, derechos fundamentales, no concurrieron con su voluntad en la configuración del acto que lesionó o restringió los derechos fundamentales de una persona.

Aunado a lo anterior, debe precisarse que la existencia de vicios o defectos esenciales en la pretensión genera la imposibilidad para el Tribunal de juzgar el caso concreto o, en su caso, torna inviable la tramitación completa del proceso. En el segundo supuesto, esta clase de rechazo se manifiesta mediante el sobreseimiento.



B. a. La admisión de este proceso de amparo se circunscribió al control de constitucionalidad de la decisión del Director Ejecutivo y la Directora del RPRH, ambos del CNR, de finalizar anticipadamente el contrato laboral de la peticionaria y, por ende, separarla del cargo que desempeñaba como Jefa Administrativa del RPRH de la Primera Sección del Centro.

b. Al respecto, por una parte, se advierte que el Manual de Organización y Funciones del CNR establece que es responsabilidad del Director Ejecutivo la gestión de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la institución. Asimismo, según el Acuerdo nº 144-CNR/2014 de 5-VI-2014, el Consejo Directivo del CNR delegó en el Director Ejecutivo, entre otras atribuciones, la de declarar por terminadas las relaciones laborales del personal con la institución. Por otra, se observa que, por medio del memorándum DRPRH/1467/2014 de fecha 20-X-2014, la Directora del RPRH solicitó al Director Ejecutivo y a la Subdirectora Ejecutiva del CNR la finalización del contrato laboral de la Jefa Administrativa del RPRH de la Primera Sección del Centro, debido a diversas quejas de maltrato y malas relaciones interpersonales denunciadas por el personal a su cargo; en respuesta a dicha petición, el Director Ejecutivo del CNR, mediante el Acuerdo nº 241-BIS/214 de fecha 31-X-2014, acordó autorizar la finalización del referido contrato a partir del 1-XI-2014 y, en consecuencia, proceder a hacer efectiva la correspondiente indemnización.

c. De lo anterior, se colige que la autoridad que desplegó potestades decisorias en el acto de finalización del contrato de la peticionaria fue el Director Ejecutivo del CNR y que la Directora del RPRH intervino en el acto reclamado únicamente solicitando la finalización de la relación contractual. En consecuencia, se concluye que la referida Directora carece de legitimación pasiva en el presente proceso, siendo pertinente sobreseer en el presente amparo por la vulneración de derechos constitucionales que le fue atribuida.

2. Depurada la pretensión, el orden lógico con el que se estructurará esta resolución es el siguiente: en primer lugar, se determinará el objeto de la presente controversia (III); en segundo lugar, se hará una exposición sobre el contenido de los derechos alegados (IV); en tercer lugar, se analizará el caso sometido a conocimiento de este Tribunal (V), y, finalmente, se determinará el efecto del fallo (VI).

III. En el presente caso, el objeto de la controversia consiste en determinar si el Director Ejecutivo del CNR vulneró los derechos de audiencia, de defensa, de petición y a la estabilidad laboral de la señora Dora Linda H. viuda de H. al haber autorizado la terminación anticipada de su contrato de trabajo para el cargo de Jefa Administrativa del RPRH de la Primera Sección del Centro y, además, omitir dar una respuesta congruente a la petición efectuada por la demandante el 5-XI-2014.

IV. Se hará ahora referencia al contenido de los derechos alegados.

1. A. El art. 219 inc. 2º de la Cn. regula la carrera administrativa y garantiza a los empleados públicos “estabilidad en el cargo”. Es de dicho precepto constitucional que se ha derivado el derecho a la estabilidad laboral.

Tomando en consideración el referido precepto constitucional, en dos Sentencias del 19-XII-2012, Amps. 1-2011 y 2-2011 respectivamente, se aclaró que, si bien la Constitución no menciona explícitamente ciertas carreras administrativas específicas, ello no significa que las mismas carezcan de protección constitucional, pues quedan comprendidas en la carrera administrativa que de manera general establece aquel precepto. Así, la carrera administrativa no es la única establecida en la Ley Suprema, ya que están elevadas a rango constitucional otras carreras como la judicial y la militar (arts. 186 inc. 1º y 214 inc. 1º de la Cn. respectivamente), mientras que otras son establecidas en leyes secundarias como la Ley de la Carrera Policial, la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático de El Salvador y la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.



La carrera administrativa supone un régimen que establece: las condiciones de ingreso del recurso humano a las instituciones públicas; los derechos y deberes de las personas que se encuentran bajo ese sistema; los requisitos, procedimientos y supuestos en que se basan las promociones, ascensos, traslados, suspensiones y cesantías; y los recursos contra las resoluciones que afectan a tales servidores. En ese sentido, la carrera administrativa debe garantizar la continuidad y promoción del elemento humano capacitado y experimentado, que desempeña de manera eficiente funciones públicas en el Estado, en los municipios y en las instituciones oficiales autónomas.

B. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que, salvo las excepciones constitucional y legalmente previstas, todo servidor público es titular del derecho a la estabilidad laboral, por lo que este surte sus efectos plenamente frente a destituciones arbitrarias, es decir, realizadas con transgresión a la Constitución o a las leyes. Concretamente, según las Sentencias del 19-V-2010, 11-VI-2010, 24-XI-2010 y 11-III-2011, Amps. 404-2008, 307-2005, 1113-2008 y 10-2009 respectivamente, el derecho a la estabilidad laboral confiere a su titular el derecho a conservar su empleo siempre y cuando: (i) subsista el puesto de trabajo; (ii) no haya perdido su capacidad física o mental para desempeñar el cargo; (iii) desarrolle sus labores con eficiencia; (iv) no haya cometido una falta grave establecida en la ley como causa de despido; (v) subsista la institución en la que presta sus servicios; y (vi) el puesto no sea de aquellos cuyo desempeño requiere de confianza personal o política.

Se tiene así que el derecho a la estabilidad laboral, a pesar de estar reconocido en la Constitución, tiene sus limitaciones. Sin embargo, previo a una destitución, debe tramitarse un procedimiento en el que se aseguren oportunidades de audiencia y de defensa.

C. Como un caso particular, en los citados Amps. 1-2011 y 2-2011, se sostuvo que, para determinar si una persona es o no titular del derecho a la estabilidad laboral, se debe analizar –independientemente de que esté vinculada con el Estado por medio de Ley de Salarios o de un contrato de servicios personales– si en el caso particular concurren las condiciones siguientes: (i) que la relación laboral es de carácter público y, por ende, el trabajador tiene el carácter de empleado público; (ii) que las labores pertenecen al giro ordinario de la institución, es decir, que guardan relación con las competencias de dicha institución; (iii) que las labores son de carácter permanente, en el sentido de que se realizan de manera continua y, por ello, quien las efectúa cuenta con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutarlas de manera eficiente; y (iv) que el cargo desempeñado no es de confianza, circunstancia que debe determinarse con base en los criterios fijados por este Tribunal.

En definitiva, si un trabajador se encuentra vinculado con el Estado en virtud de un contrato con plazo determinado, la sola invocación de este por parte del empleador no constituye razón suficiente para tener establecido que la prestación de servicios por parte de aquel a favor del Estado es de naturaleza eventual o extraordinaria. Ello constituye una aplicación indebida del art. 83 de las Disposiciones Generales de Presupuesto, ya que se utiliza la figura del contrato para obtener servicios que pertenecen al giro ordinario de una determinada institución.



2. Por otra parte, en la Sentencia del 11-II-2011, Amp. 415-2009, se expresó que el derecho de audiencia (art. 11 inc. 1º de la Cn.) posibilita la protección de los derechos subjetivos de los que es titular la persona, en el sentido de que las autoridades están obligadas a seguir, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia o, en su ausencia, en aplicación directa de la disposición constitucional citada, un proceso en el que se brinde a las partes la oportunidad de conocer las respectivas posturas y de contradecirlas, previo a que se provea un acto que cause un perjuicio en los derechos de alguna de ellas. Así, el derecho de defensa (art. 2 inc. 1º de la Cn.) está íntimamente vinculado con el derecho de audiencia, puesto que es dentro del proceso donde los intervinientes tienen la posibilidad de exponer sus razonamientos y de oponerse a su contraparte en forma plena y amplia.

Para que lo anterior sea posible, es necesario hacer saber al sujeto contra quien se inicia dicho proceso la infracción que se le reprocha y facilitarle los medios necesarios para que ejerza su defensa. De ahí que existe vulneración de estos derechos fundamentales por: (i) la inexistencia de un proceso en el que se tenga la oportunidad de conocer y de oponerse a lo que se reclama, o (ii) el incumplimiento de las formalidades esenciales establecidas en las leyes que desarrollan estos derechos.



3. A. Respecto al derecho de petición, en las Sentencias de 5-I-2009 y 14-XII-2007, Amps. 668-2006 y 705-2006, respectivamente, se sostuvo que el derecho de petición, consagrado en el art. 18 de la Cn., faculta a toda persona –natural o jurídica, nacional o extranjera– a dirigirse a las autoridades para formular una solicitud por escrito y de manera decorosa.

Correlativamente al ejercicio de ese derecho, se exige a los funcionarios que respondan a las solicitudes que se les planteen y que dicha contestación no se limite a dejar constancia de haberse recibido la petición. En ese sentido, la autoridad ante la cual se formule una petición debe responderla conforme a sus facultades legales y en forma motivada y congruente, haciéndole saber al interesado su contenido. Ello, vale aclarar, no significa que tal resolución deba ser favorable a lo pedido, sino solamente que se dé la correspondiente respuesta.

Además, las autoridades legalmente instituidas, que en algún momento sean requeridas para dar respuesta a determinado asunto, tienen la obligación de resolver lo solicitado en el plazo legal o, si este no existe, en uno que sea razonable.

B. Por otra parte, en la Sentencia del 15-VII-2011, Amp. 78-2011, se afirmó que las peticiones pueden realizarse, desde una perspectiva material, sobre dos puntos: (i) un derecho subjetivo o interés legítimo del cual el peticionario es titular y pretende ejercer ante la autoridad; y (ii) un derecho subjetivo, interés legítimo o situación jurídica de la cual el solicitante no es titular, pero pretende su reconocimiento mediante la petición realizada.

Entonces, para la plena configuración del agravio, en el caso del referido derecho fundamental, es indispensable que, dentro del proceso de amparo, el actor detalle cuál es el derecho, interés legítimo o situación jurídica material que ejerce o cuyo reconocimiento pretende.



V. A continuación, se analizará si la actuación de la autoridad demandada se sujetó a la normativa constitucional.

1. A. Las partes aportaron como prueba, entre otros, los siguientes documentos: (i) copia simple del Acuerdo nº 011/2005 adoptado el 3-I-2005 por el Director Ejecutivo del CNR, en el cual autorizó el traslado de 11 profesionales y técnicos de la Unidad Administradora de Proyectos hacia la Dirección de Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas del CNR, entre los cuales se incluyó a la señora Dora Linda H. viuda de H. con el cargo de Jefa Administrativa; (ii) copias simples de los contratos de servicios por remuneraciones permanentes nº 052/2005 y 1131/2005, mediante los cuales se estableció la relación laboral entre el CNR y la señora H. viuda de H. para desempeñar el cargo de jefa Administrativa del RPRH de la Primera Sección del Centro por los períodos comprendidos del 3 de enero al 31 de diciembre de 2005; (iii) certificación extendida por la Gerente de Desarrollo Humano del CNR de los contratos de servicios por remuneraciones permanentes nº 365/2006, 452/2007, 1011/2008, 486/2009, 442/2010, 444/2011, 462/2012 y 458/2013, por medio de los cuales se estableció la relación laboral entre el CNR y la actora para desempeñar el cargo de Jefa Administrativa del RPRH de la Primera Sección del Centro por los períodos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 a 2013; (iv) certificación notarial del contrato de servicios por remuneraciones permanentes 471/2014, mediante el cual se estableció la relación laboral entre el CNR y la peticionaria para desempeñar el cargo de Jefa Administrativa del RPRH de la Primera Sección del Centro por los períodos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; (v) certificación de memorándum DRPRH/1467/2014 de 20-X-2014, remitido por la Directora del RPRH al Director Ejecutivo y a la Subdirectora Ejecutiva del CNR, por medio del cual solicitó la finalización del contrato laboral de la Jefa Administrativa del RPRH de la Primera Sección del Centro, debido a diversas quejas formuladas por el personal a su cargo, en las que señalaban acciones de maltrato y malas relaciones interpersonales; (vi) certificación del Acuerdo nº 241-Bis/2014 emitido por la Dirección Ejecutiva del CNR el 31-X-2014, mediante el cual autorizó la finalización de la relación laboral entre la señora H. viuda de H. y el CNR a partir del 1-XI-2014 y, en consecuencia, proceder a hacer efectiva la correspondiente indemnización de conformidad con la cláusula nº 78 del CCTCNR; (vii) copia simple de nota de fecha 25-XI-2014, por medio de la cual la Gerente de Desarrollo Humano comunicó a la demandante que el cheque de indemnización se encontraba listo, por lo cual le solicitó presentarse a la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional para hacerle entrega del mismo; (viii) copia simple de nota de fecha 5-XI-2014, por medio de la cual la demandante solicitó al Director Ejecutivo del CNR que le explicara y fundamentara en forma escrita las razones para dar por finalizada su relación laboral con el CNR; (ix) original de nota de fecha 25-XI-2014, por medio del cual el Director Ejecutivo del CNR respondió a la pretensora la solicitud presentada el 5-XI-2014, en el sentido de que las razones por las cuales se declaró terminada la relación contractual con la institución le habían sido explicadas en forma personal en la reunión que sostuvieron el 31-X-2014; (x) certificación de descripción del puesto funcional del CNR correspondiente al cargo de Jefe Administrativo del RPRH; (xi) certificación notarial del CCTCNR, suscrito por el CNR y el STCNR.

B. De acuerdo con los arts. 331 y 341 inc. 1º del Código Procesal Civil y Mercantil (C.Pr.C.M.), de aplicación supletoria al proceso de amparo, los documentos públicos presentados constituyen prueba fehaciente de los hechos que en ellos se consignan. Asimismo, en virtud de las disposiciones citadas y del art. 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, con la certificación notarial presentada se ha acreditado la autenticidad del documento que reproduce, así como los datos contenidos en ella. Asimismo, en cuanto a las copias simples presentadas, de acuerdo con los arts. 330 inc. 2º y 343 del C.Pr.C.M., dado que tampoco se ha demostrado su falsedad, con ellas se establecen los hechos que documentan.

C. Con base en los elementos de prueba presentados, valorados conjuntamente y conforme a la sana crítica, se tienen por establecidos los siguientes hechos y datos: (i) que la pretensora laboraba en el CNR con el cargo de Jefa Administrativa del RPRH de la Primera Sección del Centro; (ii) que la peticionaria se encontraba vinculada laboralmente con el CNR por medio de un contrato de servicios por remuneraciones permanentes; (iii) que el último contrato celebrado entre el CNR y la actora estableció un plazo de 12 meses, comprendidos del 1-I-2014 al 31-XII-2014; (iv) que el Director Ejecutivo del CNR decidió unilateralmente dar por finalizada de forma anticipada la relación laboral entre el CNR y la peticionaria sin justa causa, con base en la cláusula nº 78 del CCTCNR; (v) que el despido de la peticionaria se ordenó sin que previamente se le haya tramitado un procedimiento en el cual pudiera ejercer la defensa de sus derechos; y (vi) las funciones y las actividades inherentes al cargo que desempeñaba la actora.

2. Establecido lo anterior, corresponde verificar si la autoridad demandada vulneró los derechos de audiencia, de defensa y a la estabilidad laboral invocados por la peticionaria.

A. Para tal efecto debe determinarse si dicha señora era titular del derecho a la estabilidad laboral al momento de su despido o si, por el contrario, concurría en ella alguna de las excepciones establecidas por la jurisprudencia constitucional con relación a la titularidad de ese derecho.

a. Al momento de su remoción, la demandante prestaba sus servicios al CNR en virtud de un contrato de servicios personales para el cargo de Jefa Administrativa en la Dirección del RPRH, de lo cual se colige que la relación laboral en cuestión era de carácter público y, consecuentemente, aquella tenía a la fecha de su separación del mencionado puesto de trabajo la calidad de servidora pública.

b. De conformidad con el perfil descriptivo del cargo de Jefe Administrativo del RPRH, las funciones de dicho cargo son, entre otras, las siguientes: (i) velar por el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001/2000; (ii) elaborar y ejecutar los planes de trabajo del Registro; (iii) brindar información técnica de manera precisa, confiable y oportuna a la Gerencia o Jefatura del Registro y a la Dirección, para que sirva de instrumento en la toma de decisiones; (iv) brindar apoyo a las áreas de control de calidad y planificación, manteniendo la mejora de los procesos registrales; (v) verificar la buena iluminación, limpieza y otros para promover un ambiente laboral agradable; y (vi) gestionar ante las instancias correspondientes la solución de problemas de los equipos y herramientas de trabajo.

En vista de lo anterior, el cargo de Jefe Administrativo del RPRH no implica la toma de decisiones determinantes para la conducción del CNR y del referido registro, sino la de desempeñar funciones de apoyo necesarias, en términos administrativos, para el buen desarrollo de las diversas unidades del Registro. Asimismo, al analizar el organigrama del CNR –disponible en su sitio web de dominio público–, se advierte que el cargo desempeñado por la actora está subordinado al Registrador Jefe del RPRH, a la Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas y a la Dirección Ejecutiva del CNR.



Por tanto, se concluye que la señora Dora Linda H. viuda de H. gozaba de estabilidad laboral cuando se ordenó su destitución y, consecuentemente, previo a ordenar su despido, debió tramitársele un procedimiento en el cual pudiera ejercer la defensa de sus derechos e intereses.

B. a. En el presente caso la autoridad demandada sostuvo que se vio obligada a finalizar anticipadamente la relación laboral con la pretensora, en virtud de que esta incurrió en infracciones al contrato de trabajo y al art. 34 del CCTCNR al efectuar malos tratos de índole psicológica y verbal a los trabajadores que laboraban bajo sus órdenes, lo cual generó constantes quejas de los trabajadores y el sindicato de la institución; sin embargo, con la finalidad de que aquella gozara de una indemnización, optó por omitir el procedimiento administrativo sancionador y disolver la relación laboral con la trabajadora sin justa causa, tal y como lo establece la cláusula 78 del CCTCNR.

b. i. La autoridad demandada manifiesta que la cláusula 78 inc. 1º del CCTCNR faculta a la institución que dirige a prescindir de los servicios de sus trabajadores sin seguir un procedimiento administrativo sancionador, ya que se garantiza una indemnización a favor de los afectados. La citada cláusula establece: “En caso que el CNR unilateralmente diese por disuelta la relación laboral con alguno de sus trabajadores sin justa causa, estará obligado a indemnizarle con el pago de una suma equivalente al ciento por ciento de su último salario básico devengado, por cada año de servicio y proporcionalmente por fracción del año que excede de seis meses, hasta un máximo de doce años; así como el pago proporcional por sus prestaciones que por los días trabajados le correspondan”.

ii. Ahora bien, el art. 219 inc. 2º de la Cn. garantiza a los servidores públicos la estabilidad en sus puestos de trabajo. Tal protección se justifica en que dichos servidores, a diferencia de los trabajadores que están vinculados a los intereses de un empleador particular, despliegan su actividad laboral con el Estado, tienen delimitadas sus atribuciones por el ordenamiento jurídico y las desarrollan para satisfacer intereses generales de la comunidad. Desde esa perspectiva, la relación que existe entre el Estado y sus servidores es de carácter permanente, continua y busca el eficaz desempeño de la función administrativa como medio para la obtención del bien común. En ese sentido, la regulación de dicho derecho debe garantizar que ese vínculo laboral no será disuelto sin dar a conocer al empleado los motivos de esa decisión y sin brindarle la oportunidad de controvertirlos en el procedimiento respectivo.

En consonancia con lo anterior, la Sentencia del 5-XII-2003, Amp. 714-2002, estableció que la existencia de un contrato colectivo de trabajo no varía la calidad de servidor público de las personas que desempeñan sus labores en una institución oficial autónoma. Asimismo, se sostuvo que, independientemente de los motivos que se aleguen como justificativos de la destitución, debe cumplirse siempre con la exigencia del proceso previo que señala el art. 11 de la Cn., de tal forma que se otorgue al interviniente la posibilidad de exponer sus razonamientos, controvertir la prueba en su contra, y ejercer la defensa de sus derechos.



iii. En ese orden de ideas, el CCTCNR es un acuerdo que surge entre el STCNR y la citada institución, en el que se regulan los derechos y las obligaciones que ambos deben cumplir con el fin de organizar y administrar el sistema registral y catastral del país. En el Capítulo VI, referido a la “Cláusulas de Naturaleza Económica”, la cláusula 78 inc. 1º prevé el despido con responsabilidad para el CNR y la indemnización al empleado afectado con dicha decisión. En similares términos, el art. 58 inc. 1º del CT regula la “indemnización por despido de hecho sin causa justificada” de los trabajadores del sector privado y dispone que “[c]uando un trabajador contratado por tiempo indefinido, fuere despedido de sus labores sin causa justificada, tendrá derecho a que el patrono le indemnice con una cantidad equivalente al salario básico de treinta días por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año.”

En relación con ello, en la Sentencia del 16-X-2007, Inc. 63-2007, se expuso que las disposiciones que rigen las relaciones laborales del servicio público no ponen el acento en la tutela del trabajador ni en la visión del beneficio económico de la empresa, sino en el ejercicio permanente, continuo y eficaz de las funciones estatales. En consecuencia, la aplicación de la normativa laboral al empleo público debe tener un carácter instrumental, supletorio, analógico y condicionado, que exige un juicio de compatibilidad.

Asimismo, en la Sentencia del 13-VII-1995, Inc. 9-94, se sostuvo que toda cláusula de contenido económico que se incorpore a los contratos colectivos de trabajo que rigen a empresas privadas afecta directamente al patrimonio del empleador como persona privada, pero, cuando se trata de cláusulas de esa naturaleza previstas en los contratos colectivos de trabajo de las instituciones estatales, resultan afectados fondas públicos sujetos a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República.

iv. Al respecto, se advierte que la Cláusula 78 inc. 1º del CCTCNR contempla la remoción de un empleado de esa entidad en condiciones similares a las previstas para los trabajadores del sector privado en el art. 58 inc. 1º del CT. En las relaciones laborales particulares esto implica que, por cualquier motivo o sin justificación, el empleador puede remover a un trabajador y asumir las consecuencias económicas de su decisión afectando su patrimonio. Dicha causal, al trasladarla a las relaciones laborales de carácter público, es incompatible con la estabilidad laboral que el art. 219 inc. 2º de la Cn. garantiza a los servidores públicos, pues estos cuentan con una serie de prerrogativas derivadas de la necesidad de permanencia y continuidad de las funciones que desempeñan en el Estado, de manera que sólo pueden ser removidos por las causas legalmente previstas y una vez que se les tramite el procedimiento en el que se les permita ejercer la defensa de sus derechos.

Además, los servidores públicos efectúan actividades por medio de las que el Estado cumple el mandato constitucional de servir a la población sin ánimo de lucro. Por el contrario, en las relaciones laborales privadas pueden existir intereses económicos que pongan énfasis en el beneficio o perjuicio del empleador o del trabajador. En este último caso, adquiere relevancia el otorgamiento de la indemnización por el empleador al trabajador a raíz del despido injustificado. En cambio, la indemnización prevista en la citada cláusula 78 inc. 1º compromete fondos públicos, en un intento de reparar un despido que vulnera el art. 219 inc. 2º de la Cn.

Desde esa perspectiva, la cláusula 78 inc. 1º del CCTCNR permite que, a discreción de la autoridad competente y fuera del marco constitucional, se modifique la situación de los servidores públicos que gozan de estabilidad laboral, pese a que, independientemente de las causas que se aleguen como justificativas de su destitución, debe cumplirse con la exigencia constitucional del procedimiento previo. Y es que la privación de ese derecho no es una potestad discrecional de las autoridades públicas, sino que es una atribución legal que, en todo caso, debe cumplir con el art. 11 de la Cn.

C. En el caso que nos ocupa, se ha comprobado que el Director Ejecutivo del CNR removió a la actora de su puesto de trabajo con base en la cláusula 78 inc. 1º del CCTCNR. Asimismo, se ha establecido que, a pesar de que atribuyó a la peticionaria la realización de supuestas actuaciones que constituían causales para dar por finalizada la relación laboral con la institución que representa, dicho funcionario omitió tramitar el procedimiento específico que establece la cláusula 37 del CCTCNR, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de la peticionaria, a la luz del art. 11 de la Cn.

Además, si bien el vínculo laboral existente entre la actora y el CNR se encontraba sometido a las estipulaciones del CCTCNR, se ha establecido que la cláusula 78 inc. 1º vulnera la Constitución, por lo que el Director Ejecutivo del CNR debió tramitar el procedimiento sancionatorio con el fin de garantizar a la peticionaria la protección constitucional que otorga el art. 219 inc. 2º de la Cn.. Desde esa perspectiva, se concluye que el referido funcionario vulneró los derechos de audiencia, de defensa y a la estabilidad laboral de la señora Dora Linda H. viuda de H., por lo que es procedente ampararla en su pretensión.



D. No obstante, es preciso aclarar que el anterior pronunciamiento no es óbice para que la autoridad demandada, en el supuesto de que considere que la señora Dora Linda H. viuda de H. incurrió en faltas que ameritaban su destitución del cargo que desempeñaba en el CNR, pueda tramitar el respectivo procedimiento sancionatorio, debiendo en este garantizarse los derechos de la referida señora, conforme a los parámetros establecidos en esta sentencia.

3. En otro orden de ideas, la actora expuso en su demanda que el Director Ejecutivo del CNR vulneró su derecho de petición, en virtud de no haberse pronunciado sobre el fondo de la solicitud efectuada el 5-XI-2014, consistente en que le informara de forma escrita las razones que motivaron la finalización de su contrato laboral.

En respuesta a dicho argumento, el funcionaria demandado ha expresado que el 25-XI-2014, por medio de la nota CNR/DE/721/2014/H15811, respondió la solicitud de la actora en el sentido de que las razones por las cuales se declaró terminada la relación contractual le habían sido explicadas en forma personal en la reunión sostenida el 31-X-2014. Asimismo, afirmó que no accedió a la petición porque ello hubiese extinguido la posibilidad de poder aplicar la cláusula 78 del CCTCNR y otorgarle una indemnización.



Al realizar un análisis de la referida nota, se observa que la autoridad demandada no emitió pronunciamiento alguno sobre la petición planteada por la actora. Al respecto, es preciso acotar que el núcleo esencial del derecho de petición reside en otorgar una respuesta oportuna de la cuestión planteada por el peticionario y esta respuesta debe cumplir con los requisitos de: (i) oportunidad, claridad, precisión y congruencia con lo solicitado; y (ii) ser puesta en conocimiento del peticionario.

En ese sentido, se colige que el Director Ejecutivo del CNR, al no responder congruentemente la solicitud formulada por la señora Dora Linda H. viuda de H., respecto de los motivos que produjeron la finalización anticipada de su contrato laboral con la institución, vulneró el derecho de petición de la parte actora, por lo que también es procedente ampararla en este extremo de su pretensión.

VI. Determinadas las vulneraciones constitucionales derivadas de la actuación de la autoridad demandada, corresponde establecer el efecto restitutorio de esta sentencia.

1. El art. 35 inc. 1º de la L.Pr.Cn. establece que el efecto material de la sentencia de amparo consiste en ordenarle a la autoridad demandada que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la vulneración constitucional. Pero, cuando dicho efecto ya no sea posible, la sentencia de amparo será meramente declarativa, quedándole expedita al amparado la promoción de un proceso en contra del funcionario personalmente responsable.

En efecto, de acuerdo con el art. 245 de la Cn., los funcionarios públicos que, como consecuencia de una actuación u omisión dolosa o culposa, hayan vulnerado derechos constitucionales deberán responder, con su patrimonio y de manera personal, de los daños materiales y/o morales ocasionados. En todo caso, en la Sentencia de 15-II-2013, Amp. 51-2011, se aclaró que, aun cuando en una sentencia estimatoria el efecto material sea posible, el amparado siempre tendrá expedita la incoación del respectivo proceso de daños en contra del funcionario personalmente responsable, en aplicación directa del art. 245 de la Cn.



2. A. En el caso que nos ocupa, en el auto de admisión de fecha 29-V-2015 se ordenó la suspensión de los efectos del acto reclamado, pues se consideró que existían situaciones que debían preservarse mediante la adopción de esa medida cautelar. Por tal razón, el acto mediante el cual se dio por finalizada la relación laboral que existía entre el CNR y la demandante no se consumó. En consecuencia, el efecto restitutorio de esta sentencia deberá concretarse en invalidar dicha decisión y ordenar que se renueve el contrato laboral en virtud del cual la peticionaria prestaba sus servicios a la mencionada institución.

B. Por otra parte, se colige que la omisión de la autoridad demandada de responder congruentemente la solicitud formulada por la actora, respecto de los motivos que produjeron la finalización anticipada de su contrato laboral con la institución, consumó plenamente sus efectos, y, además, en virtud de que dicho derecho se encontraba íntimamente relacionado con el otro punto de la pretensión que ha sido estimado, carece de sentido ordenar una reparación material, por lo que procede únicamente declarar mediante esta sentencia la infracción constitucional del derecho de petición.

C. Además, en atención a los arts. 245 de la Cn. y 35 inc. 1º de la L.Pr.Cn., la actora tiene expedita la promoción de un proceso por los daños materiales y/o morales resultantes de la vulneración de derechos constitucionales constatada en esta sentencia directamente en contra de la persona que cometió la referida transgresión constitucional.

Ahora bien, al exigir el resarcimiento del daño directamente a la persona que fungía como funcionario –lo que es posible aun cuando ya no se encuentre en el ejercicio del cargo–, deberá comprobársele en sede ordinaria que incurrió en responsabilidad civil, por lo que en el proceso respectivo se tendrá que demostrar: (i) que la vulneración constitucional ocasionada por su actuación dio lugar a la existencia de tales daños –morales o materiales–; y (ii) que dicha circunstancia se produjo con un determinado grado de responsabilidad –dolo o culpa–. Asimismo, deberá establecerse en dicho proceso, con base en las pruebas aportadas, el monto estimado de la liquidación que corresponda, dependiendo de la vulneración acontecida y del grado de responsabilidad en que se incurrió en el caso particular.



POR TANTO: con base en las razones expuestas y lo prescrito en los arts. 2, 11, 18, 219 inc. 2º y 245 de la Cn., así como en los arts. 31 nº 3, 32, 33, 34 y 35 de la L.Pr.Cn., a nombre de la República, esta Sala FALLA: (a) Sobreséese en el presente proceso de amparo promovido por la señora Dora Linda H. Viuda de H. contra la Directora del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registros, por la vulneración de sus derechos de audiencia, defensa y a la estabilidad laboral; (b) Declárase que ha lugar el amparo solicitado por la señora Dora Linda H. Viuda de H. contra el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, por la vulneración de sus derechos de audiencia, defensa, petición y a la estabilidad laboral; (c) Invalídase la decisión del Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros de dar por finalizada la relación laboral que existía entre dicha entidad y la demandante; en consecuencia, ordénase a la referida autoridad renovar el contrato laboral en virtud del cual aquella prestaba sus servicios al Centro Nacional de Registros; aclárase que lo anterior no impide que dicha autoridad, en caso de proceder, siga el procedimiento sancionatorio correspondiente conforme al debido proceso; (d) Queda expedita a la actora la promoción de un proceso por los daños materiales y/o morales ocasionados, directamente en contra de la persona que cometió la vulneración constitucional constatada en esta sentencia; y (e) Notifíquese.

J. B. JAIME.-----------R. E. GONZALEZ.---------C. ESCOLAN.---------C. S. AVILES.----------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN---------------E. SOCORRO C.-------------SRIA.------------RUBRICADAS.
Catálogo: DocumentosBoveda -> DOC
DOC -> 75-p-137 CÁmara de la cuarta sección del centro
DOC -> Vistos en apelación de la sentencia definitiva condenatoria
DOC -> ConmutacióN de la pena de siete años de prisión, impuesta a mdl
DOC -> Cámara segunda de lo penal de la primera sección del centro; San Salvador
DOC -> Se ha tramitado en contra de la imputada roxana marisol m. D. V
DOC -> Ts-204-2016. Tribunal de sentencia, san francisco gotera, departamento de morazan
DOC -> Ac tribunal segundo de sentencia de san salvador
DOC -> Tribunal segundo de sentencia: San Salvador, a las catorce horas del día cuatro de marzo de dos mil dieciséis
DOC -> Hurto agravado continuado tipificado y sancionado en el Articulo 07, 208 N° en relación con el 42 y 72 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de la Universidad Modular Abierta –uma, represtada legalmente por el Licenciado M. A. C. M
DOC -> Agresión Sexual en Menor e Incapaz Continuada


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