Amparo directo



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AMPARO DIRECTO 12/2010

AMPARO DIRECTO 12/2010

RELACIONADO CON LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 120/2009

QUEJOSO: **********

ponente: ministra olga sánchez cordero de garcía villegas

secretaria: rosalía argumosa lópez

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de marzo de dos mil once.




VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo directo 12/2010, relacionado con la facultad de atracción 120/2009 fallada el veinticuatro de febrero de dos mil diez, promovido por el licenciado **********, en su carácter de apoderado legal de **********, contra el acto de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por estimarlos violatorios de los artículos 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil cinco, **********, por su propio derecho, demandó de **********, la disolución del vínculo matrimonial en la vía necesaria; la guarda y custodia de sus tres menores hijos; la pérdida de la patria potestad sobre los menores de edad hijos de las partes y el pago de una pensión alimenticia, sustentando su demanda en que el demandado ejerce en su contra y en contra de sus menores hijos violencia moral, atentando contra su integridad psíquica, económica y sexual. Al efecto narró diversos acontecimientos que, en su opinión, se traducen en un ambiente o estado de vida en el seno familiar de continuo sometimiento, dominio y control, que ha mermado en su salud mental y emocional, y en la de sus hijos.
Por razón de turno, correspondió el conocimiento del asunto al Juez Trigésimo Tercero de lo Familiar del Distrito Federal, quien admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, la que registró con el número 1286/2005; y ordenó el pago de una pensión alimenticia provisional equivalente al cuarenta por ciento mensual del sueldo del demandado.
SEGUNDO. El once de mayo de dos mil siete, el juez de la causa dictó sentencia definitiva en la que decretó la disolución del vínculo matrimonial; condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos, consistente en un cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones; y también condenó al demandado a la pérdida de la patria potestad y a la reparación de daños y perjuicios causados en contra de la actora y de sus menores hijos. Para llegar a la anterior conclusión, el juez natural tomó en cuenta las pruebas periciales en materia psicológica, así como lo manifestado por los menores ante la presencia judicial.
Inconforme con la anterior determinación, el demandado interpuso recurso de apelación, y la actora apelación adhesiva; de los que correspondió conocer a la Primera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que mediante sentencia dictada el primero de octubre de dos mil siete, en el toca de apelación 1502/2007, modificó la sentencia de primer grado, para absolver al demandado de la pérdida de la patria potestad, y decretar un régimen de visitas y convivencias entre el demandado y sus hijos, en el Centro de Convivencias Familiar Supervisada del mismo Tribunal; además de que, el tribunal de alzada ordenó tratamiento psicológico para las partes, así como para los menores hijos.
Para llegar a la anterior conclusión, la Sala consideró en primer término, que en la demanda no se hizo valer que el demandado hubiera ejercido violencia familiar contra sus hijos, ni tal circunstancia quedó demostrada en autos, pues de los estudios psicológicos practicados a las partes y a los menores, así como de las manifestaciones de éstos ante la presencia judicial, durante la diligencia de veintisiete de abril de dos mil seis, advirtió que los actos de violencia fueron consecuencia del desgaste emocional provocado por el divorcio, que afecta a todo núcleo familiar; por lo que, al no haberse demostrado violencia contra los menores, no debía condenarse al demandado a la pérdida de la patria potestad, sobre todo porque dicha sanción afecta más a los menores, para cuyo sano desarrollo es esencial la convivencia con su padre, lo cual constituye un derecho fundamental de la niñez; además de que, la Sala responsable consideró que debía absolverse al demandado del pago de daños y perjuicios, porque la actora no los hizo valer propiamente en su demanda ni tampoco los probó.
TERCERO. Inconformes con las anteriores determinaciones, la actora y el demandado promovieron sendos juicios de amparo directo, de los que correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo los expedientes D.C. 721/2007 y D.C. 722/2007, respectivamente.
Mediante sentencias dictadas de ocho de febrero de dos mil ocho, para resolver dichos juicios de garantías, el Tribunal Colegiado concedió el amparo a la actora **********, por considerar incorrecto el razonamiento de la Sala responsable, en el sentido de que la actora no narró en sus escritos de demanda y de ampliación los hechos con los que puso de manifiesto la conducta violenta que el tercero perjudicado en ese juicio desplegó respecto de sus hijos menores de edad, razón por la que ordenó a la Sala dejar insubsistente la resolución combatida y pronunciar otra en la que se avocara al estudio de los hechos que narró la actora y en los que destacó la violencia ejercida por el demandado hacia los menores, valorando con plenitud de jurisdicción y conforme a derecho las pruebas desahogadas en el juicio natural, específicamente los correos electrónicos de doce de septiembre de dos mil cinco y los informes del centro de convivencias.
Asimismo en esas ejecutorias el órgano colegiado concedió el amparo al quejoso **********, para el efecto de que la Sala responsable al analizar las causas de divorcio que la demandante natural hizo valer, se apoyará únicamente en los hechos y pruebas que acontecieron con anterioridad a la fijación de la litis; y, señaló que la litis debía resolverse relacionando el caudal probatorio con los hechos planteados en la demanda y su ampliación.
CUARTO. En cumplimiento de las ejecutorias de amparo en mención, la Sala responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada y dictó nueva resolución, el veintisiete de marzo de dos mil ocho, en la que nuevamente modificó la sentencia recurrida, para que quedara en los siguientes términos: (i) decretó la disolución del vínculo matrimonial; (ii) absolvió al demandado de la pérdida de la patria potestad; (iii) condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos, consistente en un treinta por ciento del sueldo y demás prestaciones; (iv) dejó a salvo los derechos de la actora, para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara conveniente, respecto a los hechos y pruebas supervenientes de violencia familiar que hizo valer a lo largo de ambas instancias, ocurridos después de la fijación de la litis; (v) decretó un régimen de visitas y convivencias entre el señor ********** y sus hijos, en el centro de Convivencias Familiar Supervisada; y (vi) ordenó tratamiento psicológico para las partes.
Para resolver en el sentido indicado, la Sala responsable consideró, en lo que interesa, que los dictámenes psicológicos ofrecidos por la actora no constituían prueba idónea para acreditar los hechos de violencia que alegaba como causa de divorcio y de pérdida de patria potestad, destacó que aquélla se abstuvo de apoyar su dicho en documentos con eficacia acreditativa o en testigos que lo corroboraran; además de que algunos dictámenes se refierían a los hechos ocurridos con posterioridad a la demanda y a su ampliación, respecto de los que procedía reservar sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara conveniente.
En cuanto a los correos electrónicos, señaló que de los mismos derivaban conversaciones de las partes tendentes a solucionar su problema, y no demostraron violencia familiar; además de que, dichas conversaciones no fueron materia de litis al no señalarse como hechos de violencia en la demanda o su ampliación. Asimismo indicó que de las conversaciones telefónicas materia de prueba tampoco se derivaban actos de violencia, máxime que las testimoniales ofrecidas a cargo de los interlocutores fueron declaradas desiertas.
QUINTO. En contra de la anterior determinación, la parte actora y el demandado promovieron nuevamente juicios de amparo directo, que fueron remitidos al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y que quedaron registrados bajo los expedientes D.C. 326/2008 y D.C. 327/2008.
Por escrito presentado el ocho de julio de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la quejosa **********, por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos, solicitó al Ministro Presidente de la Primera Sala de ese Alto Tribunal, ejercer la facultad de atracción respecto de los juicios de amparo D.C. 326/2008 y D.C. 327/2008, por estimar que los mismos entrañaban la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional en lo tocante al tema de violencia intrafamiliar. Esta petición fue reiterada por la solicitante en un diverso escrito de siete de julio de dos mil ocho.
En proveído de diez de julio de dos mil ocho, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no había lugar a acordar de conformidad la solicitud de facultad de atracción planteada. Ante tal circunstancia, los Ministros Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José de Jesús Gudiño Pelayo, decidieron hacer suya la solicitud, por lo cual, mediante acuerdo de siete de agosto de dos mil ocho, el Presidente de esta Primera Sala admitió a trámite la solicitud de facultad de atracción en comento, que quedó registrada bajo el expediente 26/2008-PS, y designó como ponente a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
SEXTO. En sesión de quince de octubre de dos mil ocho, esta Primera Sala determinó ejercer su facultad de atracción para conocer de los juicios de amparo de referencia, al estimar que sus resoluciones entrañan la fijación de criterios de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, en tanto que se determinaría, entre otras cosas: a) si las periciales en materia psicológica son o no idóneas para demostrar la violencia intrafamiliar; b) si se debe dar valor a las manifestaciones de los menores en procedimientos jurisdiccionales que les atañan y cuál es su alcance; c) si es aplicable, y en su caso, hasta dónde llega la oficiosidad que rige las controversias familiares en juicios en los que se demanda la pérdida de patria potestad, cuando la causa que se invoque sea la violencia intrafamiliar; d) los criterios a seguir cuando en materia familiar en el mismo juicio se ejerzan dos acciones diferentes (divorcio necesario y pérdida de la patria potestad), y si aun cuando no prospere la principal puede prosperar la accesoria y, e) si el criterio de la Primera Sala, en donde se sostiene que deben de manifestarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cuando se invoque la violencia como causa de divorcio, son o no aplicables a los juicios en los que se demanda la pérdida de la patria potestad.
SÉPTIMO. Por acuerdo de Presidencia de quince de diciembre de dos mil ocho, esta Primera Sala se avocó al conocimiento de los juicios de amparo directos, por lo que al efecto se formaron los expedientes 29/2008 y 30/2008; y se designó como ponente al señor Ministro José Ramón Cossío Díaz.
OCTAVO. En sesión de once de marzo de dos mil nueve, la Primera Sala resolvió por mayoría conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el amparo directo 30/2008, relacionado con el amparo directo 29/2008, para el efecto de que la Sala familiar responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, siguiendo los lineamientos trazados en la referida ejecutoria en la que se ordenó procediera a valorar cada uno de los hechos de la demanda, en relación con la declaración de los menores ante el juez natural, las manifestaciones del demandado hechas ante el perito de la actora, las pruebas periciales en psicología, el informe rendido por el Centro de Atención a la Violencia Familiar (CAVI), así como los correos electrónicos de quince de julio y doce de septiembre de dos mil cinco, y en lo demás, resolviera conforme a sus atribuciones; asimismo, se le ordenó que dejara intocadas las consideraciones establecidas por esa Sala familiar responsable, en relación a las pruebas testimonial, documental privada, consistente en los estados de cuenta del teléfono celular del demandado, y los informes rendidos por el Centro de Convivencias, dado que la apelante no formuló concepto de violación alguno al respecto.
NOVENO. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por esta Primera Sala, la Sala responsable emitió nueva resolución el doce de octubre de dos mil nueve, en los autos del toca 1502/2007, en la que modificó la sentencia definitiva de primer grado, para quedar en los siguientes términos: (i) declaró la disolución del vínculo matrimonial, decretando que ambas partes quedaron en aptitud de contraer nuevas nupcias; (ii) condenó al demandado a la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre sus menores hijos, la cual será ejercida única y exclusivamente por la actora, quedando a favor de ésta la guardia y custodia de dichos menores; (iii) ordenó terapia psicológica para la actora y al demandado, así como para los menores de edad, para superar el estado emocional en que actualmente se encuentran involucrados, girando los oficios a los hospitales correspondientes; y (iv) condenó al demandado al pago de la reparación de daños y perjuicios reclamados por la actora, cuyo monto sería fijado en ejecución de sentencia.
En contra de la anterior determinación, la parte demandada ********** promovió juicio de amparo directo que fue remitido al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito el cual quedó registrado con el número D.C. 720/2009, y por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, ordenó remitir los autos respectivos a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitando el ejercicio de la facultad de atracción.
DÉCIMO. En cumplimiento a esa determinación, una vez que fueron recibidos los autos de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción en esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su Presidente, mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil nueve, la admitió a trámite y ordenó turnar el expediente, conforme al turno que correspondía, al Ministro Juan N. Silva Meza, a fin de elaborar el proyecto de resolución respectivo, y seguidos los trámites legales, dictó sentencia el veinticuatro de febrero de dos mil diez, en el sentido de ejercer la facultad de atracción 120/2009, para conocer del juicio de amparo directo D.C. 720/2009, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
DÉCIMO PRIMERO. Mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil diez, el Presidente de la Primera Sala, ordenó formar y registrar el juicio de amparo directo 12/2010; y avocarse a su conocimiento, por lo que se designó como ponente a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, a quien por turno le correspondió formular el proyecto de resolución.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver el presente amparo directo, en atención a que, si bien es de competencia originaria de un Tribunal Colegiado de Circuito, en el caso se ejerció la facultad de atracción para conocer de él, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 182, fracción III, de la Ley de Amparo, y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. La demanda de garantías se presentó oportunamente, pues a foja 116 vuelta de los autos del juicio de amparo directo 12/2010, se localiza la certificación del Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que hizo constar que la notificación de la sentencia reclamada se efectuó al quejoso el día martes trece de octubre de dos mil nueve, mediante boletín judicial, y que surtió sus efectos el miércoles catorce siguiente; por lo que el plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo transcurrió del jueves quince de octubre al jueves cinco de noviembre, ambos de dos mil nueve, con exclusión de los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticienco y treinta y uno de octubre y dos de noviembre del citado año, por ser sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por consiguiente, en virtud de que en la aludida certificación también se hizo constar que la demanda de amparo se presentó el cuatro de noviembre de dos mil nueve, se concluye que se interpuso oportunamente.
TERCERO. En la sentencia de doce de octubre de dos mil nueve, que la Primera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia, emitió en el toca 1502/2007, que constituye el acto reclamado, en el resolutivo tercero literalmente consta lo siguiente:

PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ordinaria Civil, en la cual la parte actora en el principal ********** probó parcialmente su acción y el demandado ********** acreditó parcialmente su contestación. Asimismo la parte actora en el incidente de cancelación, pago y reducción de pensión alimenticia ********** acreditó parcialmente su acción y la demandada ********** justificó parcialmente su contestación. La parte actora ********** en el incidente de Incremento de pensión alimenticia no acreditó su acción incidental.



SEGUNDO.- Por divorcio necesario, se decreta la disolución del vínculo matrimonial que mantiene unidos a los señores ********** bajo el régimen de separación de bienes, mismo que se encuentra inscrito en la entidad 09, Delegación 01, Juzgado 18, acta **********, del día diecinueve de julio de mil novecientos noventa y uno, en esta Ciudad.

TERCERO.- Ambas partes quedan en aptitud de contraer nuevas nupcias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 289 del Código Civil.

CUARTO.- Se condena al señor ********** al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos ********** todos de apellidos **********, consistente en un TREINTA POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones tanto ordinarias como extraordinarias que perciba en el lugar en donde presta sus servicios, previos los descuentos estrictamente de ley y para el caso de que dicho demandado llegare a renunciar, sea liquidado, se le termine su contrato o que por cualquier otra cause dejare de prestar sus servicios para dicho patrón deberá retenerse el porcentaje ordenado y entregar a la actora la cantidad resultante en términos de Ley, debiendo informar a este Juzgado en el término de seis días sobre su debido cumplimiento, y en caso de no hacerlo así se aplicará en su contra una multa equivalente a CUARENTA DÍAS de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, por desacato a una determinación Judicial, para lo cual deberá girarse atento oficio al C. Representante legal de la compañía ********** debiendo dejar sin efecto la pensión alimenticia provisional ordenada por oficio 4132 de siete de octubre del dos mil cinco.

QUINTO.- Se condena al señor ********** a la PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD que ejerce sobre sus menores hijos ********** todos de apellidos **********, la cual será ejercida única y exclusivamente por la **********, quedando consecuentemente a su favor la guarda custodia de dichos menores, asimismo queda obligada a dar cumplimiento con las obligaciones de crianza de conformidad con lo establecido por el artículo 414 Bis del Código Civil vigente. Asimismo, atentos a la conflictiva del presente asunto, se ordena que los señores **********, así como los infantes procreados, reciban la terapia psicológica necesaria para superar el estado emocional en que actualmente se encuentran involucrados; por lo que para dar debido cumplimiento a esta determinación, se habrán de girar los oficios de estilo respectivos a los Hospitales ‘FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ’ y ‘JUAN N. NAVARRO’, para efecto de que el primero de ellos proporcione la atención profesional necesaria a los progenitores y la segunda a sus descendientes; debiendo informar a este Juzgado el resultado de dichas terapias.

SEXTO.- Se condena al señor ********** al pago de la reparación de daños y perjuicios reclamados por la actora, cuyo monto será fijado en ejecución de sentencia.

SÉPTIMO.- Una vez que la presente resolución cause ejecutoria, cúmplase con lo ordenado por los artículos 114 y 291 del Código Civil, en relación con el 682 del Código de Procedimientos Civiles.

OCTAVO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas en autos y sin hacer especial condena en costas por no reunirse los supuestos a que se refiere el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles.

NOVENO.- De conformidad con el auto admisorio de demanda, in fine y atento a lo dispuesto por los artículos 133, 137 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles, y toda vez que las partes manifestaron su oposición a que se publicaran sus datos personales, una vez que la presente resolución cause ejecutoria y se haga pública no se asiente sus nombres y datos personales.

…”
Las consideraciones que sustentaron esa resolución fueron las siguientes:


Previo al estudio de los agravios planteados la Sala responsable señaló que como se ordenó en la ejecutoria que cumplimentó con la plenitud de jurisdicción que se le otorgó, se avocó a la valoración de cada uno de los hechos de la demanda, en relación con la declaración de los menores ante el Juez natural, las manifestaciones del demandado hechas ante el perito de la actora, las pruebas periciales en psicología, el informe rendido por el Centro de Atención a la Violencia Familiar (CAVI), así como de los correos electrónicos de quince de julio y doce de septiembre de dos mil cinco; también indicó que dejó intocadas las consideraciones establecidas en relación con las pruebas testimonial, documental privada, está última consistente en los estados de cuenta del teléfono celular del demandado y los informes rendidos por el Centro de Convivencias dado que él apelante no formuló concepto de violación alguno en el amparo, en el cual se dictó la ejecutoria que cumplimiento, como en ésta se le ordenó.
Por otra parte, la Sala responsable señaló que por un lado los agravios expresados por **********, eran parcialmente fundados y suficientes para modificar el fallo combatido, y por otro inoperantes; en tanto que, los argumentos deducidos por **********, en la apelación adhesiva eran de estimarse atendibles para mejorar las consideraciones pronunciadas en la resolución apelada.
En ese sentido, analizó en forma conjunta los agravios expuestos por el apelante, los cuales desestimó por infundados e insuficientes para modificar o revocar el fallo apelado, por lo siguiente:
A juicio de la Sala responsable con las pruebas aportadas se acreditó plenamente la violencia familiar que el ahora apelante ejerció en contra de ********** y de los hijos de ambas partes, razón por la que al quedar demostrada la causal de divorcio prevista en la fracción XVII del numeral 267 del Código Civil vigente al inicio del proceso y 444 fracción III del mismo cuerpo de leyes, estimó que existían elementos suficientes para disolver el vínculo matrimonial que une a los justiciables y decretar la pérdida de la patria potestad que el apelante ejercía sobre sus hijos, conclusión a la que arribó en virtud de las pruebas ofrecidas a las cuales otorgó pleno valor probatorio a la luz de la fracción VIII del artículo 327 del Código Procesal Civil.
Lo anterior, porque si bien es cierto en los hechos de la demanda, en los que se alega violencia familiar, no se hace mención de tiempo, modo, lugar y circunstancia en que acaecieron los supuestos actos de violencia familiar cometidos en perjuicio de la apelada y sus hijos; no menos cierto es, que esa alzada acatando el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debía estimar estrictamente aplicable el criterio jurisprudencial sostenido originalmente por dicho órgano, dado que ello implicaría imponer a la enjuiciante una carga probatoria difícilmente de satisfacer; de ahí que no era exigible a la demandante en el juicio natural que alegara y que demostrara las circunstancias en comento, y sí en cambio valorar las pruebas aportadas buscando desentrañar la verdad sobre los puntos cuestionados o dudosos.
Una vez que preciso lo anterior, la Sala responsable consideró que del análisis de los hechos de la demanda, en relación con las declaraciones de los menores rendidas ante el A quo, las manifestaciones del demandado hechas ante el perito de la actora, las periciales en psicología ofrecidas por la demandante, el Informe rendido por el Centro de atención a la Violencia Familiar (CAVI) respecto a los hechos denunciados por la señora **********, así como los correos electrónicos de quince de julio y doce de septiembre de dos mil cinco girados por el recurrente, probanzas que valoradas en forma conjunta y armónica resultaron suficientes para tener por probada la acción de divorcio y pérdida de la patria potestad que el apelante ejerce sobre sus hijos
Lo expuesto, lo estimó porque en los hechos 1 a 4 la actora en el juicio de origen refirió respectivamente, la fecha de celebración del vínculo matrimonial de las partes, los hijos que procrearon, el lugar de establecimiento del último domicilio conyugal, así como que durante el matrimonio la apelada se dedicó preponderantemente al hogar, razón por la cual estimó que en nada le beneficiaban a la apelante para tener por probada la violencia familiar; además de que, en los hechos 5, 20, 21, 33, 34 y 53 de su demanda afirmó que era receptora de violencia familiar por parte de su esposo, de tal suerte que éste órgano superior debía ponderarlo atento a lo que se ordenó en la ejecutoria que se cumplimenta, al adminicularlo con los elementos de prueba citados.
Asimismo, estimó que en los hechos 6 a 13, 15, 16 a 19, 22 a 24 y 30 la actora describió la violencia familiar que dijo ejercer en contra de ella su cónyuge y aun cuando no expresó las circunstancias de tiempo modo y lugar; se debía tener por cierta y acreditada la violencia familiar en forma plena; que en los hechos 14 y 28 refirió la existencia de los correos electrónicos de fechas quince de julio y doce de septiembre de dos mil cinco que le giró el recurrente, cuya valoración atendería posteriormente; que en los hechos 25 a 27 se plasmó el estado emocional de quiénes dice la actora resienten la violencia familiar y ello sería materia de la valoración que hiciera esa alzada a los dictámenes psicológicos rendidos en actuaciones; que en los hechos 31, 32 y 52 la actora narró conductas perpetradoras de violencia familiar del demandado, en las que expresó circunstancias de tiempo modo y lugar, los cuales en cumplimiento al fallo protector los lineamientos trazados en la ejecutoria en cita, deberían tenerse como acreditados plenamente con las declaraciones de los menores ante el A quo, las manifestaciones del demandado hechas ante el perito de la actora, las pruebas periciales en psicología ofrecidas por la apelada, el Informe rendido por el Centro de Atención a la Violencia Familiar (CAVI), de los hechos denunciados por la enjuiciante, así como los correos electrónicos de quince de julio y doce de septiembre de dos mil cinco ya indicados.
Por último, la Sala responsable estimó que en los hechos 35 a 51 la demandante transcribió conversaciones telefónicas que eran indicativas de la conducta violenta imputada al demandado, como se pronunció la autoridad federal; además de que, éstas adminiculadas con los medios de prueba ordenados en la ejecutoria que se cumplimentó constituían prueba suficiente para justificar la violencia familiar ejercida por el señor ********** en contra de su colitigante y sus hijos.
En cuanto al escrito de ampliación de demanda de dieciocho de octubre de dos mil cinco, presentada por la señora **********, advirtió que en el hecho 54, describe los hechos de violencia perpetrados en su contra, acontecidos el día quince del mismo mes y año que motivaron el acta que levantó ante el Agente del Ministerio Público, actuaciones ministeriales; que en copia certificada la parte actora exhibió; respecto de las cuales la responsable estimó que constituía un indicio de la conducta violenta del demandado, como lo sostuvo la autoridad federal.
Es decir, a su juicio para acreditar los hechos de la demanda, la parte actora aportó como medios de prueba las declaraciones de sus menores hijos ante el A quo, las manifestaciones del demandado hechas ante el perito de la actora, las pruebas periciales en psicología desahogadas en autos, el Informe rendido por el Centro de Atención a la Violencia Familiar (CAVI), así como los correos electrónicos de quince de julio y doce de septiembre de dos mil cinco enunciados por el apelante **********, los cuales adminiculados en su conjunto acreditaron, la violencia familiar invocada como causal de divorcio y pérdida de patria potestad.
Asimismo, a juicio de la Sala responsable de las pláticas de los menores hijos de los contendientes de nombres ********** de apellidos **********, que sostuvieron ante el A quo, en audiencias de fechas trece de diciembre de dos mil cinco y veintisiete de abril de dos mil seis, la Sala responsable advirtió la violencia familiar argumentada por su progenitor, misma que apreció de sus propias manifestaciones contenidas en las audiencias de fechas trece de diciembre de dos mil cinco y veintisiete de abril de dos mil seis, las cuales literalmente transcribió.
Las declaraciones citadas las ponderó a la luz de lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación General 13 relativa al artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y los ordinales 282 fracción VI, 282 apartado B, 416 y 417 del Código Civil, ordenamientos legales que obligan al órgano jurisdiccional a escuchar a los menores y tomar en cuenta su interés superior para resolver las prestaciones planteadas en un juicio de divorcio; lo que tuvo por corroborado con lo establecido en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; de ahí, que señaló la necesidad de que los niños tienen de ser escuchados, pues sólo así se logra el efectivo ejercicio de sus derechos, dado que escuchar al infante es reconocer su nivel de implicación cuando actúa como sujeto de derecho.
En ese sentido, la Sala Responsable señaló que en consideración a la edad y madurez de los hijos de los justiciables, de acuerdo con el estudio practicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que cumplimentó; que respeto los principios rectores que deben imperar en toda plática con los infantes consistentes en:



  • Realizar entrevistas con la participación de profesionales especializados, según la edad y condición de los menores.




  • Establecer objetivos precisos de la entrevista con niños, niñas y/o adolescentes de acuerdo a la situación en la que se encuentren.




  • Que se debe tomar en cuenta que el evaluador no tiene como objetivo aliviar el sufrimiento o dar tratamiento sino proporcionar información objetiva al juzgado o autoridad pertinente para tomar la mejor decisión.




  • Respetar el tiempo de los niños.




  • Conocimiento sobre los momentos madurativos.




  • No inducir, ni realizar tipo de coerción alguno.




  • Saber esperar.




  • Considerar al niño desde sus lazos familiares, historia, cultura, etc.




  • Reducir las preguntas al mínimo posible, procurando hacer hablar al niño, niña y/o adolescente.




  • Realizar preguntas que no contengan una sugestión, o que en caso, releven la opinión del que interroga.




  • Conformarse con respuestas breves.




  • No obligar a detallar al menor a repetir una narración que fuese fragmentaria, ya que se corre el riesgo de que incorpore situaciones irreales.




  • No atemorizar al menor.




  • Recordar que cada situación en la que se involucra un menor tiene características específicas a considerar. En el caso, la disolución de un matrimonio y lo que ello implica para los niños”.


Con base en lo expuesto, la responsable concluyó que todo lo manifestado por ********** de apellidos ********** la condujeron a estimar que --contrario a lo sostenido por el ahora quejoso-- éste sí era responsable de haber incurrido en violencia familiar, no sólo en contra de la hoy tercera perjudicada sino también de sus hijos, los cuales a la edad en que sostuvieron las pláticas citadas contaban con un grado de madurez que les permitió externar libremente sus ideas, sin que se haya demostrado la existencia de alineación parental en su perjuicio; que todas estas circunstancias la condujeron a estimar que ese elemento probatorio generó un indicio que al adminicularlo con las otras probanzas ya citadas, a su juicio acreditaron plenamente --a la luz de la lógica y la experiencia-- que el A quo actuó correctamente al decretar la disolución del matrimonio que une a los contendientes y a condenar al enjuiciado a perder la patria potestad que ejerce sobre sus hijos; relativos a los principios rectores que deben imperar en toda plática con los infantes y a los que se hizo alusión en líneas precedentes.
También consideró que como lo ordenan los lineamientos trazados, las manifestaciones del demandado hechas ante el perito de la actora, dado que este dictamen al igual que los que posteriormente analizó estaban encaminados a conocer el estado psicológico de las partes y sus hijos; de cuyas transcripciones indicó que como lo valoró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierten expresiones del tercero perjudicado ante el perito en psicología de la quejosa, en el sentido de que promueve que su hijo diga groserías aún en contra de su voluntad, para que se relacione con sus amigos; que sujetó los brazos de la actora con las rodillas, para mostrarle que podía someterla; que discutió con la actora respecto de ciertas cuentas bancarias, llamándola ladrona; y que intentó llevarse a su hijo menor, y que al intentar impedirlo la actora cayó al suelo en presencia de todos sus hijos.
De las manifestaciones mencionadas la Sala responsable advirtió expresiones del tercero perjudicado ante el perito en psicología de la quejosa, en relación a que promovía que su hijo dijera groserías aún en contra de su voluntad, para que se relacionará con sus amigos; que a la actora le sujeto los brazos con las rodillas para mostrarle que podía someterla; que discutió con la actora respecto de ciertas cuentas bancarias, llamándola ladrona y que intentó llevarse a su hijo menor, y que al intentar impedirlo la actora cayó al suelo en presencia de todos sus hijos, manifestaciones que consideró servían de prueba directa de la actitud violenta del demandado en contra de la quejosa y de sus hijos, lo que valorado en conjunto con las demás pruebas aportadas al juicio infirió que podía servir de base para tener por acreditada la violencia familiar y declarar procedente la acción intentada por la actora e infundados los agravios del impetrante sobre el particular.
En tal virtud, consideró que esas manifestaciones valoradas en relación con las demás pruebas aportadas al juicio, teniéndolas como un indicio de la conducta violenta del demandado y por ende eran suficientes para disolver el vínculo matrimonial, y decretar la pérdida de la patria potestad y por tanto, declarar infundados los motivos de inconformidad que se habían sometido a su consideración.
En el mismo orden de ideas, la Sala responsable procedió a valorar el resultado de las pruebas periciales en psicología, propuestas tanto por la parte actora como por el demandado y reprodujo los fragmentos relativos a los dictámenes realizados a **********, a **********; así como de sus menores hijos.
También valoró el dictamen emitido por la perito tercero en discordia, y reprodujó los fragmentos del mismo relativo a los exámenes psicológicos realizados a las partes, así como de sus hijos.
En consecuencia, el Tribunal de Alzada hizo suyo el criterio esgrimido por la Corte en el sentido de que debía sostener que resultaron indiciariamente y claramente indicativos de la generación de la violencia familiar del demandado hacía su consorte y sus hijos, en estricto acatamiento a los lineamientos trazados, los que, con plenitud de jurisdicción valoró y consideró que servían de base para tener por probada la acción de la actora, por lo que procedía desestimar los agravios del recurrente en relación con las causales alegadas por el Juez de primera instancia, pues aun cuando la perito designado por el demandado no encontró rasgos en éste como generador de violencia, ello quedó desvirtuado con las restantes pruebas ponderadas y valoradas por esa Sala, lo cual apoyó en la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: “PRUEBA PERICIAL. VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES.”
En otro orden de ideas, con relación a los dictámenes periciales en psicología, emitidos por el hospital Fray Bernardino Álvarez, respecto de ********** y de **********, los que consideró aptos para acreditar los hechos de violencia familiar reclamados, los cuales adminiculados con los medios de prueba citados en la ejecutoria que cumplimentó y que fueron materia de análisis por esa autoridad, así como con el informe rendido por el Centro de Atención a la Violencia Familiar (CAVI), del que advirtió varias comparecencias de la actora en las que narró diversos actos de conducta generadora de violencia familiar de su cónyuge, y aun cuando esas diligencias concluyeron en un convenio de mutuo respeto celebrado por ambas partes, en fecha seis de diciembre de dos mil cinco, esas actuaciones le generaron la convicción de la conducta violenta del demandado, en virtud de que de éstas advirtió la aceptación de tales hechos.
De igual manera, valoró el contenido literal de los correos electrónicos de fechas quince de julio y doce de septiembre de dos mil cinco, de los que advirtió la existencia de violencia familiar desplegada por el apelante, dado el contenido de algunas expresiones como son las referentes a: “No quiero lastimar a nadie”; “Te prometo que no habrá insultos, ni gritos de mi parte”; “lo único que me queda es esperar a que uno de los dos nos muramos”; “no tienes autorización mía para utilizar ninguna cantidad de mi dinero”; “una pesadilla interminable como esposos”; lo que a juicio de la Sala responsable al igual que en su momento a la autoridad federal, demostraron un hecho claro de no amenaza de violencia lo que es un hecho conocido, que al adminicularse con otros dio lugar a concluir sin lugar a dudas de que el comportamiento del apelante en el pasado fue violento durante el matrimonio, así como que su esposa e hijos fueron los receptores de dicha violencia, razón por la que constituyeron indicios que en su conjunto formaron prueba plena, sobre la predisposición del demandado contra su consorte, que también concatenado con los restantes medios de prueba produjeron plena convicción en el ánimo de la Sala sobre la actualización de la violencia familiar imputada a **********, por lo que con plenitud de jurisdicción determinó infundados los agravios habida cuenta que ningún perjuicio generó a sus intereses el hecho de que el Juez de primera instancia haya tenido por actualizada la causal de divorcio contenida en la fracción XVII del ordinal 267 del Código Civil, así como la de pérdida de la patria potestad, que a su vez regula el numeral 444 fracción III del mismo cuerpo de leyes sustantivo en mención.
Con base en lo expuesto, y en atención a las reglas de la lógica y la experiencia que preceptúa el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles, la responsable consideró que esas probanzas tenían validez probatoria plena para demostrar la pluricitada violencia familiar ejercitada por el demandado en contra de la actora y de sus descendientes; puesto que, de esos elementos advirtió que también los infantes habían resentido un daño emocional; y por tanto a su juicio ello era suficiente para tener por probados los extremos de la acción de divorcio y pérdida de patria potestad ejercitada por la demandante; además de que, aun cuando el enjuiciado negó la existencia de la violencia familiar que se le imputó, en la especie su contraria demostró no sólo la existencia de actos violentos por él cometidos, sino también la gravedad de los mismos, que repercutieron sin lugar a dudas en la integridad emocional de ********** y de los infantes que procrearon durante la vigencia del matrimonio.
Lo anterior, porque a criterio de esa Sala el Juzgador no violentó en perjuicio del impugnante el contenido de los artículos 278, 279, 281, 285, 289, 291, 402 y 81 del ordenamiento adjetivo de la materia, como tampoco los diversos criterios jurisprudenciales que citó en sus agravios con las voces “PRUEBA, MATERIA DE LA, SÓLO LA CONSTITUYEN LOS HECHOS CONTROVERTIDOS”; “PRUEBA SOLO LOS HECHOS CONTROVERTIDOS PUEDEN SER MATERIA DE”; “PRUEBA EN JUICIOS MERCANTILES. MATERIA DE LA. SÓLO LA CONSTITUYEN LOS HECHOS CONTROVERTIDOS”; “PRUEBAS. LA FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUZGADOR PARA APRECIARLAS NO VIOLA GARANTÍAS SINO INFRINGE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES QUE REGULAN LA PRUEBA O LA FIJACIÓN DE LOS HECHOS”; “VIDEOGRABACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, AL SER UNA VARIANTE DE LA PRUEBA DOCUMENTAL LES RESULTAN APLICABLES LAS REGLAS PREVISTAS PARA ÉSTA POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO”.
En consecuencia y atento al análisis anterior, determinó que no asistía razón a la recurrente en el sentido de que en la demanda la actora no planteó que se haya generado violencia de manera directa sobre los menores **********, pues contrariamente a lo afirmado, la actora sí había hecho valer tanto en su demanda como en su ampliación, violencia en contra de los menores en mención, razones por las cuales confirmó la determinación del Juzgador de disolver el matrimonio que une a los justiciables, así como la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre los impúberes indicados, tiene su sustento, no sólo en la violencia compelida en agravio de la consorte sino también de sus hijos.
Asimismo, la Sala responsable estimó que no era óbice a la conclusión alcanzada el argumento relativo a que en el fallo combatido el Juzgador omitió anotar los nombres de las excepciones propuestas, porque ello no implicó que no las haya estudiado ni mucho menos ponderado, razón por la cual para el debido entendimiento de ese fallo señaló que ********** no justificó los extremos de la excepción de “sine actione agis”, sino que por el contrario de autos advirtió que a la actora le asiste la razón para reclamar de su contendiente el divorcio y la pérdida de la patria potestad de sus hijos; que ésta cumplió con la carga procesal que le impone el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles; que tiene acción y derecho para reclamar éstas prestaciones y que desde luego se encuentra legitimada para ello, en su carácter de esposa y madre de los infantes, lo cual acreditó con los atestados del Registro Civil que acompañó al escrito de demanda; además de que, no benefició a los intereses del demandado lo que la actora indicó en los hechos 9, 23, 24, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de su demanda; puesto lo que ahí expresó no implicó que la enjuiciante haya confesado que no fue objeto de violencia por parte de su marido.
Igualmente, la autoridad responsable refirió que la excepción que se desprendió de las fotografías relativas al hecho 27 del escrito de contestación de la demanda, no le generó alguna presunción en el sentido de que el inconforme no haya sido el sujeto activo de violencia familiar en contra de los integrantes de su familia en su sentido más limitado, como lo son su esposa e hijos; como tampoco era atendible la excepción y defensa que alegó se derivaba de la simple lectura de la relatoría de hechos de la demandante; como tampoco la excepción que el ahora quejoso hizo valer con fundamento en el ordinal 444 del Código Civil y criterios sostenidos por Tribunales Federales, porque consideró que existen elementos de convicción suficientes para llegar a la conclusión que la actora al haber satisfecho la carga procesal que le impone el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles, lo conducente era decretar por el bien del núcleo familiar, la disolución del matrimonio de los consortes y la pérdida de la patria potestad que el padre ejerce sobre los tres hijos procreados.
También determinó que no se acreditó la excepción de oscuridad en la demanda; pues bastaba la simple lectura de las constancias de actuaciones, para advertir que el demandado estuvo en todo tiempo en posibilidad de dar respuesta a las imputaciones formuladas en su contra, oponer las excepciones y defensas que estimó pertinentes y en general alegar y probar lo que en su defensa conviniera.
En ese sentido, la Sala responsable señaló que aún en el supuesto, no concedido de que el Juez de primera instancia no se hubiera pronunciado sobre las excepciones de referencia, esto al apelante no le generaba beneficio procesal alguno, en virtud de que la Sala responsable tuvo por acreditadas las causales de divorcio y pérdida de patria potestad, generadas por la violencia familiar desplegada por ********** en perjuicio de su esposa e hijos.
En tal virtud y con base en el estudio practicado respecto de los elementos convictivos señalados expresamente por la autoridad federal, al atraer el juicio de amparo promovido por **********, la Sala responsable llegó a la conclusión de que lo conducente era confirmar la determinación del Juez de primera instancia por la cual decretó la disolución del matrimonio celebrado por los justiciables y expresamente condenó al apelante a perder la patria potestad sobre sus hijos.
Lo expuesto, porque en forma reiterada ese Tribunal revisor había sostenido que la violencia familiar era todo un estado de vida constituido por un continuo sometimiento, dominio, control o agresión física, verbal, emocional o sexual dirigido por un miembro de la familia a otro u otros, a través de actos concatenados y sucesivos que se van dando en el seno familiar y que con el transcurso del tiempo van mermando tanto la salud física como mental de los receptores o agentes pasivos de esa violencia; situación que tuvo plenamente por demostrada a través de las probanzas que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puntualizó en la ejecutoria que cumplimentó; aunado a que las consideraciones sustentadas en ese fallo son susceptibles de robustecerse con el criterio jurisprudencial que el propio impugnante citó con la voz: “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 323 QUATER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL”; habida cuenta que en este asunto tuvo por demostrada que la conducta violenta de ********** no se fincó sobre un hecho aislado sino sobre un conjunto de actividades que desde luego han lesionado a su consorte e hijos; que tal conclusión no implicaba formular estudio alguno respecto a la presunta violación de los numerales 193 y 196 de la Ley de Amparo, toda vez que ello está reservado a las propias autoridades federales, en función de lo establecido por el artículo 103 de nuestra Constitución Política.
Además, señaló que la mayoría de los Ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que se cumplimenta, decidieron apartarse de la tesis de jurisprudencia en la que se sostiene el criterio que para la procedencia de la pérdida de la patria potestad en tratándose de violencia familiar se requiere el señalamiento de circunstancias de modo, tiempo y lugar para que se actualice y que el apelante transcribe expresamente en su décimo cuarto agravio, como consta a fojas sesenta y nueve del Toca formado para la substanciación del recurso de apelación hecho valer por ********** y la adhesión al mismo promovido por **********.
A su vez, la responsable precisó, que si bien era cierto en la especie, tanto el divorcio como la pérdida de la patria potestad tienen su sustento en la violencia familiar ejercitada por el demandado en contra de la actora y sus hijos, ello no determinaba que se hubieran resuelto como una sola prestación, o como consecuencia una de la otra o viceversa; dado que al tratarse de prestaciones independientes y actualizarse los supuestos que esa revisora invocó a lo largo del fallo recurrido como son los supuestos normativos contenidos en el artículo 267, fracción XVII del Código Civil, vigente al inicio del juicio natural y 444, fracción III del mismo cuerpo de leyes, no existía agravio alguno que reparar en beneficio del apelante y por tanto procedía confirmar, la decisión del Juez de origen relativa a disolver el matrimonio de los justiciables, así como condenar al impugnante a perder la patria potestad sobre sus hijos, incluido desde luego el menor de nombre **********; puesto que contrario a lo sostenido por el demandado en sus agravios la violencia por él generada, desde luego alcanza a todos los integrantes del núcleo familiar, independientemente de su edad.
Por otra parte, el Tribunal de Alzada señaló que en atención a que el apelante en la ejecutoria que se cumplimenta no formuló concepto de violación sobre las consideraciones relativas a las pruebas: testimonial, documental privada, consistente en los estados de cuenta del teléfono celular del demandado, y los informes rendidos por el Centro de Convivencias y como se ordena en esa resolución tales aspectos los dejó intocados para formar parte ahora del fallo recurrido en los términos siguientes:
Por cuánto hace a la prueba testimonial ofrecida por la actora, a cargo de los C.C. **********, la Sala responsable consideró que la misma no le favoreció al ahora quejoso, dado que había sido declarada desierta por proveído dictado en audiencia de fecha veinte de febrero de dos mil seis; que tampoco le favorecían las documentales privadas consistentes en los estados de cuenta del teléfono celular del demandado y los informes rendidos por el Centro de Convivencias, porque los primeros sólo demostraron los números telefónicos de las llamadas realizadas, y respecto de los citados en segundo término según consta en los mismos no se habían verificado las convivencias ordenadas y aun cuando el demandado había promovido manifestando que se ha presentado y que su oponente no ha llevado a los infantes, advirtió que de los Informes en consulta reportan que en ninguna ocasión se ha presentado la actora con sus hijos, ni el demandado, por lo que no son aptos ni favorecen a la enjuiciante para acreditar la violencia familiar en que fundo su acción.
En consecuencia, concluyó que no causó agravio al recurrente el hecho de que como acertadamente y conforme a derecho se haya considerado por el juzgador de origen, acreditada la violencia que ejercía el demandado hacía su consorte e hijos, pues el mismo concedió valor probatorio pleno a los correos electrónicos de fechas quince de julio y doce de septiembre de dos mil cinco, pues estos hechos se adminicularon con las periciales en informática y computación, mismas que le fueron adversas al recurrente; además de que, con las grabaciones telefónicas sostenidas entre las partes, a las que también se les concedió pleno valor probatorio para tener por probados los hechos de la demanda y su ampliación en donde el señor ********** ejercía violencia psicológica hacia la señora ********** y los menores hijos de las partes, pues de la probanza que para ello se ofreció -pericial en materia de Análisis y verificación de voz--, se le hizo efectivo al demandado el apercibimiento teniéndosele por ciertas las afirmaciones que se le imputaban, de las que desprendió que siendo el objeto de las mismas proferir amenazas e intimidaciones hacía su contraria y habiendo escuchado dicha conversación los menores, también acreditaron la violencia ejercida en contra de éstos.
De la pericial en psicología ofrecida por el apelante, en la cual consta que no se advirtió que el ahora quejoso fuera generador de violencia, a juicio de la Sala responsable dicho dictamen quedó desvirtuado con las periciales en psicología ofrecidas por su contraparte, así como la del perito tercero en discordia y el estudio practicado a los involucrados del juicio natural, en la Secretaría de Salud, pues éstas al ser adminiculadas entre sí, llevaron al juzgador a la convicción de tener por acreditados los extremos de la causal de violencia familiar.
Del mismo modo, la autoridad responsable, indicó que a su juicio y como acertadamente fue señalado por el inferior, los eventos ocurridos el veintisiete de abril del dos mil seis, en el interior del Hospital psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”; a juicio de la Sala responsable quedó de manifiesto la violencia a la que estaban sometidos los menores **********, pues estos hechos quedaron robustecidos con las propias declaraciones de los menores realizadas ante la presencia judicial. Por tanto, advirtió que el impetrante no desvirtuó por ningún medio de prueba idóneo el dicho de la apelada, de lo que resultó que al tenerse por acreditadas las causales contenidas en la fracción XVII del numeral 267 y III del artículo 444, ambos del Código Civil para el Distrito Federal.
Igualmente, desestimó por infundados los agravios relativos a la solicitud del apelante para que se le fije un régimen de visitas y convivencias con sus menores hijos **********, todos de apellidos **********; para lo cual tomó en consideración para ello que si en el caso se le condenó a perder la patria potestad que ejerce sobre los mismos, al quedar acreditada la violencia familiar que desplegó en su perjuicio, era incontrovertible que con tal sanción perdiera todos los derechos que se generaron de dicha institución y dentro de los cuales, está precisamente el de las convivencias.
Lo anterior, porque en concepto de la Sala responsable fue en atención a la gravedad de la causal de pérdida de la patria potestad, que en la especie había tenido por demostrada; de ahí que no le beneficio al recurrente la contradicción de tesis número 123/2009 que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó con el rubro: “PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES.”
En ese sentido, la Sala responsable estimó que al recurrente, no le generó perjuicio alguno el hecho de que en la especie no se fije un régimen de visitas y convivencias con sus menores hijos, por lo que se declaró que era inaplicable la jurisprudencia que el impetrante hizo valer en el agravio décimo cuarto, por no asistirle la razón de que el Juez natural aplicó el criterio de la Corte que refirió en contravención al emitido en contradicción de tesis que hizo inaplicable el sustentado por el juzgador.
Igualmente, con el fin de atender al interés superior de los menores hijos de los contendientes, así como inclusive el de los propios justiciables, la responsable consideró pertinente ordenar que se dieran terapias psicológicas tanto a los divorciantes, como a sus hijos, lo anterior de tal forma que pudieran recobrar su salud mental y se les permitiera llevar una vida tranquila acorde con sus circunstancias personales; razón por la que la autoridad revisora estimó que en lo conducente los justiciables e infantes mencionados recibieran ayuda psicológica, para los efectos ya citados y para dar cumplimiento a esa determinación, ordenó girar los oficios correspondientes a los Hospitales “FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ”, para que atendieran a los contendientes adultos, y a “JUAN N. NAVARRO", así como a su vez proporcionaran todo el auxilio terapéutico necesario a los hijos de los promoventes de ese proceso; además de que deberían informar al Juez de Primera Instancia los resultados de la referida atención médica profesional que se debía procurar a todo el núcleo familiar involucrado en el juicio natural.
En otro orden de ideas, en relación al agravio décimo sexto consistente en que la actora no hizo ninguna referencia en su escrito de demanda de abstención alguna de parte del demandado en el cumplimiento de la obligación alimentaria con sus hijos y tampoco del monto al que ascendían sus necesidades, por lo que se encontraba completamente satisfecha dicha obligación; así como que, ********** no aportó prueba alguna relacionada con el cobro, fijación y monto de la pensión alimenticia; asimismo, que demostró en el incidente de cancelación de pago y reducción de pensión alimenticia que la divorciante tiene dos profesiones (ingeniero y acupunturista) por lo que ilegalmente el A quo dejó el mismo porcentaje del cuarenta por ciento con el sólo argumento de que los tres menores se encontraban en edad escolar; refiriendo también el monto al que ascienden los gastos tanto de la cónyuge como de sus hijos, por lo que la cantidad que paga como pensión alimenticia para éstos, es muy elevada atendiendo a que su contraria tiene también obligación de suministrarlos al quedar demostrado que ella trabaja y obtiene recursos económicos propios para sufragar sus propias necesidades; y por último que el Juez evita imponer a la apelada la carga de alimentos para sus menores, al no reducir de manera considerable el porcentaje determinado como pensión alimenticia.
Tales agravios la Sala responsable los estimó parcialmente fundados y suficientes para modificar el fallo combatido.
En efecto, la Sala responsable estimó que no generó agravio alguno, la determinación del Juez natural, por la cual se condenó al recurrente a pagar una pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos ********** todos de apellidos **********; puesto que de autos advirtió que la fijación de pago de alimentos no derivó de que al apelante se le haya imputado incumplimiento de su parte sobre el particular, ni de que la actora se haya abstenido de detallar el monto al que ascienden los gastos de los infantes y de aportar pruebas relacionadas con el cobro, fijación y monto de la pensión alimenticia; sino que como lo había referido el Juez natural, conforme a lo dispuesto en los artículos 940 y 941 Adjetivos, debían dictarse todas las medidas tendientes a la protección de los menores entre las cuales cobra especial importancia la de alimentos, puesto que ello define la posibilidad de que los infantes cuenten con los recursos necesarios para garantizar su debido crecimiento físico y emocional; de ahí que si en el caso, el Juzgador decretó la disolución del matrimonio que une a los co-promoventes y condenó a ********** a perder la patria potestad que ejerce sobre sus hijos, determinaciones que esta Alzada confirma con base a la plenitud de jurisdicción concedida y a los lineamientos de la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En tal virtud, estimó que era incontrovertible que lo procedente fuera fijar a cargo del padre deudor, el pago de una pensión alimenticia definitiva, en tanto que así se encuentra cristalizado en el artículo 309 del ordenamiento sustantivo de la materia, dado que a la luz de las resoluciones anteriores el apelante no podrá cumplir con su obligación alimenticia, mediante la incorporación de sus hijos al domicilio en donde él habita; razones todas ellas por las cuales se demuestra en forma indubitable que la condena impuesta al inconforme no le genera ningún estado de indefensión que merezca ser subsanado; de ahí que procedía adoptar las determinaciones necesarias para asegurar la obligación alimentaria en comento, dado que sería contrario al interés superior de los menores acreedores alimentarios, dejar al arbitrio del deudor el cumplimiento puntual y cabal de la procuración de alimentos a los hijos por él procreados.
Por lo que se refiere a los agravios consistes en que la divorciante tiene dos profesiones (ingeniero y acupunturista) y que procedió la incidencia correspondiente de cancelación de esa obligación respecto a ella, con la que ésta se conformó al no combatirla y pese a ello se determinó el mismo porcentaje de pensión alimenticia para aplicar a favor de sus tres menores, de lo que resulta que su monto no es proporcional; al respecto señaló que le asistía la razón, pues con el fin de aplicar correctamente el principio de proporcionalidad de los alimentos que regula el artículo 311 del Código Civil, es menester atender a la capacidad económica del deudor, a las necesidades de los menores y a las circunstancias concretas de cada caso; de suerte tal que todos los interesados mantengan en lo posible el status de vida al que se encuentran acostumbrados, esto es, una vida cómoda, aún sin lujos; criterio que robusteció con la contradicción de tesis emitida por la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).”
Una vez que la Sala responsable precisó lo anterior, señaló que le asiste la razón al inconforme por lo que hace a la afirmación de que el Juez natural fijó el cuarenta por ciento del total de sus ingresos, como pensión alimenticia definitiva para sus hijos, con el sólo argumento de que los tres menores se encontraban en edad escolar, pues como insistió, lo jurídico era atender al binomio capacidad-necesidad y a las circunstancias concretas de cada asunto para así aplicar correctamente el principio de proporcionalidad previamente enunciado por esa Revisora y por tanto consideró que debería ajustarse el porcentaje de los ingresos decretado como pensión alimenticia definitiva a cargo del demandado y a favor de sus hijos **********, ambos de apellidos **********.
Asimismo, señaló que con respecto de la capacidad económica del deudor alimentario, ésta se encuentra plenamente acreditada con la constancia de sus percepciones mensuales netas, (folio 58 del Tomo I) expedida por la **********, que ascienden a la cantidad de $********** y por otro lado, por lo que se refiere a las necesidades de los citados acreedores alimentarios, de las propias manifestaciones vertidas por los contendientes, y que constan de manera general a folios 155 tomo I y 82 del toca, se infiere que los gastos mensuales que se realizan en la manutención de sus hijos, consisten básicamente en el pago por gratificación a la nana de los infantes de $**********, comida $**********, clases de música $**********, colegiaturas $**********, vestido $**********, gastos médicos los cuáles no se incluyen en el monto a fijarse, por expresar el demandado que los cubre por descuentos directos de su nómina en seguros de gastos médicos de los menores, casa habitación la cual les proporciona la divorciante a sus hijos.
En ese orden de ideas y en atención a que a juicio de la responsable las circunstancias concretas del caso quedaron debidamente acreditadas, ya que la señora ********** es profesionista y obtiene ingresos regulares que no sólo le permiten, sino que también le obligan a contribuir al sostenimiento alimentario de sus hijos, en tanto que ello encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos 303, 309 y 312 del ordenamiento sustantivo de la materia; además de que, de autos advirtió la constancia que se refiere a que los acreedores habitan en un domicilio diverso al de su progenitor, lo que genera para éste la necesidad de cubrir diversos gastos de índole doméstico que desde luego no se generarían en caso de que tanto padre como hijos tuvieran la misma habitación; situación que desde luego debe generar para esta Sala la necesidad de otorgar al padre el remanente de sus ingresos, que también sea suficiente para sufragar sus respectivas necesidades alimenticias; siendo en consecuencia todos estos elementos, los que permiten a esta Ad quem conocer el nivel social de vida de los infantes, así como de los divorciantes, lo cual genera el pleno convencimiento de que el monto de la pensión alimenticia fijado por el juzgador consistente en el 40% CUARENTA POR CIENTO del total de las percepciones del deudor, no respeta el principio de proporcionalidad contenido en el ordinal 311 del Código Civil, lo que genera el consiguiente estado de indefensión para el impugnante, por lo que para subsanarlo, es menester modificar dicha determinación, para efecto de que el monto se fije en un porcentaje del 30% TREINTA POR CIENTO del total de sus percepciones laborales referidas, pues la cantidad a la que asciende dicho porcentaje, salvo error u omisión, asciende a la cantidad de $**********, que en consecuencia, resulta proporcional y suficiente para satisfacer las necesidades de los hijos; además de que, a esta suma se debe de adicionar la contribución que también deba de hacer la apelada, al contar con recursos económicos para ello y ponderando que les proporciona habitación y visto que al señor ********** le quedará un remanente de $********** que es suficiente para solventar sus necesidades y sobre todo el nivel de vida adquirido; y por tanto, al resultar parcialmente fundado el décimo sexto agravio, consideró que debía modificarse el fallo apelado.
Del mismo modo invocó como apoyo, la tesis de jurisprudencia J/248, de rubro:ALIMENTOS. EL PARÁMETRO ARITMÉTICO PARA FIJAR LA PENSIÓN RELATIVA, ES INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).”
En otro orden de ideas, por lo que se refiere a la del pago de daños y perjuicios que la parte actora y que el Juez concedió en la sentencia apelada, señaló que era innecesario e improcedente que esa Alzada se pronunciara al respecto, visto que el recurrente a través de sus conceptos de inconformidad, no la combatió y por consiguiente no constituyó parte de la litis a resolver en ese medio de impugnación, por ser de explorado derecho que aquélla se constituye con el fallo combatido, así como con los agravios y contestación de los mismos; de suerte tal que, si en la especie el demandado no formuló cuestión alguna de inconformidad al respecto dicha condena debía permanecer intocada.
Por todo lo anteriormente expuesto, la responsable confirmó la determinación del Juez primario por la cual decretó la disolución del matrimonio que unía a los contendientes, al tener por acreditada la violencia familiar ejercida por el demandado en contra de su esposa e hijos, con lo cual se configuró la hipótesis normativa contenida en la fracción XII, del artículo 267 del Código Civil; conducta asumida por el enjuiciado que también generó que fuera condenado a perder la patria potestad que ejerce sobre sus hijos, lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 444 fracción III del Código Civil. Por otra parte, se modificó el punto cuarto resolutivo de la sentencia de mérito para efecto de precisar que la pensión alimenticia definitiva que ********** debía cubrir a favor de sus hijos, debía ascender al 30% TREINTA POR CIENTO del total de sus ingresos y no al 40% CUARENTA POR CIENTO que el Juzgador fijó.
Finalmente, en relación a los argumentos expresados por ********** en su adhesión a la apelación interpuesta por el demandado, el Tribunal de Alzada llegó a la conclusión de que los mismos eran eficaces y procedentes para mejorar las consideraciones que vertió el A quo en el fallo apelado y por lo que se refería básicamente al acreditamiento de la existencia de violencia familiar generada por ********** y que actualizó la causal de divorcio contenida en la fracción XVII, del artículo 267 del Código Civil vigente a la fecha de inicio del procedimiento en comento, así como la de pérdida de la patria potestad que el demandado venía ejerciendo sobre sus hijos ********** de apellidos **********.
Lo anterior es así, pues de los argumentos vertidos en dicho sentido, le asistió la razón por cuanto a que quedó acreditada la violencia familiar de la que fueron objeto sus menores hijos y la propia apelada, pues como quedó asentado en el fallo, la actora sí narró en los hechos de demanda y ampliación a la misma los actos de violencia familiar generados por su contendiente; concretamente, los acontecidos el día quince de octubre del dos mil cinco, lo ocurrido en el Hospital “Fray Bernardino Álvarez” el treinta y uno de marzo del año dos mil seis, las manifestaciones vertidas por los propios hijos ante la presencia judicial en las diligencias y pláticas sostenidas por los mismos de fecha veintisiete de abril de dos mil seis, mismos que analizó; así como la llamada telefónica realizada por el inconforme de fecha trece de septiembre de dos mil cinco; los estudios en psicología realizados a ambas partes y a los menores **********, todo lo anterior, adminiculado con los elementos de prueba que obran en actuaciones citados detalladamente y en estricto cumplimiento al fallo protector, y que refiere la señora ********** en su escrito de adhesión a la apelación planteada por su contrario, mismos que robustecen la determinación del Juez primario y hacen procedente la acción ejercitada, por lo que se refiere a tener por acreditados los extremos previstos en la fracción III, del artículo 444 del Código Civil, lo que condujo a condenar al enjuiciado a perder la patria potestad sobre sus menores hijos, así como la causal de divorcio contenida en la fracción XVII del numeral 267 de la misma ley en consulta, vigente cuando se inició el juicio natural que generó la disolución del vínculo matrimonial celebrado por los justiciables.
En consecuencia del anterior análisis y por las razones expresadas, el Tribunal de Alzada concluyó que los agravios expresados por **********, por conducto de su apoderado legal **********, eran parcialmente fundados y suficientes para modificar el fallo combatido, e inoperantes en otra; en tanto que era de desestimarse los argumentos de ********** en su apelación adhesiva, para mejorar las consideraciones de la resolución materia del presente toca, en los términos del análisis vertido con antelación; por lo que debía de modificar el fallo apelado en los términos ya apuntados.
Por otra parte señaló, que en atención a que el caso no está comprendido dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no condenó en costas.
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