Amparo directo 29/2016 quejoso: ministro ponente: josé ramón cossío díaz secretariA: luz helena orozco y villa sumari o



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AMPARO DIRECTO 29/2016


AMPARO DIRECTO 29/2016

QUEJOSO: **********

MINISTRO ponente: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

secretariA: luz helena orozco y villa

S U M A R I O
La madre de una menor presentó una solicitud de restitución ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, con base en el Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Seguido el requerimiento por las autoridades estadounidenses, la titular de la Dirección de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó del asunto a las autoridades judiciales correspondientes, conociendo del mismo el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Partido Judicial de Los Cabos, Baja California Sur. Seguido el proceso por sus distintas etapas, el juez dictó sentencia en el sentido de declarar procedente la solicitud de restitución de la menor a su lugar de residencia habitual en los Estados Unidos de América. Inconforme con dicha resolución, el padre de la menor interpuso recurso de apelación. El tribunal de alzada dictó sentencia confirmando el fallo apelado. El padre de la menor promovió juicio de amparo. El Tribunal Colegiado competente determinó solicitar a este Alto Tribunal que conociera del asunto, dada su importancia y trascendencia. La Primera Sala ejerció la facultad de atracción y por ello resuelve el presente juicio de amparo directo.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al quince de febrero de dos mil diecisiete, emite la siguiente:


R E S O L U C I Ó N
Mediante la que se resuelven los autos relativos al amparo directo 29/2016 promovido por ********** en contra de la sentencia de tres de octubre de dos mil catorce dictada por la Segunda Sala Unitaria en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur en el toca civil **********.
I. ANTECEDENTES


  1. Hechos1. El seis de abril de dos mil ocho, ********** y ********** contrajeron matrimonio en la ciudad de Cabo San Lucas en el Estado de Baja California Sur. Un año después, nació su menor hija, de nombre **********, en la misma ciudad.




  1. Solicitud de divorcio y contestación. El nueve de enero de dos mil trece, ********** solicitó ante el Tribunal Superior de Washington para el Condado de King, en los Estados Unidos de América, decretar la disolución del vínculo matrimonial entre ella y ********** y aprobar el plan temporal de crianza para la menor hija en común que propondría en los días subsiguientes, entre otras prestaciones2. El demandado dio contestación el quince de enero de dos mil trece, solicitando al Juzgado que se sirviera decretar la disolución del matrimonio y confirmando el plan de crianza, entre otras cuestiones3.




  1. Plan Temporal de Crianza”. El catorce de febrero de dos mil trece, los padres de la menor celebraron el convenio denominado “Plan Temporal de Crianza”, ordenado, juzgado y decretado por el Tribunal Superior de Washington para el Condado de King, en los Estados Unidos de América4. En dicho plan se precisó el siguiente esquema de residencia para la niña: a) las partes debían compartir el tiempo de residencia con su menor hija —durante dos mil trece—, de tal forma de enero a abril la menor debía residir con su madre en Seattle, de mayo a junio la menor debía residir con su padre en México, de julio a octubre debía residir con su madre y de noviembre a diciembre, la menor viviría con su padre en México. Todo ello con reserva de la inscripción escolar de la menor, ya que una vez realizada debería residir con la madre. Asimismo, en el documento se especificaron los esquemas de días festivos y ocasiones especiales, entre otros.




  1. Respecto del otorgamiento de la custodia, en el “Plan Temporal de Crianza” se estableció que, en tanto la mayor parte del tiempo la menor residiría con la madre, a ella se le otorgaría la custodia solamente en lo relativo a las demás legislaciones estatales y federales que requirieran la designación o determinación de la custodia. No obstante, se precisó que tal designación no habría de afectar ni los derechos de los padres ni las responsabilidades que emanaran del plan referido.




  1. Resolución sobre medidas de apremio para ejecución forzosa del “Plan Temporal de Crianza”. El veintidós de agosto de dos mil trece, en el Tribunal Superior de Washington para el Condado de King se dictó una resolución accediendo a la solicitud de la actora ********** de ordenar medidas de apremio para la ejecución forzosa del citado “Plan Temporal de Crianza”, así como los gastos y costas, entre otras prestaciones y sanciones5.




  1. En dicho documento, se ordena que el demandado devuelva a la menor a la demandante el veintisiete de agosto de dos mil trece en el Condado de King, Washington, así como la suspensión de toda convivencia fuera del territorio del estado de Washington hasta en tanto no se dicte una orden posterior o exista un convenio por escrito de las partes.




  1. Solicitud de restitución internacional. El veintitrés de septiembre de dos mil trece, ********** solicitó la restitución de la menor ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, con base en el artículo 29 del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Como sustento, manifestó que al terminar la estancia de la menor con su padre por lo que hacía a los meses de mayo a junio de dos mil trece —de conformidad con el “Plan Temporal de Crianza”—, el treinta de junio de dicho año, el progenitor incumplió con su obligación de regresar a la menor a la ciudad de Seattle, Washington6.




  1. Trámite ante la Autoridad Central. Seguida la gestión de requerimiento por las autoridades estadounidenses, el diecinueve de noviembre de dos mil trece, mediante oficio número ********** derivado del expediente **********, suscrito por la titular de la Dirección de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur de la solicitud de restitución de la menor, pidiendo se procediera a dar el trámite jurídico correspondiente en los términos del Convenio de la Haya y señalando que la menor podía ubicarse en **********.




  1. Juicio de origen. Una vez que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur recibió la citada solicitud, envió comunicación al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar en Turno del Partido Judicial de Los Cabos, con residencia en Cabo San Lucas. El asunto se turnó al Juez Segundo de Primera Instancia del ramo, partido y localidad referidos, quien lo radicó como controversia familiar **********. Asimismo, el juzgador dispuso que previo a emplazar al demandado ********** por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se notificara a la solicitante **********, sobre la admisión de su solicitud de restitución.



  1. Solicitud de medida provisional y entrega de la menor. Por escrito presentado ante el juez del conocimiento el once de diciembre de dos mil trece, la solicitante se apersonó al juicio pidiendo como medida cautelar que se ordenara la ubicación y recuperación de la menor.




  1. Por auto del mismo once de diciembre de dos mil trece, el juez ordenó emplazar al demandado para que en el término de nueve días diera contestación a la demanda. Asimismo, advirtió que como ya había sido establecido por el Tribunal Superior de Washington, Condado de King, que la custodia de la menor estaba a cargo de **********, entonces, de conformidad con el artículo 3 del Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, se acreditaba el derecho de custodia infringido, por lo que a fin de evitar nuevas sustracciones decretó como medida provisional la custodia a cargo de la madre en tanto se resolviera la controversia. En consecuencia, ordenó requerir al demandado o a quien la tuviera a su cargo para que en el acto de la diligencia entregara a la menor al personal actuante, incluso autorizando la aplicación de medidas de apremio.




  1. El trece de diciembre de dos mil trece se practicó la diligencia referida, en la que el actuario judicial entregó a la menor a su madre7.




  1. Contestación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil catorce, ********** dio contestación a la demanda incoada en su contra, oponiendo las excepciones y defensas que estimó pertinentes.




  1. Específicamente, el demandado manifestó que la pretensión era improcedente, ya que la progenitora revelaba una falta absoluta de cuidado de la niña, mientras que él le había procurado vivienda estable, estudios, atención médica y alimentos. Además, denunció que la madre no había precisado un domicilio para la estadía de la menor al habérsele concedido la custodia provisional, cuando la niña ya se encontraba plenamente adaptada a su entorno social en México, que era su residencia habitual, por lo que ponerla a disposición de la actora constituía una alteración emocional para aquélla. Asimismo, relató los antecedentes del problema familiar, imputándole a la actora diversos hechos, y desconoció el convenio denominado “Plan Temporal de Crianza”, señalando que no se habían cumplido las formalidades del procedimiento en su elaboración y que el mismo no estaba ratificado.




  1. Además, refirió que el treinta de abril de dos mil trece demandó de ********** la disolución del vínculo matrimonial así como la pérdida de la patria potestad respecto de su menor hija, entre otras prestaciones, radicándose el juicio ante el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Partido Judicial de Los Cabos en el expediente **********.




  1. Sentencia de primera instancia. Seguido el proceso por sus distintas etapas, el siete de febrero de dos mil catorce, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar en Cabo San Lucas, Baja California Sur, dictó sentencia en el sentido de declarar procedente la solicitud de restitución de la menor a King County, Washington, Estado Unidos de América. Ello al considerar que la parte actora demostró los presupuestos de procedencia de restitución de conformidad con los artículos 3 a), 5 a) y 8 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y que el demandado ********** no acreditó los supuestos de excepción para la no procedencia de la restitución de su hija.




  1. Recurso de apelación y sentencia de segunda instancia. Inconforme con dicha resolución, ********** interpuso recurso de apelación, que se registró con el número de toca ********** en la Segunda Sala Unitaria en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur.




  1. La Sala dictó sentencia el tres de octubre de dos mil catorce en el sentido confirmar el fallo apelado. Para ello, sostuvo esencialmente que las pruebas aportadas por el demandado no resultaron idóneas para desvirtuar el instrumento del cual dimana el derecho de la promovente que dio sustento a la restitución, esto es, el documento público denominado “Plan Temporal de Crianza”, el que —sostuvo la Magistrada— goza de una presunción iuris tantum de haber sido aprobado conforme a Derecho, ni tampoco lograron acreditar la coacción que adujo el recurrente haber sufrido para su suscripción, lo que en todo caso debía haberse controvertido en aquel procedimiento.


II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO


  1. Demanda de amparo. En contra de la sentencia emitida en el recurso de apelación, ********** promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil catorce. Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito.




  1. El Magistrado en funciones de Presidente de dicho órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda mediante acuerdo de treinta de enero de dos mil quince, registrándola bajo el número de expediente **********, y estimando que no era el caso de tener como autoridad responsable a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, en la medida de que no constituye autoridad jurisdiccional con motivo del juicio de origen, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo.




  1. Por resolución de once de febrero de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito determinó solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de su facultad de atracción para conocer del amparo directo **********, al considerar que dicho asunto reunía los requisitos de interés y trascendencia8.




  1. Ejercicio de la facultad de atracción. Esta Primera Sala determinó ejercer la facultad de atracción **********, bajo la ponencia del Ministro Pardo Rebolledo, en sesión de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. De ahí que previos trámites de ley, el Presidente de este Alto Tribunal dictó un acuerdo el primero de agosto de dos mil dieciséis9, en el cual ordenó registrarlo como amparo directo 29/2016, admitió a trámite el asunto y finalmente, instruyó turnar el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz y enviar los autos a la Primera Sala para el trámite correspondiente.




  1. El Presidente de la Primera Sala determinó que ésta se avocaba a la resolución del caso mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil dieciséis, e instruyó devolver los autos al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.


III. COMPETENCIA


  1. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, en atención a que se ejerció la facultad de atracción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 40 de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con lo dispuesto en los Puntos Primero, párrafo segundo, y Segundo, fracción IX, del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece. Asimismo, este órgano resulta competente ya que el presente asunto es una controversia de naturaleza civil, materia de su especialidad, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.


IV. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN


  1. Resulta innecesario el cómputo de días ya que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito en la resolución de once de febrero de dos mil dieciséis dentro de su considerando tercero, concluyó que la demanda de amparo había sido presentada de forma oportuna10.




  1. Asimismo, la parte quejosa se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo directo, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, al haberle sido reconocido tal carácter por la autoridad responsable.


V. PROCEDENCIA


  1. El juicio de amparo directo que nos ocupa resulta procedente, en virtud de que se hace valer en contra de una sentencia definitiva respecto de la cual la ley no concede recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo11.




  1. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado —sentencia dictada el tres de octubre de dos mil catorce— quedó acreditada con el documento original que consta en los autos del presente asunto.


VI. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER EL ASUNTO


  1. A continuación se sintetizan las consideraciones de la autoridad responsable y los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo.




  1. Sentencia reclamada. La Sala unitaria responsable consideró procedente confirmar la sentencia apelada ya que los motivos de disenso eran infundados. Para ello, estableció —en síntesis— los siguientes razonamientos:




    1. Control ex officio. En primer lugar, la Sala responsable refirió realizar un estudio ex officio, ya que en el caso debía velarse por el interés superior del menor y por lo tanto, debía garantizarse lo contemplado en los artículos 4° de la Constitución Federal y 6, apartado 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Del mismo modo, advirtió que se cuestionaban los derechos humanos de acceso a la justicia y protección judicial, contemplados en el artículo 17 de la Constitución, así como los artículos 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con ese parámetro normativo, la Magistrada consideró que la sentencia de primera grado no violentó ninguno de los derechos humanos referidos, ya que se había observado el interés superior del menor y se habían respetado las formalidades del procedimiento.




    1. Agravios sobre la falta de valoración de pruebas. La Sala responsable consideró como infundado lo aducido por la parte recurrente sobre que no se hubieran valorado las pruebas por él ofrecidas y que únicamente el juez reconoció aquéllas ofrecidas por su contraparte. Al respecto, la Magistrada refirió que no podría sostenerse una falta de valoración de los medios de convicción, esto en razón de que precisamente con base en esas pruebas fue que la sentencia de primer grado concluyó que la menor estuvo la mayor parte de su vida en la ciudad de La Paz, Baja California, lugar en donde nació; así como que su padre, siendo apto para ejercer la guarda y custodia de su hija, había provisto diligentemente sobre su cuidado, salud, esparcimiento y educación; y que la menor, en forma intercalada (como ambos padres lo habían reconocido) estuvo viviendo tanto en México como en los Estados Unidos de América. No obstante —consideró la Magistrada—, el juez natural resolvió, en uso de sus facultades, que dichas pruebas no eran eficaces para demostrar que la menor quedó integrada al medio que el progenitor proveía en México, estimando que la sustracción tenía menos del año que se suscitó y que ambos padres de acuerdo al “Plan Temporal de Crianza” determinaron que su residencia habitual sería en Estados Unidos. De igual manera —relató la alzada—, el juez sostuvo que de las documentales de referencia no se desprendía que la madre de la menor no ejerciera de modo efectivo el derecho de custodia o que hubiera consentido el traslado de su hija, ni mucho menos que la restitución implicara un peligro físico o psíquico para la niña. Con base en lo anterior, la Magistrada concluyó que la autoridad de primer grado efectivamente emitió una argumentación en relación con los elementos de convicción, y que si bien fue en abstracto, resultaba suficiente para controvertir la omisión alegada por la parte recurrente.




    1. Agravios sobre la omisión de estudio de las excepciones. La Sala responsable calificó como fundados pero inoperantes los argumentos de agravio que sostenían que el juez de primera instancia omitió estudiar y resolver respecto de todas y cada una de las excepciones y defensas opuestas en el escrito de contestación de demanda. Lo anterior ya al estimar el tribunal de alzada que aun analizando y abordando dichas excepciones, éstas no eran suficientes para decidir la cuestión controvertida de manera favorable a los intereses del apelante, toda vez que existían diversas razones aptas para concluir en el sentido del fallo de primer grado. Para fundamentar tal conclusión, la Magistrada analizó cada una de las excepciones opuestas por el demandado:

Respecto de la excepción de competencia, la improcedencia de la vía, y la excepción de litispendencia, la autoridad responsable señaló que el juez de primera instancia utilizó como piedra angular de su determinación el “Plan Temporal de Crianza”, celebrado entre ********** y ********** el catorce de febrero de dos mil trece ante el Tribunal Superior de Washington para el Condado de King, en los Estados Unidos de América. De dicho convenio se desprendía el derecho de la progenitora a la guarda y custodia temporal de la menor, por lo que determinó procedente la aplicación y cumplimiento de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Al realizar una interpretación teleológica de dicha norma internacional —refirió la Magistrada—, el juzgador debe atender a los supuestos ahí establecidos, en tanto la comunidad internacional ya tuvo en cuenta el interés superior del menor en su elaboración, concluyendo que ante la comprobación de una sustracción ilegal, lo más benéfico para el niño o niña es su restitución inmediata, siendo que las únicas excepciones oponibles son la inexistencia del derecho que se trata de proteger, evitar el peligro psíquico o físico que pueda representar la restitución, la integración del menor al nuevo ambiente, la prueba de su traslado a un Estado distinto, o cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de derechos humanos, hipótesis que además deben interpretarse restrictivamente. Por tanto, la Magistrada concluyó que las excepciones referidas eran improcedentes de plano.


En relación con la excepción sine action agis o la falta de acción y derecho, sustentada en que la notificación realizada en el procedimiento de origen en Estados Unidos —en el que se basa el derecho del que emana la solicitud de restitución— no se llevó a cabo al demandado en su domicilio de forma personal, la Magistrada señaló que era improcedente, puesto que tal y como lo resolvió el juez de primera instancia, el derecho del que dimana la solicitud de restitución proviene de un consenso de voluntades denominado “Plan Temporal de Crianza”, celebrado ante la autoridad jurisdiccional estadounidense, el cual tiene la presunción iuris tantum de estar aprobado conforme a derecho, que si bien admite prueba en contrario, lo cierto es que ésta debe estar debidamente acreditada. La Sala responsable agregó que aun en la hipótesis de que la parte encausada no hubiera sido notificada, ésta se hizo presente en el procedimiento de origen, estando en posibilidad de controvertirlo sin haberlo hecho, y por tanto, concluyó que dicha actuación judicial tiene el alcance de acreditar el derecho de la parte actora.
Respecto de la excepción innominada de falta de condiciones necesarias para la restitución de la menor, —la cual la parte recurrente hacía consistir en que en el caso concreto no se actualizaba la figura de retención internacional de menores en términos de lo señalado por el artículo 3° del Convenio de La Haya, sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, por lo que debería prevalecer el interés superior de la menor—, la Sala responsable la calificó como improcedente al estimar que dicho interés ya estaba inmerso en el instrumento internacional aplicado por la autoridad de primer grado, que en particular respondía a la problemática de multiplicación de sustracciones y retenciones ilegales internacionales a menores, para evitar que los niños sufrieran los perjuicios que acarreaba la alienación de su familia, como sucedió en la especie.
Finalmente, en relación con la excepción innominada de violación a las leyes prohibitivas de interés público, en particular lo sostenido por la parte recurrente en el sentido de que se había violado el artículo 9° de la Convención sobre los Derechos del Niño en donde se prevé la obligación para los Estados de velar por que el niño no sea separado de sus padres, la Sala responsable consideró que era improcedente en tanto debía interpretarse conforme a la Constitución Federal y el resto de los tratados internacionales, siendo que en el caso particular resultaba físicamente imposible al estar los padres de la menor geográficamente separados, por lo que necesariamente al encontrarse bajo la custodia de uno, estaría separada del otro. Al respecto, la Magistrada señaló que no había sido el juez de primera instancia quien violentó la norma internacional, sino el demandado al violar el acuerdo entre las partes y determinar ejercer exclusivamente la custodia en cuestión, por lo que en aras del interés superior de la niña debía ordenarse su restitución.


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