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Medios personales y materiales



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Medios personales y materiales.

  1. Una panorámica general.


Cuando antes explicamos el concepto de dilación indebida, decíamos que así se considera en terminología constitucional al retraso que experimenta la tramitación de un procedimiento judicial si la demora obedece a razones exclusivamente imputables al órgano jurisdiccional ante el que se sustancia, cuyo anormal funcionamiento podría estar directamente conectado con los problemas estructurales a que suele dar lugar la precariedad de los medios personales y/o materiales a su servicio o incluso una planta judicial insuficiente.

Es por ello que una inadecuada disposición de estos medios al servicio de la Administración de Justicia, respecto de los que nuestra Comunidad Autónoma detenta plenas competencias desde hace ya más de una década, al incidir negativamente sobre derechos de protección constitucional, como son el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, con todas las garantías y sin indefensión, así como el de tutela judicial efectiva, se constituye en motivo de preocupación para nosotros en cuanto afecte al ejercicio de dichos derechos por parte de la ciudadanía.

Así pues, con una cadencia pareja a la consolidación del ejercicio de dichas competencias por parte de nuestra Comunidad Autónoma, hemos ido incrementando a lo largo de estos últimos años nuestra actividad supervisora al respecto, y de ella tratamos al comentar los expedientes de queja que se reseñan a continuación, empezando por uno que en el Informe Anual del pasado año comentábamos como expediente de oficio inconcluso, la queja 08/4658, a cuya apertura se procedió tras habérsenos informado por varios conductos acerca de la inexistencia de una sala de espera para familiares, anexa a la de autopsias, en la Ciudad de la Justicia de Málaga, versando la más gráfica de las reclamaciones remitidas sobre la práctica de la autopsia a un joven fallecido en accidente de circulación, cuyos desesperados familiares -padres, abuelos, tíos- tuvieron que permanecer, durante las veinticuatro horas que se invirtieron en practicarla, deambulando por los pasillos o, pasadas las horas, sentados e incluso tendidos en el suelo.

Ello era debido, según la información que nos exponían en las referidas reclamaciones, a que, contrariamente a lo que sucedía cuando las autopsias se practicaban en el Parque Cementerio, el nuevo recinto, ubicado en unas instalaciones de tan reciente construcción, carecía de un espacio habilitado para que los familiares, cuyo lógico deseo es permanecer lo más cerca posible del finado, puedan aguardar en unas condiciones mínimamente dignas, y no tengan que hacerlo con un plus de penosidad a la ya de por sí trágica situación en la que se desenvuelve el fallecimiento de una persona a la que, por el motivo que sea, es necesario practicarle la autopsia.

Fue por ello que, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, en el marco de las competencias atribuidas al correspondiente Departamento de la Consejería de Justicia, nos dirigiéramos a su Delegación de Málaga solicitando la emisión de informe al respecto que comprendiera, de confirmarse la situación descrita, el planteamiento de la posibilidad de habilitar un espacio en evitación de situaciones como la descrita, que sin que se puedan calificar de trascendentes sí que son dolorosas para quienes la sufren y, por tanto, tan merecedoras de soluciones como otras cuya trascendencia quizá no se traduzca en una incomodidad tan directa como ésta.

La primera respuesta que recibimos fue la de poner de manifiesto tanto las circunstancias actuales en presencia –la inexistencia de sala de espera, justificada por el escaso tiempo en que permanecía un cadáver en la misma- como la voluntad de resolver la cuestión, para lo cual se estaba estudiando la ubicación del espacio que se habilitaría para la hasta ahora inexistente sala de espera, que se situaría, por las razones que igualmente nos expresaba de controlar el acceso y ser vigilada por los de seguridad que custodian la entrada-, en la planta baja y junto a la entrada del edificio.

Pero, pese a la esperanzadora respuesta, decidimos no dar por concluidas nuestras actuaciones hasta tanto no comprobar que se había materializado el anuncio, por lo que, tras un compás de espera, volvimos a dirigirnos a la Delegación de Justicia de Málaga significándole que dado que había transcurrido un tiempo prudencial desde su primera comunicación, nos informara sobre los avances habidos al respecto, ya que no deseábamos proceder al cierre definitivo del presente expediente hasta contar con una mayor concreción en cuanto a la realidad del anunciado proyecto.

Pues bien, de la nueva comunicación enviada ya avanzado el año al que el presente Informe se refiere se desprendió que nuestra pretensión había sido aceptada, toda vez que nos manifestaron haber adoptado dos medidas: una, la de habilitar una zona de espera de familiares en la planta baja del edificio, que cuenta con aseos y máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, y la otra, la elaboración de un protocolo de colaboración con el Servicio de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, por si fuese necesario en algunos casos una preparación psicológica previa, dadas las trágicas circunstancias en que se producen algunos fallecimientos, a la vista de lo cual pudimos dar por concluida nuestra intervención.

Se da la circunstancia de que en el presente ejercicio se nos ha planteado una queja de similares características, pero esta vez referida a las muy deficientes condiciones en que se encuentra el Instituto Anatómico Forense de Sevilla, cuestión que ponía de manifiesto la promotora de la queja 09/3938, que nos trasladaba su estupor ante el estado de las referidas instalaciones, a las que un amigo de su familia fue trasladado tras sufrir un accidente de tráfico mortal, sin que su “denuncia sea otra que si el lugar no reúne los requisitos mínimos...se investigue a favor de otros familiares que, por desgracia, seguirán pasando por allí”.

Al depender ya el antes llamado Anatómico Forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, decidimos admitir la queja ante la Delegación de Justicia de esta ciudad, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, en el marco de las competencias atribuidas al correspondiente Departamento de la Consejería de Justicia, a la que solicitamos nos informara sobre la realidad del problema expuesto así como, en su caso, sus posibles soluciones, sin que, dada la fecha en que se solicitó, coincidente con el final del ejercicio al que el presente Informe se refiere, haya sido enviada aún la preceptiva respuesta al respecto, que comentaremos en el próximo Informe Anual.

También tendremos que completar el próximo año el comentario correspondiente a otro expediente de oficio, la queja 09/4703, a cuya apertura se procedió cuando a comienzos del último trimestre del año sobre el que se informa se reflejó en diversos medios de comunicación la noticia de las dificultades que estaba atravesando el Juzgado de Paz del municipio sevillano de La Algaba, al no disponer de dinero para hacer frente a su funcionamiento diario, razón por la que su titular había dirigido escritos a diversas instancias exponiendo la situación y solicitando remedio para la misma.

Con base en tales informaciones iniciamos el expresado expediente de oficio para conocer la situación y ayudar en lo posible a la superación de la misma, remitiéndosenos por parte del Juzgado varios escritos concretando las dificultades habidas, consistentes, en definitiva, en no poder adquirir diverso material de oficina; no poder remitir correo a los ciudadanos usuarios del juzgado; incluso no poder utilizar el teléfono por impago de facturas; no poder arreglar la fotocopiadora principal, al no estar al día los pagos con la empresa que presta el mantenimiento técnico de la misma, y así otras dificultades parecidas.

Ante tal situación, comparecimos personalmente en el Juzgado de Paz para conocerlo y entrevistarnos con su titular y con el Secretario del mismo, pudiéndose comprobar durante la visita el contraste existente entre una muy adecuada sede judicial por la que habría que felicitar al Ayuntamiento y unas dificultades de funcionamiento que repercuten muy gravemente en el efectivo desarrollo de las competencias que se atribuyen a los Juzgados de Paz y sobre la carga de trabajo que soportan, y más cuando se trata de municipios tan poblados como éste.

Por todo ello, decidimos solicitar informe al Alcalde-Presidente del citado municipio, en el que se recogiera el importe de las subvenciones recibidas para el funcionamiento ordinario del Juzgado, las fechas de su ingreso en la caja municipal y la forma en que se atienden las peticiones de pago de las facturas del Juzgado, y ello referido a los tres últimos años, pudiendo hacer extensivo el informe a cuantas cuestiones consideraran oportunas, y en idéntico sentido nos dirigimos a la Delegación de Justicia en Sevilla, sin que a la fecha en que redactamos este Informe Anual hayan llegado aún las respuestas de uno y otra.

El pasado año nos extendimos ampliamente al comentar la tramitación de la queja 08/2007, a cuya apertura se procedió después de que el Portavoz de un Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Utrera se dirigiera a nosotros exponiéndonos que venían recibiéndose en el Grupo denuncias, tanto de los ciudadanos como de los profesionales del Derecho que ejercen en el partido judicial de Utrera, sobre el retraso generalizado al que veían sometidos los procedimientos judiciales en los que participan y allí se siguen, que parecía obedecer indefectiblemente al considerable aumento de la población que compone el partido judicial (que se extiende a otras localidades con poblaciones muy numerosas), al de la litigiosidad y a la nueva adscripción de competencias –entre las que ha de destacarse la concerniente a la violencia sobre la mujer-, en contraste con la inmovilidad de la planta judicial, que está compuesta por tan sólo tres Juzgados desde hace veinte años, uno de los cuales, el número Dos, a mayor abundamiento compatibiliza sus funciones habituales con las de violencia sobre la mujer.

Tras admitirse la queja, en respuesta a nuestra petición de informe sobre la misma, el Secretario General para la Justicia nos participaba que la Consejería, al confeccionar para su elevación al Ministerio de Justicia la Programación Anual para la creación de nuevos órganos judiciales en Andalucía en el año 2008, para la que se tuvo en cuenta fundamentalmente la medida de asuntos registrados en esta jurisdicción y la comparación de esta carga de trabajo con el módulo de 380 asuntos civiles y 2.500 penales anuales, fijado como idóneo por el Consejo General del Poder Judicial para los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, aunque resultó que los del partido judicial de Utrera estaban en ese momento un 20,85% por encima del módulo, no se consideró prioritario la constitución para ese año de un nuevo Juzgado, a la vista de la mayor superación de los módulos en los demás Juzgados que para la provincia de Sevilla se constituyeron, así como la necesidad urgente de atender otras jurisdicciones, como por ejemplo en ese año, había sido la contencioso administrativa.

En cuanto al tema de la violencia sobre la mujer, nos significaban que con carácter general la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género prevé la creación de Juzgados de Violencia sobre la Mujer con carácter exclusivo en aquellos partidos judiciales en los que la carga de trabajo así lo aconseje; además en régimen de compatibilidad, existe en cada partido judicial un Juzgado de Instrucción o de 1ª Instancia e Instrucción, que asume el conocimiento de las materias de violencia sobre la mujer simultáneamente con el resto de funciones jurisdiccionales que le correspondan, y se nos aseguraba que dichos juzgados han sido descargados porcentualmente del reparto de asuntos a fin de poder prestar protección a las mujeres víctimas de malos tratos sin verse saturados, encontrándose entre ellos el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Utrera.

De cualquier modo, sí que se reconocía que los datos estadísticos obligaban a estar alerta sobre la evolución futura de la situación descrita, a través de un seguimiento especial de las cargas de trabajo que soportan los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Utrera, y en especial en materia de violencia de género, a fin de evitar la sobrecarga estructural de dichos órganos, asegurándonos que si la tendencia al alza de las cargas de trabajo se consolidaba, ello podría suponer la necesidad de instar la creación de nuevos órganos, añadiendo que si al fin se optara por la creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, la carga de trabajo de los juzgados de este partido judicial en lo que respecta a los asuntos civiles se situaría un 5% por debajo del módulo, y la de asuntos penales un 13%, arrojando en consecuencia una variación conjunta del 9% por debajo de los módulos fijados.

Sin embargo, posteriormente se reconoció desde la Consejería de Justicia que la situación del partido judicial de Utrera no era tan halagüeña como se nos presentaba, hasta el punto de prometerse desde la misma la propuesta de creación de un cuarto juzgado, y de haber facilitado varios funcionarios de refuerzo, aunque dicho aumento provocó indirectamente una situación de incomodidad por falta de espacio físico para ejercer de manera adecuada sus funciones.

Así las cosas, durante el verano de 2009 tuvo entrada en esta Institución oficio, dirigido a la misma por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Utrera, que dio lugar a la queja 09/3069, remitiéndonos, sin comentario complementario alguno, un acuerdo adoptado por ese Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 11 de Junio de 2009, sobre Moción del Grupo Municipal Popular, relativa a “Instar a las autoridades competentes en materia de Administración de Justicia a la adopción de medidas urgentes y preferentes en relación con el Partido Judicial de Utrera”.

En el punto segundo del Acuerdo, que nos remitían igualmente, se hacía referencia a la adhesión del Ayuntamiento a “las justas y necesarias peticiones recogidas en el escrito de 19 de Mayo de 2009, elevado desde el Juzgado Decano de Utrera”, pero dado que no se mencionaba en momento alguno ni el contenido de las peticiones ni las medidas pretendidas, aunque, como antes se expuso, nosotros conocíamos en profundidad la problemática del Partido judicial al haber tramitado durante el año anterior el expediente antes comentado, nos pareció conveniente disponer de esa información que facilitaba el propio Juzgado Decano antes de elevar la queja a la Consejería de Justicia decidimos solicitar copia de dicho escrito.

Cumplimentado el trámite por el Ayuntamiento utrerano, en presencia ya del mismo, las peticiones que había formulado el Juez Decano en su día a la Consejería de Justicia se podrían resumir en lo que sigue: la creación de tres órganos judiciales más, sin contar con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4, cuya entrada en funcionamiento se preveía pudiera estar para finales de ese año; la creación y dotación de tres plazas para la Oficina del Decanato, pues las dos con que se cuenta sólo dan para facilitar la atención a ciudadanos y profesionales; la creación y dotación de una plaza del cuerpo de tramitación para el Registro Civil, cuyo volumen de trabajo se ha duplicado, según aseguran; la creación de un Servicio Común de Notificaciones y Embargos; la creación de una adscripción de la Fiscalía.

Y, en tanto se van resolviendo estas cuestiones –planteaba el Juez Decano-, que como mínimo se mantuvieran y preferiblemente se ampliaran las medidas de refuerzo en los Juzgados nº 1 y 2 y se concedieran para el nº 3 y el Registro Civil, resaltándose, en justificación de lo anterior, el hecho de que la población del Partido Judicial de Utrera roza los cien mil habitantes y se encuentra en constante crecimiento.

A la vista de lo anterior, dimos traslado a la Secretaría de Justicia, que nos remitió informe del siguiente tenor literal:

En cuanto a la creación de tres órganos judiciales más en el Partido Judicial de Utrera, en este año se ha creado por Real Decreto 1207/2009, de 17 de Julio, el Juzgado nº 4 de Primera Instancia e Instrucción de utrera, que entrará en funcionamiento el 30 de Diciembre de 2009.

La creación de más órganos judiciales ha de realizarse de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias previstas en la Ley de Presupuestos del Estado y de la Comunidad Autónoma. Dicha creación, es competencia atribuida al Gobierno del Estado según lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de Diciembre del Poder Judicial, a propuesta de la Consejería de Justicia y Administración Pública teniendo en cuenta las necesidades de creación de órganos judiciales que se fijen en la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Sobre la solicitud de creación y dotación de diversas plazas, esta es una facultad que viene siendo reducida en los últimos años. Ello se debe a que el crédito presupuestario del que en los dos últimos ejercicios presupuestarios ha dispuesto la Consejería de Justicia y Administración Pública se ha venido agotando con el aumento de la plantilla al instituirse nuevos órganos judiciales, creándose en el año 2008, 206 nuevas plazas y en 2009, 229.

A pesar de esto y reconociendo que el Partido Judicial de Utrera cuenta con especiales cargas de trabajo que es necesario atender, se han venido autorizando medidas para la agilización del trabajo en sus dependencias judiciales. Así desde el 10 de Julio de 2007 se viene adoptando las siguientes medidas de refuerzos, se creó una plaza de Gestión en el Decanato de Utrera (estando operativa hasta la fecha) y una plaza de Tramitación en el Juzgado Mixto nº 1, esta última se autorizó hasta 31 de Enero de 2009, prorrogándose desde el 5 de Marzo de 2009 hasta la fecha. También el 10 de Octubre de 2007 se creó una plaza de Gestión en el Juzgado Mixto nº 2, autorizándose hasta el 30 de Junio de 2009; y dos plazas de Tramitación en el Juzgado Mixto nº 3 autorizándose hasta el 28 de Febrero de 2009, y el 31 de Enero respectivamente.”.

Como puede verse, la situación era distinta a la existente un año atrás, y si no resuelta, sí sensiblemente mejorada, por lo que, sin perjuicio de retomar la problemática de este Partido Judicial en un futuro más o menos próximo, tras dar traslado al Alcalde del municipio en el que se ubica del informe recibido, concluimos por el momento nuestra intervención.

La queja 09/2144 era promovida por el Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, quien nos exponía que en Diciembre de 2001 la Consejería de Justicia anunció públicamente la creación de una Ciudad de la Justicia en la capital gaditana que permitiera centralizar todos los servicios y órganos judiciales en un único espacio, frente a la situación actual, en que están desperdigados en distintos edificios de peculiar ubicación, la mayoría en régimen de alquiler, como ocurre, a título de ejemplo, con tres Juzgados de lo Social, ubicados en el Fondo Sur del Estadio Ramón de Carranza, situándose en la Preferencia del referido Estado el Juzgado de Instrucción nº 5, el Registro Civil, el único Juzgado de Violencia contra la mujer y varios Juzgados de lo Penal, o con los demás Juzgados de Instrucción, que se ubican en los bajos de un mercado de abastos.

Desde un principio se situó el proyecto constructivo en unos antiguos terrenos propiedad de la Diputación Provincial de Cádiz, e incluso se cuantificó el precio y establecieron las fases, pero hasta la fecha ni tan siquiera existe indicio alguno del inicio de un proyecto que ya sufre una demora de ocho años desde su público anuncio.

Ni que decir tiene que, con independencia del trastorno que supone tanto para el justiciable como para los operadores jurídicos esta dispersión de sedes, durante el tiempo transcurrido alguno de los edificios judiciales preexistentes, como los de la antigua “Cárcel Real”, han seguido sufriendo un indefectible deterioro.

En definitiva, lo que nuestro remitente nos planteaba era que ante tal situación, merecedora de una urgente solución, nos interesáramos por las medidas que se tuviera intención de adoptar al respecto y por las previsiones de futuro de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, lo que, atendiendo a la petición efectuada, hicimos dirigiéndonos al Secretario General para la Justicia sometiendo a su consideración cuanto nos exponían e interesando la emisión del preceptivo informe al respecto.

Pese a haberlo reiterado en dos ocasiones, el informe aún no nos había sido enviado al finalizar el año al que el presente Informe se refiere, por lo que tendremos que dejar para el próximo la conclusión del comentario del presente expediente de queja.

En el variopinto panorama que pretendemos dibujar con el comentario que estamos realizando sobre las quejas relativas a medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, cabe destacar la actuación de oficio efectuada durante la tramitación de la queja 09/214, iniciada tras haber tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de la presunta eliminación del servicio de psicólogo para atender informes periciales en asuntos de familia sobre custodia de menores en los Juzgados de Primera Instancia de Marbella, Estepona y Ronda, que contaban con dicho servicio hasta el mes de Junio de 2009, circunstancia que, al parecer, sería extensible a otros Juzgados de Primera Instancia no capitalinos ubicados en Andalucía oriental.

Dicha situación había provocado, según los medios, que los Juzgados afectados solicitaran el restablecimiento del servicio dada la importancia que el mismo tenía para decidir cuestiones de primordial importancia por afectar a menores, y que algunos de ellos hubieran suspendido los procedimientos en los que aún no se había emitido informe pericial a la espera de que el servicio se restableciera.

Pues bien, solicitado el preceptivo informe al respecto, la Delegada de Justicia de Málaga nos trasladó informe del siguiente tenor literal:



1º.- En la relación de puestos de trabajo de esta Delegación Provincial no hay plazas de Psicólogos/as en los órganos judiciales de la provincia, si bien, existen plazas de Psicólogos/as que prestan servicio en Málaga capital estando adscritos a los equipos técnicos de Fiscalía de Menores, equipos de los Juzgados de Familia y al Instituto de Medicina Legal para los asuntos penales.

2º.- Excepcionalmente, prestaron servicios cinco Licenciadas en Psicología en los órganos judiciales de Málaga y provincia, en virtud de la concesión de una subvención al proyecto presentado por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental a la Consejería de Empleo, en los períodos de Diciembre 2005 a Junio 2006 y de Octubre 2006 a Junio 2007. Durante el período de Julio a Diciembre de 2007 prestaron servicio mediante contratos de asistencia técnica formalizado con esta Delegación.

De nuevo, desde Enero a Junio 2008 se contó con una colaboración de cinco Licenciadas en Psicología por la concesión de nuevo de la subvención al COPAO de la Consejería de Empleo.

3º.- Las peritaciones psicológicas instadas de oficio por los Juzgados de la provincia competentes en los asuntos de familia, se han venido realizando con anterioridad a esos períodos indicados por los propios equipos técnicos de los Juzgados de Familia a través de exhortos, y actualmente, para evitar demoras, dirigiéndose a la empresa adjudicataria de las peritaciones judiciales contratada por esta Delegación, que incluye las peritaciones psicológicas.

4º.- Que el 25/06/08 se comunicó al Juzgado Decano de Marbella así como al resto de los Juzgados Decanos de la provincia el procedimiento para solicitar la realización de peritaciones psicológicas acordadas de oficio a la empresa prestadora del servicio.

5º.- Que con fecha 18/12/08 se recibe oficio acordado en los autos 922/2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Marbella, solicitando se informe si se va a reestablecer el servicio de psicólogo en las mismas condiciones en las que se había venido haciendo desde 2006 hasta Julio 2008, y con fecha 13/01/09 se envía contestación por esta Delegación comunicando que el servicio prestado por el profesional Licenciado/a en Psicología en los juzgados de Marbella para los asuntos de familias y penales de Marbella, Estepona y Ronda, tenía carácter excepcional, e informando del procedimiento para dirigirse a la empresa de peritaciones judiciales, tal y como se comunicó el 25/06/08.

6º.- Que por otra parte, se recibió el 07/01/09 certificación literal del Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reunida en Comisión de fecha 15/12/08, en la que consta el acuerdo de apoyar la solicitud del Juzgado Decano de Marbella, en relación con la cobertura de la plaza de psicólogo adscrito a dicho partido judicial, así como a los de Estepona y Ronda, documentación remitida el 22/01/09 a la Dirección General de Entidades y Cooperación con la Justicia, órgano competente en esta materia.

7º.- El día 14/01/08 se recibe oficio acordado en autos nº 1604/2008 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Marbella sobre reestablecimiento del servicio de psicólogo, remitiéndose copia del escrito de contestación enviado con fecha 13/01/09.

Por todo lo anterior, le comunico que en ningún momento los órganos judiciales de la provincia de Málaga han dejado de contar con un servicio de peritajes psicológicos, toda vez que, o bien, se han dirigido a los equipos técnicos de los Juzgados de Familia o a la empresa adjudicataria de las peritaciones judiciales, que con todas las garantías de la contratación administrativa incluyen entre la prestación de sus servicios los peritajes psicológicos.”.

Del referido informe se podían extraer varias conclusiones, comenzando por la de que ya era un hecho conocido por nosotros que sólo los juzgados de familia capitalinos cuentan desde hace tiempo con Equipos Psicosociales y, por tanto, que no cuentan con ellos los Juzgados de municipios no capitalinos que carecen de exclusividad (en cuanto a los procedimientos de familia).

Parecía ser que el hecho de los Juzgados de Marbella y otros malagueños contaran con un psicólogo obedecía a una iniciativa del Colegio de Psicólogos en connivencia con la Consejería de Empleo, circunstancia a la que la Consejería de Justicia parecía ser la más ajena de todas las administraciones implicadas, manifestándosenos que las peritaciones psicológicas instadas de oficio por los Juzgados de la provincia competentes en los asuntos de familia se habían venido realizando con anterioridad a esos períodos indicados por los propios equipos técnicos de los Juzgados de Familia a través de exhortos, y actualmente, para evitar demoras, dirigiéndose a la empresa adjudicataria de las peritaciones judiciales contratada por la Delegación de Justicia de Málaga, que incluye las peritaciones psicológicas.

Por tanto, se le había indicado a los Juzgados que habían protestado por la desaparición de los referidos peritos que la situación anterior tenía carácter excepcional y que el procedimiento que había de seguirse era el de dirigirse a la empresa de peritaciones judiciales, habiéndoseles informado sobre el procedimiento para hacerlo.

Tratándose de una queja de oficio, y, por ello, sin posibilidades de ofrecer la posibilidad de alegar frente a tales consideraciones otras alternativas posibles, como quiera que el informe remitido ofrecía las explicaciones oportunas, dimos por el momento por zanjada la cuestión, sin perjuicio de que podamos retomarla si se dan los elementos que lo aconsejen y lo permitan, para lo que ya contaríamos con esta primera actuación como antecedente, ya que no cabe duda de que el objetivo debe ser que todos los órganos judiciales que diriman cuestiones de familia cuenten con el correspondiente equipo de profesionales en los que se pueda apoyar el juzgador para resolver las delicadas cuestiones que ante él se plantean.

Lo que planteaba el promotor de la queja 09/1247 era que tras haber asistido, desplazándose desde la localidad donde entonces residía, al acto de la vista oral celebrada en un Juzgado de lo Penal de Huelva en calidad de testigo del Ministerio Fiscal en un Procedimiento Abreviado, al día siguiente había presentado la correspondiente solicitud de gastos de desplazamiento de testigos, pero, transcurrido un año desde entonces, aún no se había procedido al abono de los mismos, ya que en las dos ocasiones, con intervalo de meses, en que se ha interesado por el referido pago, le habían contestado, según aseguraba, que “la administración no tiene dinero en estos momentos”, y reiterado “es que no hay dinero”.

El hecho de que había transcurrido un año desde que asistió al juicio como testigo y efectuó la correspondiente solicitud de indemnización, que seguía sin tener noticia alguna al respecto, y que la cantidad a percibir no debía constituir un montante económico de gran importancia para la Administración pero que para él sí que la tenía, fue el motivo que le llevó a dirigirse a esta Institución al objeto de que le informáramos si se trataba de algo habitual, si constituía o no una irregularidad y para que, de serlo, mediáramos para que se corrigiera la misma.

Así lo hicimos, y lo que se nos contestó desde la Delegación de Justicia de Huelva fue que, en efecto, al interesado le correspondía una indemnización por gastos de desplazamiento de testigos de 76.76 €. Que si bien hacía un año desde que presentó la solicitud, había otras muchas presentadas con anterioridad a las que se había tenido que hacer frente siguiendo el criterio del momento de la presentación y que aunque la cantidad en este caso concreto fuera ínfima, las disponibilidades económicas eran limitadas.

Pero –finalizaban- en cualquier caso, se había procedido ya a abonar la indemnización correspondiente a nuestro remitente, habiéndose dado orden de transferencia a la entidad bancaria al efecto, por lo que, habiéndose resuelto positivamente el asunto, tras informar a nuestro remitente dimos por concluidas nuestras actuaciones.

También curioso era el planteamiento de la promotora de la queja 09/5819, quien tras sufrir en el año 2006 una caída en una vía pública de la localidad de La Línea de la Concepción, donde residía, había iniciado contra el Ayuntamiento de dicha localidad un procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial, que derivó en un Procedimiento Ordinario seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Algeciras.

En el citado procedimiento se propuso la prueba pericial médica y dado que la interesada litigaba bajo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el Juzgado se dirigió a la Delegación de Justicia de Cádiz al objeto de que se designara un Médico para que procediera al examen de la recurrente, contestándose desde dicha Delegación que con fecha 24 de Marzo de 2009 habían solicitado la colaboración de la Delegación Provincial de Salud en Cádiz para que designara Médico Especialista en Traumatología.

Sin embargo, la ausencia de ulterior noticia al respecto motivó que el Juzgado dirigiera Oficio a esa Delegación solicitando que en el plazo de cinco días indicara al mismo la identidad del Especialista designado o, en su caso, las circunstancias que impidieran dicha designación, y la persistencia en el silencio por parte de la Delegación había motivado que el Juzgado reiterara lo antes solicitado mediante Providencia de Octubre de 2009, sin que tampoco se hubiera obtenido al respecto respuesta alguna.

Argumentaba la interesada que esa falta de colaboración por parte de la Delegación de Justicia de Cádiz estaba contribuyendo a que el procedimiento en el que estaba inmersa se estuviera viendo gravemente afectado por unas dilaciones que se añadían innecesariamente a las que ya de por sí suelen sufrir estos órganos judiciales, aunque no fuera éste el caso, en que la actividad judicial había sido la adecuada.

Y en esos términos nos dirigimos nosotros, tras proceder a la admisión de tan fundamentada queja, a la citada Delegación, sin que en el momento en que redactábamos este Informe Anual hubiéramos recibido aún la oportuna respuesta, sobre la que el próximo año tendremos que efectuar el correspondiente comentario.

Ciertamente peculiar era el caso que se nos exponía en el siguiente expediente a destacar, contenido en la queja 09/2416, promovida por quien decía representar a las empresas del Campo de Gibraltar dedicadas a Depósitos Judiciales de bienes intervenidos, que nos alarmaba sobre la insostenibilidad de la actual situación en que se encontraban y a la necesidad urgente de abordar el problema que les acuciaba, frente a la alternativa de verse obligados a cesar en su actividad y a reclamar judicialmente una deuda cuyo pago habían estado siempre incondicional y pacientemente dispuestos a negociar.

En efecto, nos exponía la compareciente, muy resumidamente, que la función o actividad que llevan ejerciendo desde principios de los años noventa consiste en retirar todos los bienes a motor y embarcaciones que pasan a disposición judicial, permaneciendo en sus instalaciones hasta que judicialmente se determine un destino para el bien: entrega a su propietario, adjudicación al Estado, subasta, destrucción, etcétera.

Los depósitos han ido incrementando el inventario año tras año ya que en los juzgados no se determinaba qué hacer con el bien intervenido, pese a que las empresas han ido emitiendo miles de escritos a los mismos con el objeto de recordar que los bienes seguían depositados. Al ser estos bienes depositados judicialmente, las empresas no pueden deshacerse de ellos mientras que no sea mediante resolución judicial, y como no pueden cobrar las estancias de estos bienes mientras que no tengan una fecha de salida, la custodia se ha estado produciendo sin remuneración alguna.

Por otra parte, los pocos bienes que salían de los depósitos eran entregados principalmente o bien abonando la estancia y recogida la persona que retiraba el bien de sus instalaciones, o teniendo que entregar el bien sin cobrar (salida sin costes) a quien lo retiraba y debiendo facturar a la administración de justicia, estribando el problema en que emitían sus facturas y la administración no se hacía cargo de ellas, por lo que los depósitos empezaron a estar desbordados, teniendo que incrementar la capacidad de los mismos para dar cabida a todos los bienes que se depositaban.

Entre los años 1997 y 1998 comenzaron a tener reuniones con la Consejería de Justicia para que tomara cartas en el asunto y se resolviera la situación que estaban afrontando, y después de muchas reuniones se consiguió que en el año 2002 se firmara un protocolo en el que se establecía la forma de facturar a la Consejería, cómo se trataría la deuda generada hasta ese momento, y se perfilaban algunas ideas para controlar el inventario, y aunque después de ese protocolo empezaron a cobrar algunas facturas, fueron siempre pequeñas cantidades con respecto a lo que se les adeudaba. Además, no se tomó ninguna medida con respecto al inventario que seguía creciendo.

Para abreviar, pasaron los años entre reuniones, acumulándose la deuda que generaba el inventario acumulado, y en el año 2005 se les solicitaron listados actualizados del inventario para estudiar cómo solucionar esta cuestión teniendo en cuenta que la salida del bien debía ser promulgada desde los juzgados, reuniéndose en el año 2006 la Consejería de Justicia con los Secretarios Coordinadores de cada provincia para exponer el problema y ver qué medidas se podían tomar. En concreto en la provincia de Cádiz la Secretaria Coordinadora expuso el problema al Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz quien, viendo la magnitud del problema, decidió incoar el Expediente Gubernativo 2/07 para destruir todos aquellos bienes que carecieran de valor, peritándose y fotografiándose por el perito judicial en el año 2007, al amparo de dicho expediente, cada uno de los bienes que a su juicio profesional carecían de valor. Dicho expediente está a punto de concluirse, habiéndose destruido de los cuatro depósitos del Campo de Gibraltar unos 4.500 bienes.

A finales del año 2007, tras volverse a poner de manifiesto la grave situación económica que atraviesan las empresas, se volvieron a reunir con la Delegación de Justicia de Cádiz para ver como se liquidaría la deuda generada por los bienes destruidos según el referido expediente gubernativo, y el 26 de Diciembre de dicho año, en reunión mantenida con una representación de la Consejería, con la Secretaria General de la Delegación de Justicia y con la Delegada de Justicia de Cádiz, se redactó y firmó por parte de esta última un Acta en la que se reconocía la deuda generada por dichos bienes, que se liquidaría estableciendo un calendario de pagos que se establecería a partir de Marzo de 2008.

Tras diversas reuniones, el caso era que hasta el momento apenas habían cobrado una cantidad muy inferior a la deuda generada por empresa, alguna de las cuales padecían tal grado de precariedad económica que habían tenido que comenzar a despedir personal y se encontraban al borde de la ruina, pese al crédito que aseguraban tener a su favor por parte de la Consejería de Justicia, a la que habían anunciado la urgencia de abordar su grave problema, pues de lo contrario se verían obligados a cesar en su actividad con el consecuente perjuicio que ello ocasionaría en el buen desarrollo de la Justicia en Andalucía, acudiendo como última posibilidad a esta Institución para que mediáramos en la búsqueda de una solución negociada, a la que tendría que llegarse a la mayor urgencia posible.

Pareciéndonos que la importancia del problema expuesto merecía que aceptáramos la mediación solicitada, nos dirigimos a la citada Consejería exponiéndole el problema expuesto en orden a posibilitar su solución con la misma brevedad que nos pedían.

Una vez más en aras de la brevedad, omitimos transcribir la parca respuesta que recibimos del Secretario General para la Justicia, de la que dimos traslado a nuestra remitente al objeto de que estuviera en las más adecuadas condiciones de extraer sus propias conclusiones al respecto, y cuyas alegaciones, dotadas de un peso específico suficiente como para que volviéramos a solicitar informe al respecto, fueron trasladadas al referido Secretario General, que nos contestó en el siguiente sentido:



Desde el 7 de Julio de 2009, fecha del anterior informe, las actuaciones llevadas a cabo en relación con el objeto de la queja, las podemos dividir en dos grupos: las tendentes a solucionar el pago de los gastos generados hasta ahora y aquéllas que tienen por fin evitar que la situación se repita.

En relación con el pago de las cantidades devengadas por los depositarios del Campo de Gibraltar, hemos de hacer constar que existen, a su vez, dos situaciones claramente diferenciadas.

Las cantidades que se corresponden con el depósito de los efectos judiciales incluidos en el Expediente Gubernativo 2/2007, los cuales fueron destruidos en su momento, y por los que los depositarios reclaman un total de 31.457.742,04 euros. Con respecto a esta deuda, hemos de decir que la misma no es aceptada, por el momento, por la Administración porque hemos de comprobar que los gastos incluidos en la misma se corresponde con un depósito judicial efectuado con fecha posterior a 1 de Julio de 1997, y que se corresponde con uno de los supuestos en los que la legislación prevé que el pago corresponde a la Junta de Andalucía, a saber: sobreseimiento de la causa, declaración de rebeldía, absolución del procesado, insolvencia del condenado.

Esta comprobación precisa del aporte por parte de los depositarios de una serie de documentos que no en todos los casos es posible conseguir. Ante esta situación, la Consejería de Justicia y Administración Pública, tras oír previamente a los depositarios afectados, convocó una reunión con la Intervención General de la Junta de Andalucía, en la cual se acordó que para estudiar el problema a fondo y las posibles vías de acuerdo con los depositarios, deberíamos contar con toda la información de que dispusiese un depositario. Tras esta reunión hemos mantenido contacto con la representante de los afectados, a la que hemos informado de lo anterior, y con la que hemos acordado que, en breves fechas, nos aportará toda la información relativa al depositario que tenga menos efectos judiciales incluido en el Expediente Gubernativo, con objeto de simplificar las labores de comprobación, y que nos permita cuanto antes llegar a una solución.

Por otro lado, nos encontramos con las cantidades devengadas por los efectos judiciales que se corresponden con procesos judiciales terminados, y en los cuales, la determinación de la deuda es más fácil, por cuanto también lo es su correlación con dichos procedimientos. En relación con los cuales, se ha transferido a la Delegación Provincial de Cádiz un crédito de 593.054,00 euros, con el que se pagará la totalidad de la deuda reconocida, por este concepto, en la provincia de Cádiz.

Entre las actuaciones que tiene por objeto evitar que la situación se repita, hemos de destacar la elaboración de un “Protocolo general de colaboración” entre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía y la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sobre la realización anticipada de efectos judiciales consistentes en vehículos, aeronaves, embarcaciones y otros objetos o piezas intervenidas de carácter similar. Con ellos evitaremos que los efectos permanezcan en los depósitos cuando carezcan de valor, o el mismo sea inferior al del coste del depósito.

Por otro lado, se están estudiando nuevas formas de contratación de este servicio que limiten o eliminen la problemática actual.”.

Dado que en el texto del informe incluso se mencionaba a la presentadora de la queja como interlocutora válida para resolver el problema planteado, no parecía que debiéramos prolongar más la tramitación de la misma, que decidimos dar por concluida como en vías de solución, lo que no implica que no podamos reabrirla si llegara el caso.

Concluimos el comentario de las incidencias que sobre la Administración de Justicia puede tener la insuficiencia de medios materiales con un caso que durante el año al que el presente Informe se refiere llamó poderosamente la atención de los medios de comunicación. Nos referimos a la supresión o severa restricción del uso de los taxis en el ámbito judicial para la realización de los actos de comunicación, es decir, para efectuar las notificaciones de determinadas resoluciones judiciales y practicar los embargos.

Ello dio lugar a la iniciación de expediente de oficio al respecto, plasmado en la queja 09/4290, en la que nos dirigimos al Secretario General para la Justicia significándole que habíamos ido conociendo a través de los medios de comunicación con creciente preocupación de la controversia que se había generado en el ámbito judicial por la supresión –o severa restricción- del uso de taxis para la realización de los actos de comunicación, traducida, al parecer, en una alarmante disminución de los mismos, y aunque colegíamos que, con carácter previo a la Instrucción que había dado lugar a la cuestión que nos ocupa (cuyo texto también nos interesaba conocer), se habrían realizado los estudios previos y establecido las conclusiones y alternativas para el mantenimiento de una gestión eficaz del servicio que había llevado a ese Departamento a adoptar esa medida, le significábamos que lo que constituía nuestra exclusiva preocupación al respecto eran las negativas repercusiones que esta circunstancia podía provocar en la ciudadanía en un ámbito que ya sufría importantes disfunciones, principal y precisamente debidas a la falta de medios materiales y personales, y cuya consecuencia no era otra que una situación de dilación generalizada que en nada favorece a la credibilidad que para el ciudadano ha de tener la Justicia.

Era por ello –finalizábamos nuestro escrito de petición de informe- que, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, que en el marco de las competencias atribuidas al correspondiente Departamento de esa Consejería solicitáramos nos informara sobre la realidad del problema expuesto así como, en su caso, sus posibles soluciones.

Del informe recibido se desprendía, de manera algo resumida, que el uso del Taxi para la realización de notificaciones y embargos, y otras actividades relacionadas con la Administración de Justicia, ha sido en los últimos años una práctica habitual en progresivo aumento, lo que ha provocado una situación que presupuestariamente nuestro informante considera insostenible, con un gasto anual de tres millones de euros y una deuda acumulada hasta la fecha de 746.000 euros, sobre todo teniendo en cuenta que se ha detectado que en ocasiones no puede relacionarse con una necesidad ineludible de satisfacerse por otros medios.

Con el plan de reorganización de los servicios de notificaciones y embargos y la racionalización en los gastos derivados de otros desplazamientos –nos significaba nuestro informante-, se pretende conseguir una disminución significativa de la partida presupuestaria correspondiente que permita afrontar otros proyectos y atender otras necesidades más acuciantes, entendiéndose que la utilización de la red de transporte público colectivo dentro de las ciudades puede llegar a tener, con carácter general, la misma agilidad que los taxis, ya que ambos van por los mismos carriles habilitados para el transporte público; de ahí que se inste que como norma general los desplazamientos diarios para las notificaciones en las ciudades en las que exista una red de transporte público se hagan en medios de trasporte colectivo tal y como establece el “Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio”.

No obstante, nos aseguraba nuestro informante que se habían dado instrucciones para valorar los servicios que requieran una forma de notificación específica para que quede garantizada su prestación, manteniéndose la autorización de desplazamientos en taxi para los servicios especiales que, por su naturaleza y circunstancias lo requieran, como pueden ser actuaciones derivadas del juzgado de guardia, como por ejemplo los levantamientos de cadáveres, o notificaciones de resoluciones de puesta de libertad, para que el servicio público no se vea mermado, al igual que también se seguirá utilizando el servicio del taxi en aquellos casos de difícil acceso en transporte público, como por ejemplo el supuesto de notificaciones a la cárcel de Morón de la Frontera en Sevilla.

Se reconocía, no obstante, que la aplicación de la Instrucción, que iba a requerir un periodo de implementación, había planteado ciertas dificultades, principalmente en la provincia de Sevilla y en aquellas en que el servicio de taxi no viene siendo prestado mediante contrato, pero nos aseguraban que estas situaciones estaban siendo solucionadas mediante acuerdos con los operadores jurídicos, que se habían alcanzado en Huelva y Sevilla, de suerte que además de reestructurar el servicio de los vehículos oficiales de las Delegaciones Provinciales, se habilitaba la disponibilidad del servicio de taxi para los casos en los que el transporte público colectivo no resultara eficaz para las notificaciones judiciales, en las zonas no cubiertas o insuficientemente cubiertas por el transporte público colectivo, las que entrañan peligrosidad para los funcionarios judiciales, las diligencias que implican el traslado de pesada documentación y aquellas que hay que practicar en horario nocturno o fuera del funcionamiento del transporte público, concediéndose también autorizaciones permanentes para los desplazamientos entre distintas localidades, una vez que se verifique la inexistencia de transporte público colectivo.

También se pretendía optimizar los recursos propios de todos los vehículos de las Delegaciones Provinciales, respecto de los vehículos adscritos con carácter permanente al servicio de las Audiencias Provinciales, de tal manera que, atendiendo a las necesidades institucionales, trasciendan del uso exclusivo y poco eficiente de los titulares, estudiándose también la posibilidad de ampliar el parque de vehículos propios.

Respecto a los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargo, nos significaban que se estaban manteniendo reuniones en las Delegaciones con los responsables de los Servicios y Sindicatos para determinar aquellas rutas en las cuales sería necesario el recurso del transporte en taxi o el alquiler de vehículos, así como determinar qué actuaciones, por su naturaleza y circunstancias, requieren también de su uso, como por ejemplo, actuaciones relacionadas con servicios demandados a los Institutos de Medicina Legal, y en cuanto a los contratos vigentes en la mayoría de las Delegaciones Provinciales, la propuesta de racionalización se orientaba a la mejora económica de los contratos vigentes suscritos que implicaría la reducción de los taxis o vehículos adscritos con carácter permanente, derivando la práctica de algunas actuaciones al empleo del transporte público colectivo.

Concluía nuestro informante significándonos igualmente que la Consejería estaba trabajando para buscar soluciones a la saturación del servicio de notificaciones potenciando el uso de medios telemáticos, que permitan reducir a lo imprescindible las diligencias de calle, así como la mejora y ampliación de la red de videoconferencias, que permita evitar desplazamientos no imprescindibles, para lo cual se estaba trabajando en un protocolo que potenciara, en la medida de lo posible, su utilización.

A la vista de todo lo anterior, y dado que Sevilla, por su extensión y densidad, ha sido, desde un primer momento, el lugar donde más repercusión ha tenido el problema que nos ocupa, decidimos que podría resultar de suma utilidad para la definitiva resolución del mismo dar traslado de lo actuado al Juez Decano de Sevilla al objeto de que nos ofreciera, si lo consideraba oportuno, su valoración al respecto, nos ilustrara sobre la situación actual y, en su caso, apuntara otras posibles soluciones a las propuestas en el citado informe.

Sobre la respuesta que sí ha tenido por conveniente enviarnos el Decano de los jueces de Sevilla, así como sobre la posible continuación del expediente a la vista de la misma, informaremos el próximo año, dado que dicha contestación nos ha llegado ya finalizado el presente ejercicio y su correspondiente valoración aún no se había realizado a la fecha en que redactábamos el presente Informe Anual.





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