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Análisis de las quejas admitidas a trámite



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Análisis de las quejas admitidas a trámite.

    1. Quejas motivadas por dilaciones indebidas.


La causa más frecuente de las quejas admitidas a trámite en materia de Justicia es la dilación indebida, concepto que en terminología constitucional se define como el retraso injustificado que la tramitación de un procedimiento judicial experimenta, siempre que la demora obedezca a razones exclusivamente imputables al órgano jurisdiccional ante el que se sustancia.

Ello no supone necesariamente la existencia de una responsabilidad personal por parte de los integrantes del órgano judicial en cuestión, ya que el retraso puede deberse a diversas causas que suelen tener una relación directa con los problemas estructurales que padece, que pueden consistir en una precaria dotación de medios personales y/o materiales a su servicio hasta una planta judicial insuficiente, cuestiones de las que quienes forman parte de una determinada oficina judicial no son responsables.

Pero de lo que no cabe duda es de que tampoco lo es el ciudadano que se ve impelido a acudir, a su propia instancia o traído por otros, a la jurisdicción, que no debería ser quien padeciera las consecuencias de ese anormal funcionamiento de la Oficina Judicial, no sólo porque ello supone una agresión al precepto constitucional que garantiza el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, sino porque no nos cansaremos de repetir que la justicia demorada es justicia denegada.

En orden a nuestras actuaciones al respecto y de acuerdo con las normativa a la que nos hemos de atener, mientras que el artículo 17.2 de la Ley reguladora de esta Defensoría nos impide entrar en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y nos obliga a suspender dicha investigación si, tras haberla emprendido, se interpusiere demanda o recurso ante los tribunales ordinarios o incluso el Tribunal Constitucional, el artículo 15 nos impone el deber de remitir al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial las quejas relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía.

La aparente contradicción que ello supone no es sino el fruto de la necesidad de conjugar el principio de independencia judicial, consagrado en el artículo 117 de nuestra Constitución al determinar que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a juzgados y tribunales, con el derecho, consagrado en el artículo 24 de dicho Texto Constitucional, a la tutela judicial efectiva y sin indefensión, así como a un proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías.

Es por ello que, si bien no podemos interferir en la función jurisdiccional, sí que se nos permite poner de manifiesto ante el Ministerio Fiscal o, en su caso, el Consejo General del Poder Judicial, las irregularidades detectadas durante la sustanciación de un procedimiento judicial que haya sido objeto de queja, cuando supongan la infracción de los preceptos constitucionales mencionados en el párrafo anterior, instando su corrección.


      1. Algunas quejas significativas.


Hace ya más de una década que nuestra comunidad autónoma asumió las competencias en materia de Justicia, fundamentalmente en lo que se refiere a la dotación de los medios personales y materiales a su servicio, lo que nos ha ido obligando a dedicar cada vez más amplio espacio a las cuestiones relacionadas con sus carencias y a reducir el que antes dedicábamos a comentar supuestos concretos de dilaciones indebidas afectantes a procedimientos judiciales en trámite, que es lo que a continuación vamos a efectuar a título ejemplificativo que no exhaustivo, comentando alguno de los casos más significativos de entre las quejas admitidas por constituir un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía, escogidos, tras efectuar un recorrido por las provincias de las que provienen los órganos judiciales afectados, bien por la singularidad del supuesto planteado bien por la especial gravedad del mismo en lo relativo a la disfunción padecida.

Hemos procurado resaltar procedimientos judiciales que tendrían que ser merecedores de una más pronta, si cabe, resolución, al prevalecer como bien jurídico a proteger en los mismos la persona sobre el patrimonio, como son los de familia, o los de índole penal, tanto cuando el retraso padecido lo sufre quien aún no ha sido juzgado y al que, por tanto, le asiste el principio de presunción de inocencia, como cuando quien nos pone de manifiesto el retraso padecido es el perjudicado o la víctima del presunto delito.

En cuanto a los relacionados con el orden jurisdiccional social, que también merecen la más pronta de las resoluciones al concernir a cuestiones tan primordiales como el trabajo –despidos, reclamaciones de cantidad- o la salud –declaraciones de situaciones de invalidez- le dedicamos un apartado específico dada la crítica situación que parece estar empezando a afectar a los órgano judiciales donde se dirimen dichas cuestiones, los Juzgados de lo Social, debido a la crisis económica en presencia.

Comenzando por las procedentes de la provincia de Almería, en la queja 09/1782 se planteaba que habiendo dictado en Enero de 2007 el Juzgado de lo Penal nº 1 de Almería sentencia recaída en un Procedimiento Abreviado en virtud de la que se condenaba a determinadas personas como autores de una falta de lesiones imprudentes a dos meses de multa y a indemnizar al formulante de la misma con una determinada suma más sus intereses, con responsabilidad civil directa de una Cía. de Seguros, sentencia que fue recurrida y confirmada por la Audiencia Provincial de Almería en fecha 20 de Junio de 2007, resultaba que el interesado había percibido el principal de la indemnización concedida en el mes de Septiembre de 2007, pero desde entonces se encontraba pendiente de cobrar los intereses devengados, que ascendían ya a una cantidad pareja con el principal reclamado, y cuya propuesta de liquidación se efectuó con fecha 1 de Octubre de 2007, sin que se hubiera resuelto aún nada al respecto cuando había transcurrido año y medio desde entonces.

Admitida y tramitada la queja conforme a lo previsto en el artículo 15 de nuestra Ley reguladora, del informe remitido por el Ministerio Fiscal se desprendió que quedando sólo por ejecutar la liquidación de intereses, respecto de lo que se discutía el interés aplicable, con fecha 22 de Mayo de 2009 (es decir, después de que interviniéramos), se había dictado resolución, justificándose el retraso en el sentido de que el cúmulo de ejecutorias superaban ampliamente el módulo de trabajo del Juzgado hasta en un 250%, siendo prioritarias las ejecuciones de las penas y postergándose las cuestiones civiles, que sufrían cierto retraso “imputable no sólo al Juzgado sino a todas las partes que intervienen en el proceso”.

Como, en cualquier caso, de la información remitida se desprendía que ya se había resuelto la controvertida liquidación de intereses paralizada desde Octubre de 2007 y que, por tanto, la ejecución, detenida por ello, debería proseguir por sus trámites, quedando superada la dilación padecida, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En la queja 09/3680, su promotora aseguraba que en Octubre de 2006 interpuso querella criminal por falsedad documental y estafa, que dio lugar a la incoación de unas Diligencias Previas seguidas ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Almería, las que, pese a que habían transcurrido casi tres años desde entonces, continuaban en fase de instrucción, sin que la interesada alcanzara a comprender el motivo de tan considerable retraso, cuyas razones aún no nos han sido explicadas al no haberse recibido aún el correspondiente informe al respecto, por lo que tendremos que comentarlo el próximo año.

En el pasado Informe Anual destacábamos, respecto de la provincia de Cádiz, que de dos de sus partidos judiciales habían procedido, más que de ningún otro, quejas destacadas: el de San Roque y el de Barbate, y del primero comentábamos varios expedientes, sin que pudiéramos concluir el comentario del último de ellos porque no se había remitido aún el correspondiente informe de la Fiscalía Provincial, que se recibió durante el ejercicio que ahora comentamos. Se trataba de la queja 08/5340, en la que su promotora nos exponía que su pareja había fallecido en Septiembre de 2006, incoándose Diligencias a las que aún no se había puesto fin, radicando, al parecer, el problema de la demora padecida en la tardanza en la emisión de informes complementarios a la autopsia por parte del Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el primero de los cuales se remitió en Febrero de 2008, haciéndose lo propio con el segundo, un Dictamen Parcial del servicio de histopatología, en Septiembre de igual año.

Sin embargo, habían transcurrido tres meses desde que se remitiera el referido Dictamen y, en palabras de la interesada, el procedimiento seguía inconcluso cuando ya habían transcurrido más de dos años desde la muerte, que dio lugar a la incoación del mismo, de quien fue su pareja.

Pues bien, admitida la queja, del muy lacónico –una línea- informe remitido por la Fiscalía de Cádiz se desprendió, sorprendentemente, que el procedimiento se encontraba archivado por auto de fecha 18 de Febrero de 2008, sin que nada nos dijeran acerca del motivo del archivo, aunque no era ése nuestro objetivo ni el de nuestra remitente, que de lo que se quejaba era de que no se hubiera adoptado decisión judicial alguna después de dos años de mantener vivas las Diligencias, y de tres meses desde que se recibiera el análisis toxicológico que faltaba por hacer.

Así pues, de lo anterior dimos cuenta a nuestra remitente, que no reaccionó en sentido alguno a la sorprendente información que le suministramos, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

De difícil solución era el problema que se nos planteaba en la queja 09/2972, cuyo promotor, ante la falta de pago del arrendamiento que mantenía con su inquilino, se había visto obligado a presentar demanda de desahucio contra el mismo en Mayo de 2009, dando lugar a unos que se seguían ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Chiclana de la Frontera, manifestándonos su desconcierto e indignación ante el hecho de que la fecha señalada en la citación para la vista se hubiera pospuesto hasta el 9 de Febrero de 2010, ante lo que se preguntaba que quién iba a afrontar el perjuicio económico que le iba a suponer que el demandado siguiera disfrutando de la vivienda sin abonar contraprestación alguna durante todo ese tiempo y el que previsiblemente transcurriera hasta su lanzamiento, constituyendo su pretensión el adelantamiento de la vista al ser la renta cuya falta de pago había motivado la incoación del procedimiento judicial una fuente de ingresos indispensable para su economía.

Pues bien, admitida la queja aunque, como siempre nos ocurre en estos casos, nos solemos tener que contentar con poner de manifiesto la situación sin poder resolver el caso concreto al tratarse de un señalamiento ya efectuado y es de suponer que en base a riguroso turno de entrada, nos encontramos con la agradable sorpresa de que del informe remitido por el Ministerio Fiscal, que resumía la información facilitada al respecto por la Sra. Juez Encargada del referido Juzgado, se desprendiera, como primero y principal, que al haber quedado libre un hueco en la agenda para el mes de Octubre, se había adelantado el juicio para esa fecha.

No obstante, insistía la titular del referido órgano judicial en que se trataba de algo excepcional ”por la afortunada coyuntura de tal suspensión, y sin que deba ello ser entendido como una excepción a la pauta general de señalamientos conforme al orden cronológico de demandas y agenda disponible”, ya que, por lo demás, nos informaba de que la situación del Juzgado, motivo del diferido señalamiento, era la de tener que resolver un tan ingente como creciente número de asuntos en manifiesta desproporción con los medios de que disponía, “siendo éste el principal motivo por el que el derecho a la tutela judicial efectiva del Sr. ... se pueda ver afectado, al igual que el del resto de ciudadanos que exigen diariamente una tramitación rápida y una pronta resolución de sus asuntos, a menudo de índole familiar, a los que tampoco es posible ofrecer un juicio en 20 días.”.

Nos exponía el presentador de la queja 09/3071 que tras sufrir un accidente en el año 2004 que terminó resolviéndose en un Juicio de Faltas en el que no se dictó sentencia hasta el año 2007, aunque llegó percibir pronto el pago del principal de la indemnización señalada a su favor, llevaba dos años esperando a poder recibir los intereses generados por la misma.

Admitida la queja, a través de la información remitida por el Ministerio Fiscal terminó averiguándose que la Compañía aseguradora condenada al pago había promovido incidente de nulidad de actuaciones y oposición a la liquidación de intereses presentada por el perjudicado, tras lo cual se efectuaron numerosos trámites, pero, por error, los autos pasaron al archivo, no dándose cuenta a la titular del Juzgado hasta la recepción de la presente queja, tras lo cual se habían reiniciado.

Como quiera que, a la vista de lo anterior, podía entenderse resuelta la dilación padecida, que se hubiera mantenido si no hubiéramos intervenido, aunque no se hubiera procedido aún a la total ejecución de la sentencia, como ésta ya proseguía por sus trámites, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Decíamos el pasado año que no es Córdoba una provincia de la que provenga un elevado número de quejas sobre disfunciones detectadas en procedimientos judiciales dirimidos en los órganos jurisdiccionales pertenecientes a los partidos judiciales de que dispone, manteniéndose la misma tónica en el ejercicio al que el presente Informe Anual se refiere, pues durante el año que se comenta no se ha recogido queja significativa alguna que merezca la pena reseñar.

De entre las procedentes de la provincia de Granada, la queja 09/4006 ponía de manifiesto la persistencia del notable retraso que sigue pesando sobre las Sala de lo Contencioso-Administrativo, ante la que desde el año 2003 se seguía, a instancia de la interesada, un Procedimiento Ordinario contra resolución del Servicio Andaluz de Salud sobre concurso de traslado, que había quedado, tras concluir el trámite de conclusiones, para resolución en virtud de Providencia de fecha 22 de Febrero de 2007, por lo que habían transcurrido ya dos años y medio desde entonces sin que se hubiera dictado aún la misma.

Aducía la interesada que con independencia del perjuicio que ya le había ocasionado la extraordinaria dilación padecida, éste podía agravarse pues parecía que se iba a producir una nueva convocatoria, y como no se había resuelto la cuestión a que dio lugar la anterior, objeto del recurso que nos ocupa, querría saber a qué atenerse.

La resolución de la queja terminó por ser de una gran simplicidad: tras la admisión de la misma, del informe remitido por el Ministerio Fiscal se desprendió que se acababa de proceder al dictado de la demorada sentencia, por lo que pudimos dar por concluidas, exitosamente y sin más precisiones, nuestras actuaciones al respecto.

En la más significativa de las procedentes de la provincia de Huelva, la queja 09/1594, la propia titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de La Palma del Condado, órgano judicial objeto de la misma, nos pintaba un panorama desolador en el informe que remitió a la Fiscalía, del que extraemos algunos párrafos que ponen de manifiesto tanto la cuestión de fondo que planteaba el interesado como la imposibilidad de resolverla a causa de la situación que se padecía. Entre otras cosas, nos decía:

La razón por la que el trámite aparentemente sencillo de un juicio de desahucio se haya alargado durante más de un año y que no tenga aun visos de terminación se encuentra no solo en los obstáculos procesales expuestos, sino además en la situación que atraviesa el negociado al que está asignado. Dicho negociado está servido por el funcionario interino ... el cual se encuentra en la actualidad de baja laboral. Esta última baja dura en este momento cinco meses y con anterioridad a la misma, y desde Septiembre de 2007, se ha encontrado igualmente de baja en dos ocasiones más con una duración total de un año aproximadamente entre las dos. Esto supone que en la actualidad, y durante los periodos sucesivos de baja, el negociado ha estado servido por otros sustitutos extraídos del Servicio Andaluz de Empleo tardando en cada ocasión un mes y siete días el nombramiento de funcionario sustituto.

A esto debe añadirse el carácter problemático del antedicho funcionario que ha llevado a conflictos constantes con la Secretaria y conmigo misma ... lo que ha motivado la apertura de un expediente de seguimiento en este Juzgado y de un expediente disciplinario por Delegación de Justicia que se encuentra ahora mismo en trámite.

...Para que conste ante esta Fiscalía y ante el Defensor del Pueblo Andaluz, deseo manifestar que este Juzgado carece en su Sección Civil de personal cualificado para atender las necesidades diarias de una tramitación tan complicada como es la Instancia Civil. Actualmente los tres negociados están servidos por funcionarios sustitutos...

...Ante esta lamentable situación que padecemos en el Juzgado nº 2 de La Palma del Condado, son mensuales las solicitudes de nombramiento de funcionarios de refuerzo dirigidas a Delegación de Justicia desde Octubre de 2008 sin que hasta la fecha se haya dado respuesta a las mismas. El resultado es el colapso paulatino e inexorable del Juzgado sin que exista posibilidad alguna de solucionarlo por mi parte, de la Secretaria, Letrados, Procuradores y del resto de personal adscrito que ve como la sección civil decae sin que exista personal suficiente y válido para trabajar en ella.

Es por todo lo anterior que aprovecho la presente para solicitar al Defensor del Pueblo Andaluz que tome en consideración todo lo anteriormente expuesto y tenga a bien solicitar la adopción de medidas precisas al organismo autonómico encargado de la gestión personal y material de los Juzgados con la finalidad de dar solución a esta situación que además está comenzado a afectar personalmente a todo el que se relacionada con este órgano judicial comenzando por la que suscribe.”.

Debemos destacar que en el procedimiento objeto de esta queja ni tan siquiera había sido concretada la fecha de señalamiento para la celebración de la vista pese a haber transcurrido más de un año desde que se presentó la demanda, sin que existieran visos de que el señalamiento se produjera en fecha próxima, según el devastador panorama que nos exponían en relación con el referido órgano judicial onubense, que ha sido transmitido a la Delegación de Justicia de Huelva, cuya contestación debatiremos en el Informe Anual del próximo año.

No es de extrañar, pues, que la queja 09/4330, afectara al mismo órgano judicial, exponiéndonos en este caso la interesada haber iniciado con fecha 31 de Enero de 2006 un procedimiento de Jurisdicción Voluntaria, concretamente de Testamentaría, con la finalidad de que sus hermanos, previo requerimiento judicial, aceptaran o repudiaran la herencia de sus padres, ya que habiendo transcurrido muchos años desde el fallecimiento de los mismos sus hermanos (o al menos uno de ellos) se habían opuesto sistemáticamente a aceptar formalmente la herencia y a otorgar las correspondientes escrituras de adjudicación de la misma.

Como última actuación en el referido procedimiento obraba en las actuaciones escrito de 10 de Septiembre de 2008, dirigido al Juzgado actuante, por medio del que se ponía de manifiesto que habiéndose efectuado ya los requerimientos oportunos a sus hermanos para que aceptaran la herencia en el plazo de 30 días sin que ninguno de ellos hubiera efectuado manifestación en contrario, procedía se dictase Auto por el que se dispusiera que todos los hermanos habían aceptado la herencia de su padres, pero había transcurrido un año desde entonces, y casi cuatro desde que se iniciara el procedimiento en cuestión, sin que se hubiera llevado a cabo actuación alguna por parte del Juzgado, a pesar de los requerimientos verbales que, según le aseguraba la Procuradora a la que la interesada otorgó su representación, había efectuado la misma en ese sentido, argumentando nuestra remitente que el retraso habido le estaba ocasionando graves perjuicios, ya que tanto ella como su esposo contaban con 83 años de edad, y necesitaba poder escriturar e inscribir a su nombre el único bien que sus padres le dejaron en herencia, la casa donde vivían, con la finalidad de poder disponer de él y garantizarse un futuro digno, ya que carecían de hijos y su economía no era desahogada.

Aún no ha sido informada la presente queja, de la que, al igual que de la anterior, tendremos que hablar el año próximo.

Tampoco ha sido informada aún, dado que se presentó uno de los últimos días del año que comentamos, la queja 09/5004, cuyo promotor planteaba que habiendo sufrido un accidente en el año 2002 todavía no había concluido el proceso penal incoado a su raíz hacía ya más de siete años, seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ayamonte, que, al parecer, incluso podría ser objeto de archivo, obedeciendo el retraso padecido, entre otras causas, a la extrema movilidad del Juzgado, que ponía nuestro remitente de manifiesto al mencionar el elevado número de titulares que habían estado al frente del mismo durante la sustanciación de dicho procedimiento.

Complementaba el interesado dicha información asegurándonos que los últimos trámites conocidos habían sido la presentación por el Ministerio Fiscal de escrito interesando el sobreseimiento de la causa, que, notificado a la representación en autos de nuestro remitente, fue objeto de oposición a dicho sobreseimiento y de petición de celebración de juicio oral, sin que, transcurridos tres meses desde entonces, hubiera habido aún pronunciamiento judicial alguno, habiéndose decidido a acudir a nosotros no sólo por el retraso ya padecido sino temiendo la producción de nuevos.

Como dijimos al principio del comentario, la queja, naturalmente admitida y tramitada conforme a las previsiones del artículo 15 de nuestra ley reguladora, aún no ha sido informada dada la reciente fecha de entrada de la misma.

En lo que a la provincia de Jaén se refiere, si bien tampoco suele ser un gran vivero de quejas y durante el pasado año lo único destacable fue, precisamente, la ausencia de aquellas, en el presente ejercicio sí que hemos de destacar algunas.

Así, en la queja 09/81, el interesado, un abogado en fase de prejubilación, nos exponía que sobre un pleito que dirigía pesaba un retraso que ascendía a la escandalosa cifra de veintidós años –se trataba de un Juicio Ordinario de Menor Cuantía iniciado en el año 1987 y seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Andújar-, ya que, al parecer, la condenada al pago de la indemnización obtenida en el mismo era una entidad bancaria que había puesto todas las objeciones posibles, pero, según nuestro desesperado remitente, cuando parecía que ya todo había terminado y que sólo restaba rematar la faena dictando un Auto tras una comparecencia que se había realizado en Julio de 2009, resultaba que habían transcurrido cuatro meses y aún no se había hecho, pese a todas las promesas efectuadas por la titular del Juzgado en el sentido de proceder a la máxima celeridad.

Nuestro remitente se quejaba amargamente de que, dado lo extraordinario del retraso que padecía el referido procedimiento y el peso de la entidad demandada y, finalmente, condenada en el mismo, su cliente estaba empezando a desconfiar de su buen hacer y a pensar que pudiera ser copartícipe del retraso, y era debido ello por lo que, despojado de su carácter de director técnico del pleito, se hubiera dirigido a nosotros solicitando nuestra intervención al respecto, invocando la protección que, sustentada en los derechos que la Constitución recoge en su artículo 24, merecía su cliente.

Obviamente, la queja fue admitida, y antes incluso de que nos llegara el informe de la Fiscalía de Jaén, el interesado nos informó de que, ¡por fin! el juzgado había alumbrado su resolución, lo que suponía la superación de la dilación padecida y el cierre de nuestra actuación, aunque el asunto, desafortunadamente para el cliente de nuestro reclamante, seguía en trámite, al haber procedido la entidad bancaria condenada a recurrir la resolución cuya demora provocó, tras la paciente espera de veintidós años, la presentación de la queja.

El promotor de la queja 09/2108 nos exponía que ante la imposibilidad, tras la separación matrimonial habida con quien fue su esposa de llegar a un acuerdo amistoso en el reparto de los bienes gananciales, había formulado demanda de liquidación de bienes gananciales en Octubre de 2007, incoándose al efecto autos seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Linares. El tiempo transcurrido desde entonces se había invertido en la designación y aceptación del cargo de perito tasador de los bienes, pero la cantidad solicitada en concepto de provisión de fondos por el que fue designado resultó ser excesiva y desproporcionada para ambas partes, por lo que con fecha en Marzo de 2009 se solicitó del Juzgado el nombramiento de nuevo perito por las razones antedichas, sin que desde entonces se hubiera proveído al respecto en ningún sentido.

Así las cosas, nos dirigimos a la Fiscalía de Jaén explicándole que aunque éramos conscientes de que desde la última petición no había transcurrido un tiempo excesivo, la resolución de este asunto urgía sobremanera a nuestro remitente pues su situación era de absoluta precariedad económica, ya que sus únicos ingresos ascendían a una exigua cantidad en concepto de pensión de jubilación, situación que podría cesar cuando se procediera a la liquidación de la sociedad de gananciales, ya que lo que al interesado correspondería del activo inmobiliario actualmente inmovilizado le serviría para vivir con cierto deshogo el resto de los pocos días que le podrían quedar, pues, a mayor abundamiento, contaba con ochenta y dos años de edad.

Pues bien, tras nuestras intervención, pese a que antes había denegado en dos ocasiones el Juzgado el nombramiento de otro perito, se había procedido al nombramiento del perito propuesto por la parte, aunque realmente lo que había ocurrido era que el perito inicialmente designado había aceptado rebajar sus pretensiones económicas.

Otro de los órganos pertenecientes al mismo partido judicial, el de Linares, pero esta vez el Juzgado Mixto nº 3, era el afectado por la queja 09/2786, en la que el interesado nos exponía que el año 2006 inició un procedimiento de resolución de contrato de vivienda que se había seguido ante el referido órgano judicial en unos autos en los que, pese a los tres años transcurridos, aún no se había dictado sentencia, habiéndosele facilitado como única explicación que “al haber sido trasladada la titular del Juzgado a otra plaza, hay que habilitarla para dictar sentencia”.

Pues bien, del informe remitido por el Ministerio Fiscal se desprendió que el retraso se debía al hecho de que el Juicio verbal de desahucio había quedado en suspenso para dictar resolución al plantearse una cuestión prejudicial civil en el acto del juicio oral; que contra el auto en el que se acordó la suspensión se presentó recurso de apelación, que fue resuelto en Marzo de 2007 en el sentido de confirmar el auto recurrido; que dicha cuestión de prejudicialidad dio lugar a un procedimiento ordinario del mismo juzgado, y al celebrarse el oportuno juicio oral las actuaciones volvieron a quedar en suspenso ante el planteamiento de una cuestión prejudicial penal. Una vez resuelta esta última por sentencia firme, el procedimiento fue resuelto por sentencia de Mayo de 2009, que aún no era firme en esos momentos por estar pendiente de recurso de apelación.

Por tanto, la última resolución del juicio verbal de desahucio era la de hacer constar que el pleito no podía ser resuelto hasta tanto se dictara sentencia firme en el que ahora estaba recurrido, obedeciendo, por tanto, el retraso padecido a todas estas cuestiones, y no a la paralización de las actuaciones. En cuanto a la resolución del recurso de apelación, dado el tiempo transcurrido desde que se interpuso no parecía que pudiera considerarse aún la existencia de dilaciones indebidas.

Como puede verse, tras nuestra intervención quedó todo aclarado, aunque para el interesado las cosas seguían siendo harto negativas: un procedimiento de desahucio por precario, de supuestamente corta resolución, llevaba tres años irresoluto, y parecía que aún iba a seguir así por algún tiempo dadas las circunstancias.

De las procedentes de la provincia de Málaga, las cinco quejas que se comentan a continuación afectaban a procedimientos penales en los que los protagonistas o bien eran personas imputadas pero no condenadas aún que padecían dilaciones, o víctimas de delitos, que también las sufrían.

Así, y comenzando por un supuesto que planteamos el pasado año pero que ha sido resuelto el presente, el interesado en la queja 08/4784 nos exponía que su vivienda había sufrido graves daños como consecuencia de un espectacular incendio que, provocado al parecer por una negligencia humana, se originó en Julio de 2000 en la Sierra de Casares, dando lugar a la incoación de Diligencias Previas seguidas ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Estepona, posteriormente transformadas, durante el año 2002, en Procedimiento Abreviado.

El interesado aseguraba que, habiendo transcurrido ocho años desde entonces, aún se encontraba la causa en fase de instrucción, sin que siquiera tuviera noticia de cuándo se tenía la intención de poner fin a la misma y elevar las actuaciones al órgano judicial al que correspondiera la celebración de vista oral y el dictado de la correspondiente sentencia, en base a lo cual la queja fue admitida, pero hemos de lamentar que pese a que la petición de informe se ha reiterado durante todo este año mediante escritos de fecha 16 de Enero, 5 de Marzo, 6 de Julio y 5 de Noviembre, que han sido contestados por el Fiscal Jefe Provincial de Málaga en el sentido de haberse remitido la referida documentación a la Fiscalía de Área de Marbella, aún no hemos sido informados por la misma, pese a que nos hemos dirigido directamente a ella poniendo de manifiesto todo lo anterior.

La promotora de la queja 09/238 nos exponía varias cuestiones relacionadas con su precaria situación económica, de las que las relativas al salario social y renta básica de inserción se trasladaron para su oportuna tramitación a las correspondientes áreas de esta Institución, pero en relación con lo concerniente a lo que ella llamaba la “lentitud de la Justicia”, de lo que se quejaba al haber dejado de abonarle su ex marido la pensión y haberse visto obligada a reclamársela judicialmente, observamos la posible existencia de dos procedimientos de diversos órdenes jurisdiccionales: el penal, derivado de la denuncia por impago de pensiones, y el civil, en cuanto a la ejecución de la sentencia de separación, por idéntico motivo.

Parecía ser que el procedimiento civil iba por sus trámites, pero respecto del penal, del informe que nos remitió el Ministerio Fiscal una vez admitida su queja se desprendía que, en efecto, la interesada presentó denuncia en Julio de 2008, dando lugar a las correspondientes Diligencias Previas, encontrándose en la actualidad el citado procedimiento pendiente de la resolución del recurso de reforma interpuesto por la acusación particular contra el auto de sobreseimiento provisional dictado con fecha 4 de Noviembre de 2008, aunque el recurso se formuló en fecha posterior al haberse personado nuestra remitente en el referido procedimiento como acusación particular, siéndole notificado el referido auto tanto a la misma como a su letrada, e interponiéndose contra el mismo, como ya se ha dicho, el correspondiente recurso de reforma que a día 23 de Abril de 2009, en que estaba fechado el informe, aún no se había resuelto.

Nos mostraba el interesado en la queja 09/358 su indignación por haber sido detenido en Sevilla, donde se encontraba circunstancialmente pues era vecino de Málaga, al haberse librado en su contra una orden de busca y captura por un Juzgado de Instrucción malagueño en el que se seguían desde hacía más de dos años unas Diligencias Previas abiertas cuando, en pleno proceso de separación, su ex mujer le denunció por impago de pensión y amenazas telefónicas.

Decía no haber sido llamado jamás a prestar declaración en dicha causa pero estar seguro de que en la denuncia presentada por su ex mujer en el referido Juzgado constaba su dirección y su número de teléfono, sin que se hubieran puesto jamás en contacto con él en los más de dos años transcurridos desde que se incoaron las referidas Diligencias, pareciéndole fuera de lugar que hubieran dictado orden de busca y captura, detenido en plena noche cuando pernoctaba en un hotel de Sevilla, permanecido la noche en el calabozo y no hubiera sido puesto en libertad hasta que, puesto a disposición de un Juzgado sevillano de igual clase que el malagueño, se comprobó la situación.

El interesado se puso de inmediato a disposición del Juzgado de Instrucción nº 8 de Málaga y solicitó explicaciones sobre lo ocurrido, pero las escasas que le dieron –que según Correos el número de orden de su domicilio estaba mal- no le satisficieron al resultarle insuficientes para tomar esa decisión tan drástica, y con más de dos años de retraso, de solicitar su busca y captura policial, pues ni que decir tiene el perjuicio moral que le había ocasionado esta situación.

A la vista de lo anterior, y aunque no podíamos olvidar que partimos de una supuesta infracción penal por parte del quejoso –queremos decir que, a la postre, había sido objeto de denuncia por parte de su ex mujer y por ello estaba envuelto en un proceso penal por el que podría haberse preocupado- como nos parecía que no casaba este excesivo celo de la orden de busca y captura con la desidia de un procedimiento que llevaba más de dos años muerto, decidimos admitir la queja aunque sólo fuera a efectos testimoniales.

Pues bien, del informe que al respecto nos remitió la Fiscalía, que no hacía más que detallar los infructuosos intentos notificatorios que llevaron al Juzgado a librar la orden de busca y captura, se desprendió todo un cúmulo de despropósitos en cuanto a los intentos notificatorios, desde devoluciones de exhortos “por numeración irregular de la calle, pues pasa del número 2 al 12 y luego al 18 y 20”, hasta oficios dirigidos a la Guardia Civil para la práctica de la citación del denunciado, que no se pudo practicar por haber entrado en el puesto en fecha posterior a la que correspondía a la citación, y otros intentos notificatorios igualmente frustrados por parte de la Policía local.

Obviamente, constando en autos haber realizado los intentos nada se podía reprochar; otra cosa era que dichos los mismos se hubieran efectuado con la debida diligencia, o no, pero como eso no lo podríamos llegar a saber nunca, dimos traslado al interesado de la información recibida y le informamos de las previsiones del artículo 15 de nuestra Ley reguladora.

La realización de una construcción en el cauce del arroyo María Barranco en el punto en que atravesaba una Urbanización ocasionó el desbordamiento del mismo y la inundación de varias propiedades, entre las que se encontraba la vivienda del remitente de la queja 09/3637.

Ello dio lugar a la incoación de unas Diligencias Previas iniciadas el año 2004 por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Fuengirola, que, pese a haber transcurrido casi seis años desde entonces continuaban en fase de instrucción, sin que el interesado alcanzara a comprender el motivo de tan considerable retraso, lo que justificaba plenamente la admisión de una queja que aún no ha sido informada.

El problema que nos planteaban en la queja 09/1078 era difícilmente resoluble desde cualquier punto de vista, no sólo del de nuestras competencias al respecto, más que nada por el tiempo que había pasado desde que ocurrió, aunque no debía de quedar ausente de intervención alguna por nuestra parte, dada la gravedad del mismo, aunque nuestra colaboración solo sirviera para poner de manifiesto lo ocurrido, ya que, por lo demás, había actualmente una abogada que se estaba ocupando del caso.

Se trataba de una ciudadana de nacionalidad alemana que había suscrito un contrato de arrendamiento de vivienda con una renta mensual de 1.100 €, que la primera cumplió hasta Octubre de 2005, no abonando la renta mensual de los meses correspondientes a Noviembre y Diciembre debido a la oposición de la propiedad a efectuar determinados arreglos.

En Febrero de 2006 la interesada recibió en la vivienda arrendada, sede, además, de su negocio de tratamiento de agua potable, la visita de uno de los arrendadores acompañados de otros señores que decían venir del Juzgado, a los que la interesada manifestó, como pudo, que no entendía castellano pero que por la tarde estaría uno de sus hijos que sí lo hablaba y entendía perfectamente, no haciéndose cargo de notificación ni documento alguno, pero al día siguiente la interesada acudió junto a su hijo, que sí entendía castellano, a los Juzgados de Antequera para conocer el motivo de la visita de quienes podrían haber sido agentes judiciales. El funcionario que les atendió –aseguraba nuestra remitente- realizó una búsqueda informática por apellidos de ella y de todos los demás miembros de su familia –en ese momento ignoraba cual podía ser el motivo de esa visita presuntamente judicial-, asegurándole quien realizó la búsqueda que no había nada en contra de ninguno de ellos.

No volvieron a tener noticia alguna al respecto hasta que una mañana de Mayo del mismo año, sin que en esos momentos hubiera nadie en la vivienda, se procedió al lanzamiento de la misma por parte del Juzgado, asegurando la interesada que jamás le había sido notificada no ya la demanda de desahucio por falta de pago, sino que tampoco la sentencia, ni la demanda ejecutiva instando el lanzamiento, ni el Auto acordándolo, aunque posteriormente pudo saber que se trataba de un Juicio Verbal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Antequera, posteriormente convertidos autos de Ejecución de Título Judicial.

De la información que nos facilitó el Ministerio Fiscal, si bien no quedaba aclarado el tema de las notificaciones de las primeras resoluciones judiciales, sí que lo estaba el hecho de que la interesada, bajo dirección técnica de Letrado, solicitó la nulidad de las actuaciones por entender que la diligencia de comunicación debió realizarse en su idioma, siendo rechazada tal pretensión por auto de fecha de Junio de 2006, que no fue objeto de impugnación procesal, acordándose por providencia de Enero de 2009 el archivo de las actuaciones declarándose la firmeza de la resolución.

Realmente no podíamos poner pegas a un informe en el que se pone de manifiesto que el procedimiento por el que nos interesamos se archivó tras haber solicitado la interesada la nulidad de actuaciones, habérsele denegado y no haber recurrido dicha denegación.

Que la crisis económica ha tenido una directa repercusión en el aumento de asuntos del orden mercantil quedó de manifiesto el pasado año; así lo destacamos en nuestro pasado Informe Anual dedicando un epígrafe a estos órganos judiciales de relativamente nueva creación, y aunque es obligado decir que en el ejercicio que se comenta no se ha formulado un elevado número de quejas al respecto –quizá ya se sabe lo que hay-, puede servirnos el relato contenido en la queja 09/2145 para ejemplificar la situación.

Nos exponía la interesada que entre los múltiples procedimientos judiciales a que había dado lugar su separación matrimonial se encontraba el seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga como Ejecución de Títulos Judiciales, que provenía de la sentencia dictada en Juicio Ordinario declarando disuelta una sociedad de responsabilidad limitada participada por ambos cónyuges, cuya última resolución judicial databa de Enero de 2007, fecha en que se procedió a la elección de un perito economista para que procediera a efectuar la liquidación de la sociedad.

La última noticia que decía tener la interesada al respecto era el percibo por parte del mismo de la provisión de fondos que solicitó, realizada el 18 de Septiembre de 2007, sin que, pese a que ya habían transcurrido más de dos años desde entonces, hubiera vuelto a tener ninguna otra, lo que motivó la presentación de su queja que, admitida, aún no ha sido informada por el Ministerio Fiscal.

Los promotores de la queja 09/3393 aseguraban que en Julio de 2006 formularon demanda de juicio ordinario por daños constructivos que fue turnada al Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Coín. En sus palabras, pese a haber transcurrido tres años desde entonces, aún no se había celebrado el correspondiente juicio, ya que –aseguraban- cada vez que se les citaba para ello el juicio se suspendía una hora antes de su celebración, habiéndole ello ocurrido nada menos que en cuatro ocasiones, la última de ellas parecía ser “sine díe”, ya que en el Juzgado les dijeron que “hasta el año que viene”.

No era de extrañar, pues, que nuestros remitentes alegaran encontrarse en la más absoluta indefensión, puesto que, como dijimos al principio, el pleito se contraía a la valoración de los graves defectos que sufría su vivienda, próximos a la ruina, todo lo cual justificaba, en principio, y por razones obvias, la admisión de su queja.

Sin embargo, del informe remitido por el Ministerio Fiscal se desprendía una versión algo diferente del asunto en cuestión. En primer lugar, porque fue el Letrado de uno de los codemandados quien interesó la primera suspensión de la vista por coincidencia de señalamientos, en la segunda pidió lo mismo uno de los codemandados alegando enfermedad, en la tercera fue nuevamente uno de los Letrados intervinientes quien solicitó la suspensión de la vista por coincidencia de señalamientos, y así ocurrió en la cuarta. Antes de celebrarse la quinta, el Letrado de uno de los codemandados puso en conocimiento del juzgado que su cliente había fallecido, acordándose el emplazamiento de los sucesores, suspendiéndose, como dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil, el curso del procedimiento, y por tanto, la vista ya señalada.

Tras otra serie de incidencia que obviamos para no cansar, tampoco era cierto que se hubiera suspendido la vista sine díe, ya que en la última de las comparecencias ya se estableció nueva fecha de juicio, de lo que se deducía que ni la celebración del juicio se había diferido al año siguiente, ni podía atribuirse al Juzgado sino a los Letrados de las partes y a alguna circunstancia imprevista –el fallecimiento de una de los codemandados- las diversas suspensiones de que había sido objeto el señalamiento para dicha celebración.

Comentamos por último, y en el ámbito de los procedimientos de familia, la queja 09/5028, cuyo promotor nos exponía que entre él y quien fue su pareja de hecho se sustanció en su día un Procedimiento de Medidas sobre Hijos de Uniones de Hecho respecto de su menor hija ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Málaga. Dicho procedimiento, tras dictarse sentencia a principios de 2008, había derivado durante el año 2009 en Autos de Ejecución Forzosa, que se encontraba aún pendiente de resolución de Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga, argumentando el interesado que su hija llevaba sin tener un régimen de visitas normalizado con su padre no custodio desde Diciembre de 2006, sin que el procedimiento judicial instado para resolver el problema hubiera concluido aún pese a haber transcurrido casi dos años desde su inicio, argumentos que dieron lugar a la admisión de su queja, que aún no ha sido informada.

Sigue siendo Sevilla, por obvias razones poblacionales y, en consecuencia, con una mayor cantidad de órganos judiciales, la provincia que aglutina el más elevado número de quejas que afectan a disfunciones judiciales.

Comenzamos por las que comentamos el pasado año pero cuya tramitación ha concluido durante el que ahora nos ocupa, recordando que afectaban ambas al Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Utrera, órgano judicial que es blanco de un elevado número de quejas por motivos que no serían ajenos al considerable aumento de la población que compone el partido judicial al que pertenece –cuestión sobre la que nos ocupamos ampliamente en el epígrafe correspondiente a Medios Personales y Materiales-, su abundante litigiosidad y la nueva adscripción de competencias, entre las que ha de destacarse la concerniente a la violencia sobre la mujer, todo lo cual colisiona frontalmente con la inmovilidad de la planta judicial del partido, que está compuesta por tan sólo tres Juzgados desde hace veinte años, uno de los cuales, que es precisamente el número Dos, compatibiliza sus funciones habituales con las de violencia sobre la mujer, lo que le obliga en más de una ocasión a suspender los señalamientos previamente efectuados en otro tipo de procedimientos al tener que priorizar las actuaciones relacionadas con los casos de violencia de género.

Así, lo que nos exponía el presentador de la queja 08/5372 era que había iniciado con fecha 13 de Diciembre de 2005 procedimiento de medidas previas de separación matrimonial, que dio lugar a unos autos que resultaron acumulados a los de separación del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Utrera, en los que por diversas causas que no venían al caso no contestó la demanda interpuesta en su contra, pero en los que sí se personó con posterioridad, solicitándose la reconducción de los autos de separación a Divorcio y la práctica de determinada prueba, accediéndose a ambas pretensiones, dictándose sentencia de fecha 13 de Diciembre de 2007, contra la que tanto el interesado como la parte contraria interpusieron Recurso de Apelación para ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

La cuestión era que el Recurso de Apelación aún no había sido resuelto, y aunque el interesado era consciente de no ser excesivo el tiempo transcurrido desde que el mismo se encontrara en sede de la Audiencia Provincial, ya que las actuaciones no se elevaron a la Sala hasta un año después de que se dictara la sentencia, el excesivo tiempo transcurrido desde que se iniciaron los autos de separación, posteriormente divorcio, en cuyo transcurso se habían padecido hasta diez suspensiones, y la ausencia de adopción de medidas inherentes al mismo, le impelieron a plantear la presente reclamación en aras de una pronta y definitiva resolución de un asunto cuyo retraso le estaba ocasionando serios perjuicios.

Pues bien, del informe remitido por el Ministerio Fiscal se desprendió que, con independencia de que la elevación a la Sala se había producido incluso más tarde aún de lo que el interesado creía, ya se había efectuado el oportuno señalamiento para la deliberación y fallo del recurso para muy próxima fecha el próximo día 24 del presente mes y año, lo que suponía para el interesado la superación del problema que le llevó a solicitar nuestra intervención y para nosotros la conclusión de la misma.

Afectante al mismo órgano judicial y también inconclusa el pasado año, recordemos que la remitente de la queja 08/5509 nos exponía que, previa asignación de asistencia jurídica en el Turno de Violencia contra la Mujer, inició en el año 2006 un procedimiento de Divorcio Contencioso frente a su esposo que desde entonces se seguía ante el mencionado Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Utrera, no teniendo lugar el Auto de Medidas Provisionales hasta el 14 de Junio de 2007, y en él no se le concedió a ella, sino a su esposo, la guarda y custodia de los hijos del matrimonio y, por ende, el uso de la vivienda conyugal, decisión que, al parecer, se había adoptado en razón de ser el padre de los menores pensionista y la madre empleada de hogar, por lo que, al entender del juzgador, tenía el padre más tiempo para encargarse de los menores.

La interesada, que no compartía ese criterio, desde entonces se encontraba a la espera de que se decidiera definitivamente a través de la correspondiente sentencia, que habría de ratificar o modificar las medidas que regulaban provisionalmente las relaciones paterno y materno filiales, pero el caso es que a Diciembre de 2008, más de dos años después del inicio del procedimiento y exactamente de año y medio desde el dictado del Auto de Medidas Provisionales, dicha resolución seguía pendiendo de dictado, por lo que la queja fue admitida, estando a la espera de que se nos remita el preceptivo informe al respecto.

En este caso, según acreditaba el informe del Ministerio Fiscal, las causas del retraso habían residido en el hecho de que por Providencia de 5 de Marzo de 2008 se acordó librar oficio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a fin de que se autorizase a la anterior titular del Juzgado y conocedora del presente procedimiento para que procediera a dictar sentencia en el mismo. El 15 de Mayo del mismo año el Tribunal Superior requirió se aportara testimonio del acta de la vista celebrada en su día, lo que se proveyó el siguiente día 28. El 11 de Junio de 2008 el Tribunal Superior de Justicia autorizó lo solicitado, y aunque no constaba la fecha en que la anterior titular del Juzgado recepcionó los autos, sí lo hacía que, por fin, la sentencia se dictó con fecha 27 de Enero de 2009, dándose traslado de la misma al Tribunal Superior de Justicia, para su conocimiento, mediante providencia de fecha 11 de Febrero siguiente, resolviéndose el problema que llevó a la interesada a dirigirse a nosotros, que dimos por concluidas nuestra actuaciones.

También relacionado con un problema de violencia de género, el grave supuesto que se nos planteaba en la queja 09/1253 consistía en que la promotora de la misma se había visto obligada a iniciar un procedimiento de Medidas de Hijos de Uniones de Hecho que se había seguido ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer nº 2 de Sevilla, tras haber tenido que abandonar en unión de uno de sus dos hijos, entonces de 9 y 3 años de edad, la vivienda familiar que compartía con su pareja y padre de los niños, y refugiarse en la casa de su madre debido al mal trato que aquél le propinaba, hasta el punto de que tuvo que intervenir la Policía Nacional para devolverle a uno de sus hijos, al que el padre había retenido sin dejar que se lo llevara.

Como quiera que se trataba de una unión de hecho, hasta varios meses después, ya en el año siguiente, no se vio con fuerzas para solicitar la adopción de las correspondientes medidas, entre las que se encontraba la de recuperar para sus hijos y ella la vivienda familiar, lo que hizo por medio del procedimiento referido, que concluyó en Noviembre de 2007 con la resolución judicial que le atribuía la guarda y custodia de los menores y el uso y disfrute de la vivienda familiar, donde durante toda la sustanciación del pleito había seguido utilizando el que era su pareja.

Sin embargo, había transcurrido más de un año desde entonces y, según aseguraba la interesada, aún no se había procedido al lanzamiento de su ex pareja y entrega a ella y a sus hijos de la vivienda familiar, al parecer porque la táctica que empleaba aquél era la de no atender las notificaciones que sucesivamente le habían ido enviando al efecto.

Obviamente, resultaba paradójico que el ex marido de nuestra remitente hubiera seguido ocupando la vivienda familiar cuando la separación tuvo su origen en un caso de malos tratos, pero más aún lo era que siguiera ocupándola año y medio después de que una resolución judicial firme le hubiera concedido el uso y disfrute de la misma, lo que motivó la admisión de la queja y una fulminante reacción por parte del Juzgado, ya que del informe que nos remitió el Ministerio Fiscal se desprendía que ya se había producido el lanzamiento, que si bien estuvo paralizado desde la fecha en que se dictó auto despachando ejecución y requiriendo al demandado para que abandonara el domicilio conyugal, se había resuelto seis meses después.

De índole bien diferente, pero también muy gravoso para el afectado el supuesto que se nos planteaba en la queja 09/620, cuyo promotor nos exponía que en virtud de denuncia interpuesta por el mismo como víctima en unión de su familia de los ruidos que producía el funcionamiento de una discoteca instalada en las proximidades de su domicilio, que le obligaban a abandonarlo los fines de semana, se seguía ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Estepa Procedimiento Abreviado por supuesto delito medio ambiental, en el que si bien se acordó en su día como medida cautelar el precinto del foco emisor del ruido, dicha medida se había alzado mediante Auto contra el que el interesado formuló Recurso de Reforma, que aún no había sido aún resuelto, solicitando nuestra intervención en orden a una pronta conclusión de la instrucción del procedimiento, cuyas Diligencias Previas se remontaban al año 2006.

En el informe remitido por el Ministerio Fiscal una vez se procedió a la admisión de la queja se puso de manifiesto que el procedimiento ya había concluido su fase de instrucción, habiendo solicitado tanto la defensa como el Fiscal el sobreseimiento de la causa, frente a la que era de suponer que la acusación particular ostentada por nuestro remitente se opusiera y solicitara la apertura de juicio oral, todo lo cual le fue trasladado a los efectos oportunos.

Extraordinaria era la demora padecida por el promotor de la queja 09/1398, que nos exponía que ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Sevilla se sustanciaba a su instancia como representante legal de una entidad mercantil, y nada menos que desde hacía catorce años, un procedimiento ejecutivo, siendo una de las razones de la extrema lentitud con que se desarrollaba la tramitación del mencionado procedimiento la suspensión del mismo por prejudicialidad penal, pero el caso era que en el año 2007 se levantó la misma una vez archivadas definitivamente las actuaciones penales que lo mantenían suspendido y, sin embargo, esta circunstancia no había supuesto, en palabras de nuestro remitente, una agilización del referido procedimiento, cuyo periodo probatorio se estaba dilatando tanto debido, entre otras razones, a que la testifical de uno de los testigos fundamentales, residente en Madrid, se practicó por exhorto, pero al mismo sólo se acompañó el pliego de preguntas y no la documentación aneja al mismo, fundamental para que el testigo pudiera deponer sobre tres de ellas, que no se pudieron practicar, siendo la situación actual del procedimiento de nueva paralización.

Pues bien, tras admitir la queja, nos fue remitido por el Ministerio Fiscal un extenso informe donde se explicaban detalladamente los problemas que habían dado lugar a tan extraordinario retraso, informándosenos de que ya se había dictado providencia acordando dictar sentencia, pareciendo con ello que tan gran dilación tocaba a su fin, lo que pusimos de manifiesto ante nuestro remitente, al que, no obstante lo anterior, y dadas las circunstancias, informamos de las previsiones del artículo 121 de nuestra Constitución sobre la posibilidad de reclamar indemnización por los daños causados por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.

Un extrañísimo procedimiento judicial seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Carmona, por medio del que se pretendía la recuperación de una vivienda, era el que afectaba a nuestros interesados en la queja 09/2193, cuyo planteamiento en cuanto a la inejecución de la sentencia que les afectaba era correcto desde el punto de vista práctico pero no desde el punto de vista técnico a la luz del informe que, tras admitir la queja, recibimos, del que se desprendía que era precisamente el galimatías técnico-jurídico el causante del retraso.

En cualquier caso, del mismo informe se desprendía que se había dictado recientemente un Auto que resolvía definitivamente la cuestión, pronunciamiento judicial de muy reciente fecha que suponía la reanudación del procedimiento, contra el que, además, la representación jurídica de nuestros remitentes había interpuesto Recurso de Apelación.

Era el Juzgado de Instrucción nº 2 de Coria del Río el objeto de la queja 09/2386, en la que su promotor nos exponía que desde el 2 de Enero de 2006, fecha en que su hijo falleció al colisionar la motocicleta que conducía contra unos escombros depositados sin señalización alguna en plena carretera, se seguía ante el referido órgano judicial una causa que pese a los tres años y medio transcurridos aún se hallaba en fase de instrucción.

Del informe remitido al respecto por el Ministerio Fiscal se desprendió que si bien era cierto cuanto el interesado nos decía, en el largo proceso indagatorio que se nos describía, y en el que paralelamente se habían ido acordando otras diligencias para el esclarecimiento del hecho y la determinación de las personas responsables (eventual responsabilidad del Ayuntamiento y Policía Local), no cabía desconocer la carga de trabajo que pesaba sobre el referido órgano judicial (se ha creado un tercer juzgado para Coria del Río, cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para finales del año 2009).

En cualquier caso, por el representante del Ministerio Fiscal que nos informaba se había comunicado a la titular del órgano judicial la queja presentada, interesando la práctica de las diligencias necesarias en orden a su impulso procesal y en aras a la pronta terminación de la instrucción, que en esos momentos pendía de las declaraciones acordadas, cuya realización cabía prever inminente, por lo que pareciendo desprenderse de lo anterior la reanudación de unas actuaciones que deberían proseguir por sus trámites, dimos por concluidas nuestras actuaciones, sin perjuicio de que, si volvieran a ser aquéllas objeto de paralización, pudieran reanudarse.

Aseguraba la interesada en la queja 09/3930 que tras varios meses de intentar infructuosamente cobrar la renta al inquilino de un piso de su propiedad, se vio obligada a iniciar un procedimiento de desahucio por falta de pago en Junio de 2008, que se tramitaba ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Sanlúcar la Mayor, que había señalado juicio para el mes de Diciembre de 2008 y el lanzamiento, en su caso, para el 9 de Enero de 2009.

Sin embargo, el inquilino se personó pocos días antes en el Juzgado solicitando abogado y procurador de oficio, lo que dio lugar a la suspensión del procedimiento, y mientras tanto continuaba ocupando el piso y sin pagar nada de renta. Casi un año después se intentaba celebrar el juicio, pero la interesada carecía de garantía alguna de que ello realmente ocurriera, además de afrontar, con la misma incertidumbre y temiendo la continuación de estos retrasos indebidos, a la fase de ejecución de sentencia, añadiendo a todo ello que tenía constancia de que la citada vivienda estaba sufriendo graves daños.

Admitida la queja, del informe remitido por el Ministerio Fiscal se desprendió que, en efecto, el ritmo lento padecido había sido propiciado por la acumulación de asuntos en el juzgado y la actitud dilatoria del demandado que incluso provocó la paralización del procedimiento durante tres meses. Sin embargo a partir del 20 de Febrero de 2009, fecha en que se alzó la suspensión, se habían seguido los trámites de un modo más vivo, celebrándose vista oral y dictándose sentencia el 13 de Octubre de 2009 declarando resuelto el contrato de arrendamiento y condenando al demandado a abonar la renta debida más intereses legales desde la interposición de la demanda hasta el dictado de la sentencia.

Exponía la promotora de la queja 09/4675 que ante el reiterado impago de la pensión de alimentos para sus dos menores hijos por parte del padre de los mismos, y teniendo serias dificultades económicas para poder hacer frente en solitario a la economía familiar, se había visto obligada a presentar la oportuna denuncia al respecto, que, efectuada el día 14 del ya lejano mes de Abril de 2009, había dado lugar a la incoación por parte del Juzgado de Instrucción nº 1 de Sanlúcar la Mayor de las oportunas Diligencias Previas, pero la única noticia que había tenido la interesada respecto de la actividad desplegada a lo largo de la tramitación de las citadas Diligencias había sido su citación para prestar declaración como perjudicada en la sede judicial, que se efectuó el día 24 de Junio, sin que desde entonces hubiera vuelto a tener noticia alguna, siendo su situación, ocho meses después de presentar la denuncia, exactamente la misma. Obviamente, la queja fue admitida, pero cuando redactábamos el presente Informe Anual aún no nos había llegado el correspondiente informe del Ministerio Fiscal, del que daremos cuenta el próximo año.

Concluimos el presente repaso provincial comentando lo sucedido en la tramitación de la queja 09/2358, cuya interesada nos decía que ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Sevilla se había seguido a su instancia y contra la Consejería de Salud y Servicio Andaluz de Salud Recurso Ordinario contra Resolución dictada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud en Expediente de Responsabilidad Patrimonial por daños causados en la asistencia médica prestada a su menor hija.

En los referidos autos se dictó sentencia de fecha 29 de Mayo de 2007 desestimatoria del recurso, contra la que la interesada formuló Recurso de Apelación para ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Mediante Providencia de fecha 16 de Julio de 2007 las actuaciones fueron elevadas a la Sala para resolución del recurso de apelación, turnándose a la Sección Cuarta, pero habiendo transcurrido casi dos años desde entonces la interesada no había vuelto a tener noticia alguna al respecto, pese a que su representación en autos presentó el 14 de Enero de 2009 escrito dirigido a la Sala solicitando, en respetuosísimo recordatorio, que se procediera a dar el trámite legal que procediera al recurso de referencia.

Admitida a trámite la queja, de la información recibida poco se desprendió: nos confirmaban todo cuanto ya sabíamos y nos significaban que las actuaciones se encontraban al día de la fecha pendientes de dictar sentencia en fecha inminente, lo que trasladamos a nuestra remitente, a la que emplazamos para que si transcurrido un tiempo prudencial seguía sin recibir el correspondiente fallo judicial volviera a dirigirse a nosotros.





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