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Introducción.


En esta área se analizan y atienden las quejas que afectan a la Administración de Justicia en sentido estricto (retrasos que se producen en diferentes juzgados y tribunales; carencia de medios en los mismos; reclamaciones sobre justicia gratuita; y otras) las relativas a la Administración Penitenciaria y las que traen su origen en las numerosas solicitudes de mediación y ayudas que nos llegan de personas extranjeras con dificultades de residencia o trabajo.

En torno a estas materias se mantiene un elevado número de quejas si bien en el presente año se aprecia un aumento muy considerable en las provenientes del medio penitenciario (la cifra de 498 quejas penitenciarias habla por sí sola), entre cuyas causas no cabe obviar el desmesurado aumento de la población encarcelada en Andalucía, fenómeno éste que, sin embargo, se presenta en toda España y al que venimos aludiendo en nuestros últimos Informes Anuales.

Además de las quejas atendidas a instancia de parte –casi todas ellas- hemos de destacar aquí algunas de las iniciadas de oficio como la queja 09/214 referente a la supresión del servicio de atención psicológica en asuntos sobre conflictos familiares, ocurrida en Juzgados de Marbella, Estepona y Ronda; la queja 09/137 sobre retirada de las medidas de refuerzo de personal en numerosos órganos judiciales. También en el ámbito de la Administración de Justicia, la queja 09/3249 sobre discrepancias de numerosos abogados en relación con determinados preceptos del Reglamento de Justicia Gratuita.

De tramitación más reciente, y por ello aún no concluidas, la queja 09/4290 y la queja 09/4703 centradas respectivamente en las severas restricciones al uso de taxis para la realización de actos de comunicación judicial y la segunda de ellas alusiva a las dificultades que atraviesa el Juzgado de Paz de La Algaba (Sevilla) por falta de fondos para atender los gastos de funcionamiento ordinario.

También en el campo de la extranjería se han iniciado algunas quejas de oficio como la queja 09/1538 sobre presuntas irregularidades en el asesoramiento a extranjeros; la queja 09/2175 para investigar unas actuaciones de policías antidisturbios en El Ejido (Almería) o la llegada con retraso de bolsas con alimentos a varios asentamientos de inmigrantes en la zona de Palos de la Frontera, Moguer y Lepe (queja 09/2373).

En el ámbito penitenciario señalaríamos como quejas de oficio destacadas las siguientes: queja 09/198 sobre el funcionamiento de las analíticas de internos del nuevo Centro Penitenciario de Morón de la Frontera; el seguimiento del Programa de Animación Deportiva en los Centros Penitenciarios Andaluces (queja 09/776); y las actuaciones para conocimiento de los nuevos recursos y establecimientos penitenciarios, como los Centros de Inserción Social en Algeciras, Málaga y Granada; los Módulos de Respeto y Evaluación Continua en Córdoba o las Unidades Terapéuticas Educativas en el Centro Penitenciario de Jaén (queja 09/1338, queja 09/1514 y queja 09/1550).

En cuanto a Informes Especiales del Área es imprescindible aludir, por su trascendencia, a la comparecencia del Defensor del Pueblo Andaluz en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Andalucía para debatir el Informe Especial “Lugares de Custodia de Personas Detenidas: Depósitos Municipales y otros Calabozos Policiales”, comparecencia que tuvo lugar el 17 de Marzo de 2009 y que, como se recordará, tuvo su origen en una actuación de oficio, la queja 07/1521. El debate estuvo centrado, en gran parte, en la propuesta del Defensor sobre la necesidad de modificar el marco legal que regula estos lugares de custodia, para, entre otros extremos, relevar a los ayuntamientos que son cabecera de partido judicial de sus obligaciones a este respecto, y que sea el Ministerio del Interior el que asuma totalmente esta competencia.

En el plano de las reformas normativas de mayor incidencia en el área, señalaríamos la nueva estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, establecida por el Decreto 167/2009, de 19 de Mayo, que reduce a dos las Direcciones Generales dependientes de la Secretaría General para la Justicia. También en el campo normativo autonómico señalaríamos las dos Órdenes de 7 de Septiembre de 2009, de la misma Consejería, que regulan diversos aspectos relacionados con las víctimas de la Guerra Civil, siendo especialmente significativa la aprobación de un Protocolo Andaluz de actuación para la realización de exhumaciones.

Y en cuanto a la legislación estatal es obligada la cita de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de Noviembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, ya en vigor, que complementa la Ley ordinaria 3/2009, de la misma fecha, que desarrolla múltiples reformas procesales para la implantación de la nueva Oficina judicial, ley ésta última que entrará en vigor en Mayo del año próximo.

Esperemos que con el desarrollo y aplicación de estas reformas procesales y de la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial se noten efectos positivos y disminuyan las dilaciones de las que luego se hablará. También parece buena noticia la nueva regulación de los “jueces de adscripción territorial” incluida en el artículo 347 bis de la reformada Ley Orgánica del Poder Judicial, porque puede agilizar lo relativo a las vacantes que se produzcan en los órganos jurisdiccionales o atender mejor las necesidades de refuerzo que inevitablemente se plantean en algunos juzgados por causas diversas.

Sobre extranjería, dos leyes de trascendental importancia, cuales son la nueva Ley de Asilo –Ley 12/2009, de 30 de Octubre- que deroga la hasta ahora vigente desde 1984, y la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de Diciembre, que reforma la Ley de Extranjería (Ley 4/2000) y que se publicó al día siguiente. Algunas de estas reformas serán analizadas posteriormente.

La colaboración de la autoridades, funcionarios y Administración que habitualmente nos sirven de interlocutores en la investigación de las quejas o en nuestras funciones de mediación es muy positiva. A destacar la de los Fiscales Jefes Provinciales y la del Fiscal Superior de Andalucía con quienes mantenemos nuestros contactos más frecuentes por cuanto, como ya es conocido, así nos lo indica nuestra propia Ley reguladora. Del mismo modo son muy fructíferos los contactos con los equipos directivos de los Establecimientos Penitenciarios andaluces, al igual que nuestras relaciones con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Sobre todos estos contactos y las diversas formas que adoptan hemos comentado ya en la Sección Primera de este Informe, las Jornadas que hemos celebrado este año tanto con Fiscales de Vigilancia Penitenciaria como con los Directores y Directoras de las prisiones andaluzas, encuentros muy positivos para mejorar esta mutua colaboración de la que hablamos.

Respecto de otras Administraciones, en este año no hemos tenido que realizar ninguna declaración de actitud entorpecedora u hostil hacia nuestras actuaciones y el grado de aceptación de nuestras resoluciones ha sido también positivo.

En la exposición que sigue se respeta la ordenación habitual de los distintos bloques temáticos, comenzando por el análisis de quejas que afectan a la Administración de Justicia. Luego se comentan las de procedencia penitenciaria y se concluye con las de extranjería.






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