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enores inmigrantes.


En lo que atañe a la inmigración protagonizada por menores debemos destacar nuestra actuación en la queja 08/5464 la cual vino propiciada por las visitas que periódicamente realiza personal técnico de esta Institución a centros de protección de menores con la finalidad de supervisar su correcto funcionamiento.

En concreto, esta queja deriva de la visita realizada el día 20 de octubre de 2008, al Centro de Protección de Menores “Virgen de la Esperanza”, de Torremolinos (Málaga), en la cual se observó la carencia de personal que ejerciera las funciones de mediador intercultural.

Tras interpelar a la dirección del centro sobre esta cuestión fuimos informados de que en el centro se atendía a menores inmigrantes no acompañados, en su mayoría de origen marroquí, desarrollando el programa de acogimiento residencial básico, y en ocasiones –en supuestos de menores con edades próximas a los 18 años- actuando como centro de acogida inmediata.

La dirección del centro destacaba la gran dificultad de comunicación con los menores residentes -menores inmigrantes no acompañados de origen marroquí- relatando cómo al personal del centro le resultaba muy difícil realizar tareas esenciales para el devenir cotidiano del centro. A este respecto se destacaba la dificultad para trasmitir con claridad a los residentes las normas de funcionamiento, así como hacerles comprender su situación legal en España y la misión encomendada al personal encargado de su cuidado. Se recalcaba la necesidad de una comunicación fluida entre educadores e internos que sirviese para calmar sus temores y ansiedad, ofreciéndoles un entorno de confianza lo más parecido posible a un hogar familiar.

En este contexto, al ser muy variadas las circunstancias en las que sería deseable la presencia en el centro de un mediador intercultural, por la importante y continuada presencia de residentes de origen marroquí, decidimos incoar el expediente de queja y solicitar información del Ente Público de Protección de Menores respecto de las causas por las que dicho centro no disponía de tal recurso, así como las previsiones de que contase con este personal especializado, dada la necesidad del mismo para la debida integración social y educativa de las personas menores atendidas.

En respuesta a nuestro requerimiento recibimos la siguiente información:



... En contestación a la queja iniciada de oficio por esa Institución a raíz de la visita de seguimiento realizada por personal técnico de esa Institución el día 20.10.2008 al centro de protección de menores “Virgen de la Esperanza” de Torremolinos y en la que hacen referencia entre otros asuntos a que el mismo no cuenta con la figura del mediador intercultural, se adjunta informe técnico pormenorizado sobre éste y los restantes asuntos del Jefe de Servicio de protección de menores de esta provincia de cuyo contenido claramente se deduce:

Que los datos recogidos en su visita y al parecer trasladados por la Dirección del centro a su personal técnico están sobredimensionados y no se corresponden con los datos reales y oficiales con los que contamos en el servicio que se obtienen de la información diaria que facilita el Director por escrito y contrastada con la del Departamento de Centros del Servicio.

Que, en efecto, las circunstancias actuales no son beneficiosas para los menores atendidos en el centro al estar por encima de la ratio ideal que debería tener para asegurar una atención de calidad.

Que esta circunstancia es el producto de un fenómeno generalizado, llamado emigración de menores, que es una realidad en nuestra Comunidad y que es de todos conocidos por la llegada de un número excesivo de menores emigrantes no acompañados desde el año 2004 de forma continuada.

Que la carencia de mediador intercultural en este centro está suplida por la existencia de dos mediadores de total disposición y dedicación para el servicio y todos los menores emigrantes localizados en los centros, siendo inviable actualmente la posibilidad de contar con un mediador por centro, rentabilizándose así más que si se localizara en uno de los centros propios que tan sólo atendería a una media de 32 por centro (...).

En efecto, en el centro atienden a menores no acompañados de origen marroquí pero no es un centro definido como específico, ni son exclusivamente marroquíes sino que evolucionan según las altas de ingreso que se produzcan.

La realidad es que últimamente hemos tenido una media aproximada de ocupación de MENAS en la provincia de 179 menores que son el 41,6 % del total de nuestras plazas provinciales (430) tomando como referencia a fecha 19.02.2009 de los que el 83,24% (149) son marroquíes y tiene que ser atendidos en algún lugar.

También es cierto que actúan en ocasiones como centro de atención inmediata, no de acogida inmediata, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.1 y 2 del Decreto 42/2002, de 12 de Febrero, pero no es cierto que sea “en los supuestos de menores con edades próximas a los 18 años” sino en función de la edad con la que llegan.

El programa de este centro está definido como “residencial básico” y en el año 2008 han atendido en atención inmediata a un total de 86 menores cuyo recuento se ha hecho día a día, nominativo, con tiempo muy variado de permanencia en el centro.

El total de atendidos en el año 2008 es de 385 y de estos 86 han sido de atención inmediata lo que significa un porcentaje anual de atención inmediata del 22,33% del total anual atendidos, sin que se haya precisado el tiempo medio de permanencia en el mismo.

Esta utilización del centro con funciones de atención inmediata que no coinciden con la definición de su programa se ha producido:

- Por falta de recursos ante la llegada de menores para darle atención inmediata hasta tanto tengamos plazas en los dos centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados existentes en la provincia.

- Por ser los centros propios de la provincia los que utilizamos para las sobreplazas ya que los centros conveniados no tienen capacidad espacial ni personal suficiente para la atención por encima de su capacidad autorizada. Tan sólo les podemos ingresar el número de menores que está previsto en su convenio y/o contrato sin que pueda ser modificado más que en un número reducido de una o dos sobreplazas de forma muy excepcional.

- Por estar definidos nuestros dos centros propios como centros de guardia en semana alternativa para que la localización de los menores, especialmente en horario que el servicio de protección de menores está cerrado, sean llevados a estos centros si no se dispone de plazas en los de acogida inmediata y hasta tanto ésta se produzca.

Compartimos la preocupación recogida en la queja por las dificultades de comunicación que existe entre los menores inmigrantes y los educadores, y su repercusión en la atención que se les presta que podría resolverse con la presencia de un mediador intercultural.

La existencia de dos mediadores actualmente en el servicio de protección de menores nos permite mínimamente atender tanto las necesidades del servicio como la de nuestros centros –propios y conveniados- ya que están a su disposición aunque no puedan estar en el día a día que es la demanda que solicitan.

Todos los centros resuelven este problema de comunicación con la traducción de otros menores ya conocedores del idioma, ya que otra solución de incremento de personal excede las competencias de la Delegación.

No obstante, todos los menores emigrantes son entrevistados por los mediadores al ser ingresados en los centros, lo que permite tener una primera información y unos datos básicos que sirven para poder orientar a los centros ante situaciones imprevistas cuando no puede desplazarse en ese momento el mediador. ...”

A la vista de los hechos expuestos, del contenido de los informes remitidos y de la normativa de aplicación, estimamos conveniente realizar las siguientes consideraciones:

I. Centro con funciones que exceden las propias de residencial básico.

Los datos suministrados por la Delegación Provincial retratan una situación en que se produce una discordancia entre las previsiones efectuadas al momento de definir las características del centro respecto de la realidad de su funcionamiento cotidiano, siendo así que el centro, concebido en origen para desarrollar un programa residencial básico, se convierte por el devenir cotidiano de su funcionamiento en un centro con dos características bien marcadas, de un lado gran parte de las plazas del centro se dedican a acogida inmediata y de otra, muchas de esas plazas son ocupadas por menores inmigrantes marroquíes.

Es así que de los propios datos que facilita la Administración deducimos que la cuarta parte de las plazas del centro vienen siendo utilizadas de forma continuada para realizar las tareas de acogida inmediata. En el centro conviven menores con previsión de estancia prolongada con otros de estancia corta y frecuente rotación, lo cual aleja al centro de un clima de convivencia semejante a un hogar familiar, al producirse frecuentes desarraigos y situaciones de provisionalidad.

A todo esto se une que gran parte de la población del centro es emigrante y de origen marroquí. De los datos facilitados se deduce que del total de plazas residenciales en la provincia el 41,6% de las mismas vienen siendo ocupadas por menores inmigrantes no acompañados, y que de éstos la gran mayoría (83,24%) son de origen marroquí.

Por tanto, las cifras vienen a avalar el hecho de que el centro soporta de manera continuada una alta tasa de ocupación de menores de origen marroquí, y además que en el mismo se realizan tareas de acogida inmediata, siendo el momento en que los menores se encuentran más vulnerables y por regla general menos conocimientos del idioma español disponen.

Pero es que, profundizando aún más en estos datos, hemos también de recurrir a los que por escrito aporta el propio centro en su Currículum Educativo, en cuyo apartado 2.1.2, referido a desarrollo intelectual y cognitivo se señala lo siguiente: “... Atendiendo a las características de nuestros menores, que en un 99% son inmigrantes marroquíes, los cuales en su mayoría han sufrido abandono, maltrato, necesidades primarias, etc, provocando en ellos notables retrasos a nivel cognitivo. Casi siempre son varones, de nacionalidad marroquí, con una edad comprendida entre los 16 y 17 años, y un nivel de formación básico, esto es, apenas sabe leer y escribir en su idioma materno ...

De igual modo, dentro del Curriculum Educativo, para justificar la actividad “curso de español” se señala lo siguiente: “... Durante este último año hemos cambiado drásticamente la situación del centro debido a las características de los menores que nos están ingresando. En estos momentos contamos con un 80% aproximadamente de inmigrantes, sobre todo procedentes de Marruecos, aunque también vienen de África Subsahariana y de Europa del Este. Este flujo de inmigrantes parece que no va a cesar por el momento, al contrario, cada vez es mayor ...”.

También en el apartado 3.4.2 se dice: “Como hemos citado anteriormente la población reinante en nuestro centro es la magrebí, esto conlleva el desconocimiento de nuestra cultura, lengua, costumbres ... por ello uno de nuestros principales objetivos es la adaptación de estos menores a nuestra cultura, siempre respetando las suyas propias ...”.

Todo el Currículum Educativo del centro se encuentra salpicado de referencias semejantes, mostrando una clara vocación del centro para asumir la atención y educación de la población que le va a ser confiada, la cual se prevé que en su mayoría sea inmigrante y de origen marroquí.

A este respecto debemos traer a colación lo establecido en el artículo 51 del Decreto 355/2003, de 16 Diciembre, sobre Acogimiento Residencial de Menores, que dispone que el Currículum Educativo de centro deberá ser remitido por la dirección al Servicio especializado de protección de menores con la finalidad de que valore si la oferta educativa que se ofrece responde a las necesidades reales de los menores acogidos en el centro.

Una vez aprobado el Currículum Educativo de centro, éste ha de ser revisado cada cinco años con el fin de evaluar su validez. No obstante, a iniciativa del Servicio especializado de protección de menores o a petición del centro mediando razones justificadas y una vez pasados dos años desde su aprobación, podrá interesarse de nuevo su revisión.

Y se da la circunstancia que el Currículum Educativo que nos fue facilitado recoge con claridad un concepto de centro de protección que dista del descrito en el informe que nos ha sido remitido, previsto para funciones residenciales básicas de menores sin características especiales.

II. Al no disponer el centro de personal con conocimientos del idioma de gran parte de los menores que ocupan el centro, la consecuencia es obvia, pues la barrera de comunicación provoca dos grupos de usuarios diferenciados, separados por el idioma y la condición de emigrantes.

Las tareas de educación e integración social de estos menores son cuando menos dificultosas, con la triple dificultad de no tener adulto de referencia, no tener prevista una estancia continuada en el centro, y no disponer de personas con las que comunicarse en su idioma como no sean otros menores, en su misma situación, ya conocedores del idioma español.

Y mucho nos tememos en esta Defensoría que esa situación, además de ser caldo de cultivo de posibles conflictos y enfrentamientos, en poco favorece las propias previsiones del Decreto sobre Acogimiento Residencial de Menores, antes aludido, que en su exposición de motivos señala que el acogimiento residencial debe cumplir con la doble exigencia de ofrecer a los niños y adolescentes calidad (atención profesionalizada, técnicamente capacitada) y calidez (entorno afectivo, cercano a los parámetros familiares).

Resulta desalentador efectuar un recorrido por cada uno de los derechos que reconoce dicho Decreto a menores residentes en los centros (intimidad, información, trato personalizado, educación, etc.) cuando ni siquiera disponen de la posibilidad de mantener una comunicación fluida con las personas adultas, responsables de su cuidado. Y no es tanto la necesidad de la permanencia continua de una persona mediador intercultural como la necesidad de una persona, con conocimientos del idioma.

Desde nuestro punto de vista, bien ejerce sus funciones el mediador intercultural programando y coordinando las actividades de los distintos centros en que se encuentran alojados menores inmigrantes, y diseñando estrategias para su mejor socialización, pero a la necesidad a la que nos referimos es aún más básica y es la relativa a la existencia continua en el centro de al menos una persona con conocimientos del idioma mayoritario de los menores que residen en el mismo.

En la práctica cotidiana podemos encontrar ejemplos nada rebuscados de alteraciones en el funcionamiento cotidiano del centro por la carencia de personal con conocimiento del idioma mayoritario de los residentes. Ante el mínimo incidente, ante la mínima duda o corrección se haría necesario recurrir vía telefónica, vía presencial o del modo que fuere, el auxilio del mediador intercultural o cualquier otro profesional con conocimientos del idioma que sirviese de intérprete para trasmitir el mensaje deseado al menor. Esta intermediación aleja la intervención educativa de los efectos beneficiosos de la inmediatez, así como la dificulta, al no ser siempre posible contar, por motivos de disponibilidad, con la presencia de dicho profesional.

Ante esta carencia no consideramos suficiente con que se recurra a otros menores que sirvan de intérprete. La tarea de educar no puede quedar condicionada por quienes precisamente han de recibir las enseñanzas e instrucciones. La razón es obvia y no creemos necesarios profundizar en esta cuestión.

A estos efectos, dirigimos la siguiente Recomendación a la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de Málaga, encontrándonos a la fecha de confeccionar el presente informe a la espera de recibir contestación de dicha Administración:

Que sea revisado el Proyecto Educativo y Currículum Educativo del Centro “Virgen de la Esperanza” de Torremolinos a fin de verificar su acomodo a las necesidades de las personas menores que han de residir en el mismo, ajustándolo a las necesidades reales conforme a su ocupación durante los últimos años y las previsiones futuras.

Que en consecuencia al Proyecto Educativo y Currículum Educativo del Centro, se exija la presencia permanente en el mismo de al menos una persona con conocimientos del idioma mayoritario de quienes allí residen, bajo protección de la Administración”.

SECCIÓN TERCERA: DE LOS MENORES




14. Litigios familiares.


Abundan en este apartado las quejas que nos remiten padres y madres, incursos en procedimientos de separación matrimonial, que se dirigen a la Institución manifestando su preocupación o su desacuerdo con el régimen de visitas derivado de la sentencia de separación o de divorcio, también por la conducta del otro progenitor durante la visita o estancia de fin de semana, así como para hacernos saber que las personas menores se negaban a cumplir con el régimen de visitas establecido, exponiéndonos el sufrimiento que tal hecho les producía.

A pesar de tratarse de asuntos jurídico-privados, en ocasiones intervinimos asesorando a las personas interesadas respecto de los derechos que les asistían o de las posibles vías para hacerlos valer.

Entre las quejas que reflejan la problemática asociada al derecho de relaciones familiares se encuentra en la queja 09/4135 en la que la abuela paterna de una menor, de 11 años de edad, se dirige a nosotros para denunciar la situación de riesgo en que se encuentra su nieta durante el ejercicio del derecho de visitas por parte de la madre.

Refiere que la guarda y custodia de la menor la tiene el padre y que la madre tiene un régimen de visitas con entregas y recogidas en el punto de encuentro familiar.

Nos dice que por familiares por línea materna ha recibido noticias de que la madre tiene problemas de drogadicción y que se relaciona en ambientes marginales, cercanos a la delincuencia. Manifiesta que ha denunciado los hechos ante el punto de encuentro pero que allí le dicen que no es su función elaborar ningún informe al respecto, sino procurar que las entregas y recogidas se efectúen conforme al mandato del Juzgado, informando de las incidencias que al respecto pudieran producirse.

El relato de la interesada, abuela de la menor, se remonta a toda la historia de vida de la niña, narrando los diferentes episodios de malos tratos que ésta ha sufrido por parte de la madre a lo largo de su vida, los cuales han conducido a que en la actualidad la guarda y custodia de la menor la tenga el padre. Por ello teme que los informes del punto de encuentro familiar puedan ser positivos para la madre y que éstos conduzcan a una reversión de la situación.

Refiere que ha denunciado ante el punto de encuentro familiar la situación de riesgo de la niña y que dicho servicio le indica que no es de su competencia analizar e indagar respecto de dicha cuestión, sino que debe comunicarlo al Juzgado.

Tras analizar las circunstancias del caso valoramos que el punto de encuentro familiar ha de ajustarse en la prestación de sus servicios al estricto encargo contenido en la resolución judicial, y de los términos del auto no se deduce un ejercicio inadecuado de tales funciones.



Los hechos que relata, los cuales describen una posible situación de riesgo de la menor durante el ejercicio del derecho visitas por parte de la madre, habrían de ser puestos en conocimiento de las Administraciones con competencias en la detección e intervención -en su caso- en tales situaciones, correspondiendo éstas, respectivamente, a los servicios sociales municipales y a los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía.





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