Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de la República del Ecuador



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Que, el artículo 341 constitucional consagra que “El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.”;

Que, conforme lo consagra el artículo 375 de la norma suprema, el Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo  cual entre otros “1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano…3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos…5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar…”;

Que, el artículo 100 del Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que “Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos Descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes.”;

Que, el artículo 104 del referido cuerpo normativo establece “Prohíbase a las entidades y organismos del sector público realizar donaciones o asignaciones no reembolsables, por cualquier concepto, a personas naturales, organismos o personas jurídicas de derecho privado, con excepción de aquellas que correspondan a los casos regulados por el Presidente de la República, establecidos en el Reglamento de este Código, siempre que exista la partida presupuestaria.”;

Que, el artículo 129 del Código de Planificación y Finanzas Públicas dispone que “Se prohíbe a todas las entidades del sector público, excepto a la banca pública y las entidades públicas crediticias la realización de operaciones de crédito a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, salvo anticipos..”;

Que, el artículo 162 ibidem establece que “Los recursos públicos se manejarán a través de la banca pública, considerando en lo pertinente, las respectivas normas técnicas y las capacidades de gestión de las entidades que conforman la banca pública. El cobro, pago o transferencia de dichos recursos se podrá realizar a través de otras entidades financieras.”;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 544, de 11 de noviembre de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 329, de 26 de noviembre de 2010, establece que las instituciones del sector público podrán realizar transferencias directas de recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de la colectividad.

Que, el Banco del Estado es una institución financiera pública con personería jurídica, autónoma, de duración indefinida, que se rige por la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y demás normas del ordenamiento jurídico de la República del Ecuador;

Que, conforme lo señalado en el artículo 96 de la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, el objetivo del Banco del Estado es “…financiar programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos cuya prestación es responsabilidad del Estado, sea que los preste directamente o por delegación a empresas mixtas, a través de las diversas formas previstas en la Constitución y en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada; financiar programas del sector público, calificados por el Directorio como proyectos que contribuyan al desarrollo socio – económico nacional; prestar servicios bancarios y financieros facultados por la ley”, que se encuentran desarrollados en el artículo 2 del Estatuto General del Banco del Estado;

Que, conforme el artículo 111 ibidem “El Banco del Estado podrá también efectuar con el sector privado aquellas operaciones compatibles con las facultades  conferidas en los artículos anteriores, en las condiciones y normas que fije el Directorio previa autorización del Directorio del Banco Central del Ecuador”;

Que, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales so pena de carecer eficacia jurídica;

Que, conforme el artículo 426 constitucional, “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.”;

Que, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otros, la vivienda; por otro lado, el artículo 28 señala que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que sus derechos y libertades sean plenamente efectivos;

Que, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11 consagra que los Estados signatarios reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, con vivienda adecuada y una mejora continua de las condiciones de existencia; y, que tales Estados tomarán las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de los derechos;

Que, en la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, aprobado en 1991, se reitera el reconocimiento de derechos que existe en el párrafo 1 del artículo 11 del PIDESC, recalcando que el alcance y consecución de vivienda adecuada tiene una relevante y fundamental importancia para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales; y que,  la protección al derecho a la vivienda requiere adicionalmente, que los Estados aseguren el acceso a servicios públicos;

Que, en el artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos se establecen varios objetivos básicos del desarrollo integral; y, para lograrlos, los Estados signatarios convienen en dedicar su máximo esfuerzo, entre otros, para la consecución de la meta básica de vivienda adecuada para todos los sectores de la población;

Que, conforme el artículo 85 de la norma suprema, la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos;

Que, el artículo 11 de la Constitución de la República dispone que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: “… 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte… 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento… 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución…”;

Que, la Superintendencia de Bancos y Seguros en ejercicio de las atribuciones de vigilancia y control conferidas por la Constitución y la Ley, a través del Oficio No. IG-INSFPUINJ- D2-2012-1046, de 27 de diciembre de 2012, en la parte pertinente señaló que “…se hace notar que para el caso de los créditos de vivienda no es aplicable la restricción prevista en el artículo 109 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, en razón de que no constituyen créditos comerciales…”;

Que, el Directorio del Banco del Estado a través de Resolución No. 2012-DIR-012, de 25 de abril de 2012, dispuso “Calificar los programas y proyectos de financiamiento para vivienda urbana y rural de interés social, como necesarios e indispensables para el desarrollo socio-económico Nacional…”;

Que, mediante Resolución No. CSPE-2012-003, de 17 de mayo de 2012, publicada en el Registro Oficial No. 844, de 4 de diciembre de 2012, el Consejo Sectorial de la Política Económica resolvió implementar la política financiera pública y la reforma de la banca pública de desarrollo, aprobadas por el señor Presidente de la República y formalizadas a través del  compromiso Presidencial denominado “Implementación de medidas propuestas de Banca Pública”; y, conforme consta en el artículo 2, entre otros, requirió a la dirección y administración de las entidades que conforman el sector financiero público que adopten todas las acciones de carácter legal, operativo, administrativo, de recursos humanos, de comunicación y tecnológica, necesarias para operativizar dicha implementación;

Que, el derecho de una persona a acceder a una vivienda digna es fundamental para asegurar la supervivencia y el ejercicio de otros derechos constitucionales, sin perjuicio de que tales derechos sean indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía;

Que, el Banco del Estado debe tomar medidas positivas y una actuación activa, a través de programas y proyectos de financiamiento de vivienda de interés social, para gestionar la oferta financiando a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y/o Empresas Públicas y/o personas naturales y/o jurídicas de derecho privado con finalidad pública, preferentemente para atender a los grupos de personas más necesitadas y de atención prioritaria;

Que, es necesario y fundamental implementar las disposiciones del señor Presidente Constitucional de la República, sobre la reestructuración de la Banca Pública, en base de las directrices de la reforma democrática del Estado, acorde con las políticas públicas vigentes y el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir;

Que, según lo dispone el artículo 83 de la Constitución de la República, son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, entre otros, “1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente…5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento…7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir…9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y servicios…”;

El Directorio del Banco del Estado, sobre la base de la argumentación jurídica invocada, con el afán de proteger, respetar y hacer respetar el derecho constitucional de acceso a una vivienda adecuada, observando los deberes y responsabilidades establecidos en los números 1, 5, 7 y 9 del artículo 83 de la Constitución de la República y en uso de las atribuciones contenidas en los artículos 96, 117 y letras d) y l) del artículo 118 de la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado; y, letras a) y k) del artículo 15 del Estatuto General del Banco del Estado,

Resuelve:

Art. 1.- Aplicar las disposiciones del artículo 109 de la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado al sector productivo de la construcción de vivienda social, conforme a las normas que para el efecto dicten los Directorios del Banco Central del Ecuador y del Banco del Estado.

Art. 2.- Para la aplicación del artículo 103 de la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado al sector productivo de la construcción de vivienda social, especialmente a favor de las instituciones privadas con finalidad pública, en razón del interés público que persigue la actividad que realizan, se deberá observar que ellas se someterán a las regulaciones del Derecho Público, respecto de la política pública de vivienda de interés social expedida por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por la normativa de financiamiento establecida por el Banco del Estado y demás aplicables.

Art. 3.- Aprobar el Programa PROHABITAT VIVIENDA, en los términos de la propuesta presentada por la Gerencia General, que se incorpora como documento integrante. No obstante, para la ejecución del Programa, se deberá observar y cumplir la política pública que para el efecto dicte el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y sus actualizaciones.

Art. 4.- Solicitar al Directorio del Banco Central del Ecuador autorice al Banco del Estado el inicio de las operaciones de financiamiento de vivienda de interés social a favor de Gobiernos Autónomos Descentralizados y/o Empresas Públicas y/o personas naturales y/o jurídicas de derecho privado con finalidad pública y dicte las condiciones y normas para dicho financiamiento.

Art. 5.- Aprobar y autorizar que la señora Gerenta General del Banco del Estado realice las acciones y gestiones, así como que ejecute todos los actos, contratos y negocios jurídicos que fueren necesarios para cumplir con la presente Resolución.

Art. 6.- Disponer a las unidades administrativas, servidores y funcionarios del Banco del Estado, dentro del ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, que observen y cumplan el contenido de la presente Resolución.

DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA.- Se deroga la Resolución No. 2012-DIR-019, de 26 de mayo de 2010, a través del cual se aprobó el “Programa de Mejoramiento Integral de Barrios y Desarrollo Local – PROBARRIO”.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución es de ejecución inmediata, debiendo ser publicada en el Registro Oficial, para lo cual, la Secretaría General arbitrará las medidas necesarias.

NOTIFÍQUESE.-

Expedida en Quito, Distrito Metropolitano, el 22 de enero de 2013.

f.) Econ. Patricio Rivera Yánez, Ministro de Finanzas, Presidente del Directorio.

LO CERTIFICO:

f.) Dr. Gustavo A. Araujo Rocha, Secretario General.

BANCO DEL ESTADO.- SECRETARÍA GENERAL.- Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos institucionales.- Quito, 23 de enero del 2013.- f.) Dr. Gustavo A. Araujo Rocha.

No. 009/2013

LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Considerando:

Que, a inicios de 1960, a nivel mundial, existía un requerimiento continuo de operaciones de helicópteros en instalaciones costa afuera fijas y móviles. Como la energía del mundo exige una mayor demanda, la necesidad de explotar los recursos petroleros, gas que se encuentran más lejos de la costa será cada vez más vital. Concomitante con eso, las operaciones de los helicópteros que apoyan estas misiones son aún más importante por lo cual se debe tener consideraciones que puede influenciar en la Seguridad Operacional, por citar algunas, el tamaño limitado de las plataformas rodeadas de obstáculos, gases calientes y vientos variables y cambiantes condiciones meteorológicas plantean un gran desafío para los pilotos, además durante el aterrizaje en las cubiertas flotantes requieren un alto grado de habilidad y precisión en el vuelo

Que, actualmente en el país existen empresas que tienen la intensión de desarrollar operaciones con Helicópteros costa afuera (OFFSHORE);

Que, por la complejidad de la operación, peculiaridad y particularidad, debido a que se realiza en plataformas OFFSHORE, plataformas flotantes, buques, entre otros, es prioritario establecer requerimientos mínimos de entrenamiento para las tripulaciones de este tipo de actividad;

Que, la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica ha elabora un documento, el cual se establece requerimientos de entrenamiento que las tripulaciones deben cumplir previo a desarrollar la actividad OFFSHORE;

Que, la Ley de Aviación Civil, artículo 6, numeral 1, establece las atribuciones y obligaciones del Director General entre otras, “Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la aeronáutica civil de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que operan en el país”;

Que, de acuerdo con el artículo 6, numeral 3, literal a) de la Codificación a la Ley de Aviación Civil, publicada en el Registro Oficial No. S-435 del 11 de enero del 2007, se determina las atribuciones y obligaciones del Director General de Aviación Civil: “Dictar, reformar, derogar: regulaciones técnicas, órdenes, reglamentos y disposiciones complementarias de la Aviación Civil, en acuerdo con las previsiones de la presente Ley, Código Aeronáutico, Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y las que sean necesarias para la seguridad de vuelo, y la protección de seguridad del transporte aéreo”; y,

En uso de sus facultades legales y reglamentarias,

Resuelve:

Artículo Primero.- Aprobar los “REQUISITOS PARA OPERACIONES VFR DIURNAS DE HELICOPTEROS COSTA AFUERA (OFFSHORE), que se detalla a continuación:

REQUISITOS PARA OPERACIONES VFR DIURNAS DE HELICOPTEROS COSTA AFUERA OFFSHORE

Dada la complejidad de la operación por su peculiaridad y particularidades en plataformas offshore, plataformas flotantes, jack up, buques, etc (debidamente habilitadas o certificadas por la DGAC) es necesario que los operadores cumplan requerimientos y requisitos en beneficio de una efectiva Seguridad Operacional.

La tripulación para este tipo de operación especial estará conformada al menos por el Comandante de la nave (PIC), copiloto (SIC) y landing assistent, para todos los vuelos.

Los programas de entrenamiento desarrollados por el operador para este tipo de operación especial deberán someterse a la aprobación de la Autoridad Aeronáutica.

Requerimientos para un curso de entrenamiento offshore para piloto al mando.

Debe tener un total de 1500 horas en helicópteros, de las cuales:

Como Comandante 1000 horas en helicópteros

En helicópteros bimotores 400 horas

En el tipo de equipo 100 horas

Curso de Basic offshore safety induction emergency (helicopter underwater egress training) BOSIET (HUET

Requerimientos para un curso de entrenamiento offshore para copiloto.

Debe tener al menos 1000 horas en helicóptero

En helicópteros bimotores 200 horas

En el tipo de máquina 50 horas

Curso de Basic offshore safety induction emergency (helicopter underwater egress training) BOSIET (HUET)

Entrenamiento de comandante (PIC) consiste en lo siguiente:

El entrenamiento en tierra debe contener al menos:

Manual de vuelo para operaciones OFFSHORE ?Manual de Operaciones incluyendo CRM, curso de HAZMAT específico para operaciones OFFSHORE.

Manual de base operaciones OFFSHORE

Publicaciones y boletines OFFSHORE

Conocimiento de OPSPECS especificas

El programa de entrenamiento de vuelo inicial debe contener al menos:

Vuelo en plataformas offshore, plataformas flotantes, jack up, buques, helideck, etc, un total de 40 horas, antes de ser habilitado como PIC en operaciones OFFSHORE, el piloto bajo entrenamiento debe realizar un mínimo de 15 aterrizajes en plataformas, jack up, etc con un instructor calificado en todos los tipos de aterrizajes y despegues.

El piloto debe completar su entrenamiento inicial para obtener su calificación y para mantener vigente su calificación debe completar el entrenamiento recurrente cada 6 meses, en el helicóptero o en un simulador de vuelo que debe estar calificado en nivel C/D, el mismo que debe completar todas las maniobras normales y de emergencia, de acuerdo al programa de entrenamiento aprobado, debidamente endosado y realizadas por el Piloto Instructor que se encuentre habilitado para este tipo de operación especial, para que sea certificado y realizado el chequeo de competencia por el Inspector Piloto de la DGAC.

Chequeo de línea en áreas de competencia

Entrenamiento de recalificación, promoción y recurrente.

Los programas de entrenamiento de recalificación, promoción y recurrente deberán ser desarrollados apropiadamente por la compañía.

Entrenamiento de copiloto (SIC) consiste en lo siguiente:

El entrenamiento en tierra debe contener al menos:

Manual de vuelo para operaciones OFFSHORE

Manual de Operaciones incluyendo CRM, curso de HAZMAT especifico para operaciones OFFSHORE. Manual de base operaciones OFFSHORE

Publicaciones y boletines OFFSHORE

Conocimiento de OPSPECS especificas

El programa de entrenamiento de vuelo inicial debe contener al menos:

Vuelo en plataformas offshore, plataformas flotantes, jack up, buques, helideck, etc, un total de 20 horas, antes de ser habilitado como SIC en operaciones OFFSHORE, el piloto bajo entrenamiento debe realizar un mínimo de 7 aterrizajes en plataformas, jack up, etc con un instructor calificado en todos los  tipos de aterrizajes y despegues y con la presencia de un inspector de la DGAC.

El piloto debe completar su entrenamiento inicial para obtener su calificación y para mantener vigente su calificación debe completar el entrenamiento recurrente cada 6 meses, en el helicóptero o en un simulador de vuelo debe estar calificado en nivel C/D, el mismo que debe completar todas las maniobras normales y de emergencia, de acuerdo al programa de entrenamiento aprobado, debidamente endosado y realizadas por el Piloto Instructor que se encuentre habilitado para este tipo de operación especial, para que sea certifica o y realizado el chequeo de competencia por el Inspector Piloto de la DGAC.

Chequeo de línea en áreas de competencia

Entrenamiento de recalificación, promoción y recurrente.

Los programas de entrenamiento de recalificación, promoción y recurrente deberán ser desarrollados apropiadamente por la compañía.

Entrenamiento del landing assistent consiste en lo siguiente:

El entrenamiento en tierra debe contener al menos:

Manual de base operaciones OFFSHORE

Conocer el equipo de supervivencia, chalecos salvavidas y balsas.

Curso de Basic offshore safety induction emergency (helicopter underwater egress training) BOSIET (HUET)

Entrenamiento recurrente.

Los programas de entrenamiento recurrente deberá ser desarrollados apropiadamente por la compañía.

Requerimientos para un curso de entrenamiento en buques para trabajos aéreos de prospección pesquera.

Debe tener al menos 500 horas en helicóptero, de las cuales:

En helicópteros monomotor 200 horas

En el tipo de equipo como piloto al mando 100 horas

Curso de Basic offshore safety induction emergency (helicopter underwater egress training) BOSIET (HUET)

El entrenamiento en tierra debe contener al menos:

Manual de vuelo para operaciones de trabajos aéreos prospección pesquera (OFFSHORE)

Manual de Operaciones incluyendo CRM, curso de HAZMAT especifico para operaciones de trabajos aéreos prospección pesquera (OFFSHORE)

Manual de base operaciones de trabajos aéreos prospección pesquera (OFFSHORE)

Publicaciones y boletines trabajos aéreos prospección pesquera (OFFSHORE)


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