A la sala segunda del tribunal supremo



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MOTIVO TERCERO

Por infracción de precepto constitucional por el cauce del art. 5.4 LOPJ y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la Constitución en relación con la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos prevista en el art. 9.3 del mismo cuerpo legal.


IMPUGNACIÓN
En la argumentación de este motivo del recurso vuelve el recurrente a cuestionar la validez inculpatoria de las declaraciones de Mohamed Moussaten. Cono ya queda dicho más arriba, las declaraciones del mismo fueron llevadas al juicio oral, siendo sometidas a contradicción puesto que todos las demás partes del proceso pudieron formular las preguntas y alegaciones que tuvieron por conveniente. La validez de esta prueba esta suficientemente reconocida por el Tribunal al que nos dirigimos como para extendernos ahora en tal punto (por todas, valga citar la sentencia del Supremo de 20 de diciembre de 2007, nº 1081/07, rec. nº 10436/07, en donde se estudian los requisitos y la evolución jurisprudencial)
Tales declaraciones son corroboradas por otras pruebas, como vamos a ver, teniendo en cuenta, además, que la presunción de inocencia alegada por el recurrente en este motivo no puede versar sobre la validez de una u otra prueba, ni mucho menos sobre la valoración de las pruebas que el Tribunal de instancia dispuso para llegar a su convicción, sino sobre si el Tribunal efectivamente dispuso de medios de prueba válidos, de suficiente contenido incriminatorio, legalmente incorporados al proceso y valorados según los criterios de racionalidad lógica.
En el caso que nos ocupa, la sentencia recurrida (fundamento jurídico IV.11, folios 639 a 647) hace el examen de las pruebas practicadas en el juicio oral en relación con Youssef Belhadj, realizando de las mismas una valoración totalmente razonable y conforme con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.
Las declaraciones de Mohamed Moussaten no sólo son válidas sino que además tienen un contenido incriminatorio suficiente para enervar la presunción de inocencia. Efectivamente manifiesta cómo Youssef Belhadj le comentó en Bruselas, en el mes diciembre de 2004, que pertenecía a Al Qaeda, tratando de convencerle de la bondad de las tesis radicales terroristas de tipo yihadista e invitándolo a ir a hacer la yihad a Afganistán con él, lo que reiteró en su visita a España en febrero de 2004; Moussaten explicó también cómo, en Bruselas, su tío lo llevó a un locutorio para conectarse a internet, donde recibía mensajes, y que le enseñó páginas web de acceso restringido en las que se veía a individuos con explosivos en la cintura y la cara tapada leyendo el Corán y otras en las que se veía cómo degollaban a una persona, proponiéndole ir a Afganistán a hacer la yihad. Por último, manifestó que en Bruselas, al salir de la mezquita con su tío, éste le dijo que esperara porque tenía que ver a unas personas y que cuando regresaron a casa Youssef Belhadj abrió un cajón e introdujo un montón de dinero junto a otro que ya había allí, comentándole que lo recibía a través de la mezquita para ayudar a hacer la yihad. Estas declaraciones están corroboradas por el propio Youssef Belhadj, que admite la existencia del episodio del dinero, si bien niega el origen y el destino.
Tales declaraciones so completan con las realizadas por Allal Moussaten (cuñado de Youssef)
Como señala la propia sentencia, la imbricación de Youssef Belhadj en las redes terroristas internacionales y la actividad de éstas en España está acreditada por otros datos periféricos, singularmente por su relación con los huidos tras el atentado de Leganés el 3 de abril de 2004, Abdelmajid Bouchar y Mohamed Afalah. Con estos mantiene contacto personal y telefónico, como declaran distintos testigos como Allal Moussaten –padre de Mohamed– o Ibrahim Afalah –hermano de Mohamed Afalah–. Los diversos contactos telefónicos que constan en las actuaciones acreditan que Youssef Belhadj no sólo conoce sino que auxilia a los huidos tras la explosión de Leganés.
Finalmente el registro practicado en Bélgica, cuya validez e introducción en el juicio oral no puede ser cuestionada, es otro elemento inculpatorio más, debidamente valorado por la sentencia de instancia.
Todo ello constituye un acervo probatorio suficiente para enervar la presunción de inocencia, sin que la valoración que realizó la Sala pueda ser sustituida por la valoración que interesadamente hace la parte recurrente. Por ello este motivo debe ser también desestimado.

MOTIVO CUARTO

Al amparo del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia el recurrente infracción del principio “non bis in idem” en relación con los principios de legalidad y tipicidad del art. 25.1 y 9.3 de la Constitución en relación con el art. 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, aplicable por remisión del art. 10.3 CE


IMPUGNACIÓN
Parte el recurrente de una interpretación muy particular del art. 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 16 de diciembre de 1966 y de la manifestación acerca de que su patrocinado ha “sido sometido a investigación en Bélgica”.
En primer lugar el art. 14.7 del mencionado Pacto no dice exactamente lo que manifiesta el recurrente (folio 74 del recurso), sino que “nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado constantemente sobre la firmeza de las resoluciones judiciales como elemento consustancial a la cosa juzgada. Así, SsTC 249/05, de 10 de octubre y 115/06, de 24 de abril, que afirman que la prohibición del non bis in ídem “sólo opera respecto de sentencias o resoluciones firmes con efectos de cosa juzgada material”.
Por otra parte, no consta en las actuaciones cuál es el procedimiento objeto de tal investigación, ni si hay una imputación formal contra el mismo y mucho menos si ha recaído sentencia (firme o no)
Por todo ello el motivo debe ser desestimado.

MOTIVO QUINTO

Interpuesto de forma subsidiaria a los anteriores, por infracción de Ley, al amparo de lo establecido en el art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción del art. 66.6 del Código Penal.


Manifiesta el recurrente que la motivación de la Sentencia, en cuanto a la pena se refiere es excesivamente genérica y por ello insuficiente y no se deduce de los hechos probados una mayor relevancia en la conducta del acusado, por lo que deberá serle impuesta la pena en el mínimo legal.
IMPUGNACIÓN
Recordemos aquí que el recurrente, Youssef BELHADJ fue condenado por un delito de integración en banda armada, organización o grupo terrorista de los artículos 515.2º y 516.2º del Código penal, imponiéndosele la pena concreta de doce años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de catorce años. La misma pena fue impuesta a los demás acusados que resultaron condenados por el mismo delito: Basel GHALYOUN, Fouad EL MORABIT ANGHAR, Mouhannad ALMALLAH DABAS, Sael EL HARRAK, Mohamed BOUHARRAT y Mohamed LARBI BEN SELLAM.
Señala el art. 66.1 del Código Penal, regla 6ª, que “cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán (los jueces o tribunales) la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho”.
Censura el recurrente la sentencia manifestando que a todos los condenados por el mismo delito se les impuso la misma pena, sin tener en cuenta sus circunstancias personales. Sin embargo debe reconocer que los diversos condenados que mencionamos más arriba carecen de circunstancias personales que les distinga a unos de otros y, desde luego ni en el juicio ni en la sentencia constan especiales circunstancias a tener en cuenta. Por lo tanto debe ser la mayor o menor gravedad del hecho delictivo lo que sirva de base al Tribunal sentenciador para dosificar el cuantum de pena que se debe imponer en el fallo de la sentencia. Y en este sentido la pena impuesta, queda perfectamente motivada en la fundamentación jurídica de la sentencia, cuando dice: «V.3. Penas. El Tribunal, atendida la extrema gravedad de los hechos, la mayor peligrosidad y lesividad del terrorismo yihadista, su carácter internacional con ramificaciones en múltiples países -como ha quedado acreditado en esta causa- su estructura multiforme y el carácter fungible de sus miembros, la delincuencia asociada a su actividad terrorista, así como el desprecio absoluto por la vida, la cultura y la forma de pensar de los que no comparten sus creencias, impone las penas por pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista en el máximo legal; esto es, 12 años de prisión para los integrantes y en 15 años al dirigente Hassan EL HASKI.» (folio 705 de la sentencia)

Nos está explicando la sentencia que la conducta del condenado no es la del partícipe en cualquier tipo de banda armada o terrorista, sino en aquella que representa una extrema gravedad, dado su mayor peligrosidad y lesividad, su carácter internacional, absoluto desprecio a la vida, etc. motivo por el cual queda justificada la imposición de las penas en su máximo legal. La motivación, suficiente de por sí, se completa con la mera lectura de los hechos probados, tanto en general, como en los estrictamente atinentes al recurrente: labores de proselitismo, financiación y auxilio al terrorismo yihadista.


En definitiva, la motivación cumple sobradamente el requisito de explicar las razones que llevaron al Tribunal sentenciador a la imposición de una concreta penalidad, y permitir que la Sala a la que nos dirigimos pueda comprobar la lógica y la racionalidad de ese apartado de la función jurisdiccional.
Por ello este motivo, al igual que todos los anteriores debe ser desestimado.
29.- RECURSO DE MOHAMED LARBI BEN SELLAM
MOTIVO PRIMERO
Al amparo del art. 5.4 L.O.P.J. y Art. 852 Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción del Art. 24.1 y 2 de la C.E. proscripción de indefensión, derecho a un proceso con todas las garantías y derecho a la presunción de inocencia.
El recurrente sostiene que el tribunal ha valorado la prueba con criterios ajenos a la lógica y el buen sentido en concreto considera que:

  1. La afirmación que el recurrente es una persona radical y que profese un odio acérrimo a estadounidenses e israelíes y que justificaba los atentados suicidas no puede convertirse nunca en un indicio incriminatorio para fundar una sentencia de condena, pues es una faceta de la personalidad irrelevante desde el ámbito del derecho penal en tanto no se materialice en actos típicos penales.

  2. No existe evidencia en el Plenario que MOHAMED LARBI BEN SELLAM se reuniera con otras personas en la planta 2ª del mercado de la c) Alonso Cano.

  3. Considera el recurrente que únicamente existe prueba de que las labores proselitistas en relación con EL IDRISSI y en concreto para que este ejecute un atentado suicida en Irak, acción que sostiene “en términos de defensa, es ajena a la intervención de la justicia española”.

  4. Finalmente el recurrente mantiene que el episodio del encargo de compra del teléfono por parte del recurrente al testigo El Edrisí para a su vez facilitarlo a la familia de Mohamed Afalah carece de trascendencia penal y simplemente debe considerarse como una acción humanitaria para que este último pueda despedirse de su familia.

En definitiva, el recurrente manifiesta que no existe una sola prueba de cargo, ni directa ni indirecta que sustente la afirmación contenida en los hechos probados apartado 10 (Pág. 213 a 215) que pueda avalar la integración del recurrente en una organización para hacer la yihad, teniendo como misión el adoctrinamiento, reclutamiento y auxilio a individuos que tenían la misión de cometer actos violentos de todo tipo contra aquel que no comparta su visión radical y extrema del Islam.
IMPUGNACION
Entendemos que el Tribunal en el apartado destinado a los Fundamentos Jurídicos y en concreto en al apartado IV. 10. (Pág. 636 a 639.) enuncia el acervo probatorio y lo analiza con rigor.
El recurrente sostiene que el Tribunal ha prestado verosimilitud a las declaraciones sumariales del testigo El Idrissi, frente a las prestadas en instrucción en las que se desdijo de las mismas sin fundamentar su decisión

Ante tal afirmación debemos mantener, como viene reiterando la jurisprudencia de esta Excma. Sala y como resumen de ella la sentencia de 2/ 10 /2006 “El Tribunal puede optar por dar más credibilidad a la declaración testifical sumarial, tras la retractación del testigo en el acto de juicio oral conforme autoriza el art. 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siempre que explique la razón de su opción.


En el presente caso, la sentencia expresa los motivos que le hicieron creer las declaraciones sumariales del citado testigo que no son otras que el cúmulo de datos proporcionados sobre sus contactos con el recurrente, avalados por los seguimientos policiales mediante los que se constató la presencia de tal testigo en el domicilio del recurrente en Santa Coloma de Gramanet, los días 15 y 16 de mayo de 2005 ,así como las comunicaciones telefónicas y correos intervenidos en los que quedo patente que Mohamed LARBI BEN SELLAM intentaba convencer a Idrissi para que se trasladara a Irak con el fin de cometer un atentado suicida, así como su intervención en la entrega de un teléfono a la familia de Mohamed Afalah, huido a Irak para cometer una acción suicida.
Igualmente debemos recordar, que la jurisdicción española es competente para conocer de los delitos de terrorismo, aunque fueran realizados fuera de nuestro territorio ( Art. 23 apartado 4 ,B. L.O.P.J.)
En consecuencia, consideramos que no le asiste razón al recurrente ya que por una parte el motivo lleva a cabo valoraciones probatorias, cuyo cometido compete de forma exclusiva a la Audiencia (art. 741 Ley de Enjuiciamiento Criminal) y por otro lado reputa arbitrarios los razonamientos de la resolución impugnada, cuando realmente todos ellos se ajustan al material probatorio existente en la causa (prueba testifical y documental) en la que se introdujo con regularidad constitucional y procesal.
En conclusión, en el caso de autos existió prueba que justifica la comisión del delito y la participación en él del procesado por lo que interesamos la desestimación del Motivo.
MOTIVO SEGUNDO

Al amparo del Art. 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al no expresarse clara y terminantemente en la sentencia cuales son los hechos que se consideran probados ,o resulte manifiesta contradicción entre ellos ,o se consignen como hechos probados conceptos que por su carácter jurídico ,impliquen la predeterminación del fallo.


El recurrente alega como sustento a la denuncia de “falta de claridad” que en el factum se omiten datos esenciales en relación con la forma concreta en que ayudó a Mohamed Afalah y Mohamed Beldhadj a salir de España y como materializó la ayuda prestada a estos o porque la sentencia no indica mas datos de su actividad proselitista al margen de los episodios en relación con EL IDRISI y la familia AFALAH., o porqué no expresa la sentencia la ausencia de referencia en los informes policiales de su relación telefónica con otros procesados.
Finalmente se alega que la Sala efectuó una valoración errónea de la prueba, en relación con las declaraciones testificales, manteniendo lo expuesto en el motivo anterior.
IMPUGNACION
El recurrente, tras solicitar que se efectúe una interpretación amplia y flexible del precepto denunciado, insiste en la falta de claridad en el relato de hechos probados, por considerar que debieron consignarse una serie de datos en relación sus actividades de forma distinta a la efectuada por la Sala sentenciadora, pero tal pretensión no constituye la esencia del quebrantamiento de forma denunciado ya que la insuficiencia de tales datos afectaría a la calificación jurídica del hecho enjuiciado y debiera haberse acudido a la vía del Art. 849 nº 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Igualmente es momento de recordar que el tribunal sentenciador debe expresar en el factum, aquellos hechos sobre los que haya alcanzado su convicción y que sean necesarios para establecer la calificación jurídica, sin que sea exigible que recoja todos los detalles que las partes hayan expuesto en sus escritos de calificación, bien porque entiendan que no han sido probados o estimen que no son necesarios para la calificación jurídica alcanzada.
En el presente caso, entendemos que el relato de hechos probados, en relación con el recurrente, es de fácil comprensión, no se emplean términos ambiguos, ni se omiten hechos relevantes, conteniendo con precisión los datos que el Tribunal considera acreditados para establecer la calificación jurídica alcanzada.
Por lo expuesto, interesamos la desestimación del motivo.
MOTIVO SEGUNDO
Al amparo del Art. 849.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción de los Art. 28, 66.6, 515.2 y 516.2 del C.P
Se mantiene por el recurrente que las conductas que le son atribuidas no pueden incardinarse en el delito del art 515.2 C.P (pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista) porque la calificación de una persona como radical no puede implicar su integración en una organización terrorista de tipo religioso, siendo necesario que ésta hubiera realizado actividades con la entidad suficiente para manifestar su pertenencia a un grupo de esas características.
Igualmente señala el recurrente que el episodio de facilitar el teléfono a la familia de Afalah esta vacío de contenido típico puesto que el aparato fue entregado a la policía por los familiares de Afalah y en todo caso desconocía el contenido de las conversaciones mantenidas a través de el.
Finalmente se rechaza la aplicación de la pena en su grado máximo, por entender que no es proporcional a los hechos que le son atribuidos.
IMPUGNACION
La utilización del cauce casacional previsto en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige el pleno respeto a los hechos declarados probados en la Sentencia recurrida.

La conducta atribuida al recurrente se concretó en ”adoctrinar reclutar, auxiliar a individuos para hacer la Yihad y en concreto ayudar a Mohamed Belhadj y Mohamed Afalah, residentes en el piso de la calle Martín Gaite núm. 40, planta 1ª, puerta 2ª de Leganés a huir de España tras el atentado del 11 de marzo.


Igualmente en el factum se describe como el recurrente solicitó al testigo El Idrissi dinero para contribuir a la causa, así como insistió para se trasladara a Irak para cometer un atentado suicida, declarándose probado que el recurrente entregó un teléfono a la familia de Mohamed Afallah para que este ultimo pudiera despedirse antes de perpetrar un atentado suicida en Irak.
Entendemos que los hechos que le son imputados, resumidos anteriormente, tienen su encaje en el delito de pertenencia a grupo u organización terrorista ya que su participación en los hechos se produce durante un prolongado espacio de tiempo, realizando diversas actividades todas ellas encaminadas a la realización de acciones violentas contra personas o cosas ,lo que denota la asunción de los fines de su grupo que busca imponer sus ideas políticas de modo criminal, coadyuvando el recurrente con su actividad a que su grupo alcance sus objetivos.
Finalmente hemos de mostrar nuestra conformidad con la imposición de la pena en la cuantía mas grave, mostrándonos conformes con las razones esgrimidas en la sentencia que no son otras que la peligrosidad y lesividad del terrorismo yihadista.
Por lo expuesto, se interesa la desestimación del motivo.


30.- RECURSO DE ABDELMAJID BOUCHAR
El recurrente clasifica los motivos en tres apartados, a saber, 1º infracción de precepto constitucional y de preceptos penales, 2º respecto al delito de pertenencia a banda armada, los subdivide en error en la apreciación de la prueba e infracción de precepto penal por aplicación indebida del párrafo 2º del art. 515 del CP y, por último, 3º respecto al delito de tráfico de explosivos, también los subdivide en error en la apreciación de la prueba e infracción de precepto penal por aplicación indebida del art. 568 del CP.

Siguiendo este orden se examinarán dichos motivos.


MOTIVO PRIMERO
Infracción de precepto constitucional y de preceptos penales.
Sostiene el recurrente que no se ha aplicado en la sentencia el art. 24 de la CE respecto de los dos delitos imputados, ya que, según él, ha quedado acreditado en autos que nunca estuvo presente en ninguna de las reuniones que se dieron tanto en río Alberche, como en las de calle Virgen del Coro de Madrid, ni aparecen huellas o restos en Alcalá de Henares. También sostiene que no participó en las transacciones de suministro de explosivos mantenidas ni en Asturias ni en los diferentes Mc Donadls de Madrid de Moncloa o Carabanchel, criticando la prueba practicada en relación con su presencia en el piso de Leganés acerca de la inexistencia de huellas propias en la bolsa de basura intervenida.
IMPUGNACIÓN

Sobre la presunción de inocencia invocada por el recurrente baste decir que la jurisprudencia de esa Sala por ser suficientemente conocida hace innecesaria su cita (no obstante, cfr., entre otras muchas, F.J.8.2º Sentencia nº 1850/2002 de fecha 3 de diciembre).


Aplicada esta jurisprudencia al caso concreto de autos se observa que no existe vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ya que en la Sentencia recurrida se explica tanto la prueba de cargo practicada como su valoración desde unos parámetros que no pueden calificarse ni de irrazonables ni arbitrarios, estableciendo juicios de inferencia ajustados a la lógica, las reglas científicas y las máximas de la experiencia.
En efecto, los fundamentos jurídicos III.8.1º (hecho probado 8.1) –fols. 563 a 565- y, sobre todo, IV.7 –folios 619 a 621- de la Sentencia recurrida, explican pormenorizadamente las pruebas practicadas y su valoración en orden a la condición de habitante del piso de Leganés de BOUCHAR (F.J. III.8.1º -fols. 563 a 565-) como la de perteneciente a organización terrorista y autor del delito de depósitos de explosivos, atendiendo a unos parámetros que no merecen censura casacional alguna desde la perspectiva del derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Así, se resalta como en el F.J. III.8.1º -fols. 563 a 565- se exponen con detalle los indicios probatorios de su condición de habitante del piso encontrados tras el desescombro tales como hallarse en dicho lugar su huella genética en un hueso de dátil y otro de aceituna que había dentro de la bolsa de basura que él mismo deja junto al contenedor –informe pericial al folio 65.676, tomo 172, y en ff. 1330 y 1331, tomo 4 de la pieza separada de Leganés, ratificados en la vista oral el 22 de mayo de 2007, su huella dactilar que se asienta sobre el libro numerado como 16 de los recuperados del desescombro, concretamente la del dedo pulgar de la mano izquierda, como expresamente ratificaron los peritos a preguntas de su propia defensa en la vista oral, sesión del día 16 de mayo de 2007 –pericial 100-IT-04-, además de que se recuperó un pasaporte marroquí a su nombre, una tarjeta de abono transporte de Madrid más su ticket mensual correspondiente a enero de 2004 y una carta, fechada el 22 de marzo de 2004, requiriéndole para que se presentara en la oficina de empleo de la calle Paseo de la Ermita número 17 de Leganés, quedando acreditada la autenticidad del abono del transporte según pericial obrante a los folios 1655 y ss. del tomo 6 de la pieza separada de Leganés, sometida a contradicción en la vista oral el 16 de mayo, aunque no pudiera aseverarse lo mismo del pasaporte simplemente por ausencia de otro indubitado para contraste.
Por otra parte, en dicho fundamento jurídico III.8.1º, se abunda en la prueba testifical del policía número 74.693 que lo ve huir tras dejar la bolsa, habiéndole reconocido en rueda –folio 79037- y en la vista oral, donde explicó en la sesión del día 21 de marzo que sabe que la bolsa que tras la persecución recupera es la que ha dejado Abdelmajid BOUCHAR porque era de un color distinto a las demás, sobresalían de ella unas ramas de dátiles y está en el mismo lugar en la que minutos antes la ve, entregándola con posterioridad a la policía científica, según confirma el funcionario núm. 19.245, a quién se la entregó en la vista oral del día 10 de abril.

A este testimonio se añaden los de Ibrahim Afalah, hermano de una de las personas en busca y captura por el Juzgado Central de Instrucción número 6 (Mohamed Afalah), que, aunque no se indica en la sentencia recurrida, constan en los tomos 30 –fols. 8.294 a 8.300 y 8.302 y ss., tomo 35 –fols. 11.087-, tomo 99 –fols.33.158 y ss., tomo 102 –fols. 34.111 y ss., tomo 180 –folio 69.888 y en los careos de Ibrahim con M. Moussaten al tomo 108 –fols. 36.930 y ss. y con el propio BOUCHAR al tomo 170, fols. 64.777 y el de Mohamed Baach a los folios 24.683 y ss. del tomo 80 y a los folios 34.575 del tomo 103, que iban juntos el día 3 de abril de 2004 cuando se encuentran a BOUCHAR. Ambos testimonios fueron ratificados en la sesión del juicio oral de 13 de marzo de 2007.

A estas pruebas, el Tribunal a quo añade en su F.J. IV.7 –fols. 619 a 621- el que se refuerza su pertenencia a organización terrorista porque está acreditada su estancia en otros escenarios de acceso limitado como la finca de Chinchón, donde se encuentra su huella genética en una maquinilla de afeitar, según el informe sobre perfil genético único al folio 65.676, tomo 172 de la pieza principal- ff 1330 y 1331, tomo 4 de la pieza separada de Leganés-que fueron ratificados y sometidos a contradicción en la vista oral el 22 de mayo de 2007 así como su huella dactilar en una chapa metálica encontrada en la misma finca, según informe pericial lofoscópico de los folios 67849 y ss., tomo 176, ratificado en el plenario el día 16 de mayo de 2007.

Añade el Tribunal a quo, que su vinculación con el grupo terrorista también se establece por su relación con Mohamed Affalah, confirmada no sólo por los testimonio de familiares y amigos de ambos, sino por la venta de un coche a Afallah usando documentación de BOUCHAR. Esta compraventa se hizo los días 1 y 2 de abril de 2004 en Leganés, sólo dos días antes de la huída de Bouchar y de la explosión de la calle Martín Gaite, según declara el testigo Sr. Heredia en la audiencia pública del día 26 de marzo- que reconoció a Afallah como la persona que ve físicamente y con la cierra el trato, entregándole el coche. Aclaró que, sin embargo, la transferencia de titularidad del vehículo se hizo a nombre de otra persona (BOUCHAR) de quien aportó el permiso de residencia unido al folio 10520 –tomo 37- del que dijo ser su primo.

De todo ello, se deduce que el Tribunal a quo ha contado con indicios probatorios suficientes para enervar la presunción de inocencia del recurrente y en consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

MOTIVO SEGUNDO
Respecto al delito de pertenencia a banda armada
1º. Error en la apreciación de la prueba
Sostiene el recurrente que de existir algún tipo delictivo atribuible al mismo sería el de colaboración con banda armada del art. 518 CP y no el de pertenencia, reiterando la inexistencia de prueba incriminatoria de cargo, sin precisar el documento auténtico que acredite ese error
IMPUGNACIÓN
Se construye este motivo más bien como si fuera infracción de ley por aplicación indebida del delito de pertenencia a grupo terrorista (art. 515.2º y 516.2º CP), postulando el de colaboración con banda armada del art. 518 CP que de un verdadero error de hecho.
Aplicada la conocida jurisprudencia de esa Sala sobre este motivo (cfr., por todas, la STS -2ª- nº 733/2006,  de fecha 30 de junio), al caso concreto de autos, se observa que no se cumplen ninguno de los requisitos establecidos ya que el recurrente se limita a exponer su discrepancia con los hechos probados sin apoyarse en documentos que a efectos casacionales evidencien el error en la valoración de la prueba realizada por el Tribunal a quo haciendo genéricas referencias a la prueba.
En su consecuencia, el motivo debe ser desestimado.
2º Infracción de precepto penal por aplicación indebida del párrafo 2º del art. 515 del CP.
Se limita el recurrente a remitirse a las argumentaciones ya expuestas que da por reproducidas.
IMPUGNACIÓN

Como destaca la STS -2ª- nº 1262/2006, de 28 de diciembre, entre otras muchas, el análisis del presente motivo debe partir de la intangibilidad de los hechos probados, de forma que no es posible mediante este cauce casacional modificar ni alterar los mismos, debiéndose ceñir la argumentación del motivo a la infracción penal por aplicación indebida o inaplicación indebida de un precepto penal de carácter sustantivo (o procesal, según conocida jurisprudencia constitucional).


Desde esta perspectiva, el motivo es inadmisible porque según el factum y su complemento en los fundamentos jurídicos es correcta la aplicación del delito previsto en el art. 515.2º del CP, en cuanto a pertenencia a grupo terrorista, esencialmente, a la vista de su condición de habitante del piso de Leganés (hecho probado 8.1. –folio 204- y fundamento jurídico III.8 –fols. 563 y 576- en relación con el hecho probado 8.3 –folios 206 a 208- y fundamento jurídico III.8.3º -fol. 571 a 576-) y por haberse encontrado huellas genéticas y dactilares suyas en la finca de Chinchón donde estuvo oculta la dinamita en su trayecto de Asturias a Madrid (hecho probado 5.8 –folio 200 y 201- y fundamento jurídico IV.7.1º -fols. 619 a 621).
Además, como se indica en el fundamento jurídico II.1 –fols. 480 y ss.- de la sentencia recurrida, el delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista se diferencia claramente del de colaboración está en el grado de integración en la organización terrorista –folio 481-.
En el caso de BOUCHAR, ha quedado acreditado que además de ser miembro de la cédula o grupo terrorista de tipo yihadista (hecho probado, tercer párrafo –folio 172), la cual, mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones, pretende derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria, realizó actos que acreditan su pertenencia del grupo más allá de la mera colaboración como lo acreditan el hallazgo de huellas genéticas y dactilares suya en el escenario de la finca de Chinchón, donde se ocultó la dinamita transportada desde Asturias a Madrid (hecho probado 5.8 –folio 200 y 201- y fundamento jurídico IV.7.1º -fols. 619 a 621), su condición habitante del piso de Leganés, donde se suicidaron otros autores materiales y en donde se encuentran vestigios de la relación de estos habitantes con los atentados (hecho probado 8.1. –folio 204- y fundamento jurídico III.8 –fols. 563 y 576- en relación con el hecho probado 8.3 –folios 206 a 208- y fundamento jurídico III.8.3º -fol. 571 a 576-) así como su estrecha relación con otros autores materiales de los atentados como con Jamal ZOUGAM (fundamento jurídico IV 1.4º -fol. 585-) así como con Mohamed AFALLAH según confirmaron familiares y amigos de ambos, como Ibrahim Afallah y Mohamed Baach (fundamento jurídico III.8.1 –fol. 565-), así como por la venta del coche marca R-19, matrícula M-0136-CN, que fue comprado por Mohamed AFALLAH utilizando la documentación personal de BOUCHAR (hecho probado 15 – fol. 227- y fundamento jurídico IV.27 –fol.699-), haber sido aludido por el testigo indirecto Mohamed Moussaten, (fundamento jurídico IV.11.1º –fol. 641 y 642-).

Los anteriores razonamientos encajan en la delimitación jurisprudencial de esa Sala en orden al delito de pertenencia a grupo terrorista de los arts. 515.2º y 516.2º del CP y no en el de colaboración con banda armada del art. 576 CP (cfr. STS-2ª-nº 240/2004, de 18 de febrero y STS -2º- nº 783/2007, de 1 de octubre, por lo que el motivo debe ser desestimado.


MOTIVO TERCERO
Respecto al delito de tráfico de explosivos.
1º. Error en la apreciación de la prueba
Sostiene el recurrente que en los hechos probados no se recoge relato alguno que lo implique en tráfico de explosivos sin precisar el documento auténtico que acredite ese error.
IMPUGNACIÓN
Se construye este motivo más bien como si fuera infracción de ley por aplicación indebida del delito de tráfico de explosivos que de un verdadero error de hecho.
Aplicada la conocida jurisprudencia de esa Sala sobre este motivo (cfr., por todas, la STS -2ª- nº 733/2006, de fecha 30 de junio), al caso concreto de autos, se observa que no se cumplen ninguno de los requisitos establecidos ya que el recurrente se limita a exponer su discrepancia con los hechos probados sin apoyarse en documentos que a efectos casacionales evidencien el error en la valoración de la prueba realizada por el Tribunal a quo haciendo genéricas referencias a la prueba.
En su consecuencia, el motivo debe ser desestimado.
2º Infracción de precepto penal por aplicación indebida del art. 568 y 573 del CP.
Se limita el recurrente a remitirse a las argumentaciones ya expuestas que da por reproducidas.

IMPUGNACIÓN

Como destaca la STS -2ª- nº 1262/2006, de 28 de diciembre, entre otras muchas, el análisis del presente motivo debe partir de la intangibilidad de los hechos probados, de forma que no es posible mediante este cauce casacional modificar ni alterar los mismos, debiéndose ceñir la argumentación del motivo a la infracción penal por aplicación indebida o inaplicación indebida de un precepto penal de carácter sustantivo (o procesal, según conocida jurisprudencia constitucional).

Desde esta perspectiva, el motivo es inadmisible porque a la vista del factum y su complemento en los fundamentos jurídicos, es correcta la aplicación del delito previsto en el art. 568º del CP en relación con el art. 573 CP, en cuanto al delito de tenencia o depósito de sustancias explosivas que se le atribuye al recurrente a la vista de su condición de habitante del piso de Leganés (hecho probado 8.1. –folio 204- y fundamento jurídico III.8 –fols. 563 y 576- en relación con el hecho probado 8.3 – folios 206 a 208- y fundamento jurídico III.8.3º -fol. 571 a 576-) y por haberse encontrado huellas genéticas y dactilares suyas en la finca de Chinchón donde estuvo oculta la dinamita en su trayecto de Asturias a Madrid (hecho probado 5.8 –folio 200 y 201- y fundamento jurídico IV.7.1º -fols. 619 a 621).

Obsérvese cómo en el fundamento jurídico II.7 –fols. 497 y 498- de sentencia recurrida se refiere al delito de tráfico de explosivos del art. 568 del CP y que en el fundamento jurídico IV.7 –fols. 619 y ss.- relativo a BOUCHAR, se dice al folio 620 que sólo se integra un delito de depósito de explosivos del art. 573 CP, porque la única acusación que califica en tal sentido (para referirse a la acusación constituida por María Isabel Ruiz Borrallo), no lo hizo por los dos delitos –depósito de armas y depósito de explosivos, por separado-, añadiéndose en dicho fundamento jurídico que “(…) en la vivienda hay armas y explosivos en cantidad tal que no pueden sustraerse a la vista de BOUCHAR sólo unas horas antes de la explosión, ni es conforme a la lógica que se permita estar en la vivienda a quien no es parte del pacto criminal”, lo que explica suficientemente la condena por este delito y la desestimación del motivo.


31.- RECURSO DE RABEI OSMAN
PRIMER MOTIVO
«Al amparo de los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución Española».
IMPUGNACIÓN.-
El recurrente, que ha sido absuelto de los delitos de asesinato terrorista y estragos, por estimar el Tribunal que no existe prueba de cargo que acredite su participación en estos hechos, y del delito de pertenencia a organización terrorista, - hecho que el Tribunal de instancia declara probado- por aplicación de la excepción de cosa juzgada pretende, mediante la interposición de éste y los siguientes motivos del recurso, que se elimine en el relato de hechos probados toda referencia a su integración en banda armada por ausencia, en la fundamentación jurídica, de una mínima actividad probatoria de cargo que acredite su participación en estos hechos.
La Sentencia declara probado que «los ocho ocupantes del piso de Leganés junto con los procesados Rabei Osman Al Sayed Ahmed….,son miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadistas que, por lo que ahora interesa, mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiana-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico, bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación mas radical, extrema y minoritaria».
Igualmente se declara probado (hecho número 13, página 219 y siguientes) que Mouhannad Almallah Dabas, Fouad El Morabit Anghar y Basel Ghalyoun, realizaban labores de captación y adoctrinamiento de futuros terroristas y de apoyo y asistencia a los que lo eran, mantenían una estrecha relación con el núcleo de la célula que se suicidó en Leganés y que «Fouad El Morabit tenía una relación muy estrecha con Rabei Osman El Sayed Ahmed, alias Mohamed El Egipcio o Al Masri, de quien tenía sus números de teléfonos móviles de Francia e Italia. El Egipcio, tras tener noticia de los suicidios de Leganés, llamó a Fouad El Morabit el 17 de Abril de 2.004, sin lograr comunicar con él, pues estaba preso. Rabei lo dio por muerto y así se lo puso de manifiesto el 24 de Mayo a Mourad Chabarou, condenado en Bélgica como miembro del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, en una conversión telefónica intervenida por la policía italiana. En ella, el Egipcio le dice a su interlocutor que Sarhane, Fouad y todos los hermanos han muerto, que todo el grupo está con Dios».
El relato de hechos probados trascrito pone de manifiesto de forma categórica, no sólo la integración del recurrente en organizaciones terroristas, sino su estrecha relación con otros procesados y condenados en esta causa por pertenencia a banda armada y con los suicidas de Leganés, autores materiales de los atentados, como acredita el contenido de la intervención telefónica citada en el «factum», elementos incriminatorios que serán objeto de análisis cuando estudiemos, a continuación, la fundamentación jurídica contenida en la sentencia respecto de la participación de Rabei Osman.

El Tribunal, tras realizar en el Fundamento Jurídico II.1 una declaración de principios sobre las dificultades probatorias que entraña el delito de pertenencia a organización terrorista, que al ser de mera actividad o peligro abstracto no exige resultado, por lo que no existiendo un registro de miembros de organizaciones criminales, ni de sus colaboradores y no siendo los delincuentes propensos a tal medida de control será a través de prueba indirecta o indiciaria como se llegará a la convicción jurídico-penalmente relevante de si una determinada persona se encuentra integrada en un grupo terrorista, asumiendo el rol que le asigne la banda en cada momento y su vinculación más o menos permanente, entra analizar en el Fundamento Jurídico IV 9.1 y 2 su participación en los hechos enjuiciados.


Así, afirma que el procesado ha sido condenado en Italia por delito equivalente a pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, en sentencia que le imputa, entre otros cargos, la asociación con personas de otros países y se cita expresamente a Sarhane Ben Abdelmajid Facket, que se suicidó en Leganés el 3 de Abril de 2.004 y a los procesados en esta causa Fouad El Morabit Anghar y Basel Ghalyoun, con alusión expresa a los estragos de Madrid del 11 de Marzo de 2.004 (Fundamento Jurídico IV 9.1); y en el Fundamento Jurídico IV.9.2, de forma taxativa y concluyente, se afirma que la investigación de las autoridades italianas ha sido encomiable y ha permitido probar sin duda alguna la pertenencia del procesado a las células terroristas de tipo yihadista, en las que realizaba, entre otras, una fuerte labor de proselitismo y captación, asumiendo el Tribunal como propias las conclusiones de dicha resolución, encontrándose incorporados al acervo probatorio las conversaciones telefónicas interceptadas al procesado en Italia a través de la Comisión Rogatoria Internacional remitida en su día por el Magistrado-Juez Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, y habiendo declarado en el plenario –como consta en la fundamentación jurídica- los funcionarios de la División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales (DIGOS), que llevaron a cabo la investigación.
Pero no termina aquí, como sostiene el recurrente, la relación de pruebas que implican al recurrente con células terroristas:


  • en el Fundamento Jurídico IV.22, cuando analiza el Tribunal la participación de Fouad El Morabit Anghar (páginas 685 y ss), se afirma que el acervo probatorio sobre su intervención en actividades ilícitas es fundamentalmente de tipo indirecto o indiciario consistente en los fuertes vínculos que mantenía con los miembros de la célula que se suicidó en Leganés como lo acredita el intenso tráfico telefónico registrado en las actuaciones y con otros procesados entre los que se cita expresamente a Basel Ghalyoun y Mouhannad Ahmallah, Jamal Ahmidan y al hoy recurrente, que prueban sus relaciones con el grupo y conducen a su condena. Concretamente, posee el teléfono italiano de Rabei Osman según la documentación que le fue intervenida, y su número de teléfono apareció anotado en un papel del piso de la Calle Martín Gaite, número 40 de Leganés.

  • En el ordinal sexto del mismo fundamento jurídico, se afirma como elemento que acredita la pertenencia al grupo terrorista de El Morabit, la conversación telefónica que mantuvieron el 24 de Mayo de 2.004 Rabei Osman desde Italia con Mourad Chabarou en Bélgica, éste último condenado en Bélgica por su relación con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí en sentencia de 16 de Febrero de 2.006. En esa conversación «El Egipcio» da por muerto a Fouad El Morabit, como a todo el grupo.

Las trascendencia incriminatoria de ésta conversación, prosigue el Tribunal está en la literalidad de la misma –folio 28674- en la que Mourad, le pregunta a Mohamed el Egipcio sobre la suerte de los jóvenes de Madrid, y éste responde «… todos los jóvenes, Sarhane y todos los hermanos Fouad y los demás, están con Dios, todo el grupo al completo».

Según el Tribunal, quedan probados los vínculos de El Morabit con miembros destacados de la yihad internacional, sólo entendibles desde su integración en dicho entramado terrorista, conclusión del Tribunal que a «sensu contrario» implica directamente al hoy recurrente en las actividades del grupo terrorista.



  • en el Fundamento Jurídico IV. 23, página 689 y siguientes, cuando se analiza la participación de Basel Ghalyoun, considera probado su pertenencia a banda armada por su asistencia a reuniones en el domicilio de uno de los suicidas de Leganés y otros contactos telefónicos intensos con el suicida Sarhane y con otros de los procesados en la causa entre los que se menciona a Fouad El Morabit, Mouhannad Almallah y con el hoy recurrente del que posee en la agenda de su móvil, su número del móvil francés y al que Rabei Osman se refiere –folios 31.375-, en las conversaciones intervenidas en Italia como su querido amigo y miembro del grupo.

Estas referencias al grupo que se incluyen en las conversaciones telefónicas, sólo pueden entenderse en el contexto en que se producen, como referidas a las células terroristas que planeaban la comisión de atentados indiscriminados en varios países europeos.
En consecuencia, del análisis conjunto de la actividad probatoria reseñada se acredita, sin duda alguna, la pertenencia del procesado a las redes internacionales de tipo yihadista, constituyendo actividad probatoria de cargo y de contenido plenamente incriminatorio.
El motivo no puede prosperar.
SEGUNDO MOTIVO

«Al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración de los artículos 24, 25 y 120 de la Constitución Española».


IMPUGNACIÓN.-
Sostiene el recurrente que las pruebas remitidas por las autoridades italianas carecen de validez pues han sido obtenidas y aportadas al proceso sin observar las garantías constitucionales, tratándose de pruebas ilícitas, en el caso de todas las grabaciones ambientales o violentando normas procesales, como es el caso de la interceptación de las grabaciones telefónicas y los registros domiciliarios o careciendo de carácter de prueba de cargo, como todos los documentos remitidos por las autoridades italianas, al tratase de simples copias.
El Tribunal, resuelve adecuadamente la cuestión planteada en el Fundamento Jurídico I.2.8, rechazando la petición de nulidad de la comisión rogatoria internacional procedente de Italia que pretende la defensa del procesado Rabei Osman, por entender que no es procedente el examen de la legalidad de lo hecho en Italia bajo el control de las autoridades italianas, con cita de numerosas resoluciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (Sentencia del Tribunal Supremo número 19/2.003, de 10 de Enero, 1521/2.002, de 25 de Septiembre y 1281/2.006, de 27 de diciembre, y las que se citan en ésta última) que han concluido que «no cabe efectuar controles sobre el valor de las actuaciones realizadas ante las autoridades judiciales de los diversos países de la Unión Europea, ni menos de su adecuación a la legislación española cuando aquellos se hayan efectuado en el marco de una Comisión Rogatoria y por tanto de acuerdo con el artículo 3 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal de 20 de Abril de 1.959.
A lo que debe añadirse –siguiendo la última de las sentencias citadas- que «existe al respecto un consolidado cuerpo jurisprudencial en relación a las consecuencias derivadas de la existencia de un espacio judicial europeo en el marco de la Unión, fruto de la comunión en unos mismos valores y garantías compartidas entre los países de la Unión, aunque su concreta positivación dependa de las tradiciones de cada Estado, pero que en todo caso salvaguardan el contenido esencial de aquellos valores y garantías».
Por otro lado, el examen detenido de la Sentencia dictada por el Primer Tribunal de lo Penal de Milán en fecha 6 de Noviembre de 2.006, pone de manifiesto que la defensa de Rabei Osman El Sayed Ahmed, no planteó objeción alguna sobre la licitud de las pruebas derivadas de las intervenciones telefónicas y registros domiciliarios, limitándose a cuestionar –apartado segundo de los Motivos de la Decisión- por vía prejudicial la jurisdicción del Estado Italiano. Por su parte el Tribunal, que hace uso profuso del contenido de las intervenciones telefónicas y registros domiciliarios, no cuestiona en momento alguno, ni la licitud de las medidas restrictivas de derechos adoptadas en la instrucción, ni la validez de las pruebas obtenidas de dichas intervenciones telefónicas, constituyendo, además, dichas pruebas el fundamento esencial del dictado de la sentencia condenatoria.
Constituye, pues, un fraude procesal la posición del recurrente, que insta la nulidad de las pruebas ante una jurisdicción nacional distinta de aquella bajo cuyo imperio se tramitaron los actos instructorios tachados de ilícitos, y guarda silencio cuando se enjuicia su conducta en el ámbito jurisdiccional en el que se desarrollaron los mentados actos instructorios.
Los argumentos expuestos serían suficientes para rechazar de plano la declaración de nulidad que pretende el recurrente. No obstante, es necesario rebatir ciertas afirmaciones inexactas que se vierten en el escrito de recurso acerca de la legislación aplicable y la constitucionalidad de las medidas restrictivas de derechos fundamentales acordadas en el procedimiento italiano.
El recurrente, en apoyo de su tesis, cita como legislación aplicable la Ley 16/2.006, de 26 de Mayo, por la que se regula el Estatuto de Miembros de Eurojust, concretamente el apartado 4, de artículo 16 que dispone que: «se considerarán válidos en España los actos de instrucción realizados por el Estado que remite el procedimiento, siempre que no contradigan los principios fundamentales del ordenamiento jurídico español», de manera que, en su opinión, los actos de instrucción realizados en Italia deben examinarse al albur de las exigencias de la Constitución Española reflejadas en constante y reiterada doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, en relación a los requisitos de validez de los actos procesales restrictivos de derechos fundamentales.
La pretensión es inaceptable por varias razones: en primer lugar, porque es impensable trasladar la interpretación que de las normas procesales y constitucionales realizan los Tribunales españoles a los actos procesales practicados en país extranjero y sometidos a su propia legislación; en segundo lugar, porque la Ley 16/2006, no es aplicable al asunto que nos ocupa, pues el artículo 16 hace referencia al traslado de las actuaciones penales de un Estado a otro de la Unión Europea, con renuncia consiguiente a la jurisdicción, mientras que la comisión rogatoria se rige por el Convenio Europeo ya citado; y en tercer lugar, porque en ningún caso, puede interpretarse el precepto de la forma que pretende el recurrente. Como no podía ser de otra manera, la tramitación en España de un procedimiento iniciado en país extranjero requerirá que los actos procesales realizados se acomoden a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico español, y por lo que se refiere a las intervenciones telefónicas, el artículo 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, expresamente prevé, que en casos de urgencia y cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas, o elementos terroristas o rebeldes, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas podrá ordenarla el Ministro del Interior, o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado, comunicándolo de inmediato al Juez competente que deberá convalidarla o revocarla en el plazo máximo de 72 horas, de manera que ni siquiera es exigible, –como sostiene reiteradamente el recurrente en el desarrollo del motivo–, la previa autorización judicial para la interceptación de las comunicaciones telefónicas, precepto similar al regulado en la legislación procesal italiana y aplicado en las actuaciones procesales remitidas. Estas exigencias que se cumplen escrupulosamente en el procedimiento italiano –como veremos a continuación-, en modo alguno pueden suponer el control de la ejecución de las medidas, que incumbe única y exclusivamente a las autoridades judiciales italianas conforme a su propia ley procesal.
La misma conclusión obtenemos si examinamos las objeciones concretas que plantea el recurrente.
Afirma que la policía italiana inició las actuaciones en contacto permanente con la policía española y al margen de la autoridad judicial española, objeción inaceptable si se tiene en cuenta que la policía judicial italiana sólo esta sometida a la normativa que regula sus funciones en los artículo 55 a 59 del Código de Procedimiento Penal Italiano.
También sostiene el recurrente que la interceptación de las comunicaciones telefónicas es nula porque el día 29 de Marzo de 2.004, el Ministerio Fiscal acordó por vía de urgencia la intervención de las comunicaciones sin que dicha autorización fuera convalidada por la autoridad judicial en el plazo de 24 de horas como dispone la legislación italiana y el auto judicial de 1 de abril no valora, en los términos exigidos por la Constitución Española, la concurrencia del presupuesto legal habilitante para la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones. La objeción es igualmente inaceptable porque el Ministerio Fiscal actuó en el marco de las competencias que le asigna la Ley procesal Italiana y el decreto motivado fue convalidado por la autoridad judicial en el plazo legal previsto, que es de 48 horas y no de 24 como sostiene el recurrente (artículo 267.2 del citado Código), contando, pues, con la necesaria autorización judicial, único requisito de legalidad ordinaria que debe observarse.
Lo mismo ocurre con las restantes impugnaciones que realiza el recurrente. El registro domiciliario está precedido de la necesaria autorización judicial, las grabaciones ambientales están expresamente previstas en la legislación procesal italiana, -artículo 268-, y están autorizadas por el juez y la remisión de simples copias de las actuaciones incluidas las grabaciones telefónicas, resultaba obligada por la necesidad de conservar los originales para el enjuiciamiento en Milán de Rabei Osman, sin que pueda prosperar el alegato del recurrente que sostiene que no pueden valorarse como prueba de cargo, al tratarse de simples copias, ya que, por un lado, no hay duda de que fueron remitidas por la autoridad judicial italiana en el marco de una comisión rogatoria y, por otro lado, aunque no estén testimoniados los documentos remitidos, se encuentran amparados en la fe pública judicial.
El motivo debe desestimarse.
TERCER MOTIVO
«Al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración de los artículos 24, 25 y 120 de la Constitución Española».
IMPUGNACIÓN.-
Según el recurrente, la sentencia imputa al procesado la autoría de una de las voces de las grabaciones ambientales remitidas por las autoridades italianas, sin haber realizado una sola prueba pericial que lo acredite y sin motivar dicha autoría.
La pretensión debe rechazarse de plano. Olvida intencionadamente el recurrente, que en el plenario depuso el procesado, los miembros de la División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales de la policía italiana que llevaron a cabo la investigación y las intervenciones telefónicas, los intérpretes que hicieron la traducción de las conversaciones en Italia y los designados por el Tribunal, sin que ninguno de ellos cuestionaron la identidad de la autoría de voces, autoría que, por otra parte, pudo apreciar el Tribunal a simple vista al no ser necesario unos especiales conocimientos técnicos.
En este mismo sentido, se ha pronunciado de forma reiterada la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Así, en sentencia 23/2.005, de 21 de Enero afirma que: «la localización de a quién pertenece una voz puede llevarse a cabo sin necesidad de pericia técnica».
En la misma línea la Sentencia del Tribunal Supremo 1521/2005, de 21 de Diciembre dice que: «la autoría de las voces, cuya mayor garantía es el reconocimiento judicial de su autor a la prueba pericial fonológica, puede ser acreditada a través de otras vías: testimonios policiales, el propio tema de las conversaciones, los contactos personales, etc.».
Por otro lado, la identificación de las personas que intervinieron en las conversaciones telefónicas no afecta al derecho al secreto de las comunicaciones reconocidos en el artículo 18.3 de la Constitución Española; no encaja, pues, en un motivo por el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según ha declarado la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en Sentencia número 624/2.006, de 13 de Junio.
El motivo no puede prosperar.
CUARTO MOTIVO
«Al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración del artículo 24 de la Constitución Española».


IMPUGNACIÓN.-
Sostiene el recurrente que se ha vulnerado el derecho de defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías por haberse prolongado el secreto de las comunicaciones durante dos años.
El recurrente se limita a anunciar el motivo, pero no lo desarrolla en modo alguno, razón por la cual carece manifiestamente de fundamento y es suficiente con remitirse al contenido del Fundamento Jurídico I.1 de la sentencia, en la que el Tribunal de una forma extensa, detallada y razonada, rechazó la nulidad por indefensión, derivada del prolongado secreto del sumario, que invocaron las defensas de los procesados.
El motivo debe desestimarse.


RESPONSABILIDAD CIVIL

RECURSOS DE LAS ACUSACIONES PARTICULARES.
RECURSO FORMALIZADO POR LA ASOCIACIÓN 11 DE MARZO AFECTADOS POR EL TERRORISMO EN NOMBRE DE MARIA DEL PILAR ADALIA SACRISTÁN, DON NILSA ARROBO SINCHIRE, DOÑA BRIGITTE BAKANG, DOÑA ISABEL BARRIONUEVO RUIZ, DOÑA LOURDES ROCÍO BELTRÁN PINARGOTE, DON FRANCISCO BERMÚDEZ SANTOS, DON JUAN FRANCISCO BRAVO PARDO, DON JUAN CABANILLAS BARRANTES, DOÑA BEGOÑA CABAÑAS PALOMO, DOÑA MARÍA REYES CABET CÁRDENAS, DON RAFAEL CABRERA OSUNA, DON JESÚS CALLEJA CALLEJA, DOÑA MANUELA MARTA CANTADOR ESCRIBANO, DOÑA MARÍA PILAR CATALINAS CALLEJA, DON JOSÉ JULIÁN CENCERRADO SÁNCHEZ-GRANDE, DOÑA MARGARITA CERRATO MORENO, DON ANTONIO CORTÉS IZQUIERDO, DON JUAN COSTA DÍAZ, DOÑA ALICIA DE LOS BUEIS LÓPEZ, DOÑA ESTHER DOMENECH CAPILLAS, DON DAVID DURÁN ROMERO, DON BENDAOUD EL KHAMLICHI, DOÑA CLARA ESCRIBANO ARENAS, DON FERNANDO ESPINOSA BARRIOS, DOÑA ROSA ESTÉVEZ VÁZQUEZ, DOÑA FRANCISCA FALCÓN MEDINILLA, DOÑA PALOMA FERNÁNDEZ LÓPEZ, DON FRANCISCO JAVIER GALÁN CHAMORRO, DON MARIANO GARCÍA GARCÍA, DOÑA MARÍA VICTORIA GARCÍA MONTES, DON SANTIAGO GARRIDO GÓMEZ, DOÑA CONSOLACIÓN GIL MILLANA, DON SERGIO GIL PASCUAL, DOÑA RAQUEL GÓMEZ BAUTISTA, DON ISAMEL GÓMEZ GAY, DOÑA PETRA GONZÁLEZ ARIAS, DOÑA ANA ISABEL GONZÁLEZ PICOS, DON DAVID HERNÁNDEZ BLANCO, DON JUAN ALBERTO HERNÁNDEZ CONDE, DOÑA MARÍA DOLORES HIGES BERENGUENO, DON JOSÉ MARIA ILLERA SÁNCHEZ, DOÑA ANA BELÉN LEÓN DÍAZ, DON BENJAMIN LEÓN RAMÍREZ, DOÑA ANA CRISTINA LLORENTE GARCÍA, DOÑA ANA DEL ROCÍO LOJAS GUZMÁN, DOÑA MARÍA EUGENIA LÓPEZ GARCÍA, DON EDUARDO LÓPEZ PÉREZ, DON BALBINO JAIME LÓPEZ SANZ, DOÑA CRISTINA MARIN MARÍN, DOÑA OFELIA MARÍN RECIO, DOÑA MARÍA PILAR MARTÍN ABAD, DOÑA ESTHER MARTÍNEZ MEGINO, DOÑA MARIA CRUZ MARTÍN SANZ, DOÑA RAQUEL MELERO ALCÓNEZ, DON LUIS ANTONIO MÉNDEZ MONTERO, DON RADU CIPRIÁN MILOS, DOÑA MARÍA TERESA MONTERO CEBALLOS, DON BORJA MONTERO GONZÁLEZ, DON ANTONIO MONTES TORRES, DON CARLOS MARÍA MONTORIO CERRATO, DOÑA CARMEN MUNILLA LEZANA, DOÑA MARÍA ISABEL NAVARRO HERNANDO, DON JULIÁN NEVADO MAROCO, DON CARLOS OLIVA MARTÍNEZ, DON JUAN JESÚS OLMO GUERRERO, DOÑA MARTA MARÍA ORTIZ ABAN, DON JUAN CARLOS PARRA MOYA, DON ANDRÉS PURIZAGA FERNÁNDEZ, DON JESÚS RAMÍREZ CASTANEDO, DOÑA ANA ISABEL RAMOS CABANES, DOÑA ROSA MARÍA REGAL ALMENARA, DOÑA MARÍA PAZ RINCÓN DÍAZ, DON TOMÁS RODRIGUEZ GÓMEZ, DON ANTONIO ROMERO HERMIDA, DOÑA MARÍA ELENA SAIZ MARTÍNEZ, DOÑA MARÍA DEL CARMEN SALIDO OLID, DON EDUARDO SANSEGUNDO JIMÉNEZ, DOÑA ANTONIA SÁNCHEZ ANTEQUERA, DOÑA SONIA MARÍA SÁNCHEZ FARIÑA, DOÑA MÓNICA SÁNCHEZ GARCÍA, DOÑA HERMENEGILDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, DOÑA TERESA SANZ ARROYO, DON MARTIN JOSÉ SANZ BELARRA, DON MANUEL SORIA ZARAGOZA, DOÑA ANTONIA SORIANO GARCÍA, DON ROBERTO TEXEIRA DA SILVA, DOÑA ANA MARÍA TENAJAS DE LA CRUZ, DOÑA NATALIA TOMASEVSCAIA TUCIACOVA, DON RAFAEL TORTEJADA FRANCISCO, DON ANTONIO MIGUEL UTRERA BLANCO, DON ANGEL VILLENA QUINTERO, DOÑA TERESA YAGÜE PÉREZ, DON JOSÉ ZAFRA TORRES, DON ANGEL ZURIAGA NAVA, DOÑA EVA MARÍA BLAS BUESA, DON ANTONIO SÁNCHEZ DÍAZ.

MOTIVO DECIMOTERCERO.
Se formaliza el motivo decimotercero por la vía del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el art. 5.4 de la LOPJ por entender que existe error en la apreciación de la prueba, basándose en documentos que obran en la causa y que se entiende no han sido contradichos por otros elementos probatorios. Todo ello en relación con la responsabilidad Civil.
Formalizado el motivo para noventa y seis lesionados se impugna para todos y se apoya respecto de:
1. Doña María del Pilar Adalia Sacristán.

3. Doña Brigitte Bakang.

31. Don Santiago Garrido Gómez.

38. Don David Hernández Blanco.

75. Doña Antonia Soriano García.

86. Don Roberto Texeira Silva.



94. D. Ángel Zuriaga Nava.
Reconoce el recurrente en el motivo los límites de la revisión casacional, esencialmente cuando el recurso no lo formaliza el acusado, ello no obstante, considera que resulta posible la modificación del factum para noventa y seis víctimas y así lo interesa.
La pretensión ahora examinada adolece de una primera tacha de carácter formal, la omisión de la formalización de un motivo de casación por la vía del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dada la naturaleza medial del cauce previsto en el apartado segundo del citado artículo, a cuyo amparo se formula este motivo, para la hipotética modificación del factum, por la acogida de error en la apreciación de la prueba, se hace necesario el examen de la aplicación de la norma al relato de hechos resultante, lo que ha de tener lugar por la vía del número 1º del art. 849, cauce por el que no se formaliza casación.
Igualmente, se ha de dejar constancia de la falta de designación de particulares documentales. Incumpliendo esta obligación legalmente establecida y reiterada por numerosísima doctrina de la Sala no constan señalados los folios. En muchos de los casos se limita a afirmar que el lesionado en cuestión “tiene reconocida una incapacidad permanente…”, sin decir ni quién se la reconoce, ni cuándo, ni dónde. Se entiende al efecto que la referencia al número de la pieza separada de cada lesionado, en la que se ha debido recoger toda la prueba a él referida, implica que a dicha pieza separada remite el recurrente.
Dicho lo anterior, la traba fundamental para la estimación del motivo es la falta de idoneidad de los documentos citados, informes médicos, para producir la modificación pretendida, en los casos que se interesa que se consigne en el relato de hechos probados la declaración de una incapacidad permanente parcial, total o absoluta. Esta falta de idoneidad deriva no de su condición de prueba pericial, sino de otras dos circunstancias:
En primer lugar, conforme a la literalidad del precepto, art. 849.2, para estimar error de hecho será preciso que la prueba documental en la que se sustente la alegación acredite de forma evidente la pertinencia de modificar o integrar el factum, sin que esta documental esté contradicha por prueba cualquiera que sea su naturaleza en este caso. Siendo así que respecto de todos los lesionados recurrentes obra en la causa informe médico forense al que se adecua la reseña de lesiones, sanidad y secuelas consignada por el Tribunal a quo, en tanto dichos informes sean disconformes con la prueba designada por la parte recurrente suponen prueba que impide la estimación de error de hecho. Dichos informes médico forenses no establecen que las lesiones o secuelas determinen la imposibilidad total o absoluta de realizar actividad laboral o profesional.
En segundo lugar, y directamente relacionado con lo manifestado, los informes de referencia carecen de literosuficiencia. La declaración de invalidez permanente, parcial, total o absoluta, o gran invalidez, es una situación administrativa que se ha de fijar por los organismos oficiales competentes, según las disposiciones del régimen general o de los regímenes especiales de la Seguridad Social. Siendo necesario seguir el procedimiento previsto para ello. Así existen equipos de valoración de incapacidades en cada Dirección Provincial de la Seguridad Social, que examinan los informes médicos del solicitante y formulan una proposición de resolución. El reconocimiento por la entidad oficial competente es el hecho jurídicamente relevante que tiene validez a todos los efectos, generando el derecho a devengo de pensiones, indemnizaciones y cualesquiera otros beneficios fiscales, sociales… que legalmente procedan.
Entiende este Ministerio Público que, efectivamente, podría ser relevante la modificación del factum de la sentencia para introducir en el mismo la declaración por el INSS de invalidez total, absoluta…, por constituir una base a atender en la determinación del quantum, pero sólo la referida resolución oficial de la condición alegada tendría el carácter de autarquía probatoria que se exige para dar acogida al motivo formulado por la vía del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, como se verá individualizadamente, son muy pocos los casos en que se aporta esa resolución.
Por otro lado, la Sala de instancia establece doce grupos en los que encuadrar a cada uno de los lesionados. Dichos grupos obedecen a una graduación atendida la naturaleza de las lesiones, los días de curación y las secuelas, en los términos expuestos en el fundamento de derecho sexto de la sentencia. En el mismo fundamento se establecen las cantidades que por días de curación o por secuelas percibirá cada lesionado como indemnización. Aunque se pueda imputar a dicha clasificación cierta indefinición de límites entre algunos grupos, podrá estimarse solventada por haber fijado las indemnizaciones de cada grupo con un criterio favorable para los lesionados. Ello en el entendimiento, desde luego, de la imposibilidad de compensar económicamente el sufrimiento físico y psíquico y las secuelas permanentes que han quedado en muchas de las víctimas. Así como teniendo también en cuenta la dificultad de encuadrar todo ello con la mayor objetividad posible en una clasificación, aunque la graduación hubiera sido más extensa.
Se debe tener en cuenta a este respecto que no rige en la determinación de dichas cuantías el baremo establecido en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, previsto para lesiones derivadas de accidentes de tráfico. Es conforme la doctrina jurisprudencial que establece que dicho baremo, que puede servir como orientación para el juzgador en el caso de otros ilícitos penales, no tiene carácter vinculante al margen de los supuestos contemplados en la ley que lo establece. Doctrina que por conocida, pacífica y constante no precisa cita datada. De ahí que la atribución en los informes médico forenses de puntos, siguiendo las directrices del referido baremo, no tenga carácter vinculante para el Tribunal, que, efectivamente, no los recoge en la sentencia. La modificación de los puntos que hace el facultativo forense en algunos casos, en ampliación de informe, no conlleva, desde luego, una modificación en el grupo que deba atribuirse al lesionado.
Tampoco puede afirmarse que la introducción en el relato de hechos del reconocimiento de una invalidez parcial, total o absoluta, deba determinar necesariamente el cambio de grupo y el reconocimiento del derecho una indemnización mayor. Como se ha dicho, la graduación establecida en la sentencia obedece a otros criterios distintos. La Sala así lo declara en el auto de aclaración de la sentencia de 22 de noviembre de 2007, afirmando respecto de la petición de tres lesionados, que “La incapacidad permanente total o parcial reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene unas consecuencias jurídicas que son compatibles con las de la sentencia penal pero operan en planos distintos y obedecen a criterios diferentes”.
Las indemnizaciones fijadas en la sentencia superan, con mucho en casi todos los supuestos, las establecidas por el antes mencionado baremo, para el año 2008 (BOE de 24 de enero de 2008). En ningún caso la indemnización concedida por secuelas en la sentencia es inferior a la prevista en el mencionado baremo atendida la incapacidad invocada para cada lesionado. Así vemos que mientras para la invalidez parcial el baremo establece hasta 17.231 euros, la sentencia reconoce de entrada a cualquier víctima por lesiones del atentado de 11 de marzo 30.000 euros. Respecto de la invalidez total el baremo contempla una indemnización desde los 17.231 euros referidos hasta 86.158 euros; mientras que la sentencia en el grupo noveno ya fija 90.000 euros. La invalidez absoluta que llega hasta 172.316 euros en el baremo, es rebasada por los últimos cuatro grupos de la sentencia, estableciendo en el noveno ya una indemnización de más del doble del máximo citado.
Se concluye que los parámetros atendidos por el juzgador son distintos, pero cuantitativamente, en casi todos los casos, benefician a los lesionados y en los mismos se ha tenido en cuenta el resultado, en mayor o menor grado invalidante, que las secuelas han producido en los afectados. No parece que pueda contemplarse una cuantía conforme a los criterios fijados en la sentencia y, obtenida ésta, pretender acumulativamente su aumento por otro concepto, que si bien no ha sido tomado en consideración con la misma denominación, si lo ha sido respecto del resultado lesivo e invalidante acreditado en el procedimiento.
Como es sabido el quantum fijado por el juzgador en la determinación de las indemnizaciones no es revisable en casación, quedando dentro del ámbito de libre ponderación del mismo.

Para finalizar este punto se ha de señalar que se entiende, como criterio general, que la clasificación realizada por la Sala de instancia en doce grupos y la ubicación de cada una de las víctimas responde a una valoración individual de la prueba obrante respecto de cada uno. Pero también se considera que procede de una ponderación en conjunto de todos ellos, procurando parificar situaciones similares, dentro de la dificultad que ello entraña, al no ser matemáticamente semejantes las dolencias padecidas y, obviamente, atendido el elevadadísimo número de víctimas de los hechos objeto de enjuiciamiento.


1. Dª MARIA DEL PILAR ADALIA SACRISTÁN

PIEZA 1640.
Declara probado la sentencia que la lesionada “Ha requerido para su curación o estabilización 226 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 226 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Sin secuelas”
Alega que se ha omitido la consignación de secuelas, que aparecen en el informe forense de ampliación. “Estrés postraumático”.
No solicita cambio de grupo - parece en el grupo 3- pero si 10000 euros más por secuelas.
En efecto, en la pieza separada obra informe de los médicos forenses de 28-3-007, que reconoce que la Sra. Adalia Sacristán presenta como secuela trastorno por estrés postraumático (3 puntos). Se entiende pues que la reclamación de 10.000 euros deberá ser acogida.
2. D. NILSA ARROBO SINCHIRE .

PIEZA 667.
Respecto de este lesionado declara probado la sentencia que “Ha requerido para su curación o estabilización 364 días. Días de hospitalización: 26 días. Días impeditivos totales: 338 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Esplenectomía. Perjuicio estético. Trastorno por estrés postraumático. Acúfenos. Hipoacusia”
Solicita pasar del grupo 5 al, 6 por segundo informe forense de ampliación, en el que se aumentan los puntos de las secuelas, perjuicio estético de 2 a 5 puntos, y se recogen algias en la espalda y acúfenos 2 puntos.
La modificación posible en del factum integrando el mismo, en los términos solicitados, no tendría trascendencia en tanto la gravedad prevista para las lesiones y secuelas del grupo 5 comprenden, sin duda, las referidas en el informe de ampliación, según el criterio de la Sala y la clasificación del resto de los lesionados.
3. Dª BRIGITTE BAKANG.

PIEZA 1743.
Se declara probado en la sentencia que el lesionado: "Ha requerido para su curación o estabilización 75 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 2 días. Días impeditivos parciales: 73 días. Alcanzando la sanidad o estabilización sin secuelas.”
Refiere informes complementarios, sin precisar y ampliación de informe de la Audiencia Nacional que reconoce como secuela hipoacusia. Pide paso del grupo 2 al 3.
Consta en la pieza separada informe de los médicos forenses, de fecha 28-3-2007, en cuya virtud se reconoce a la lesionada una secuela consistente en la disminución de agudeza auditiva (2 puntos). Procede acoger la petición y pasar a la Sra. Bankang del grupo 2 al 3.
4. Dª ISABEL BARRIONUEVO RUIZ.

PIEZA 477.
El Sr. Barrionuevo: "Ha requerido para su curación o estabilización 400 días. Días de hospitalización: 76 días. Días impeditivos totales: 324 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Condropatía rotuliana postraumática. Algias postraumáticas. Trastorno por estrés postraumático. Perjuicio estético.”
Se limita el recurrente en el motivo a transcribir las lesiones y dice que por los días de curación, como por el número y tipología de las secuelas entiende que el Juzgador no ha clasificado a la lesionada en el grupo correcto. Pide paso del 5 al 6. Salvo mejor criterio de la Excma. Sala, se considera razonable la clasificación del Tribunal a quo para la lesionada, siendo coincidente su situación con la del resto de los lesionados que se encuentran en el grupo.
5. Dª LOURDES ROCIO BELTRÁN PINARGOTE.

PIEZA 26.
La sentencia declara probado que la Sra. Beltrán:

Ha requerido para su curación o estabilización 270 días. Días de hospitalización: 22 días. Días impeditivos totales: 158 días. Días impeditivos parciales: 90 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Perforación timpánica residual. Acúfenos. Vértigos. Dorsalgia. Artrodesis de 3º dedo. Trastorno depresivo reactivo. Trastorno por estrés postraumático. Perjuicio estético.”


Alega tener reconocida incapacidad permanente parcial por informes que obran en la causa, por ello y las lesiones interesa el paso del grupo 6 al 7.
Examinada la pieza no consta resolución sobre la incapacidad permanente parcial alegada por la Sra. Beltrán. Por lo que no cabe plantearse la modificación del relato fáctico.

6. D. FRANCISCO BERMÚDEZ SANTOS.

PIEZA 891.
Declara probado la Sala de instancia que el lesionado “Ha requerido para su curación o estabilización 365 días. Días de hospitalización: 51 días. Días impeditivos totales: 314 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Perforación timpánica residual bilateral. Anquilosis del 3º dedo mano izquierda. Artrosis postraumática. Leucomas corneales. Neuropatía del N. Trigémino. Trastorno por estrés postraumático. Perjuicio estético.”
Solicita pasar del grupo 7 al 8. Alega secuelas no recogidas en la sentencia y que se declaran en la ampliación del informe médico forense. Asimismo afirma que tiene reconocida una incapacidad permanente total por informes periciales complementarios no impugnados. Como secuelas añadidas: Acúfenos: 3puntos; limitación de la movilidad en pierna y pie izquierdo: 7 puntos; consolidación de la angulación: 2 puntos.
Examinada la pieza separada del lesionado se constata que no existe declaración de incapacidad permanente total. EL informe forense de ampliación (f.54) ciertamente consigna la ampliación de secuelas. Sin embargo, el grupo en el que se encuentra permite dar cabida también a la ampliación de secuelas, sin que resulte procedente el cambio interesado.
7. D. JUAN FRANCISCO BRAVO PARDO.

PIEZA 55.
Afirma la sentencia que D. Juan Francisco:
Ha requerido para su curación o estabilización 296 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 202 días. Días impeditivos parciales: 94 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Limitación funcional de 1º dedo de mano derecha. Perjuicio estético
Solicita cambio del grupo 4 al 6. Estima que por la naturaleza de las lesiones y por su situación personal, laboral y familiar, así como por tener reconocida una incapacidad permanente total la ubicación en el grupo 4 no es correcta.
Examinada la pieza separada no consta en ella la referida incapacidad. Con independencia de la falta de de idoneidad de dicha prueba para provocar la casación de la sentencia por error de hecho, al no constar en la pieza, ni designarse otra ubicación, no procede plantear cuestión alguna, debiendo rechazarse la solicitud.

8. D. JUAN CABANILLAS BARRANTES.

PIEZA 672.
Se ha declarado probado que el lesionado: "Ha requerido para su curación o estabilización 328 días. Días de hospitalización: 25 días. Días impeditivos totales: 303 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas:
Limitación de la movilidad de las articulaciones interfalángicas de mano izquierda. Limitación de la movilidad de la rodilla. Limitación de la movilidad del codo. Mala oclusión palpebral. Ptosis palpebral unilateral. Escotomas temporal y nasal en ojo izqdo. Diplopia. Alteración de la sensibilidad facial. Disminución de agudeza auditiva. Patelectomía parcial. Algia postraumática. Artrosis postraumática de rodilla. Material de osteosíntesis. Perjuicio estético.”
Sin modificación de los hechos pide pasar del grupo 8 al 9. Salvo mejor criterio de esa Excma. Sala consideramos razonable la clasificación del Tribunal “a quo”.
9. Dª BEGOÑA CABAÑAS PALOMO.

PIEZA Nº 2577.
Dice la sentencia que la Sra. Cabañas Palomo: “Ha requerido para su curación o estabilización 77 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 47 días. Días impeditivos parciales: 30 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Trastorno por estrés postraumático”.
Considera que ha de pasar del grupo 3 al 4 sobre la base del informe médico forense ampliatorio de 21-3-07, que reconoce las siguientes secuelas: agravación de trastorno neurótico (4 puntos) y trastorno de estrés postraumático (3 puntos) elevando la gravedad del primer informe de dos a tres puntos.
Estimamos que, ello no obstante, las citadas secuelas están en el ámbito del grupo 3, por lo que no cabe estimar la petición.
10. Dª MARÍA REYES CABET CÁRDENAS.

PIEZA Nº 27.
Declara la sentencia que esta lesionada:
Ha requerido para su curación o estabilización 90 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 30 días. Días impeditivos parciales: 60 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Trastorno por estrés postraumático. El proceso tan prolongado de la paciente, con su consiguiente periodo de baja, que, por otro lado no comienza hasta junio de 2004, no es atribuible a causa traumática.
Entiende que ha de pasar del grupo 3 al 5 en atención a tener reconocida una incapacidad permanente total, sin designación de documento concreto. Asimismo, por no consignarse como secuela la artrosis postraumática: 4 puntos, que se declara en ampliación del informe médico de 21-3-07.
Examinada la pieza no consta el referido informe de incapacidad por lo que no podrá modificarse el relato de hechos probados. Limitada la cuestión a la ampliación del informe forense, no se aprecia que la secuela aumentada permita alterar la ubicación de la lesionada como solicita.

11. D. RAFAEL CABRERA OSUNA.

PIEZA Nº 446
Declara probado la sentencia, que el Sr. Cabrera:
Ha requerido para su curación o estabilización 280 días. Días de hospitalización: 20 días. Días impeditivos totales: 240 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Pérdida de movilidad pierna izquierda. Dolor rodilla izquierda. Pérdida de movilidad brazo izquierdo. Fractura acuñamiento dorsal. Material osteosíntesis brazo izquierdo. Material osteosíntesis pierna izquierda. Perjuicio estético.
Solicita que se le pase al grupo 6 desde el 5 en que se encuentra. Por las lesiones sufridas y por tener reconocida una incapacidad permanente parcial, sin precisar documento alguno estima que se debe conceder la modificación de grupo. Examinada la causa no consta declaración de incapacidad. El último informe forense de 2007(folio 13) resulta conforme con los hechos que para este lesionado declara probados la sentencia e impide la acogida del motivo, en tanto de existir otra prueba que contradijera la pericial médico forense, no podría estimarse que la prueba contradicha tuviera capacidad de evidenciar el error y producir modificación de la sentencia.
12. D. JESÚS CALLEJA CALLEJA.

PIEZA Nº 731.
Declara probado la sentencia que el Sr. Calleja:
“Ha requerido para su curación o estabilización 120 días. Días de hospitalización: 16 días. Días impeditivos totales: 104 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Acúfenos. Agravación de artrosis previa cervical”
El Sr. Calleja se encuentra en el grupo 4 de la sentencia y considera procedente ser trasladado al grupo 5, remitiendo a la documentación que obra en la pieza y afirmando tener declarada una incapacidad permanente parcial. Examinada la causa consta al folio 24 y ss informe médico de síntesis del INSS, en el que no se declara invalidez permanente. Al folio 29 obra informe forense de sanidad en el que se sustenta la declaración de hechos probados.
Por las consideraciones generales realizada al inicio del motivo y las precisiones ahora formuladas, se ha de concluir que no procede la estimación de la pretensión.
13. Dª MANUELA MARTA CANTADOR ESCRIBANO,

PIEZA Nº 442.
Declara probado la Sala que: “Ha requerido para su curación o estabilización 502 días. Días de hospitalización: 82 días. Días impeditivos totales: 420 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Amputación pierna izquierda. Problemas encaje de prótesis por quemaduras muñón. Miembro fantasma. Hipoacusia. Acúfenos. Trastorno por estrés postraumático. Trastorno depresivo. Perjuicio estético.”
Esta lesionada aparece en el grupo 12 de la sentencia. Solicita mayor indemnización por las secuelas sufridas. Sin embargo la determinación del quantum indemnizatorio derivado de una acción delictiva constituye un tema que concierne al prudente arbitrio del los Tribunales de instancia (SSTS 23-11-1999, 29-9-2003; 348/2004, de 18-3; y 481/2005, de 15-4), por lo que no puede ser objeto de modificación en esta vía casacional.
14. Dª MARÍA PILAR CATALINAS CALLEJA.

PIEZA Nº 968.
Declara la Sala que: "Ha requerido para su curación o estabilización 500 días. Días de hospitalización: 110 días. Días impeditivos totales: 390 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Disminución de agudeza visual. Colocación de lente intraocular. Limitación de la movilidad de miembro inferior derecho. Limitación de la movilidad de miembro inferior izquierdo. Fractura-aplastamiento de D9. Alteración de la estática vertebral posfractura. Limitación de la movilidad de la columna. Insuficiencia respiratoria restrictiva. Algias postraumáticas. Paresia del N. ciático poplíteo externo. Trastorno por estrés postraumático. Material de osteosíntesis. Perjuicio estético.”
Solicita pasar del grupo 11 al 12. Estima que existe un error en la clasificación por la gravedad de las lesiones y por las secuelas entiende que es errónea la clasificación. Resultando inviable la pretensión conforme al art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al no designar prueba alguna que evidencie error de hecho. También se estima improcedente la pretensión de modificación de grado, habida cuenta que el grupo 11 en que se encuentra integra a lesionados con secuelas similares en gravedad a las de Dª María Pilar.
15. D. JOSÉ JULIÁN CENCERRADO SÁNCHEZ-GRANDE.

PIEZA Nº 1425.
Ha requerido para su curación o estabilización 180 días. Días de hospitalización: 16 días. Días impeditivos totales: 164 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con la siguiente secuela: Hipoacusia.
Refiere informe médico particular obrante en la pieza en el que varía el número de días de curación. Asimismo alega que se le ha reconocido una incapacidad permanente parcial, sin designación de documento ni particulares. Con ello solicita pasar del grupo 4 al 6.
Indica que en su día aportó informe de parte elaborado por la Dra. Paloma Fuentes en el que se aprecian 323 días para lograr su curación y las siguientes secuelas: acúfenos 3 puntos; hipoacusia oído izquierdo dB y oído derecho 65 dB, 20 puntos; perjuicio estético 4 puntos.
Asimismo, señala que tiene reconocida una incapacidad permanente parcial. Solicita pasar del grupo 4 al 6.
En la pieza separada no obra informe de la Dra. Paloma Fuentes. En todo caso, conviene señalar que la Sala de instancia, en el ámbito de su competencia, ha tenido en cuenta el informe de los médicos forenses, de 1-6-2005.
Tampoco consta en la pieza resolución que reconozca la situación de incapacidad permanente parcial del lesionado.
Procede la desestimación de la solicitud.
16. Dª MARGARITA CERRATO MORENO.

PIEZA Nº 125.
Es un hecho probado que la Sra. Cerrato:
Ha requerido para su curación o estabilización 420 días. Días de hospitalización: 75 días. Días impeditivos totales: 345días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: hipoacusia. Amputación a nivel del tarso. Pérdida de movilidad en tobillo derecho. Trastorno de estrés postraumático. Trastorno depresivo. Perjuicio estético.
Solicita pasar del grupo 9 al 10, dentro de la clasificación de la sentencia. A efecto alega tener reconocida una incapacidad permanente total, sin precisar documental.
Consta en su pieza separada informe médico forense de 25-4-2006, con el que coinciden las secuelas consignadas en la sentencia. Sin que obre en dicha pieza la documentación imprecisamente aludida. Debe rechazarse la solicitud.
17. D. ANTONIO CORTÉS IZQUIERDO.

PIEZA Nº 701.
Se declara probado respecto de este lesionado:

“Ha requerido para su curación o estabilización 365 días. Días de hospitalización: 29 días. Días impeditivos totales: 336 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Acortamiento de extremidad inferior derecha. Limitación de la flexión de miembro inferior derecho. Amiotrofia de cuadriceps derecho. Perjuicio estético”.


Se encuentra en el grupo 6 e interesa que se le pase al grupo 7. Refiere presentar una incapacidad permanente parcial, sin otras especificaciones. Del examen de la pieza separada del lesionado no resulta acreditación alguna en ese sentido, lo que determina el rechazo de la solicitud.

18. D. JUAN COSTA DÍAZ.

PIEZA 59.
Declara probado la sentencia que el lesionado: “Ha requerido para su curación o estabilización 90 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 41 días. Días impeditivos parciales: 49 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia”
Situado en el grupo 3 de la sentencia interesa que se integre el relato de hechos probados a tenor del informe de ampliación de 20-3-07, en el que se aumenta la hipoacusia de 2 a 3 puntos, añadiendo “acúfenos: 1 punto”. Solicita que realizada la modificación se reconozcan los derechos inherentes a este cambio.
La modificación de secuelas, ello no obstante, no constituye una alteración suficientemente significativa como para determinar el cambio de grupo, siendo el resultado similar al de otros lesionados. La petición no puede ser acogida.
19. Dª ALICIA DE LOS BUEIS LÓPEZ.

PIEZA Nº 916.
Es hecho probado que Dª Alicia:

“Ha requerido para su curación o estabilización 482 días. Días de hospitalización: 82 días. Días impeditivos totales: 400 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Vértigo persistente. Persistencia perforación timpánica izquierda. Pseudoartrosis de tibia derecha. Agravamiento de artrosis previa. Trastorno por estrés postraumático. Material de osteosíntesis. Perjuicio estético. La lesionada requerirá en un futuro de nueva intervención quirúrgica con el fin de cerrar la perforación timpánica residual”.


Se encuentra en el grupo 9 e interesa pasar al grupo 10. Remite a la documentación obrante en la pieza y afirma tener reconocida una incapacidad permanente total. Por ello solicita que la sitúe en el grupo 10.
Examinada la pieza separada, no consta resolución alguna que declare la incapacidad. De acuerdo con las secuelas que sufre la perjudicada procede su ubicación en el grupo 9. Debiendo desestimarse la petición.
20. Dª ESTHER DOMENECH CAPILLAS.

PIEZA Nº 988.
Se afirma probado en la sentencia que:

Ha requerido para su curación o estabilización 400 días. Días de hospitalización: 32 días. Días impeditivos totales: 368 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Cuadrantanopsia temporal superior derecha. Malaoclusión dental. Neuralgia intercostal. Agravación de artrosis previa. Trastorno por estrés postraumático. Síndrome depresivo. Material de osteosíntesis en cara. Perjuicio estético


Se encuentra en el grupo 8 y solicita pasar al grupo 9. Asimismo, se apoya en tener reconocida una incapacidad permanente total. No designa concreta documentación.
21. D. DAVID DURÁN ROMERO.

PIEZA Nº 73.
Declara la sentencia que: “Ha requerido para su curación o estabilización 135 días. Días de hospitalización: 11 días. Días impeditivos totales: 124 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Acúfenos. Lesión de ligamento cruzado con sintomatología”.
Situado en el grupo 4 solicita ahora que se modifiquen los hechos. Al efecto se remite al informe de ampliación médico forense de 26-3-07 en el que a las secuelas iniciales se añade: “Material de osteosíntesis: 2 puntos; Perjuicio estético: 1 punto; lesión de ligamento cruzado con sintomatología: 9 puntos (esto último en cuanto aumenta los puntos del primer informe). Asimismo, se remite a informe médico firmado por la Dra. Fuentes, en el que se le reconocen 330 días de curación en vez de los 135 del informe forense.
Conforme a lo anterior solicita la modificar la sentencia respecto de las secuelas y días de curación “con los derechos inherentes a este cambio”.
Las secuelas que se interesa incluir quedarían, en todo caso, comprendidas en el grupo 4 y respecto a los días de curación es un extremo respecto del que obran informes contradictorios, el de la Dra. Fuentes y el de los facultativos forenses, sin que pueda prevalecer aquél sobre éste. La petición no puede prosperar.
22. D. BENDAOUD EL KHAMLICHI.

PIEZA Nº 930.
Declara probado la sentencia que el lesionado:
Ha requerido para su curación o estabilización 180 días. Días de hospitalización: 87 días. Días impeditivos totales: 93 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Restricción pulmonar
Designa informes de la Dra. Fuentes que añaden secuelas a las establecidas en el informe médico forense, al tiempo que le reconocen una incapacidad permanente parcial. Examinada la pieza del lesionado no consta en la misma el referido informe.
Se encuentra en el grupo 7 en interesa que se le pase al grupo 8. El informe de la doctora es contrario al del facultativo forense respecto de las secuelas, por ello no resulta idóneo para sustentar el error facti. En cuanto a la incapacidad basta la remisión a lo manifestado al inicio de este motivo.
23. Dª CLARA ESCRIBANO ARENAS,

PIEZA Nº 514.
Se declara probado que la Sra. Escribano:
“Ha requerido para su curación o estabilización 365 días. Días de hospitalización: 6 días. Días impeditivos totales: 359 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Persistencia de perforación timpánica. Agravación de artrosis previa. Persistencia de metralla. Trastorno por estrés postraumático. Perjuicio estético. La lesionada requerirá en un futuro de nuevas intervenciones quirúrgicas con el fin de lograr el cierre completo de la perforación timpánica derecha”.
Se encuentra en el grupo 6 e interesa que se la clasifique en el grupo 7.
A tal fin se remite a informes, in genere, que obran en la pieza reconociéndole una incapacidad permanente parcial. Examinada dicha pieza no consta declarada esa incapacidad. Por lo demás, nos remitimos a lo ya expresado respecto de las incapacidades. La petición deberá ser rechazada.
24 .D. FERNANDO ESPINOSA BARRIOS.

PIEZA Nº 1031.
Afirma probado la Sala respecto de este lesionado que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 180 días. Días de hospitalización: 3 días. Días impeditivos totales: 177 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Pérdida de visión unilateral”.


Situado en el grupo 6 de la sentencia, alega informes obrantes en la pieza, sin otras precisiones, que le reconocen una incapacidad permanente parcial, solicita el paso al grupo 7. Examinada la pieza no consta declaración de incapacidad. La solicitud no podrá ser estima conforme se manifestó en las consideraciones iniciales del motivo.
25. Dª ROSA ESTEVEZ VAZQUEZ.

PIEZA Nº 956.
Afirma la Sala que la lesionada:

“Ha requerido para su curación o estabilización 400 días. Días de hospitalización: 34 días. Días impeditivos totales: 366 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Persistencia de perforación timpánica. Fractura- acuñamiento. Síndrome medular D4. Dolor neuropático torácico-dorsal. Trastorno por estrés postraumático. Perjuicio estético”.


Doña Rosa se encuentra en el grupo 11 de la sentencia, correspondiéndole por secuelas 750.000 euros, solicita el paso al grupo 12. Se apoya para ello en que tiene reconocida una incapacidad permanente total, sin precisar documentación. Examinada la causa no consta declaración de incapacidad. No obstante, cabe recordar que conforme al baremo, ya referido, en sus cuantías para el año 2008, la máxima cantidad establecida para incapacidades permanentes totales, es de algo más de 86.000 euros, nueve veces inferior a la que se le ha reconocido. En cualquier caso no se designa documental idónea para modificar el factum, ni esta modificación sería relevante.
26. Dª FRANCISCA FALCÓN MEDINILLA.

PIEZA Nº 669.
Se declara probado que:”Ha requerido para su curación o estabilización 327 días. Días de hospitalización: 5 días. Días impeditivos totales: 322 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: disminución de agudeza auditiva. Escotoma temporal superior en ojo izquierdo. Síndrome postraumático cervical. Trastorno por estrés postraumático. Perjuicio estético”.
Está comprendida dentro del grupo 6 de la sentencia. Remite al informe forense de 27-9-06, en el que, además de las secuelas que constan en la sentencia, se le reconoce “acúfenos: 2 puntos”. Asimismo, alega tener reconocida una incapacidad permanente parcial, sin otras precisiones. Examinada la pieza no consta declaración de incapacidad alguna. Solicita que se le reconozcan la secuela y la incapacidad, con los derechos inherentes.
Como en casos anteriores las alegaciones realizadas no resultan relevantes en tanto no implican modificación del grupo ni conforman el derecho a devengar una indemnización superior a los 70.000 euros por secuelas que tiene concedidos. La petición debe ser rechazada.


27. Dª PALOMA FERNÁNDEZ LÓPEZ.

PIEZA Nº 524.
Declara probado la sentencia que la Sra. Fernández López:” Ha requerido para su curación o estabilización 400 días. Días de hospitalización: 34 días. Días impeditivos totales: 366 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Persistencia perforación timpánica derecha. Fractura-aplastamiento de D2”
Se designa el informe médico forense de sanidad de 14-9-06, en el que, además de las secuelas que constan en los hechos probados de la sentencia, consta: “algias postraumáticas: 2 puntos; algias faciales postraumáticas: 1 punto; perjuicio estético 13 puntos”. Asimismo, refiere tener reconocida una incapacidad permanente parcial. Interesa la modificación de grupo y su inclusión en el grupo 7.
Examinada la pieza consta sentencia del Juzgado de lo Social nº 28 de los de Madrid en el que se le reconoce una incapacidad permanente parcial, dicha sentencia no es firme, contra ella cabe recurso, que no consta interpuesto. En todo caso, como en otros supuestos, además de no ser el criterio de clasificación atendido en la sentencia, la inclusión en el grupo 6 le concede un derecho a indemnización de importe muy superior al establecido en el baremo.
Las secuelas añadidas no implican una modificación de grupo por no determinar por sí mismas mayor gravedad de la ya apreciada por el Tribunal de instancia.
No puede estimarse la petición.

28. D. FRANCISCO JAVIER GALÁN CHAMORRO.

PIEZA Nº 778
Se declara probado que el lesionado:” Ha requerido para su curación o estabilización 180 días. Días de hospitalización: 15días. Días impeditivos totales: 165 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Síndrome medular leve. Hipoacusia. Trastorno por estrés postraumático”.
El Sr. Galán Chamorro se encuentra en el grupo 7 y solicita que se le pase al 8. Sustenta su petición en tener reconocida incapacidad permanente total, sin concreción documental. Asimismo, cita la ampliación del informe médico forense, de 1-3-07 en el que constan, además de las secuelas consignadas en el factum de la sentencia “acúfenos bilaterales: 3 puntos; perjuicio estético: 1 punto; hipoacusia: 5 puntos (elevada la gravedad del primer informe de 3 a 5 puntos).
Como en supuestos anteriores, se solicita en definitiva que se contemple dos veces una misma situación, dado que las secuelas que se han tenido en cuenta para fijar la indemnización son las que determinan la alegada incapacidad, en este caso permanente total. Se reitera aquí la imprecisión de la prueba que acredite la incapacidad alegada, completamente insuficiente para justificar la modificación del relato de hechos como se intenta, más aún cuando examinada la pieza no consta declaración de incapacidad permanente. Por otra parte, la adición de las secuelas no justifica un cambio de grupo que implica triplicar la cuantía. O con otras palabras la gravedad de las secuelas no resulta superior en tres veces a la resultante de las consignadas en la sentencia. Todo lo cual impide la acogida de la pretensión.


29. D. MARIANO GARCÍA GARCÍA.

PIEZA Nº 1023.
Declara probado la Sala de instancia que el lesionado: "Ha requerido para su curación o estabilización 50 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 50 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia”.
Se encuentra esta víctima en el grupo 3 de la sentencia. Se remite ahora el recurso al informe de ampliación del forense de 26-3-07, en el que a las lesiones recogidas en los hechos probados, añade “estrés postraumático: 2 puntos; hipoacusia: 2 puntos (elevada la gravedad del primer informe de 1 a 2 puntos”. Solicita que se incluya la secuela, con los derechos inherentes a este cambio. No concreta pues la petición y no se entiende justificado el cambio de grupo. La inclusión en el grupo 3 queda determinada por la existencia de secuelas, dado que D. Mariano García tardó menos de 100 días en curar, por dicho concepto le correspondería el grupo 2. Siendo así que el aumento en un punto de hipoacusia y la constatación de estrés postraumático con 2 puntos no permiten, sin más, el cambio de grupo. La petición no puede acogerse.
30. Dª MARÍA VICTORIA GARCÍA MONTES.

PIEZA Nº 654.
Es hecho probado que la lesionada:” Ha requerido para su curación o estabilización 532 días. Días de hospitalización: 24 días. Días impeditivos totales: 508 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia”.
Se encuentra la perjudicada en el grupo 4 e interesa que se la incluya en el 6. A tal efecto arguye el informe médico forense de ampliación de 10-4-07, por el que se reconocen como secuelas, además de las que constan en la sentencia, “alteración del nervio ciático popliteo ext: 6 puntos; agravación de artrosis previa: 1 punto; trastorno de estrés postraumático : 1 punto; hipoacusia; 12 puntos (elevada la gravedad del primer informe de 6 a 12 puntos). Al tiempo alega tener declarada incapacidad permanente parcial. Examinada la pieza separada no consta declaración de dicha incapacidad.
También aquí cabe señalar que, además de no tener adecuado sustento probatorio la incapacidad parcial permanente, coincidiría sustancialmente con las secuelas ya reconocidas y respondiendo la clasificación de la sentencia a parámetros distintos de la graduación de las incapacidades permanentes, no resulta evidenciada la pertinencia de modificar el grupo en el que se ha incluido a esta lesionada aunque se integre el factum con las secuelas reseñadas.
31. D. SANTIAGO GARRIDO GÓMEZ

PIEZA Nº 98.
Es hecho probado que: "Ha requerido para su curación o estabilización 58 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 58 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización sin secuelas”.
Situado en el grupo 2 de la clasificación solicita que se le pase al grupo 3. Al efecto se remite al informe médico forense de ampliación de 26-3-07 en el que se le reconocen como secuelas: “perjuicio estético: 1 punto; restos de metralla: 2 puntos”.
Examinada la pieza correspondiente a este lesionado obra al folio 65 informe médico de referencia en el que, efectivamente, se añaden las secuelas omitidas por la Sala de instancia en la sentencia. Estando fijada la diferencia entre los grupos 2 y 3 por la existencia o no de secuelas, deberá ser atendida la pretensión formulada.
32. Dª CONSOLACIÓN GIL MILLANA.

PIEZA Nº 984.
Es hecho probado que la lesionada: "Ha requerido para su curación o estabilización 300 días. Días de hospitalización: 7 días. Días impeditivos totales: 293 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Persistencia de cuerpos extraños. Artrosis postraumática y dolor en mano derecha. Trastorno por estrés postraumático. Perjuicio estético”.
Dña. Consolación Gil se encuentra en el grupo 4 y en el motivo se señala el informe de ampliación médico forense de 21-3-07, en el que se consigna como secuela “trastorno depresivo reactivo: 5 puntos”. Se requiere la integración del hecho probado y los derechos inherentes a ese cambio.
La imprecisión de la solicitud apunta a la dificultad de considerar esa secuela por sí sola suficiente para provocar la modificación de grupo, única posibilidad que daría practicidad a la integración del factum. Secuela que por lo demás fácilmente resulta encuadrable en el trastorno por estrés postraumático que ya se reconoce en la sentencia, quedando, en cualquier caso, todo ello integrado en el mismo grupo. Se estima que la solicitud no puede ser acogida.
33. D. SERGIO GIL PASCUAL.

PIEZA Nº 1067.
Se declara probado en la sentencia que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 204 días. Días de hospitalización: 9 días. Días impeditivos totales: 195 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Pseudoartrosis clavícula derecha. Perjuicio estético. Trastorno de estrés postraumático”.


Situado en el grupo 3 entiende que la ubicación más ajustada para él es en el grupo 4. Remite a la ampliación del informe médico forense de 26-3-07 en el que se reconoce como secuela “síndrome posconmocional: 5 puntos” y se eleva de 3 a 6 los puntos de la pseudoartrosis de clavícula y de 1 a 2 el trastorno de estrés postraumático, ambos ya recogidos en el informe previo. Junto a ello se dice que el Sr. Gil Pascual tiene reconocida una incapacidad permanente parcial. Examinada la pieza separada del lesionado, no consta dicha declaración de incapacidad.
Tampoco en este supuesto las secuelas que añade el informe final médico forense determinan la modificación de grupo, atendido el criterio seguido para otras víctimas y el margen que se ha de reconocer a cada uno de los grupos fijados en la clasificación de la sentencia. La petición no puede ser acogida.
34. D ª RAQUEL GÓMEZ BAUTISTA.

PIEZA Nº 483.

Conforme a los hechos probados:

“Ha requerido para su curación o estabilización 427 días. Días de hospitalización: 92 días. Días impeditivos totales: 335 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Vértigos esporádicos. Amputación de miembro inferior izquierdo a nivel supracondíleo. Afectación del N. Cubital izquierdo a nivel distal. Trastorno por estrés postraumático. Perjuicio estético. La lesionada requerirá en un futuro de nuevas intervenciones quirúrgicas con el fin de lograr una correcta adaptación de una prótesis en el muñón de pierna izquierda”.
La Sra. Gómez Bautista por la gravedad de lesiones y secuelas aparece en el grupo 10 de la clasificación de lesionados. Se interesa en el recurso, su inclusión en el grupo 11 y para ello refiere tener reconocida una incapacidad permanente absoluta, sin otra precisión documental. No consta en la pieza separada del lesionado declaración de incapacidad.
Nuevamente insistir en las consideraciones generales realizadas y en más concretamente en la insuficiente concreción de la declaración de incapacidad y su inidoneidad a efectos casacionales. Junto a ello reseñar que siendo la previsión conforme al baremo para casos de invalidez absoluta entre 86.158 euros y 172.316 euros, la inclusión de esta víctima en el grupo 10 supone por secuelas 530.000 euros, siguiendo la línea señalada de fijación de cuantías superiores para favorecer a los lesionados.
35. D. ISMAEL GÓMEZ GAY.

PIEZA Nº 622.
Se declara probado en la sentencia que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 400 días. Días de hospitalización: 17 días. Días impeditivos totales: 383 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Deformación/pérdida pabellón auditivo bilateral. Fractura-aplastamiento vértebras D4 y D11. Algias postraumáticas. Alteración parcial del gusto. Trastorno por estrés postraumático. Perjuicio estético”.


Se encuentra el recurrente en el grupo 8 e interesa su inclusión en el 9. Como en casos anteriores sólo consta una referencia imprecisa al reconocimiento de la incapacidad permanente parcial. Por las razones ya expuestas de falta de adecuación de la prueba y por la superioridad de la cuantía respecto de las previsiones para esa invalidez establecidas en el baremo, que se han señalado puede orientar al juzgador más allá de los casos para los que se estableció, no procede acoger la solicitud.
36. Dª PETRA GONZÁLEZ ARIAS.

PIEZA Nº 493.
Declara probado la sentencia que la lesionada:

"Ha requerido para su curación o estabilización 90 días. Días de hospitalización: 3 días. Días impeditivos totales: 5 días. Días impeditivos parciales: 82 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Trastorno por estrés postraumático. Hipoacusia”.


Situado en el grupo 4 de la sentencia solicita pasar al grupo 6 de la clasificación. Para ello afirma que Dª Petra tiene reconocida una incapacidad permanente total, sin designación del título que así lo declara.
Examinada la pieza de la lesionada no aparece documento alguno que refiera esa incapacidad. Ello unido a la limitada virtualidad que tendría en este procedimiento, debe determinar el rechazo de la petición.
37. Dª ANA ISABEL GONZÁLEZ PICOS.

PIEZA Nº 771.
Refiere la sentencia como hecho probado, que la lesionada Dª Ana Isabel:

Ha requerido para su curación o estabilización 548 días. Días de hospitalización: 148 días. Días impeditivos totales: 400 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Perforación timpánica. Trastorno de estrés postraumático. Trastorno depresivo. Ablación de globo ocular izquierdo. Síndrome posconmocional. Disminución movilidad rodilla izquierda. Material de osteosíntesis. Algias en pierna izquierda. Perjuicio estético.


Dentro del grupo 10 está comprendida doña Ana Isabel González e insta ahora la casación de la sentencia para que se acuerde la inclusión en grupo 11. Refiere, sin designación de folio, ni particulares tener reconocida una incapacidad absoluta. Examinada la pieza no consta declaración de incapacidad alguna. Además, constatando la gravedad de las secuelas que el atentado ha dejado en la recurrente, nada nuevo aporta la declaración de una forma u otra de invalidez absoluta entendiendo que tanto comparativamente respecto de otros lesionados como por las consecuencias económicas que ya se le ha dado a su situación, no procede la estimación de la solicitud.
38. D. DAVID HERNÁDEZ BLANCO.

PIEZA Nº 698.
Es hecho probado que el lesionado:

”Ha requerido para su curación o estabilización 40 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 40 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización sin secuelas”.


Encuadrado en el grupo 2, interesa se case la sentencia para declarar en el factum que sanó presentando como secuelas “acúfenos: 1 punto; trastorno de estrés postraumático: 1 punto”, extremo que consta en el informe médico forense de ampliación de 26-3-07 y no se recoge como hecho probado. Siendo la existencia o no de secuelas determinante de la inclusión en el grupo 3, conforme al criterio seguido por la Sala de instancia, se estima que, como en otros supuestos similares se ha de acoger la pretensión.

39. D. JUAN ALBERTO HERNÁDEZ CONDE.

PIEZA Nº 227.
Se afirma probado en la sentencia que este lesionado:

“Ha requerido para su curación o estabilización 150 días. Días de hospitalización: 15 días. Días impeditivos totales: 135 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Trastorno de estrés postraumático. Hipoacusia. Disestesia en pierna. Perjuicio estético”.


Incluido en el grupo 4 solicita pasar al grupo 6 por estimar que del propio relato de hechos consta la gravedad de las secuelas. Además alega tener reconocida una invalidez permanente total que no precisa. Examinada la pieza no consta la declaración de incapacidad referida. La falta de designación de prueba concreta y de sus particulares que evidencie el error de la Sala y sustente la pretensión formulada determinará el rechazo de ésta.
40. Dª MARÍA DOLORES HIGES BERENGUENO.

PIEZA 728.
Es hecho probado que Dª María Dolores:

“Ha requerido para su curación o estabilización 341 días. Días de hospitalización: 21 días. Días impeditivos totales: 320 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Leucoma ojo derecho. Algias torácicas. Trastorno por estrés postraumático. Perjuicio estético”.


Se encuentra la lesionada en el grupo 5 y con referencia genérica a la documentación obrante en la pieza alega que le ha sido reconocida una incapacidad permanente parcial que debe ser atendida para fijar la indemnización. No consta en la pieza declaración oficial de la invalidez alegada. Como se ha venido manifestando a no cumplir las características de documento oficial emitido por el órgano público de la administración revestido de competencia para ello, se une que en todo caso la cuantía concedida triplica la indemnización máxima prevista en el baremo para estas incapacidades, lo que hace improcedente que se pase a la recurrente del grupo 5 al 6, como solicita.
41. D. JOSÉ MARÍA ILLERA SÁNCHEZ.

PIEZA Nº 111.
Afirma la Sala de instancia en su sentencia que el Sr: Illera:

“Ha requerido para su curación o estabilización 110 días. Días de hospitalización: 10 días. Días impeditivos totales: 100 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Perforación Timpánica. Acúfenos. Trastorno de estrés postraumático. Restos de metralla. Perjuicio estético.”


Se encuentra en el grupo 4 y solicita pasar al grupo 6, sin embargo, interesa esa modificación entendiendo que procede con los hechos probados. Solo refiere tener reconocida una invalidez permanente total, sin precisar documentación que así la declare. Documentación que tampoco consta en la pieza separada.
Falta pues prueba documental que permita apreciar error facti, conforme exige la vía casacional utilizada.
42. Dª ANA BELÉN LEÓN DÍAZ

PIEZA Nº 460
Es hecho probado que:

”Ha requerido para su curación o estabilización 70 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 70 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Cervicalgia. Dolor tobillo derecho. Trastorno de estrés postraumático”.


Clasificada en el grupo 3 por las lesiones y secuelas solicita ser incluida en el grupo 4. Cita a tal fin el informe de ampliación del médico forense de 26-3-07. En el mismo señala que se añade “hipoacusia a 2 puntos”, así como el aumento de cervialgia a 3 puntos. Examinada la pieza consta ciertamente el informe referido al folio 23. No obstante, aunque se integrara el relato de hechos probados con hipoacusia –no procedería hacerlo respecto de la cervialgia que ya consta, sin precisión de puntos- no puede estimarse suficiente para determinar el cambio de grupo, debiéndose considerar comprendida correctamente en el grupo 3, en el que debe mantenerse.
43. D. BENJAMIN LEON RAMÍREZ

PIEZA Nº 743
Declara probado la sentencia que:

”Ha requerido para su curación o estabilización 327 días. Días de hospitalización: 25 días. Días impeditivos totales: 302 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Vértigos. Persistencia perforación timpánica bilateral. Pequeño leucoma corneal. Paresia del N. Facial. Disminución de la función ventilatoria. Trastorno por estrés postraumático. Perjuicio estético.”


Se encuentra en el grupo 8 y solicita pasar al grupo 9. Para sustentar su pretensión remite al informe forense de ampliación y lo pone en relación con el anterior, así como con lo declarado probado en la sentencia. El informe de ampliación aumenta los puntos de algunas de las secuelas, así la disminución de la función ventilatoria de 10 a 15 grados. La diferencia la señala el recurrente de 47 puntos fisiológicos a 69, con ello concluye que se configura en el grupo 9. Como en los casos anteriores refiere tener reconocida una invalidez permanente total. Examinada la pieza correspondiente no obra en la misma declaración de dicha invalidez.
Por una parte no consta que el informe atendido por el juzgador sea el último informe médico forense o el anterior. Aunque así hubiera sido ni en este ni en los otros casos atiende al baremo, como se ha repetido. Por último las secuelas que entiende en el motivo ser constitutivas de incapacidad permanente total, de aplicar el baremo, que se invoca daría lugar a una indemnización máxima de 86.000 euros, en tanto en el grupo 8 en que se encuentra la cuantía es más beneficiosa, 110.000 euros. No puede acogerse la petición.
44. Dª ANA CRISTINA LLORENTE GARACIA, ANA CRISTINA.

PIEZA Nº 708.
El factum afirma de esta lesionada que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 405 días. Días de hospitalización: 19 días. Días impeditivos totales: 346 días. Días impeditivos parciales: 40 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Dolor en mano izquierda. Ablación de un globo ocular. Trastorno por estrés postraumático. Trastorno depresivo reactivo. Perjuicio estético. La lesionada requerirá en un futuro de nuevas intervenciones quirúrgicas con el fin de cambiar periódicamente su prótesis ocular izquierda”.


Doña Ana Cristina Llorente se encuentra en el grupo 9 con 405 días de curación. Se cita informe médico de parte en el que se refiere 560 días de curación. Asimismo se afirma que tiene reconocida una incapacidad permanente total. Incapacidad que no consta declarada en la pieza separada de la lesionada. Solicita modificación de días de curación y paso al grupo 10.
La prueba que se cita respecto de los días de curación no puede sustentar la acogida de error facti en tanto obre en la causa otra prueba, ésta también pericial, médico forense que la contradice. De igual modo no puede acogerse la denuncia casacional sobre una alegación inconcreta de incapacidad. Finalmente, como en otros casos la indemnización correspondiente al grupo 9, 330.000 euros, es muy superior a la procedente por incapacidad conforme al baremo, 86.000 euros como máximo.
45. Dª ANA DEL ROCIO LOJAS GÚZMAN.

PIEZA 992.
La sentencia declara probado que Dª Ana del Rocío:

“Ha requerido para su curación o estabilización 90 días. Días de hospitalización: 8 días. Días impeditivos totales: 82 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia”.


Situada en el grupo 3. Solicita pasar al grupo 5. Apoya su petición en un informe médico de parte que le reconoce otras secuelas además de la hipoacusia que fija la sentencia. Asimismo, afirma sin más concreción tener reconocida una incapacidad permanente parcial. Examinada la pieza no consta la declaración de incapacidad referida.
El informe médico de referencia está contradicho por el informe médico forense, lo que impide apreciar error facti. En cuanto a la incapacidad a la imprecisión de la alegación se une que la cuantía indemnizatoria resulta muy superior a la contemplada en el baremo, lo que permite concluir que aunque concurriera dicha incapacidad se ha de entender cumplidamente ponderada en la indemnización concedida.
46. D ª MARÍA EUGENIA LÓPEZ GARCÍA.

PIEZA 820.
Se declara probado en la sentencia que Dª María Eugenia:

“Ha requerido para su curación o estabilización 90 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 90 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Trastorno por estrés postraumático. Trastorno depresivo reactivo”.


La Sra. López García se encuentra en el grupo 4. Sin designación de prueba alguna y con la sola invocación de una incapacidad permanente total que afirma tener reconocida, que examinada la pieza correspondiente no obra en ella, solicita el paso al grupo 6. Es evidente que no se aporta prueba en los términos requeridos en el art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no olvidemos es el que se utiliza.
47. D. EDUARDO LÓPEZ PÉREZ.

PIEZA Nº 789
Declara probado la sentencia que este lesionado:

“Ha requerido para su curación o estabilización 300 días. Días de hospitalización: 14 días. Días impeditivos totales: 286 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Fractura-acuñamiento de menos del 50%. Alteración de la estática vertebral. Dorsalgia postraumática. Cuerpos extraños. Perjuicio estético. Trastorno depresivo. Trastorno por estrés postraumático”.


El lesionado se encuentra en el grupo 7 tras la modificación realizada por auto de aclaración de la sentencia de 22-11-07, habiendo añadido como secuela la insuficiencia respiratoria que padece a consecuencia del atentado. Sin otras adiciones se solicita inclusión en el grupo 10 y se alega incapacidad absoluta, con la misma insuficiencia probatoria que en anteriores supuestos, tampoco respecto de este lesionado obra declaración de incapacidad en la causa, lo que determinará, igualmente el rechazo.
48. D. BALBINO JAIME LÓPEZ SANZ

PIEZA Nº 105.
Se declara probado en la sentencia que el Sr. López Sanz:

“Ha requerido para su curación o estabilización 50 días. Días de hospitalización: 5 días. Días impeditivos totales: 45 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Acúfenos. Trastorno de estrés postraumático”


El Sr. López Sanz se encuentre en el grupo 3, solicita pasar al grupo 7. Se alega informe de médico de parte, Dra. Fuentes González. Sobre todo cita informe médico para el servicio en las fuerzas armadas, que lo declara no apto. Examinada la pieza de este lesionado no consta dicho informe, por lo que no ha lugar a plantearse la capacidad -más que cuestionable- de modificación de los hechos probados, con consecuencias relevantes. La pretensión no puede ser acogida.
49. Dª CRISTINA MARIN MARIN.

PIEZA 1063.
Declara probado la Sala que:

”Ha requerido para su curación o estabilización 90 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 19 días. Días impeditivos parciales: 71 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Trastorno por estrés postraumático”.

Se encuentra en el grupo 3 y solicita pasar al grupo 5. Al efecto remite al informe médico forense de ampliación de 28-3-07. Se añade al anterior “amenorrea de origen psicógeno:8 puntos; algia postraumática: 1 punto; trastorno de estrés postraumático sube a 2 puntos”.
Ciertamente obra en la causa informe forense de ampliación de introduce las secuelas trascritas. Se considera, no obstante, que estas secuelas quedan comprendidas en el grupo 3, la lesionada por el tiempo de curación quedaría comprendida en el grupo 2, dado que tardó menos de cien días en hacerlo. No procede la modificación de grupo interesada.
50. Dª OFELIA MARÍN RECIO.

PIEZA Nº 447.
Se declara probado que Dª Ofelia:

“Ha requerido para su curación o estabilización 300 días. Días de hospitalización: 14 días. Días impeditivos totales: 286 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Fractura-acuñamiento de menos del 50%. Alteración de la estática vertebral. Dorsalgia postraumática. Cuerpos extraños. Perjuicio estético. Trastorno depresivo. Trastorno por estrés postraumático”.


Situado en el grupo 3 de la clasificación de la sentencia, insta su inclusión en el grupo 6. Para ello remite a informe médico de parte de 3 de febrero de 2006 en el que el que constan secuelas distintas de la consignada por el médico forense, así como cambio de días de curación de 60 a 549. Se alega incapacidad permanente parcial.

Como en otros casos nos encontramos ante pruebas periciales discrepantes, en fecha 27-3-07 se emite informe médico forense en el que tras examinar la documentación aportada se remite al informe previo de 14-7-05, que se recoge en la sentencia. Como es sabido es facultad soberana del juzgador conferir mayor credibilidad a una u otra. En todo caso la contradicción de prueba cierra la posibilidad revisoria contemplada en el art. 849.2º.


La invalidez parcial permanente, producto de las secuelas, además de no constar en la pieza, tampoco permite el cambio de grado. Se ha puesto de manifiesto ya como el mínimo indemnizatorio establecido para cualquier víctima del atentado terrorista enjuiciado se le reconoce 30.000 euros, casi el doble del máximo posible conforme al baremo por invalidez permanente parcial.
51 Dª MARÍA PILAR. MARTÍN ABAD.

PIEZA 1190.
Declara la sentencia que la lesionada:

“Ha requerido para su curación o estabilización 365 días. Días de hospitalización: 17 días. Días impeditivos totales: 348 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Vértigos. Hiperestesia. Artrosis postraumática. Perjuicio estético. Trastorno por estrés postraumático”.


Doña María Pilar está en el grupo 6 y entiende más correcta su ubicación en el grupo 8. Se ampara para ello en un informe médico firmado por dos facultativos que le aumenta los días de incapacidad de 365 a 550 y le reconoce una incapacidad permanente total. Examinada la pieza separada no consta el informe médico de los Drs. Fuentes y de Miguel en que se ampara. La Sala de instancia ha atendido al informe de los médicos forenses de fecha 25-9-2006 unido a los autos. Tampoco obra en la pieza resolución que reconozca la incapacidad permanente total de la lesionada.
Procede desestimar la petición.
52. Dª ESTHER MARTÍNEZ MEGINO

PIEZA 237
Se declara probado que doña Esther:

”Ha requerido para su curación o estabilización 483 días. Días de hospitalización: 33 días. Días impeditivos totales: 450 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Deterioro funciones cerebrales superiores integradas leve. Hemiplejia izquierda. Algias diversas en espalda. Trastorno de estrés postraumático. Depresión. Perjuicio estético”.


Está en el grupo 12 y solicita que se revise el quantum de los “grandes lesionados” piden 3 millones de euros. Estos lesionados aparecen en el grupo 12 de la sentencia. Solicitan mayor indemnización por las secuelas sufridas. Sin embargo la determinación del quantum indemnizatorio derivado de una acción delictiva constituye un tema que concierne al prudente arbitrio del los Tribunales de instancia (SSTS 23-11-1999, 29-9-2003; 348/2004, de 18-3; y 481/2005, de 15-4), por lo que no puede ser objeto de modificación en esta vía casacional.
53. MARTIN SANZ. Mª CRUZ.

PIEZA Nº 335.
Es hecho probado que:

”Ha requerido para su curación o estabilización 120 días. Días de hospitalización: 8 días. Días impeditivos totales: 112 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Fractura-aplastamiento vertebral. Trastorno de estrés postraumático. Hipoacusia.”


Encuadrada en el grupo 3 solicita pasar al grupo 5. Al efecto alega las modificaciones contenidas en el informe forense de ampliación, que aumenta los puntos de dos de las tres secuelas. Asimismo invoca el informe de parte que le reconoce una incapacidad permanente parcial.
No recogiendo la Sala de instancia los puntos, por atender a otros criterios en todos los casos, no se puede afirmar que en éste, donde el informe de ampliación no añade secuelas, cuál de los dos informes forenses ha sido recogido. En cualquier caso no resulta del referido aumento de puntos en las secuelas la modificación de grupo, siendo similares a las del resto de los lesionados que se incluyen en el grupo 3.
En lo que a la incapacidad permanente parcial se refiere, baste dar por reproducido lo ya manifestado al inicio del procedimiento, añadiendo que no obra en la causa declaración de incapacidad alguna.
54. MELERO ALCÓNEZ, RAQUEL.

PIEZA Nº 1017.
Afirma probado la Sala de instancia que:

”Ha requerido para su curación o estabilización 117 días. Días de hospitalización: 4 días. Días impeditivos totales: 63 días. Días impeditivos parciales: 50 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Trastorno de estrés postraumático. Dorsalgia y cervicalgia.”


Se encuentra en el grupo 4 e interesa pasar al 5. Remite al informe forense de ampliación de 26-marzo-07 en el que constan secuelas añadidas: “acúfenos: 1 punto; trastorno depresivo: 5 puntos”. Se entiende que aunque se integrara el factum con estos dos extremos no procedería la modificación de grupo, al estar ya situada en el segundo de los grupos por gradación de importancia de las lesiones y secuelas, no resultando las referidas más graves que las de otras víctimas ubicadas en el mismo apartado.
55. D. LUIS ANTONIO MENDEZ MONTERO.

PIEZA Nº 572.
Afirma la sentencia que el Sr. Méndez Montero:

“Ha requerido para su curación o estabilización 35 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 23 días. Días impeditivos parciales: 12 días. Alcanzando la sanidad o estabilización sin secuelas”


Se encuentra en el grupo 2 y solicita pasar al grupo 5. Solo refiere informe médico de parte en el que se afirma que tiene una incapacidad permanente absoluta, informe que no obstante no consta en la pieza separada del lesionado. La insuficiencia de tales informes en los términos ya expuestos y la sujeción de la sentencia al contenido del informe médico forense impiden estimar la denuncia formulada.
56. D. RADU CIPRIAN MILOS.

PIEZA Nº 960
Declara probado la sentencia que este lesionado:

“Ha requerido para su curación o estabilización 204 días. Días de hospitalización: 24 días. Días impeditivos totales: 180 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Perjuicio. Dolor tórax. Dolor e hipoestesia brazo izquierdo”.


El Sr. Milos está en el grupo 6 y pide pasar al grupo 7 alegando la declaración de incapacidad parcial permanente, sin que conste en la pieza separada de este lesionado. La insuficiencia de dichos informes, en todo caso, en los términos manifestados más arriba, determina el rechazo de la solicitud.
57. Dª MARIA TERESA MONTERO CEBALLOS.

PIEZA Nº 441.

Es hecho probado que:

”Ha requerido para su curación o estabilización 350 días. Días de hospitalización: 43 días. Días impeditivos totales: 307 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Fractura- acuñamiento vertebral. Perjuicio estético”.
Del grupo 5 pide el paso al grupo 7. Se ampara en informe forense de ampliación de 9-4-07, en el que se añade respecto del primer informe, como secuelas “Acúfenos: 2 puntos; dorsalgia: 5 puntos; trastorno de estrés postraumático: 2 puntos”. Se remite también a informe médico de parte el que le reconocen una incapacidad permanente parcial. Examinada la pieza separada de esta lesionada no obra informe de incapacidad permanente. El grupo en el que se encuentra es el tercero por gravedad de secuelas empezando por el límite inferior. Se estima que las lesiones descritas unidas a las ahora reseñadas, de similar naturaleza no implican el cambio de grado, menos aún en dos grados como se interesa. El informe de incapacidad carece de virtualidad probatoria y sus consecuencias económicas no serían superiores a las reconocidas en sentencia.
58. D. BORJA MONTERO GONZÁLEZ.

PIEZA Nº 630.
Declara probado el Tribunal:

”Ha requerido para su curación o estabilización 492 días. Días de hospitalización: 22 días. Días impeditivos totales: 470 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Acúfenos. Disminución movilidad y fuerza brazo izquierdo. Material de osteosíntesis en brazo izquierdo. Perjuicio estético”.


Está ubicado en el grupo 5, solicita pasar al grupo 6. Argumenta al efecto que el informe forense de ampliación de 9-4-07 le reconoce además de las secuelas iniciales dolor en el brazo izquierdo: 2 puntos y le aumenta el perjuicio estético de 2 a 4 puntos. Como en casos anteriores se cita también el informe médico de parte que declara que tiene una incapacidad permanente total. Examinada la pieza correspondiente no consta declaración de incapacidad, tan sólo aparece un informe médico, previo al informe forense, en el que se constata el agotamiento del tiempo de incapacidad temporal. Las razones expuestas respecto del informe de incapacidad y la insuficiencia de la secuela añadida para producir la modificación de grupo determina la improcedencia de la petición.
59. D. ANTONIO MONTES TORRES.

PIEZA Nº 231.
Declara probado la sentencia que el Sr. Montes Torres:

“Ha requerido para su curación o estabilización 115 días. Días de hospitalización: 4 días. Días impeditivos totales: 111 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Acufenos. Trastorno de estrés postraumático.”


Desde el grupo 4 pide la inclusión en el grupo 5. Se apoya en informe médico de parte de los Drs. Fuentes y de Miguel que declaran sufre una incapacidad permanente parcial. El informe forense de ampliación de 10 de abril de 2007 añade a las secuelas anteriores, consignadas en la sentencia “trastorno adaptativo: 5 puntos”, sin duda, estrechamente relacionado con el ya reconocido “estrés postraumático”. El grupo 4 que abarcó las secuelas recogidas en la sentencia, comprende, sin duda, también esta otra. No se justifica la modificación del grupo, ni se podrá estimar la pretensión.
60. D. CARLOS MARIA MONTORIO CERRATO,.

PIEZA Nº 522.
Es hecho probado que don Carlos María:

“Ha requerido para su curación o estabilización 400 días. Días de hospitalización: 18 días. Días impeditivos totales: 350 días. Días impeditivos parciales: 32 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Disminución movilidad muñeca izquierda. Material de osteosíntesis brazo izquierdo. Dolor pie izquierdo. Perjuicio estético”.


Don Carlos Montorio aparece en el grupo 5 y pide el paso al grupo 6 apoyado, en el informe médico de parte, que no consta en la pieza separada, que le reconocen una incapacidad permanente parcial. Repetidas las razones que impiden a este informe modificar el factum, la pretensión debe ser desestimada.
61. Dª CARMEN MUNILLA LEZANA.

PIEZA Nº 837.
Declara la Sala de instancia como hecho probado que la Sra. Munilla Lezana:

“Ha requerido para su curación o estabilización 358 días. Días de hospitalización: 63 días. Días impeditivos totales: 295 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Perforación timpánica bilateral. Disminución de la agudeza auditiva. Vértigos. Alteración estática de la cintura escapular. Retracción cicatricial. Hundimiento del hemitorax derecho. Perjuicio estético. Trastorno por estrés postraumático”.


Del grupo 6 pide pasar al grupo 7, como otros recurrentes invocando incapacidad permanente parcial reconocida en informe médico de las Dras. Fuentes y Dorado.
Obra a los folios 46 y ss sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Guadalajara en la que se reconoce en fecha 6 de febrero de 2006 una incapacidad permanente parcial. Siendo susceptible de recurso de suplicación no consta si se formalizó o devino firme. En cualquier caso por las razones vistas, la Sala no ha atendido a los grados de invalidez en la fijación de las grupos y el grupo en el que se encuentra recibe una indemnización muy superior a la que establece el baremo, siendo la concedida de 70.000 euros por las secuelas y la consignada en el baremo de un máximo algo superior a 17.000 euros, no puede estimarse la petición.
62. Dª MARIA ISABEL NAVARRO HERNANDO.

PIEZA Nº 233.
Se declara probado en la sentencia que la lesionada:

“Ha requerido para su curación o estabilización 120 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 120 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización las siguientes secuelas: Trastorno de estrés postraumático. Hipoacusia”.


Situada en el grupo 4 interesa que se le reconozcan un número mayor de días de invalidez de los consignados por el médico forense. Refiere que aporta documentación al respecto. Como no desconoce el recurrente no existe cauce alguno en el recurso de casación que permita aportar nueva prueba no sometida al Tribunal de instancia, desde luego, no contempla esa posibilidad la vía prevista por el art. 849.2º. La petición no puede ser acogida.

63. D. JULIAN NEVADO MAROCO.

PIEZA Nº 371.
Declara probado el Tribunal que el Sr. Nevado Maroco:

”Ha requerido para su curación o estabilización 45 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 45 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Acúfenos”.


Se encuentra en el grupo 3 y solicita pasar al grupo 5. Al efecto remite al informe forense de ampliación de 27-3-07 en el que se le reconoce “estrés postraumático: 1 punto” y se aumenta de 3 a 5 puntos la hipoacusia y acúfenos de 1 a 2 puntos. Asimismo, remite al informe médico de parte, en el que se le reconoce una incapacidad permanente parcial, informe que obra al folio 34 de la pieza, no emanando del INSS carece de validez a los efectos que se pretende.

Como se ha señalado respecto de otros recurrentes, las modificaciones referidas al último informe forense no implican un cambio en las secuelas que permita considerar que exceden del ámbito de las previstas, en este caso, en el grupo 3 en el que está comprendido este lesionado. Respecto del informe de incapacidad se reitera igualmente su insuficiencia probatoria e inidoneidad para alterar significativamente el factum.


64. D. CARLOS OLIVA MARTÍNEZ.

PIEZA 158.
La Sala declara probado que don Carlos Oliva:

“Ha requerido para su curación o estabilización 166 días. Días de hospitalización: 16 días. Días impeditivos totales: 150 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Acúfenos. Leve midriasis media reactiva. Material de osteosíntesis. Zona de anestesia a nivel nervio infraorbitario izquierdo. Algias postraumáticas vertebrales. Trastorno de estrés postraumático. Perjuicio estético”.

Se encuentra situado en el grupo 6 e interesa el paso al grupo 7. Alega al efecto que ha sido declarado no apto para el servicio en las Fuerzas Armadas, así como informe médico de evaluación de condiciones psicofísicas emitido por la Junta Médico Pericial Ordinaria del Ministerio de Defensa. Igualmente remite al informe médico de parte en el que se refiere que ha quedado en situación de incapacidad permanente total fijando unos días distintos para su curación.
Sin embargo, no consta nada de lo referido en la pieza separada, tras su examen, ni informe médico del Ministerio de Defensa ni pericia médica privada. Por el contrario obra al folio 45 de la pieza informe médico forense de sanidad conforme con los hechos probados. La pretensión no puede ser acogida.
65. D. JUAN JESÚS OLMO GUERRERO.

PIEZA 518.
Asimismo se afirma que Don Juan Jesús:

“Ha requerido para su curación o estabilización 520 días. Días de hospitalización: 420 días. Días impeditivos totales: 100 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización las siguientes secuelas. Deterioro funciones cerebrales integradas. Hemianopsia bitemporal. Hipoacusia. Perjuicio estético”.


Está en el grupo 12 y solicita que se revise el quantum de los “grandes lesionados” piden 3 millones de euros. Estos lesionados aparecen en el grupo 12 de la sentencia. Solicitan mayor indemnización por las secuelas sufridas. Sin embargo la determinación del quantum indemnizatorio derivado de una acción delictiva constituye un tema que concierne al prudente arbitrio del los Tribunales de instancia (SSTS 23-11-1999, 29-9-2003; 348/2004, de 18-3; y 481/2005, de 15-4), por lo que no puede ser objeto de modificación en esta vía casacional.
66. Dª MARTA MARÍA ORTÍZ ABAN.

PIEZA Nº 463.
Consta en los hechos probados que la Sra. Ortiz Aban:

“Ha requerido para su curación o estabilización 354 días. Días de hospitalización: 98 días. Días impeditivos totales: 256 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: “Hipoacusia. Acúfenos. Fractura dentales. Hombro doloroso. Disminución movilidad hombro derecho. Acortamiento de extremidad inferior derecha. Material de osteosíntesis en fémur. Gonalgia y dolor tobillo postraumáticos. Disminución de movilidad tobillo derecho. Cuerpos extraños en diversas partes del cuerpo con molestias y posible extracción en futuro. Pérdida de sensibilidad en hemicara derecha, hombro y rodilla derecha. Disminución movilidad hemicara derecha y labio superior. Perjuicio estético”.


Se encuentra en el grupo 8 e interesa que se la incluya en el grupo 9. Cita informe médico en el que se le reconoce una incapacidad parcial permanente. Examinada la causa no obra en la misma documento que acredite dicho extremo. Por las consideraciones generales formuladas al inicio de este motivo, se deberá rechazar la petición.
67. D. JUAN CARLOS PARRA MOYA.

PIEZA Nº 1156.
Declara probado el Tribunal que el lesionado:

"Ha requerido para su curación o estabilización 93 días. Días de hospitalización: 2 días. Días impeditivos totales: 91 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con la siguiente secuela: Hipoacusia”.


Situado en el grupo 3 solicita en este recurso pasar al grupo 6. Cita informe médico de la Dras. Fuentes y Dorado que le reconocen una incapacidad permanente total. Asimismo remite al informe forense de ampliación que eleva la hipoacusia de 1 a 4 puntos y añade acúfenos: 2 puntos y síndrome postconmocional 5 puntos.
Como en otros casos, examinada la causa no obre informe médico refiriendo incapacidad permanente. En todo caso, dicho documento de parte adolecería de las insuficiencias reseñadas con carácter general para producir modificación fáctica con consecuencias jurídico-económicas.
Por lo demás, las secuelas son similares a las de otros lesionados incluidos en el mismo grupo, debiendo estimarse comprendidas en él y no determinando la modificación solicitada.
68. D. ANDRÉS PURIZAGA FERNÁNDEZ.

PIEZA Nº 761.
Se declara probado en la sentencia que el lesionado:

"Ha requerido para su curación o estabilización 150 días. Días de hospitalización: 3 días. Días impeditivos totales: 147 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Acúfenos. Elevación hemidiafragma”.


El Sr. Purizaga se encuentra en el grupo 4 e interesa pasar al grupo 6. Se remite al informe de los Drs. Fuentes y de Miguel que le reconoce una incapacidad permanente temporal. Igualmente cita informe forense de ampliación de 27-3-07. En éste se eleva la hipoacusia de 4 a 6 puntos y se añade como sacuelas “insuficiencia respiratoria: 5 puntos; agravación de artrosis previa: 3 puntos; perjuicio estético: 3 puntos”. Reconociendo, obviamente, el personal gravamen que supone para éste, como para el resto de los lesionados, cada uno de los padecimientos consecuencia del atentado terrorista objeto de enjuiciamiento, lo cierto es que en una valoración de las secuelas la variación entre las consignadas en la sentencia y las fijadas en el informe de ampliación del facultativo forense, no conlleva una variación de grupo. Constatada la omisión la integración del factum no implicaría el paso a otro grupo con mayor indemnización.
69. D. JESÚS RAMÍREZ CASTANEDO.

PIEZA Nº 665.
Declara probado el Tribunal que don Jesús Ramírez:

“Ha requerido para su curación o estabilización 290 días. Días de hospitalización: 20 días. Días impeditivos totales: 270 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Acúfenos. Vértigo. Trastorno de estrés postraumático. Trastorno adaptativo. Disminución de movilidad de hombro izquierdo. Dolor hombro izquierdo. Restos de metralla. Perjuicio estético”.


Del grupo 8 en que se encuentra solicita pasar al grupo 9. Refiere como documental informe médico de parte en el que se le reconoce una invalidez permanente absoluta. Examinada la causa consta informe médico psiquiátrico, que cuestiona la reversibilidad de la situación del lesionado. El informe médico forense, con posterioridad al psiquiátrico, reconoce estrés postraumático (2 puntos) (folio 150 de la pieza) lo que resulta contradictorio con la pretendida invalidez absoluta. La insuficiencia de la prueba para acreditar error facti, junto a la constatación de haber obtenido una indemnización conforme con lo establecido en el baremo, para el caso de que hubiera mediado reconocimiento de la misma, por el INSS y de haber sido ese el criterio seguido por la Sala, debe determinar el rechazo del motivo.
70. Dª ANA ISABEL RAMOS CABANES.

PIEZA Nº 2394.
Declara probado la sentencia que doña Ana Isabel:

“Ha requerido para su curación o estabilización 45 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 45 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Trastorno por estrés postraumático”.


Del grupo 3 pide pasar al 5 alegando al efecto informe médico de parte que le reconoce una invalidez permanente absoluta. Asimismo designa particulares del informe forense de ampliación de 26-2-07, en el que además del trastorno por estrés postraumático recogido en la sentencia que se sube de 1 a 3 puntos, se añade “síndrome postconmocional: 7 puntos”. Como se señaló en casos anteriores los documentos citados resultan insuficientes para modificar el grupo en el que se sitúa esta lesionada.
71. Dª ROSA MARÍA REGAL ALMENARA.

PIEZA Nº 458.
Refiere la Sala de instancia que doña Rosa María:

“Ha requerido para su curación o estabilización 240 días. Días de hospitalización: 24 días. Días impeditivos totales: 216 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Acúfenos. Material de osteosíntesis facial. Restos de metralla diversos. Lesión rama sensitiva nervio radial brazo derecho. Pérdida de sensibilidad facial. Trastorno por estrés postraumático. Trastorno adaptativo. Algias cervicodorsales. Perjuicio estético”.


Encontrándose en el grupo 7 de la sentencia, solicita pasar al grupo 8. Designa informe médico de parte en el que se dice que se encuentra en situación de incapacidad permanente parcial, sin embargo examinada la pieza separada de esta víctima no se encuentra la acreditación documental de tal invalidez. Las razones iniciales expuestas impiden la acogida de la denuncia.
72. Dª MARIA PAZ RINCÓN DIAZ.

PIEZA Nº 1881.
Declara probado la sentencia que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 30 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 30 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Trastorno por estrés postraumático”.


Situada en el grupo 3 recurren interesando pasar al grupo 4. Cita informe médico forense de ampliación en el que además del estrés postraumático apreciado en la sentencia se le reconoce trastorno ansioso depresivo reactivo: 6 puntos. Igualmente refiere informe médico de parte en el que se refiere incapacidad permanente total. Ambos documentos obran en la pieza, pero resultan insuficientes para pasar a la lesionada al grupo 4 solicitado, por cuanto la nueva secuela está en consonancia con las incluidas en el grupo 3, y el reconocimiento de la incapacidad permanente total exige la correspondiente resolución oficial.
73. D. TOMÁS RODRÍGUEZ GÓMEZ.

PIEZA Nº 1529.
Es hecho probado que el lesionado:

“Ha requerido para su curación o estabilización 87 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 87 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización sin secuelas”.


Se encuentra en el grupo 2 de la clasificación de la sentencia e interesa pasar al grupo 5.
Señala informe médico de parte en el que se añaden como secuelas: "Agravamiento de artrosis previa: 3 puntos. Protusión discal C6-C7 con sintomatología: 10 puntos. Periartritis escaulo-humeral derecha: 5 puntos. Limitación del 28% ala ablución activa del hombro derecho: 3 puntos. Limitación del 30 % a la flexión del hombro derecho: 5 puntos. Limitación del 65% a la rotación interna del hombro derecho: 4 puntos. Síndrome de estrés postraumático moderado: 3 puntos. Perjuicio estético: 12 puntos.
Asimismo refiere que el informe médico legal a consecuencia de las lesiones le reconoce una incapacidad permanente parcial.
Obra en la pieza separada informes médico forenses de 13-6-06 y 10-4- 07 que sustentan el relato de hechos que la sentencia declara probados. Así como los referidos informes médicos de parte (fs.108 y ss. de la pieza). Precisamente la constatación de informes médicos contradictorios, el de los facultativos forenses y el de parte, impiden que ahora en sede casacional se acoja la denuncia con haciendo prevaler el informe contrario al que ha sido acogido por el Tribunal en su declaración de hechos probados.
En lo que a la invalidez permanente parcial concierne nos remitimos a las consideraciones generales realizadas al inicio para sustentar que tampoco permite modificación significativa de hechos probados. La petición no puede ser acogida.

74. D. ANTONIO ROMERO HERMIDA.

PIEZA Nº 729.
El Sr. Romero Hermida ha formalizado recurso junto con otras siete víctimas del atentado, por medio de D. J. Pedro Vila González, Procurador de los Tribunales, por lo que procede remitir a lo manifestado al contestar a dicho recurso.
75. Dª MARÍA ELENA SAÍZ MARTÍNEZ.

PIEZA 367.
Como hecho probado consta en la sentencia que doña María Elena: “Ha requerido para su curación o estabilización 231 días. Días de hospitalización: 8 días. Días impeditivos totales: 223 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Amputación de 4º y 5º dedo de mano izquierda. Desinserción iridiana. Déficit de agudeza visual. Trastorno de estrés postraumático. Perjuicio estético”.
Del grupo 7 en el que se encuentra solicita pasar al grupo 8. Discrepa de los días que se le han reconocido en la sentencia como plazo de curación y designa informe médico de parte en el que se fijan 372 días de curación, (8 días de hospitalización y 364 impeditivos totales). Del mismo informe designa el reconocimiento de una situación de incapacidad permanente total. No consta en la pieza separada el informe médico referido. Por el contrario al folio 35 aparece informe médico forense de fecha 27-2-07, conforme con el tiempo de curación que se fija en los hechos probados, así como con las secuelas. Aunque se aceptara la existencia de ese informe nos encontraríamos con dos pruebas contradictorias lo que impediría la apreciación del error de hecho denunciado. La petición debe ser rechazada.

76. Dª MARIA DEL CARMEN SALIDO OLID.

PIEZA Nº 689.
Declara probado la sentencia que la Sra. Salido:

“Ha requerido para su curación o estabilización 360 días. Días de hospitalización: 25 días. Días impeditivos totales: 335 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización las siguientes secuelas: Hipoacusia. Trastorno de estrés postraumático. Algias en diversas partes del cuerpo. Parestesias en piernas. Perjuicio estético”.


La recurrente interesa su inclusión en el grupo 7 con base en las nuevas secuelas aparecidas en el informe de ampliación de 16-4-07 y en el informe médico de parte de la Dra. Fuentes, relativo a la incapacidad permanente parcial de la lesionada.
En cuanto a las secuelas reconocidas en el dictamen de los médicos forenses, de 16-4-2007, cabe señalar que están en consonancia con el resto de las lesiones ubicadas en el grupo 6.
Respecto del informe de la Dra. Fuentes, se trata de un informe de parte, que no obra en la pieza separada y, como ya se ha señalado anteriormente, no resulta hábil a efectos de apreciar la incapacidad permanente parcial.
77. SAN SEGUNDO JIMÉNEZ, EDUARDO.

PIEZA Nº 361
La sentencia declara probado, que D. Eduardo San Segundo:

“Ha requerido para su curación o estabilización 91 días. Días de hospitalización: 1 días. Días impeditivos totales: 90 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Vértigo. Cervicalgia. Trastorno de estrés postraumático”.


El recurrente interesa su inclusión en el grupo 5 con base a las nuevas secuelas apreciadas en el informe de ampliación de 16-4-2007 y en el informe emitido por la Dra. Dª Paloma Fuentes, relativo a la imparcialidad permanente parcial del lesionado.
Por lo que se refiere a las secuelas reconocidas en el informe forense citado se encuentran en consonancia con el resto de las lesiones ubicadas en el grupo 4.
Respecto del informe médico de parte, como se ha señalado en otros casos, no resulta hábil a efectos de apreciar la incapacidad permanente parcial.
78. Dª ANTONIA SÁNCHEZ ANTEQUERA.

PIEZA Nº 682.
Se declara probado en la sentencia respecto de este lesionado que: "Ha requerido para su curación o estabilización 373 días. Días de hospitalización: 20 días. Días impeditivos totales: 353 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Deterioro de las funciones cerebrales superiores integradas de grado grave. Persistencia de cuerpos extraños. Trastorno por estrés postraumático. Perjuicio estético”.
La recurrente se designa como documento un escrito presentado el 3-9-2007, en orden a apreciar su incapacidad permanente absoluta.
Examinada la pieza separada de esta lesionada no obra la resolución indicada por la Sra. Sánchez Antequera.
En todo caso, procede indicar que el 3-9-2007 el juicio ya había concluido. El motivo debe ser desestimado para esta recurrente.
79. Dª SONIA MARÍA SÁNCHEZ FARIÑA.

PIEZA Nº 480
En los hechos probados se lee:

“Ha requerido para su curación o estabilización 517 días. Días de hospitalización: 137 días. Días impeditivos totales: 380 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Pérdida de pabellón auditivo derecho y deformidad del izquierdo. Perforación timpánica derecha. Insuficiencia respiratoria restrictiva. Síndrome postconmocional. Síntomas de lesión medular leve. Algias vertebrales. Trastorno de estrés postraumático. Trastorno depresivo. Pendiente de varias cirugías reparadoras. Perjuicio estético.


Interesa que se la incluya en el grupo 12 sobre la base del informe médico de las Dras. Fuentes y Dorado, de fecha 30-9-06, que reconoce en la lesionada una situación de incapacidad permanente absoluta.
Examinada la pieza separada obra Resolución de la Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 2-11-2005, en la que se califica a la lesionada como incapacitada permanente en el grado de absoluta.
Como ha quedado expresado en otros supuestos la indemnización concedida por importe de 750.000 euros incluye la incapacidad absoluta que presenta la recurrente a la vista de la previsión efectuada por el baremo para casos de invalidez absoluta, más aún, cuando dicha indemnización es compatible con otras reconocidas en la legislación vigente, tal y como señala el auto de aclaración de la sentencia objeto de recurso de fecha 22-11-07.
80. Dª MONICA SÁNCHEZ GARCIA.

PIEZA Nº 507.
Declara probada la sentencia para esta lesionada que:

"Ha requerido para su curación o estabilización 528 días. Días de hospitalización: 28 días. Días impeditivos totales: 500 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Trastorno de estrés postraumático. Algias en espalda. Algias y alteración movilidad pie. Hipoestesia planta pie izquierdo. Material de osteosíntesis. Síndrome posconmocional. Perjuicio estético. Interrupción del embarazo: - En primer trimestre. - La informada tenía un hijo.”


La Sra. Sánchez García se encuentra en el grupo 8 de la graduación de la sentencia e interesa en este motivo su inclusión en el grupo 9. A tal fin invoca informe médico legal de parte de fecha 11 de noviembre que le reconoce una incapacidad permanente total.
Examinada la pieza separada correspondiente a esta lesionada no consta en ella el referido informe. Sí obra al folio 38 informe médico de ampliación en los términos consignados en la sentencia. Dicho informe es de fecha 9-4-2007. La solicitud formulada no puede ser acogida en primer lugar por no constar el informe invocado, como ya se ha dicho, pero además tampoco podría estimarse puesto que existe otra prueba, informe médico forense que no recoge las precisiones pretendidas por la recurrente. También impide la acogida la falta de idoneidad de un informe de parte para acreditar la situación de invalidez invocada. Finalmente, encontrándose en el grupo 8, al que la sentencia reconoce una indemnización por secuelas de 110.000 euros, no puede desconocerse que dicha cuantía ya se encuentra dentro de la prevista para la invalidez permanente total en el baremo referido.

81. Dª HERMENEGILDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ .

PIEZA Nº 783.
Respecto de esta lesionada declara la sentencia que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 400 días. Días de hospitalización: 254 días. Días impeditivos totales: 146 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Disminución de agudeza visual. Hemiparexia izquierda grave. Pérdida de casi la totalidad del cuadriceps derecho. Pérdida de sustancia ósea que requiere craneoplastia. Persistencia de material. Trastorno adaptativo. Perjuicio estético”.


Solicita mayor indemnización por las secuelas sufridas. Sin embargo, como ya se ha manifestado para otros recurrentes que se encuentran en igual situación y solicitan la misma modificación, la determinación del quantum indemnizatorio derivado de una acción delictiva constituye un tema que concierne al prudente arbitrio del los Tribunales de instancia (SSTS 23-11-1999, 29-9-2003; 348/2004, de 18-3; y 481/2005, de 15-4).
82. Dª TERESA SANZ ARROYO.

PIEZA 265.
La sentencia afirma que esta lesionada:

“Ha requerido para su curación o estabilización 60 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 60 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con la siguiente secuela: Trastorno de estrés postraumático.”


La recurrente remite al informe médico de parte en el que se le reconocen secuelas distintas, además de 651 días para curación e incapacidad permanente absoluta. En la pieza separada no obra dicho informe. Por el contrario sí consta informe médico forense en el que se apoya la Sala de instancia de 27-2-06, valorado en la sentencia consecuentemente. Procede rechazar la petición de modificación del grupo 3 al grupo 6 en la graduación de la sentencia.
83. D. MARTÍN JOSÉ SANZ BELARRA.

PIEZA 254.
Declara probado la sentencia que:

"Ha requerido para su curación o estabilización 325 días. Días de hospitalización: 25 días. Días impeditivos totales: 300 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización las siguientes secuelas: Hipoacusia. Amputación de brazo derecho. Dolor crónico de alta complejidad en muñón y síndrome de miembro fantasma. Algias diversas. Trastorno de estrés postraumático. Trastorno depresivo. Pérdida movilidad y anestesia de 5º dedo mano izquierda. Perjuicio estético”.


Interesa el recurrente que se le reconozca una incapacidad permanente absoluta y se le incluya en el grupo 11 de la sentencia.
El informe del hospital 12 de octubre de 22-2-05, indica que el Sr. Sanz Belarra sufre dolor crónico de alta complejidad y trastornos cognitivos conductuales, síntomas que incapacitan e invalidan al paciente para el trabajo.
Su asignación para el grupo 10 le concede una indemnización por secuelas de 500.000 euros, cantidad muy superior a la concedida por el baremo. Puede decirse que el motivo carece de practicidad, al no implicar modificación de cuantía, aparte de otras consideraciones generales formuladas.
84. D. MANUEL SORIA ZARAGOZA

PIEZA nº 1529.
Afirma probado la sentencia que este lesionado:

"Ha requerido para su curación o estabilización 60 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 0 días. Días impeditivos parciales: 60 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con la siguiente secuela: Trastorno de estrés postraumático”.


Solicita pasar del grupo 4 al 5 dado que el informe médico ampliatorio de 10-4-07, incluye además de la secuela recogida en el relato fáctico, la de hipoacusia: 2 puntos.
Esta última secuela está, sin embargo, en consonancia con las referidas en el grupo 4, en el que se encuentra el lesionado, por lo que no puede acogerse la petición formalizada en el recurso.
85. Dª ANTONIA SORIANO GARCÍA.

PIEZA 561.
Declara probado la sentencia que esta lesionada:

“Ha requerido para su curación o estabilización 5 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 1 día. Días impeditivos parciales: 4 días. Alcanzando la sanidad o estabilización sin secuelas”.


Interesa que se modifique el factum haciendo constar 90 días impeditivos y las siguientes secuelas: disminución de agudeza auditiva; acúfenos; trastorno depresivo reactivo; trastorno de estrés postraumático y perjuicio estético.
En efecto, en la pieza separada obra informe de los médicos forenses de 16-10-06 en los términos expuestos.
Partiendo de la modificación del relato de hechos, la consecuencia será el cambio de grupo desde el 1 en el que se encuentra al grupo 4, cuyos integrantes presentan secuelas semejantes a las de la recurrente. La pretensión debe ser acogida.
86. D. ROBERTO TEXEIRA DA SILVA.

PIEZA 683.
Se lee en la sentencia:

“Ha requerido para su curación o estabilización 150 días. Días de hospitalización: 13 días. Días impeditivos totales: 137 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Cuerpo extraño pie. Hipoacusia. Fractura de piezas dentarias”.


Interesa que se modifique el factum, añadiendo las siguientes secuelas: “acúfenos; hipoestesia en labio superior; y perjuicio estético”.
El lesionado se encuentra en el grupo 3 e interesa su inclusión en el grupo 5. Examinada la pieza separada obra en la misma informe médico forense de 27-3-07, en el que se reconocen las mencionadas secuelas. La integración de hechos se estima, ciertamente, relevante de forma que estima este Ministerio Público debe clasificarse el lesionado en el grupo nº 4, cuyos integrantes presentan secuelas semejantes a las del recurrente, a tenor del informe médico forense de referencia.


87. Dª ANA MARÍA TENAJAS DE LA CRUZ.

PIEZA Nº 510.

Se puede leer en la sentencia, que Dª Ana María:

“Ha requerido para su curación o estabilización 340 días. Días de hospitalización: 40 días. Días impeditivos totales: 300 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia derecha. Acúfenos. Material de osteosíntesis facial. Afectación nervio facial. Pérdida sensibilidad de cuero cabelludo. Disminución movilidad 5º dedo mano izqda. Disminución movilidad 1º dedo de pie izqdo. Trastorno de estrés postraumático. Perjuicio estético”.
Designa la recurrente informe médico de parte en el que se refieren 508 días de curación y se declara la incapacidad permanente total de la perjudicada.
La Sala de instancia, en el ámbito de su competencia, ha atendido al informe médico forense de 5-7-06. No consta resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Todo lo cual unido a las consideraciones generales realizadas hace inviable la denuncia casacional ahora estimada.
88. Dª NATALIA TOMASEVSCAIA TUCIACOVA.

PIEZA Nº 942.
Se declara probado en la sentencia respecto de esta lesionada:

“Ha requerido para su curación o estabilización 360 días. Días de hospitalización: 26 días. Días impeditivos totales: 334 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Limitación movilidad tobillo derecho. Limitación movilidad rodilla derecha. Dolor pierna derecha. Dolor cicatriz pie izquierdo. Perjuicio estético”.


Interesa que se aprecien las secuelas del informe de ampliación de 10-4-07, y la incapacidad permanente total estimada en el informe médico aportado por la lesionada.
Si bien es cierto que la Sala de instancia no ha tenido en cuenta el último informe de los médicos forenses de 10-4-07, también lo es que las nuevas secuelas están en consonancia con las lesiones sufridas por los integrantes del grupo 7, donde ha situado el Tribunal “a quo” a la recurrente. En cuanto a la incapacidad que alega. Al margen de otras consideraciones no consta resolución del INSS que la reconozca.
La solicitud debe ser rechazada.
89. D. RAFAEL TORTEJADA FRANCISCO.

PIEZA Nº 502.
Se declara probado respecto de este acusado que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 198 días. Días de hospitalización: 18 días. Días impeditivos totales: 180 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Acúfenos. Material de osteosíntesis facial. Trastorno de estrés postraumático. Hipoestesia área infraorbitario izquierdo. Perjuicio estético”.


Interesa el recurrente que se le reconozca invalidez permanente total, de conformidad con un informe médico de parte.
Consta en la pieza separada resolución de la Dirección Provincial del INSS, de 22-6-05, por la que se deniega la prestación de incapacidad permanente. En tal situación no procede plantearse la modificación requerida.
Tampoco ahora podrá acogerse la solicitud realizada en el recurso.
90. D. ANTONIO MIGUEL UTRERA BLANCO.

PIEZA 508.
La sentencia declara probado respecto de este recurrente que:

"Ha requerido para su curación o estabilización 500 días. Días de hospitalización: 100 días. Días impeditivos totales: 400 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Hemiparexia izquierda. Pérdida de sustancia ósea que requiere craneoplastia. Crisis comiciales. Limitación de la apertura bucal. Trastorno depresivo reactivo. Trastorno por estrés postraumático. Perjuicio estético”.


Solicita que se revise el quantum de los “grandes lesionados” piden 3 millones de euros. Estos lesionados aparecen en el grupo 12 de la sentencia. Solicitan mayor indemnización por las secuelas sufridas. Sin embargo la determinación del quantum indemnizatorio derivado de una acción delictiva constituye un tema que concierne al prudente arbitrio del los Tribunales de instancia (SSTS 23-11-1999, 29-9-2003; 348/2004, de 18-3; y 481/2005, de 15-4), por lo que no puede ser objeto de modificación en esta vía casacional.
91. D. ÁNGEL VILLENA QUINTERO.

PIEZA Nº 153.
Se afirma en la sentencia que el Sr. Villena Quintero:

“Ha requerido para su curación o estabilización 150 días. Días de hospitalización: 7 días. Días impeditivos totales: 143 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Agravación de artrosis previa. Perjuicio estético“.


Interesa que se aprecien las lesiones recogidas en el informe médico de ampliación. Asimismo, el Sr. Villena solicita que se reconozca su situación de incapacidad permanente parcial.
En efecto, en la pieza separada obra informe de los médicos forenses, de fecha 10-4-2007, en el que se modifica el informe de sanidad previo, indicando como secuelas las siguientes: hipoacusia, acúfenos, agravación de artrosis previa, trastorno de estrés postraumático y perjuicio estético”.
Pero lo cierto es que las mencionadas secuelas están en consonancia con las apreciadas a otras víctimas incluidas en el grupo 4. Por lo demás, no consta resolución del órgano competente, que acuerde la incapacidad permanente parcial del perjudicado.
El motivo para este recurrente debe ser desestimado.
92. D. TERESA YAGÜE PÉREZ.

PIEZA 700.
Declara la sentencia que Dª Teresa Yagüe:

Ha requerido para su curación o estabilización 566 días. Días de hospitalización: 116 días. Días impeditivos totales: 450 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Acúfenos. Pierna derecha catastrófica. Material de osteosíntesis. Algias en pierna derecha. Trastorno depresivo. Trastorno de estrés postraumático. Perjuicio estético”.


Interesa que se incluya en los hechos que se encuentra en situación de incapacidad permanente absoluta con base en el informe médico de parte aportado.
Dado que la recurrente ha sido incluida en el grupo 11, no puede por menos de estimarse que dicha clasificación y la indemnización acordada 750.000 euros más 30.000 euros generales, por secuelas) comprende y va más allá de la incapacidad alegada, aunque el criterio para la estructurar los grupos no mencionara los diversos tipos de incapacidad.
No puede acogerse la pretensión.
93. D. JOSÉ ZAFRA TORRES.

PIEZA Nº 494.
Declara probado la sentencia que este lesionado:

"Ha requerido para su curación o estabilización 90 días. Días de hospitalización: 11 días. Días impeditivos totales: 35 días. Días impeditivos parciales: 45 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Trastorno estrés postraumático. Acúfenos”


Interesa que se le aprecie como secuela la agravación de artrosis previa, de acuerdo con informe médico forense, de 10-4-2007.
En efecto, el mencionado informe añade a las secuelas de los hechos probados la existencia de esa agravación, si bien se estima que esto no supone cambio de grupo, pues tales secuelas están en consonancia con las lesiones de otras personas del mismo grupo 3 en que se encuentra este recurrente. Para él el motivo también debe ser rechazado.
94. D. ÁNGEL ZURIAGA NAVA.

PIEZA Nº 836.
Refiere la sentencia que el Sr. Zuriaga Nava:

“Ha requerido para su curación o estabilización 154 días. Días de hospitalización: 4 días. Días impeditivos totales: 150 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Acúfenos. Trastorno de estrés postraumático.”


Interesa que se le declare que tiene reconocida una incapacidad permanente total.
Es lo cierto que en la pieza separada obra resolución del Director Provincial del INSS, de fecha 30-5-2005, que en la que se declara su incapacidad permanente total. Situación esta que excede de las previsiones contempladas en el grupo 3 de la clasificación de la Sala de instancia, por lo que se estima más adecuada su ubicación en el grupo 6 de la sentencia, tal y como se solicita.
El recurso para él debe ser estimado.
95. D. EVA MARÍA BLAS BUESA.

PIEZA 17.
Declara probado la sentencia que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 90 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 90 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Acúfenos. Trastorno por estrés postraumático.”


Solicita que se le aprecie la situación de incapacidad permanente total con base en una resolución aportada el 3-9-2007. Examinada la pieza, no consta aportada dicha documentación, ni resolución alguna que declare su incapacidad permanente total. Carece pues de sustento la pretendida modificación de grupo, no podrá reconocérsele el paso del 3 al 5 como solicitaba.

96. D. ANTONIO SÁNCHEZ DÍAZ.

PIEZA Nº 3383.
Declarara probado la sentencia respecto de este lesionado:

“Ha requerido para su curación o estabilización 90 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 90 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Acúfenos. Trastorno de estrés postraumático. Trastorno depresivo.”


Señala el recurrente que con fecha 3-9-2007 aporta resolución declarando su incapacidad permanente total, solicita que como consecuencia se le pase del grupo 5 al 7: Examinada la pieza, no consta la referida resolución. No procede por tanto hacer ninguna precisión más para denegar lo requerido.
RECURSO FORMALIZADO POR DON FRANCISCO JAVIER TEJEDOR MARTÍNEZ.
MOTIVO PRIMERO.
Por la vía del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba.
La sentencia declara probado que el Sr. Tejedor Martínez;

“Ha requerido para su curación o estabilización 45 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 45 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización sin secuelas.” Está por lo mismo incluido en el grupo 2 de la clasificación de la sentencia.


Sin embargo, considera el recurrente que la Sala de instancia incurre en error de hecho al no tener en cuenta la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta de la Audiencia Nacional que establece 91 días de incapacidad y 5 puntos de secuelas. Aclara el recurrente que aporta la sentencia como prueba documental adjunta al presente recurso.
Impugnación
No existe previsión alguna de práctica o aportación de prueba en sede casacional. Dicha aportación no tiene encaje en la vía del art. 849 Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tampoco puede estimarse el reproche a la Sala de instancia por no valorar un documento que no tiene a su disposición- de la formalización del recurso sólo queda constancia de su aportación en esta fase- con independencia del valor que pueda reconocérsele.
Respecto de ello no se puede obviar que las sentencias de otros tribunales no tienen carácter de prueba documental a los efectos del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Solo cabe pues concluir la imposibilidad de acoger la queja casacional formulada.

MOTIVO SEGUNDO.
Por la vía del art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia infringido el art. 24 de la CE en tanto proclama el derecho a la tutela judicial efectiva. Considera el recurrente que se ha producido indefensión en tanto no se ha valorado la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo ya referida y se ha impedido alegar lo que al derecho de la parte conviniera.
Impugnación
Ya se ha manifestado en el motivo anterior que no deja el recurrente constancia en su escrito de formalización del momento en que aportó esa sentencia, además de hacerlo en este recurso, ni si se inadmitió su aportación. En tales términos no resulta posible estimar indefensión alguna y, como el anterior, este motivo debe ser rechazado.
RECURSO FORMALIZADO POR LA REPRESENTACIÓN DE DON GONZALO VILLAMARIN BARREDO, DOÑA KATERINE PALACIOS LOPERA. DON MIGUEL SÁNCHEZ MONTILLA. DOÑA RAQUEL DEL CASTILLO MAILLO. DON ROBERTO CARRILLO PRIETO. DON ANTONIO ROMERO HERMIDA. DON IGNACIO GONZÁLEZ DE CASTRO, DON SORIN CONSTANTIN PADUREANU BURCI.
MOTIVO SEGUNDO
Los siguientes recurrentes lo son en condición de perjudicados por haber resultado lesionados, formalizan el recurso por la vía del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estimando que la Sala ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba así como al amparo del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesando que se declare la errónea aplicación de la norma penal.
Impugnación
Se altera el orden de contestación de los motivos del recurso por resultar más acorde con su naturaleza y ámbito a tenor de la regulación en la Ley procesal penal de los vicios casacionales denunciados. Efectivamente, atendido el carácter medial de la vía contemplada en el art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el uso de la misma exige también la formalización de error de derecho conforme al número 1 del mismo precepto, siendo, como es sabido, previo el examen del error de hecho para que en el caso de que proceda su estimación se proceda modificar o integrar el relato de hechos probados y a resultas de ello a examinar la norma sustantiva aplicable al factum definitivo de la sentencia.
El motivo examinado se vertebra distinguiendo los hechos que se declaran probados respecto de cada uno de los perjudicados que formalizan este recurso. Es pues este el orden seguido en la contestación.

Se ha de precisar previamente que a tenor de la literalidad del art. 849.2º de al Ley de Enjuiciamiento Criminal, a cuyo amparo se formaliza este motivo, la apreciación de error de hecho deberá quedar evidenciado de la prueba designada, más concretamente de los particulares de ésta. La prueba de referencia debe ser de naturaleza documental y resulta oportuno y conveniente recordar que no puede estar contradicha por ninguna otra prueba obrante en el procedimiento, siendo así que la que la contradiga puede tener carácter documental o no, pero de obrar en la causa traba la estimación del vicio denunciado, sin excepción.


DON GONZALO VILLAMARIN BARREDO.
Declara probado respecto de este recurrente la sentencia que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 426 días. Días de hospitalización: 26 días. Días impeditivos totales: 400 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización las siguiente secuelas: Hipoacusia bilateral. Vértigo. Perforación timpánica persistente. Diplopia. Limitación de la movilidad de la muñeca. Trastorno de estrés postraumático. Tendrá que someterse a nuevas cirugías de cicatrices. Prurito y dolor en cicatrices. Perjuicio estético”.


Se solicita en el recurso la declaración de una incapacidad permanente absoluta, pasando del Grupo 8 de la sentencia al Grupo 10. Al efecto designa el acta obrante al folio 42 de la pieza separada número 466.
De la lectura de dicha acta, de fecha de 14-12-2005, se comprueba que consta en ella que el Sr. Villamarin Barredo presenta una discapacidad global combinada del 73%, asimismo, se le reconoce la incapacidad total permanente, sin necesitar ayuda de otra persona.
Examinada toda la documental médica aportada, incluida el acta de referencia, el médico forense realiza informe de 8 de mayo de 2007, en el que se amplia el informe previo de 26 de febrero de 2006, consignando los extremos que corresponde con los hechos que se declaran probados.
De ello resulta evidenciado que la prueba documental reseñada no reviste las características exigidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su art. 849.2, en tanto obra en la causa prueba pericial médica que la contradice. No puede acogerse la pretensión.
DOÑA KATERINE PALACIOS LOPERA.
Declara la sentencia que Dª Katherine Palacios Lopera sufrió lesiones para las que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 20 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 10 días. Días impeditivos parciales: 10 días. Alcanzando la sanidad o estabilización sin secuelas. Ha requerido para su curación o estabilización 20 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 10 días. Días impeditivos parciales: 10 días. Alcanzando la sanidad o estabilización sin secuelas.”


Sin designación de documental, ni tampoco prueba distinta, que indique o haga sospechar la existencia de dato en contra, se interesa declarar error de hecho, dejando para ejecución de sentencia la fijación de la responsabilidad.
La conformidad de los hechos probados en este punto con el informe médico forense de sanidad, de fecha 27 de febrero de 2006 y su ratificación el 2 de febrero de 2007, que obran a los folios 16 y 17 de la pieza separada de esta perjudicada, sustenta los mismos, sin posibilidad de cuestionar la existencia de error de hecho.
DON MIGUEL SÁNCHEZ MONTILLA.
Declara probado la sentencia que Miguel Sánchez Montilla como consecuencia del atentado del 11 de marzo de 2003 en Madrid, sufrió lesiones y:

“Ha requerido para su curación o estabilización 300 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 300 días. Días impeditivos parciales: 10 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Trastorno por estrés postraumático. Trastorno depresivo reactivo”.


Se le incluye por lo tanto en el en el Grupo 5 de lesionados.
Obra la documental referida a este lesionado en la pieza separada 256. De la misma se designa en el recurso el informe del Tribunal Médico de 28 de junio de 2006 -erróneamente el recurso refiere como fecha el 26 de junio de 2006-, obrante al folio 24 y 25 de pieza separada.
En dicho informe al punto 2.7 consta que no puede continuar ejerciendo la misma función de forma regular (el lesionado es Guardia Civil). En el punto 2.8 se afirma que “no” está incapacitado de forma permanente y absoluta para todo trabajo.
El informe forense de 8 de agosto de 2006 y su ratificación de 21 de noviembre de 2006, sustenta el hecho probado de la sentencia en relación con este lesionado. Se alza contra ello el recurrente alegando que está erróneamente situado el lesionado en el grupo 5, dado que posee una incapacidad permanente total. Como se ha señalado ni el acta del Tribunal médico así lo refiere ni tampoco el informe forense.
La pretensión no puede ser acogida.
DOÑA RAQUEL DEL CASTILLO MAILLO.
Se declara probado por la Sala que Dª Raquel del Castillo:

“Ha requerido para su curación o estabilización 500 días. Días de hospitalización: 40 días. Días impeditivos totales: 325 días. Días impeditivos parciales: 135 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos Persistencia de perforación timpánica. Vértigos. Algia y disminución de fuerza en brazo derecho. Pérdida parcial de pabellón auricular derecho. Algias cicatriciales.


Trastorno por estrés postraumático. Otros trastornos neuróticos. Perjuicio estético. La lesionada requerirá de futuras intervenciones quirúrgicas con el fin de cerrar la perforación timpánica del oído derecho, y con el fin de lograr una adecuada situación funcional y estética del pabellón auricular derecho”.

La Sra. Del Castillo se encuentra en el grupo 7 de la sentencia. La documentación referida a esta lesionada se recoge en la pieza separada número 717, obra informe médico forense de 17 de octubre de 2006, (folio 28) y ampliación del mismo (folio 75) de 16 de mayo de 2007. Informe que concuerdan y sustenta como prueba los extremos que declara probados el Tribunal en relación con la Sra. Del Castillo. Sin embargo, el recurrente mantiene que no coinciden, alegando que no es lo mismo un perjuicio estético de 3 puntos que de 17. En este sentido se ha de precisar que declaran los hechos no sólo perjuicio estético (sin referencia a puntos) sino “ pérdida parcial del pabellón auricular”, lo que, sin duda, resulta mucho más descriptivo y constatador del perjuicio estético.


Se afirma en el recurso que la Sra. Del Castillo esta pendiente de pasar Tribunal médico y continua de baja laboral por lo que no está totalmente estabilizada.
Contrariamente, el citado informe forense mantiene la estabilización o curación en los 500 días que consigna la sentencia. Constituye pues prueba que contradice la designada por el recurrente e impide la estimación del error de hecho solicitado.

DON ROBERTO CARRILLO PRIETO.

En lo que a D. Roberto Carrillo concierne, se declara probado que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 365 días. Días de hospitalización: 39 días. Días impeditivos totales: 326 días. Días impeditivos: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Diplopía. Neuropatía. Algias postraumáticas. Fractura-aplastamiento vertebral D2, D3. Persistencia de material de osteosíntesis. Trastorno por estrés postraumático. Perjuicio estético”.
El lesionado se encuentra en el grupo 7 de la sentencia. Obran en la pieza separada número 346 la documentación de las lesiones y evolución del Sr. Carrillo Prieto, informes médico forenses de fechas 4 de septiembre de 2006 y 25 de abril de 2007 (folios 162 y ss).
Se alega por el recurrente que Don Roberto no ha invertido 365 días en la curación sino 549 y que tiene una incapacidad permanente en el grado de parcial. Se remite al dictamen del Equipo de Valoración de Incapacidades de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Se precisa que el Sr. Carrillo sigue de baja esperando pasar de nuevo por el Tribunal Médico.
Como ya se ha anticipado constan en la referida pieza los informes médico forenses que sustentan los extremos que se han declarado probados, por coincidir con ellos. Dichos informes son acordes con los hechos probados. No constan los documentos a los que se refiere el recurrente -sin designación de folios- tan sólo un parte de baja y alta de fechas 11 de marzo de 2004 y 11 de septiembre de 2005, al folio 160 de la pieza, parte emitido por “Fraternidad Muprespa”.
Examinada la documentación médica y hospitalaria por el médico forense la conclusión es la recogida en la sentencia. Como en los casos precedentes esta prueba contradice la documental designada y la priva de idoneidad para evidenciar error de hecho y modificar el factum de la sentencia.
DON ANTONIO ROMERO HERMIDA.
Declara probado la sentencia en lo concerniente a Don Antonio Romero Hermida que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 450 días. Días de hospitalización: 80 días. Días impeditivos totales: 370 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Acúfenos. Persistencia perforación timpánica bilateral. Limitación movilidad miembros inferiores. Trastorno por estrés postraumático. Material de osteosíntesis. Perjuicio estético.”


La pieza separada número 729 recoge la documentación de este perjudicado. Se denuncia por el recurrente que la sentencia omite la consignación de algunas secuelas recogidas por el informe médico forense: acortamiento miembro inferior, consolidación en angulación, algias postraumáticas, así como trastorno ansioso depresivo.
No está obligado el Tribunal a quo a consignar literalmente el informe médico forense, pudiendo entenderse comprendidas las secuelas que más detalladamente se recogen por el facultativo en las posteriormente descritas en el factum.
Igualmente se queja el recurrente porque el Equipo de Valoración del Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoce 549 días de incapacidad y, además, entiende que las secuelas no están estabilizadas por no tener el alta hospitalaria definitiva.
Las referencias a secuelas que no se han valorado no se acompaña de designación del informe y ubicación de los mismos, sin que como se ha dicho se encuentren en la pieza separada. Es cierto que obra al folio 38 informe clínico de alta tras la intervención quirúrgica en la pierna derecha, previamente diagnosticada como catastrófica. La evolución se señala satisfactoria pudiendo caminar y apoyar. Obran informes de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en que se le reconoce una minusvalía del 65%, así como que no existe dificultad de movilidad, ni necesidad de una tercera persona (folios 29 y 35 de la pieza 729) en fecha 3 de julio de 2006, esto casi ocho meses después del alta de la intervención quirúrgica referida. En todo caso, el informe forense no recoge ni la previsión de uso de silla de ruedas, ni la falta de estabilización de las secuelas, manteniendo, por el contrario, como se recoge en la sentencia que se estabilizaron tras 450 días. Ello supone una prueba contraria, al informe que se alega de la Secretaría Técnica del Ministerio de Interior. De ahí que no puede revocarse el criterio de la Sala de instancia, al atender al informe del facultativo forense.
DON IGNACIO GONZÁLEZ DE CASTRO.
La Sala de instancia declara probado que don Ignacio González:

“Ha requerido para su curación o estabilización 60 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 60 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con la siguiente secuela: Trastorno de estrés postraumático. Trastorno depresivo”.


Con esos datos lo incluye dentro del Grupo 5, de los 12 que fija la sentencia para los lesionados.
La documentación concerniente al Sr. González de Castro se encuentra incorporada en la pieza separada número 3.358.
Afirma el recurrente que las circunstancias y secuelas son distintas de las referidas en la sentencia. Relata al efecto cuatro intentos de suicidio, el reconocimiento de una minusvalía del 75% y pronostica la próxima pérdida de su condición de Guardia Civil cuando pase el Tribunal Médico Militar. Solicitando que se posponga la adjudicación final para la ejecución de sentencia. No consta en la pieza separada ninguno de esos datos.
Ciertamente, en éste como en otros casos cabría posponer para ejecución de sentencia la fijación de la indemnización, pero también es verdad que se trata de la cronificación de una patología, que por ello es considerada como secuela en el informe médico forense. De ahí que no se refiera en el mismo que sufrió un estrés postraumático tras el atentado, sino que se fije como secuela “trastorno de estrés postraumático. Trastorno depresivo” y su inclusión en el grupo cinco, más de 100 días de curación, con secuelas importantes. En todo caso dicha posibilidad, acogida por el art. 115 del CP, está expresamente descartada por la Sala de instancia en este supuesto.
Los informes médico forenses de 7 de noviembre de 2006 y 21 de mayo de 2007, folios 28 y 29 de la pieza, constituyen la valoración pericial facultativa que sustenta los hechos probados, sin que se evidencie error facti como se pretende.
DON SORIN CONSTANTIN PADUREANU BURCI.
El factum de la sentencia declara que don Sorin Constantin Padureanu:

“Ha requerido para su curación o estabilización 567 días. Días de hospitalización: 112 días. Días impeditivos totales: 455 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: - Hipoacusia - Limitación movilidad brazo izquierdo - Paresia facial – Craneoplastia - Hemiparesia derecha – Afasia”


EL perjudicado se encuentra en el Grupo 10, que comprende a las personas con “lesiones muy graves y secuelas muy importantes”. Solicita el paso al Grupo 12 “lesiones extremas”.
Refiere el recurrente que las lesiones son constitutivas de una incapacidad permanente en el grado de invalidez, como le reconoce el dictamen evaluador del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, Instituto Nacional de la Seguridad Social. Señala secuelas no reconocidas por la Audiencia Nacional como: crisis comiciales, demencia ligera, epilepsia como secuela del trauma craneal, depresión ansiosa depresiva. Sin embargo, no señala documental que sustente ni estas secuelas ni el dictamen de gran invalidez.
Los documentos referidos al lesionado están recogidos en la pieza separada número 948. En dicha pieza no constan los extremos argüidos en el recurso. Por el contrario aparece al folio 12 de la misma el informe médico forense de 27 de febrero de 2006, en el se consignan los datos que como padecimientos y secuelas del atentado de 11 de marzo de 2004, objeto de enjuiciamiento, sufrió y sufre el recurrente, en él se sustenta el relato de hechos probados y ahora no se designa documento alguno que evidencie el error del juzgador al atender a la citada pericia. La denuncia no puede ser acogida.
MOTIVO PRIMERO.
Por la vía del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia vulneración del art. 115 Código Penal. Se afirma en el motivo que no ha fijado la sentencia las bases para la determinación de la responsabilidad civil y no haberlo diferido para ejecución de sentencia estableciendo unos criterios baremadores.

IMPUGNACIÓN.-
Examinada la denuncia de error de hecho y vista la improcedencia de la misma, manteniendo por tanto el relato de hechos para los recurrentes cuyas alegaciones ahora se examinan, procede considerar las alegaciones que sustenta la indebida aplicación del art. 115 del Código Penal.
Se afirma en el motivo que no se han contemplado todas las circunstancias personales, familiares y laborales. Entiende que sí se ha aportado prueba bastante a la causa para acreditarlas. Trascribe las referencias que en sus conclusiones se hacía a la situación de cada perjudicado.
También se considera infringido el principio de igualdad ante la ley al no diferirse para ejecución de sentencia la indemnización, en contra de lo acordado en otras sentencias de la Audiencia Nacional que reseña.
Yerra el recurrente al entrar en el examen de la prueba en esta vía casacional. Como es sabido este cauce sólo permite el examen de la correcta aplicación de la norma sustantiva a los hechos probados, incurriendo en causa legal de inadmisión, en su caso desestimación, de incumplir ese límite, a tenor del art. 884.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que ya determina la improcedencia de las alegaciones. Ello no obstante, el examen de las pruebas designadas se ha efectuado en el motivo formalizado en segundo lugar, en el que por otra parte las precisiones documentales son literalmente idénticas a las realizadas en este motivo. Como se ha visto, contrariamente a lo alegado, no se añade en dicha vía prueba documental que deba modificar el relato de hechos.
Por lo que concierne a los criterios seguidos por la Sala de instancia para establecer las bases a partir de las que calcular la cuantía total a indemnizar a cada uno de los lesionados, se ha de hacer ciertas consideraciones en las que no se puede eludir la singularidad del caso examinado.
La Sala de instancia establece doce grupos en los que encuadrar a cada uno de los lesionados. Dichos grupos constituyen una graduación que atiende a la naturaleza de las lesiones, los días de curación y las secuelas, en los términos expuestos en el fundamento de derecho sexto de la sentencia. En el mismo fundamento se establecen las cantidades que por días de curación o por secuelas percibirá cada lesionado como indemnización. Aunque se pueda imputar a dicha clasificación cierta indefinición de límites entre algunos grupos, podrá estimarse solventada por haber fijado las indemnizaciones de cada grupo con un criterio favorable para los lesionados. Ello en el entendimiento, desde luego, de la imposibilidad de compensar económicamente el sufrimiento físico y psíquico y las secuelas permanentes que han quedado en muchas de las víctimas. Así como teniendo también en cuenta la dificultad de encuadrar todo ello con la mayor objetividad posible en una clasificación, aunque la graduación hubiera sido más extensa.
Se debe tener en cuenta a este respecto que no rige en la determinación de dichas cuantías el baremo establecido en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, previsto para lesiones derivadas de accidentes de tráfico. Es conforme la doctrina jurisprudencial en establecer que dicho baremo puede servir como orientación para el juzgador en el caso de otros ilícitos penales, así como que no tiene carácter vinculante al margen de los supuestos contemplados en la ley que lo establece. Doctrina conocida pacífica y constante de esta Sala. De ahí que la atribución en los informes médico forenses de puntos, siguiendo las directrices del referido baremo, no tenga carácter vinculante para el Tribunal, que, efectivamente, no los recoge en la sentencia. La modificación de los puntos que hace el facultativo forense en algunos casos, en ampliación de informe, no conlleva, desde luego, una modificación en el grupo que deba atribuirse al lesionado.
Tampoco puede afirmarse que la introducción en el relato de hechos del reconocimiento de una invalidez parcial, total o absoluta, deba determinar necesariamente el cambio de grupo y el reconocimiento del derecho una indemnización mayor. Como se ha dicho, la graduación establecida en la sentencia obedece a otros criterios distintos. La Sala así lo declara en el auto de aclaración de la sentencia de 22 de noviembre de 2007, afirmando respecto de la petición de tres lesionados, que “La incapacidad permanente total o parcial reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene unas consecuencias jurídicas que son compatibles con las de la sentencia penal pero operan en planos distintos y obedecen a criterios diferentes”.
Es sin duda importante tener en cuenta que las indemnizaciones fijadas en la sentencia superan, con mucho en casi todos los supuestos, las establecidas por el antes mencionado baremo, para el año 2008 (BOE de 24 de enero de 2008). En ningún caso la indemnización concedida por secuelas en la sentencia es inferior a la prevista en el mencionado baremo atendida la incapacidad invocada para cada lesionado. Así vemos que mientras para la invalidez parcial el baremo establece hasta 17.231 euros, la sentencia reconoce de entrada a cualquier víctima por lesiones del atentado de 11 de marzo 30.000 euros. Respecto de la invalidez total el baremo contempla una indemnización desde los 17.231 euros referidos hasta 86.158 euros; mientras que la sentencia en el grupo noveno ya fija 90.000 euros. La invalidez absoluta que llega hasta 172.316 euros en el baremo, es rebasada por los últimos cuatro grupos de la sentencia, estableciendo en el noveno ya una indemnización de más del doble del máximo citado.
Se concluye que los parámetros atendidos por el juzgador son distintos, pero cuantitativamente, en casi todos los casos, benefician a los lesionados y en los mismos se ha tenido en cuenta el resultado, en mayor o menor grado invalidante, que las secuelas han producido en los afectados. No parece que pueda contemplarse una cuantía conforme a los criterios fijados en la sentencia y, obtenida ésta, pretender acumulativamente su aumento por otro concepto, que si bien no ha sido tomado en consideración con la misma denominación, si lo ha sido respecto del resultado lesivo e invalidante acreditado en el procedimiento.
Como es sabido el quantum fijado por el juzgador en la determinación de las indemnizaciones no es revisable en casación, quedando dentro del ámbito de libre ponderación del mismo.

También se ha de poner de manifiesto que se entiende, como criterio general, que la clasificación realizada por la Sala de instancia en doce grupos y la ubicación de cada una de las víctimas responde a una valoración individual de la prueba individualizada obrante en la causa. Pero también se considera que procede de una ponderación en conjunto de todos ellos, procurando parificar situaciones similares, dentro de la dificultad que esto entraña, al no ser matemáticamente semejantes las dolencias padecidas y, obviamente, atendido el elevadadísimo número de víctimas de los hechos objeto de enjuiciamiento.


No se puede olvidar en cualquier caso la compatibilidad de estas indemnizaciones con las consecuencias que deriven en el orden laboral dentro del régimen de seguridad social establecido en nuestro país.
Por lo que a la infracción del art.115 CP se refiere, al no haberse dejado para ejecución de sentencia la fijación de las indemnizaciones no puede ser estimada. El citado precepto permite tanto la concreción en sentencia como durante la ejecución de la misma. De ahí que quepa una u otra opción sin infringir la norma. Por lo mismo no cabe estimar infracción del principio de igualdad ante la ley porque en otras ocasiones se deje para la ejecución de sentencia la determinación de la indemnización, aunque procedan del mismo tribunal. La Sala podrá elegir una u otra opción a tenor de las circunstancias concurrentes en cada caso.
Por todo ello, este motivo, como el anterior, debe ser rechazado.

RECURSO FORMALIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE AYUDA A LAS VÍCTIMAS DEL 11 M Y OTROS.
KENETH ODEY GIL
MOTIVO PRIMERO.
Al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del artículo 14 de la Constitución Española (derecho a la igualdad).
El recurrente KENETH ODEY AGI señala que se ha vulnerado el mencionado derecho fundamental, por cuanto ha sido excluido del listado de víctimas del atentado ocurrido el 11 de marzo de 2004, siendo que su situación es la misma que el resto de víctimas. Especialmente trae a colación los informes médicos de Magdalena Aragón Herrera, Carlos Humberto Ayala Cajas, Ángel Humberto Buri Buri, Duver Agustín Manzaba Bravo y Mª Jannet Sánchez Espinol.
Impugnación
Según indica la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 13/1987, 170/1987 y 9-5-1994), en el análisis del artículo 14 de la Constitución Española, el juicio de igualdad debe ser referido a las divergencias surgidas en la interpretación y aplicación de las normas por los órganos jurisdiccionales respecto a resoluciones anteriores (SSTC 100/1993 y 114/1993), ya que la valoración de la prueba practicada en el proceso y, por tanto, los hechos que se declaran probados en las sentencias, pertenecen al ámbito de la potestad decisoria de los Tribunales ordinarios.
En el presente caso, la discrepancia que denuncia el recurrente no proviene de la interpretación y aplicación de la norma, sino del criterio de valoración de la prueba practicada por la Sala de instancia en orden a establecer el relato fáctico. En concreto si el Sr. Odey Agi ha resultado o no afectado por el atentado del 11 de marzo.
En ese plano, el Tribunal de Casación no puede examinar el principio de igualdad, por cuanto la valoración de la prueba corresponde única y exclusivamente al Tribunal “a quo”, de acuerdo con los principios de inmediación, publicidad, oralidad y contradicción, máxime en el presente caso, donde la cuestión que se sustancia es de naturaleza civil, sometida al principio de aportación de parte y rogación (STS 19-4-2005).
La carga de la prueba corresponde al que alega el perjuicio, debiendo individualizarse todos elementos que dan lugar a la correspondiente indemnización, especialmente cuando se trata de daños personales (STS 16-1-1998).
No es posible amparar la falta de prueba, generalizando sobre otras hipótesis.
Ciertamente, el “factum” de la sentencia puede atacarse, si bien ello ha de hacerse a través del cauce previsto en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que no se ha producido.
Por otra parte, el informe médico forense, de fecha 12-5-2005, obrante en la pieza separada del Sr. Odey Agi, tiene el siguiente contenido:
“Que han reconocido a D. Keneth Odey Agi, en relación con las posibles lesiones sufridas en atentado terrorista el día 11 de marzo de 2004, siendo lo que sigue: El informado aporta como primer informe de urgencias del día 13 de marzo de 2004 a las 18:37 en el que se refiere exploración auditiva normal, sin otalgia y como único síntoma la presencia de ansiedad. El segundo informe del día 14 de marzo a las 13:20 horas (18 horas después de la anterior valoración) refiere síntomas auditivos consistentes en hipo y algiacusia junto con acúfenos. Fue valorado y la otoscopia era normal. Aporta otro informe del Médico de Atención Primaria en el que se refiere entre otros síntomas, visión de destellos con leve dolor ocular y la exploración normal. Hay un informe ORL del mes de abril de 2004 con otoscopia normal en el que se indica la presencia de hipoacusia mixta bilateral con pérdida de 45 por ciento de audición, pero aporta otra audiometría del mes de noviembre con audición normal. El relato de los hechos es vago y con algunos errores básicos respecto a lo que sabemos de los mismos. Por todo lo referido NO QUEDA ACREDTIADO desde el punto de vista médico-forense que fuera víctima del atentado”.
El anterior dictamen se efectúa sobre la base de examinar los diferentes informes médicos aportados por el recurrente, que no resultan coincidentes.
Tales referencias no se recogen en la exposición que el Sr. Odey Agi lleva a cabo sobre los otros cinco informes médicos, respecto de los que establece la comparación.
Por tanto, ni siquiera desde el análisis de la prueba practicada puede afirmarse la igualdad pretendida.
En consecuencia, procede rechazar el motivo.
SEGUNDO MOTIVO
Al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española (derecho a la tutela judicial efectiva).
El recurrente denuncia que resulta insuficiente la fundamentación de la sentencia en orden a excluirle de su vinculación con el atentado ocurrido el día 11 de marzo de 2004, pues “omite cualquier valoración del resto de elementos probatorios obrantes en la pieza separada del lesionado correspondiente a Keneth Odey Agi, así como la declaración de la testigo Elisabeth Helen”.
IMPUGNACIÓN
Tal y como señala la STS 13-10-2005, la exigencia de motivación no pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir a la sociedad en general y muy especialmente al justiciable, conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, facilitar la impugnación, y permitir el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por parte del Tribunal que revise la resolución en vía de recurso.
Esta obligación no impone una extensión determinada ni una forma concreta de motivar. Puede decirse que la motivación tendrá que tener la extensión y la profundidad suficientes para cubrir la finalidad esencial de la misma, es decir que el Juez explique suficientemente el proceso intelectivo que le condujo a decidir de una determinada manera, no siendo necesario explicitar lo que resulta obvio.
Es evidente que las cuestiones planteadas en el presente proceso han sido numerosas, por lo que el Tribunal “a quo”, sin merma de las obligaciones que le son exigibles legal y constitucionalmente, ha motivado su decisión de forma sintética en materia de responsabilidad civil.
En todo caso, la Sala de instancia no considera probado que el recurrente se haya visto afectado por las explosiones ocurridas el fatídico 11 de marzo de 2004.
El órgano sentenciador considera insuficiente el testimonio de referencia ofrecido, estimando que hubiera sido necesario la presencia, en el plenario, del perjudicado, a fin de valorar convenientemente su testimonio directo.
Lo anterior debe conectarse, necesariamente, con lo manifestado por los médicos forenses en su informe de 12-5-2005, que ha sido transcrito con anterioridad.
Parece lógico que el que ejercita una acción civil sea especialmente diligente en orden a demostrar su relación con el hecho causante del perjuicio, así como la existencia de este último.
La Sala de instancia ha dado respuesta fundada sobre la cuestión fáctica que plantea el recurrente, por lo que consideramos que no se ha infringido su derecho a la tutela judicial efectiva.
Procede desestimar el motivo.
MOTIVO TERCERO.
ELISABETH AGUILAR.
Por error de hecho en la apreciación de la prueba, al amparo del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Remite al folio 17 de la pieza separada de la lesionada en el que consta el parte de alta del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Declara probado la sentencia que la Sra. Aguilar:

“Ha requerido para su curación o estabilización 15 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 15 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Sin secuelas”


La documental referida a esta lesionada se encuentra en la pieza separada 1.451 de la causa. Se formaliza el motivo por discrepar del relato de hechos en lo concerniente a los días de hospitalización, afirmando conforme consta al folio 17 de la pieza que doña Elizabeth estuvo hospitalizada por trombosis en la pierna derecha desde el día 24 de marzo de 2004 al día 2 de abril de 2004.
Examinada la documental se comprueba que efectivamente consta dicho ingreso en las fechas citadas, sin embargo, también consta informe pericial médico forense en el que se consigna expresamente que las lesiones sufridas como consecuencia del atentado fueron esguince leve en el tobillo izquierdo y reacción de estrés agudo, sin hospitalización, reconociéndole quince días de impedimentos totales.
Nos encontramos así que la prueba referida por la recurrente ha sido ya valorada en la pericial del médico forense, quien dispone de los conocimientos científicos precisos para valorar su relación con el atentado, no habiéndola recogido. De forma que el informe forense constituye prueba que contradice la documental designada en el motivo. Se incumple pues la exigencia legal ya referida en la vía del error de hecho, art. 849.2º, conforme a la cual es necesario que la prueba que se pretende acredita el error facti no esté contradicha por ninguna otra.
No puede acogerse la pretensión.
MOTIVO CUARTO.
DUMITRI AMARIEI
Por la vía del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Remite al folio 12 de la pieza separada del lesionado, que alega evidencia error de hecho en la sentencia.
Declara probado la sentencia que el Sr. Amariei sufrió lesiones para las que: Ha requerido para su curación o estabilización 180 días. Días de hospitalización: 17 días. Días impeditivos totales: 163 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Síndrome de estrés postraumático”.
La documentación que a él concierne aparece recogida en la pieza separada 915. En ella consta informe médico forense, folio 28, de 27 de febrero de 2006, en el que se mantienen las conclusiones referidas a las lesiones del Sr. Amariei, que posteriormente consigna la sentencia en sus hechos probados. Contra ellos se alza el recurrente designando el folio 12 de la pieza en el que consta que el día 29 de octubre de se le practicó una intervención quirúrgica con alta ese mismo día. Entiende que a los días de curación fijados del 11 de marzo de 2004 al 7 de septiembre del mismo año, se deben añadir los que transcurrieron desde esa última fecha hasta el 29 de octubre del mismo años, resultando así una modificación en el factum de 52 días más de curación y de impedimento total.
Como sucede en el caso anterior, todo ello fue valorado por el médico forense que, conocedor de la naturaleza y circunstancias de la intervención, así como de los demás datos de la historia clínica de esta víctima del atentado, elabora el informe ya citado. Por ello nos encontramos ante la existencia de una prueba pericial médica que contradice la documental designada. No cumpliéndose las exigencias legales para la estimación del error facti.
MOTIVO QUINTO.
MARÍA JESÚS BENITO ROMERO.
Igualmente por la vía del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba y designa a ese efecto el folio 19 de la pieza separada de esta lesionada.
Declara probado la sentencia que la Sra. Benito Romero resultó con lesiones el día 11 de marzo de 2004, que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 120 días. Días de hospitalización: 4 días. Días impeditivos totales:116 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Acúfenos. Vértigos.”


Los informes relativos a doña María Jesús Benito están recogidos en la pieza número 30 de la causa. De ella designa el folio 19 por estimar que constituye prueba documental que acredita que el período de baja como consecuencia de las lesiones sufridas fue de 397 días y no de los 120 que figuran en la sentencia.
Examinada la pieza resulta que en el folio 19, efectivamente, consta parte de la mutua de accidentes laborales en el que se consignan los 397 días de baja de la lesionada. Pero igualmente obra en la pieza, al folio 25, informe de alta de la paciente con fecha 18 de septiembre de 2004 y, finalmente, informe médico forense, fechado a 11 de mayo de 2005, folio 26, en el que se consignan los 116 días impeditivos totales y las secuelas recogidas por la Sala de instancia.
Reiterando lo manifestado en apartados anteriores, la prueba documental citada en el recurso aparece contradicha por otra, la pericial médico forense, lo que imposibilita la apreciación interesada de error de hecho.
MOTIVO SEXTO.
LETICIA CABO SÁNCHEZ.
Al amparo del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba. Remite al folio 16 de la pieza separada de esta lesionada.
Se ha declarado probado que la Sr. Cabo Sánchez sufrió lesiones para las que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 162 días. Días de hospitalización: 0 días. Días impeditivos totales: 102 días. Días impeditivos parciales: 60 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Trastorno de estrés postraumático. Trastorno depresivo. Síndrome postconmocional.”


Muestra la recurrente su disconformidad con este hecho probado estimando que al folio 16 de la pieza separada 1740, que le corresponde consta parte médico de baja y alta laboral que le reconoce 111 días de baja laboral, que entiende deben considerarse como impeditivos totales, en vez de los 102 que se fijan en la sentencia.
Nuevamente nos encontramos que existe en la pieza informe médico forense de fecha 27 de septiembre de 2005, que valora toda la documentación aportada y el proceso de curación de esta lesionada y concluye que fueron 102 los días impeditivos totales. Lo que sirve de sustento probatorio al hecho probado que examinamos y al tiempo constituye prueba pericial que contradice la documental citada e impide la estimación de error de hecho y con ello del motivo.
MOTIVO SÉPTIMO.
ÁNGELES DOMÍNGUEZ
Al amparo del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba. Remite al folio 69 de la pieza separada de esta lesionada.
La sentencia declara probado que doña Ángeles Domínguez sufrió lesiones para las que:

“Ha requerido para su curación o estabilización 173 días. Días de hospitalización: 23 días. Días impeditivos totales: 150 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Hipoacusia. Escotoma ojo derecho. Perjuicio estético.”



Se interesa en este motivo la modificación del factum, al tal fin se designa el folio 69 de la pieza separada número 680, correspondiente a la Sra. Domínguez.
También en este caso obra informe médico forense, al folio 70 de la pieza, fechado el 7 de julio de 2006, que detalla los días de hospitalización, así como los días impeditivos totales y parciales, lesiones y secuelas, siendo todo ello conforme con el hecho probado que se impugna, y constituyendo prueba contraria al contenido del documento que se designa e impide la estimación del motivo.

MOTIVO OCTAVO.
RAFAEL GONZÁLEZ CAHINERO.
Al amparo del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba. Remite al folio 13 de la pieza separada de este lesionado.
Se interesa por el recurrente la modificación del factum para incluir en el mismo como secuelas “cicatrices lineales en cara externa del muslo y pierna izquierda de 20, 6, 8 y 4 cm.” Obra en la causa informe médico forense, folio 13 de la pieza, fechado el 14 de septiembre de 2004. pieza separada número 2222.
La omisión es irrelevante puesto que no tendría consecuencia alguna en el posterior pronunciamiento en la parte dispositiva. Este perjudicado queda en cualquier caso se encontraría en el grupo 3 que comprende a aquellas personas que han tenido”: Lesiones que han requerido largos periodos de curación y/o secuelas (más de 100 días de curación sin secuelas o menos con secuelas).” Introducir en el relato de hechos probados la descripción de las cicatrices en la extremidad inferior izquierda no produciría cambio de grupo ni consecuencia económica alguna. El motivo carece de practicidad.
CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE DOÑA MARÍA ALVARADO HIDALGO, DOÑA JUSTINA ANDRÉS MARTÍNEZ, DOÑA LUCÍA CUEVA IRURETAGOYENA, DON ELEUTERIO GARCÍA FRAILE, DON ENRIQUE GARCÍA LEAL, DOÑA MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LEAL, DON ANTONIO GARCÍA VILLARCO, DON ALBERTO MAESO DÍAZ, DOÑA MARISOL MUÑOZ MAYORAL, DON JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ POLLATO y DOÑA PALOMA SAN JOSÉ DE DIEGO.
Se trata de personas que han sido incluidas en la sentencia, conforme precisa el fundamento de derecho VI de la misma: “El Tribunal ha estimado probada la relación causal entre los atentados del 11 de marzo y el del 3 de abril de 2004”(explosión en Leganés). Y continúa “Los lesionados en Leganés son: los catorce miembros del GEO intervinientes, los también miembros del Cuerpo Nacional de Policía con números 83.885, 79.608, 43.712 y 38.736, y los vecinos del inmueble doña Eva Maria Alvarado Hidalgo, doña Justina Andres Martinez, doña Francisca Arriero Martin, doña Lucia Cueva Iruretagoyena, doña Mª Angeles Garcia Cantero, don Eleuterio Garcia Fraile, don Jose Antonio Garcia Gomez, don Enrique Garcia Leal, doña Carmen Garcia Leal, don Antonio Garcia Villaraco, don Alberto Maeso Diaz, don Jose Menendez Rosa, doña Marisol Muñoz Mayoral, doña Ana Robles Mallebrera, don Jose Antonio Rodriguez Poyatos, doña Paloma San Jose De Diego y don Rául Fernández Vicente.
Respecto de todos ellos se realiza informe médico de parte por el mismo facultativo, Dr. Santiago Delgado Bueno. Dicho informe se complementa, sin duda, con lo manifestado en el acto del plenario.

Examinado el rollo de la Audiencia y más concretamente el tomo 19 en el que se comprueba que además del D. Santiago Delgado, firma los informes otro médico, D. José Cabrera Forneiro, la documentación invocada por los siguientes recurrentes, se comprueba, que todos ellos comparecen el 29 de noviembre de 2006 ante los facultativos que luego firman los informes( folios 6727, 6733, 6739, 6744, 6750, 6764, 6770, 6776, 6798). No consta que se verifiquen sesiones posteriores con los mismos. Tampoco consta qué documentación médica o laboral fue exhibida por cada uno de los comparecientes para corroborar sus manifestaciones. Del examen de los informes médicos que ahora se aportan parece que los mismos tienen su sustento en las propias manifestaciones de los reconocidos. No se trata en ningún caso de la pericia prestada por facultativo que hubiera atendido a los comparecientes. Esto resulta muy significativo por no poder acreditar la situación de baja laboral, ni su causa- téngase en cuenta que no se designa documental alguna que obre en el procedimiento y dé fe de esas bajas laborales- extremo sin duda interesante para el fin que, como luego se verá, interesan los recurrentes en los siguientes motivos. Asimismo, es importante esa fecha de 29 de noviembre de 2006, cuando acuden los hoy recurrentes a la consulta de los facultativos, porque ello tiene lugar dos años y ocho meses después de la explosión de Leganés, hecho desencadenante de las lesiones que refieren. Es importante habida cuenta que para quien se reconoce un período más largo de sanidad, es para Dª Paloma San José, que se establecen 842 días, para otros: 7, 30, 45…días, por lo en todos los casos los lesionados habían finalizado el tiempo de curación cuando acuden a la consulta de los doctores informantes, el 29 de noviembre de 2006.


De este modo los informes médicos de parte aportados al rollo de la Audiencia y ahora invocados tienen limitada su fuerza probatoria no ya por no ser los emitidos por médico forense, sino por no tratarse de facultativos que hubieran atendido a los pacientes en su dolencia, ni en ninguna etapa de ella y por no constar prueba documental fehaciente relativa a la vida laboral de los examinados, que avale las afirmaciones de los facultativos.
En lo concerniente a los informes médico forenses de los recurrentes que a continuación mencionaremos, se deja constancia de la ubicación de los lesionados en el momento que ocurren los hechos, reseñando cómo algunos incluso estaban fuera de la ciudad. Los informes de los facultativos forenses niegan la vinculación de los padecimiento alegados con el hecho de la explosión afirmando que “no se cumplen los criterios médico forenses de causalidad espacial y temporal. Por lo referido no se puede considerar al informado víctima de la explosión desde el punto de vista médico forense.”
La Sala de instancia disfruta a ese respecto de una inmediación irrepetible que permite valorar la prueba, también la pericial, sin que se exista una vinculación a la literalidad de la misma. Porque se quiera o no la pericial no deja de tener naturaleza de prueba personal, lo que es sin duda importante, sobre todo atendidas las matizaciones que sobre la pericial médica de parte se han hecho ya.
Llegados a este punto debemos tener en cuenta que, en el caso que nos ocupa, existen periciales contradictorias, lo que ya impide la pretensión de hacer valer una de ellas sobre la otra por la vía del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si bien la sentencia no ofrece la detallada exposición que sería deseable en este punto, parece evidente que ha atendido a las dos posiciones facultativas. No queriendo desconocer las peculiaridades del caso en que nos encontramos atiende en la causa a los afectados por la explosión de Leganés. Siendo así que, como se apunta en los informes no se cumplen los criterios médico forenses para considerar a estas personas víctimas del hecho, la conmoción que el devenir de ese día y los anteriores supuso para muchos habitantes de Madrid y Leganés, se acentúa respecto de estos en lo que por la proximidad de su domicilio, se vieron afectados en mayor grado. Entiende el Tribunal en esta situación, que cabe reflejar el traumático impacto psicológico y así lo hace declarándolo en la sentencia. Como consecuencia de lo cual se le concede una indemnización de 30.000 euros a cada uno de ellos. No reconoce, por el contrario, ni días de curación ni secuelas. Parece evidenciarse que con ello entiende que la cuantía concedida, ante una más que cuestionable conexión desde el punto de vista médico legal, en los términos señalados por los forenses, abarca ampliamente las consecuencias psicológicas que en los lesionados han tenido estos hechos.
MOTIVO NOVENO.
MARIA ALVARADO HIDALGO.
Por la vía del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba.
Se remite en el informe al tomo 19 del rollo de Sala folios 6725 a 6731. en los que consta informe médico emitido por el Dr. D. Santiago Delgado Bueno.
Consta formada pieza de daños materiales como perjudicada, con número 145. En ella se consigna al folio 18 por los facultativos forenses, que la compareciente refiere que cuando ocurrió la explosión de Leganes, estaba detrás del cordón policial. Así como que no se cumple el criterio médico forenses de causalidad espacial.
Se designa la consignación en el informe del Dr. Delgado de 540 días de curación, 15 de los cuales serían impeditivos totales.
La sentencia le reconoce trastorno de estrés postraumático, situándola en el grupo 3, sin reconocerle días de curación que generen derecho a otro devengo que el general del grupo.
La prueba designada resulta insuficiente por las alegaciones ya realizadas para provocar modificación del factum de la sentencia.


MOTIVO DÉCIMO.
JUSTINA ANDRÉS MARTÍNEZ.
Por la vía del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba.
A tal efecto remite a los folios 6743 a 6747 del tomo 19 del rollo de Sala en el que obra informe emitido por el Dr. Santiago Delgado Bueno. Conforme al cual alega 30 días impeditivos parciales.
Al folio 43 de la pieza separada 95 obra informe médico en el que los forenses afirman que la Sra. Andrés, que refiere estaba en Saldaña cuando se produjo la explosión no puede ser considerada víctima desde el punto de vista médico forense, de dicha explosión.
La sentencia refiere que sufrió “ Reacción de estrés agudo” , situándola en el grupo 3, sin reconocerle días de curación que generen derecho a otro devengo que el general del grupo.
La prueba designada resulta insuficiente, por las alegaciones ya realizadas, para provocar modificación del factum de la sentencia.
UNDÉCIMO.
LUCÍA CUEVA IRURETAGOYENA.
Por la vía del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba.
A tal efecto remite a los folios 6688 a 6695 del tomo 19 del rollo de Sala en el que obra informe emitido por el Dr. Santiago Delgado Bueno. A tenor del mismo refiere 120 días de curación, 30 impeditivos totales y 90 parciales.
La sentencia le reconoce reacción de estrés agudo y la sitúa en el grupo 2.
En la pieza nº 47, folio 20 obra informe de los forenses que afirman que la Sra. Cueva, que se encontraba en Briviesca cuando se produjo la explosión, no puede ser considerada víctima desde el punto de vista médico forense, de dicha explosión.
La prueba designada resulta insuficiente, por las alegaciones ya realizadas, para provocar modificación del factum de la sentencia.
MOTIVO DUODECIMO.
ELEUTERIO GARCÍA FRAILE.
Por la vía del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba.
A tal efecto remite a los folios 6780 a 6784 del tomo 19 del rollo de Sala en el que obra informe emitido por el Dr. Santiago Delgado Bueno. Sobre esa prueba, emitida por un solo facultativo, alega haber padecido 60 días impeditivos totales.
La sentencia le reconoce reacción de estrés agudo y la sitúa en el grupo 2.
En la pieza nº 96, folio 38 obra informe de los forenses que afirman que el Sr. García Fraile, que se encontraba desalojado de su vivienda cuando se produjo la explosión, no puede ser considerada víctima desde el punto de vista médico forense, de dicha explosión.
La prueba designada resulta insuficiente, por las alegaciones ya realizadas, para provocar modificación del factum de la sentencia.
MOTIVO DECIMOTERCERO.
ENRIQUE GARCÍA LEAL
Por la vía del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba.
A tal efecto remite a los folios 6738 a 6742 del tomo 19 del rollo de Sala en el que obra informe emitido por el Dr. Santiago Delgado Bueno. A tenor del mismo solicita que se reconozcan 30 días impeditivos totales.
La sentencia le reconoce reacción de estrés agudo y la sitúa en el grupo 1.
En la pieza nº 95, folio 44 obra informe de los forenses que afirman que el Sr. García Leal , que se encontraba en Saldaña cuando se produjo la explosión, no puede ser considerada víctima desde el punto de vista médico forense, de dicha explosión.
La prueba designada resulta insuficiente, por las alegaciones ya realizadas, para provocar modificación del factum de la sentencia.
MOTIVO DECIMOCUARTO.
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LEAL.
Por la vía del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba.
A tal efecto remite a los folios 6774 a 6779 del tomo 19 del rollo de Sala en el que obra informe emitido por el Dr. Santiago Delgado Bueno. Con sustento en dicho informe reclama 45 días incapacidad.
La sentencia reconoce que sufrió reacción de estrés agudo y la sitúa en el grupo 2.
En la pieza nº 96, folio 37 obra informe de los forenses que afirman que el Sra García Leal, que se encontraba en Cullera cuando se produjo la explosión, no puede ser considerada víctima desde el punto de vista médico forense, de dicha explosión.
La prueba designada resulta insuficiente, por las alegaciones ya realizadas, para provocar modificación del factum de la sentencia.
MOTIVO DECIMOQUINTO.
ANTONIO GARCIA VILLARCO
Por la vía del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba.
A tal efecto remite a los folios 6732 a 6737 del tomo 19 del rollo de Sala en el que obra informe emitido por el Dr. Santiago Delgado Bueno. Con apoyo en el mismo solicita que se le reconozcan 540 días de incapacidad, 20 impeditivos totales y 520 impeditivos parciales.
La sentencia refiere que reacción de estrés agudo, situándolo en el grupo 3.
En la pieza nº145, folio 19 obra informe de los forenses que afirman que el Sra García Villarco, que se encontraba detrás del cordón policial, cuando se produjo la explosión, no puede ser considerada víctima desde el punto de vista médico forense, de dicha explosión.
La prueba designada resulta insuficiente, por las alegaciones ya realizadas, para provocar modificación del factum de la sentencia.
MOTIVO DECIMOSEXTO.
ALBERTO MAESO DÍAZ.
Por la vía del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba.
A tal efecto remite a los folios 6748 a 6755 del tomo 19 del rollo de Sala en el que obra informe emitido por el Dr. Santiago Delgado Bueno. Con apoyo en dicha pericia solicita que se le reconozcan 45 días de incapacidad.
La sentencia declara que sufrió trastorno de estrés postraumático y lo encuadra en el grupo 3 de su clasificación.
En la pieza nº 30, folio 10 obra informe de los forenses que afirman que el Sr. Maeso, que se encontraba detrás del cordón policial cuando se produjo la explosión, no puede ser considerada víctima desde el punto de vista médico forense, de dicha explosión.
La prueba designada resulta insuficiente, por las alegaciones ya realizadas, para provocar modificación del factum de la sentencia.
MOTIVO DECIMOSEPTIMO.
MARISOL MUÑOZ MAYORAL.
Por la vía del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba.
A tal efecto remite a los folios 6769 a 6773 del tomo 19 del rollo de Sala en el que obra informe emitido por el Dr. Santiago Delgado Bueno. Con sustento en el mismo solicita que se le reconozcan 7 días de incapacidad.
La sentencia declara que la Sra. Muñoz Mayoral sufrió reacción de estrés agudo y la sitúa en el grupo 1.
En la pieza nº 19, folio 40 obra informe de los forenses que afirman que la Sra Muñoz Mayoral, que se encontraba cuando se produjo la explosión, no puede ser considerada víctima desde el punto de vista médico forense, de dicha explosión.
La prueba designada resulta insuficiente, por las alegaciones ya realizadas, para provocar modificación del factum de la sentencia.
MOTIVO DÉCIMO OCTAVO.
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ POYATO.
Por la vía del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba.
A tal efecto remite a los folios 6762 a 6768 del tomo 19 del rollo de Sala en el que obra informe emitido por el Dr. Santiago Delgado Bueno. Con apoyo en éste solicita que se le reconozcan 60 días de incapacidad parcial.
La sentencia declara que sufrió trastorno de estrés postraumático y lo sitúa en el grupo 3 de su clasificación.
En la pieza nº 19, folio 41 obra informe de los forenses que afirman que el, que se encontraba en Zarzaquemada cuando se produjo la explosión, no puede ser considerada víctima desde el punto de vista médico forense, de dicha explosión.
La prueba designada resulta insuficiente, por las alegaciones ya realizadas, para provocar modificación del factum de la sentencia.
MOTIVO DECIMONOVENO.
PALOMA SAN JOSÉ DE DIEGO.

Por la vía del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba.


A tal efecto remite a los folios 6696 a 6710 del tomo 19 del rollo de Sala en el que obra informe emitido por el Dr. Santiago Delgado Bueno. A partir de este informe solicita que se le reconozcan 842 días de curación.
Respecto de ella se declara probado que sufrió trastorno de estrés postraumático y trastorno postconmocional.
A tenor de informe de los forenses referidos a la Sra. San José de Diego la informada no estuvo expuesta directamente a la explosión, y no puede ser considerada víctima desde el punto de vista médico forense, de dicha explosión.
La prueba designada resulta insuficiente, por las alegaciones ya realizadas, para provocar modificación del factum de la sentencia.

RECURSO FORMALIZADO POR CRESCENCIO VEGA ARRANZ Y

MARÍA JESÚS GARCÍA CALVO,

REPRESENTANTES LEGALES DE LAURA VEGA GARCÍA
DECIMOTERCER MOTIVO
Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción del artículo 14 de la Constitución Española.
Los recurrentes consideran que se ha producido un notorio agravio comparativo a la hora de fijar el “quantum” indemnizatorio, si se relaciona su caso con el recogido en la sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 28-11-2006, en el que la víctima del atentado terrorista sufrió la amputación de la pierna izquierda. En este último supuesto, al perjudicado se le reconoció una indemnización superior a la cantidad concedida a Dª Laura Vega García.
IMPGUNACIÓN
Según constantes y reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la ley se produce cuando un mismo órgano judicial se aparta de forma inmotivada de la interpretación de la ley seguida en casos esencialmente iguales; de modo que son requisitos de la apreciación de dicha vulneración la existencia de igualdad de hechos (SSTC 91/2004, de 19-5; y 132/2005, de 23-5), de alteridad personal (SSTC 150/1997, de 29-9; 64/2000, de 13-3; 162/2001, de 5-7; 229/2001, de 11-11; y 46/2003, de 3-3); de identidad del órgano judicial, entendiendo por tal la misma Sección o Sala aunque tenga una composición diferente (SSTC 161/1989; 102/2000 y 66/2003); de una línea jurisprudencial consolidada que es carga del recurrente acreditar (por todas SSTC 132/1997, de 15-7; 117/2004, de 12-7; y 76/2005, de 4-4); y, finalmente el apartamiento de dicha línea de interpretación de forma inmotivada, pues lo que prohíbe el principio de igualdad en aplicación de la ley “es el cambio irreflexivo o arbitrario, lo cual equivale a mantener que el cambio es legítimo cuando es razonado, razonable y con vocación de futuro, esto es, destinado a ser mantenido con cierta continuidad con fundamento en razones objetivas que excluyan todo significado de resolución “ad personam” (SSTC 117/2004, de 12-7; y 150/2004, de 20-9).
En el presente caso, cabe constatar que la indemnización concedida en la sentencia de 28-11-2006 de la Audiencia Nacional no expresa el contenido de una línea jurisprudencial consolidada, por lo que no puede ser un paradigma para el supuesto de autos, aunque se reconozca que la situación en que ha quedado Dª Laura Vega García es de absoluta postración.
Por otra parte, la doctrina de esa Excma. Sala establece que la determinación del “quantum” indemnizatorio derivado de una acción delictiva constituye un tema que concierne al prudente arbitrio de los Tribunales de instancia (SSTS 8-2-1993 y 13-3-1996), es decir a su valoración ponderadamente discrecional, pues no existiendo baremos legales no cabe apreciar infracción de ley alguna en dicha determinación, máxime cuando se realiza motivadamente, de modo razonable y razonada (SSTS 23-11-1999, 1217/2003, de 29-9; 348/2004, de 18-3; y 481/2005, de 15-4).
En el caso de autos, la Sala de instancia ha concedido doble indemnización: una, a favor de sus familiares por importe de un millón de euros, y otra, a favor de la perjudicada (fondo de 250.000 euros más 1.500.000 euros por las secuelas). Cabe considerar que tales cantidades son razonables y proporcionadas.
Por tanto, procede rechazar el motivo.

RECURSO DE FRANCISCO JAVIER GISMERO GONZÁLEZ
ÚNICO MOTIVO
Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción del artículo 115 del Código Penal.
El recurrente señala que la Sala de instancia “ha dejado de señalar unas determinadas bases para la fijación del «quantum» indemnizatorio por entender que los elementos sobre los que se desarrollarían no constan en este momento en las actuaciones”.
El Sr. Gismero González plantea su situación de incapacidad laboral para su ocupación habitual, así como que la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional le ha reconocido 416 días impeditivos totales.
IMPUGNACIÓN
El artículo 115 del Código Penal responde a la necesidad advertida por la jurisprudencia y particularmente por el Tribunal Constitucional de que la declaración que la sentencia haga de la responsabilidad civil obedezca al mismo rigor de motivación y concreción que el resto del contenido de aquélla.
Esta exigencia supone básicamente dos cosas: una, que la sentencia motive los elementos, las bases, en razón a las que se fijan las cuantías de los daños y de las indemnizaciones. Queda a salvo la discreción de Jueces y Tribunales para fijarlas, pero tal discreción será controlada por la exigencia de una motivación y por la precisión de los elementos de referencia en los que se apoya tal razonamiento.
En segundo lugar, se concede, tras notorias vacilaciones de la jurisprudencia, a Jueces y Tribunales la facultad de fijar la forma de reparación bien en la misma resolución, bien en la fase de ejecución. Pese a ello parece aconsejable pensar ex artículo 24.1 de la Constitución Española, que aunque se difiera la especificación a la fase de ejecución, en la resolución judicial a ejecutar habrán de indicarse las bases correspondientes.
En el presente caso, si bien el Tribunal “a quo” manifiesta la dificultad de atender a las circunstancias personales de cada uno de los lesionados, dado su número, lo cierto es que el relato fáctico de la sentencia concreta las lesiones padecidas por el recurrente.
En efecto, el “factum” establece que el recurrente “ha requerido para su curación o estabilización 232 días. Días de hospitalización: 5 días. Días impeditivos totales: 227 días. Días impeditivos parciales: 0 días. Alcanzando la sanidad o estabilización con las siguientes secuelas: Disminución de agudeza auditiva. Perforación timpánica residual bilateral. Acúfenos. Trastorno por estrés postraumático. El lesionado requerirá de varias intervenciones quirúrgicas con el fin de lograr el cierre completo de las perforaciones timpánicas”.
La Sala clasifica al Sr. Gismero González en el grupo 7, lo que conlleva un mínimo de 30.000 euros, más 60.000 euros por secuelas y 69.600 euros por los días que tardó en curar o estabilizar sus heridas.
Cabe destacar que tales indemnizaciones superan ampliamente las establecidas en el sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidente de circulación (Resolución de 7 de Enero de 2007 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), por lo que se considera proporcionada y razonada la decisión sobre el “quantum” determinado en la sentencia.
Por lo que afecta a la diferencia de días de curación entre el “factum” y lo indicado en la sentencia de la Sección 5ª de la Audiencia Nacional, el Auto de 22-11-2007 de la Sala de instancia explica, adecuadamente, que el criterio seguido en el ámbito penal “es el de los días que requirió la víctima para la estabilización de las lesiones. Este criterio determina la valoración, desde entonces, de unas secuelas que dan lugar a una cuantía indemnizatoria determinada que fija el Tribunal a su prudente arbitrio, lo que no ocurre con el proceso de valoración administrativo, que tiene otros fines y unos baremos indemnizatorios fijos”.
Por tanto, dado que existe una diferente razón jurídica para la determinación de los días de incapacidad en cada jurisdicción, no se aprecia contradicción entre ellas, máxime si tenemos en cuenta la compatibilidad de las indemnizaciones reconocidas.
En consecuencia, procede desestimar el motivo.

RECURSO DE LA ASOCIACIÓN DE AYUDA

A LAS VÍCTIMAS DEL 11 M Y OTROS
PRIMER MOTIVO
Al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del artículo 14 de la Constitución Española (derecho a la igualdad).
El recurrente KENETH ODEY AGI señala que se ha vulnerado el mencionado derecho fundamental, por cuanto ha sido excluido del listado de víctimas del atentado ocurrido el 11 de marzo de 2004, siendo que su situación es la misma que el resto de víctimas. Especialmente trae a colación los informes médicos de Magdalena Aragón Herrera, Carlos Humberto Ayala Cajas, Ángel Humberto Buri Buri, Duver Agustín Manzaba Bravo y Mª Jannet Sánchez Espinol.
Impugnación
Según indica la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 13/1987, 170/1987 y 9-5-1994), en el análisis del artículo 14 de la Constitución Española, el juicio de igualdad debe ser referido a las divergencias surgidas en la interpretación y aplicación de las normas por los órganos jurisdiccionales respecto a resoluciones anteriores (SSTC 100/1993 y 114/1993), ya que la valoración de la prueba practicada en el proceso y, por tanto, los hechos que se declaran probados en las sentencias, pertenecen al ámbito de la potestad decisoria de los Tribunales ordinarios.
En el presente caso, la discrepancia que denuncia el recurrente no proviene de la interpretación y aplicación de la norma, sino del criterio de valoración de la prueba practicada por la Sala de instancia en orden a establecer el relato fáctico. En concreto si el Sr. Odey Agi ha resultado o no afectado por el atentado del 11 de marzo.
En ese plano, el Tribunal de Casación no puede examinar el principio de igualdad, por cuanto la valoración de la prueba corresponde única y exclusivamente al Tribunal “a quo”, de acuerdo con los principios de inmediación, publicidad, oralidad y contradicción, máxime en el presente caso, donde la cuestión que se sustancia es de naturaleza civil, sometida al principio de aportación de parte y rogación (STS 19-4-2005).
La carga de la prueba corresponde al que alega el perjuicio, debiendo individualizarse todos elementos que dan lugar a la correspondiente indemnización, especialmente cuando se trata de daños personales (STS 16-1-1998).
No es posible amparar la falta de prueba, generalizando sobre otras hipótesis.
Ciertamente, el “factum” de la sentencia puede atacarse, si bien ello ha de hacerse a través del cauce previsto en el artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que no se ha producido.
Por otra parte, el informe médico forense, de fecha 12-5-2005, obrante en la pieza separada del Sr. Odey Agi, tiene el siguiente contenido:
“Que han reconocido a D. Keneth Odey Agi, en relación con las posibles lesiones sufridas en atentado terrorista el día 11 de marzo de 2004, siendo lo que sigue: El informado aporta como primer informe de urgencias del día 13 de marzo de 2004 a las 18:37 en el que se refiere exploración auditiva normal, sin otalgia y como único síntoma la presencia de ansiedad. El segundo informe del día 14 de marzo a las 13:20 horas (18 horas después de la anterior valoración) refiere síntomas auditivos consistentes en hipo y algiacusia junto con acúfenos. Fue valorado y la otoscopia era normal. Aporta otro informe del Médico de Atención Primaria en el que se refiere entre otros síntomas, visión de destellos con leve dolor ocular y la exploración normal. Hay un informe ORL del mes de abril de 2004 con otoscopia normal en el que se indica la presencia de hipoacusia mixta bilateral con pérdida de 45 por ciento de audición, pero aporta otra audiometría del mes de noviembre con audición normal. El relato de los hechos es vago y con algunos errores básicos respecto a lo que sabemos de los mismos. Por todo lo referido NO QUEDA ACREDITADO desde el punto de vista médico-forense que fuera víctima del atentado”.
El anterior dictamen se efectúa sobre la base de examinar los diferentes informes médicos aportados por el recurrente, que no resultan coincidentes.
Tales referencias no se recogen en la exposición que el Sr. Odey Agi lleva a cabo sobre los otros cinco informes médicos, respecto de los que establece la comparación.
Por tanto, ni siquiera desde el análisis de la prueba practicada puede afirmarse la igualdad pretendida.
En consecuencia, procede rechazar el motivo.
SEGUNDO MOTIVO
Al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española (derecho a la tutela judicial efectiva).
El recurrente denuncia que resulta insuficiente la fundamentación de la sentencia en orden a excluirle de su vinculación con el atentado ocurrido el día 11 de marzo de 2004, pues “omite cualquier valoración del resto de elementos probatorios obrantes en la pieza separada del lesionado correspondiente a Keneth Odey Agi, así como la declaración de la testigo Elisabeth Helen”.
IMPUGNACIÓN
Tal y como señala la STS 13-10-2005, la exigencia de motivación no pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir a la sociedad en general y muy especialmente al justiciable, conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, facilitar la impugnación, y permitir el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por parte del Tribunal que revise la resolución en vía de recurso.
Esta obligación no impone una extensión determinada ni una forma concreta de motivar. Puede decirse que la motivación tendrá que tener la extensión y la profundidad suficientes para cubrir la finalidad esencial de la misma, es decir que el Juez explique suficientemente el proceso intelectivo que le condujo a decidir de una determinada manera, no siendo necesario explicitar lo que resulta obvio.
Es evidente que las cuestiones planteadas en el presente proceso han sido numerosas, por lo que el Tribunal “a quo”, sin merma de las obligaciones que le son exigibles legal y constitucionalmente, ha motivado su decisión de forma sintética en materia de responsabilidad civil.
En todo caso, la Sala de instancia no considera probado que el recurrente se haya visto afectado por las explosiones ocurridas el fatídico 11 de marzo de 2004.
El órgano sentenciador considera insuficiente el testimonio de referencia ofrecido, estimando que hubiera sido necesario la presencia, en el plenario, del perjudicado, a fin de valorar convenientemente su testimonio directo.
Lo anterior debe conectarse, necesariamente, con lo manifestado por los médicos forenses en su informe de 12-5-2005, que ha sido transcrito con anterioridad.
Parece lógico que el que ejercita una acción civil sea especialmente diligente en orden a demostrar su relación con el hecho causante del perjuicio, así como la existencia de este último.
La Sala de instancia ha dado respuesta fundada sobre la cuestión fáctica que plantea el recurrente, por lo que consideramos que no se ha infringido su derecho a la tutela judicial efectiva.
Procede desestimar el motivo.
En razón a lo expuesto,
El FISCAL interesa de la Sala la ESTIMACIÓN PARCIAL DE LOS MOTIVOS QUINTO Y SEXTO del recurso de la Asociación Pilar Manjón y otros. ESTIMACIÓN DE LOS MOTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO de la Asociación 11M afectados por el terrorismo. ESTIMACIÓN DE LOS MOTIVOS OCTAVO Y NOVENO del recurso de la Asociación Guillermo Pérez Ajates. ESTIMACIÓN DEL PRIMER MOTIVO del recurso de la Acusación de Isabel Ruiz Borrallo.
Interesa la ESTIMACIÓN PARCIAL DEL MOTIVO QUINTO del Recurso de Hamid Ahmidan. ESTIMACION PARCIAL DEL MOTIVO OCTAVO del Recurso de Hassan el Haski.
ESTIMACION PARCIAL DEL MOTIVO DECIMOTERCERO DE LA ASOCIACIÓN 11 DE MARZO AFECTADOS POR EL TERRORISMO CON RELACIÓN AL PRONUNCIAMIENTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL RESPECTO DE (1) Doña María del Pilar Adalia Sacristán, (3) Doña Brigitte Bakang, (31) Don Santiago Garrido Gómez, (38) Don David Hernández Blanco, (75) Doña Antonia Soriano García, (86) Don Roberto Texeira Silva, (94) Don Angel Zuriaga Nava.
Interesa la DESESTIMACION DE LOS RESTANTES MOTIVOS Y RECURSOS INTERPUESTOS.-

En Madrid, a 28 de Abril de 2.008

El FISCAL DE SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO


OTROSI DIGO:

Que se acompañan las correspondientes copias en soporte informático CD, Word.doc.






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