9952 caratulada: “sosa garcia, adrian walter edgardo p/sup. Homicidio agravado por la relacion de pareja con la victima cometido contra una mujer mediando violencia de genero – vtma. – Capital”



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I.- En primer término hago mención que en la cuestión anterior me referí a la especial consideración que tuvo el legislador respecto de la acción de matar en circunstancias donde los sujetos tienen una vinculación especial afectiva, o cuando el sujeto pasivo es una mujer que muere en un contexto de violencia de genero, circunstancias que son el fundamento para la imposición de una mayor penalidad (cuestión que hace a la política criminal), restando ahora establecer si la pena de prisión perpetua prevista para el delito que le atribuyo con mi voto al imputado deviene como inconstitucional por desproporcionada. Entonces verifico el sistema pergeñado por el legislador para la protección de los distintos bienes jurídicos y advierto que el injusto previsto por la norma en cuestión (art. 80 inc. 1 y 11 del C.P.) consiste en la afectación del derecho a la vida que tienen las personas, derecho cuya protección en nuestro país está estructurado como “supremo”, o de interés superior. Así lo ha considerado y receptado el legislador al momento de tener que sistematizar la protección de los distintos bienes jurídicos, dando mayor valor en ese sistema al de la vida de una mujer muerta dolosamente en un contexto de violencia de género, o a la vida de uno de los miembros de una relación de pareja muerto dolosamente en manos del otro desconociendo ese vínculo afectivo, o sea ha ponderado la vida en esas circunstancias como la infracción más grave y consecuentemente se ha previsto la pena más grave para esa infracción.

Otra razón que tengo presente es la relacionada con el régimen de ejecución de penas vigente en nuestro país, el que prevee situaciones morigeradoras de cumplimiento que por hoy me permiten afirmar que tampoco se torna de contenido inhumano la pena de prisión perpetua y consecuentemente no deviene en inconstitucional. Así tengo presente las situaciones de libertad condicional previstas por el art. 13 del C.P. , o la aplicación del régimen progresivo previsto por la Ley nº 24.660 con las posibilidades de un régimen de prueba, salidas transitorias y a condiciones de semilibertad, en la forma que lo establece el art. 6º de la mencionada ley que determina que el régimen de detención se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a sesiones separadas regidas por el principio de autodisciplina, o como también lo dispone el art. 7 de la misma ley que indica que el interno puede ser promovido excepcionalmente a cualquier fase del período de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones personales de acuerdo con los resultados de los estudios técnico-criminológicos y mediante resolución fundada de la autoridad competente. También el art.12 de esta norma divide el tratamiento penitenciario en períodos como los de observación, tratamiento, prueba y libertad condicional, etc. y el art. 14 que prescribe para el período de tratamiento, su fraccionamiento en fases que importen para el condenado una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena, incluyendo el cambio de sección o grupo dentro del establecimiento o su traslado a otro. las salidas transitorias pueden otorgarse hasta por 72 horas y con sólo palabra de honor de por medio (art. 16). Súmesele a ello la posibilidad de su incorporación al régimen de semilibertad que lo autoriza a trabajar fuera del establecimiento, entre otras morigeraciones previstas en el sistema. Entonces, estos regimenes de atenuación del encierro habilitan a sostener en forma razonable la posibilidad que en un futuro se cumpla con el fin resocializador perseguido al imponer esta pena.

En este sentido se ha expedido la jurisprudencia nacional, se dice “…si bien la prisión perpetua es atemporal, ello no significa que el condenado nunca va a recuperar su libertad ambulatoria…. “Nuestra legislación no prevé la perpetuidad de la pena, ya que el art. 13 del Cód. Penal otorga la posibilidad al condenado a reclusión o prisión perpetua de obtener la libertad condicional transcurridos 35 años de condena, y asimismo el art. 17 de la ley 24.660 (Alda, LVI-C, 3375) permite la concesión de salidas transitorias o la incorporación al régimen de semilibertad al condenado a pena perpetua que haya cumplido 15 años en encierro carcelario” (Cámara Nacional de Casación Penal, sala III. 23/09/2004. Viola, Mario y otro s/recurso de casación e inconstitucioalidad a LA LEY 2005-A, 564). “La pena de prisión perpetua, aún cuando no contiene una escala penal, no ese materialmente perpetua y tiene vencimiento, pues el condenado a dicha pena puede gozar de la libertad condicional a los veinte años, y antes de esta posibilidad del régimen de salidas transitorias y de semilibertad el cual puede obtenerse a los quince años”. (Del voto de la doctora Ledesma, Cámara Nacional de Casación Penal, sala III, 23/09/2004. Viola, Mario y otro s/rec. de casación e inconst.- LA LEY 2005-A, 564).-

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes se viene expidiendo en este sentido, sosteniendo que “…tampoco resulta válido el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, correspondiendo por absolutamente inconducente, pues resulta erróneo entender que dicha pena, es cruel, inhumana o degradante. En principio, porque es la pena que se aplica a todos los condenados que sean encontrados responsables materiales del delito de homicidio agravado por alevosía […] sin demostración clara y acertada del perjuicio que ocasiona la norma, no se puede declarar su inconstitucionalidad. “La declaración de inconstitucionalidad de una norma o de alguna de sus partes amerita necesariamente la demostración, de los agravios que le origina en concreto esa disposición, resultando insuficientes los meramente conjeturales” y “en reiteradas oportunidades el mas alto tribunal de la Nación señaló que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de alguna de sus partes es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico”. (STJ 25864/05 SENTENCIAS 33 27/04/2006).

En definitiva, por aplicación de estos conceptos no corresponde declarar la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua pues su aplicación no afecta los principios de proporcionalidad y humanidad, tornándose racional para lograr el fin perseguido por la norma.-

II.- De conformidad al mérito que vengo desarrollando donde he ido resolviendo las cuestiones e interrogantes que se han ido planteando en la causa y habiendo arribado a la firme conclusión que corresponde dictar sentencia condenatoria, tengo presente al momento de tener que individualizar la pena, que el legislador previó para el delito que se le atribuye al imputado una pena única – prisión perpetua – que es de aquellas penas denominadas indivisibles, que no se pueden dividir en el tiempo, y que como tal es entonces la única pena a aplicar. En ese orden y de conformidad a los antecedentes del caso aparece esa pena como la más ajustada en términos de culpabilidad y proporcionalidad, y en consideración a las pautas de los arts. 40 y 41 del CPP., si se tiene que la acción del imputado tuvo como resultado la vulneración del bien jurídico vida de una persona joven del sexo femenino de treinta y ochos años de edad, que por esos momentos era madre de una hija adolescente y que aspiraba a progresar como trabajadora en un servicio público para la comunidad donde prestaba ad honoren sus capacidades a la espera de una contratación efectiva. El imputado al llevar adelante su conducta criminal lo hizo ignorando los deberes que le imponía el vínculo afectivo que lo unía con ella en y que habían iniciado y llevaban juntos adelante, con proyectos de vida en común, donde el encartado como hombre asumió un rol preponderante que no le correspondía y con el cual logró colocar a su pareja mujer en una situación de inferioridad, de subordinación, aprovechándose de su vulnerabilidad respecto la posición que había él asumido. Agrego a todo esto lo violento de su accionar en el despliegue del hecho de la causa, donde su conducta perduró en el tiempo con un despliegue de corridas y golpes que incluyeron los de puño sobre el rostro de la mujer, que seguramente causaron en ella un padecimiento psicofísico de tal magnitud y entidad que acorralada por la situación decidió llamar por su celular a su hermana para despedirse de su familia y pedir que cuiden a su joven hija porque entendió que ese era su final. Su correlato lo encuentro en la figura del imputado, quién al momento de consumar la acción se trataba de una persona de 49 años que impresiona como de estatura media y de estructura física normal al momento de tener que sopesar el rol que asumió respecto de la mujer, instruido con estudios universitarios aunque sin concluír, comerciante del medio, calidades personales que tengo en cuenta en estas circunstancias para sopesar la gravedad de la pena única que me resta proponer su aplicación al caso.

Por lo expuesto, propicio condenar al imputado ADRIAN WALTER SOSA GARCIA a la pena de PRISION PERPETUA, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACION DE PAREJA CON LA VICTIMA COMETIDO CONTRA UNA MUJER MEDIANDO VIOLENCIA DE GENERO (art.80 inc. 1 y 11 del CP., 45, 40, 41 C.P).-



III.- Respecto los elementos que obran secuestrados en la causa detallados a fs. 823 procede disponer su entrega una vez ejecutoriada la presente a quién acredite su propiedad. En el mismo sentido respecto de aquellos elementos que fueron dados en carácter de depositario judicial de conformidad a las actas de fs. 319 y 714 deberán ordenarse la entrega definitiva de los mismos. Respecto de los remitidos a fs. 991/992 corresponde proceder a su decomiso y envío a la D.E.S.

En relación a los honorarios profesionales correspondientes a la labor desarrollada en autos por los Dres. Alberto Pischeda como abogado de la parte Querellante, y de los Dres. Isidoro Sasson y José María Arrieta deberá diferirse su regulación hasta que manifiesten bajo juramento su condición frente a la A.F.I.P. en un perentorio plazo de cinco días bajo apercibimiento de practicárseles la regulación como su fueran Monotributistas. ASI VOTO



A LA MISMA CUESTIÓN, LA DRA. CINTHIA T. GODOY PRATS, DICE:

I) A los fines de determinar la pena justa al caso concreto, deben considerarse las particularidades del mismo a la luz de los artículos 40 y 41 del C.P. y la escala del delito que estimo probado, que va desde los diez a veinticinco años de prisión.

Así debe tenerse en cuenta como circunstancia atenuante su falta de antecedentes personales y que respecto a la modalidad comisiva no fue más allá de un golpe comprobado. Y no puede dejar de apreciarse en su contra su condición de persona mayor, con trabajo, posición social, cultura y educación necesarias como para que hubiera hecho asequible la Norma y conformara su comportamiento a Ella.

II) En este aspecto no puedo dejar de analizar el contexto de violencia de género que se probó existía en la relación de esta pareja. Hago notar que escapan a estas consideraciones los planteos que se puedan esgrimir a la constitucionalidad de la agravante incorporada al Código Penal, en el delito de “Femicidio”(art. 80 inc. 11 del C.P.) sino que la perspectiva que tomo en cuenta, son las realidades vividas como condiciones personales del imputado, la naturaleza de la acción desplegada, las conductas precedentes del imputado, la calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir, los vínculos personales con la víctima, circunstancias todas ellas que históricamente, fundamentaron la pena en virtud de los artículos mencionados y que no pueden ser vistas como “derecho penal de autor” o un derecho penal que sancione “por su conducción en la vida”, porque se analicen circunstancias que van más allá de la conducta ilícita cometida, en el caso concreto, pero que explican su acaecimiento.

III) En este sentido y tal como se interpreta el significado de la agravante sancionada por la Ley de reforma al Código Penal Nº26.791, “una razonable exégesis del elemento «violencia género» –como recuerda BUOMPADRE- debe llevar a entenderlo como equivalente al concepto de «violencia contra la mujer», definido por el artículo 4 de la ley n° 26.485 como: «toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón» (conf. “Los Delitos de Género” ed. ConTexto ed. 2012) .

Dice al respecto RUBÉN FÍGARI en su opúsculo sobre “Femicidio”, (publicado en Código Penal comentado en www.pensamientopenal.com.ar) que: “El uso de la expresión “violencia de género”, expresa MAQUEDA ABREU es tan reciente como el propio reconocimiento de la realidad del maltrato a las mujeres”. Reflexiona que es significativo que hasta muy avanzado el siglo pasado no se encuentre ninguna referencia precisa a esa forma específica de violencia en los textos internacionales, salvo acaso como expresión indeterminada de una de las formas de discriminación contra la mujer proscrita por la Convención de Naciones Unidas de 1979. Sólo a partir de los años noventa, comienza a consolidarse su empleo gracias a iniciativas importantes, tales como la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer del mismo año, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994) o la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing (1995).”

Es una manifestación más de la resistencia que existe a reconocer que la violencia contra las mujeres no es una cuestión biológica ni doméstica sino de género. Se trata de una variable teórica esencial para comprender que no es la diferencia entre sexos, la razón del antagonismo, que no nos hallamos ante una forma de violencia individual que se ejerce en el ámbito familiar o de pareja por quien ostenta una posición de superioridad física (hombre) sobre el sexo más débil (mujer), sino que es consecuencia de una situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal. El género se constituye así en el resultado de un proceso de construcción social mediante el que se adjudican simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a sus varones y mujeres. Fruto de ese aprendizaje cultural de signo machista, unos y otras exhiben los roles e identidades que le han sido asignados bajo la etiqueta del género. De ahí, la prepotencia de lo masculino y la subalternidad de lo femenino. Son los ingredientes esenciales de ese orden simbólico que define las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, origen de la violencia de género. Esa explicación de la violencia contra las mujeres en clave cultural, no biológica, es la que define la perspectiva de género”.-

Teniendo ello presente, puede decirse entonces, que su actuar ostenta un mayor contenido de injusto, aunque en principio ello le pudo haber sido impuesto como pauta cultural y de lo que no sería del todo responsable, pero dada su edad y educación formal, en el estado actual de nuestra cultura, no podría hacer pesar en la sociedad dicha responsabilidad, como si podría perdonársele quizás, a un adolescente que no tuviera todos los medios para instruirse, que aún estuviera en formación su personalidad, o que viviera en medios rurales en los que convergen otras pautas o estilos de vida, de otro modo, la sociedad en todos los casos debería hacerse cargo de la falta de educación de sus componentes que los pone a un margen de la Ley.

Se ha demostrado el poder de dominación que ejercía SOSA GARCÍA sobre la víctima, pasara o no por una educación “machista”, tiene un hijo, por lo que no ha sido su primera relación de pareja la mantenida con **********. Abusaba (por lo narrado por LEMOS ZIVECCHI y RITA VERÓN) a través de sus promesas de cambiar, o de regalos o de hacerle creer que conseguiría que la confirmaran en su trabajo en el que se encontraba en situación de precariedad, ya que la víctima no tenía por lo visto, medios económicos, aunque tenía una familia de origen para ser contenida. Han comentado la forma en que la celaba o controlaba, que le impedía ir a trabajar porque la lesionaba tanto que no quería ser vista, o que debía echar la culpa a imaginarios ladrones de celulares, que en todos los casos la lastimaban para quitárselos, hasta que la misma “*****” ******** terminó contando a **** y a ********* la verdad de lo que vivía y pese a que era aconsejada para que lo dejara, ella tenía la esperanza que cambiaría. ********* hizo ver también el miedo que le tenía si no volvía urgente a su casa, así como lo narrado por ******** cuando le rompiera el celular o le llamara para confirmar si estaba con ella, el mantenerla encerrada, etc. todo ello da cuenta del contexto de violencia en el que vivían.

IV) Tomo en cuenta además, que el encartado es una persona capaz de entender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, conforme lo expresan los informes médicos, del Dr. ***********, el día 14 de mayo de 2013, que decía que al momento del examen no presentaba signos ni síntomas de estado de alineación mental, demencia en sentido jurídico. Que era lúcido, coherente, orientado en tiempo y espacio, sin producción delirante o alucinatoria, con funciones psíquicas superiores y básicas conservadas. Que desde el punto de vista psiquiátrico, no evidenciaba patologías en actividad que implicaran peligro para sí o para terceros.

Y el informe psicológico de fs. 148/149 realizado por las Licenciadas ********* y **************, del Cuerpo de Psicología Forense del Poder Judicial, de fecha 20/05/13, en el que concluían que el imputado se presentaba con “actitud predispuesta respondiendo a las consignas dadas de manera escueta y acotada”. Que durante todo el proceso de evaluación se lo notó con un importante monto de ansiedad, que hacía “evidentes esfuerzos para controlar y manipular el contenido discursivo, tanto lingüístico como paralingüístico (gestual)”. (No siendo ello poco habitual, si se me permite la digresión en personas privadas de la libertad y acusadas de hechos graves de violencia)

Se sostenía que poseía “un discurso claro, coherente y organizado, provisto de sentido y lógica formal. Sus funciones psíquicas [se encontraban] conservadas. [Instrumentando] adecuadamente las nociones de tiempo, espacio y persona, encontrándose globalmente orientado.” No se advertían “indicadores psicopatológicos subyacentes”. Que era “capaz de entender, comprender y dirigir sus acciones, siendo responsable de sus actos”. (Siendo ello percibido también por el Tribunal en el poco tiempo en que se dirigió a este teniendo la palabra)

Luego continuaba el informe sosteniendo que se infería “una dinámica de la personalidad estructurada, integrada y organizada, evidenciando indicadores de inmadurez psíquica, cierta labilidad yoica y mecanismos defensivos precarios y poco evolucionados”. Se observaba en él “cierta incapacidad para identificar el componente afectivo de sus vivencias, y por tanto de expresarlo verbalmente, lo que se manifiesta en un relato de tono desafectivizado, con una marcada escisión entre pensamiento y emoción”. Se advertían “severas dificultades para tramitar a través de la palabra, afectos y emociones, con gran pobreza simbólica, como también escasos recursos psíquicos que le permitan mediatizar la acción”. Que el Sr. SOSA GARCÍA revelaba “cierto grado de inmadurez e inestabilidad en sus vínculos, denotando modos de relacionamientos empobrecidos” y “fallas en el control de los impulsos, identificándose agresividad y hostilidad reprimida, que ante un medio amenazante podría irrumpir a modo de conductas violentas, dirigidas hacia sí y hacia terceros.”

En este aspecto y atendiendo al agravio de la Defensa, no se trata de hacer aparecer al imputado como un ser maligno que con tal personalidad vaya a cometer un delito en el más arcaico derecho penal de “autor” a la manera “lombrosiana”, sino de entender su componente de personalidad, que no lo hace ni mejor ni peor ser humano, cabe tenerlo muy presente y de hecho, muchas personas tienen dificultades para controlar sus impulsos y encausar sus frustraciones y no cometen por ello delito.

No se trata de castigar la formación de su personalidad pues nadie ha vivido su vida para conocer si podía llegar a tener otro, sino de vislumbrar que potencialidades tenía lo que no quiere decir que con otro perfil de personalidad quizás menos lábil en sus relaciones o con más mecanismos defensivos, no hubiera podido cometer de todos modos ese delito.

Tampoco la Psicología es Matemáticas, solo indica una de sus condiciones personales, que si bien no sirven estrictamente de atenuante, pues el ser humano es libre para autodeterminarse, si ayuda a entender los componentes y las dificultades para entablar relaciones sanas o no violentas y en todo caso, sirven para impedir mayor ascenso en la escala penal.

V) Tengo en cuenta también la necesaria “proporcionalidad” que tiene que guardar la pena por su culpabilidad en este delito, con el resto del plexo normativo, comparándola con el piso legal de un “Homicidio simple” (art. 79 del C.P.) que comienza en los ocho años de prisión, cometido con todo el “dolo” posible y llega al igual que en el caso de autos, en abstracto, hasta los veinticinco y la pena prevista para una “Lesión gravísima agravada por la condición de pareja”, que llevaría a un tope de quince años de prisión de acuerdo a la magnitud de la lesión (art. 92 del C.P.) y también, además de lo apuntado respecto de sus condiciones personales, se debe atender que se trata de una persona mayor de cincuenta años que con el margen legal del art. 82 del C.P. recuperaría su libertad a una edad muy avanzada, con lo cual su reinserción social sería más dificultosa, pero es lo que se exige desde los fines de la pena, que no tienen por qué ser aleccionadores ni cumplir fines de prevención general, como erróneamente se considera, incluso desde ámbitos políticos, sino antes bien, de prevención especial respecto del autor

VI) Otra agravante es sin dudas, el enorme daño causado con la pérdida de una joven vida con mucho que brindar por delante, madre de una adolescente y la pérdida y el dolor irreparable que ello representa para los hermanos querellantes en autos, por ello entiendo que el hecho cometido que no fue tendiente a obtener ese resultado fatal y que alguna pena natural también le ha de reportar al imputado ya que era su novia, debe ser penado con QUINCE AÑOS DE PRISIÓN, pena que tiene en cuenta entre el mínimo legal y el máximo, el inicio del segundo tercio de la condena. ASI VOTO.-


A LA MISMA CUESTIÓN, LA DRA. MARIA DE LOS MILAGROS MARTINEZ SPALLA, DICE:

Que adhiere y comparte los fundamentos del Dr. Raúl Juan Carlos Guerin; y ASI VOTA.


Con lo que se dio por terminado el acto, pasado y firmado por ante mi, Secretaria, que doy fe.


SENTENCIA

N º 32. CORRIENTES, 26 de marzo del 2015.

Y VISTOS: Por los fundamentos que instruye el acuerdo precedente; SE RESUELVE: I) HACER LUGAR al pedido de remisión de copias de las actas correspondientes al testimonio de *************** al Sr. Fiscal de Instrucción en turno, en función de lo dispuesto por el art. 139 del C.P.P., a sus efectos. II) CONDENAR a ADRIAN WALTER EDGARDO SOSA GARCIA, D.N.I. N ° 16.769.254, cuyos demás datos filiatorios obran en autos, por mayoría, como autor material del delito de HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACION DE PAREJA CON LA VICTIMA, COMETIDO CONTRA UNA MUJER MEDIANDO VIOLENCIA DE GENERO (Art. 80, incs. 1 y 11, 45,40 y 41 del Código Penal) a la pena de PRISIÓN PERPETUA, accesorias legales y costas. III) ENTREGAR los elementos enumerados y remitidos a fs. 823, a quien acredite su propiedad. IV) ORDENAR la entrega definitiva de los elementos dados en carácter de depositario judicial, según las actas de fs. 319 y 714. V) DECOMISAR y ENVIAR al D.E.S. los elementos remitidos a fs. 991/992. VI) DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales por la labor desarrollada en autos de los Dres. ALBERTO PISCHEDA, ISIDORO SASSON y JOSE MARIA ARRIETA, hasta que manifiesten bajo juramento su condición frente a la A.F.I.P. en el perentorio plazo de cinco días bajo apercibimiento de practicárseles la regulación como sí fueran monotributistas. VII) COMUNICAR lo resuelto a Jefatura de Policía de la Provincia y al Registro Nacional de Reincidencias. VIII) AGREGAR el original del presente al Expediente, copia testimoniada al protocolo respectivo y oportunamente archívese.





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