9952 caratulada: “sosa garcia, adrian walter edgardo p/sup. Homicidio agravado por la relacion de pareja con la victima cometido contra una mujer mediando violencia de genero – vtma. – Capital”



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VI.- Sin dejar de considerar que la defensa del imputado pidió la absolución de culpas y cargos y consecuentemente no propuso la aplicación de posibles circunstancias extraordinarias de atenuación, según lo prescribe el último párrafo del art. 80 en función del inc. 1) del C.P., no dejo de tener en cuenta al resolver que dicha disposición no es de aplicación en el caso concreto porque según lo he fundamentado acabadamente en puntos anteriores, en esa relación de pareja y con anterioridad al hecho de la causa se habían producido actos reiterativos de violencia física y psíquica en perjuicio de la víctima de esa relación, excluyendo en tal sentido la atenuante - aunque surge en claro que si así no lo fuera, siempre quedaría en el caso en cuestión como remanente la aplicación del contenido del inc. 11 del art. 80 sin reducción.-

VII- Respecto a la posibilidad de la presencia de causales de justificación o de inculpabilidad que obren a favor del imputado Adrián Walter Sosa García, de las constancias de autos no surgen elementos de naturaleza tal que permitan presumir sobre la existencia de algún elemento negativo que elimine el reproche penal del que es objeto en este estado del proceso. En tal sentido tengo además presente que el nombrado al momento del examen psíquico no evidenció alteración mental alguna, presentándose como una persona capaz orientada en tiempo y espacio, y según el informe de fs. 148/149 “…es capaz de entender, comprender y dirigir sus acciones, siendo responsable de sus actos ”.-

En consecuencia considero que el imputado ADRIAN WALTER SOSA GARCIA es autor penalmente responsable de la comisión del delito de Homicidio Agravado por la Relación de Pareja con la Víctima cometido contra una mujer mediando Violencia de Genero (art. 80 inc. 1 y 11, 45, 40 y 41 del C.P..-



A LA MISMA CUESTIÓN LA DRA. CYNTHIA GODOY PRAT, DICE:

I) Conforme la plataforma fáctica que sustentara, no puedo concluir como lo hacen mis Pares, en cuanto a la calificación legal que estiman resulta aplicable. Y es que no puedo inferir de la lesión que presentara la víctima y el medio utilizado por el imputado, como de su conducta posterior, la existencia del dolo típico de la figura del “Homicidio Calificado”, aún cuando se la suponga como “Eventual”, (art. 80 inc. 1º del C.P.) porque tampoco he encontrado indicios suficientes que me lleven a concluir que el encartado se había representado la posibilidad de muerte de su pareja y no obstante, igual continuó con su acción, resultándole la posibilidad de su muerte indiferente, ya que considero que no presumió como posible que la pudiera matar aún cuando le aplicara un “fuerte”,tremendo” o “salvaje” golpe en el rostro, a una persona mucho más débil que él, o debilitada por un tranquilizante. En esto tampoco puedo apartarme que él también tenía sus frenos inhibitorios debilitados, seguramente por el alcohol, ya que se probó que todavía en horas de la mañana le persistía el aliento etílico pero que comprendía cabalmente sus actos, porque todo lo que hizo acto seguido fueron conductas absolutamente razonadas.

II) Se ha tratado a mi juicio de uno de los “clásicos ejemplos” de “manual de Derecho Penal”, el que mata por su imprudencia, por su falta de cuidado, por excederse en sus cálculos al cometer un hecho doloso diferente, estimativamente menos lesivo, sin representación del resultado muerte, porque el medio empleado, razonablemente no podía haber llevado a ese resultado final, esto es, el delito del “Homicidio Preterintencional” del art. 81 inciso b) del Código Penal en el que se sanciona a quien: "con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte". Como lo serían los “golpes de puño” para gran parte de la Dogmática penal.

En el caso de autos, este delito se ve agravado por las circunstancias establecidas en el art. 80 inc. 1º del C.P. que con la reforma introducida al artículo e inciso en cuestión, por la Ley 26.791, sancionada el 14 de Noviembre de 2012 y promulgada el 11 de Diciembre de ese mismo año, agregó a los sujetos pasivos de la agravante de la figura de “Homicidio” allí contemplada, que eran el: “ascendiente, descendiente, cónyuge”, al: “ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”. (En autos quedó demostrado que ****** y SOSA GARCÍA mantenían relación de pareja en el momento de los hechos.)

Esta circunstancia se prolonga entonces a la hipótesis del art. 82 del C.P. que considero es el aplicable a este supuesto traído a juzgamiento, que prevé que: Cuando en el caso del inciso 1º del artículo 80 concurriese alguna de las circunstancias del inciso 1º del artículo anterior, la pena será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años”. Una de las circunstancias del artículo anterior que es el art. 81, contempla la “emoción violenta que las circunstancias la hacen excusable” (inciso 1º) y el otro caso, que es al que me refiero, es el “HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL”.

El clásico ejemplo de “medio que no debía razonablemente provocar la muerte”, es el de los puños, también reconocido por la jurisprudencia reiteradamente, (ver por ejemplo causa n° 34.583, caratulada: “BRAGAGNOLO” de la C.N. CRIM Y CORREC, rta. el 25/08/ 2008 en la que la muerte se había producido, también por un edema cerebral desencadenado por golpes de puño a la víctima, en aquella causa por parte de dos autores.

Precisamente, cuando luego de evaluado el modo en que se emplean los puños, la cantidad de lesiones y la contextura física del agresor y el agredido, se puede concluir que la persona que golpeaba de esa manera, solo quería lesionar o dañar el cuerpo del otro, pero no matarlo, se aplica esta figura. Por caso no podrá suponerse falta de previsibilidad para quien fuera un “boxeador”, por ejemplo, y sus puños fueran básicamente una herramienta o elemento letal, o cuando la víctima fuera un niño muy pequeño y el autor un adulto, porque el resultado debería ser previsible y de una manera no remota.

III) Aunque en el caso se trataba de una mujer más joven que el imputado, más baja o más débil, tenía una buena contextura ósea y muscular como reflejaba el acta de autopsia, no puede suponerse que el imputado se hubiera supuesto ese extremo y por sobre todo, porque se ha acreditado que en otras ocasiones el imputado ya le había pegado, “o fajado” (al decir del testigo ROMERO) y más allá de moretones o hematomas, que dañaban su cuerpo y salud, no representaron antes peligro para su vida. Por dichas razones estimo que ese día tampoco el imputado se representó esa posibilidad aunque no fuera del todo incalculable.

Recuerdo aquí, que en dos ocasiones esa noche y madrugada le permitió salir del departamento, sea que haya sido o no por su propia voluntad o forzado por las circunstancias, no se corresponde con el tipo subjetivo del que quiere matar, o si no lo quiere directamente, al menos conoce y tiene la voluntad dirigida a ese fin, el que la deje ir, sin asegurarse de haber hecho todo lo posible para provocarle la muerte.

Aunque en verdad haya acabado su tentativa en este sentido, haya creado todo el riesgo necesario para que la muerte se produjera, no debe haberlo sabido conscientemente, pues si así fue, no queda otra que adjudicarle el hecho a título de “dolo”, pues quien está seguro de haber hecho todo lo necesario para cumplir con su plan delictivo, no necesita “rematar” a su víctima. Ahora, no parece razonable dicha actitud o presunción de conocimiento por su parte, con dejarla partir y además ponerse en contacto con el hermano, seguramente para darle “su versión” de los hechos, porque es altamente probable que estando en la vereda, se hubiera percatado que algo sucedió en la esquina y no se acercó a mirar, pero tampoco ha existido la comprobación fehaciente, que el imputado atara cabos esa noche, que la ambulancia que llegó fue para llevarse como una hora después, a su pareja del lugar y de todas maneras quiso hablar con el hermano.

Traigo a colación aquí la observación realizada por el Fiscal en su alegato, tuvo en aquél momento SOSA GARCÍA, la misma actitud que tuviera con **************, cuando ésta le contara al Tribunal, que en una de las tantas “desapariciones” de su amiga cuando vivía con él, de su lugar de trabajo, meses antes, cuando la llamara para dialogar con ella y conocer por qué no concurría a trabajar, era ADRIÁN SOSA GARCÍA quien la atendía y quería hablar con ella, antes que la compañera de trabajo hablara con **********, para que escuchara también las explicaciones que él tenía para darle, comentando *************** que discutía telefónicamente con aquél, diciéndole que con él no tenía nada que hablar y que le pasara el celular a su amiga y aquél no lo hacía.

También, porque lamentablemente es lo que acontece en la generalidad de los casos de “violencia de género” que nos toca juzgar, que el autor, prevaleciéndose de su fuerza física y de su concepción patriarcal de dominación hacia la mujer, lo que hace al pegar es hacerle pagar sus propias frustraciones como que existe una obligación por parte de aquella y su rol de mujer de ser receptora de las mismas; porque entiende que tiene un derecho de propiedad sobre la misma y que necesita que esté con vida para seguir haciéndolo, no le serviría muerta para hacer valer su condición de “macho”, hasta que finalmente, la violencia que sube en escalada supera lo habitual y llega a la muerte. Pero si en casos que tuvimos no se pudo dudar del dolo, como cuando se usó un cuchillo, un arma de fuego o el mismo fuego y elementos de combustión para quemarla viva, es más dudoso cuando se utilizan los puños y sobre todo si este aparece como utilizado una sola vez (dada las dos lesiones, solo cuento una porque ella misma dijo que la de la cabeza “fue contra la pared” pudiendo haber sido “in dubio pro reo”, por la fuerza del desplazamiento hacia ella, en cambio fue ostensible la lesión en la cara, en la zona maxilar y geniana)

En definitiva, digo que su voluntad iba dirigida a un evento distinto del que terminó sucediendo, que le es imputable no como un “versari in re ilícita”, consagratorio de una responsabilidad objetiva de todos los resultados posibles, sino que como no se lo representó aunque era “previsible”, el resultado se atribuye como se atribuye la “culpa” en materia penal, por imputación objetiva, al obrar por imprudencia al medir las consecuencias de sus actos.

La “razonabilidad” en la apreciación del medio debe realizarla el Juez, puesto en aquella situación “ex ante” en la que estaba el autor al momento de cometer el hecho, pero no por conocimientos especiales o mayor “escrupulosidad” que pueda tener el Juez, debe colocarse en la situación del ciudadano común, del hombre “medio” o “promedio”, del que no tiene una socialización extraña, sino la propia del entorno en el que vive. Y en autos se ha visto que SOSA GARCÍA, por su contextura física es una persona alta, delgada, con buen aspecto físico, pero sin ningún desarrollo que permita inferir que es una persona deportista, que está acostumbrada a hacer fuerza, no se lo observó con masa muscular superior a un promedio corriente, si se me permite la expresión. No se trataría de un golpe “de uppercut” que mencionara el Dr. ************* en debate, tampoco, al menos no hubo un aporte probatorio en ese sentido desde la Acusación.

Menos habitual sería el conocimiento que pudiere haber tenido, aun con estudios secundarios completos, que se podría ocasionar la muerte si es que además, la “zamarreó” si se considerara que el DAD se produjo por esta razón, cuestión que ha quedado en el ámbito de la duda y por ello la he excluido en el punto anterior, sino que entiendo que esas injurias cerebrales han sido la consecuencia del shock posparo y la septicemia posterior. Pero ésta, al ser una consecuencia causal previsible ha estado en el riesgo prohibido creado por él y que se produjo en el resultado, por ello le es imputable aunque haya sido imprudente y no haya estado en el tipo subjetivo que tenía en mente realizar, a mi juicio solo lesionarla en lo físico (y en su dignidad).

Esto lo vislumbro también, advirtiendo que era él quien tenía aliento etílico horas después, esa mañana que terminara hospitalizada VERÓN, por lo que es probable que esas fallas en la medida de sus acciones se hayan visto favorecidas por cierta disminución de sus facultades producto del alcohol.

IV) Aunque debo señalar mi discordancia frente a la equiparación legal a través de la pena total que ha previsto el Legislador, para el caso de la muerte de “la pareja ” y aún cuando medie convivencia, con la de los hijos, los padres o el cónyuge (dejo de lado al concubino/a) y que no se haya recordado a los “hermanos” cuando media convivencia, pues esta equiparación lesiona severamente la razón de ser, del mayor contenido de injusto que significaba matar a la persona a la que por naturaleza, convivencia y razones de legalidad se le debería tener más respeto y tener más garantías de protección, situación rayana en lo proditorio o alevoso, porque la maternidad, paternidad como la comunión de los esposos o incluso concubinos, hace nacer posiciones de confianza y deberes de garantía que no existirían en concreto frente a las simples “parejas”, sobre todo, si no hay convivencia, entiendo que en el supuesto de aplicación, no estando abarcado el art. 82 del C.P. por el marco inamovible de la pena perpetua, sino que prevé el caso con un marco de aplicación movible entre un mínimo y un máximo, permite que la pena a “posteriori” sea fijada tomando en cuenta todas las circunstancias del caso particular, que será similar a otros pero no igual y por ello amerita que exista una escala en la que el Juzgador pueda dirimir la pena más justa.

V) Ahora bien, debo señalar que no dejo de advertir que tanto en el Requerimiento de Elevación a Juicio como en el alegato de la acusación del Fiscal y la Querella, se calificó la conducta como “Homicidio agravado por la situación de pareja y el contexto de violencia de género”, en los términos del art. 80.1 y 80 inc. 11 del C.P. solicitando la imposición de la pena de PRISIÓN PERPETUA, en tanto la Defensa, entendía que su pupilo procesal no cometió el hecho que se le enrostraba y que el desenlace fatal ha sido competencia exclusiva de la víctima.

Explicado como ya fueron las razones por las cuales no tengo con certeza más allá de toda duda razonable, probado el dolo requerido en la figura propuesta por los Acusadores, (dejo de lado aquí el caso del inc. 11 al que luego me referiré) resta observar que no existe en el caso impedimento jurídico alguno para proponer la calificación de “HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL AGRAVADO” del art. 82 del C.P.

En este sentido hago míos los argumentos del Juez ADRIÁN MARTÍN del Tribunal Oral en lo Criminal Nº15, de Capital Federal, in re: “SEVERI” c. Nº 3543 Fallo Nº 33.438, cuando a situación parecida a la presente, en orden a la calificación de un hecho como preterintencional, advertía frente a la relevancia cada vez más creciente que exigía la Corte Suprema de la Nación, en orden a un sistema más acusatorio en los procedimientos penales, que esta solución legal no afecta el denominado “principio de correlación o congruencia” entre la acusación, la defensa y la sentencia.

Se hacía ver en el Voto al que aludo y que constituía la mayoría del Tribunal, que este principio ha sido históricamente entendido, en parte, como “una salvaguarda contra el exceso de poder punitivo que los jueces pretendan habilitar por sobre la pretensión de los acusadores”, pero también que era necesario señalar que el principio en sí, siempre ha permanecido “acotado por la plataforma fáctica”, probada en el debate. Pero como lo hacía ver el Votante al que sigo, citando a MAIER, que “a pesar que la regla es sencilla”, los problemas que en concreto se plantean se dan cuando el cambio es “sorpresivo” para la defensa.

Que “si bien de ordinario la regla sólo pretende que el fallo no aprecie un hecho distinto al acusado, una variación brusca de la calificación jurídica por parte de los jueces podría importar una afectación constitucional, pero sólo en la medida que implicara una modificación sorpresiva” (Maier, Julio BJ; “Derecho Procesal Penal. Fundamentos”, tomo I, ed. “Del Puerto”, Bs. As., 1996, p. 568/9). Ésta parecería ser además, la posición mayoritaria de la C.S.J.N. Entre otros fallos, la causa: “ANTOGNAZZA, MARÍA ALEXANDRA” (Fallos 330:4945) en el que la mayoría de la C.S.J.N. hacía suya la opinión del Procurador Fiscal quien en un pasaje de su dictamen sostuvo que “…en ciertos casos la modificación de la calificación legal podría importar un agravio constitucional, en la medida en que dicho cambio provoque el desbaratamiento de la estrategia defensiva del acusado, impidiéndole formular sus descargos” (Fallos: 319:2959, voto de los doctores PETRACCHI y BOSSERT).

Del mismo modo, la C.I.D.H. se expidió vinculado al tema, en el caso “FERMÍN RAMÍREZ C/GUATEMALA” N° 126, en Sentencia del 20 de junio de 2005, comprendiendo los “supuestos en los cuales el tribunal incorpora nuevos elementos ajenos al acontecimiento histórico juzgado, a fin de seleccionar una calificación legal más gravosa y, con ello, aplica una pena de mayor entidad.”

Mencionaba aquél Voto también, la opinión de ÁNGELA LEDESMA, quien sostiene que “los presupuestos del juicio, motivan necesariamente la realización del debate contradictorio, que debe recaer sobre los hechos considerados punibles que se perfilan, así como sobre la calificación jurídica de esos hechos, de manera que el acusado tenga la oportunidad de defenderse, pronunciándose no sólo sobre la realidad de los hechos aducidos por la acusación, sino también sobre su ilicitud y punibilidad”, agregando que “…el pleno respeto del principio de bilateralidad vincula al juzgador penal, en cuanto le impide pronunciarse sobre los hechos no aportados al proceso, si objeto de la acusación, ni podrá calificar jurídicamente estos hechos de forma que integren un delito de mayor gravedad que el definido en la acusación (de la autora citada: “¿ES CONSTITUCIONAL LA APLICACIÓN DEL BROCARDO IURA NOVIT CURIA?”, en BAIGÚN, DAVID, etc. “ESTUDIOS SOBRE JUSTICIA PENAL”. Homenaje al Profesor Julio B.J. Maier, ed. Del Puerto, Bs.As., 2005, p 367) (El subrayado del fallo original).

Asimismo ha señalado la autora en el trabajo citado que “…para que se conmueva la garantía constitucional de defensa en juicio, es necesario que se haya producido una mutación esencial entre el hecho intimado y la base fáctica contenida en el documento acusatorio, con el hecho juzgado, produciéndose un menoscabo en la facultad de refutación por parte de los imputados”, añadiendo que tal perjuicio sólo ocurre cuando la diversidad fáctica restringe o cercena la factibilidad de presentar pruebas en su interés o si la diversidad comprometió la estrategia de defensa”. Con cita de CLARIÁ OLMEDO, también se dice que dicha correlación no debe ser entendida como sinónimo de identidad o adecuación perfecta, sino que no se extiende más allá de “…los elementos fácticos esenciales y de las circunstancias y modalidades realmente influyentes en ello, hasta punto tal que la defensa haya podido ser afectada si la sentencia condenatoria se aparta de ese material” (op. cit., p 365).

Es decir que lo que no se tolera porque representaría una “lesión al principio de la defensa en juicio”, seríauna interpretación irrazonable en perjuicio del imputado (op. cit., p. 370) Con cita de MAIER se dice en aquel fallo que en los casos de: “…infracciones progresivas (por ej., las lesiones en sus diversos grados y el homicidio)”, resultan casos equiparables también a la progresión existente entre los delitos básicos, los agravados y los privilegiados, añadiendo además, que deben resolverse los casos polémicos con los criterios ya expuestos (Maier, op. cit., p 573) Vinculado también a las nuevas y más garantizadoras aplicaciones del principio de congruencia, debe destacarse lo resuelto por los jueces LORENZETTI y ZAFFARONI en la causa “AMODIO” (Fallos 330:2658), y que fuera luego reiterado en disidencia por ellos –con adhesión del juez FAYT en algún caso-, entre otras, en las sentencias dictadas en las causas “CURIO,CARMELO” (C. 1817. XLIII) del 3 de junio de 2008, “CARELLO SALCEDO, PATRICIO” (C. 964. XLIII) del 24 de junio de 2008, “FAGÚNDEZ, HÉCTOR OSCAR” (F.452.XLIII) y “TRINIDAD NOGUERA” (T. 502. XLIII), estas últimas del 12 de agosto de 2008 -entre las más antiguas-; y las dictadas en las causas “IGLESIAS, PABLO” (I. 130. XLVI), “MOLINA, ROXANA” (M. 630.XLVII), “RETAMAR, ALCIDES” (R. 90. XLVII) todas del 29 de noviembre de 2011 -entre las más recientes-. En el caso “AMODIO”, los jueces ZAFFARONI y LORENZETTI, expresaron en el considerando 15°, respecto del principio en análisis, que “…el derecho a ser oído reclama del órgano jurisdiccional un pronunciamiento que debe expedirse sobre el hecho y las circunstancias contenidas o delimitadas en la acusación, fijando entonces aquella regla el ámbito máximo de decisión del fallo penal

En el caso que nos ocupa, la solución propuesta no podría entenderse que pone en crisis el “Principio de congruencia” en ninguna de las posiciones con las que se lo comprenda porque no se está ante un cambio de calificación legal más gravoso, sino por el contrario, he optado por uno menos lesivo, por estricta aplicación del “principio in dubio pro reo”. Por otra parte, la calificación legal adoptada no importa un cambio por un tipo penal absolutamente disímil respecto del que se basara el acusador. Por el contrario, ha implicado descartar el dolo del tipo básico (arts. 79) y del agravado (del art. 80.1 del C.P.), para recalar en la figura privilegiada de homicidio prevista en los arts. 81.1.b y 82 C,P al que remite. En suma, entiendo el cambio de calificación legal por un tipo legal cuya relación con el que ha basado la acusación el fiscal y de la querella, es de un atenuante.

También en esta misma línea respetuosa del principio de “in dubio pro reo” en el ámbito del aspecto subjetivo del tipo penal, la C.S.J.N. se ha expresado en “VERA GIMENEZ” (V.1293:XL, rta. el 27 de diciembre de 2006), en su considerando 9, criticando la conclusión a la que arribaban en el fallo recurrido diciendo que: “…la valoración de los hechos o circunstancias fácticas alcanzadas por el in dubio pro reo incluye también los elementos subjetivos del tipo penal, cuya averiguación y reconstrucción resulta imprescindible para aplicar la ley penal. La falta de certeza sobre estos últimos también debe computarse a favor del imputado.”

Como derivación inevitable de lo mencionado en los párrafos que anteceden, debe resaltarse que la condena que se postula respecto de SOSA GARCÍA no sólo no importa una habilitación de un plus punitivo sino que, por el contrario importa una fuerte disminución de la pena solicitada por el fiscal y la Querella, la que no podrá ser perpetua. Tampoco puede alegarse “sorpresa” para la Defensa, pues lo insinuaron en sus alegatos, al señalar que hubo por parte de los acusadores un cambio en la imputación del dolo, cuando la víctima finalmente muriera, pero que antes, la Instrucción de la causa le había atribuido “dolo de lesiones”.

VI) Por último y relativo al tema del inc. 11 del art. 80 del C.P. aunque entiendo probado el contexto de “violencia de género” en el que vivían, dados los testimonios de ***** y************* así como el de ************ y las razones de constitucionalidad de la Norma que sustenta el Voto que antecede qué sí comparto, en autos y para la hipótesis que entiendo se ha probado en Debate, tal agravante no resultaría aplicable al supuesto que propicio con mi Voto, por cuanto el Delito de “Homicidio Preterintencional” no se ve agravado si se comete en un contexto de violencia de género, siendo a mi juicio inexplicable que por las mismas razones que el Legislador tuvo en cuenta al otorgar una “superprotección” a la mujer, las tuviera solo en cuenta en el caso que el hombre tuviera el dolo de matar y no cuando tuviera el dolo de lesionar, pero con el resultado no querido y no previsto de la muerte, ya que estos son a mi modo de ver muy frecuentes y si con la protección legal se buscaba cumplir con el compromiso internacional asumido por el Estado Argentino al sancionar la Ley 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres, en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales”, los objetivos han quedado a mitad de camino, por lo menos, en orden a la punibilidad de conductas análogas.

No puede por analogía y menos “in malam partem” considerarse que si el dolo era el de lesiones que dado el cuadro posterior sufrido, debieran atribuírselas a las del tipo “gravísimo” y por remisión de la figura del art. 92 del C.P. a todos los supuestos del art. 80 sería lícito incorporar el inciso de “violencia de género”, porque si algo así fuera posible el homicidio preterintencional bajo las circunstancias del inc. 1º del art.80 del C.P. estaría de más. Pero ello no implica que no puedan considerarse esas circunstancias en el “quantum” de la pena.

Y entiendo en contestación a la Defensa, que no ha sido el supuesto traído a juzgamiento el del inc. 4º del C.P. aunque parezca asimilable al inc. 11, del art. 80, porque no es el “odio a la mujer” normalmente el que genera el contexto de la “violencia de género”, en todo caso lo será el odio a “esa mujer” y por lo general, no es “misógino” el hombre que comparte una relación de pareja con una mujer, por el contrario es usual que diga que “amaba” a “su mujer”, claro que de una forma posesiva y cosificadora. (ver ENCARNA BODELÓN “Violencia de Género”, Ed. DIDOT 2012) Ello es así aunque tampoco se explique dogmáticamente qué razón válida tuvo en cuenta el Legislador para incorporar la “misoginia” entre “otros odios”, como el “racial” y el “religioso” y dejara de lado la “misandria” o aversión hacia el varón por parte de la mujer y la muerte por esta causal, igualmente vil y deleznable, que en la actualidad no tendría la misma entidad gravosa respecto de la pena, pero todo ello no empece a que esta “perspectiva” de todos modos, como dije no deba ser abordada al momento de la imposición de la pena, porque hacen a su mayor o menor reprochabilidad por el hecho.

VII) No habiéndose acreditado causales de justificación corresponde por lo tanto la atribución de este hecho tal como lo calificara, como autor material (art. 45 del C.P.) ASÍ VOTO.
A LA MISMA CUESTIÓN, LA DRA. MARIA DE LOS MILAGROS MARTINEZ SPALLA, DICE:

Que adhiere y comparte los fundamentos del Dr. Raúl Juan Carlos Guerin; y ASI VOTA.


A LA CUARTA CUESTION EL DR. RAUL JUAN CARLOS GUERIN DIJO:

Al concluir la parte Querellante y la Fiscalía del TOP fueron contesten en solicitar la aplicación de la pena de prisión perpetua para el imputado Adrián Walter Sosa García, ambos en atención a la calificación legal atribuida al hecho.-

Por su parte la Defensa del imputado solicitó la absolución de culpa y cargos, no sin antes tachar de inconstitucional la pena de prisión perpetua por considerar que su aplicación afecta principios constitucionales como los de proporcionalidad y humanidad de las penas.-

Antes de referirme a la imposición de una pena, me ocupo de esta tacha de inconstitucionalidad, aunque dejo sentada desde ya mi posición en el sentido que la misma no debe prosperar por las razones que paso a exponer.




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