25 AÑos de la creación de la comisión estatal de los derechos humanos



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----- 79.- En oficio de fecha 14 de febrero del 2017, la C. Fiscal Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la entonces PGJE, informó que los Fiscales del Ministerio Público adscritos a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Especializada en Justicia Indígena, proporcionaron datos de que, entre febrero y noviembre del 2016 se inició 1 Registro de Atención y 9 Carpetas de Investigación por la comisión de diversos delitos (Se precisa en el párrafo 61 de este documento); y que las periciales ordenadas en diversas Carpetas de Investigación, así como demás diligencias para el esclarecimiento de los hechos, por el momento ha sido imposible su realización, toda vez que pobladores del municipio de Oxchuc no brindan las garantías suficientes para que el personal adscrito a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena ingresen a realizar las diligencias correspondientes. Por lo que, en cuanto a este punto, si bien es cierto que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no recabó queja específica alguna en contra de la ahora FGE, en cuanto al derecho a una administración de justicia pronta, completa e imparcial, por parte de los denunciantes y agraviados; resulta procedente hacerla valer de oficio, recomendando al C. Fiscal General del Estado gire sus apreciables instrucciones a los Fiscales del Ministerio Público adscritos a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Especializada en Justicia Indígena, para efectos de que, en el momento en que sea factible la realización de todas aquellas diligencias faltantes en el Registro de Atención y Carpetas de Investigación en cita, determinen las mismas conforme a derecho resulte procedente.
----- 80.- En oficio de fecha 07 de agosto del 2017, el C. Lic. AMG, Comisionado Interinstitucional para la Atención Integral del Municipio de Oxchuc, informó que, en relación a la cantidad de familias señaladas como desplazadas (36 familias, 126 personas), desde que tuvo conocimiento del supuesto hecho, ha indagado por diferentes medios de la existencia real del mismo, afirmando que no existió tal desplazamiento, remitiendo información pormenorizada del lugar de residencia actual de cada familia; y para confirmar la veracidad de la existencia de tal desplazamiento, tuvo diversas reuniones y entrevistas con autoridades comunitarias y barrios del municipio de Oxchuc, así como dependencias del Gobierno del Estado, tal es el caso de la reunión que sostuviera el 04 de agosto del presente año (2017) con el C. VAV, Delegado de Protección Civil de la Región Altos de la Secretaría de Protección Civil, toda vez que de existir grupos de desplazados en la Región, es la instancia inmediata en brindar la debida atención a los mismos, manifestando el citado funcionario que en ningún momento tuvo conocimiento respecto al supuesto desplazamiento de las 126 personas, integrantes de 36 familias. De ello se deduce claramente que la afirmación de los CC. AGS, LGS y otros 19 firmantes, quienes dijeron ser miembros de la Comisión de Paz y Seguimiento Caso Oxchuc, al manifestar en su escrito de fecha 22 de marzo de 2016, que el 08 de enero del 2016, 126 personas, integrantes de 36 familias, fueron desplazadas y les fueron dañadas sus viviendas; por lo que en cuanto e la expulsión o desplazamiento se refieren, no quedó acreditado ante este organismo, y por lo tanto, respecto a esta parte del expediente de queja, no se observan violaciones a los derechos humanos de quienes se dijeron quejosos y agraviados.
----- 81.- En acta circunstanciada de fecha 27 de julio del 2017, personal fedatario de este organismo, hizo constar que a las 10:30 horas de ese mismo día, personal de la CEDH participó con representantes de diversas autoridades estatales y municipales, en el retorno de las familias desplazadas de la comunidad Stenlej Akil, municipio de Oxchuc, Chiapas; retornando a sus hogares 20 familias que habían sido desplazadas de la comunidad en cita, integradas por 85 personas; esto es, 6 adultos mayores hombres, 5 adultos mayores mujeres; 14 adultos hombres, 13 adultos mujeres; 12 adolescentes hombres, 8 adolescentes mujeres; 13 niños, 12 niñas; 1 lactante hombre, 1 lactante mujer. Por lo tanto, la queja, en lo concerniente a este punto, ha quedado resuelta durante el trámite; observándose y reconociendo que el Gobierno del Estado, a través de una comisión interinstitucional, por medio del diálogo, propició las condiciones favorables para el retorno de los desplazados, quienes habían permanecido en el DIF Municipal de Oxchuc, habiéndoles brindado la atención correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, aprobados por la ONU el 11 de febrero de 1998, y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.
----- 82.- En este último caso, este organismo observa que tal desplazamiento fue motivado por diferencias políticas o ideológicas, que violentó en su momento el derecho humano de libre residencia contenido en el artículo 11 constitucional, de aquellos que fueron desplazados de su comunidad, independientemente de que el Gobierno del Estado les hubiera proporcionado en su momento la atención correspondiente; por lo que, considerando que las expulsiones en las comunidades indígenas del Estado de Chiapas, provocan además otras violaciones a derechos humanos inherentes a la naturaleza del mismo desplazamiento, amén del desembolso de cuantiosos recursos económicos por el cumplimiento de diversas obligaciones a que se ve sometido el Estado en su calidad de garante de los Derechos Humanos, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° constitucional; el tema ha sido abordado en diversas ocasiones por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la práctica reiterada de tal conducta en las comunidades indígenas del Estado de Chiapas. Por otra parte, tal observación, obliga a este organismo local protector de los derechos humanos a presentar propuestas ante las autoridades competentes respecto de cambios y modificaciones al sistema jurídico estatal o municipal o de prácticas administrativas, que redunden en una mejor protección y defensa de los derechos humanos, como lo dispone la fracción VI del artículo 18 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esto es, proponer algunos cambios legislativos para efectos de poner un dique de contención a las expulsiones en los pueblos indígenas de Chiapas; además de proponer se reglamenten sus usos y costumbres y el Derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, con la finalidad de que se clarifique la jurisdicción indígena y la jurisdicción del Estado, que proporcione algunas reglas básicas de cómo debe ser la relación, cuáles son los límites de la jurisdicción indígena, cuál es la competencia que le corresponde a cada una de ellas y cuál debe ser la regla a aplicar si un asunto o conflicto es asumido por una jurisdicción cuando le corresponde a otra.
----- 83.- Como preámbulo de la propuesta, resulta pertinente señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas (en adelante Protocolo Indígenas);1 al hacer un estudio exhaustivo de los derechos contenidos en el artículo 2° constitucional, además de otros derechos, se refiere al derecho de los pueblos indígenas a aplicar sus propios sistemas normativos, de conformidad con el Apartado A, fracción II del artículo 2° constitucional, puntualizando lo siguiente:

"La CPEUM reconoce la existencia de sistemas normativos internos, aunque también los llama “usos y costumbres”, los cuales resultan necesarios para definir la organización política, económica, jurídica, social y cultural interna, pero también para la resolución de sus conflictos internos y para la elección de sus propias autoridades como quedó de manifiesto en el caso Cherán. El Convenio 169 de la OIT también reconoce la existencia del derecho consuetudinario de los pueblos. Aunque hay un uso indistinto de estos conceptos (sistemas normativos internos, usos y costumbres y derecho consuetudinario), en términos generales hacen referencia a lo mismo, es decir, a la posibilidad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas de crear “derecho” y que éste sea reconocido y respetado por las instituciones públicas, siempre y cuando se ejerza respetando los principios generales de la CPEUM y los derechos humanos (la propia Constitución hace énfasis especial en el respeto de los derechos de las mujeres).

Los sistemas normativos internos indígenas suelen tener los tres elementos de cualquier otro sistema: a) normas, b) instituciones, y c) procedimientos, además de que constituyen sistemas de reparación y de castigo. Una interpretación lógica del ordenamiento nos lleva a reconocer que dado el reconocimiento de estos sistemas, las autoridades indígenas pueden resolver todo tipo de asuntos internos. Cuando surgen controversias por la aplicación del “derecho indígena”, no correspondería a la autoridad jurisdiccional del fuero común juzgar de nuevo o desconocer la capacidad de juzgar de la autoridad indígena. Si una autoridad del fuero común resuelve de nuevo sobre un caso ya resuelto por la autoridad indígena, aun cuando alguna de las partes excite a los tribunales y el asunto llega en vía de amparo a los jueces federales, ellos tendrán que tomar en cuenta tanto el derecho de los pueblos indígenas de aplicar sus sistemas normativos en la resolución de sus conflictos internos, como el principio non bis in idem. Por esta razón es necesario que los tribunales constitucionales tengan la capacidad de leer interculturalmente el derecho.

Aunque estos casos aún no están reglamentados en la mayoría de las legislaciones estatales y la definición de competencias entre autoridades indígenas y autoridades del fuero común no es muy precisa, al llegar a los Tribunales Federales, éstos tendrán que pronunciarse sobre la legalidad de la actuación de las autoridades indígenas. En estos casos le corresponderá a la juzgadora o juzgador verificar tres cosas: a) un posible conflicto de competencias con las autoridades del Estado o de otras comunidades, b) que la autoridad en cuestión haya aplicado efectivamente el sistema normativo interno de la comunidad, para lo cual son vitales los peritajes antropológicos u otros medios de prueba que objetiven el sistema normativo que con frecuencia es oral y no escrito, y c) que el sistema cumpla con los mínimos de respeto a los principios generales de la Constitución y a los derechos humanos, teniendo en estos casos relevancia fundamental el principio pro persona, consagrado en el artículo 1º de la CPEUM.

El objetivo es alinear la justicia ordinaria con la justicia indígena, a fin de generar un marco normativo que “evite los solapamientos entre ambas jurisdicciones y que proporcione algunas reglas básicas de cómo debe ser la relación, cuáles son los límites de la jurisdicción indígena, cuál es la competencia que le corresponde a cada una de ellas y cuál debe ser la regla a aplicar si un asunto o conflicto es asumido por una jurisdicción cuando le corresponde a otra”.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia por ejemplo, elaboró los “mínimos contenidos éticos” que la administración de justicia indígena no puede desconocer, independientemente de su cultura, pautas o tradiciones, incluyendo: 1) el derecho a la vida (no a la pena de muerte); 2) el derecho a la integridad física (no a la tortura); 3) el derecho a la libertad (no a la esclavitud) y 4) el derecho a un debido proceso (de acuerdo con las propias reglas establecidas en la comunidad)."2
----- 84.- Otro derecho, explicado por la SCJN en el Protocolo Indígenas, que tiene íntima relación con la propuesta a que nos referiremos, lo es el Derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado; manifestando lo siguiente:

"Este es uno de los derechos que ha alcanzado mayor relevancia y desarrollo en relación al tema de los derechos indígenas en el ámbito internacional, entre otras razones debido a las tensiones que se producen en las comunidades y pueblos indígenas por la expansión de los megaproyectos energéticos, mineros, de acuacultura y forestación. No obstante, en México ha tenido poco desarrollo tanto a nivel normativo como jurisprudencial.

La fracción IX del apartado B del artículo 2º de la Constitución reconoce el derecho a una consulta acotada, misma que en el Derecho de fuente internacional tiene dimensiones más amplias, contenido que hace necesario recurrir al desarrollo que el derecho ha tenido en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos a partir de lo reconocido por el Convenio 169 de la OIT.

De acuerdo con dicho Convenio, es obligación de los Estados consultar con los pueblos indígenas, de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento sobre asuntos que les afecten en distintos contextos. El propio Consejo de Administración de esa organización (OIT) ha señalado que el derecho a la consulta y participación “constituye la piedra angular del Convenio 169 de la OIT en la que se fundamentan todas las disposiciones del mismo”. El derecho está también reconocido en la DDPI (Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas) y es aplicable a cualquier acción administrativa o legislativa que pueda tener un impacto sobre los derechos o intereses de los pueblos indígenas. En tal sentido, la consulta previa a los pueblos indígenas abarca no solamente el uso de los recursos naturales, sino cualquier medida que pueda afectar directamente a estas comunidades.

De acuerdo con el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los principios de consulta y consentimiento representan conjuntamente una norma especial para la protección del ejercicio de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas y como un medio para garantizar su observancia. Estos derechos sustantivos pudieran incluir entre otros, los derechos a la propiedad, la cultura, la religión, la salud y el bienestar físico y a materializar sus propias prioridades de desarrollo. La Corte IDH ha sentado diversos precedentes para definir los alcances del derecho a la consulta en casos específicos.

Los elementos fundamentales para concretar el derecho a la consulta es que se lleve a cabo previamente a las acciones, que se dirija a los afectados o a sus representantes legítimos, que se realice de buena fe y a través de los medios idóneos para su desarrollo, que provea de toda la información necesaria para tomar las decisiones, en particular, la existencia de estudios imparciales y profesionales de impacto social, cultural y ambiental, que se busque el acuerdo y, en ciertos casos, que sea obligatorio obtener el consentimiento libre e informado de las comunidades, todo lo anterior, a través de procesos culturalmente adecuados y usando las formas e instituciones que ellos mismos ocupan para tomar decisiones. La falta o el vicio en alguno de estos elementos puede ser motivo de un procedimiento jurisdiccional.

El deber de consulta aplica en cualquier caso en que una decisión “se relaciona con

los intereses o las condiciones específicas de determinados pueblos indígenas, incluso si la decisión tiene efectos más amplios”. Ello comprende medidas administrativas o legislativas de aplicación general, tales como iniciativas de ley sobre recursos forestales o pesqueros, o sobre el desarrollo rural o agrario, si dichas medidas afectan de manera diferenciada a los pueblos indígenas dadas sus condiciones y derechos específicos.

Tal como lo estableció la Corte IDH “adicionalmente a la consulta que se requiere siempre que haya un plan de desarrollo o inversión dentro de un territorio tradicional [,] la salvaguarda de la participación efectiva que se requiere cuando se trate de grandes planes de desarrollo o inversión que puedan tener un impacto profundo en los derechos de propiedad de los miembros del pueblo [,] a gran parte de su territorio, debe entenderse como requiriendo adicionalmente la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado del pueblo [,] según sus costumbres y tradiciones.”

Con respecto a lo anterior, el Relator Especial ha precisado que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana y las disposiciones de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas evidencian que el consentimiento sería exigible en todo caso que una medida propuesta tuviese efectos significativos sobre los derechos de los pueblos indígenas que son esenciales para su supervivencia como tales. Ello pudiera comprender, además de los proyectos de inversión o desarrollo que afectaran el modo de vida o subsistencia de los pueblos indígenas, los casos que impliquen el reasentamiento o traslados poblacionales y el almacenamiento o desecho de materiales peligrosos en territorios indígenas. Y, en caso de que no se lograra el acuerdo o consentimiento al haberse finalizado un proceso de consulta, el Estado podría proceder con una medida propuesta solo si pudiera garantizar que no tuviese impactos significativos sobre los derechos de estos pueblos, tales como su derecho a establecer sus propias prioridades para el desarrollo como parte de su derecho a la libre determinación, el derecho a la salud y un medio ambiente sano, el derecho a la cultura y a la religión y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales de acuerdo a sus usos y costumbres. En ningún caso deberían ser vulnerados estos derechos. Aun en los casos en que el consentimiento no fuera estrictamente necesario, el Estado debe actuar de manera que respete y proteja los derechos humanos de los pueblos indígenas, lo que pudiera incluir la aplicación de otras salvaguardas, tales como el establecimiento de

medidas de mitigación y compensación”.3
----- 85.- De lo anterior podemos puntualizar que: a).- Los usos y costumbres de los pueblos indígenas como sistemas normativos internos se encuentran acotados por el cumplimiento de los mínimos de respeto a los principios generales de la Constitución y a los derechos humanos, teniendo en estos casos relevancia fundamental el principio pro persona, consagrado en el artículo 1º de la CPEUM; b).- Que en la vida política cotidiana del Estado de Chiapas son comunes las incompatibilidades que surgen ante la aplicación de los “usos y costumbres indígenas” y la legislación estatal, puesto que en diversas ocasiones aquellos transgreden los principios generales de la CPEUM y los derechos humanos, como por ejemplo las expulsiones (Art. 11 Const.), la apropiación de los bienes de los expulsados (delito de robo), multas excesivas (Art. 22 Const.), detenciones ilegales de más de 36 horas (Art. 21 Const.), por lo que reviste especial importancia, c).- Alinear los usos y costumbres indígenas con la legislación estatal, para, como lo señala la SCJN, “evitar los solapamientos entre ambas jurisdicciones y que proporcione algunas reglas básicas de cómo debe ser la relación, cuáles son los límites de la jurisdicción indígena, cuál es la competencia que le corresponde a la legislación del Estado de Chiapas y cuál debe ser la regla a aplicar si un asunto o conflicto es asumido por una jurisdicción cuando le corresponde a otra”. Por supuesto que cualquier actuación tendente a reglamentar los usos y costumbres indígenas, de acuerdo con sus propias especificidades culturales y sus propios usos y costumbres, por ser medidas de aplicación general, que impactarían sobre los "derechos o intereses" de cada pueblo indígena del Estado, resulta obligatoria la consulta previa a las acciones que se emprendan para tal reglamentación, consulta que sería dirigida a los pueblos indígenas o a sus representantes legítimos.
----- 86.- Con los elementos anteriores, este organismo considera que, para efectos de contribuir a la certeza jurídica de las comunidades indígenas del Estado de Chiapas, en cuanto a los límites constitucionales y legales en la aplicación de sus usos y costumbres, resulta pertinente, en general, Recomendar al C. Secretario General de Gobierno del Estado (En su calidad de Presidente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno) que, a través de un grupo interinstitucional y multidisciplinario de trabajo, se efectúe el estudio correspondiente para efectos de que el Ejecutivo del Estado envíe al H. Congreso del Estado propuesta de: a).- Reglamentación de los usos y costumbres de los pueblos indígenas del Estado de Chiapas, considerando sus propias especificidades culturales y sus propios usos y costumbres, alineándolos con la legislación correspondiente en aquellas materias de competencia estatal; así como propuesta de b).- Reglamentación del Derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, respecto de aquellas materias competencia del Estado de Chiapas. Indudablemente que ello redundaría en una mejor protección y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas del Estado de Chiapas, como lo dispone la fracción VI del artículo 18 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
----- 87.- Y específicamente, con el mismo fundamento legal, respecto al tema de los desplazamientos o expulsiones de indígenas de sus propias comunidades, pretextando diferencias religiosas, políticas o ideológicas, o cualquier otra; resulta procedente Recomendar al C. Secretario General de Gobierno (En su calidad de Presidente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno) ordene a quien corresponda, se prepare iniciativa para que el Ejecutivo del Estado proponga al H. Congreso del Estado, que al artículo 57 de la Ley de Derechos y Cultura (sic) Indígenas del Estado de Chiapas, se le agregue un segundo párrafo en el que se establezca la sanción correspondiente a la "conducta tendiente a expulsar o impedir el retorno de los indígenas a sus comunidades;" puesto que tal numeral de aquella ley carece de sanción, al señalar únicamente lo siguiente:

" ARTICULO 57.- Queda prohibida cualquier expulsión de indígenas de sus comunidades, sea cual fuere la causa con que pretenda justificarse, especialmente las que se motivan por diferencias religiosas, políticas o ideológicas. La ley sancionará toda conducta tendiente a expulsar o impedir el retorno de los indígenas a sus comunidades." 4
----- 88.- También resulta procedente Recomendar al C. Secretario General de Gobierno, ordene a quien corresponda, se prepare iniciativa para que el Ejecutivo del Estado proponga al H. Congreso del Estado, se cambie el nombre de la "Ley de Derechos y Cultura (sic) Indígenas del Estado de Chiapas", por el de "Ley de Derechos y Culturas (así en plural) Indígenas del Estado de Chiapas", puesto que esta última denominación hace alusión a la existencia de diversas culturas como pueblos indígenas hay en el Estado, en congruencia con el artículo 2° de la CPEUM, que hace alusión a la composición pluricultural de la nación mexicana.

----- 89.- Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad, en términos de lo establecido en los artículos 43, cuarto párrafo de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y 115 último párrafo del Reglamento Interior del extinto Consejo Estatal de los Derechos Humanos, de aplicación supletoria, en términos del artículo tercero transitorio de la Ley de la materia, a contrario sensu. Dicha información se pondrá en conocimiento de la autoridad recomendada, a través de siglas de los nombres a lo largo del documento, y si en los puntos recomendados nos referimos a determinadas personas, describiendo el significado de las claves o las siglas utilizadas, con el deber de dictar las medidas de protección de los datos correspondientes.


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