205Z-1A3-15, promovida en contra de horacio isaias g. L



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205Z-1A3-15

TRIBUNAL DE SENTENCIA: Zacatecoluca, La Paz, a las quince horas con diez minutos del día tres de julio de dos mil quince.-

Sentencia dictada en la causa número 205Z-1A3-15, promovida en contra de HORACIO ISAIAS G. L., de diecinueve años de edad, con residencia en la calle principal de la Colonia […] de esta ciudad, hijo de los señores […], por el delito calificado provisionalmente como RECEPTACION, tipificado y sancionado en el artículo doscientos catorce- A del Código Penal, en perjuicio del Orden Socioeconómico y por extensión en Julio Ernesto G. G.

La presente causa fue remitida para su conocimiento del Juzgado Primero de Instrucción de esta ciudad y según el artículo 53 Pr. Pn., corresponde conocer este tipo de delitos en la fase plenaria a uno de los Jueces que componen el Tribunal de Sentencia, por ser delitos excluidos del conocimiento del Jurado y del Tribunal Colegiado.

La vista pública se realizó con la inmediación y presidida por Juez Aníbal Enrique Alfaro Ojeda. Participaron Guillermo Antonio Aguilar Cárcamo, como agente auxiliar del Fiscal General de la República, y el Licenciado Francisco René Cortez Vaquerano, como defensor particular del acusado.



  1. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y CALIFICACIÓN JURÍDICA.

  1. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:

Los hechos sometidos a conocimiento del Tribunal y manifestados por la representación fiscal inician así: “… Que el día diecisiete de enero de dos mil quince, en momentos que los agentes policiales M. B. H., J. P. M. Y J. A. U. H., se encontraban realizando patrullaje preventivo en el sector de responsabilidad, el operador en turno les manifestó que se desplazaran a la calle El Nilo, ya que en dicho lugar se desplazaba un vehículo sospechoso, color beige, con dos sujetos a bordo, desplazándose los agentes policiales a dicho lugar, observando al vehículo sospechoso el cual intento darse a la fuga, dándole persecución y alcanse los agentes policiales a la altura de la hacienda El Nilo, jurisdicción de Zacatecoluca, y al intervenir a dicho vehículo a eso de las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, dándoles los comandos verbales a los sujetos que se conducían en el interior del vehículo, quienes obedecieron y al momento de intervenirlo se le encontró al imputado JOSE ANTONIO F., conocido como Vladidmir del Transito C. Z., en la mano derecha, un arma de fuego, tipo revolver, Marca Taurus, calibre treinta y ocho, Especial con serie numero TF815952, con cacha de madera color café, con longitud de cañón de cuatro pulgadas aproximadamente, con pavón deteriorado, con seis cartuchos para la misma, asimismo al imputado HORACION ISAIAS G. L., quien es que conducía el vehículo el cual tiene reporte de robo de fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, dicho vehículo es de las características; Clase automóvil, marca Hyundai, modelo Elantra, color beige, capacidad cinco personas, con cuatro puertas,. año dos mil siete, propiedad del señor RICARDO SALVADOR V., con residencia en calle antigua a San salvador, frente a la Colonia […], departamento de Santa Ana, imputados que no presentaron la legalidad de las cosas incautadas, procediendo a su detención a las diecinueve horas del día dieciséis de enero de dos mil quince, a la altura de la Hacienda El Nilo, calle principal, jurisdicción de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, por los delitos antes mencionados”.

  1. CALIFICACIÓN JURÍDICA

La representación fiscal en su escrito de acusación que corre agregado a folios 10 al 103 frente y vuelto, del expediente de la causa, calificó provisionalmente el hecho atribuido a HORACIO ISAIAS G. L., como RECEPTACION, tipificado y sancionado en el artículo 214-A del Código Penal, en perjuicio del Orden Socioeconómico, por extensión en perjuicio de JULIO ERNESTO G. G., calificación con la que la Jueza Instructora aperturó a juicio y la cual ratificó en la vista pública.

        El Art. 214.-A del Código Penal literalmente dice lo siguiente: El que sin cerciorarse previamente de su procedencia legitima, adquiera, reciba u oculte dinero o cosas que sean producto de cualquier delito o falta en el que no haya tenido participación, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

        Se debe presumir por el sujeto activo que las cosas son de ilícita procedencia cuando hubiere notoria desproporción entre el precio de la adquisición y su valor real; cuando las mismas son exhibidas, entregadas o vendidas de manera clandestina; o cuando hubiere cualquier elemento de juicio suficiente para suponer que conocía su ilícita procedencia.

        Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al que, en las condiciones previstas en el inciso primero de este artículo, de cualquier manera intervenga para que se adquieran, reciban u oculten el dinero o cosas procedentes de cualquier delito o falta.



  1. VISTA PÚBLICA.

Fase Incidental

Como Incidentes la representación fiscal se refirió a las estipulaciones probatorias y que la prueba documental fuera introducida por medio de su lectura de acuerdo al art. 372 del Código Procesal Penal.

Habiendo escuchado la petición de la Fiscalía, el suscrito Juez preguntó a la defensa si ratifica tal acuerdo expresando ésta que estaba de acuerdo en que la prueba documental fuera introducida por su lectura.

FUNDAMENTACIÓN DESCRIPTIVA.


  • Confesión del acusado:

Al respecto se cuenta con la confesión del acusado quien en su declaración en vista pública expreso lo siguiente: “Que a eso de las seis de la tarde aproximadamente, del día diecisiete de enero de este año se conducía a bordo de un vehículo por la calle que conduce a la Hacienda El Nilo; que fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional Civil; que los señores agentes le solicitaron que les presentara la documentación del vehículo que ampararan su legitima propiedad, que el dicente no la portaba; que además al verificar los agentes en el sistema el vehículo, vieron que tenía reporte de robo, por lo que fue detenido; que ha declarado de forma voluntaria; sin ningún tipo de coacción”.

Las partes no interrogan al acusado

La representación fiscal también ofreció el testimonio de los señores M. B. H., J. P. M., J. A. U. H. J. E. G. G., pero en vista pública la representación fiscal prescindió de sus declaraciones debido a que el acusado había confesado su participación directa en el hecho.


  • Incorporación de la prueba documental y documentada.

PRUEBA DOCUMENTAL Y DOCUMENTADA.

Esta se incorpora a través de su lectura de conformidad al artículo 372 del Código Procesal Penal y consistente en:



  • Acta de detención en flagrancia de imputado Horacio Isaías G. L.. Fs. 7

  • Control de accesorios de vehículo incautado al imputado Horacio Isaías G. L.. Fs. 8

  • Reporte de Archivo de vehículo placas P141-213, de las características siguientes: Clase automóvil, marca HYUNDAI, modelo ELANTRA color beige, capacidad cinco personas, con cuatro puertas, año dos mil siete, propiedad del señor RICARDO SALVADOR V. Fs. 9

  • Entrevista de los agentes captores M. B. H., J. P. M., y J, A, U H. Fs. 19 al 21

  • Compraventa realizada entre el señor Ricardo Salvador V., n el señor Julio Ernesto G, G. Fs. 113 al 115

  • Diligencias de ratificación de secuestro del vehículo placas P 414213, clase automóvil, marca HYUNDAI, modelo ELANTRA, color beige, capacidad cinco personas, con cuatro puertas, año dos mil siete y las llaves de encendido. Fs. 24 y 25

También fue ofrecida la copia certificada de denuncia de robo de vehículo, la cual fue interpuesta por el señor Julio Ernesto G. G., en fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, por el robo del vehículo placas P 414-213, la cual no fue aportada materialmente al proceso.

  1. PUNTOS SOMETIDOS A DELIBERACIÓN Y DECISIÓN

  1. CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL HECHO ATRIBUIDO A HORACIO ISAIAS G. L.

La representación fiscal, en la acusación calificó el hecho atribuido a HORACIO ISAIAS G. L., como RECEPTACION, tipificado y sancionado en el artículo 214-A del Código Penal, en perjuicio del ORDEN SOCIOECONOMICO y por extensión en perjuicio del señor JULIO ERNESTO G. G., calificación que fue ratificada por la Jueza instructora y por la que abrió a juicio.

El Art. 214.-A del Código Penal literalmente dice lo siguiente: El que sin cerciorarse previamente de su procedencia legitima, adquiera, reciba u oculte dinero o cosas que sean producto de cualquier delito o falta en el que no haya tenido participación, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

        Se debe presumir por el sujeto activo que las cosas son de ilícita procedencia cuando hubiere notoria desproporción entre el precio de la adquisición y su valor real; cuando las mismas son exhibidas, entregadas o vendidas de manera clandestina; o cuando hubiere cualquier elemento de juicio suficiente para suponer que conocía su ilícita procedencia.

        Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al que, en las condiciones previstas en el inciso primero de este artículo, de cualquier manera intervenga para que se adquieran, reciban u oculten el dinero o cosas procedentes de cualquier delito o falta.

Es importante mencionar que de la lectura del hecho factico planteado por el ente fiscal se concluye que efectivamente se está ante lo prescrito por el legislador en el artículo 214-A Pn., por lo que dicha calificación se mantendrá y será por este que se fallará.



  1. FUNDAMENTACIÓN ANALÍTICA.

Sobre la existencia de delito y la autoría del acusado en el hecho, aplicando las reglas de la sana critica, se llega a las siguientes conclusiones:

La Representación Fiscal a efectos de probar los extremos procesales de la existencia del delito y la autoría del acusado en el mismo, ofreció y produjo en el juicio Prueba Documental y Documentada consistente en: Acta de detención en flagrancia de imputado Horacio Isaías G. L.. Fs. 7; control de accesorios de vehículo incautado al imputado Horacio Isaías G. L.. Fs. 8; reporte de Archivo de vehículo placas P141-213, de las características siguientes: Clase automóvil, marca HYUNDAI, modelo ELANTRA color beige, capacidad cinco personas, con cuatro puertas, año dos mil siete, propiedad del señor RICARDO SALVADOR V. Fs. 9; entrevista de los agentes captores M. B. H., J. P. M., y J. A. U. H. Fs. 19 al 21; compraventa realizada entre el señor Ricardo Salvador V., el señor Julio Ernesto G. G.. Fs. 113 al 115 y las diligencias de ratificación de secuestro del vehículo placas P 414213, clase automóvil, marca HYUNDAI, modelo ELANTRA, color beige, capacidad cinco personas, con cuatro puertas, año dos mil siete y las llaves de encendido. Fs. 24 y 25.

EXISTENCIA DEL DELITO QUE HA SIDO CALIFICADO COMO RECEPTACIÓN Y AUTORIA DE HORACIO ISAIAS G. L. EN EL MISMO

Para probar la existencia del delito de Receptación, imputado a Horacio Isaías G. L., se cuenta con la confesión rendida en vista pública por el encartado quien dijo: “Que a eso de las seis de la tarde aproximadamente, del día diecisiete de enero de este año se conducía a bordo de un vehículo por la calle que conduce a la Hacienda El Nilo; que fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional Civil; que los señores agentes le solicitaron que les presentara la documentación del vehículo que ampararan su legitima propiedad, que el dicente no la portaba; que además al verificar los agentes en el sistema el vehículo, vieron que tenía reporte de robo, por lo que fue detenido; que ha declarado de forma voluntaria; sin ningún tipo de coacción”, confesión que es concordante con lo plasmado en el acta de detención de imputado en la cual se documento el lugar, el momento y el motivo de la detención, pues andaba conduciendo un vehículo sin documentación alguna que ampara su legitima posesión y que además tenía reporte de robo, pues existía denuncia interpuesta por el señor Julio Ernesto G. G., el 28-11-14, cuyo número de denuncia es FDAV20143358, y las características del vehículo denunciado eran: Marca HYUNDAI, clase: AUTOMOVIL; Color: BEIGE; Numero de Motor: G4GC7836015; Numero de Chasis: KMHDU46D37U136385; Numero de Vin: KMHDU46D37U136385; Modelo DE Año; 2007, características que son concordantes con el vehículo en el que se conducía el acusado y del cual no portaba documentación alguna, por lo que fue detenido; por el delito de Receptación, declaración que reúne los requisitos que establece el art. 258 del Código Procesal Penal, pues fue rendida de forma clara, espontanea y terminante por parte del encartado de haber cometido el hecho que le ha sido atribuido por parte de ente fiscal, por lo que es considerada como confesión por reunir los requisitos del art. 258 Pr. Pn., y permite por tanto ser valorada de acuerdo a las reglas de la sana critica y como tal darle valor probatorio; las evidencias antes detalladas también resultan robustecidas con la copia debidamente confrontada de compraventa de vehículo otorgada por el señor Ricardo Salvador V., a favor del señor Julio Ernesto G. G., con lo que queda más que comprobado que el dueño legitimo del referido vehículo que le fue incautado al acusado de autos es el señor Julio Ernesto G. G., evidencias que guardan concordancia también con el resto de la prueba que ha sido ofertada y aportada al proceso y que permiten dar por establecida no solo la existencia del hecho objeto de esta causa, sino también la autoría directa del encausado en el mismo.



Por lo anterior el suscrito Juez haciendo uso de la sana critica conformada por la lógica, experiencia común y la psicología concluye que con la prueba documental y documentada y la confesión del acusado anteriormente descritas da por acreditado la existencia del delito de RECEPTACIÓN, tipificado y sancionado en el Art.214-A Pn., así como la autoría de HORACIO ISAÍAS G. L., en el hecho acusado y calificado definitivamente como RECEPTACIÓN, previsto y sancionado en el Art. 214-A Pn., en perjuicio del Orden Socioeconómico, Socioeconómico y por extensión en perjuicio del señor JULIO ERNESTO G. G., por haberse acreditado con la confesión misma del encartado quien así lo ha aceptado en vista pública al decir que el día diecisiete de enero del presente año fue detenido conduciendo un vehículo el cual no portaba documentación alguna y que además tenía reporte de robo, por lo que fue detenido; además también con la prueba documental y actos documentados que corren agregados al proceso. De ahí que en virtud de existir prueba directa en contra del inculpado queda establecido que el acusado es responsable directo del hecho que le ha sido atribuido y calificado como RECEPTACION, Art. 214-A Pn., en perjuicio del Orden Socioeconómico y por extensión en perjuicio del señor JULIO ERNESTO G. G.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA.

Hecho probado.

Sobre la base de la prueba producida en el juicio, se tiene que la presente causa inicia El día diecisiete de enero del corriente año, en momentos que los agentes policiales M. B. H. Z, J. P. M., y J. A. U. H. se encontraban realizando patrullaje preventivo en el sector de responsabilidad y, el operador en turno les manifestó que se desplazaran a la calle El Nilo, ya que en dicho lugar se desplazaba un vehículo sospechoso, color beige, con dos sujetos a bordo, desplazándose los agentes policiales a dicho lugar, observando al vehículo sospechoso el cual intento darse a la fuga, dándole persecución y alcance los agentes policiales a la altura de la hacienda El Nilo, jurisdicción de Zacatecoluca, y al intervenir a dicho vehículo a eso de las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, dándoles los comandos verbales a los sujetos que se conducían en el interior del vehículo, quienes obedecieron y al momento de intervenirlo se le encontró al imputado JOSE ANTONIO F., conocido como Vladimir del Transito C. Z., en la mano derecha, un arma de fuego, tipo revolver, Marca Taurus, calibre treinta y ocho, Especial con serie numero TF815952, con cacha de madera color café, con longitud de cañón de cuatro pulgadas aproximadamente, con pavón deteriorado, con seis cartuchos para la misma, asimismo al imputado HORACIO ISAIAS G. L., quien es quien conducía el vehículo al pedirles que les mostrara la documentación del vehículo este manifestó no portarlas y al verificar al sistema de denuncias de la División de Protección al Transporte de la Policía Nacional Civil, resulto que eo referido vehículo poseía reporte de robo de fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, siendo las características del vehículo según al denuncia ; Clase automóvil, marca Hyundai, modelo Elantra, color beige, capacidad cinco personas, con cuatro puertas, año dos mil siete, propiedad del señor RICARDO SALVADOR V., con residencia en calle antigua a San Salvador, frente a la Colonia […], departamento de Santa Ana, imputados que no presentaron la legalidad de las cosas incautadas, procediendo a su detención a las diecinueve horas del día dieciséis de enero de dos mil quince, a la altura de la Hacienda El Nilo, calle principal, jurisdicción de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, por los delitos antes mencionados”.



FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Juicio de Tipicidad, Antijuricidad y Juicio de Culpabilidad.

Sobre la base del hecho probado el suscrito Juez debe enjuiciar esos hechos conforma la dogmatica penal y la teoría del delito para lograr determinar que si se agotan los juicios de tipicidad, de antijuricidad y culpabilidad.



  • Tipo penal y Juicio de tipicidad

La calificación jurídica del delito atribuido a HORACIO ISAÍAS G. L., es la de RECEPTACION, tipificado y sancionado en el Art. 214-A Pn., el que dice: El que sin cerciorarse previamente de su procedencia legitima, adquiera, reciba u oculte dinero o cosas que sean producto de cualquier delito o falta en el que no haya tenido participación, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

        Se debe presumir por el sujeto activo que las cosas son de ilícita procedencia cuando hubiere notoria desproporción entre el precio de la adquisición y su valor real; cuando las mismas son exhibidas, entregadas o vendidas de manera clandestina; o cuando hubiere cualquier elemento de juicio suficiente para suponer que conocía su ilícita procedencia.

        Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al que, en las condiciones previstas en el inciso primero de este artículo, de cualquier manera intervenga para que se adquieran, reciban u oculten el dinero o cosas procedentes de cualquier delito o falta.

El tipo penal tiene elementos objetivos y subjetivos, y en ellos, elementos genéricos y específicos, descriptivos, normativos y valorativos de tipo técnico y científico. Dentro del tipo objetivo, se tiene que la acción consiste en adquirir, recibir u ocultar dinero o cosas que sean producto de cualquier delito o falta, se está ante un delito de resultado pues , pues para su consumación se requiere un resultado lesivo determinado en el bien jurídico tutelado que en este caso es el Orden Socioeconómico o el interés colectivo, es importante traer a cuenta que este delito se produce en el momento en el que el sujeto activo adquiere, recibe u oculta el objeto del delito, de ahí que la norma busca limitar la lesividad de las infracciones penales, reprimiendo y sancionado los comportamientos que la aumentan.

Respecto al elemento subjetivo se tiene que el delito es doloso, es decir, que el sujeto activo obre con conocimiento y voluntad de actuar como lo hizo, es decir sin cerciorarse previamente de la procedencia legítima o no de los objetos materiales, por lo que incurre en el delito tanto quinen conoce plenamente el origen ilícito de ellos, como quien, meramente lo sospecha.

En cuanto a la participación de HORACIO ISAÍAS G. L., en el hecho que la fiscalía le ha atribuido, se tiene por acreditado mediante la prueba antes valorada, en calidad de AUTOR DIRECTO, ya que así lo ha aceptado en su declaración- confesión rendida esta sede judicial el día en vista pública. Por lo que adecuándose la conducta cometida por HORACIO ISAÍAS G. L., al tipo penal acusado, tipificado y sancionado en el Art. 214-A del Código Penal, el suscrito considera dar por agotado el juicio de tipicidad y analizar la antijuricidad del mismo.

Antijuricidad

La adecuación de un acto a la descripción legal que comporta la violación de la norma prohibitiva o preceptiva que presupone la disposición penal, no significa esto todavía que dicho acto sea antijurídico, pues el ordenamiento jurídico no solo está compuesto de prohibiciones o mandatos, sino también de preceptos permisivos, por lo que es posible que un acto típico, no sea antijurídico.

El legislador indica en el tipo legal todos los elementos de los cuales se deduce la específica naturaleza prohibida del comportamiento delictuoso determinado. El tipo legal proporciona de esta manera un indicio, una presunción, de ahí que el examen relativo a la antijuricidad se refiere al análisis de la antijuricidad formal y antijuricidad material, respecto del hecho.

La antijuricidad formal, implica en principio, que la conducta realizada por el sujeto activo se adecua a la descrita como típica en la norma penal, pues concibe la tipicidad como un indicio de la antijuricidad (ratio congnoscendi); y la antijuricidad material implica, además de esa subsunción, que efectivamente se haya producido la lesión de un bien jurídico y que el sujeto activo no haya estado facultado o justificado por el derecho para actuar de la manera que lo hizo (ratio essendi); esto es, la exclusión de causas de justificación.

En cuanto a la antijuricidad, se tiene que el bien jurídico puesto en peligro es el Orden Socioeconómico o el interés de la Colectividad, garantizado por el Estado y el ordenamiento jurídico salvadoreño.

Al hacer el juicio de antijuricidad del hecho probado y que ha resultado típico, el suscrito advierte que efectivamente fue puesta en peligro Orden Socioeconómico, y que es tutelada por la norma penal, por lo que la conducta de HORACIO ISAÍAS G. L., no está justificada por el derecho, al contrario, es una conducta antijurídica, ilícita y contraria a derecho.



Culpabilidad

El examen de culpabilidad del acusado comprende el juicio de la imputabilidad, la conciencia de la ilicitud y la posibilidad de actuar de otra forma.

En el juicio de imputabilidad se tiene que HORACIO ISAÍAS G. L., es persona adulta, que no está ni estuvo al momento de la comisión del hecho, enajenado mentalmente, ni que padecía de una grave perturbación de la conciencia, ni que tuviera un desarrollo psíquico retardado o incompleto. Por lo tanto es persona imputable, y capaz de responder penalmente por sus actos.

En cuanto al juicio de la conciencia de la ilicitud, conocida como dolo malo, consiste en determinar si cuando él actuaba (dolo natural: conciencia y voluntad), sabía si su conducta era contraria al ordenamiento jurídico, es decir, determinar si lo que él hacía era ilegal; lo cual de acuerdo a criterio del suscrito juzgador y según la prueba que ha desfilado durante el desarrollo de la vista pública, se puede establecer que el acusado si sabía que su conducta era ilícita.

En cuando la posibilidad de actuar de otra forma es decir, si el ordenamiento jurídico le podía exigir comportarse de una manera distinta y no como lo hizo, el suscrito juez considera que el acusado tenía la posibilidad de actuar de otra forma sin menoscabo del Orden Socioeconómico o La Colectividad.

Se afirma lo anterior pues según la prueba que ha desfilado en el desarrollo de esta vista pública, ha quedado establecido que el acusado sí sabía que su conducta era ilícita, que su conducta era contraria al ordenamiento jurídico, capaz de de saber que podía actuar de otra forma y no como lo hizo, por lo que se da por destruida su presunción de inocencia.



SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA PENA A IMPONER A HORACIO ISAIAS G. L.

Que la responsabilidad penal de Horacio Isaías G. L., ha sido establecida en calidad de autor directo en la comisión del delito de Receptación, en perjuicio de del Orden Socioeconómico y por extensión en Julio Ernesto G. G.; que según el artículo 214-A del Código Penal el referido delito será sancionado con una pena de prisión que oscila entre seis meses a dos años.

Que el inciso segundo del Art. 62 Pn. establece que el Juez fijará la medida de la pena que debe imponerse sin pasar de los límites mínimo y máximo establecidos por la ley para cada delito y, al dictar sentencia, razonará los motivos que justifican la medida de la sanción impuesta.

Que según el Art. 63 Pn., la pena no podrá exceder del desvalor que corresponda al hecho realizado por el autor y será proporciona a su culpabilidad; que para su determinación deberá tenerse en cuenta, en cada caso, especialmente los criterios siguientes: 1) La extensión del daño y del peligro efectivo provocados; 2) La calidad de los motivos que impulsaron al hecho; 3) La mayor o menor comprensión del carácter ilícito del hecho; 4) Las circunstancias que rodearon al hecho y, en especial, las económicas, sociales y culturales del autor; y 5) Las circunstancias atenuantes y agravantes, cuando la ley no las considere como elementos del delito o como circunstancias especiales. En el caso particular el tribunal considera que ha concurrido la circunstancia establecida en el numeral cuatro, de allí es de considerar las circunstancias económicas, sociales y culturales del acusado de autos, en donde la misma costumbre los hace no cerciorare de la procedencia de los objetos que anda en su poder y mas con el ánimo de venderlos y que los hace caer en hechos como el presente.

Por las razones anteriores, el suscrito Juez considera justo y procedente imponer a HORACIO ISAIAS G. L., como AUTOR DIRECTO del delito de RECEPTACION, en perjuicio del ORDEN SOCIECONOMICO, la pena de UN AÑO de prisión formal.



  1. SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE HORACIO ISAIAS G. L.

Que según el artículo 114 y 116 Pn. toda acción penal lleva aparejada también una acción de carácter civil, la que ha sido ejercida por la Fiscalía General de la República conforme al Art. 42 y 43 Inc. último Pr. Pn.; que de acuerdo al artículo 115 Pn., las consecuencias civiles del delito serán declaradas en la sentencia y comprenden, entre otras, la indemnización a las víctimas o a su familia por los perjuicios causados por daños materiales o morales.

Como ya se expuso anteriormente, en el caso que nos ocupa se ha determinado en forma certera la existencia del delito calificado definitivamente como RECEPTACIÓN, como la prueba de la autoría y culpabilidad de HORACIO ISAIAS G. L., en el mismo.

En su escrito de acusación la representación fiscal solicito que el acusado fuera condenado a pagar la respectiva indemnización por los daños y perjuicio ocasionados a la víctima por extensión y en su intervención en vista pública ratificó su petición.

Sin embargo, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 399 Inc. 2° Pr. Pn., en la sentencia el Tribunal resolverá sobre el monto de la responsabilidad civil, la persona que deba percibirla y al obligado a satisfacerla, contemplando además “….Cuando la acción civil ha sido ejercida, en la sentencia condenatoria fijará, conforme a la prueba producida, la reparación de los daños materiales, perjuicios causados, y costas procesales así como las personas obligadas a satisfacerlos y quién deberá percibirlos; que según el inciso 3º del mismo artículo, cuando los elementos de prueba referidos a la responsabilidad civil no permitan establecer con certeza los montos de las cuestiones reclamadas, como consecuencia del delito, el tribunal podrá declarar la responsabilidad en abstracto, para que la liquidación de la cuantía se ejecute en los juzgado de lo civil. En este caso en concreto si bien es cierto se está en un primer momento ante un ente abstracto, pero resulta que existe una víctima por extensión, que es el dueño del vehículo quien presentó el traspaso del referido vehículo a su favor, por lo que el suscrito considera pertinente condenar en responsabilidad civil al acusado de autos, solo que dicha responsabilidad es en sentido abstracto, y será un juez de lo civil quien determinara la cuantía a pagar.

POR LO TANTO, con base en las consideraciones anteriores y a los artículos 2, 11, 12, 13, 14, 15, 27 inciso 3º, 72, 75 N° 2, 172 y 181 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 29 N° 1, 30 N° 5, 32, 33, 45 N° 1, 46 N° 1, 47, 58, 62, 63 N° 1, 4 y 5, 64, 65, 77, 79, 82, 114, 115 N° 1, 116, 214-A del Código Penal; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, , 11, 12, 13, 17 N° 1, 26, 42, 43, 53 inciso 3°, 64, 144, 258, 317 y 318, del 366 al 374, 378, del 380 al 383, del 386, 399, 417, 418, 500 del Código Procesal Penal; 43 de la Ley Penitenciaria; EN TODo Lo PLANTEADO y valorado, segUn LO PRESCRIBEN LOS ARTICULOS 395, 396 y 397 del Codigo procesal penal, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR EL SUSCRITO JUEZ de Sentencia FALLA:

DECLARASE CULPABLE a HORACIO ISAIAS G. L., de generales ya referidas, COMO AUTOR DIRECTO del delito calificado definitivamente como RECEPTACION, tipificado y sancionado en el Art. 214-A Pn., en perjuicio del ORDEN SOCIECONOMICO y por extensión en perjuicio del señor Julio Ernesto G. G.; en tal sentido se condena a la pena principal de UN AÑO de prisión formal; así también por igual período, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta en lo que se refiere a la pérdida de los Derechos de ciudadano y a la capacidad para obtener toda clase de cargo o empleo público.



CONDENASE a CULPABLE a HORACIO ISAIAS G. L., en responsabilidad civil, consecuencia del delito por el que este día ha sido condenado penalmente solamente que es en abstracto y será un Juez de lo civil, quien determine la cuantía a pagar por parte del condenado.

  1. SOBRE EL REEMPLAZO DE LA PENA IMPUESTA A HORACIO ISAIAS G. L.

Que sobre la Sentencia, en la cual se impone a HORACIO ISAIAS G. L., la pena UN AÑO de prisión formal como AUTOR DIRECTO del delito de RECEPTACION, tipificado y sancionado en el Art. 214-A Pn., el suscrito Juez de Sentencia en torno a la aplicación de algunas formas sustitutivas a la prisión formal considera pertinente hacer las siguientes valoraciones:

Que el suscrito Juez considera inconveniente ejecutar la pena de prisión impuesta al ahora condenado, tomando en cuenta que la conducta típica y antijurídica por la cual ha sido enjuiciado no produjo consecuencias graves e irreparables al patrimonio de la víctima; además, es de considerar la edad del inculpado, su situación familiar, y grado de escolaridad, aspectos que en conclusión en el caso específico denotan que le sería contraproducente la restricción de su libertad con internamiento, dado también lo ineficaz que resultaría tal medida para corregir una conducta como la sancionada, pues añadido a todo lo antes apuntado se tiene que a la fecha los centros penitenciarios de nuestra República no reúnen los requisitos mínimos como para garantizarle al interno(a), tanto en su interior como afuera condiciones que busquen corregir la conducta delictiva por la que fue sancionado y, tampoco garantizarle al post cumplimiento de la pena una efectiva reinserción social que garantice al condenado un desarrollo emocional y económico que le otorgue las condiciones mínimas como para no volver a delinquir, sobre todo en este Estado donde el mercado impera sobre la voluntad del ciudadano, mismo que es visto como un ente consumista, y desde tal perspectiva es que busca satisfacer las necesidades superfluas, creadas por el mismo mercado, en consecuencia el ser humano busca cualquier forma de obtención de dinero y es como los niveles de delincuencia suben, todas las situaciones antes anotadas – respecto a las situaciones objetivas del sistema penitenciario - hacen imposible darle cumplimiento a lo prescrito en el artículo 27 de nuestra Constitución de la República.

Además se tiene también lo que al respecto él jurista chileno Juan Bustos Ramírez (principio fundamental de un derecho penal democrático, Revista, Ciencias Penales, Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, marzo de 1994, año 5, N°8), dice que ha de tenderse a aplicar lo menos posible la pena privativa de libertad y buscar sustitutivos o bien alternativas a ella, con el objeto justamente de evitar sus efectos nocivos para la persona. Más aún, dada la corresponsabilidad del Estado, las sanciones han de contemplar cuando el caso así lo requiera, formas de apoyo a la persona con el objeto que en el futuro pueda resolver sus conflictos sociales de un modo diferente al de los hechos delictivos. La pena o sanción no puede ser simplemente un castigo, sino que han de ser abiertas con el objeto que el juzgador, llegado al caso, y de acuerdo con el principio de necesidad de la pena, íntimamente ligado a de la dignidad personal, pueda prescindir también de ello.

De igual manera el artículo 74 Pn., establece lo siguiente: “…el Juez o tribunal deberá, en forma motivada, reemplazar las penas de prisión mayores de seis meses y que no excedan de un año por igual tiempo de arresto de fin de semana, de trabajo de utilidad pública o por multa.

Así mismo podrá, atendiendo a las circunstancias del hecho cometido, sustituir las superiores a un año y que no excedan de tres años por igual tiempo de arresto de fin de semana o de trabajo de utilidad pública…”

Esta decisión se fundamentará en:1) En lo innecesario o inconveniente de la pena de prisión y de cualquiera de las que la reemplace; y, 2) Que el beneficiario haya cancelado las obligaciones civiles provenientes del hecho determinadas en la sentencia, garantice satisfactoriamente su cumplimiento o demuestre su absoluta imposibilidad de pagar, en el caso particular el condenado fue absuelto de toda responsabilidad civil respecto al delito por el que se le beneficia.

Que con el objeto de propiciar el proceso de reinserción social del condenado, el suscrito Juez de Sentencia considera necesario y conveniente otorgarle el beneficio del Reemplazo de la Pena de Prisión por la Pena de TRABAJO DE UTILIDAD PÚBLICA, A RAZÓN DE CUATRO JORNADAS MENSUALES, sumando en total de CUARENTA Y OCHO JORNADAS DE TRABAJOS DE UTILIDAD PUBLICA que el encausado deberá realizar; EN CONSECUENCIA, con base en las consideraciones anteriores y a las disposiciones citadas, este Tribunal de Sentencia RESUELVE:

Otorgar a HORACIO ISAIAS G. L., el beneficio del REEMPLAZO DE LA PENA DE PRISIÓN que le ha sido impuesta en esta sentencia, por la comisión del delito de RECEPTACION, tipificado y sancionado en el artículo doscientos catorce- A del Código Penal, en perjuicio del Orden Socioeconómico y por extensión en Julio Ernesto G. G., el cual vigilará y decidirá su cumplimiento el Juez de Vigilancia Penitenciaría y de Ejecución de la Pena con Sede en San Vicente. En consecuencia Una vez firme esta sentencia pase el ahora condenado a la orden del referido Juez.

El incumplimiento no Justificado de la pena de impuesta, el Juez de Vigilancia correspondiente ordenará la ejecución de la pena de prisión, tal como lo ordena el artículo 49 del Código Penal.

En vista que el ahora condenado se encuentra en libertad provisional y, que ha sido beneficiado con el reemplazo de la pena de prisión impuesta, continúe en la libertad ambulatoria en que se encuentra por haber sido objeto del beneficio antes mencionado.

Devuélvase a su legítimo propietario el vehículo de las siguientes características: Placas P 414213-2011, marca HYUNDAI, modelo ELANTRA, color beige, tipo SEDAN, año 2007, motor numero G4GC7836015, numero de chasis grabado: KMHDU46D37U136385, y las respectivas llaves, el cual según oficio de remisión de la causa se encuentra en el predio Ex Ministerio de Obras Públicas de esta ciudad y las llaves en la Unidad de Emergencias Novecientos Once de la Policía Nacional Civil de San Juan Nonualco, para lo cual gírense los oficios respectivos.



Una vez firme esta sentencia pase el ahora condenado a la orden del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de San Vicente.

Y para que se le dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 de la Ley Penitenciaria, remítanse las certificaciones de la misma al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Vicente, a la Dirección General de Centros Penales, Unidad de Control y Registro Penitenciario, al Director General de Migración y adonde corresponda.

ARCHÍVESE oportunamente este expediente.



NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes mediante su lectura integral y entrégueseles una copia de la misma.-
Catálogo: DocumentosBoveda -> DOC
DOC -> 75-p-137 CÁmara de la cuarta sección del centro
DOC -> Vistos en apelación de la sentencia definitiva condenatoria
DOC -> ConmutacióN de la pena de siete años de prisión, impuesta a mdl
DOC -> Cámara segunda de lo penal de la primera sección del centro; San Salvador
DOC -> Se ha tramitado en contra de la imputada roxana marisol m. D. V
DOC -> Ts-204-2016. Tribunal de sentencia, san francisco gotera, departamento de morazan
DOC -> Ac tribunal segundo de sentencia de san salvador
DOC -> Tribunal segundo de sentencia: San Salvador, a las catorce horas del día cuatro de marzo de dos mil dieciséis
DOC -> Hurto agravado continuado tipificado y sancionado en el Articulo 07, 208 N° en relación con el 42 y 72 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de la Universidad Modular Abierta –uma, represtada legalmente por el Licenciado M. A. C. M
DOC -> Agresión Sexual en Menor e Incapaz Continuada


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