Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015


D. Cuarta excepción preliminar: “Excepción de violación del derecho de defensa del Estado peruano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”



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D. Cuarta excepción preliminar: “Excepción de violación del derecho de defensa del Estado peruano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”
Argumentos del Estado, de la Comisión y de los representantes


  1. El Estado alegó que la decisión de la Comisión sobre la admisibilidad del caso se habría emitido en tan solo un período de cuatro meses y diecisiete días posteriores a la notificación de la petición al Estado. Al respecto, sostuvo que, de las decisiones sobre admisibilidad de peticiones seguidas contra el Perú desde el año 2000 hasta el año 2012, el presente caso sería en el que se habría definido más rápidamente la decisión sobre admisibilidad. Por lo anterior, el Estado argumentó que se habrían afectado los principios de contradicción, equidad procesal y seguridad jurídica en el proceso internacional en perjuicio del Estado. Por su parte, en las 66 decisiones sobre admisibilidad que se registrarían sobre casos del Perú entre los años 2000 a 2012 el promedio de tiempo que habría empleado la Comisión para decidir la admisibilidad de una petición habría sido de 47,4 meses, es decir, casi 4 años. El Estado alegó que en otras decisiones de admisibilidad que la Comisión habría tomado en el año 2004 respecto de otros 14 países, el promedio de tiempo empleado habría significado un período de 24,5 meses, y para resolver la admisibilidad de las cuatro peticiones contra el Perú se habría empleado un promedio de 32,5 meses. Sobre el particular, argumentó que habría contado con cinco veces menos tiempo que los demás países de la región para que la Comisión definiera su posición sobre la admisibilidad de las peticiones durante ese año.




  1. Según el Estado, la Comisión habría mostrado “una conducta parcializada, carente de objetividad y [habría] tergivers[ado] el sistema de reglas de decisión de admisibilidad”, al restar opción al Estado de argumentar adicionalmente sobre el punto de la admisibilidad de la petición, ya que sólo habría contado con una oportunidad para responder a las cuestiones de admisibilidad, a pesar de la existencia de dos procesos penales en sede interna. En cambio, los peticionarios habrían contado con la oportunidad de formular observaciones a la contestación del Estado y, con esa única información, la Comisión habría analizado y decidido la admisibilidad de la petición. Según el Estado, lo anterior habría representado una ventaja para los peticionarios. Al respecto, el Estado indicó que, si bien es discutible que se pueda exigir el mismo estándar de imparcialidad a la Comisión que a la Corte por no ser un tribunal sino un órgano administrativo cuasi jurisdiccional, al menos aquélla debería guardar objetividad. En el presente caso, la Comisión se habría pronunciado a sabiendas que existían en sede jurisdiccional interna dos procesos penales en curso, uno en los tribunales militares, y otro en el Poder Judicial, siendo que cuando se emitió el Informe de Admisibilidad No. 13/04 aún no existiría un pronunciamiento jurisdiccional militar definitivo. Fue posteriormente que el tribunal militar habría decidido el archivo del proceso, pero según el Estado la Comisión habría considerado suficiente una decisión preliminar de ese órgano jurisdiccional militar para decidir sin volver a escuchar al Estado sobre el punto de la admisibilidad.




  1. En suma, el Estado consideró que se ha visto afectado y recortado en su derecho de defensa por la conducta de la Comisión, al no haber contado con tiempo suficiente para analizar los requisitos de admisibilidad de la petición presentada, ni haber podido presentar observaciones a la información remitida por los representantes de las presuntas víctimas antes de la decisión de la admisibilidad de la presente petición.




  1. La Comisión se refirió al artículo 30 de su Reglamento vigente al momento de la presentación de la petición, y consideró que cumplió con su obligación convencional y reglamentaria ya que transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado, el cual, luego de una prórroga solicitada, presentó sus observaciones a la misma el 1 de diciembre de 2003. Al respecto, la Comisión observó que el Estado se habría limitado a cuestionar la alegada celeridad en el proceso de admisibilidad, lo que admitiría que se ajustó al Reglamento de la Comisión. Por lo tanto, solicitó a la Corte que rechazara la excepción preliminar por improcedente.




  1. Los representantes señalaron que en el presente caso el Perú no habría fundamentado la existencia de un error manifiesto o inobservancia de los requisitos de admisibilidad que hubiera infringido su derecho a la defensa u otro derecho y, por lo tanto, que justificara la revisión del procedimiento ante la Comisión. Más aún, para los representantes, lo que el Perú planteó se asemejaría más a una queja o discrepancia de criterios en relación con lo actuado por la Comisión, algo que resultaría insuficiente para tener el carácter de excepción preliminar. Según los representantes, la actuación de la Comisión habría estado apegada a lo dispuesto en los artículos 26 a 30 de su Reglamento aplicable al caso, los cuales regularían la revisión inicial de la petición y el procedimiento de admisibilidad. Asimismo, señalaron que el Estado no habría demostrado cómo su derecho a la defensa habría sido afectado por el tiempo en que la Comisión adoptó su decisión de admisibilidad, siendo que ambas partes habrían tenido la oportunidad de presentar sus argumentos. De igual modo, tampoco habría demostrado que el plazo en discusión hubiera afectado la equidad procesal de las partes, y que no era posible pretender que se aplicara el principio de igualdad procesal en relación con las partes de otros procesos que versan sobre hechos distintos, con pretensiones diferentes y que se encuentran en circunstancias distintas al caso de referencia, por lo que consideraron que el argumento estatal en este sentido no era válido. Además, los representantes sostuvieron que el plazo en discusión habría en todo caso afectado de la misma manera a ambas partes, por lo que la equidad procesal no se habría visto afectada. Por consiguiente, solicitaron que la excepción preliminar fuera rechazada.


Consideraciones de la Corte


  1. La Corte recuerda que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos se construye sobre la base de la plena autonomía e independencia de sus órganos para el ejercicio de las funciones que les han sido encomendadas, y que es sólo en el campo señalado previamente (supra párr. 37) que la Corte tiene la facultad de revisar si se han cumplido, por parte de la Comisión, las disposiciones convencionales, estatutarias y reglamentarias39.




  1. El Reglamento de la Comisión Interamericana vigente durante el trámite de admisibilidad en el presente caso disponía en su artículo 30 que:

1. La Comisión, a través de su Secretaría Ejecutiva, dará trámite a las peticiones que reúnan los requisitos previstos en el artículo 28 del presente Reglamento.

2. A tal efecto, transmitirá las partes pertinentes de la petición al Estado en cuestión. La identidad del peticionario no será revelada, salvo su autorización expresa. La solicitud de información al Estado no prejuzgará sobre la decisión de admisibilidad que adopte la Comisión.

3. El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de transmisión. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de dicho plazo que estén debidamente fundadas. Sin embargo, no concederá prórrogas que excedan de tres meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de información al Estado.



[…]

5. Antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, la Comisión podrá invitar a las partes a presentar observaciones adicionales, ya sea por escrito o en una audiencia, conforme a lo establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento.



6. Recibidas las observaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la Comisión verificará si existen o subsisten los motivos de la petición. Si considera que no existen o subsisten, mandará a archivar el expediente.


  1. Según surge del expediente, la Comisión recibió la petición el 19 de febrero de 200340, la cual registró bajo el número P-0136/2003 el 3 de marzo de 200341 y, mediante una comunicación de 9 de septiembre de 2003, transmitió las partes pertinentes de la misma al Perú, concediéndole el plazo de dos meses para presentar una respuesta a dicha petición42. Luego de una prórroga otorgada43, el Estado presentó su escrito de respuesta a la petición el 1 de diciembre de 200344. Por su parte, los peticionarios presentaron su escrito de observaciones a la respuesta del Estado el 10 de diciembre de 200345. La Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 13/04 el 27 de febrero de 200446.




  1. Con base en lo expuesto, la Corte estima que, en la medida que la Comisión dio cumplimiento a la referida norma reglamentaria, no existen motivos para considerar que hubiera podido provocar una violación al derecho de defensa del Estado. Por consiguiente, no se configura en el presente caso el presupuesto que permite a este Tribunal revisar el procedimiento ante la Comisión. En razón de lo expuesto, la Corte desestima la excepción preliminar interpuesta por el Estado.


E. Quinta excepción preliminar: “Excepción de sustracción de la materia”
Argumentos del Estado, de la Comisión y de los representantes


  1. El Estado alegó que, una vez que tuvo conocimiento de la declaración del señor Hidetaka Ogura, emprendió una investigación penal que ha determinado la existencia de dos procesos penales. Agregó que, un aspecto abordado tanto por la Comisión como por los representantes, versa sobre el hecho que el Estado no habría realizado las diligencias pertinentes luego del operativo militar para asegurar el material probatorio y lograr establecer las causas de la muerte de los emerretistas. Al respecto, el Estado indicó que “realizó de oficio un conjunto de diligencias inmediatas al operativo militar, las cuales si bien pueden ser consideradas insuficientes, posteriormente a raíz de la denuncia penal y de la apertura de la investigación penal, subsanó las eventuales omisiones en las que habría incurrido, habiendo realizado su mejor esfuerzo por reconstruir lo sucedido”. Por tal motivo, solicitó a la Corte tener presente que, “si bien las diligencias inmediatas realizadas por el Estado luego del operativo militar fueron insuficientes, esa situación fue subsanada […] producto de una investigación fiscal en la cual el Estado realizó su mejor esfuerzo para subsanar la situación antes descrita”, y en consecuencia, determinar la no responsabilidad del Estado peruano por las violaciones imputadas.




  1. La Comisión señaló que el alegato del Estado no constituye una excepción preliminar, sino, por un lado, un reconocimiento sobre el hecho que las diligencias inmediatas al operativo fueron deficientes, y por otro, un intento de que se evalúe un argumento de fondo en la etapa de admisibilidad, relativo a que dichas diligencias habrían sido subsanadas posteriormente en el proceso, así como una alegada mejoría en los protocolos de investigación. Por lo anterior, solicitó a la Corte que rechazara dicha excepción por improcedente.




  1. Los representantes señalaron que en el presente caso los alegatos presentados por el Estado se refieren al fondo del asunto. Al respecto, advirtieron que el Estado expresamente ha solicitado que se declare que no es responsable por las violaciones que se le atribuyen. Por lo anterior, solicitaron que la Corte se pronunciara al respecto en la etapa procesal correspondiente y desestimara la presente excepción.


Consideraciones de la Corte


  1. El Estado sustentó su planteamiento fundamentalmente en haber realizado un conjunto de actuaciones que supuestamente subsanaron las alegadas insuficiencias de las diligencias realizadas inmediatamente tras el operativo militar. Agregó que, en la actualidad, el Estado a través del Instituto de Medicina Legal y de la Dirección Nacional de Criminalística trabaja con protocolos adecuados a estándares internacionales. Solicitó, además, que esta Corte declarase que el Estado no es responsable de las violaciones que se le imputan.




  1. La Corte considera que los argumentos presentados por el Estado relativos a la eventual subsanación de las deficiencias en las diligencias iniciales, tales como el trabajo realizado de acuerdo a lo que denominó como “los actuales estándares internacionales”, pertenecen al análisis del fondo del caso y que, por lo tanto, no corresponde pronunciarse sobre ellos en este momento como excepción preliminar. Por lo tanto, el Tribunal considera que las acciones que el Estado señala que adoptó para reparar las supuestas negligencias cometidas en la investigación de los hechos ocurridos el 22 de abril de 1997, pueden ser relevantes para el análisis por la Corte del fondo del caso y las posibles reparaciones que se ordenen, pero no tienen efecto sobre el ejercicio de la competencia de la Corte en el presente caso.


VI
CONSIDERACIONES PREVIAS



  1. En el presente capítulo, la Corte realizará las determinaciones correspondientes a los argumentos del Estado sobre la “[e]xcepción de inadmisibilidad de incorporación de nuevos hechos por los representantes de las presuntas víctimas al proceso ante la Corte Interamericana”, así como respecto a la calidad de presunta víctima de Lucinda Rojas Landa.


A. Alegada inadmisibilidad de hechos
Argumentos del Estado, de la Comisión y de los representantes


  1. El Estado argumentó que la Comisión no habría indicado cuáles hechos contenidos en su Informe de Fondo sometía a la consideración de la Corte, y que la consecuencia jurídica de tal omisión sería considerar que sometió el apartado completo correspondiente a los hechos probados del Informe No. 66/11. Al respecto, sostuvo que los representantes de las presuntas víctimas habían presentado en su escrito de argumentos y solicitudes nuevos hechos que la Comisión no habría dado por probados en su Informe de Fondo, en particular, hechos que eventualmente podrían acreditar una violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas. Por ende, solicitó a la Corte sustraer del proceso un conjunto de hechos que apuntarían a probar la supuesta violación al derecho a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas, “dado que no fueron considerados por la [Comisión] ni debatidos durante la tramitación de la […] petición”. El Estado transcribió las partes pertinentes de los hechos y sostuvo que si bien los hechos guardan relación, son “sustancialmente mayores” a los establecidos por la Comisión, por lo que, no pueden considerarse “hechos que expliquen, contextualicen o aclaren” a los probados por la Comisión en su Informe de Fondo.




  1. La Comisión resaltó que el Estado reconoció que los hechos presentados por los representantes en cuanto a los familiares “guardan relación” con los presentados por la Comisión. Además, destacó que los hechos presentados por los representantes únicamente brindarían información complementaria sobre algunos familiares identificados por la Comisión y respecto de quienes concluyó que el Estado era responsable de violaciones en su perjuicio.




  1. Los representantes señalaron que el Estado habría reconocido que los hechos que objetó guardan relación con aquellos incluidos en el Informe de Fondo de la Comisión, por lo que, lejos de ser hechos nuevos venían a desarrollar o explicar lo ya declarado probado por la Comisión. Asimismo, explicaron que los hechos contenidos en su escrito de solicitudes y argumentos objetados por el Estado corresponderían a dos categorías: (i) aquellos que desarrollan quiénes eran cada una de las presuntas víctimas de ejecución extrajudicial y presentan antecedentes relativos al caso, cuya inclusión pretendía únicamente brindar información de contexto, y (ii) aquellos que se refieren a la forma en que los familiares de las presuntas víctimas tuvieron conocimiento de la supuesta ejecución y las distintas gestiones realizadas para la obtención de justicia. Según los representantes, dichos hechos habían sido incluidos de manera genérica en el Informe de Fondo de la Comisión, y en el escrito de solicitudes y argumentos se presentaron algunos detalles de la forma en que éstos habrían ocurrido. Además, los representantes sostuvieron que, dado que ambas partes tuvieron amplias posibilidades de ejercer su derecho a la defensa, “sería absolutamente falso” que los mismos no hayan sido debatidos en el proceso correspondiente. En consecuencia, solicitaron a la Corte que desestimara los alegatos del Estado.


Consideraciones de la Corte


  1. La Corte resolvió previamente desestimar la “[e]xcepción de control de legalidad del Informe de Fondo No. 66/11 respecto a la determinación de presuntas víctimas y derechos humanos no considerados en el Informe de Admisibilidad No. 13/04” interpuesta por el Estado, a través de la cual pretendía excluir a los familiares de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza como presuntas víctimas de la alegada violación del derecho a la integridad personal (supra párrs. 59 a 69).




  1. Los alegatos del Estado bajo el título de “[i]nadmisibilidad de incorporación de nuevos hechos por los representantes de las presuntas víctimas al proceso ante la Corte Interamericana” pretenden excluir determinados hechos presentados por los representantes, los cuales apuntarían a probar la supuesta violación al derecho a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas, y que el Estado objetó bajo el argumento de que corresponderían a nuevos hechos que la Comisión no tuvo por probados en su Informe de Fondo No. 66/11.




  1. Esta Corte ha establecido que el marco fáctico del proceso ante la misma se encuentra constituido por los hechos contenidos en el informe de fondo sometidos a consideración de la Corte. En consecuencia, no es admisible que las partes aleguen nuevos hechos distintos de los contenidos en dicho informe, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que hayan sido mencionados en el mismo y hayan sido sometidos a consideración de la Corte (también llamados “hechos complementarios”)1. La excepción a este principio son los hechos que se califican como supervinientes, que podrían ser remitidos al Tribunal siempre que se encuentren ligados a los hechos del caso y en cualquier estado del proceso antes de la emisión de la sentencia.




  1. En el presente caso, la Corte estima que las circunstancias fácticas que dan lugar al planteamiento estatal constituyen hechos explicativos o aclaratorios de los hechos contenidos en el marco fáctico fijado por el Informe de Fondo No. 66/11. Por lo tanto, los argumentos del Estado deben desestimarse como asuntos preliminares. Asimismo, teniendo en cuenta lo resuelto en cuanto a las excepciones preliminares, la Corte considerará los hechos presentados por los representantes en su escrito autónomo, de constar prueba, en el fondo del caso.


B. Determinación de la calidad de presunta víctima de Lucinda Rojas Landa
Posición de la Comisión y de los representantes y argumentos del Estado


  1. La Comisión, al someter el caso ante la Corte, indicó a la señora Lucinda Rojas Landa como presunta víctima de violaciones a los artículos 8, 25, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su carácter de compañera de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, con base en un dictamen pericial de antropología forense, en el cual se registraría la participación de Lucinda Rojas Landa en calidad de conviviente de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez.




  1. Por su parte, los representantes aclararon que “no representa[ban] en este proceso a la [señora] Lucinda Rojas Landa” y que en ningún momento del litigio la habían identificado como presunta víctima del caso.




  1. El Estado descartó la supuesta relación sentimental entre la presunta víctima Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y Lucinda Rojas Landa, alegando que no habrían tenido una relación continuada y sostenida como para haber creado un vínculo familiar o sentimental que justificara su consideración como presunta víctima. El Estado explicó al respecto que, si bien Lucinda Rojas Landa vivió un tiempo con Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, la misma lo hizo sin contraer matrimonio ni cumplir los requisitos legales exigidos a nivel interno para ser considerada como conviviente y adquirir, de esa manera, derechos legales de su pareja. Asimismo, llamó la atención sobre declaraciones rendidas en sede interna por parte de Lucinda Rojas Landa en las que no mencionaría a Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, mientras que sí mencionaría a otra pareja. El Estado también consideró que el hecho de que Edgar Odón Cruz Acuña, hermano de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, no hubiera mencionado en ninguna oportunidad a Lucinda Rojas Landa como parte de su entorno familiar demostraba que no había cercanía de ésta con la presunta víctima y que, por tanto, no había afectación. Finalmente, frente a la individualización de Lucinda Rojas Landa como presunta afectada, el Estado alegó que la misma no fue relacionada por los representantes y que, en consecuencia, carecía de representación legal por parte de los mismos, lo que, entre otras cosas, demostraba su distanciamiento con los otros miembros de la familia de la presunta víctima. Asimismo, sostuvo que las pruebas presentadas por la Comisión no son conducentes o suficientes para probar el vínculo afectivo. En particular, alegó que del testimonio ofrecido por Lucinda Rojas Landa durante las investigaciones en sede interna se desprendía que ésta y Eduardo Nicolás Cruz Sánchez “no tuvieron una relación mayor al año y medio, y que la misma concluyó dos años y diez meses antes de la muerte […] ocurrida en abril de 1997”. Por ende, solicitó que no sea considerada como presunta víctima.


Consideraciones de la Corte


  1. Por razones de economía procesal, y a efectos de mayor claridad, la Corte considera conveniente abordar los referidos alegatos del Estado con anterioridad a los hechos del caso2 ya que, de admitirse los mismos, vedarían la posibilidad de entrar a examinar, respecto a tal persona, las alegadas violaciones a derechos convencionales. Por los mismos motivos y finalidad, la Corte también incorporará en esta evaluación el examen de información y argumentos planteados por el Estado toda vez que tienen estrecha relación con la determinación de las presuntas víctimas del caso. Al hacerlo, seguirá los criterios establecidos para la apreciación de la prueba, que se indican más adelante (infra párrs. 129 a 131).




  1. En lo que se refiere a la señora Lucinda Rojas Landa, la Corte constata que el Estado discute su condición de compañera o conviviente de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y que, por tanto, la Corte deberá determinar, sobre la base de la prueba obrante en el expediente, si al momento de los hechos la misma era compañera de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y, en consecuencia, si es posible considerarla como “familiar”.




  1. La Comisión incluyó en su Informe de Fondo a la señora Lucinda Rojas Landa como compañera o conviviente de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, basándose en un dictamen pericial de antropología forense. En dicho informe pericial de antropología forense, se incluye a Lucinda Rojas Landa como persona entrevistada para recoger datos antropomórficos referentes a Eduardo Nicolás Cruz Sánchez3. Esta prueba, y el hecho de que en la misma figure Lucinda Rojas Landa como conviviente, llevaron a la Comisión a concluir que ésta tenía un vínculo familiar con la presunta víctima. Por su parte, el Estado aportó otra prueba que consiste en un testimonio de Lucinda Rojas Landa rendido en el año 20014, en el que la misma relató su vínculo con Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, así como la naturaleza y duración de dicha relación. De dicha declaración surge que la convivencia duró “desde el verano de 1993, hasta el mes de [j]unio de 1994”, luego de lo cual se veían esporádicamente cada dos meses, y que en diciembre de 1995 la señora Rojas Landa fue detenida, permaneciendo en dicha situación al momento de los hechos del presente caso.




  1. La Corte, con base en lo expuesto por el Estado, encuentra que el dictamen pericial de antropología forense en el que aparece Lucinda Rojas Landa como entrevistada no es conducente para demostrar su calidad de compañera de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, ya que si bien Lucinda Rojas Landa es mencionada en el dictamen como conviviente, tal documento en ningún momento desarrolla o explica el vínculo, sino que tan sólo lo presume. La Corte encuentra que de esta prueba presentada por la Comisión no puede concluirse que existiera un vínculo familiar entre los dos al momento de los hechos. Respecto de la declaración de Lucinda Rojas Landa, la Corte coincide con el Estado en que la misma no es conducente a acreditar su vínculo familiar ya que no surge que fuera compañera de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez al momento de los hechos. Además, más allá de la prueba tendiente a demostrar el vínculo familiar, la Comisión no presentó otras pruebas destinadas a demostrar posibles afectaciones en perjuicio de Lucinda Rojas Landa. Por ende, la Corte considera que asiste razón al Estado en que no está acreditado el vínculo familiar al momento de los hechos de Lucinda Rojas Landa con Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, por lo que no será considerada como presunta víctima en el presente caso.





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