Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015


Estudio y trámite inicial por parte de la Comisión



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Estudio y trámite inicial por parte de la Comisión.

Ahora bien, además de ser en beneficio tanto del Estado como de la víctima o del peticionario y una obligación para ésta o éste, la regla del previo agotamiento de los recursos conlleva incluso una obligación para la Comisión. Efectivamente, según lo dispone el artículo 26.1 del Reglamento de la Comisión, “(l)a Secretaría Ejecutiva de la Comisión tendrá la responsabilidad del estudio y tramitación inicial de las peticiones presentadas a la Comisión que llenen todos los requisitos establecidos en el Estatuto y en el artículo 28 del presente Reglamento”. Por su parte y tal como ya se indicó, los artículos 26.2 y 29.3 del mismo texto añaden que “(s)i una petición no reúne los requisitos exigidos en el presente Reglamento, la Secretaría Ejecutiva podrá solicitar al peticionario o a su representante que los complete”.

A su vez, el artículo 29.1 del mencionado Reglamento establece que “(l)a Comisión, “actuando inicialmente por intermedio de su Secretaría Ejecutiva, recibirá y procesará en su tramitación inicial las peticiones que le sean presentadas” y añade que “(c)ada petición se registrará, se hará constar en ella la fecha de recepción y se acusará recibo al peticionario”. Y finalmente, según el artículo 30.1 del referido instrumento“(l)a Comisión, a través de su Secretaría Ejecutiva, dará trámite a las peticiones que reúnan los requisitos previstos en el artículo 28 del presente Reglamento”.

En otras palabras, las gestiones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, actuando, a nombre de ésta, no se limitan, en consecuencia y en lo relativo a la petición “presentada”, solo a comprobar si formalmente ésta incluye o no la información requerida sino que debe efectuar el “estudio y tramitación inicial” de la misma siempre y cuando “llene todos los requisitos establecidos”, incluyendo, por cierto, el primero de ellos, a saber, “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos.” En tal sentido, la Comisión, actuando a través de su Secretaría Ejecutiva, debe realizar un primer control de convencionalidad de la petición, contrastándola con lo dispuesto por la Convención respecto de los requisitos que debe cumplir para ser “presentada”.

De todo lo anterior, razonablemente se colige que los recursos internos deben haberse agotado antes de la presentación de la petición ante la Comisión, pues de otra manera no se entendería la lógica y necesidad del “estudio y tramitación inicial” de aquella por parte de la Secretaría Ejecutiva de ésta ni tampoco la razón por la que se le puede requerir al peticionario que la complete o que señale en ella las gestiones emprendidas para agotar los recursos internos, además de que no tendría sentido el plazo fijado para presentarla.

Por último, teniendo presente que la función de la Comisión consiste en estudiar, requerir que se complete y tramitar la petición, se debe concluir que todo ello debe hacerlo conforme a los términos que esta última ha sido “presentada”. En ese orden de ideas se puede sostener que, así como “no es tarea de la Corte, ni de la Comisión, identificar ex officio cuáles son los recursos internos pendientes de agotamiento, de modo tal que no compete a los órganos internacionales subsanar la falta de precisión de los alegatos del Estado”25, tampoco le corresponde subsanar la petición ni darle un alcance más allá de lo que en ella se expresa y requiere. La Comisión debe atenerse, pues, a lo que se le solicita.

Abona la tesis que se sostiene lo establecido con relación a la situación en que no es necesario o es imposible agotar tales recursos previamente a ello. Al respecto, el artículo 32.2 del Reglamento de la Comisión señala que “(e)n los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión considerará la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso”. Es decir, en dicha alternativa, también la Comisión debe considerar el momento en que tuvo lugar la violación que se alegue, lo que obviamente debe acontecer antes de la presentación de la petición.

En suma, por ende, también la función de la Comisión frente a la presentación de la petición confirma que el requisito del previo agotamiento de los recursos internos debe cumplirse antes de dicho acto.


  1. Respuesta del Estado.

El artículo 30.2 del Reglamento de la Comisión indica que “(l)a Comisión, a través de su Secretaría Ejecutiva, … transmitirá las partes pertinentes de la petición al Estado en cuestión”.

Ciertamente, en lo que se transmite al Estado debe incluirse, conforme a lo señalado en el artículo 28.8 del señalado Reglamento, la información sobre “(l)as gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del presente Reglamento”. Y el mismo artículo 30.3 antes citado, agrega que “(e)l Estado presentará su respuesta dentro del plazo de tres meses contados desde la fecha de transmisión”, respuesta que, por cierto, debe contener, si se quiere interponer, la excepción preliminar por el no agotamiento previo de los recursos internos.

Por lo demás, es por la misma razón que el artículo 31.3 del Reglamento de la Comisión estipula que “(c)uando el peticionario alegue la imposibilidad de comprobar el cumplimiento del requisito señalado en este artículo, corresponderá al Estado en cuestión demostrar que los recursos internos no han sido agotados, a menos que ello se deduzca claramente del expediente”.

En otras palabras, en el evento de que el peticionario alegue, en su petición, estar impedido de acreditar que ha agotado previamente los recursos internos, el Estado puede objetar tal alegación, eventualidad en que debe demostrar que aquellos no se han agotado y siempre y cuando ello no se desprenda nítidamente del expediente. Es en relación con esa eventualidad que debe entender lo señalado por la Corte en orden a que (a)l alegar la falta de agotamiento de los recursos internos corresponde al Estado especificar los recursos internos que aún no se han agotado, y demostrar que estos recursos se encontraban disponibles y eran adecuados, idóneos y efectivos26.

Pero, cabe hacer presente que lógicamente también en el evento, no expresamente considerado en el Reglamento de la Comisión, de que el peticionario indique, en su petición, que ha agotado previamente los recursos internos, es decir, que ha dado cumplimiento a lo ordenado en el artículo 46.1.a) de la Convención, el Estado puede interponer la excepción u objeción de que ello no ha acontecido.

Así, entonces, resulta evidente que el cumplimiento de la regla del previo agotamiento de los recursos internos o la imposibilidad de cumplirlo, debe señalarse en la petición, puesto que de otra manera, el Estado no podría dar respuesta sobre el particular, lo que demuestra, una vez más, que tal requisito debe haberse cumplido previamente, es decir, antes de formular la petición cuyas partes pertinentes se transmiten al Estado precisamente para que les dé respuesta.

A su vez, lo prescrito artículo 30.5 y 6 del Reglamento de la Comisión apunta en la misma dirección. Efectivamente, dicha disposición establece que “(a)ntes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, la Comisión podrá invitar a las partes a presentar observaciones adicionales, ya sea por escrito o en una audiencia, conforme a lo establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento” y que “(l)as consideraciones y cuestionamientos a la admisibilidad de la petición deberán ser presentadas desde el momento de la transmisión de las partes pertinentes de ésta al Estado y antes de que la Comisión adopte su decisión sobre admisibilidad”, con lo que no deja margen de duda en cuanto a que las referidas observaciones adicionales y las señaladas consideraciones y cuestionamientos deben decir relación con la petición tal como fue “presentada” y no constituir una nueva o modificarla, salvo, como es lógico, si ello implica su retiro.

Es indiscutible, en consecuencia, que la citada respuesta estatal lógica y necesariamente lo debe ser respecto de la petición “presentada” ante la Comisión y que es en ese instante y no después, cuando se traba la litis en lo atingente al agotamiento de los recursos internos.

Y, por lo mismo, es a ese momento en que los recursos internos deben haberse agotados o bien haberse indicado la imposibilidad de que lo sean. Sostener que esos recursos podrían agotarse después de “presentada” la petición y, consecuentemente, de su notificación al Estado, afectaría el indispensable equilibrio procesal y dejaría a aquél en la indefensión, ya que no podría interponer en tiempo y forma la pertinente excepción preliminar.

Es en ese marco que debe entenderse lo “sostenido de manera consistente (en orden a) que una objeción al ejercicio de la jurisdicción de la Corte basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada en el momento procesal oportuno, esto es, durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión27.



  1. Admisibilidad de la petición.

Lo indicado precedentemente resulta igualmente evidente al tenor de lo dispuesto por el artículo 31.1 del mismo Reglamento que prescribe que “(c)on el fin de decidir sobre la admisibilidad del asunto la Comisión verificará si se han interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos”.

Esta norma exige que la Comisión “verifique”, esto es, compruebe28, la interposición y agotamiento de los recursos internos, con el objeto de “decidir” sobra la admisibilidad. No dispone, en cambio, que éstos se deban haber agotado para poder adoptar la decisión sobre la admisibilidad. Y ello es lógico, puesto que tal decisión puede ser la de no admitir la petición en razón de no haberse agotado tales recursos. Esto quiere decir que, para poder adoptar una decisión sobre la admisibilidad de la petición, la Comisión debe verificar si se ha dado cumplimiento a la regla del previo agotamiento de los recursos internos y en el evento de que ésta no se haya cumplido, la resolución correspondiente será la de declarar la inadmisibilidad de la petición. El requisito necesario para que la Comisión se pueda pronunciar acerca de la admisibilidad de la petición es, pues, la verificación que debe hacer en cuanto al cumplimiento por parte de ésta de la regla del agotamiento previo de los recursos internos y no que ella efectivamente se haya cumplido.

Por otra parte, procede indicar que si bien resulta lógico que la excepción preliminar del no agotamiento previo de los recursos internos deba presentarse durante el procedimiento de admisibilidad de la petición, que cubre desde el momento en que se recibe la petición y se le da trámite por parte de la Comisión, a través de su Secretaría Ejecutiva, hasta el momento en que aquella se pronuncia sobre su admisibilidad, ello no implica, empero, que deba ser en este último momento, es decir, al término del indicado procedimiento, en el que se deba haber cumplido dicho requisito. Solo significa que en ese instante debe pronunciarse o más bien “verificar29 acerca de si, al momento de presentarse la petición, se cumplió o no con el mismo.

Ello resulta evidente si se considera que el artículo 36 del Reglamento de la Comisión establece que “(u)na vez consideradas las posiciones de las partes, la Comisión se pronunciará sobre la admisibilidad del asunto”.

Es, pues, a todas luces indiscutible que el momento en que la Comisión se pronuncia sobre la admisibilidad de la petición es diferente al de la presentación o complementación de esta última. Ello queda en evidencia cuando se tiene presente que el propio Reglamento de la Comisión contempla una “tramitación inicial”30 de la petición, que ésta se “registra31 y que sus “partes pertinentes32 se transmiten al Estado y únicamente luego de las observaciones de éste, la Comisión se aboca a determinar su admisibilidad, para lo que “verifica33, es decir, comprueba, que se han cumplido los correspondientes requisitos, entre ellos el pertinente al previo agotamiento de los recursos internos.

En síntesis, el Reglamento de la Comisión no dispone que es en el momento en que ésta se pronuncia sobre la admisibilidad de la petición en que deben haberse agotado los recursos internos, sino que, por el contrario, señala que es en ese instante que aquella “verifica” si ellos fueron o no oportunamente interpuestos y agotados o que no era menester que ello ocurriera, es decir, realiza un segundo control de convencionalidad de la petición, confrontándola con lo dispuesto en la Convención en lo atinente a los requisitos que debe haber cumplido y, por tal motivo, puede que sea “admitida” o bien, desestimada.

En abono a lo sostenido precedentemente, procede reiterar que si no fuese obligatorio haber agotado los recursos internos antes de formular la petición, se permitiría que, al menos durante un tiempo, vale decir, entre el momento en que se eleva la petición y muchas situaciones podría estimarse que resulta extremadamente extenso, un mismo caso fuese tratado en forma simultánea por la jurisdicción interna y la jurisdicción internacional, lo que evidentemente dejaría sin sentido alguno lo indicado en el citado segundo párrafo del Preámbulo y aún a la regla del previo agotamiento de los recursos internos en su conjunto. Vale decir, la jurisdicción interamericana no sería, en tal eventualidad, coadyuvante o complementaria de la nacional, sino más bien la sustituiría o, al menos, podría ser empleada como un elemento de presión a su respecto, lo que, sin duda, no es lo buscado por la Convención.

Además, en esa hipótesis, ello podría constituir un incentivo, que podría ser considerado perverso, a que se eleven presentaciones ante la Comisión aún cuando no se haya cumplido con el referido requisito, con la esperanza de que se pueda cumplir con él en forma previa al pronunciamiento de dicha instancia respecto de su admisibilidad, lo que, por cierto, tampoco pudo haber sido previsto ni perseguido por la Convención.

Por otra parte, cabe interrogarse si tendría sentido el “estudio y tramitación inicial” de la petición si no fuese necesario, para presentarla, que se hayan agotado previamente los recursos internos. Efectivamente, si tal requisito fuese exigible solo al momento de decidir sobre la admisibilidad de la petición, procedería preguntarse qué sentido tendría estudiar inicialmente esta última. Y aún más, cuál sería el motivo y el efecto práctico por el que la Convención distingue entre el momento de la presentación de la petición y el de su admisibilidad. Del mismo modo, si se considerara que el referido requisito o regla debe estar cumplido al momento en que se adopta la decisión sobre la admisibilidad de la petición y no al instante en que ésta se presenta, es lógico interrogarse qué sentido tendría la petición misma.

También es del caso advertir que de no seguirse el criterio de que el aludido requisito debe cumplirse al momento de la presentación o complemento de la petición y que, en cambio, de adoptarse la tesis de que dicho plazo está determinado por el momento en que la Comisión se pronuncia sobre la admisibilidad de aquella, se generarían situaciones de abierta injusticia o arbitrariedad en la medida en que dicho término en definitiva dependería, no de la víctima o del peticionario, sino de la decisión de la Comisión de resolver sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la petición, plazo que, entonces y ciertamente, no sería el mismo para todos los casos y sería desconocido con la anterioridad debida.



  1. Pronunciamiento de la Corte.

Finalmente, sobre la función de la Corte respecto del cumplimiento de los requisitos que debe cumplir la petición, es preciso recordar que, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 61.2 de la Convención, “(p)ara que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.

De manera, entonces, que compete a la Corte verificar el debido cumplimiento ante la Comisión del requisito del previo agotamiento de los recursos internos. Como se afirma en la Sentencia, “en asuntos que estén bajo su conocimiento, la Corte tiene la atribución de efectuar un control de legalidad de las actuaciones de la Comisión”34 o que “tiene la facultad de revisar si se han cumplido, por parte de la Comisión, las disposiciones convencionales, estatutarias y reglamentarias”35.

Y no podría ser de otra manera, dado que si no fuese así, se le reconocería a la Comisión la más amplia facultad para decidir, de manera exclusiva y excluyente, sobre la admisión o rechazo de una petición, lo que, evidentemente, implicaría que esa potestad sería discrecional y aún podría ser arbitraria, restándole, además, competencia a la Corte puesto que, en tal hipótesis, no le quedaría más alternativa que ser solo una instancia de confirmación o constatación, ni siquiera de ratificación, de lo actuado por aquella, lo que, sin duda alguna, no se compadece con la letra y el espíritu de los dispuesto en el transcrito artículo 61.2 de la Convención.


  1. LOS HECHOS CONCERNIENTES A LA EXCEPCIÓN DE NO AGOTAMIENTO PREVIO DE LOS RECURSOS INTERNOS.

Habida cuenta la normativa que se ha hecho mención, se puede señalar que los hechos relevantes relativos a la excepción por incumplimiento de la regla del previo agotamiento de los recursos internos son los que siguen.

  1. Los expuestos en la petición.

La petición tiene fecha 3 de febrero de 2003 y fue recibida en la Comisión con fecha 19 del mismo mes y año.

En ella, al relatar los hechos que la motivan, se señala que, por sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Estado, se resolvió la contienda de competencia planteada entre el fuero militar y la justicia ordinaria en favor del primero, por lo “… que siendo una resolución de la Corte Suprema de la República, se ha(n) agotado los recursos de la jurisdicción interna”.

De lo reseñado se infiere que la transcrita declaración fue realizada en términos positivos, vale decir, para expresar que los recursos de la jurisdicción interna, en lo que respecta al caso de autos, efectivamente se habían agotado respondiendo a una situación que lo exigía.

Por lo mismo, cabe destacar que, consecuentemente, en la petición no se hace mención a ninguna situación que justifique, en la causa en comento, alegar que dicho cumplimiento no procedía o que no era exigible.

Finalmente, cabe tener presente que tampoco consta en autos que la petición haya sido objeto de algún reparo por parte de la Comisión o de su Secretaría Ejecutiva, actuando en su nombre.


  1. Los contenidos en las observaciones del Estado.

Con fecha 1 de diciembre de 2003, el Estado formuló sus observaciones a la petición. En ellas indica que “el 16 de agosto de 2003, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema dirimió contienda de competencia a favor del fuero militar, declarando que la instrucción seguida ante el fuero militar continúe en el referido fuero militar, debiendo en tal sentido el Tercer Juzgado Penal Especializado remitir a la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar copia certificada de todo lo actuado en la instrucción seguida en contra” de las personas que menciona, “ORDENANDO continuar la instrucción respecto de los procesados” que individualiza. Adicionalmente, expone las gestiones judiciales realizadas en la Justicia Militar con fechas 3 de noviembre y 1 de diciembre de 2003.

El aludido escrito estatal concluye señalando que al “encontrarse un proceso penal pendiente ante la jurisdicción nacional y por ende no haberse agotado la vía previa pertinente, el Estado peruano solicita a la Honorable Comisión que declare la inadmisibilidad de la petición Nº 136/2003 conforme a lo establecido en los artículos 46.1.a) de la Convención Americana en concordancia con el artículo 31 del Reglamento de la CIDH”.



  1. Los referentes al Informe de Admisibilidad.

Con fecha 27 de febrero de 2004, la Comisión emitió el Informe de Admisibilidad relativo a la petición, en el que considera, por cierto, a las observaciones que, a su respecto, formuló el Estado.

Pero, también tiene en cuenta el escrito de los peticionarios de diciembre de 2003 que se refiere a las indicadas observaciones, documento del que, sin embargo, no consta en autos que se le haya dado traslado al Estado, por lo que es de presumir que éste no lo conoció sino una vez dictado el Informe de Admisibilidad. Es en dicho escrito en el que se aludió, por primera vez, a que “los procesos que se lleven a cabo no pueden ser considerados como recursos efectivos, precisamente por la falta de imparcialidad y objetividad”.

Procede subrayar, asimismo, que el Informe de Admisibilidad hace aplicable de oficio, puesto que no lo fue alegado en la petición, “las excepciones previstas en el artículo 46 (2) (a) y (c) de la Convención Americana, sin que se requiera el agotamiento de los recursos internos para el presente caso en cuanto a la investigación y procesamiento de los miembros del Comando Militar “Chavín de Huántar” que intervinieron en los hechos denunciado ni en lo que respecta a los agentes del Estado que participaron en el encubrimiento de los hechos una vez ocurridas las presuntas ejecuciones extrajudiciales”.

Igualmente, en el mencionado Informe se expresa que “(p)ara que se presuma que el Estado no ha renunciado tácitamente a (la) interposición (de la regla del previo agotamiento de los recursos internos) ésta debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento ante la Comisión en forma expresa y oportuna y la sola presentación de información sobre el avance de los procesos judiciales internos no resulta equivalente a la interposición expresa del requisito del previo agotamiento de los recursos internos”.

De esa forma, el citado Informe desestima la posición del Estado en orden a haber interpuesto oportunamente la excepción del no agotamiento previo de los recursos internos, no valorando a tales efectos las inequívocas y directas expresiones empleadas por aquél en la petición en cuanto que, encontrándose “un proceso penal pendiente ante la jurisdicción nacional y por ende no haberse agotado la vía previa pertinente, …solicita … que (se) declare la inadmisibilidad de la petición … conforme a lo establecido en los artículos 46.1.a) de la Convención Americana en concordancia con el artículo 31 del Reglamento de la CIDH”.

Pero, también se afirma en dicho Informe que la causa seguida contra Vladimiro Montesinos Torres, Roberto Huaman Ascurra, Nicolás Hermosa Ríos y Jesús Zamudio Aliaga “podría llegar a configurar el no agotamiento del recurso interno” y, además, extiende esa afirmación a la “investigación en contra Juan Francisco Diandera Ottone, Martín Solari de la Fuente y Herbert Danilo Angeles Villanueva”, respecto de la que concluye que no hay “perspectivas de efectividad del recurso interno a efectos del requisito establecido en el artículo 46 (2) de la Convención Americana”.

En definitiva, además de que el Informe de Admisibilidad no admite como expresa y oportuna la efectiva presentación de la aludida excepción por parte del Estado, reconoce, al menos respecto de una de las causas seguidas en la justicia penal ordinaria, que no se habrían agotado los recursos internos y en cuanto a las otras, considera que ellas no serían recursos adecuados en los términos del artículo 46 (2), disposición se reitera, que no fue invocada en la petición.




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