Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015


B.2 Aspectos bajo examen y comprobación por parte de la Corte Interamericana



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B.2 Aspectos bajo examen y comprobación por parte de la Corte Interamericana





  1. La Corte recuerda que no es un tribunal penal en el que pueda determinarse la responsabilidad penal de los individuos47 y que “corresponde a los tribunales del Estado el examen de los hechos y las pruebas presentadas en las causas particulares”48, por lo que la responsabilidad de los Estados bajo la Convención no debe ser confundida con la responsabilidad criminal de individuos particulares49. Para establecer que se ha producido una violación de los derechos reconocidos en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, ni es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios50. Es suficiente que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste51.




  1. Por lo tanto, el presente caso no se refiere a la inocencia o culpabilidad de los integrantes del comando “Chavín de Huántar” o de las fuerzas de seguridad que participaron en la operación de rescate de rehenes, ni tampoco de los miembros del MRTA. El presente caso versa sobre la conformidad o no de los actos estatales con la Convención Americana en cuanto a si existió o no ejecución extrajudicial en el marco de la operación de rescate de rehenes en dos momentos temporales diversos y en distintos ámbitos físicos: por un lado, respecto de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y, por el otro, respecto de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza. En efecto, la responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana. Es un principio de Derecho Internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia52.




  1. La jurisprudencia internacional ha sostenido la potestad de los tribunales internacionales para evaluar libremente las pruebas, sin adoptar una rígida determinación del quantum necesario para fundar un fallo53, siendo esencial que el órgano jurisdiccional preste atención a las circunstancias del caso concreto y tenga en cuenta los límites que impone el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes54. La Corte no puede ignorar la gravedad especial que reviste la atribución a un Estado Parte en la Convención de la responsabilidad de haber ejecutado o tolerado en su territorio prácticas tales como las referidas en el presente caso. Por ello, a continuación, aplicará un examen de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de ello, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados55.




  1. En el presente caso, en razón de que el uso de la fuerza letal se dio en el marco de una operación diseñada específicamente para las circunstancias concretas, la Corte Interamericana considera relevante, tal como lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, analizar las acciones de planeamiento y control de la operación, a fin de verificar que el Estado haya procurado “minimizar, en la mayor medida posible, el recurso a la fuerza letal y la pérdida de vida humanas, y a su vez evaluar si fueron adoptadas todas las precauciones posibles en cuanto a la elección de los medios y métodos aplicados”56.




  1. La Corte considera significativo subrayar a efectos del análisis del caso que, aún bajo circunstancias apremiantes, el Estado: (i) diseñó una operación de rescate, (ii) escogió a personal calificado para llevarla a cabo, (iii) procedió a construir una réplica del lugar donde se desarrollaba la toma de rehenes57, (iv) los agentes seleccionados realizaron un entrenamiento intensivo con miras a la eficaz ejecución de la operación, y (v) el “Plan de Operaciones Nipón 96” se planificó con base en la información disponible sobre las circunstancias en que se desarrollaba “la vida diaria” dentro de la residencia del Embajador (supra párrs. 151 a 159). En definitiva, la Corte recalca que el objetivo primario de la operación era proteger la vida de los rehenes.




  1. Aunque de acuerdo a las afirmaciones vertidas en sus alegatos finales, los representantes y la Comisión no disputan el diseño y la planificación del operativo, los representantes también sostuvieron durante la audiencia que no se había previsto ni existía en la práctica la posibilidad de que los miembros del MRTA fueran capturados vivos. El Estado puso en entredicho esta argumentación al señalar que esta afirmación se encontraría vinculada a la técnica utilizada para el dominio del inmueble -la técnica del tiro instintivo selectivo- lo cual a su criterio resultaba evidentemente contradictorio con la falta de cuestionamiento en términos generales del diseño y planificación del operativo. El Estado no negó que esa fuera la técnica empleada, sino que indicó que “ello no constituye un acto prohibido por el derecho internacional”.




  1. La Corte nota que, al menos a nivel operacional, existió una planificación que contemplaba la captura de los emerretistas58. En forma concordante, la gran mayoría de los comandos declararon que en el planeamiento del operativo sí se consideró la captura de los emerretistas, debiendo proceder a revisarlos, desarmarlos, neutralizarlos, evacuarlos y dar inmediato aviso al superior jerárquico, para luego esperar instrucciones. La prioridad era, no obstante, rescatar a los rehenes, luego evacuar a los comandos heridos y, en tercer lugar, a los miembros del MRTA. Asimismo, los comandos declarantes señalaron en forma consistente que no recibieron ninguna orden, directiva o comentario de parte de sus superiores de eliminar a todos los integrantes del MRTA59. Por el contrario, indicaron que la única misión era rescatar a los rehenes con vida.




  1. La Corte estima, por tanto, que la controversia no gira en torno a la necesidad, proporcionalidad y precaución en el uso de la fuerza. En el presente caso ante la Corte, la controversia fáctica relevante, que indubitablemente tendrá efectos sobre el análisis jurídico en cuanto a una eventual violación al artículo 4 de la Convención Americana, se centra en determinar si Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza fallecieron como consecuencia de actos de agentes estatales una vez que se encontraban fuera de combate y, en consecuencia, podían calificarse como hors de combat en términos de derecho internacional humanitario o si, por el contrario, murieron cuando tomaban parte activa en las hostilidades. Es por ello que en este caso resulta crucial para la Corte la determinación de si Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza habían dejado de tomar parte en las hostilidades al momento de darles muerte y eran, por ende, acreedores de la protección que asegura el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra (supra párrs. 276 a 278). A tal fin, es preciso examinar los hechos relevantes respecto de cada presunta víctima y determinar, en cada circunstancia particular, si la persona se encontraba involucrada activamente en las hostilidades o no al momento de los hechos60.




  1. Ciertamente, al inicio de la ejecución del “Plan Nipón 96” el escenario de la operación estaba bajo control del MRTA, pero una vez finalizado éste se encontraba totalmente bajo control del Estado. En particular, de las fuerzas militares, policiales y agentes de inteligencia. La Corte advierte que varias declaraciones reconocieron que había personas con pasamontañas y cámaras fotográficas y filmadoras registrando la escena, quienes aparentemente respondían al Servicio de Inteligencia Nacional61. En todo caso, a los fines de este proceso internacional es pertinente establecer que no existen dudas que, a raíz del operativo, el Estado tomó control total de la residencia del Embajador.




  1. El parte final posterior a la ejecución del “Plan Nipón 96” indica que todos los emerretistas murieron en el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad (supra párr. 173). Los comandos que participaron en el operativo señalaron, asimismo, que no vieron a ningún integrante del MRTA rendirse ni ser capturado con vida, ni tampoco presenciaron ejecuciones extrajudiciales62.




  1. En cuanto a la posición de los cadáveres de los integrantes del MRTA, las versiones de los comandos aseguran no haber movido los cuerpos dentro de la residencia63. Por otra parte, consta el “Acta de identificación y levantamiento de cadáveres de los delincuentes terroristas pertenecientes al Movimiento Revolucionario ‘Túpac Amaru’ encontrados en la residencia del embajador de Japón”, diligencia realizada por el Juez Militar Especial y el Fiscal Militar Especial junto con el Servicio de Inteligencia Nacional64 y el posterior traslado de los cuerpos al Hospital Central de la Policía Nacional del Perú (supra párrs. 169 y 170). Sin embargo, el contenido de dicha acta es controvertido por las propias autoridades judiciales internas, al indicar que no puede descartarse de plano que la escena de los hechos hubiera podido ser alterada, en particular considerando que el levantamiento de los cadáveres de los emerretistas se dio al día siguiente de finalizada la operación y dado que no hubo un adecuado aseguramiento de la evidencia65.




  1. Al analizar las pruebas obrantes en el expediente, la Corte verificará si las hipótesis presentadas por la Comisión y la representación de las presuntas víctimas ofrecen una explicación razonable para considerar prima facie que la muerte de las presuntas víctimas se produjo en circunstancias en que habían dejado de tomar parte en las hostilidades y que, además, se encontraban bajo la custodia del Estado. En tales circunstancias, este Tribunal ha considerado que se invierte la carga de la prueba y corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados66.






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