Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015



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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO CRUZ SÁNCHEZ Y OTROS VS. PERÚ

SENTENCIA DE 17 DE ABRIL DE 2015
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Cruz Sánchez y otros,


la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces:
Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente;

Roberto F. Caldas, Vicepresidente;

Manuel E. Ventura Robles, Juez;

Alberto Pérez Pérez, Juez;

Eduardo Vio Grossi, Juez, y

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez;


presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y

Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,


de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:
ÍNDICE


I Introducción de la Causa y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 5

II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 6

III COMPETENCIA 11

IV RECONOCIMIENTO PARCIAL DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 11

V excepciones preliminares 13

A. Primera excepción preliminar: “Excepción de control de legalidad del Informe de Admisibilidad No. 13/04 respecto a la Petición N° 136/03 en relación con la falta de agotamiento de recursos de la jurisdicción interna” 14

B. Segunda excepción preliminar: “Excepción de falta de agotamiento de recursos de la jurisdicción interna” 18

C. Tercera excepción preliminar: “Excepción de control de legalidad del Informe de Fondo No. 66/11 respecto a la determinación de presuntas víctimas y derechos humanos no considerados en el Informe de Admisibilidad No. 13/04” 21

D. Cuarta excepción preliminar: “Excepción de violación del derecho de defensa del Estado peruano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” 27

E. Quinta excepción preliminar: “Excepción de sustracción de la materia” 29

VI CONSIDERACIONES PREVIAS 30

A. Alegada inadmisibilidad de hechos 30

B. Determinación de la calidad de presunta víctima de Lucinda Rojas Landa 32

VII PRUEBA 34

A. Prueba documental, testimonial y pericial 34

B. Admisión de la prueba 34

B.1 Admisión de la prueba documental 34

B.2 Admisión de las declaraciones y de los dictámenes periciales 38

B.3 Admisión de los videos 39

C. Valoración de la prueba 40

D. Valor probatorio y valoración de la “diligencia de reconstrucción de los hechos” 41

VIII HECHOS 43

A. Contexto 43

B.La “toma” de la residencia del Embajador de Japón en el Perú por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) 45

C.El proceso de negociación entre el gobierno y los emerretistas 46

D.La planificación del “Plan de Operaciones Nipón 96” o “Chavín de Huántar” 48

E.La ejecución del “Plan de Operaciones Nipón 96” o “Chavín de Huántar” 53

F.Actuaciones posteriores al operativo 56

G.Investigación de los hechos e inicio del proceso penal ante el fuero común 59

H.La contienda de competencia y el fuero militar 64

I.Continuación del proceso penal ante el fuero común 68

J.Proceso penal contra Alberto Fujimori Fujimori y Manuel Tullume Gonzáles 78

IX DERECHO A LA VIDA, EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS 80

A.Argumentos de las partes y de la Comisión 80

B.Consideraciones de la Corte 83

B.1 El derecho a la vida y la evaluación sobre el uso de la fuerza en las circunstancias y el contexto de los hechos del caso 83

B.2 Aspectos bajo examen y comprobación por parte de la Corte Interamericana 91

B.3 Las circunstancias de la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y la alegada responsabilidad internacional del Estado 95

B.4 Las circunstancias de la muerte de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza y la alegada responsabilidad internacional del Estado 104

X DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, EN RELACIÓN CON Las OBLIGACIoNes DE RESPETAR y garantizar LOS DERECHOS y DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO 113

A.Consideraciones generales sobre la obligación de investigar en el presente caso 114

B.Primeras diligencias y aseguramiento inicial del material probatorio 116

C.Deber de iniciar una investigación ex officio 120

D.Incompetencia de la jurisdicción militar para conocer de las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Herma Luz Meléndez Cueva Víctor Salomón y Peceros Pedraza 122

E.Alegado incumplimiento de la obligación de adoptar disposiciones de carácter interno de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana en relación con los artículos 8 y 25 del mismo instrumento 128

F.Falta de debida diligencia 130

G.Derecho a conocer la verdad 131

H.Conclusión 133

XI DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, EN RELACIÓN CON la OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS 133

A.Argumentos de las partes y de la Comisión 134

B.Consideraciones de la Corte 137

XII REPARACIONES (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana) 139

A. Parte Lesionada 140

B. Obligación de investigar los hechos en el fuero común e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables 141

C. Medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición 142

D. Indemnizaciones Compensatorias 145

E. Costas y Gastos 147

F. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas 149

G. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 150

XIII PUNTOS RESOLUTIVOS 150




I
Introducción de la Causa y OBJETO DE LA CONTROVERSIA



  1. El caso sometido a la Corte. – El 13 de diciembre de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) presentó un escrito (en adelante “escrito de sometimiento”) por el cual sometió a la jurisdicción de la Corte el caso “Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros” contra la República del Perú (en adelante “el Estado peruano”, “el Estado” o “Perú”). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso se refiere a: a) la alegada ejecución extrajudicial de tres miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (en adelante también “MRTA”) durante la operación denominada “Chavín de Huántar”, mediante la cual se retomó el control sobre la residencia del Embajador de Japón en el Perú. Según la Comisión, dicho inmueble había sido tomado por catorce miembros del grupo armado desde el 17 de diciembre de 1996, y se habría rescatado a 72 rehenes en 1997; b) presuntamente, estas tres personas se habrían encontrado en custodia de agentes estatales y, al momento de su muerte, no habrían representado una amenaza para sus captores; c) luego del operativo, los cuerpos sin vida de los catorce miembros del MRTA habrían sido remitidos al Hospital Central de la Policía Nacional del Perú en el cual no se les habría practicado una autopsia adecuada; d) aparentemente, horas después, los restos habrían sido enterrados, once de ellos como NN, en diferentes cementerios de la ciudad de Lima; y e) el Estado peruano no habría llevado a cabo una investigación diligente y efectiva de los hechos, ni habría determinado las responsabilidades sobre los autores materiales e intelectuales de los mismos.



  2. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:




  1. Petición. – El 19 de febrero de 2003 la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), junto con el señor Edgar Odón Cruz Acuña, hermano de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, y Herma Luz Cueva Torres, madre de Herma Luz Meléndez Cueva, presentaron la petición inicial ante la Comisión. El 18 de febrero de 2005 se acreditó como co-peticionario al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

  2. Informe de Admisibilidad. El 27 de febrero de 2004 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 13/041.

  3. Informe de Fondo. – El 31 de marzo de 2011 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 66/11, de conformidad con el artículo 50 de la Convención (en adelante también “el Informe de Fondo” o “el Informe No. 66/11”), en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado.

    1. Conclusiones. – La Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación de lo siguiente:

  1. del derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza;

  2. de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas [que se alega habrían sido] ejecutadas;

  3. del incumplimiento del artículo 2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 8 y 25 de la misma, y

  4. del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas [que se alega habrían sido] ejecutadas.

    1. Recomendaciones. – En consecuencia, la Comisión hizo al Estado una serie de recomendaciones:

  1. [r]eparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en [dicho] informe tanto en el aspecto material como moral[;]

  2. [c]oncluir y llevar a cabo, respectivamente, una investigación en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos declaradas en [dicho] informe en relación con los autores materiales y conducir las investigaciones de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a la totalidad de los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan[;]

  3. [d]isponer las medidas administrativa, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso[, y]

  4. [a]doptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. En particular, implementar programas permanentes de derechos humanos en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y llevar a cabo campañas de sensibilización de los militares en servicio activo.

    1. Notificación al Estado. – El Informe de Fondo No. 66/11 fue notificado al Estado el 13 de junio de 2011.

  1. Informes sobre las recomendaciones de la Comisión. – El 12 de agosto y 6 de diciembre de 2011 el Estado presentó información sobre la implementación de las recomendaciones emitidas por la Comisión en su Informe No. 66/11.

  2. Sometimiento a la Corte. – El 13 de diciembre de 2011 la Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso mediante la remisión del Informe de Fondo No. 66/11 “por la necesidad de obtención de justicia para las [presuntas] víctimas ante el incumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado”. La Comisión designó como sus delegados ante la Corte al Comisionado José de Jesús Orozco y al entonces Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton, y designó como asesoras legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Karla I. Quintana Osuna.




  1. Solicitudes de la Comisión Interamericana. – Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por las mismas violaciones señaladas en su Informe de Fondo (supra párr. 2.c.a). Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado determinadas medidas de reparación, las cuales se detallan y analizan en el Capítulo XII de la presente Sentencia.


II
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE



  1. Notificación al Estado y a los representantes. – El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado por la Corte a los representantes de las presuntas víctimas1 el 24 de febrero de 2012 y al Estado el 27 de febrero de 2012.




  1. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. – El 24 de abril de 2012 los representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”) presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Los representantes coincidieron sustancialmente con los alegatos de la Comisión y solicitaron a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los mismos artículos alegados por la Comisión y, adicionalmente, la “[v]iolación del [d]erecho a la verdad de las [presuntas] víctimas, protegido conjuntamente por los artículos 8, 13 y 25 de la [Convención], en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento”. Asimismo, las presuntas víctimas solicitaron, a través de sus representantes, acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana (en adelante el “Fondo de Asistencia de la Corte” o el “Fondo”). Finalmente, solicitaron a la Corte que ordenara al Estado la adopción de diversas medidas de reparación y el reintegro de determinadas costas y gastos.




  1. Escrito de contestación. – El 17 de agosto de 2012 el Estado presentó ante la Corte su escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación al escrito de sometimiento del caso y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”). En dicho escrito presentó seis excepciones preliminares y se refirió en el párrafo 231 al reconocimiento de responsabilidad “por exceso del plazo en la tramitación del proceso penal”. Asimismo, el Estado ofreció como medio probatorio, inter alia, la “reconstrucción de los hechos”. El Estado designó inicialmente como Agente Titular al señor Pedro Cateriano Bellido y, como Agentes Alternos, a los señores Joaquín Manuel Missiego del Solar, Alberto Villanueva Eslava y Oscar José Cubas Barrueto. El 6 de agosto de 2012 se acreditó al Procurador Público Especializado Supranacional, Oscar José Cubas Barrueto, como Agente Titular. Posteriormente, el 6 de diciembre de 2012 el Estado designó como Agente Titular al Procurador Público Especializado Supranacional, señor Luis Alberto Huerta Guerrero. El 18 de febrero de 2014 se dio por terminada la acreditación del señor Alberto Villanueva Eslava como Agente Alterno.




  1. Acogimiento al Fondo de Asistencia Legal. – Mediante Resolución de la Presidencia de 28 de agosto de 2012, se declaró procedente la solicitud interpuesta por las presuntas víctimas, a través de sus representantes, para acogerse al Fondo de Asistencia de la Corte, y se aprobó el otorgamiento de la asistencia económica necesaria para la presentación de un máximo de cuatro declaraciones, fuera por affidávit o en audiencia pública2.




  1. Observaciones a las excepciones preliminares y al párrafo 231 del escrito de contestación. – Los días 6 y 9 de diciembre de 2012 los representantes y la Comisión presentaron, respectivamente, sus observaciones a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, así como a lo indicado en el párrafo 231 del escrito de contestación en cuanto a que “reconoció responsabilidad por exceso del plazo en la tramitación del proceso penal”. Los representantes, además, remitieron información actualizada sobre el estado del proceso penal adelantado en el presente caso y solicitaron al Tribunal “excluir prueba presentada por el Estado que no guarda[ría] relación con el caso”.




  1. Diligencia de “reconstrucción de los hechos”. – Se solicitó al Estado que especificara la modalidad y el lugar de realización de la diligencia de “reconstrucción de los hechos” propuesta (supra párr. 6), así como indicara su disposición de asumir todos los costos para su producción y recepción por parte del Tribunal. Se otorgó a la Comisión y a los representantes la oportunidad para que presentaran sus observaciones al respecto. Mediante Resolución de la Presidencia de 6 de noviembre de 2013 se decidió, por ser útil y necesario para el debido esclarecimiento y comprobación de los hechos en controversia, así como para la adecuada apreciación de determinadas circunstancias relevantes del caso, realizar en aplicación del artículo 58.a) y 58.d) del Reglamento, una visita a la ciudad de Lima, República del Perú, a fin de recabar la diligencia de “reconstrucción de los hechos” que fuera ofrecida por el Estado. El 28 de noviembre de 2013 la Corte desestimó el recurso interpuesto por el Perú para reconsiderar la medida detallada en el párrafo 18.b) de la Resolución de 6 de noviembre de 2013, consistente en cubrir los costos respecto a una de las entidades representante de las presuntas víctimas y, en consecuencia, ratificó la referida Resolución del Presidente en todos sus términos. El Estado y los representantes indicaron una serie de documentos como fuentes para planificar y ejecutar la diligencia de “reconstrucción de los hechos” (infra párr. 108). El 24 de enero de 2014 se llevó a cabo la referida diligencia en la ciudad de Lima, República del Perú3. Durante la misma, las partes presentaron determinada documentación4.




  1. Prueba para mejor resolver. – Mediante la Resolución de la Presidencia de 6 de noviembre de 2013 (supra párr. 9), se solicitó al Estado que presentara copia completa de los expedientes de los procesos penales adelantados en relación con los hechos del presente caso, tanto en el fuero militar como en el ordinario. El 2 y 16 de diciembre de 2013 el Estado remitió “una parte de las copias solicitadas así como explicaci[ones] e información complementaria sobre los expedientes del Poder Judicial y fuero militar, como prueba para mejor resolver”. Respecto a la copia del “expediente judicial seguido en el Poder Judicial”, debido a su voluminosidad el Estado únicamente acompañó “algunas piezas procesales” y manifestó que, en el caso de que dicha “documentación fuera insuficiente, […] entregar[ía] la copia de las piezas del expediente judicial que la Corte indi[cara], en un tiempo adicional”. Por otra parte, remitió copia de la totalidad del “expediente judicial seguido en el fuero militar”. Adicionalmente, el Estado aportó documentación no solicitada “por entender que p[odía] ser de utilidad para la Corte”, consistente en copia del Informe elaborado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación denominado “El Operativo Chavín de Huantar y la ejecución extrajudicial de miembros del MRTA”, junto con el acervo probatorio sobre el que se basó dicho informe, denominado “Fuentes para el Caso Chavín de Huantar”.




  1. Audiencia pública y prueba adicional. – Mediante Resolución de la Presidencia de 19 de diciembre de 20135, se convocó a las partes y a la Comisión a una audiencia pública para recibir sus alegatos y observaciones finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en este caso, respectivamente, incluyendo las observaciones que estimaran pertinentes sobre la diligencia de “reconstrucción de los hechos”. La audiencia pública fue celebrada el 3 y 4 de febrero de 2014 durante el 102° Período Ordinario de Sesiones de la Corte, el cual tuvo lugar en su sede6. En la audiencia se recibieron las declaraciones de un testigo7 y de cuatro peritos8, uno de los cuales participó por medio de videoconferencia9. Los representantes10 y los peritos11 que comparecieron presentaron determinada documentación. Asimismo, la Corte requirió a las partes que presentaran determinada información. Adicionalmente, se recibieron las declaraciones solicitadas por affidávit mediante la Resolución de la Presidencia de 19 de diciembre de 2013.




  1. Documentos aportados como “amigo de la Corte”. – El 3 de febrero de 2014 el señor Antero Flores Aráoz Esparza presentó ante este Tribunal como “amigo de la Corte” un original del libro titulado “Rehén por Siempre. Operación Chavín de Huántar”, de Luis Giampietri; copias certificadas notarialmente de determinadas páginas del libro titulado “Rehén voluntario. 126 días en la residencia del Embajador del Japón”, de Juan Julio Wicht, s.j., y Luis Rey de Castro, del libro titulado “Cumpleaños del Emperador. 126 días de secuestro”, de Jorge San Román de la Fuente, y del libro titulado “Rehenes en la Sartén”, de Samuel Matsuda Nishimura, así como una entrevista al señor Francisco Tudela van Breugel Douglas. Al respecto, la Corte nota que los documentos aportados no pueden ser considerados como un escrito de amicus curiae ni tampoco pueden ser valorados como un elemento probatorio propiamente dicho. Por lo tanto, los referidos documentos aportados como “amigo de la Corte” se declaran inadmisibles. Posteriormente, el 27 y 28 de febrero de 2014 el señor Antero Flores Aráoz Esparza acompañó documentos adicionales como amicus curiae y remitió junto con la señora Delia Muñoz Muñoz “una ampliación del amicus curiae”. Dichos escritos y documentos fueron considerados inadmisibles por extemporáneos12.




  1. Alegatos y observaciones finales escritos. – El 4 de marzo de 2014 el Estado y los representantes remitieron sus alegatos finales escritos y la Comisión presentó sus observaciones finales escritas.




  1. Observaciones de las partes y la Comisión. – El Presidente otorgó un plazo a las partes y a la Comisión para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes a los anexos remitidos por las partes junto con sus alegatos finales escritos (infra párr. 113). El 7, 11 y 14 de abril de 2014 el Estado, los representantes y la Comisión remitieron, respectivamente, las observaciones solicitadas. Las observaciones de la Comisión a los anexos a los alegatos finales escritos del Estado fueron presentadas en forma extemporánea13, por lo cual no serán tenidas en cuenta.




  1. Erogaciones en aplicación del Fondo de Asistencia. – El 20 de marzo de 2014 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, remitió información al Estado sobre las erogaciones efectuadas en aplicación del Fondo de Asistencia de Víctimas en el presente caso y, según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del referido Fondo, le otorgó un plazo para presentar las observaciones que estimara pertinentes. El Estado presentó sus observaciones al respecto el 7 de abril de 2014.




  1. Deliberación del presente caso. - La Corte inició la deliberación de la presente Sentencia el 15 de abril de 2015.





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